Todo parece indicar que Massa otorgará un “bono antiinflacionario” de emergencia para los trabajadores, cuya forma sería debatida entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA). Así, la era Massa comenzaría con una suspensión de las paritarias y su reemplazo por sumas fijas, lo que significa un achatamiento de las escalas salariales y un desconocimiento de los convenios colectivos de trabajo. Al gobierno le preocupa que la estampida inflacionaria derive en una sumatoria de reclamos obreros por la reapertura de las paritarias, algo que ya sucede en algunos gremios.
En la cúpula de la CGT reina la incertidumbre, porque si prospera una medida de esas características quedaría completamente en offside. Es que los cegetistas, que apoyaron la asunción de Massa, han estado “rechazando” la idea de aplicar aumentos salariales a través de sumas fijas. Esto cuando crece el descontento por abajo ante la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Mientras tanto, los dirigentes de la central debaten si se va a realizar o no la marcha prevista para el 17 de agosto contra “la inflación” y en apoyo al elenco oficial. El gobierno pretende levantarla, como lo expresó el tucumano Manzur en la reunión que mantuvo este martes con una parte de la CGT. Un sector de la burocracia ligado a Daer se ha plegado a ese reclamo. Otro, encabezado por Pablo Moyano, defendería mantenerla.
Para el gobierno, desactivar incluso una movilización que ni siquiera es contra él se torna clave. Es que necesita la configuración de un clima de “paz social” para que Massa pueda desenvolver el ajuste que reclama el capital en Argentina. En ese sentido puede leerse la reunión del próximo jueves, en la cual podría sellarse una especie de pacto social antiobrero.
En defensa de la política de “paz social” y de apoyo al ajuste de los Fernández y Massa se ha sumado Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, lo que ratificó señalando que “va a haber que hacerles concesiones a algunos sectores, ya que lo principal es estabilizar la economía” (Página 12, 3/8).
Esto lo dice cuando en varias partes del país se desarrollan importantísimas luchas docentes, como la movilización que protagonizaron 25 mil docentes en Mendoza, el paro general votado por 30 mil estatales en Santa Fe, las asambleas que en Neuquén llevan adelante los trabajadores de la educación, o la enorme pelea de los docentes riojanos. Yasky le da la espalda a todos estos procesos de lucha en los que están involucrados gremios enrolados en la CTA.
En la agenda de la burocracia sindical, tanto de la CGT como de las CTAs, no existe ni por asomo la idea de desarrollar una lucha por aumentos salariales. Prima lo contrario, o sea, firman paritarias a la baja en beneficio de “los formadores de precios”. Actualmente, las paritarias promedian el 60%, cuando la inflación, al calor de la gigantesca crisis económica que pende sobre el país, podría superar los tres dígitos. En este marco se confirmó la convocatoria al Consejo del Salario, lo que plantea movilizarse por un salario mínimo que cubra la canasta básica.
En cambio, en la agenda de los delegados obreros que se reunirán este sábado 6 de agosto en el quinto plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), no solo existe la idea de desarrollar un plan de lucha para defender los salarios, sino que muchos de los que asistirán ya lo realizan en la práctica.
La convocatoria de la CSC contará con la presencia de delegaciones de sectores en lucha como el movimiento piquetero, el Sutna y los docentes riojanos y mendocinos. Allí se discutirá la necesidad de impulsar una fuerte campaña por un paro nacional y un plan de lucha para defender el salario y abrir paso a una salida de los trabajadores. Un proceso muy importante que debemos apuntalar.
Nazareno Kotzev
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