El propósito de la criminalización de las organizaciones sociales piqueteras

No hay como una declaración de “secreto del sumario” como para que se desate una campaña sin control contra quienes están acusados, en especial en una causa política. El fiscal Pollicita ha venido fraguando un ataque contra un conjunto de organizaciones sociales piqueteras, que el juez Sebastián Casanello tuvo que desechar por inconsistente. Sólo la intervención de la Cámara, que ordenó proseguir la causa, obligó al juez a habilitar una recopilación de pruebas, que en su mayor parte fueron recabadas mediante la delación y la infiltración de teléfonos y conversaciones personales. La campaña del Ministerio de ´Capital Humano´ y Pollicita fue relevada por los medios de comunicación que, además de su aversión por los piquetes, vio la oportunidad de ganar rating con propaganda amarilla. El propósito último de toda esta infamia es aplicar la ‘licuadora’ a la asistencia social y desmontar las organizaciones que se han desarrollado en los barrios. 

 Lo singular de esta operación es que excluye a los negociantes VIP de las prestaciones sociales, que son las organizaciones cooptadas desde el propio Ministerio para intermediar desde los dos lados de la mesa – población desocupada y necesitada, de un lado, y el estado capitalista del otro. Varios dirigentes del lado estatal del mostrador son, además, diputados, legisladores o concejales, fundamentalmente de la Unión por la Patria, y antes de los gobiernos de los Kirchner -Néstor y Cristina- luego de los Fernández y, sorpredentemente, del trío Mauricio Macri, ‘Toto’ Caputo y Carolina Stanley. El gobierno de JxC alimentó como ninguno la cooptación estatal y la compra de “tregua social”. Fue cuando más crecieron “las altas” en los planes sociales. Los Pérsico, Grabois, Menéndez, han sido los beneficiarios polítcos y económicos de esa cooptación o estatización. 

 Después de que Duhalde intentara acabar con los piqueteros mediante la represión (masacre de Avellaneda) y Néstor Kirchner con una propuesta de “brigadas anti-piqueteras”, los gobiernos K se largaron a erradicar al Polo Obrero histórico de los barrios, mediante un masivo programa de planes sociales, que en muchos distritos fueron gestionados por intendentes y municipios y en gran parte por los aparatos sociales del peronismo K. La corrupción en este terreno tenía la impronta de la estatización del movimiento. Los Kirchner tuvieron éxito, porque lograron imponer un reflujo del Polo Obrero. El Polo Obrero fue una de las principales fuerzas animadoras, probablemente la principal, de la Asambles de Trabajadores Ocupados y Desocupados que se organizó a partir de 2001, junto a otras organizaciones, aunque especialmente la CCC y el movimiento Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de Luis D’Elia. Fue la Asamblea que concretó la alianza de “los piquetes y las cacerolas, la lucha es una sola”, que derribó a De la Rúa – aunque la capitalización fue hecha por Alfonsín y Duhalde mediante un golpe de estado. Milei-Petovello-Bullrich-Pollicita retoman la línea represiva frente a las organizaciones sociales que se movilizan con una autonomía formal del Estado, sin que falten conexiones concretas. Milei quiere poner en práctica un diseño armado por Juan Grabois y grupo agrario Grobocopatel, para incorporar mano de obra barata, en especial a labores agrarias o el trabajo doméstico o de cuidados. Para eso ya está armando un padrón que obligará compulsivamente a la contratación privada. La campaña de persecución contra el Polo actual, el FOL y Barrios de Pie, tiene este propósito estratégico.

 La denuncia del gobierno acusa que la red de cooperativas y comedores era “parte de una estrategia generalizada para desviar fondos”, a pesar de que formaban parte de un programa oficial de asistencia social. Sin embargo, los funcionarios anteriores como Emilio Pérsico, Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta, no se encuentran imputados. El planteo del fiscal Gerardo Pollicita de que “descubrió” una estructura piramidal de 5 escalones que llevaría a la cabeza de las llamadas “unidades de gestión” es una farsa, pues no “descubrió” nada sino la estructura prevista en el programa oficial (organización de cooperativas y cuadrillas, beneficiarios de “doble plan”, gestión de fondos para funcionamiento, designación de representantes de las organizaciones dentro de la estructura del Ministerio, listas de espera de beneficiarios, etc). El propósito fundamental de esta organización era la estatitzación de las organizaciones 'piqueteras' mediante su intermediación en la entrega de la asistencia social, un objetivo reaccionario, pero no judiciable. 

 Pérsico, titular del Movimiento Evita, que estuvo a ambos lado del mostrador, concedió que “hubo muchos dirigentes” que extorsionaron o sacaron dinero a sus representados, sin mencionar a su cofradía. Las cooperativas que formaban la organización de Pérsico recibieron fondos por 300 millones de dólares para “proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios”. 

 Durante toda la semana, se sucedieron noticias en medios masivos sobre allanamientos a dirigentes sociales, denuncias telefónicas por extorsión y comedores registrados inexistentes, como parte de la causa a cargo de Casanello. Las ministras Sandra Pettovello y Patricia Bullrich son las principales impulsoras de esta ofensiva. Por otro lado, Pettovello fue intimada a devolver los alimentos a los comedores, más de 45.000, interrumpida desde su llegada al cargo. En defensa, el Ministerio informó que la mitad de los comedores registrados no existen o no tenían un normal funcionamiento, luego de que fueran vaciados por la falta de entrega de alimentos. Comedores vinculados a la Iglesia, en cambio, informan que se encuentran saturados en sus puntos de entrega y elaboración de alimentos. 

 Los 27 allanamientos a comedores, locales, delegados y referentes del Polo Obrero -oficial-, FOL y Barrios de Pie forman parte de una ofensiva política contra las organizaciones sociales, pero fundamentalmente, de un programa de guerra contra los trabajadores. 

 El monotributo social -que representaba un aporte jubilatorio y obra social para el beneficiario- será eliminado por la ‘Ley Bases’ a aprobarse en el Senado, afectando a 1,2 millones de trabajadores. El gobierno se adelantó a su eliminación dejando de pagar sus aportes. Esta medida, junto al corte de subsidios, lleva a la quiebra a todo el segmento de la “economía popular” – es decir autoexplotación y trabajo precario que Grabois y Pérsico ensayaron ´institucionalizar´. 

 Este ataque está dirigido a romper las organizaciones, cuando ha sido el Estado el que impulsó las 'prácticas punteriles' con el objetivo de desorganizarlo, cooptarlo y finalmente estatizarlo. Un ejemplo de esta práctica es la implementación de las “altas por bajas” de beneficiarios, oficializado por el Ministerio. 

 Al no universalizarse las asignaciones y alimentos, es el sistema de intermediación el que coloca a las organizaciones como administradoras de la pobreza y como capataces del trabajo precarizado en emprendimientos y cooperativas. El embellecimiento de esta política -llevada al punto más alto por el gobierno Macri durante la gestión de Carolina Stanley en Desarrollo Social- se ha consumido como medio de autoconstrucción. Enfrentar esta ofensiva plantea un enorme desafío político.

 La lucha contra gobierno antiobrero, el punterismo y la cooptación, plantean la recuperación de una estrategia política de clase, como la que ayudó a fundar el movimiento piquetero que lideró la rebelión popular de 2001. La persecución abre una nueva etapa de lucha. Es que las necesidades de los barrios, desde la defensa de los comedores, a la urbanización, construcción de viviendas y asistencia social, son más urgentes que nunca. No hay para comer. En la perspectiva de una rebelión popular, las barriadas populares aportarán los mayores contingentes.

 Leonardo Perna

 22/05/2024