El gobierno, encabezado por Patricia Bullrich, se encuentra llevando adelante una feroz persecución judicial y política contra el movimiento piquetero y las organizaciones sociales, a lo que se suma un fuerte ataque mediático. La causa se fundamenta con mentiras y calumnias que intentan acusar a los referentes de dichas organizaciones por “extorsión”, “malversación de fondos” y “lavado de activos”, entre otras. Pero veamos quiénes son los que acusan.
Bullrich, la extorsionadora
Patricia Bullrich puso una línea al servicio de tomar denuncias contra los referentes de las organizaciones sociales (atribuyéndose funciones de la Justicia), lo que utiliza para acusar hoy de “extorsionadores” a los referentes de las organizaciones sociales, quienes administran la poca comida y la magra asistencia social que perciben los sectores más vulnerados. El argumento sostiene que estos amenazan a la gente con sacarle el plan si no marchan, una potestad que las organizaciones sociales no tienen y que solo tiene el Estado, por lo que la figura de extorsión en este caso se cae por si misma.
Pero la que no está libre de extorsión es Bullrich, quien llevó adelante la campaña “el que marcha no cobra” durante la movilización del 20 de diciembre, amenazando a los sectores más pobres con sacarles el plan si estos salían a reclamar que no les alcanza. Incluso el Ministerio de Capital Humano a cargo de Pettovello, llevó adelante más de 50 mil bajas y la reglamentación nueva del ex Potenciar Trabajo incluye que si te movilizás, lo perdés.
El único extorsionador entonces es el gobierno.
Caputo, el malversador
También se acusa a las organizaciones sociales por “malversación de fondos” y “defraudación de la administración pública” intentando criminalizar la autofinanciación de sus integrantes. Estamos hablando del mismo gobierno que preservó el aporte compulsivo a los sindicatos por parte de trabajadores no afiliados, a quienes se les descuenta la cuota sindical directamente del sueldo.
En los allanamientos, mal que le pese al gobierno, solamente encontraron algún dinero justificado en los papeles como herencia, y unos pocos pesos que los referentes sociales tenían para vivir. En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de la gestión de Macri fue el segundo funcionario más rico durante su gestión, con un patrimonio de $5.575 millones y es conocido por ser un fugador de divisas serial. El esquema fraudulento para llevarlo adelante se trató de una serie de subastas de dólares a precios menores a los de mercado, que significó una pérdida de 10 mil millones dólares de las reservas nacionales.
A su vez, fue un agente al servicio de los especuladores y los fondos buitre, sirviéndoles beneficios extraordinarios en las reestructuraciones de deuda como el “bono a 100 años”, que se trató de una licitación por 2750 millones de dólares, a una tasa efectiva de 7,9 por ciento anual donde los usureros ganaron U$S 209 millones en dos semanas, un negocio que no existe en ningún lugar del planeta.
La venta del bono estuvo a cargo de un grupo de bancos elegidos discrecionalmente: HSBC, Citi, Santander y Nomura, que cobraron 3,3 millones de dólares en comisiones directas. Entre los 148 fondos de inversión que compraron el bono a 100 años se encuentra Noctua Asset Managment LLC, una firma offshore de Caputo que se quedó con bonos por 5 millones. Un fraude millonario al fisco.
Las off shor y las defraudaciones al Estado son un clásico de Caputo. La megafiltración conocida como los Paradise Papers dio a conocer que había manejado los fondos Alto Global, inscriptos en las Islas Caimán, y Noctua, datos que omitió mencionar en sus declaraciones juradas, tanto en la AFIP como ante la Oficina Anticorrupción (OA). Además, el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, denunció una nueva “sociedad baúl” que sería utilizada por Caputo para esconder la fortuna familiar. Se trata de Sacha Rupaska Sociedad Anónima (SA), creada en 2007.
Sturzenegger, el de la administración fraudulenta
Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la era Macri y actual asesor de Milei, fue denunciado por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes del funcionario público; asociación ilícita; cohecho pasivo y activo; negociaciones incompatibles, y tráfico de influencias.
Sucede que Sturzenegger fue socio de Caputo en el esquema que dio lugar a la millonaria fuga de capitales, en favor de sectores allegados al poder y en detrimento de la economía nacional. Además fue procesado por el megacanje de 2001, el cual acrecentó exponencialmente la deuda argentina y ofreció un jugoso negocio para los siete bancos involucrados que se llevaron 150 millones de dólares, entre ellos el Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y el Crédit Suisse First Boston.
La Justicia “independiente”
Por otro lado están los jueces de la Cámara Federal de Casación, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que garantizaron el armado de esta causa trucha y viabilizaron los allanamientos ilegales a los referentes de las organizaciones sociales, a pesar incluso que Casanello (el juez de la causa) haya advertido que no había evidencia suficiente para llevarlos adelante.
Llorens ingresó a la Cámara Federal durante el macrismo. Fue denunciado por haber mantenido encuentros con Mauricio Macri cuando este era presidente por fallos vinculados a causas de interés del gobierno. Junto a los otros dos jueces que hoy integran el tribunal de Casación fueron quienes le garantizaron la impunidad a Macri en la multiplicidad de escuchas ilegales. Emitieron un fallo que sostenía que no hubo espionaje ilegal durante el macrismo sino “cuentapropismo” de los agentes de inteligencia; anularon los procesamientos por el “Proyecto Amba”, el cual consistía en el espionaje ilegal de organizaciones sociales y políticas; sobreseyeron a Macri y al resto de los imputados en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y declararon la nulidad de todos los procesamientos en el expediente de la “Gestapo Sindical” (conocido como reuniones entre la AFI, funcionarios bonaerenses de María Eugenia Vidal y empresarios donde concertaban cómo meter presos a sindicalistas), por citar algunos ejemplos.
El apoyo político que estos jueces le garantizaban al macrismo desde el Poder Judicial era tal que también establecieron como “desproporcionada” la pericia para revisar comunicaciones tomadas durante 4 años en la causa en la que se lo acusaba a Macri por utilizar una maniobra judicial contra el Grupo Indalo para apropiarse de sus propiedades y hasta dictaron el procesamiento de los funcionarios que entregaron las tierras que reclamaban los mapuches como propias y estaban en manos del Ejército.
Queda claro que la causa judicial trucha que armó el gobierno tiene un interés político claro y es desbaratar la organización de los más pobres, quienes están a la vanguardia de la lucha contra el programa político hambreador de Milei y a quienes mediáticamente se los trata de ubicar como seres sin conciencia, incapaces de luchar y de financiar su propia organización. El objetivo de tapar el desastre en el que está sumido el país producto de su política criminal y golpear a quienes la enfrentan. Esto es apalancado una Justicia que, lejos de ser independiente, es otra herramienta de la que se valen los gobiernos capitalistas para criminalizar a los que luchan.
Camila García
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