A seis meses de que el juez Gustavo Lleral dictara el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa que investigaba la muerte de Santiago Maldonado y mandase a cerrar el expediente, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió la reapertura del caso y ordenó la remoción de Lleral. Los camaristas actuaron por la apelación de familiares de Santiago Maldonado y diversos organismos que cuestionaron la imparcialidad del juez, quien dictó la sentencia en octubre del año pasado, y se opusieron al cierre definitivo de la causa. Santiago Maldonado estuvo desaparecido en 2017 tras la represión a un piquete que realizaba la comunidad mapuche Pu Lof en la Ruta 40. Su cuerpo sin vida apareció 78 días después, sumergido en las aguas del río Chubut. Por el caso, fueron imputados cuatro gendarmes que participaron de la represión bajo las órdenes de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El apego de la justicia a un procedimiento imparcial e independiente estuvo cuestionado desde el día uno de la causa.
En 2018, Lleral había intentado cerrar el caso, aduciendo que los resultados de la autopsia eran suficientes para afirmar que la muerte de Maldonado había sido “de naturaleza accidental” y que ninguna persona debía responder por lo ocurrido. La Cámara de Apelaciones no cuestionó los resultados de la autopsia, pero ordenó que se realizara una serie de nuevas medidas de prueba a fin de "profundizar la investigación para poder evaluar, desde una posición más firme, si sus artífices debían responder o no por lo ocurrido, sea por la influencia que los acusadores le atribuyeron a las autoridades en el desenlace fatal, o por la manipulación que el cadáver podría haber sufrido durante los días previos a su hallazgo". Pero el juez Lleral planchó la causa y sostuvo que ninguna investigación habría de cambiar sus conclusiones. Ante la paralización de la causa, la familia del joven convocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (que reúne a profesionales de México, Colombia y Chile), quienes ratificaron que hubo pistas que no fueron tomadas en cuenta por la justicia. Las pericias realizadas durante toda la investigación, además, fueron observadas por sus vicios.
La nueva sentencia de Lleral, en 2023, no se movía un ápice de la que había dictado cinco años antes, por lo que los jueces ratificaron ahora la necesidad de realizar las mencionadas investigaciones, con el agravante del tiempo perdido durante todos estos años. Según explica La Nación (10/05), los jueces “volvieron a remarcar la necesidad de agotar toda las medidas de prueba pendientes, para terminar de despejar las dudas que se generaron luego de la autopsia, de modo de terminar la investigación. Pidieron ampliar el informe de la autopsia, peritar un bastón y unos billetes en poder de Maldonado, averiguar sobre la pista del polen sobre las vestimentas del fallecido y determinar mediante estudios si es posible que el cuerpo hubiera estado sumergido en un medio acuático distinto a aquél en que fue hallado”.
Uno de los hermanos de Maldonado explicó a Página/12 que “los gendarmes siguen imputados (Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra), estaban sobreseídos pero nunca fueron absueltos como dijeron. Es decir que continúa la investigación, no se puede descartar la desaparición forzada con un juez que no investigó, todas las medidas que pedimos no las hizo, por ejemplo, la reconstrucción de los hechos, el peritaje del DNI y los billetes (que estaban entre las ropas de Santiago), la declaración testimonial de Lucas Pilquiman con nuestra presencia, con el paso del tiempo algunas cosas se fueron perdiendo”.
Detrás de la imparcialidad judicial y del fallo de impunidad del juez Lleral se evidenciaban razones políticas. La sentencia de Lleral fue dictada dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios de las pasadas elecciones primarias para presidente, en las cuales Bullrich jugaba como candidata. Esa campaña electoral estuvo dominada por un discurso represivo y de “mano dura” por parte de los tres candidatos patronales principales, incluido el candidato del peronismo, Segio Massa. El golpe de estado económico que se preparaba contra las masas debía tener vía libre a los cuerpos de represión que actuaran contra los reclamos, huelgas y piquetes.
Ahora, los jueces de la Cámara Federal, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, dictaron un fallo donde se confirma que la investigación tuvo una larga "inactividad" y que existió una "reticencia" por parte de Lleral "en agotar los medios de prueba que tenía a su alcance”. A su vez, ordenaron que se lleven a cabo nuevas medidas de prueba y se decidió que el caso ya no se llevaría adelante bajo la justicia de Esquel, donde sucedieron los hechos, sino que se trasladaría al juez federal de Ushuaia, Federico Calvete.
La lucha por justicia por Santiago Maldonado y todos los asesinados a manos del Estado, más que nunca, sigue en pie.
El Be
12/05/2024
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