Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y legislador por el Frente de Izquierda Unidad hizo una nueva presentación judicial con nuevas pruebas sobre el viaje de Milei y compañía a España con fondos públicos. La denuncia penal hecha el pasado viernes explica que tanto Javier como Karina Milei incurrieron en los delitos previstos en el art. 173 (defraudación), art. 174 (fraude contra administración pública), art. 248 (abuso de autoridad), art. 260 (malversación de caudales públicos), y concordantes del Código Penal. La causa fue sorteada y cayó en manos del juez Ariel Lijo.
Gabriel Solano dijo: “La carta presentada por la Embajada argentina al Ministerio de Asuntos Exteriores de España que dice “El Señor Presidente de la República Argentina, D. Javier Gerardo Milei, estará en España entre los días 17 y 19 de mayo, en visita privada”, nos da la razón y está clarísimo que el presidente y funcionarios como la hermana del presidente, entre otros, viajaron por asuntos absolutamente personales y de proselitismo. Lo hicieron con fondos y bienes públicos. Todos los delitos de los que los hemos acusado los han cometido. El abuso del uso de los fondos públicos para ir a darle su apoyo a la cada vez más golpeada ultraderecha española de VOX es inadmisible. No fue ningún viaje de Estado y sin embargo se pagó con los impuestos del pueblo argentino. Que Milei haga lo que quiera pero que se lo pague él.”
Y agregó: “El presidente gobierna con la frase “no hay plata” y con ese argumento cortó la comida a los comedores populares, recortó el presupuesto universitario, Misiones está prendida fuego, chocan los trenes por la falta de presupuesto poniendo en riesgo a millones de trabajadores que los usan a diario. Pero sin embargo hay plata para viajes personales para su beneficio, es inadmisible”.
Parar cerrar afirmó: “La causa cayó en manos del juez Ariel Lijo quien fue propuesto por Javier Milei para integrar la Cámara de la Corte Suprema. Esperamos que la causa sea investigada como corresponde, con las pruebas presentadas y la investigación pertinente y que no se actúe como suele suceder en estos casos por los vínculos e intereses entre los jueces y el poder político”.
Prensa Obrera
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