La publicación del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito donde se constata que la extensión de los cultivos de coca en Colombia creció en un 44% al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 hectáreas en 2014; pone de manifiesto el fracaso de las fumigaciones y la erradicación manual forzosa, así como la necesidad de re-direccionar los esfuerzos de la política antidrogas del Estado colombiano.
De tiempo atrás, las FARC-EP, hemos venido manifestando la necesidad de comenzar a implementar los acuerdos alcanzados en la Mesa de La Habana; sin esperar a que se llegue a acuerdos en la totalidad de los puntos de la Agenda. El principio conocido de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” no puede ser excusa para que el gobierno y el Estado, se sustraigan de sus obligaciones constitucionales.
Nada hay en los acuerdos alcanzados que no sea posible materializar dentro del marco de las leyes vigentes. Su aplicación por lo tanto, es sobre todo una cuestión de voluntad política y, si se quiere, de justicia social para con los millones de colombianos afectados por las problemáticas que se busca resolver en parte, con los acuerdos firmados sobre Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Drogas Ilícitas.
A nuestro modo de ver, el acuerdo parcial sobre el punto 4: Solución al problema de las Drogas Ilícitas; del Acuerdo General para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, contiene los elementos esenciales sobre los cuales puede construirse un plan integral para la sustitución de estos cultivos en todo el territorio nacional.
Dicho Plan Integral, debe tener como premisas, importantes afirmaciones contenidas en el texto del acuerdo que establecen que: “La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”;y que: “Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito”.
Uno de los consensos nacionales, es aquel que reconoce la nefasta influencia que el fenómeno del narcotráfico ha irradiado sobre todos los ámbitos de la vida nacional, a lo largo de las últimas décadas y su papel en la profundización del conflicto político, social y armado que nos afecta.
Vemos en las declaraciones del ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien afirma al referirse al informe de la ONU, que: “es hora de rediseñar la política de drogas”; así como en la decisión gubernamental de acatar la recomendación de la Corte Constitucional de suspender las fumigaciones con glifosato, pasos importantes en dirección a corregir protuberantes fallas en las concepciones que rigieron hasta ahora, la lucha del Estado colombiano contra las drogas.
Por esta razón, y partiendo del acuerdo firmado en el que se asegura que: “Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas”; las FARC-EP, hacen pública su voluntad de acordar con el gobierno del Presidente Santos, y con plena participación de las comunidades los procedimientos que sean necesarios para desarrollar desde ya, el acuerdo firmado sobre el punto 4 de la agenda de La Habana.
Un paso en esa dirección, acompañado de otros gestos de desescalamiento, que en corto tiempo lleve a las partes a suspender definitivamente las acciones armadas, no solo retornaría la confianza y la credibilidad al proceso, sino que además lo colocarían en un nuevo lugar, a salvo de las presiones y provocaciones de sus enemigos.
El momento actual nos exige a las partes generosidad y grandeza.
Delegación de paz de las FARC EP
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