Se viene el Chilenazo

El comienzo del año escolar y laboral ha llenado de aprensión a los círculos dominantes de Chile. La manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, promete ser imponente, lo mismo que la huelga general que el movimiento de la mujer declaró para el día siguiente. La vuelta a clases en todos los niveles asoma como el reinicio de las luchas de la juventud estudiantil. No es que el verano y las vacaciones hayan enfriado los ánimos, porque fueron meses recorridos por manifestaciones y una reiterada brutalidad policial. Han aparecido, asimismo, los grupos de choque de la derecha, como lo dejó de manifiesto el ataque a un intendente en días recientes. Como la recesión comienza a morder la economía y el peso se devalúa sin pausa, la inquietud social, que no ha cesado en ningún momento, cobrará nuevos bríos. Desde el levantamiento popular del 18 de octubre del año pasado no se ha resuelto ninguno de los problemas que se abaten sobre las masas, incluido el veto que ha impuesto el régimen heredado del pinochetismo sobre el ingreso a la Universidad y a la educación en general.

Pactos, grietas y truchajes

En este cuadro de fondo, las grietas del proceso de reforma constitucional pactado por todo el arco político se hacen ver cada día más. La derecha gobernante, por de pronto, se ha dividido en medio de fuertes choques, desde que un sector de ella impulsa el rechazo a la convocatoria de lo que se ha dado en denominar una Convención Constituyente, pues la palabra Asamblea les resulta francamente subversiva. Aunque esta posición no tiene ninguna posibilidad de imponerse en el plebiscito que tendrá lugar el próximo 26 de abril, anuncia una declaración de guerra desde el aparato del pinochetismo y del Estado, que operará bajo la sombra de éste en la etapa que debería culminar con las elecciones constitucionales en octubre. El encauzamiento de la crisis política y la rebelión popular detrás de una Constituyente impotente no ha cerrado filas en la burguesía ni en los partidos pequeñoburgueses de la democracia pinochetista –las ha ahondado.
El plebiscito que debe determinar si se convoca a la Convención, tiene trampas por donde se lo mire. Es presidido por un régimen político que tiene el monopolio de los medios de comunicación y propaganda, y naturalmente de los espacios cedidos. Los términos del plebiscito son premeditadamente confusos: más allá de aprobar o rechazar la convocatoria constitucional, deberá decidir acerca de su composición –si será enteramente electa o la mitad de ella deberá ser ocupada por los miembros del actual Congreso. No están previstos los medios para una representación de sectores ajenos a los partidos ya establecidos o de la importante comunidad mapuche. Cualquiera sea su composición, la Convención deberá aprobar ciertas normas por medio de los dos tercios de los votos, y no podrá aprobar nada que transgreda los tratados internacionales firmados por Chile (de libre comercio o prohibitivo del derecho al aborto). Esto ya da a entender que la Convención quedará sometida a la jurisdicción de la Corte Constitucional, cuya eliminación es fundamental para cualquier tentativa democrática. La Convención no podrá afectar a los otros poderes, lo que deberá esperar a las nuevas autoridades que surjan de una elección posterior. Para entorpecer más lo que ya está desnaturalizado, las elecciones constitucionales tendrán lugar seis meses después del plebiscito y en forma simultánea con las que deben renovar autoridades municipales y regionales. Según encuestas que han comenzado a circular, el “apruebo” a la convocatoria reúne el 80% de la intención de votos, y el 65% acompañaría el planteo de una Convención ciento por ciento electa.

El “apruebo” y la situación en su conjunto

En Chile no ocurre nada que no haya pasado antes en los procesos revolucionarios que buscaron ser distorsionados o canalizados por asambleas constitucionales. Las autoridades y los gobiernos proponen, pero son las crisis y las luchas las que disponen. Una Asamblea Constituyente solamente merece ese nombre si es convocada por un órgano revolucionario que desplaza a los poderes existentes y se convierte de ese modo en soberana. La vanguardia de lucha debe tener en claro esto, en primer lugar; en segundo lugar, debe promover la lucha por las reivindicaciones más sentidas sin esperar a la reunión de una asamblea constitucional, y sobre esta base organizar sindicatos independientes, asambleas populares, comités barriales, comités de fábricas y minas, para que los trabajadores y la clase obrera se conviertan en el órgano de poder –único capaz de convocar a una Constituyente Soberana.
Las asambleas populares comenzaron a reunirse desde el mismo comienzo de la rebelión popular, incluso redactaron cuadernos con peticiones. Con ascenso y bajas, las manifestaciones no cesaron, ni las ocupaciones de edificios, en especial del ámbito educativo. O sea que la convocatoria al plebiscito no frenó la revuelta, como lo dejó en claro esta semana el festival de Viña del Mar. El comienzo de una recesión y la devaluación sistemática del peso anuncian el incremento de los conflictos laborales; algunas compañías mineras han anunciado una reducción de inversiones. Si, con el inicio del año laboral, se intensifica esta rebelión, la convocatoria al plebiscito podría entrar en crisis, o podría dar paso a los reclamos para que haya una participación plena de candidatos al margen de partidos y del pueblo mapuche. Más adelante, podría ocurrir lo mismo con una victoria abrumadora del “apruebo” a una Convención totalmente electa. En las elecciones recientes la participación popular fue inferior al 40% del padrón; en el caso de un ‘urnazo’, Piñera y su clique perderían el respirador artificial.
La campaña política por el “apruebo” o “rechazo”, así como por la constituyente al medio o la constituyente entera, está condicionada por el desarrollo que tenga la situación política tomada en su conjunto. Votar “apruebo” no significa coincidir con el planteo y los propósitos proscriptivos del plebiscito, ni con las posiciones de los firmantes del pacto con Piñera, siempre que se haga una distinción o delimitación política muy clara, o sea una campaña por: Abajo Piñera, Constituyente libre y soberana, Gobierno de Trabajadores. El del 26 de abril no sería el primer plebiscito trucho o condicionado cuyo resultado político acabe siendo distinto al previsto o querido por sus convocantes y organizadores. Por otro lado, atraer la atención del pueblo sobre la opción del ‘apruebo’, cuando faltan dos meses para el plebiscito, sería hacer el juego a quienes quieren ‘calmar las aguas’ en este período vital y subordinar la acción directa y las huelgas al debate constitucional. La situación política en general y la de las masas en particular, ¿se congelará en el inmovilismo, bajo la obnubilación del “apruebo”? La campaña al plebiscito debe desarrollarse, entonces, con las consignas Fuera Piñera, Constituyente Soberana, Abajo las privatizaciones, por un Gobierno de Trabajdores. En una etapa de crisis políticas y rebeliones, las caracterizaciones políticas deben ajustarse y renovarse con acuerdo a la marcha de unas y otras.

La Unidad Popular

El proceso constitucional es el resultado de un pacto que apoya la totalidad del arco político parlamentario, aunque algunos partidos no lo hayan firmado. El llamado centroizquierda se ha dividido y el Frente Amplio ha tenido escisiones. Es una evidencia de que ese pacto constitucional es impopular, pero al mismo tiempo el recurso que hay para evitar la desintegración del régimen político. La vigencia de ese pacto se demuestra en el repudio de todos los partidos a “la violencia”, como si un proceso ‘pacífico’ sirviera de algo para acabar con el pinochetismo ‘democrático’ y su secuela de superexplotación y pérdida de derechos. La violencia revolucionaria ha sido la partera de todas las experiencias constituyentes avanzadas; el ataque a “la violencia” es la contraseña en la que se reconoce el arco político y su apoyo a la continuidad de Piñera. “La violencia” es el pretexto de Carabineros para acentuar la represión criminal. En este juego de encubrimiento del pacto con el gobierno, el papel principal lo desempeña el partido comunista.
De modo que la rebelión popular ha devuelto a Chile la cuestión de la Unidad Popular –la denominación del frente de colaboración de clases del que se vale el capital como un recurso extremo contra la revolución. Como en la memoria y la historia de Chile la UP sigue siendo una brasa ardiente, el partido comunista se ofrece a actuar como una Celestina, midiendo cada paso antes de incorporarse a un frente popular. La democracia cristiana lo mira con recelo, al igual que el PPD, o incluso en el Frente Amplio y el PS. Pero la dinámica política va en esta dirección – un recambio izquierdista que evite el avance de una situación revolucionaria o que la contenga y derrote una posibilidad revolucionaria. Esta cuestión del frente popular es la más estratégica, especialmente en Chile, por su historia.
Este escenario político determina la importancia que la izquierda revolucionaria debe dar a la lucha por las libertades democráticas, y las reivindicaciones decisivas como la jubilación privada, la educación de lucro, los derechos de la mujer, las paritarias y salarios, la cuestión de la dirección de los sindicatos y, no menos importante, la Asamblea Constituyente. Se trata, por un lado, de una orientación para unificar las luchas y desarrollar un poder de los trabajadores. Por el otro, es el método para desenmascarar el pacto político constitucional y el frente popular, que encubre su defensa del régimen político con la pretensión de que promueve el avance de la democracia. El frente popular opone a las privatizaciones pinochetistas las llamadas “políticas públicas”, o sea un presupuesto de estado más generoso con las necesidades del pueblo. Se trata de patrañas: el aumento a la prestación básica a jubilados no pasa de unas monedas y no podía ser de otro modo. Hay que “remover todas las trabas”: nacionalizar las AFP, la salud y la educación, la minería, la banca y el comercio exterior. Sin resarcimientos. Hay que revolucionar las relaciones sociales, no solamente toquetear las partidas de gastos y recursos.
Fuera Piñera, disolución de los poderes del Estado, Constituyente Soberana, gobierno de trabajadores.
Las perspectivas revolucionarias están todas abiertas.

Jorge Altamira