La última conferencia de prensa de Alberto Fernández pareció dirimir la controversia con la UIA, otras cámaras empresariales e incluso la burocracia sindical, al definir la continuidad de la cuarentena (“aislamiento preventivo obligatorio”). Repitió aquello de que se vuelve de una caída del PBI, pero no de la muerte. Se volvió a colocar en el campo de los que siguen la orientación de la Organización Mundial de la Salud, en oposición a los Trump, Piñera, Bolsonaro, que se oponen a declarar una cuarentena nacional, y de aquellos otros que, como el italiano Conte y el inglés Johnson, intentaron sortear la cuarentena durante un tiempo, hasta que volvieron sobre sus pasos cuando el número de infectados y muertos se hizo políticamente insostenible. Quien mayor éxito ha tenido hasta ahora en reducir a un mínimo el ratio enfermos/fallecidos, la alemana Merkel, se ha vuelto a declarar a favor de una cuarentena estricta.
La realidad, sin embargo, es que Fernández le ha dado forma a un compromiso con las patronales, que combina lo explícito y lo sobreentendido. Armó, por ejemplo, un esquema curioso para clasificar a la industria del neumático como imprescindible, partiendo de los repuestos para ambulancias y los arreglos de las gomerías, como si éstas fueran el mercado del neumático – y no la industria automotriz nacional e internacional. Para las primeras, sobra el stock disponible. De otro lado, no dijo nada de todas las industrias que están presionando a los trabajadores a firmar acuerdos de producción ya suscriptos por la burocracia sindical. Es a este tipo de maniobras a las que ha recurrido la patronal y la burocracia para vaciar de contenido al decreto anti-despidos (con el aval del gobierno que lo dictó), habilitando acuerdos de suspensiones, que se transformarán en despidos, y a despidos inmediatos, en particular de trabajadores bajo contrato determinado.
Quienes cobran planes sociales de $2.000 o $5.000 pesos mensuales, son rechazados para el bono de $10.000. Tampoco lo reciben los que cobran el seguro de desempleo de $6.000 por mes (son más 100.0000 trabajadores) y por la cuarentena no pueden salir ni encontrar trabajo. Fernández no dijo nada sobre el asunto crucial del momento para la clase obrera. Minucioso, en apariencia, acerca del amesetamiento de la curva de contagios, no describió la crisis social en absoluto. Se hizo rodear de los ministros de Interior y Salud y del jefe de Gabinete, pero evitó meter en el ruedo al de Trabajo. La cuarentena ‘rigurosa’ de los Fernández no valdrá, de aquí en más, para los bancos, lo cual tendrá un impacto considerable en el transporte público. Cuando a la famosa curva del aplanamiento le falta recorrer una distancia tan larga como desconocida, Fernández ya está armando la ‘transición’ hacia una ‘reactivación’.
Fernández ni siquiera rozó lo que ocurrió ese mismo día, a saber, la represión policial a los trabajadores del frigorífico Penta, ni los periodistas lo interpelaron sobre ello. Un amigo del gobierno dirá que fue ‘un hecho aislado’, sin reparar que Fernández no lo aprovechó para advertir contra su repetición, como tampoco lo hizo ante violencias policiales en los barrios. Lo ocurrido en Penta desató una ola de repudios, que incluyó a numerosos miembros de la jerarquía kirchnerista. Algunos interpretan que esto caracteriza a un régimen “de excepción”, como si no fuera parte de los gajes de la democracia capitalista.
Es un error suponer, sin embargo, que AF se ha pasado al campo ‘del PBI’. En primer lugar, porque ese campo está ocupado, por lo menos en un cincuenta por ciento, por salarios, jubilaciones e ingresos independientes, que se despeñan en forma violenta. En segundo plano, porque el PBI se cayó solo, por el desarrollo de la crisis capitalista en Argentina, sin necesidad de un virus, desde 2018, después de un interregno breve, o sea que es una caída que tiene más de una década. No será ahora que vaya a resucitar. Observando la política de las patronales, o sea sin ninguna clase de ‘prejuicio socialista’, la burguesía quiere reabrir la industria para salir de la obligación de pagar salarios con obreros que están en cuarentena por una disposición del estado, o sea coactiva. Esto, por un lado. Por el otro, de acuerdo a las exigencias que reclama, busca reducir los salarios (ni qué hablar de la “cláusula gatillo” y de la movilidad jubilatoria) en medio de una tasa de inflación en ascenso. La crisis desatada por la pandemia ha puesto al desnudo la obsolescencia técnica y financiera de la industria, que las grandes patronales quieren remediar, aprovechando la crisis, con lo que llaman ‘una reestructuración económica’ a costa de la fuerza de trabajo. La crisis plantea a la clase obrera el desafío, a término, de nacionalizar toda la gran industria, para alcanzar un desarrollo de las fuerzas productivas de contenido socialista.
Fernández se metió en la “transición” a la ‘normalidad’, en base a la presentación de cifras engañosas. Argentina no ha desarrollado un testeo que le permita asegurar que las cifras de contagios que se ofrece sean reales. El ‘power-point’ de su conferencia no presenta la realidad. Fernández, por otro lado, ofreció una comparación internacional falaz, porque lo que importa no es si Argentina tiene indicadores más favorables que otros países, sino que la pandemia crece potencialmente a nivel internacional, significativamente en Estados Unidos. El peligro que se cierne sobre África y las regiones más castigadas de Asia por las guerras imperialistas, podría ser descomunal (poblaciones migrantes). La recuperación de la epidemia, que se observa en China, viene acompañada de una supervisión epidemiológica sin precedentes y de testeos y diagnósticos constantes – en previsión, precisamente, de un reavivamiento de la pandemia. Fernández sabe que Argentina carece de estos recursos, pero no dijo nada al respecto. No se refirió al trabajo agotador del personal de salud, ni hizo mención sobre el rechazo de las patronales a integrar la salud privada a la pública bajo supervisión estatal. Cuando tocó, bajando la voz, a la industria del neumático, se ‘olvidó’ de decir, aunque no sea un abogado laboral, que las ART no tienen la obligación de amparar a los trabajadores que vuelven a las fábricas si contraen el contagio. Como se ve, hay un enorme pliego de reclamos del PBI obrero que el gobierno nacional y popular no atiende.
De otro lado, el bando ‘del PBI’ se encuentra en ruinas, con caídas previstas de más del 20 por ciento en los países desarrollados. El verso de la ‘reactivación argentina’ no lleva a ningún lado, y no servirá en absoluto para satisfacer las reivindicaciones de seguridad social y sanitaria de los trabajadores. El mundo asiste, con las variaciones del caso, por países, a una profunda crisis de poder. Es falso que, salvo algunos países, como Hungría, Egipto, Filipinas, Arabia Saudita, en los Balcanes y otros, donde las dictaduras son anteriores a esta crisis, se hayan establecido ‘regímenes de excepción’ - el desenlace de las crisis políticas dependerá del desarrollo de la lucha de clases.
Los trabajadores de Penta, del Sutna, de Acindar (capital y provincia) y en especial de hospitales (enfermeras y personal de salud) marcan el camino, y en forma incipiente muchos otros sectores de la clase obrera. Por ejemplo, los compañeros de los grupos capitalistas de ‘comidas rápidas’, que protagonizan luchas visibles en Chile, Argentina y Estados Unidos, y en el caso de frigoríficos, Uruguay. Defienden una cuarentena estricta, al mismo tiempo que el cumplimiento estricto de los convenios de trabajo, y combaten las suspensiones y despidos. Plantean, en forma de ‘protocolos’, la posición del mundo del trabajo frente al capital. La crisis, a la cual algunos profetizan un desenlace sombrío, ha reavivado la movilización de la clase obrera, en la mayor parte del mundo.
El carácter, llamemos existencial, a la lucha de clases que desarrolla la crisis, porque está en juego la vida en forma inmediata, ha despertado el interés obligado del menos politizado de los trabajadores. Esta fuerza inmensa es la que hay que poner en movimiento.
Jorge Altamira
12/04/2020
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