La confesión de la ministra de Seguridad Sabina Frederic reconociendo que su gobierno estaba realizando un ´ciberpatrullaje´ en las redes sociales generó de inmediato un gran revuelo político. Recordemos que la Ministra se inscribe en la llamada fracción “garantista” del gobierno, razón por la cual venía teniendo varios choques con su par bonaerense, Berni. La defensa del ciberpatrullaje, sin embargo, recuerda al plan de espionaje denominado Proyecto X que había aplicado justamente Berni a través de Gendarmería cuando estuvo a cargo de la cartera de Seguridad bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Para atajarse de las críticas, Frederic recordó que la medida había sido aplicada también por Patricia Bullrich bajo el gobierno del macrismo. La aclaración sirvió para superar la “grieta”: el espionaje, cibernético o no, es común a todos los gobiernos capitalistas.
En su exposición en el Congreso la funcionaria justificó la medida alegando que le permite al gobierno “medir el humor social”. Pero para eso existen las encuestas de opinión, no el ciberespionaje. Agregó, además, que permitía “estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos”. Estamos ante una medida de alcance represivo llevada adelante por el mismo Estado que no atiende las enormes necesidades sociales insatisfechas que se ven agravadas por la cuarentena dispuesta para combatir la pandemia. En la misma línea debe entenderse el despliegue del Ejército en las barriadas más sumergidas del conurbano bonaerense para repartir la asistencia alimentaria, la otra razón dada por la Ministra.
Ante el repudio generado, la Ministra quiso aclarar que su acción de ningún modo equivale a un trabajo de espionaje porque las fuerzas de seguridad se limitan a relevar y sistematizar información que es de carácter público. Sin embargo Frederic quiere ignorar que en las redes sociales las personas opinan en su propio nombre, por lo que el ciberpatrullaje opera como una acción intimidatoria sobre los ciudadanos, que a partir de ahora saben que sus opiniones, denuncias o planteos están siendo relevados por las fuerzas de seguridad. Esta intimidación afecta la libertad de expresión, sea por forzar una autocensura o por las represalias que eventualmente pueden recibir los ciudadanos por sus opiniones.
Junto con esto a las fuerzas de seguridad se les otorga la facultad de considerar en qué casos esas opiniones o planteos constituyen un delito o una incitación a que sean cometidos. Un llamado a repudiar la eliminación de la movilidad jubilatoria, o proponer un cacerolazo contra los despidos, o declarar la necesidad de un control popular de la ayuda alimentaria que se distribuye en las barriadas podría aplicar perfectamente dentro de la categoría, sea porque hacen al humor social o porque pueden entenderse como una ruptura de la cuarentena.
Repudiamos estas medidas de espionaje sobre la población, que refuerzan el carácter conspirativo del Estado, la intimidación sobre la ciudadanía y la persecución de la oposición.
Gabriel Solano
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