Ayer el presidente anunció la eliminación de las retenciones al sector. Los pulpos multinacionales sumarán cientos de millones de dólares a los beneficios ya vigentes. Amplio repudio de organizaciones ambientalistas y de la izquierda.
El decreto que elimina la retención a las exportaciones de productos mineros fue firmado por el ministro de Energía Juan José Aranguren y anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri desde un acto en la provincia de San Juan. Del evento, realizado entre las montañas de Calingasta, participaron el gobernador Sergio Uñac y sus pares de Catamarca y La Rioja, Lucía Corpacci y Sergio Casas. Tres mandatarios que en el pasado reciente supieron defender las banderas del kirchnerismo y que ayer, en palabras del propio Uñac, le agradecieron “de corazón” a Macri los anuncios en materia minera.
Enarbolado por el presidente con embellecedoras palabras como “mejora de la competitividad”, la eliminación del impuesto se produce en momentos en que el “déficit fiscal” es utilizado como ariete para profundizar el ajuste sobre los trabajadores. En algunos casos, al parecer, no es tan urgente la resolución de los problemas del fisco.
Las patronales del sector minero y los gobernadores festejaron con entusiasmo la difusión de los números concretos que esta medida implica. Según la agencia de noticias Télam, ahora por cada venta las mineras van a obtener un 5 % más de ingresos y una reducción de un 8 % en los costos. La transferencia de recursos de manos del Estado a las multinacionales del sector alcanzaría en un año los U$S 233 millones.
“Hoy quiero decirles que se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. Vamos a trabajar junto a los gobernadores para desarrollar nuevos proyectos”, manifestó Macri en el breve acto. Y apelando al cinismo dijo que ese trabajo se hará “siempre poniendo primero el cuidado del medio ambiente”, como si los beneficiarios de semejante premio no fueran precisamente las empresas más contaminantes del país.
Una medida que vale oro
El sector de la minería cuenta con un beneficio extraordinario denominado “estabilidad fiscal”, que implica el congelamiento de los impuestos (nacionales, provinciales y municipales) por 30 años a partir del momento en que comienza a funcionar cada proyecto minero. Asimismo, las empresas mineras pueden deducir gastos del Impuesto a las Ganancias, gozar de la devolución anticipada y el financiamiento del IVA y deducir el 100 % del Impuesto sobre los Combustibles, junto con otros privilegios. Amparados por leyes que van desde la Constitución Nacional al Código Minero y la Ley Minera, el Estado -y particularmente el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner- estimuló en los últimos años la instalación de grandes firmas trasnacionales en los proyectos de extracción. Un ejemplo claro se reseñó en la revista Ideas de Izquierda, tomando el caso paradigmático del Litio.
Cada vez más son las organizaciones y asambleas de vecinos en todo el país que rechazan la forma de producción extractivista y contaminante, debiendo sufrir la persecución y la represión estatal.
En octubre de 2015 el gobierno de Cristina Fernández y su aliado José Luis Gioja reprimieron a los manifestantes que denunciaban a la canadiense Barrick Gold.
Por estas horas la asamblea El Algarrobo y el pueblo de Andagalá, en Catamarca, están convocando a un festival por la defensa del agua, el territorio, la vida y el ambiente para este 15 de febrero en Buenos Aires.
Macri ya anunció para quién juega, profundizando los beneficios a las mineras que se mantuvieron intactos en el gobierno kirchnerista.
Repudio generalizado
Un importante y heterogéneo abanico de organizaciones y personalidades, que va desde Greenpeace hasta el Frente de Izquierda y tienen distintos programas de salida al problema ambiental, repudiaron esta nueva medida de Macri en pos del saqueo y la contaminación.
La ONG ecologista emitió un comunicado titulado “Un premio al descontrol minero”. Allí su referente Gonzalo Strano manifestó que “el gobierno debería preocuparse por el cumplimiento de la Ley de Glaciares, que en la provincia de San Juan, no se cumple por la falta de controles de parte del Estado”. A su vez denunciaron que “en septiembre pasado, con el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold, quedó demostrada la ausencia del Estado en los controles mineros y el desinterés de estas empresas por los habitantes de las comunidades”.
“Es inexplicable que a una industria que ha demostrado no tener ningún tipo de respeto por el medio ambiente y, en especial por los glaciares, se la beneficie de esta manera; desde el Estado se debería trabajar en promover los controles, inexistentes al día de hoy", agregó Strano. Curiosamente, un exvocero de Greenpeace, Juan Villalonga, es actualmente diputado nacional del PRO y representó recientemente al gobierno de Macri en la Cumbre del Clima COP21 en París.
Por su parte Fernando “Pino” Solanas, quien investigó el tema y en 2009 publicó el audiovisual Tierra sublevada, repudió ayer la medida de Macri. “Las mineras se llevan todo y pagan lo que quieren”, dijo al diario La Nación el actual senador. Agregó que "con esta decisión se premia a las mineras que contaminaron con millones de litros de cianuro los ríos de San Juan”. Y graficó el saqueo diciendo que las multinacionales del sector “pagan el 3% de regalías sobre la plata, oro y cobre. Deducen todos los gastos de extracción. Y le dejan a las provincias apenas el 1% de lo que ellas dicen que se llevan”.
El excandidato presidencial del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, ironizó sobre la eliminación de las retenciones mineras al plantear que “la famosa ‘teoría del derrame’ ya llegó al pueblo trabajador: fue el cianuro de la Barrik Gold que tanto benefició el kirchnerista (al menos hasta ahora) José Luis Gioja y que ahora Macri premia con este regalo”.
El diputado nacional y dirigente del PTS agregó que “aún no llegaron las facturas de la luz con los aumentos siderales que tendremos que pagar de nuestro bolsillo, y la bronca contra las medidas de Macri se hace sentir cada vez más”.
El dirigente recordó que en la campaña electoral del año pasado desde el FIT se denunció que tanto Macri como Scioli y Massa defendían la megaminería y a sus beneficiarios multinacionales. En ese sentido afirmó que “hace años que en Argentina existe todo un marco jurídico tributario especial para la actividad minera, instalado en los 90 y profundizado bajo el kirchnerismo”. Vale recordar que desde el Congreso Del Caño ha promovido un proyecto de ley, firmado por diputados de varios bloques, que prohíbe la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional. Un proyecto que, sin embargo, nunca quisieron discutir desde el Frente para la Victoria, el PRO y el Frente Renovador.
El PTS y el Frente de Izquierda tienen un planteo concreto para evitar el saqueo y contaminación: la nacionalización, sin indemnización y bajo administración y control de los trabajadores, de toda la actividad minera que, mediante una planificación guiada por las necesidades sociales, haga uso racional y sustentable de los recursos naturales.
Por el contrario, ayer macristas y peronistas aplaudieron por igual la decisión de dar un nuevo beneficio multimillonario a los representantes directos del saqueo imperialista y la destrucción del medio ambiente.
Lucía Ruiz
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