Defolteando a un costo enorme

Mientras cavila acerca de cómo salir de la cuarentena social, el tándem Fernández-Guzmán se está metiendo cada vez más en una cuarentena financiera internacional. Lo hace, para peor, a un costo enorme. Porque mientras por un lado finge una dureza sin precedentes con los acreedores, sea con la deuda bajo jurisdicción local o extranjera, les ha ido pagando puntualmente cada vencimiento a unos como a otros, y al mismo tiempo aumentando el monto de la deuda pública total con refinanciaciones o reperfilamientos que transforman en capital los intereses que se dejan de pagar en efectivo. Hace 48 horas se rompió una parte de esa cuerda, pues el gobierno postergó para diciembre los pagos de deuda del mercado local por unos u$s10 mil millones. A todos los fines prácticos Argentina ha declarado el default que dijo que no iba a declarar, mientras pretende que sigue negociando con los acreedores de jurisdicción internacional sin dejar de pagarles los vencimientos que se van sucediendo.
Al día siguiente de este nuevo default no declarado, la deuda local (en dólares o pesos) cayó de precio, en tanto que subió, muy modestamente, la internacional. Los llamados analistas se apresuraron a interpretar el aumento de la brecha de las cotizaciones entre una y otra como el resultado del privilegio concedido a la deuda de jurisdicción extranjera. Dejaron pasar en sus comentarios dos cosas fundamentales: son muchos los extranjeros que tienen deuda internacional y local, lo cual los involucra en el default, y que toda deuda en dólares es considerada por la Reserva Federal y el Tesoro norteamericano deuda internacional, aunque no se haya contratado en jurisdicción estadounidense. Si no pregunten a Rusia, Irán, Venezuela, Francia y otros, cuyas transacciones en dólares han sido bloqueadas por parte de Trump, aunque en ellas no haya intervenido Estados Unidos.
Pagando, pagando, Argentina se va desangrando, sin resolver el impasse de una deuda que el gobierno ha dicho mil veces que es impagable. Es muy sencillo: los acreedores internacionales, conducidos por los fondos BlackRock y Pimco, quieren que los Fernández digan cómo piensan pagar una deuda reestructurada, sea cual fuere el precio de esa reestructuración. Argentina no tenía condiciones de ofrecer esa garantía antes de la pandemia – la tiene menos ahora. Esos fondos acaban de ser designados por la Reserva Federal para manejar la compra de deudas de compañías norteamericanas con dinero público. Aunque el divorcio es imparable, los Fernández estiran la agonía, siempre pagando.
A este impasse se añade otro infortunio: las deudas provinciales en dólares superan los diez mil millones, pero no tienen banca para estirar la agonía. El derrumbe financiero vendrá acompañado por la emisión de cuasi monedas, porque las provincias tampoco pueden honrar las deudas internas. El gobierno fernandista se encuentra en la franja de riesgo que los infectólogos reservan para los mayores de 65 años. En el caso de la deuda, el estrago financiero lo pagarán todas las franjas etarias de trabajadores. El tema de la pandemia es usado en forma inescrupulosa para desviar la atención de este problema, mientras se dice que es necesario salir de la cuarentena por razones económicas ajenas a la deuda impagable.
Argentina se encuentra en zona de catástrofe para la que no hay salida con una política capitalista. Dar por cancelada la deuda pública nacional y provincial en forma unilateral, por un lado, y nacionalizar la banca, sin indemnización, por el otro, son medidas de salvación nacional para la clase obrera. Es necesario resguardar los ahorros de los depositantes de menores recursos, y hacer pagar la crisis a los grandes capitales y grandes fortunas.

Jorge Altamira
07/04/2020