Al prorrogar la cuarentena hasta después de semana santa, Alberto Fernández no hizo más que atenerse a lo que indican hoy los virólogos y la Organización Mundial de la Salud: alargar en el tiempo la secuencia de contagiados, para que el sistema sanitario no colapse.
Naturalmente, lo que Fernández no dijo es que el sistema de salud ya se encuentra colapsado. El 80% de las camas que disponen los hospitales y sanatorios del país –más de la mitad en manos de privados- están ocupados. Pero más grave, si cabe, es la “sobre ocupación” de médicos y enfermeras. Desde antes ya de la pandemia, venían transitando hasta dos y tres trabajos para redondear un sueldo. La incorporación de nuevos trabajadores de salud viene realizándose a cuentagotas y choca con limitaciones fundamentales: contratos temporales (tres meses) y salarios paupérrimos; jornadas prolongadas; restricciones presupuestarias de parte de gobernadores e intendentes. No es por accidente que en establecimientos del estado y privados se desarrollen denuncias contra las gestiones en presencia, y, por lo tanto, graves crisis de atención y de políticas sanitarias.
Salud y economía
Fernández dijo que entre ‘la salud’ y ‘la economía’, la controversia del momento, él optaba por la primera. De boca para afuera no hay nadie que se oponga. AF lo mismo, porque, aunque diga lo contrario, ha declarado esenciales a muchísimas actividades económicas, exceptuando a algunas del comercio minorista, para que no se vea gente en las calles. Han sido los trabajadores quienes, en distintas empresas, han impuesto limitaciones, como el parate parcial de la siderurgia y otras grandes compañías, sin dejar de cobrar los salarios. Otras limitaciones son el resultado de la crisis económica, pero en estos casos se manifiestan en despidos; allí, la cuarentena sirve como excusa a las patronales para liberarse del personal.
Esta cuarentena trucha ha causado estragos en Italia y en España, y los está causando en Estados Unidos. Recién en el día de ayer el español Pedro Sánchez declaró “no esenciales” a todas las industrias, con excepción de las vinculadas a alimentación y salud. Los Fernández plantean “aplanar la curva” de contagios como Sánchez lo vino haciendo hasta ahora, con resultados trágicos. El enojo que manifestó con el grupo Techint es una prueba de esto, porque quiere que el pulpo siga funcionando en el ramo construcciones, como lo hace en otras actividades. Techint debiera cerrar sin desmedro del pago de salarios, en eso consiste una cuarentena, o reconvertir sus objetivos a la construcción de hospitales. En una demostración de imperdible anarquía, YPF y otras petroleras suspendieron las obras de Techint en sus instalaciones. De este modo, el gobierno paraliza actividades que quiere ver abiertas, mientras insiste en #quedémonosencasa para superar la epidemia.
El caos conceptual y político del gobierno no hace más que reflejar las contradicciones insuperables entre el capital, de un lado, que pretende seguir su proceso de acumulación mediante rescates financieros del estado, y por el otro la lucha de los trabajadores en defensa de su salud y su vida. Si de rescates se trata, hay que apuntar que el fracaso de las medidas económicas oficiales aflora con toda su fuerza: el crédito bancario para salarios y capital de trabajo no aparece, mientras que la reapertura del clearing bancario ha roto la cadena de pagos.
Programa
Es necesario cerrar toda actividad económica no esencial, sin despidos y sin afectar el pago de salarios. El estado tiene la obligación de incautar las cuentas bancarias y no bancarias de las compañías capitalistas; colocar el sistema financiero en la órbita del banco central para organizar un servicio único de crédito para pagar salarios y todos los gastos sanitarios, cuyo monto será descontado de las cuentas de las empresas y el saldo será pagado por ellas al final de la pandemia. La emisión neta de crédito y de dinero puede ser reducida en forma drástica mediante la compensación de débitos y créditos entre empresas en el banco central. Una economía de racionamiento y regulación extrema solamente puede ser efectiva si se establece un control de los trabajadores en toda la cadena de producción y cambios. El punto de partida de todo esto, es obvio decirlo, es el cese definitivo del pago de la deuda pública, con excepción de las acreencias de muy pequeños inversores.
La defensa de “la salud” contra “la economía” no tiene sentido, salvo como expresión de la contradicción de la salud y la vida del trabajador versus la economía del capital. Es necesaria imponer la economía política del trabajo, por un lado, como salida a la crisis, por el otro como una transición hacia otro régimen social donde quede abolida esa contradicción entre economía y trabajo.
El ‘episodio’ Techint no es el único que ha obligado al gobierno, cuya doctrina es la colaboración de clases, a poner en evidencia lo contrario – un antagonismo de clase que es objetivamente insoluble. El otro caso es el del pulpo Roemmers, que ha respondido a una licitación de dispositivos de diagnóstico del gobierno con precios que triplican los que marcaba el mercado con anterioridad a esta crisis. Esto demuestra no solamente que el capital lucra con el infortunio – sino también que la reactivación de la economía, en los términos actuales, producirá una catástrofe inflacionaria de precios. Si es verdad lo que señaló un periodista, de que Fernández está muy preocupado por lo que se viene después de abril o incluso mayo, tiene motivos razonables para ello.
La clase obrera debe tomar conciencia del conjunto de esta situación y presentar el programa de la economía política del trabajo.
Los puntos básicos son:
cuarentena total, sin perjuicio para el empleo y los salarios, en todo lo que no es esencial;
protocolos laborales y barriales de los propios trabajadores – primero, reducción de jornada laboral, sin afectar el salario; segundo, cuarentena por manzana, barrio o localidad, previa detección sanitaria de toda la población, contra el encierro del hacinamiento;
reducción inmediata de la jornada laboral del personal de salud; contrataciones masivas de médicos y enfermeras, en las condiciones establecidas por los convenios colectivos;
reconvertir los capitales para construir hospitales y equipos médicos – camas, respiradores, caja de diagnósticos,
campaña masiva de detección de la infección;
un salario básico igual al costo integral de la canasta familiar, ajustado a las distintas necesidades sociales
cese definitivo del pago de la deuda externa;
Último punto. La movilización de trabajadores en las actuales circunstancias es excepcional – y apenas constituye un comienzo. Lo mismo ocurre en otros países, según surge de la información retaceada de los medios. Por la naturaleza de la crisis, esa movilización irrumpe con claras connotaciones políticas. Apuntalar esta renovación de fuerzas es la tarea más revolucionaria del momento.
Jorge Altamira y Marcelo Ramal
31/03/2020
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