El siguiente texto fue publicado originalmente en el sitio de la Fuerza 18 de Octubre.
El fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es un reclamo que el pueblo chileno levanta hace años, cuando se empieza a constatar que lejos de las promesas de sus ideólogos en relación al monto de las pensiones sólo sirvió para que los capitalistas accedan a financiamiento a bajo costo y las AFP tengan utilidades astronómicas mientras las y los trabajadores recibían pensiones miserables. Fue el 2016 el año donde las protestas contra el modelo privatizado de pensiones se tradujeron en masivas movilizaciones callejeras y en adelante siempre estuvo presente entre los reclamos centrales de la clase obrera. Fue una de las banderas insignas de la rebelión del 2019. Las razones del hartazgo popular con el modelo de pensiones privatizado, derivan de la evidencia de que se trata de un enorme despojo de los aportes del pueblo trabajador en favor del mercado de capitales.
Según un informe de la Superintendencia de Pensiones del 2021 “el monto promedio de la pensión autofinanciada en Chile a junio pasado alcanzó a $257.428, la diferencia entre la de hombres y mujeres es significativa. Mientras los hombres recibieron, en promedio, $ 312.240, las mujeres obtuvieron un pago promedio de $208.328, es decir, $ 103.912 menos” (1). Desde la Fundación Sol señalan que “La tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que representa la pensión respecto al ingreso percibido en el trabajo remunerado, es menor al 20 % para la mitad de las personas que se jubilaron durante la última década; si se consideran los aportes del Estado, la tasa de reemplazo mediana es del 40%” (2). Estos datos confirman que la gran mayoría de los trabajadores pensionados se encuentran en condiciones materiales paupérrimas, viviendo con pensiones por debajo del sueldo mínimo ($400.000), muy por debajo del salario que percibían como trabajadores activos y sin posibilidades de cubrir sus necesidades de subsistencia.
¿Qué dice el texto propuesto por la convención?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en su mayoría en el artículo N° 45 de la propuesta de nuevo texto constitucional. Luego de establecer que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social…” y dispone en el inc 2. “La ley establecerá un sistema de seguridad social público…”. Respecto del financiamiento se establece en el inc. 3. “…Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación. los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos del pago de los beneficios que establezca el sistema.” En la dirección del sistema de seguridad social público que crea el borrador tienen derecho a participar sindicatos y cámaras empresariales conforme reza el inc. 4. del artículo en cuestión. La vigesimoséptima norma disposición transitoria se refiere a los plazos de creación del marco normativo del sistema: el presidente tiene 18 meses para presentar el proyecto de creación del sistema y el congreso tendrá 24 meses, desde su presentación, para sancionarlo.
Como se ve, con la nueva constitución se deja en pie a las AFP. No solo nos las elimina cuando podía hacerlo, rechazando las iniciativas de populares de normas constitucionales que así lo planteaban, sino que ahora tienen justificación “constitucional” para que sigan funcionando ¡La convención rescata a las AFP, dándole la espalda a uno de los reclamos más sentidos de las y los trabajadores chilenos!
El carácter “público” del sistema no significa que se acabe con estas entidades, seguirán operando dentro del mismo. Tampoco lo referido al destino de los recursos del sistema, que como lo señalamos más arriba, se establece no puede ser distinto al de financiar prestaciones, lo que no obsta a que se puedan crear fideicomisos y otras formas de mantener los negociados con los aportes de las y los trabajadores, todas legales por supuesto.
Si alguna duda cabía, el acuerdo oficialista termina por precisar intención de salvar a las AFP ya que en materia de pensiones se comprometen “a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”. Es una reafirmación de la propiedad-gestión privada de las aseguradoras y la banca sobre los fondos aportados por las y los trabajadores. Contra las expectativas populares, al servicio de la continuidad del negocio de las administradoras de pensiones están desplegados oficialismo y oposición en función de que se sigan utilizando los dineros de las y los trabajadores para financiar al gran empresariado a tasas bajísimas.
Por una salida independiente y de los y las trabajadoras
El aporte estatal para las pensiones es una política de rescate de las AFPs por parte del gobierno y la oposición, llamamos a las y los trabajadores a no avalar este enorme operativo de reciclaje del régimen de los 30 años, pues lo institucionaliza definitivamente. El voto nulo cumple esa función y nos permite además oponernos a sus artífices. Las estafas no se aprueban, se enfrentan y para ello necesitamos organizarnos para terminar con este negociado con fondos obreros y sus pensiones de miseria, mientras financia las ganancias de las administradoras privadas. Una salida que ponga fin al modelo de pensiones pinochetista, por la nacionalización integral del sistema previsional expropiando sin pago de indemnización alguna a las AFPs que lucraron con los ahorros del pueblo trabajador. Una verdadera reforma constitucional al servicio de la clase trabajadora (y no de los banqueros) debiera plantear que no sean las y los trabajadores que aporten a los fondos previsionales con descuentos sobre sus salarios, sino que ésta debe estar integralmente financiada por las patronales. Que permite a su vez la industrialización con gestión obrera y la puesta en marcha de un plan de viviendas populares con estos fondos. El sistema previsional estatizado debe estar bajo gestión y control de trabajadorxs y jubiladxs para impedir que el estado robe los fondos para el pago de pretendidas “deudas” y subsidios a lxs capitalistas. El movimiento “No + AFP” no se debe disolver como producto de una eventual sanción de ésta constitución trucha. Más que nunca independencia política y organizativa del gobierno y los partidos patronales. Retomemos el camino de la movilización hasta lograr el fin de las AFPs.
Fuerza 18 de Octubre
Notas
(1) “Superintendencia de Pensiones publica primera Ficha Estadística Regional del Sistema de Pensiones chileno”, en la página de la Superintendencia de Pensiones (11/1/21).
(2) Francisca Barriga y Marco Kremerman, Pensiones sin seguridad social. ¿Cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile? (Fundación Sol, agosto 2021).
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