No es una mera casualidad que el inicio de la campaña electoral oficial haya coincidido con el pago de 230 millones de dólares al Club de París, como anticipo de una (nueva) reestructuración de deuda. Si la propia Cristina Kirchner dedicó su discurso en el acto de Escobar a asumir el papel de defensora de la utilización de los Derechos Especiales de Giro para cancelar los vencimientos con el propio FMI, es para mostrar que no hay grietas en la coalición gobernante en cuanto a los compromisos con el capital financiero. Para los trabajadores eso significa que el ajuste recién está comenzando, y que después de estos meses se viene la munición gruesa.
Lo que el gobierno del Frente de Todos busca dejar en claro, para tranquilizar a los mercados, es que durante las elecciones no se saldrá de la «prudencia» fiscal (en palabras del ministro Martín Guzmán). En criollo, los bonos por única vez que no llegan a compensar lo que pierden contra la inflación los jubilados, pensionados, beneficarios de asignaciones y programas sociales, y hasta los trabajadores de la salud, son un lubricante de campaña del ajuste en curso, no un cambio de rumbo. El incremento habilitado a las prepagas de salud, que coincide con una nueva suba del GNC, anticipa los tarifazos que seguirán a los comicios. En simultáneo, la próxima semana se van a gatillar 350 millones de dólares al Fondo en concepto de intereses -honrando la sobretasa usuraria.
El mensaje a los mercados no es trivial. Toda la ingeniería para contener una corrida cambiaria es muy costosa, y bastante precaria. Con el dólar blue cotizando cómodamente arriba de los 180 pesos y acercándose a una brecha del 100% con el oficial, el Banco Central tuvo que volver a salir a vender divisas y el Tesoro volvió a emitir bonos linkeados a la moneda estadounidense. Los especuladores tienen al gobierno de Alberto Fernández a su merced, en el afán de atravesar el período electoral sin sobresaltos.
El asunto evidencia además el fango en que se encuentra la economía. Es que a pesar de los estímulos a los empresarios (fundamentalmente a costa de la caja de la Anses), la actividad sigue deprimida. Una encuesta realizada por Idea reflejó que por el momento las patronales no piensan en invertir ni tomar más personal.
El máximo ejemplo es el del Plan Gas, que con subsidios millonarios a las petroleras no ha logrado todavía revertir el crecimiento de déficit energético ni recuperar los niveles de inversión; la reactivación de Vaca Muerta vino de la mano de una intensificación récord en la cantidad de fracturas por equipos y personal, es decir a costa de la superexplotación de los trabajadores. Las inversiones de los pulpos del sector están a la espera de garantías más firmes en que podrán girar sus ganancias al exterior y que las tarifas van a sustentar los altos precios del gas que hoy se garantizan con fondos públicos.
La cuestión de las tarifas es vertebral. Los subsidios a las empresas de la industria energética se duplicaron. A juzgar por lo que cayeron los gastos corrientes del Estado nacional y la caída drástica del déficit fiscal en plena crisis social, casi podríamos decir que toda la bonanza recaudatoria generada por el boom sojero (y del aporte solidario) se lo llevaron las privatizadas y las petroleras. Como esto es insostenible, los capitalistas del rubro y el Fondo exigen certezas de cómo se traslada la factura a los consumidores. Los naftazos sucesivos del último año son un adelanto.
Como recuerda hoy un columnista de Ámbito Financiero, Guzmán insiste en que esos subsidios son «pro ricos» para justificar una «segmentación» para proceder a un tarifazo en regla. Esas transferencias, sin embargo, no benefician a los ricos porque igualen lo que «pueden pagar» consumidores de distinto poder adquisitivo sino porque son giros directos a multinacionales y concesionarias monopólicas de servicios públicos.
La salida «pro pobres» es la que plantea el Frente de Izquierda Unidad, que empieza por la apertura de los libros en toda la cadena energética, para determinar cuánto cuesta desde la producción de hidrocarburos hasta la distribución de los servicios, porque ataca la raíz del encarecimiento de la energía sin cargarlo sobre la espalda de los trabajadores. Saldría a la luz entonces el parasitismo empresario, y la conveniencia de una nacionalización integral de toda la industria energética.
Claro, esta salida lleva implícita una orientación contrapuesta al rumbo oficial. Mientras las divisas del país se consuman en pagos al FMI y el Club de París, y predomine una huelga de inversiones de los capitalistas, la única variante será volver a prometer en campaña que mejorarán los salarios y las jubilaciones para impulsar el crecimiento económico, para cerrar en los meses siguientes un programa que pondrá a la Argentina bajo la tutela del Fondo. Como (además de los números) los gestos importan, la líder del kirchnerismo zanjó de entrada cualquier suspicacia.
La pirotecnia de campaña entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se va a disipar en un santiamén después de las generales, cuando ambos lados de la grita se apresten a bendecir en el Congreso un nuevo pacto con el FMI. Para evitar nuevas frustraciones, hay que apostar por la única alternativa que plantea la investigación y el no pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para invertir las riquezas del país en un desarrollo nacional y las satisfacción de las necesidades sociales. Al ajuste fondomonetarista lo enfrentamos con la izquierda.
Iván Hirsch
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