El decreto establece que los trabajadores del Estado que no acrediten la vacunación no podrán asistir a prestar servicios, y esa falta se va a contar como inasistencia injustificada, con el correspondiente descuento del día “no trabajado". Con respecto al sector privado, extendió la invitación a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas, a aplicar el mismo criterio.
El decreto establece que los trabajadores deben tener al menos la primera dosis de la vacuna. En Jujuy, como en todo el país, estamos muy lejos de tener la segunda dosis de la vacuna de forma masiva. Sólo se está avanzando en la inoculación completa entre el personal de riesgo.
Finalmente, el decreto no establece las medidas anunciadas por el Gobernador para exigir el carnet de vacunación a la hora de utilizar el transporte público, por lo improvisado de la misma, y en medio de un conflicto con los choferes por la falta de pago de sus salarios, a los que el gobierno pretende utilizar como vigilantes.
Objetivo reaccionario
El objetivo del decreto no es lograr una mayor inmunización de la población, sino avanzar aún más en un cuadro de reapertura de las actividades económicas y la vuelta a clases presenciales diarias, en medio de una escalada de contagios, muertes y variantes más agresivas del Covid, en nombre de la vacunación. El gobierno exige la vacunación para que todo el mundo vuelva a trabajar y así desentenderse de volcar los recursos necesarios para intervenir en esta pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario, como la situación de crisis social que ha generado la misma.
Todavía estamos muy lejos de una vacunación masiva de la población con la segunda dosis. La apertura a la ´nueva normalidad´ significa una exposición aun mayor de las personas frente a variantes más contagiosas, como Delta. El anuncio electoral de la compra de un millón de vacunas por parte de la provincia fue solo eso, un anuncio electoral.
Frente a un aumento descomunal de los casos de contagio en todo el país, en los últimos 45 días, Jujuy sigue teniendo índices por encima de la media nacional, tanto en infecciones como muertes. Jujuy ostenta, además, el trágico record de ser la provincia con más docentes fallecidos por Covid, lo cual no ha significado que el gobierno cesara de presionar por la vuelta a clases presenciales diarias.
El gobierno incapaz de garantizar la inmunización y las condiciones mínimas para preservar la vida de los trabajadores, a quienes ha obligado a ir trabajar exponiéndose sin vacunas en medio de la pandemia, ahora presiona con sanciones contra los trabajadores, descuentos e inclusive la posibilidad de despidos, a quienes no concurran, a pesar de haber recibido sólo una dosis. Pretende trasladar la responsabilidad de la vacunación a los propios individuos.
Denunciamos el propósito reaccionario del gobierno. Exigimos que se vuelquen todos los recursos necesarios para asegurar una vacunación masiva de la población, el reforzamiento del sistema sanitario y el aislamiento preventivo de todo trabajador que no sea esencial mientras dure la pandemia, con su salario asegurado, y un ingreso universal para todos los trabajadores desocupados equivalente al 80 por ciento del salario familiar, para poder mantener la cuarentena.
Iñaki Aldasoro
04/08/2021
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