Tras varias postergaciones, una nueva orden de desalojo pesa sobre un conjunto de familias del barrio, que reactivó las alarmas locales e internacionales. Esto se debe a la importancia reciente de este tipo de acciones de colonización del sionismo. Los desalojos ejecutados por las tropas de ocupación en Jerusalén el pasado mayo, junto a las incursiones violentas de las fuerzas israelíes al interior de la mezquita de Al-Aqsa durante el Ramadán, fueron la chispa que desencadenó la reciente guerra en Gaza y generaron solidaridad internacional y de los propios habitantes judíos con las familias palestinas a las que grupos de colonos y el Estado intentan desalojar.
Se produjo una huelga general y una rebelión popular que escapó al control de la Autoridad Palestina, Hamas y el gobierno israelí, por lo que los bombardeos debieron ser detenidos. Para muchos en Israel la amenaza estratégica más importante para el país es la política de ocupación continua de los territorios en Cisjordania. El actual gobierno de coalición liderado por Naftali Bennett, el millonario derechista, incluye a tres partidos aliados de los colonos y una pequeña facción islamista, y esta será la prueba de fuego de su estabilidad política. El gobierno ha intentado dejar de lado las cuestiones palestinas para evitar fracturas internas, que sin embargo, explotan en su cara.
La jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a Israel para que no ejecute ningún desalojo en Sheikh Jarrah, advirtiendo que una acción de este tipo podría constituir un “crimen de guerra” bajo la legislación internacional. Biden y la “comunidad internacional”, reconocen que de avanzar este proceso, puede nuevamente impulsar la movilización que tanto AP como el gobierno de coalición serían incapaces de detener, como así el proceso de acuerdos más generales que incluyen el acuerdo nuclear con Irán.
Arbitraje de la Corte Suprema, apartheid y rebelión popular
La Corte Suprema de Israel, cuyo anterior fallo a favor de los colonos israelíes encendió la llama de la rebelión, ofreció un acuerdo a los residentes palestinos del barrio para impedir su desalojo forzado por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, con la condición de que paguen “regularmente el alquiler” a un grupo de colonos judíos que se atribuyen la propiedad de los inmuebles. Los casos examinados el lunes afectaban a cuatro familias palestinas que agrupan a un total de unas 70 personas.
La ley israelí permite a los judíos reclamar la propiedad de judíos antes de la guerra de 1948, pero prohíbe a los palestinos recuperar la propiedad que perdieron en la misma guerra, incluso si todavía residen en áreas controladas por Israel. Los palestinos no pueden recuperar los que eran sus hogares en la parte oeste de la ciudad antes de 1948. Tras la retirada británica de Palestina el 14 de mayo de 1948, el grupo paramilitar sionista “Irgún” logró invadir el barrio, pero el 19 de mayo de 1948, las fuerzas árabes reconquistaron Sheikh Jarrah. Es por eso que las familias palestinas reclaman el derecho de propiedad de ese barrio, que luego fue ocupado militarmente, en diferentes períodos, por las tropas israelíes.
Como era de esperarse, las familias palestinas rechazaron el acuerdo ya que son los propietarios legales de esas casas. La propuesta de la Corte es un mecanismo de colonización y de expulsión, ya que reconoce como propietarios a los usurpadores y como inquilinos a los legítimos habitantes de ese histórico barrio. De no poder pagar el alquiler, estas familias serían expulsadas “legalmente” de sus casas. Una familia palestina indica “Viviríamos a merced de los colonos, pagaríamos alquiler para vivir en nuestros propios hogares y tendríamos que soportar todo tipo de arbitrariedades” (ídem).
El abogado de las familias rechazó los reclamos de los israelíes sobre las propiedades. Indicó que “si una resolución viniera de la corte, tal vez no con una declaración completa sobre los derechos palestinos, puede ser algo satisfactorio para las familias palestinas” (BBC, ídem).
Los palestinos ven el caso como parte de “un movimiento más amplio de los colonos israelíes para apoderarse de los hogares palestinos en Jerusalén Este, que los primeros reclaman como la capital de un Estado independiente aún por crear” (BBC, 3/8). En 2003, los derechos a la tierra donde viven en Sheikh Jarrah fueron comprados por una organización judía que planea desarrollar el área para asentamientos judíos. “El grupo israelí de derechos B’Tselem y la organización con base en Nueva York Human Rights Watch señalaron a esas políticas como ejemplo para afirmar que el país ha adoptado un régimen de apartheid” (apnews, 3/8).
El gobierno de coalición se ha propuesto la reconstrucción de Gaza, una medida para aplacar los ánimos y tratar de no perder el sustento de la Autoridad Palestina, desbordada por las movilizaciones populares. Sin embargo, este proceso de arbitraje inestable entre las facciones árabes, colonos e israelíes del gobierno, puede desencadenar no sólo un nuevo rechazo popular que vuelva a unificar a las masas árabes e israelíes en la lucha conjunta contra la ocupación y el apartheid, como también la disolución del inestable régimen político.
Emiliano Monge
04/08/2021
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