En 2007, se llamó a Isabel Perón a prestar declaración indagatoria por su papel en los crímenes de la Triple A y para ello se solicitó la extradición a España, país donde reside desde 1981. El Tribunal Supremo de España rechazó el pedido de extradición al considerar que los delitos endilgados constituyen crímenes comunes ya prescriptos, mientras que la Justicia argentina considera que fueron cometidos por el Estado y por lo tanto se trata de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.
El comunicado de Piumato afirma que Isabel Perón “continúa siendo perseguida en la actualidad con viejas causas judiciales fraguadas”. Pero esas causas fueron impulsadas por familiares y organismos de derechos humanos que durante años lucharon para que el Poder Judicial reconociera el carácter de lesa humanidad de los delitos de la Triple A y la CNU, lo cual se vio reflejado en condenas obtenidas con la lucha en Mar del Plata y La Plata.
Contundente a este respecto, fue la abogada Pía Garralda, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), quien en Twitter cruzó a Piumato diciendo: “como abogada de víctimas de la represión estatal previa a la dictadura te digo @Julio Piumato que Isabel Perón debe responder penalmente por los asesinatos cometidos bajo su gobierno”.
Pero, además, hay que denunciar que tal “persecución” a la ex presidenta no es real. Isabel Perón no solo goza del amparo del Estado Español franquista y monárquico, que tiene sus propios intereses para no extraditarla, sino también del Estado Argentino, que al igual que en el caso de Cristina Kirchner, le abona dos jubilaciones de privilegio, una por haber sido presidenta y otra pensión por Juan Domingo Perón.
Piumato anunció, luego de la presentación de este pedido de impunidad, que su planteo sería tratado en el Consejo Directivo de la CGT y que varios miembros ya le habían manifestado su apoyo. Asimismo, agradeció al gobernador formoseño Gildo Insfrán, entre otros.
No se trata de una simple jugada reaccionaria de un sujeto perdidoso; la burocracia sindical tiene fuertes intereses para apoyar este pedido de impunidad. En las causas, se pudo probar lo que siempre se supo: la vinculación de la burocracia sindical peronista en los miles de crímenes, asesinatos y torturas de la Triple A y la CNU.
Como señaló Sebastián Fischer, hijo de Jorge Fischer, militante de Política Obrera (antecesora del Partido Obrero), quien era delegado clasista en el gremio de la pintura y fuera asesinado junto al también compañero nuestro, Miguel Angel Bufano, “la pieza fundamental en el funcionamiento de la Triple A, junto a los grupos policiales y militares, fue la burocracia sindical, que aportó hombres y señaló a delegados sindicales para ser ejecutados. Pidiendo la impunidad de Isabel Perón lo que buscan es su propia impunidad”.
Juan Domingo Perón, María Estela Martínez y José López Rega en el gobierno nacional, así como el entonces gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró (UOM), estaban más que al tanto del accionar de estas bandas que fueron condenadas parcialmente en los juicios de La Plata y Mar del Plata. La responsabilidad estatal y la complicidad de la burocracia sindical en la represión es total. El pedido de sobreseimiento para Isabel Perón es, antes que todo, un acto de autoimpunidad.
“La burocracia de la CGT ha comenzado una maniobra para lograr la impunidad de Isabel Perón en los crímenes de la Triple A.”, dice Sebastián, y que ante esto “los familiares de las víctimas deberíamos organizarnos para exigir lo contrario”. Coincidimos y agregamos que la clase obrera también debe expresar su rechazo y repudio a esta campaña de impunidad de la burocracia sindical.
Todavía falta juzgar a gran parte del aparato de la Triple A. Reclamamos juicio, castigo y cárcel común para todos los asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad en el “tercer peronismo” y en la última dictadura militar.
Facundo Miño
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