El gobierno del fascistoide Bolsonaro fue denunciado el pasado 3 de marzo ante la ONU por riesgo de genocidio de los pueblos indígenas aislados y por el desmantelamiento de su estructura estatal para combatir la deforestación. Ya el 2 de marzo de 2019 el obispo auxiliar Monseñor Vicente de Paula Ferreira denunciaba al gobierno por las practicas mineras que se realizan en Brasil a dos meses de la ruptura en la represa de Brumadinho que se cobró 250 muertos y al día de hoy, 20 desaparecidos. En su momento el obispo señaló que las licencias se otorgan de forma ilegal y sin ningún tipo de consulta a las comunidades que se verán afectadas por el negociado. Ese mismo mes de 2019 y ante la ONU Bolsonaro fue denunciado por querer conmemorar a los golpistas de 1964. Toda una colección (de denuncias).
Brasil tiene la mayor cantidad de pueblos aislados en el mundo, con 115 registros, 28 confirmados y los restantes en investigación. En estas poblaciones en especial se intensifico la tala y deforestación, cabe destacar que son estas tribus las más sensibles a enfermedades y a la pérdida del bosque. En todos los casos de comunidades indígenas, la deforestación supera la media y en el caso de las poblaciones aisladas la deforestación creció un 113%. Un estudio señala que seis tierras indígenas que tienen 10 registros de pueblos aislados representan el 90 por ciento de la deforestación registrada en la Amazonia brasileña.
La incapacidad de la ONU
Las denuncias ante la ONU caen en saco roto; ya que todos los estados que intervienen en ella son súbditos y directores de las principales empresas que gestionan la destrucción del ambiente. Es así que, incluso luego del incendio que se extendió por todo el suroeste de Brasil-Bolivia y parte de Paraguay, nada han podido hacer para detener la deforestación y la megaminería. El mismo FMI, propone a los países endeudados el desarrollo de la megaminería, el fracking y la expansión de la frontera sojera. En Argentina, en lo que va del año, se contabilizan ocho niños muertos por desnutrición. En Salta junto a otros tantos están en tratamiento intensivo. La llamada cuestión ambiental está inserta en la lucha de clases.
Sergio Gómez de Saravia
07/03/2020
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