El gobierno de Alberto Fernández avanzó con dos decretos con su plan de reestructuración de los servicios de inteligencia.
La principal medida es impedir que el material reunido por servicios de inteligencia pueda ser usado como material en causas judiciales. Lo que pretende ser un “freno” a las denuncias y carpetazos en los choques internos de la burguesía está en concurrencia con el eje del gobierno en golpear a los centros de poder en la justicia que manejaron las causas contra los funcionarios kirchneristas.
El resto de las disposiciones, que no realicen espionaje interno o participen de represión, son francamente imposibles de controlar en su cumplimiento desde afuera del propio organismo de inteligencia y las fuerzas de seguridad. La actuación de la inteligencia nunca es un hecho público. Los servicios no podrían aportar de manera directa material para que paseen por los tribunales funcionarios y empresarios, como lo han sido las famosas causas del cuaderno de Centeno, o la construida alrededor del acuerdo con Irán, que dependía en extensión de escuchas telefónicas y datos de inteligencia. Se quiere poner un límite a las propias reglas de juego de hasta dónde llegar en los choques internos de la clase dominante.
El límite a las tareas de espionaje que Fernández ha proclamado en sus discursos no es tal. Se trata solo de un adorno democrático. El diario La Nación (5/3) informa que “El objetivo del Gobierno es que la AFI se dedique solo a tareas vinculadas a la prevención del terrorismo y de los delitos que afecten el orden constitucional”. Desde el fin de la Guerra Fría la “lucha contra el terrorismo” es la bandera de los gobiernos para organizar la persecución judicial y de seguridad contra opositores políticos de todo pelaje. La ley antiterrorista aprobada en Argentina a pedido de EE.UU. durante el gobierno de Néstor Kirchner fue usada, por ejemplo, para procesar a luchadores catamarqueños que se oponían a la extracción contaminante que se practicó en la minera Bajo La Alumbrera.
Las disposiciones se integran a la intervención a la Agencia encabezada por Cristina Caamaño, que ya ha despedido a la mitad de los directores y está revisando con evaluaciones a todo el plantel. Fernández, como su vicepresidenta antes que él, mete el bisturí en los servicios para lograr armarse una tropa propia que pueda ser de su confianza para operar.
Fernández ha denunciado que en “los sótanos de la democracia” la connivencia de la justicia y los servicios ha servido para innumerables maniobras y operaciones. Sin embargo, Néstor Kirchner y su jefe de gabinete Alberto Fernández fueron artífices de habilitar ese acoplamiento a una escala inédita. En una entrevista con Horacio Verbitsky en enero el Presidente dice que la Side, antecesora de la AFI, había actuado en casos de secuestros extorsivos y que eso los llevó a ampliar su acción en causas judiciales. “Trabajaron mucho y trabajaron bien. Nos llevó a nosotros a pensar que ellos podían auxiliar a la Justicia en esos temas.”
Lo cierto es que en esa época Gustavo Béliz, actual operador de Fernández en su pelea por reformar la justicia y los servicios, salió eyectado del gobierno luego de un choque con Jaime Stiusso, mandamás de la Side, defendido en el momento por los Kirchner y Fernández.
El otro decreto habilita la apertura de los archivos de los servicios de inteligencia en las causas vinculadas a la AMIA. Todavía no está claro cómo va a ser la difusión de estos materiales, que deberían contar con una orden judicial para ser requeridos. Por lo pronto, uno de los que declaró en 2017 en las causas por el encubrimiento fue el propio Stiusso, que pasó de hombre fuerte de los Kirchner en los servicios a archienemigo, justamente alrededor del affaire Irán-Amia.
La incorporación de este tema muestra que el anuncio de una nueva AFI, depurada de operaciones, es sólo un tiro más en la larga pelea entre los políticos capitalistas por el control de los servicios de inteligencia como herramienta contra sus adversarios políticos.
Guillermo Kane
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