Los primeros movimientos de tropa comenzaron la madrugada del 11. A las 6 de la mañana efectivos navales ocuparon las calles de Valparaíso y a las 9 ya se escuchan disparos en Santiago que terminan al mediodía con el bombardeo de La Moneda. El golpe anti obrero estaba en marcha.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 tuvo un claro contenido de clase. Los empresarios nacionales y extranjeros, dueños de las fábricas y empresas, de los monopolios de las riquezas nacionales, estaban perdiendo su poder y veían amenazada las bases de su dominación.
La clase obrera ya no se limitaba al programa de gobierno de la Unidad Popular, sino que avanzaba más allá. A la nacionalización del cobre y la creación del Área de Propiedad Social propuesta por el gobierno de Allende, que permitió nacionalizar el cobre y otras áreas de la economía, la clase obrera inició su propio programa de toma de fábricas y expropiación, sobre todo impulsadas por los Cordones Industriales, organismos que se formaron a mediados del año 1972 como una respuesta al paro patronal de los empresarios y camioneros.
Los Cordones Industriales se propusieron como una organización de trabajadores a nivel local (en la fábrica), territorial (en la comuna y junto a otras organizaciones de la zona) y tendencialmente nacional (coordinadora de Cordones Industriales), aunque no alcanzaron a desarrollarse producto del golpe de Estado. Iniciaron un proceso de toma de fábrica, para enfrentar el lock out patronal; se preocuparon de los problemas del abastecimiento –afectada por el paro de transportes- y la distribución, haciendo convenios entre fábricas, con organizaciones poblacionales y sociales para distribuir sus productos; también de la gestión de las empresas. Embrionariamente, eran organismos de auto organización e independencia de clase que comenzaban a plantear el problema del poder a nivel territorial y potencialmente en el poder político y el Estado.
Los Cordones industriales fueron criticados por la CUT, que los acusaba de paralelismo y estuvieron en permanente tensión con Allende y el gobierno. Como señalaba una carta del Comando Coordinador de los Cordones, fechada el 5 de septiembre de 1973 “Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el Socialismo se estaba transando para llegar a un Gobierno de centro, reformista, democráticoburgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de preservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo”.
Tras el bombardeo a La Moneda y el suicidio de Allende, los partidos de la Unidad Popular y el MIR se repliegan. Se había llamado a no resistir. En las fábricas y los cordones, cientos de trabajadores esperaron por horas y días, la llegada de las armas o a los militares constitucionales de los que hablaba la Unidad Popular. Lo cierto es que los únicos que llegaron fueron los allanamientos masivos, en los que fueron detenidas miles de personas y trasladadas a los campos de detención masivos, mientras se producían las primeras ejecuciones.
En síntesis, el golpe de Estado y la dictadura tuvo como primer objetivo enfrentar al gobierno de la Unidad Popular y, especialmente, la organización obrera, popular y estudiantil que se expresaba en la organización de los Cordones Industriales o las Juntas de Abastecimiento Popular, para terminar instalando un proceso refundacional, con la aplicación del modelo neoliberal y la destrucción de los basamentos tradicionales del poder político y económico que sustentaron la nación durante largas décadas
La dictadura cívico-militar
Tras el golpe, se instaló una dictadura cívico-militar que duró casi dos décadas y que produjo importantes transformaciones en el país. La dictadura se sustentó en la Doctrina de Seguridad Nacional, considerando como enemigos de la nación a las organizaciones sindicales y de izquierda, utilizando una política basada en la represión y el terror, proscribiendo los partidos políticos y las instituciones como el Congreso o los partidos políticos, ilegalizando muchas organizaciones sindicales, imponiendo el toque de queda durante largos periodos, con detenciones masivas, allanamientos a empresas y poblaciones, clausura de muchos medios de comunicación. Las violaciones a los derechos humanos se hicieron masivas, con miles de detenidos, torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados.
La dictadura buscó desmantelar los derechos económicos, políticos y sociales conquistados durante años por los trabajadores, los sectores populares y las capas medias, en el ámbito económico, se impulsó la desregulación y apertura a los mercados extranjeros, la financierización económica, la privatización de empresas y servicios públicos para reorganizar la estructura del país; en lo político, se instaló el autoritarismo y se modificó la constitución, en el año 1980, implementando entre otras cosas el sistema binominal y los senadores designados, en lo social se promovió el individualismo, consumismo y el miedo; en suma, un proyecto asociado al modelo neoliberal que modificó sustancialmente la sociedad chilena.
Para lograr este objetivo, era necesario además doblegar al movimiento sindical y los trabajadores, modificando las relaciones laborales y la estructura productiva del país. No solo se reprimió y persiguió a las organizaciones sindicales y sus dirigentes y activistas. Además se inició un proceso de reestructuración y autoritarismo para impedir su funcionamiento. La CUT y otros sindicatos fueron ilegalizados, se expropió sus locales, también se prohibió, con el Bando Militar N° 36 el derecho a huelga, la negociación colectiva, las elecciones sindicales y la posibilidad de demandar reajustes salariales por tiempo indeterminada. Toda reunión sindical debía ser avisada previamente y debía contar con un veedor militar. Además, se crearon nuevas organizaciones afines a la dictadura, para tratar de cooptar al movimiento sindical. Esta política cristalizó en el Plan Laboral del año 1979, que impuso la lógica neoliberal en las relaciones capital-trabajo.
El Plan Laboral Piñera
El Plan Laboral, elaborado por el Ministro de Trabajo José Piñera, marcó un hito en las relaciones entre el capital y el trabajo, culminando un ciclo de fuertes ataques a los derechos laborales. La dictadura se concentraba específicamente en desarticular al movimiento sindical como fuerza política y social, atacando específicamente la relación con los partidos y la política, promoviendo un sindicalismo corporativo o gremial y tratando de atomizar la organización obrera. Según anunciaba Piñera, el objetivo del Plan era claro “lo que se decide es si se les entrega a los sindicalistas el poder para paralizar la economía y tomar como rehén al país; lo que se decide es se decide es si los dirigentes sindicales pueden llegar a tener en nuestra sociedad más poder que los parlamentarios” . En lo laboral, se instalaba la idea de la productividad, atando los salarios a este mecanismo, como también se proponía terminar con la “sindicalización obligatoria… las negociaciones por rama y no por empresa, la huelga con caracteres de chantaje al empresario” .
El Plan Laboral tuvo como eje quebrantar la unidad sindical al posibilitar la existencia de múltiples sindicatos en una misma empresa, estableciendo además la voluntad individual de afiliación y del pago de la cuota sindical, asociando democracia e individuo a la idea de libertad de elección para afiliarse a las organizaciones sindicales, prohibiendo la existencia de sindicatos en los servicios públicos y empresas estratégicas. Este ideario se relacionaba sin duda con el modelo neoliberal que se estaba instalando, cuya concepción de libertad se basaba en un individuo aislado y atomizado. Así, se restringió la negociación colectiva por rama, se anulaba en la práctica el derecho a huelga, al posibilitar la contratación de reemplazantes. También se alentaba la negociación individual, permitiendo que los trabajadores pudieran pactar con la empresa por su cuenta, se propuso además que los empresarios pudieran declarar el lock-out, como medida de presión contra las demandas laborales.
En definitiva, este nuevo plan laboral tenía por objetivo “eliminar al movimiento sindical en su condición de agente socio-político nacional; a constreñirlo a un papel negociador débil en el terreno económico-reivindicativo; y a dejar paso libre a las ‘Leyes del Mercado’ en el plano de las Relaciones Laborales” , el empleador tenía amplias libertades para despedir, negociar los salarios, horarios y demás condiciones de trabajo.
La transición y la postdictadura
La dictadura buscó desarticular y derrotar al movimiento de trabajadores, utilizando la represión, la reconversión productiva y la implementación de una nueva institucionalidad laboral para sus propósitos. La clase trabajadora y sus organizaciones se organizaron para enfrentar estas políticas, realizando importantes acciones de resistencia como paros legales e ilegales, trabajo a desgano, manifestaciones y protestas, pero no lograron paralizarlas. El centro de su acción se enfocaba en la lucha contra los planes económicos y contra la dictadura, demandando la vuelta a la democracia.
A pesar de las importantes movilizaciones, las numerosas y largas huelgas, el ciclo de luchas y reactivación terminó con la imposición del Plan Laboral, que significó una nueva derrota para el movimiento sindical, consolidando un modelo sindical y laboral neoliberal que posteriormente la Concertación de partidos por la democracia profundizó.
La lucha contra el Plan Laboral impulsó una cierta convergencia sindical, que se materializó en la creación del Comando Nacional de Trabajadores, convocando a la primera huelga general contra la dictadura en el año 1983, tras los devastadores efectos de la crisis económica internacional y nacional. Sin embargo las protestas también fueron derrotadas por la política de los acuerdos entre la dictadura y la oposición (que más tarde se agruparía en la Concertación de Partidos por la Democracia), marginando nuevamente a los trabajadores y sus demandas, para organizar una transición pactada que no rompió con la política laboral, ni con el resto de la herencia de Pinochet. Los gobiernos concertacionistas sostuvieron el modelo económico y social de la dictadura; respecto del mundo del trabajo privilegiaron la continuidad por sobre la ruptura justificado por el discurso de la amenaza a la democracia y la estabilidad económica como también por que las relaciones laborales que impuso la dictadura eran parte de la columna vertebral del modelo. Las organizaciones sindicales predominantes, asimilaron también este discurso, lo que se materializó en las políticas de diálogos y acuerdo social que impulsó la CUT durante los gobiernos concertacionistas.
Sin embargo, hoy se reabre el debate estratégico sobre la reemergencia de la clase trabajadora y sus organizaciones, como también la necesidad de luchar contra el código laboral que viene desde la dictadura, una de las grandes demandas del movimiento sindical y que la reforma laboral de Bachelet prácticamente no toca.
Ana Lopez
@analopezd Historiadora
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