La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamenta que Mariano Rajoy “oculte” este dato en su discurso de investidura.
En España hay, como mínimo, 114.226 personas desaparecidas por la represión franquista. Es una de las pocas cifras exactas que se maneja en un tema – el de los desaparecidos – que pocas veces ha sobresalido a primera escena política. En líneas generales ha sido, y sigue siendo, una cuestión marginada que ha visto como incluso algunos políticos han hecho burla de ella. Como Pablo Casado y su “los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién”. Una declaración que no sólo no le ha perjudicado, sino que no ha hecho titubear la meteórica carrera política del hoy Vicesecretario de comunicación del Partido Popular.
Este caso particular resume posiblemente el estado crítico en el que se encuentra la causa por los desaparecidos del franquismo en España. Pablo Casado, o saber que la única cifra oficial de desaparecidos la aportó la Audiencia Nacional en la causa abierta contra los crímenes franquistas por el exjuez Baltasar Garzón hace ya varios años. La cifra – 114.226 desaparecidos – abarca el periodo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, pero no cuenta los más de 30.000 bebés desaparecidos. Hay algunas estimaciones que hablan de más de 200.00 desaparecidos, según publica EL BOLETÍN
Hoy, día 30 de agosto, es el Día Internacional de los Desaparecidos, y España tiene de qué preocuparse. Hace unos meses el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa avisó a España de estar incumpliendo sus obligaciones con los desaparecidos forzados. Europa achaca a España no tener una cifra oficial de víctimas del franquismo, critica la escasa aplicación de la Ley de Memoria Histórica y lamenta que el Estado delegue la reparación a la iniciativa exclusiva de las familias. El informe del Comisionado europeo es bastante explícito al respecto: "Ya es hora de cerrar la vergonzosa brecha entre lo que las familias necesitan y lo que hacen los estados”.
Lo que hace el Estado español es incumplir desde hace años sus obligaciones en la búsqueda de las personas desaparecidas por la represión franquista, asegura laAsociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Según los datos recogidos, España es el primer país de Europa en número de fosas comunes con desaparecidos y el segundo en el mundo, después de Camboya. Sin embargo, la ARMH denuncia que “esa realidad contrasta enormemente con la pasividad de los distintos gobiernos que ha tenido España desde la muerte del dictador Francisco Franco hasta hoy. Mañana mismo, Mariano Rajoy volverá a ocultar en su discurso de investidura que pretende volver a presidir el país de Europa con más personas desaparecidas por represión política”.
Tanto el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria como el Relator Especial para la Verdad, la Justicia y la Reparación de la ONU han señalado los graves incumplimientos del Estado español en materia de derechos humanos, sus deberes hacia las víctimas de la dictadura y su grave discriminación cuando atiende a las víctimas del terrorismo y desatiende a las del franquismo.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva casi 16 años buscando desaparecidos y ayudando a cientos de familias a encontrarlos, celebrará un acto en Ponferrada (León) para denunciar el mal trato que las instituciones españolas dan a las familias de los desaparecidos del franquismo y para agradecer a los cientos de voluntarios de más de 200 países que han ayudado a buscar a cientos de desaparecidos en estos años.
¿Qué es una desaparición forzada?
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU considera que se ha cometido una desaparición forzada siempre qué:
«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»
Ander Cortázar | El Boletín
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