La justicia electoral brasileña dio un nuevo paso en el golpe institucional y proscribió en la noche del viernes la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) protagonizó este viernes un festival de arbitrariedad para cancelar de manera "express" el registro de la candidatura del expresidente Lula da Silva.
Seis de los siete jueces del TSE votaron por la proscripción de Lula consumando la continuidad del golpe institucional de 2016 contra Dilma Rousseff. Los jueces Barroso, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira y Rosa Weber votaron para impedir que Lula pueda ser candidato en las próximas elecciones.
La sesión del TSE había sido convocada para discutir la "vehiculización de la campaña electoral de Lula en TV", y fue transformada en una sesión para juzgar el registro de la candidatura de Lula. Para vetarla.
El "juicio relámpago" del Tribunal Superior Electoral (TSE) es una grotesca violación de los derechos políticos de Lula. Ni siquiera se respetaron los plazos previstos por el propio Poder Judicial, que tenía hasta el 17 de septiembre para definir si permitía que Lula sea candidato, ya que su objetivo era presionar al PT para que cambie la candidatura de Lula por la de Fernando Haddad, registrado por el PT como candidato a vicepresidente, antes del sábado, cuando comienza el horario electoral gratuito en la televisión.
Para que quede claro que buscaban presionar al PT para que baje a Lula, los jueces del TSE se juntaron a puerta cerrada al finalizar la sesión para definir cómo puede usar el PT el espacio de propaganda televisiva. Las opciones que le dieron son dos: si mantienen a Lula solo pueden hacer propaganda en TV con la figura de Haddad como vicepresidente y sin que aparezca Lula. Pero si bajan a Lula y nombran a Haddad como candidato presidencial entonces Lula podría aparecer en hasta un 25% del espacio para apoyar a Haddad. Una resolución que pinta de cuerpo entero la arbitrariedad del Poder Judicial y su compromiso con la proscripción de Lula y los objetivos golpistas.
La continuidad del golpe
El jueves, esta misma casta judicial aprobó la nefasta "tercerización irrestricta", que habilita la tercerización de trabajadoras y trabajadores en las actividades principales de las empresas, lo que estaba prohibido y era una importante demanda de las patronales parte del plan golpista. El mismo día aumentaron en 5.500 reales (cerca de 50.000 pesos argentinos) sus salarios, que ya eran extraordinarios (un total de 10.000 dólares mensuales). Al día siguiente, mueven las piezas para que las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán en octubre, sean manipuladas para darle continuidad al proyecto golpista.
Este resultado implica que la candidatura de Lula ya no puede ser considerada "bajo juicio", y el PT no podrá participar del horario electoral gratuito hasta sustituir a Lula por Fernando Haddad, registrado por el PT para la vicepresidencia. El PT podría apelar a la Corte Suprema para rever la decisión que tome el TSE.
Al comienzo de la sesión, la defensa de Lula dijo que el proceso no estaba listo para ser juzgado porque no hubo tiempo para que las partes presenten los alegatos finales. El juez informante del caso de Lula en el TSE, Luís Roberto Barroso, dijo que el tribunal estaba listo para juzgar el caso, aun reconociendo cínicamente que los colegas "tuvieron poco tiempo para analizar el caso".
Barroso leyó su informe con un resumen de los argumentos de la procuradora general Raquel Dodge, del Partido Novo y del candidato ultra derechista Jair Bolsonaro, que presentaron impugnaciones a la candidatura de Lula, además de los argumentos de la defensa del petista.
Ubicándose como parte de la casta judicial, el abogado de la alianza del candidato Bolsonaro, lanzó la frase que sintetiza el espíritu de oligarquía reunida en el TSE: "podemos mucho, a decir verdad, podemos todo", antes de ratificar la impugnación de la candidatura de Lula. Los golpistas alabaron sus propios superpoderes.
Raquel Dodge dijo que la "decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU no es de la competencia de la Justicia Electoral y cita jurisprudencia de la Corte Suprema". Así justificó la impugnación de la candidatura de Lula.
Los abogados defensores de la candidatura de Lula argumentaron la legitimidad y el reconocimiento por parte del Estado brasileño de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU. También denunciaron el trato diferencial de Lula con respecto a más de 1.000 otros casos similares en los que los candidatos pudieron hacer campaña y revirtieron su impugnación después de haber sido elegidos. También solicitaron las garantías procedimentales que permitan hacer valer un resultado favorable y apelar uno desfavorable.
El medio local Folha de S.Paulo reconoció que hay cerca de 400 casos similares al de Lula ya analizados por el TSE, en los los candidatos condenados en segunda instancia pudieron hacer campaña, y en el 50% de los casos, la situación cambió hasta la entrega del diploma.
El primer juez a emitir su voto fue Barroso. Abrió su justificación de voto citando a Kant para decir que "había que cumplir su deber", que según él era la "defensa de las instituciones". Este juez, que en la víspera votó a favor de la tercerización irrestricta del trabajo, votó en contra del registro de la candidatura de Lula.
El segundo voto fue el del juez Fachin, único juez que votó a favor de hacer lugar a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el registro de la candidatura de Lula.
Pero luego les siguieron los jueces Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira y Rosa Weber, que votaron contra la candidatura de Lula, consiguiendo la mayoría para la proscripción del candidato del PT. Weber, presidenta del TSE, consideró que la decisión del organismo no es impedimento para que Lula siga en campaña hasta que haya una decisión de la Corte Suprema, a la que el PT todavía puede apelar. Su posición sin embargo quedó en minoría.
Lo que dijeron las candidatas anticapitalistas
Diana Assunção, candidata del MRT a diputada federal por el PSOL en San Pablo, dijo en las redes sociales que "lo que está ocurriendo en el TSE es continuidad del golpe institucional", y agregó "No defiendo el voto del PT pero defiendo el derecho del pueblo a decidir a quién votar".
Maíra Machado, candidata a diputada estadual por el MRT en San Pablo dijo que "Se trata de un veto absurdo, sin cualquier fundamento jurídico, que viola los derechos políticos más elementales de un político que tiene el 40% de intención de voto en Brasil", y agregó que "Si este régimen golpista le hace esto a Lula, ¿qué queda para los trabajadores, la izquierda y los sindicatos?". Finalmente, declaró que "No apoyamos el voto a Lula o a cualquier candidatura del PT. Batallamos por superar la tragedia de la conciliación de clases petista. Pero no cerramos los ojos ante esta embestida de la derecha. Repudiamos todas las leyes que implican más restricciones antidemocráticas. Defendemos incondicionalmente el derecho de Lula a candidatearse, y la primacía de la soberanía popular. Exigimos la caída de toda ley que restrinja ese derecho".
Redacción Esquerda Diário
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