Según La Nación (6/10), se calcula "un ajuste anual en las erogaciones de por lo menos $72.000 millones, según una estimación realizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La contrapartida, claro, es menos dinero en los bolsillos de jubilados y pensionados, respecto de lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente la modalidad de cálculo de aumentos que dispuso la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017." A esto se le debe sumar el “ahorro fiscal” por la suspensión de la movilidad de la Asignación Universal por Hijo, de las prestaciones no contributivas y del salario familiar -del que miles de trabajadores son excluidos por pasarse de los haberes mínimos- y de la postergación de las nuevas jubilaciones, con la excusa de la pandemia.
El ahorro fiscal proviene de los fondos "que los jubilados y pensionados del sistema que gestiona la Anses recibieron aumentos nominales que van de 18,36% a 28,86%, dependiendo del nivel de ingresos, en tanto que, de haberse aplicado la fórmula legal, el incremento habría sido de 35,94%, para todos por igual... El haber jubilatorio mínimo, por ejemplo, llegaría actualmente a $19.126 con la ley de movilidad, mientras que, por aplicación de los decretos, en la práctica es de $18.128. Un haber mensual que al iniciarse el año era de $30.000, por ejemplo, es actualmente de $36.722, en tanto que sería de $40.786 en el supuesto de no haberse suspendido la fórmula. Y el ingreso previsional máximo, que era de $103.064,23 hasta febrero de este año, es ahora de $121.990, mientras que sería de $140.122 por la modalidad de cálculo suspendida" (ídem).
Mientras tanto, la nueva fórmula de movilidad sigue en veremos. Hasta ahora, trascendió que se calcularía entre el crecimiento de la recaudación general y la recaudación real del Anses, en medio de una andanada de exenciones a los aportes patronales y de paritarias no remunerativas o exentas de contribuciones, y de la prórroga a las provincias de la cancelación de los créditos con el Anses. Con la fórmula anterior (70% de la evolución de los precios minoristas y el 30% de la variación de los salarios según el Ripte), "en 2018 y 2019 se produjeron pérdidas de poder de compra de 13% y de 2%, respectivamente. Para este año se preveía una recuperación."
Esta confiscación a los jubilados contrasta con el incremento sideral del gasto público durante los meses de la pandemia, que en casi su totalidad fue a parar al rescate de la clase capitalista: intereses de Leliqs, subsidios ATP, Créditos Fondear, Rogar y las exenciones tributarias. Cómo se observa con claridad, no se trata de una lucha entre economistas liberales y keynesianos, sino entre la confiscación de las jubilaciones al rescate del capital o de la defensa de las jubilaciones en perjuicio del capital.
Pablo Busch
06/10/2020
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