La primera elección, no menor, para este artículo fue el título. Desechamos “la caída de Chacho Álvarez”, porque el 6 de octubre de 2000, el vicepresidente de de la Rúa en el gobierno de la Alianza renunciaba por sus propios fueros abriendo una crisis terminal de la centroizquierda argentina y escribiendo el primer capítulo del Argentinazo que acabó con el gobierno de de la Rúa.
Meses antes, el país y el régimen político entero se veían conmovidos por una denuncia de sobornos en el Senado para hacer pasar la ley de Reforma Laboral que el gobierno integrado por radicales y frepasistas había transformado en un eje estratégico de la etapa post menemista que intentaban dejar atrás. Como se puede apreciar, la agenda de esta Alianza centroizquierdista tejida laboriosamente por Raúl Alfonsín -y de la que se ufanaba de ser su celestino Víctor De Gennaro de la CTA-, en lugar de revertir la ofensiva antiobrera de la década infame menemista, se proponía llevarla hasta el final, pero “sin corrupción”, tal las banderas que llevaron al binomio a la victoria en las urnas.
Un exaliado del degennarismo en los finales de los ’90, Hugo Moyano, denunció las palabras textuales del ministro Flamarique al presentar la ley antiobrera y las dificultades de que pasara por el Senado de mayoría peronista: “para los Senadores tengo la Banelco”. La ley pasó a la historia como la “ley Banelco”. Sus autores serían enviados por la acción de las masas a la banquina de la historia, la ley sería derogada muchos años después, pero sería suplantada por otra basada en los mismos principios de flexibilización laboral, ya en tiempos del gobierno kirchnerista.
Para que no queden dudas del compromiso del ala centroizquierdista del gobierno, el ministro de Trabajo encargado de la operación reforma laboral, sobornos incluidos, era Alberto Flamarique del Frepaso. Doce años después, Flamarique y otros siete personajes de la época irían a juicio oral tras la denuncia en la que se autoincriminó Mario Pontaquarto, secretario parlamentario en el Senado, quien testimonió con pelos y señales el origen y el importe de los fondos del soborno. Salieron de los “fondos reservados” de la ex Side, fueron 5 millones de pesos-dólares (regía la convertibilidad uno a uno) y la valija pasó por los despacho de la Casa Rosada ante la vista del Presidente.
La impunidad, cuestión de Estado
Pero la impunidad de la política capitalista es cuestión de Estado, lo vimos con Menem y lo vemos en la Argentina de nuestros días. Máxime en aquel caso, en una operación en la que estaban involucradas las dos patas políticas del régimen capitalista en la Argentina, que hoy componen la llamada grieta después de innumerables crisis y realineamientos. Entre los sobornados figuraban varios senadores peronistas. La UCR era el partido del Presidente, del Jefe de la Side, el banquero Fernando de Santibañes, y del secretario parlamentario que finalmente denunció todo porque según él no pudo aguantar el peso histórico de haber sido el encargado de llevar la valija desde la Side a la Rosada. El papel protagónico de la centroizquierda ya lo describimos en la figura del ministro de Trabajo. El arco político entero fue parte, excluyendo, desde luego, a la izquierda revolucionaria. A su vez los senadores involucrados no eran cualquiera, entre ellos estaba Augusto Alasino que presidiera el sector peronista de los constituyentes del pacto de Olivos de 1994.
Así las cosas, el juez Daniel Rafecas -propuesto por la coalición de los Fernández y Massa como procurador de la Nación- y Rodolfo Canicoba Corral -ahora renunciante para evitar un juicio por enriquecimiento ilícito- elevaron la causa a juicio de tal forma, en tales plazos y con tal ausencia de pruebas, que el tribunal interviniente valoró que no había pruebas para condenar a nadie y salieron todos absueltos. Todo esto a pesar de la descomunal pista del arrepentido Pontaquarto. Claro, el Tribunal Oral N°3 era el mismo que había absuelto a todos los acusados por la voladura de la Amia. Quienes ahora se rasgan las vestiduras por la Reforma Judicial y los traslados de jueces que entienden en las causas de corrupción del kirchnerismo son los mismos que ejecutaron las coimas de la ley Banelco y que fueron absueltos junto a todos los involucrados en lo que Pontaquarto mismo definió como “la causa más grave desde el retorno de la democracia”. Algunos piensan que ya hay otras más graves aún.
Vale refrescar la memoria de tanta pequeño burguesía que pierde los sábados y domingos en los banderazos por la “transparencia”. La lucha contra la corrupción de la política capitalista y contra la impunidad de las distintas camarillas que se turnan en el control del Estado y sus negocios, para ser llevada a la victoria requiere remover las bases sociales en las que se asienta el régimen político y social. Aquellos cinco millones de dólares pueden ser un vuelto al lado de la plata que corrió en las coimas de Odebrecht o en la causa de los cuadernos con la patria contratista que involucra a 101 empresas de toda la burguesía. Pero la ley Banelco ha incrementado en una proporción incalculable la plusvalía de toda la clase capitalista, al aumentar de manera absoluta la explotación de los trabajadores mediante extensión de la jornada, eliminación de descansos, aumentos de ritmos de producción, reducción de dotaciones, etc.
La Banelco y el movimiento obrero
Los ejes de la ley Banelco fueron claves para la descarga de la crisis capitalista sobre las espaldas de los trabajadores hasta hoy. Sus objetivos centrales eran: la legitimidad de los convenios de empresa que perforen a la baja la legislación general y los convenios marco, extender el período de prueba de los nuevos trabajadores, terminar con la ultraactividad en los convenios -que es su vigencia indefinida si las partes no acuerdan su renovación- y debilitar a los sindicatos de rama habilitando los sindicatos por empresa. El rey de la tercerización, Paolo Rocca de Techint, lideró a la burguesía en la promoción de esta ley flexibilizadora. En medio de la crisis por las coimas del Senado, De la Rúa nombraba secretario de Industria a Javier Tizado del grupo Techint.
Los trabajadores repudiaron la Reforma Laboral. El 5 de mayo y el 9 de junio de ese año el movimiento obrero iría al paro general, de alto cumplimiento en rechazo a toda la política antiobrera del gobierno y contra la flexibilización laboral. En el Cordón de San Lorenzo los municipales desarrollaron una huelga general de 50 días que concitó el apoyo de todos los trabajadores de esa zona industrial. A fines de setiembre se desarrolló un importante congreso de desocupados en Córdoba que replicaba reuniones del mismo tipo en Neuquén, cuando el movimiento piquetero se empezó a organizar a escala nacional, desde los grandes cortes de ruta en Cutral Co en 1996 y Tartagal y Mosconi en 1997, acompañados por puebladas que enfrentaron la masiva desocupación producida por las privatizaciones menemistas. En ese mismo 1997, la histórica ocupación de Atlántida y sus piquetes sería parte de la resistencia al menemismo.
El diciembre de 2000, un congreso realizado en el salón de Fatpren, que el ministro Federico Storani calificaría de “subversivo contra la democracia”, fundaba el Polo Obrero en presencia de distintas representaciones de trabajadores ocupados y desocupados –de Neuquén y Tartagal-Mosconi entre otras-, sentando los lineamientos clasistas, de frente único de clase e independencia política de los trabajadores que iluminaron sus pasos en los sucesos revolucionarios que se sucederían solo un año después. La cuestión de un Congreso de Bases de todo el movimiento obrero, ocupado y desocupado, para quebrar el ahogo de las grandes luchas de la burocracia sindical fue parte estratégica de los puntos elaborados y votados en ese congreso fundacional.
Golpe de gabinete apoyado desde Washington
La renuncia del Vicepresidente, no obstante, fue una operación de crisis más vasta. Se produjo en simultáneo un cambio de gabinete que fue un verdadero golpe de timón. Del gabinete presidido por Rodolfo Terragno quedaron apenas escombros. El jefe de la Side, el banquero Fernando de Santibañes, involucradísimo en el affaire de las coimas, digitó la operación que encumbró Chrystian Colombo, otro hombre de la banca en la jefatura de gabinete, a Patricia Bullrich en Trabajo, que venía de dirigir el Servicio Penitenciario y al hermano del presidente Jorge de la Rúa en Justicia, entre otros.
Se trató de un golpe de la Side para contener la explosión del “Banelco-gate”, pero al mismo tiempo atendiendo a las exigencias de la banca acreedora y de Washington. De hecho Bill Clinton y Tony Blair, el premier inglés, mandaron enviados personales para “sostener al Presidente” ante la crisis institucional. Fueron el inveterado Coti Nosiglia y Santibañes quienes tramaron los cambios de un gabinete privatista y pro capital financiero de digna continuidad de los ‘90. El imperialismo estaba atento, América Latina se sacudía con la crisis, especialmente por el levantamiento obrero y campesino ocurrido en Bolivia.
El renunciante Vice, desairado por completo en la designación, sin embargo se apuró a apoyar al Presidente. Prensa Obrera tituló su tapa “Chacho se va para que De la Rúa siga”. El Presidente seguiría, pero solo un año más, hasta el estallido de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Claro, las medidas del nuevo gabinete se concentraban en el presupuesto para el año del Argentinazo: rebaja de 200 millones en el presupuesto del Pami, eliminación de los subsidios al gas y los combustibles de la Patagonia, reducción de las obras públicas y reducción del 12% de los salarios estatales que ya se había dispuesto. Recordemos que regía la convertibilidad, con la paridad fija de uno a uno del peso con el dólar. Con todo, el presupuesto no alcanzaba, como no alcanzó para pagar los u$s12000 millones de dólares de intereses de la deuda, por lo que serían necesarios nuevos ajustazos contra las masas.
El Chacho renunció, pero acompañó al milímetro el curso adoptado por de la Rúa mandando a sus diputados a votar el presupuesto y las leyes del ajuste, ficcionando la continuidad de una Alianza herida de muerte. Doce años después, cuando se inició el escandaloso juicio de la impunidad, Luis Oviedo escribía en las páginas de Prensa Obrera: “Álvarez se dio tiempo también para impulsar la sanción de una ‘ley de fueros’ – cuya autora intelectual fue Elisa Carrió – como una salida para que el Senado pudiera volver a funcionar, a pesar de las denuncias y de la investigación judicial. Necesitaban que los coimeros de la ley laboral votaran leyes exigidas por el FMI, y principalmente el presupuesto 2001. Álvarez se opuso a la investigación judicial defendiendo la ‘sanción política y no judicial’… meses después intentaría volver como jefe de Gabinete y con Cavallo en Economía”.
El Chacho no volvería más. Pero Cavallo, propuesto por el Chacho, sí. Con él llegaron las historias coloniales del “blindaje”, luego el “megacanje”, todo de la mano del FMI que encubrió una fabulosa fuga de capitales, hasta que estallaría la crisis de finales de diciembre del 2001, con devaluación y voladura de la convertibilidad, corralito mediante. Veinte años después, con otros actores, herederos de las mismas fuerzas políticas fracturadas y rejuntadas, las crisis de 2018, 2019 y ahora, 2020, reproducen la quiebra del país y la impotencia de una clase capitalista con los mismos actores. En diciembre de 2001, mientras las masas de piquetes y cacerolas ganaban las calles, Techint, aliado a Duhalde se restregaba las manos produciendo la megadevaluación por la que venía tejiendo y tejiendo desde hacía dos años por adentro y por afuera del gobierno.
El Partido Obrero no sería un mero espectador en la crisis. Desde la renuncia de Álvarez planteó la Asamblea Constituyente libre y soberana, que poco tiempo después enlazaría con el “Fuera De la Rúa-Cavallo”, para intervenir con una consigna de reorganización económica y social, ante la crisis de poder y el manifiesto ascenso de la lucha popular. Tras impulsar las Asambleas Piqueteras del año 2001, con el Polo Obrero como nave insignia sería fundador del Bloque Piquetero que ganaría las calles con la consigna “Fuera De la Rúa-Cavallo” un mes antes del argentinazo. Y el 20 de diciembre, integramos una columna que enfrentó a la represión durante siete horas hasta la caída del gobierno. Columna que arrancó con el Polo Obrero y el PO, junto a la AGD y el Suteba Matanza, ante la defección de la CTA y la CCC, exaliados en las asambleas piqueteras que priorizarían “la defensa de las instituciones” ante lo que caracterizaron como un golpe de los punteros de Duhalde.
La renuncia del Chacho fue el comienzo del fin de una centroizquierda que había capitalizado políticamente la crisis del menemismo. Hoy, muchos de sus componentes como Carrió y Patricia Bullrich se han pasado al campo de la fracasada derecha macrista, otros son altos funcionarios del gobierno, todos integrados al gobierno que centró su estrategia en el rescate de los bonistas y ahora en el pacto con el FMI en el marco de una nueva crisis mundial. La experiencia de veinte años atrás merece el examen de los luchadores para valorar el papel que la izquierda revolucionaria está llamada a cumplir.
Néstor Pitrola
(1) El autor, en octubre de ese año 2000, siendo congresal de la Federación Gráfica, participó junto al secretario general de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, en un seminario internacional en La Paz en el que participaron, entre otros, Felipe Quispe quien lideró el movimiento campesino en los levantamientos de abril y setiembre en ese país. También fue parte del seminario Álvaro García Linera, a la postre vicepresidente de Evo Morales. Pitrola y Quiroga participaron en diciembre de la fundación del Polo Obrero.
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