El capítulo tabacalero formaba parte del primer proyecto de ley ómnibus y fue uno de los factores que puso en crisis el apoyo de los gobernadores. Su reclamo iba dirigido contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, eximido de impuestos por un amparo judicial desde 2018. El episodio tuvo centralidad en la negociación con los gobernadores, varias veces se habló de retirarlo del proyecto.
La nueva norma establece un aumento de la alícuota de los impuestos al internos al tabaco del 70 % al 73 %. El eje de la disputa consiste en la protección judicial de que goza Otero frente a la ley vigente hasta ahora. La ley actual -que Otero recurrió judicialmente- establece que el precio sobre el que se aplica la alícuota no puede ser menor a un monto fijo que se actualiza por inflación cuatro veces al año. Al fijo se lo llama impuesto mínimo. Algunas empresas, a través de medidas cautelares judiciales, han evitado pagar el impuesto sobre el monto mínimo. Otero apoya la vigencia de una norma que impugnó en la Justicia: de aprobarse su modificación, esa protección se vería desmantelada.
Lobby cruzado
Los diputados salteños tomaron en sus manos la voz de la multinacional Massalin, reclamando contra la “desventaja impositiva” por la que se vería afectada en la competencia con Otero, cuyos productos se venden a mitad de precio al público. Su empresa pasó, en poco tiempo, a acaparar el 40 % del mercado. A diferencia de las tabacaleras instaladas en el norte del país, Otero importa el tabaco desde Brasil.
Según Sáenz, la evasión equivaldría a 1 billón de dólares por año (sic) , equivalente al 0,2 del PBI, según sus dichos. Eliminando la mitad del “privilegio”, argumenta Sáenz, se podría mantener el Fondo Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador del Transporte del Interior. Con el 7 % del precio de cada paquete de cigarrillos del Fondo de Asistencia Social (FAS), sólo en 2023 se dejó de recaudar el equivalente a 600.000 jubilaciones mínimas.
Por otro lado, el dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, es señalado como el principal beneficiario del régimen actual. Así como los gobernadores, Otero también desenvolvió su propio lobby para que no se trate el capítulo fiscal. Semanas atrás, en una publicación de La Nación, se expuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) alertó a la Justicia sobre la fortuna acumulada por Pablo Otero, conocido como el "Señor Tabaco". El patrimonio de Otero habría experimentado un crecimiento sospechosamente exponencial en los últimos 15 años, beneficiándose de dos blanqueos fiscales impulsados por el gobierno de CFK y Macri. Se le atribuyen a Otero vínculos con el "clan Pipkin", una banda criminal dedicada al lavado de dinero y el contrabando.
Qué hay detrás
La magnitud de los choques tabacaleros terminó con una votación nominal, con una acalorada tensión interna en el bloque de Unión por la Patria (UP) y una auditoría interna para verificar si Martín Menem, presidente de Diputados, había adulterado el resultado de la votación. Una judicialización a estas alturas terminaría empantanando la votación en el Senado. La Cámara del Tabaco de Salta no desaprovechó la oportunidad e instó a los senadores nacionales a que aprueben la ley de bases: “confiamos plenamente en que nuestros senadores salteños podrán lograr el acompañamiento de sus pares”.
Massalin, la multinacional que representa Sáenz, ha concentrado en los últimos seis años el procesamiento del tabaco en toda la zona. Es la única que tiene ese alcance luego del vaciamiento de Coprotab y Alliance One, que se dedican solo al acopio. Massalin coloca el 80 % de su producción en el mercado exterior, fundamentalmente en China y Corea. Sin embargo, la mano de obra sigue perdiendo valor. Los salarios de fábrica alcanzan el $1.000.000, pero no llegan a un tercio en otras sucursales. La situación se agrava con los trabajadores del campo, a quienes la inflación y el golpe de estado económico los ha dejado en la línea de la pobreza. Consultado por este medio, el secretario general del Sindicato de Obreros del Tabaco de Salta, Julio Paz, declaró que “no pelean por otra cosa que por las ganancias de las empresas, por una mayor parte de la torta, cuando el obrero pelea por cuándo come. Vivimos en un país de fantasía salarial, no se concibe cómo se puede vivir con pésimos sueldos”.
De aprobarse la Ley Bases en el Senado, Otero comenzará a pagar el impuesto eximido que corresponde a un 73 % de los valores de producción y ventas declaradas ante la AFIP. La Corte Suprema tiene en sus manos una papa caliente que podría resultar en una demanda millonaria contra el Estado. Si la Corte decide que el impuesto es válido, la AFIP podría reclamarle a Otero el pago retroactivo del impuesto; en cambio, si lo declara inconstitucional, puede terminar en una demanda millonaria por parte de Massalin y las grandes tabacaleras al Estado.
Sáenz, sus diputados y los partidos del régimen adornan el asunto con preceptos sobre el “cuidado de la salud por el tabaquismo” -la fuerte carga impositiva, se supone, apunta a inhibir el consumo- y el interés federal, pero finalmente lo que hay detrás es una disputa de camarillas capitalistas del tabaco por una restructuración de la producción y un rescate al gobierno liberticida, por medio de darle “las herramientas” para consagrar un golpe político y antiobrero a través de la cesión de poderes, las privatizaciones y un ataque a fondo contra los derechos laborales y jubilatorios.
Es fundamental desnudar los intereses detrás de estas disputas de camarillas, ajenas al interés de los trabajadores. Es necesaria una lucha frente al gobierno antiobrero de Milei y a quienes han puesto sus huellas en este verdadero golpe político y económico.
Gabriela Jorge
08/05/2024
No hay comentarios.:
Publicar un comentario