Abajo la reforma jubilatoria. Fuera Macron

Que la Intersindical convoque a la huelga general “ilimitada” hasta derrotar al gobierno. La fuerza de los trabajadores está en las calles, no en las maniobras parlamentarias. 

 La situación en Francia se acerca al punto de ebullición. Huelgas masivas, piquetes de ruta, barricadas en las calles de ciudades y pueblos a lo largo y ancho del país. El reclamo contra la reforma jubilatoria se extiende a sus responsables políticos. El gobierno del presidente Emmanuel Macron cruje y, junto a él, el régimen político francés de la llamada V° República. La izquierda que se reclama revolucionaria tiene la responsabilidad de utilizar todos los medios disponibles para extender y llevar al triunfo al movimiento huelguístico y de lucha y transformar esta situación en una lucha por el poder para los trabajadores. 

 Los de arriba no pueden

 El régimen utilizó todo el peso de sus instituciones para contener a la clase obrera, pero fracasó. Las luchas en las calles rebalsaron el control de la burocracia sindical. Del grito contra la reforma jubilatoria se pasó al reclamo por mejoras salariales y a la exigencia de renuncia del gobierno.

 La tratativa parlamentaria tampoco zanjó la crisis. El gobierno rechazó la oferta de componenda de la oposición -el Nupes de Jean-Luc Mélenchon, el Partido Comunista, etc.- que adaptaba el articulado de ley a una reforma “con rostro humano”. Sin los votos necesarios para su aprobación, y recurriendo al decreto presidencial (el llamado “artículo 49.3”), Macron avivó las llamas de la rebelión. 

 En respuesta, el lunes 20 fueron presentadas dos mociones de censura en el parlamento con el fin de hacer caer el gobierno. El bloque encabezado por Nupes estuvo a 9 votos de lograrlo. Además de propios y aliados, sumó a un sector de la derecha liberal que está tomando distancia de Macron, y a la ultra derecha de Marine Le Pen, cuya moción de censura conquistó menos apoyos. Esta votación debe ser anotada como un planteo de rescate del régimen, delineando un armado frentepopulista sin límites a la derecha. También, el plebiscito lanzado por Nupes que, como el del 68, busca desviar la pelea al terreno institucional. 

 Los de abajo, ¿quieren?

 Las jornadas vienen mostrando una tendencia a la radicalización y a la maduración política. El centro de la actividad está decididamente en las calles. Existen sectores sindicales que están virtualmente en paro indefinido. Los piqueteros franceses tomaron las icónicas avenidas de París y bloquearon las rutas que conectan a los aeropuertos y a las principales ciudades. Los activistas de “primera línea” montaron barricadas contra la represión de las brigadas de la CRS y otras fuerzas policiales. Cada día cobran más fuerza las consignas por la huelga “ilimitada” (huelga general indefinida) y por la caída del gobierno.

 Para que la lucha se defina en las calles, y no en el recinto cerrado del parlamento burgués, es necesario plantear que la Intersindical, que concentra la representación del movimiento obrero, convoque sin dilaciones a la huelga general “ilimitada” –indefinida- para que se retire el proyecto de jubilaciones y, con él, que se vaya el gobierno de Emmanuel Macron, responsable de la aplicación de las políticas de austeridad de la “troika europea” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). La Intersindical está bloqueando esta perspectiva atada a la política de la oposición parlamentaria y viene dilatando en el tiempo las medidas de fuerza.

 En este contexto, es necesario impulsar a fondo todas las instancias de autoconvocatorias y coordinación de los sectores en huelga, que será la forma de imponerle la huelga general a la Intersindical o en su defecto erigirse como la fuerza dirigente del movimiento, en tanto la Intersindical se mantenga en su posición contemporizadora. 

 El reclamo de huelga general dirigido a la Intersindical -y el impulso, en ese marco, de las iniciativas de lucha de los sectores más aguerridos del movimiento obrero- no puede ser reemplazado por autoproclamaciones de una pequeña nómina de delegados combativos, como defienden algunos sectores de la izquierda. La tendencia a encapsularse sobre sí mismos al igual que la negativa a plantear el “Fuera Macron” esconde la aprensión ante un proceso de alcances históricos, aunque con una dirección (la Intersindical) totalmente ajena y hostil a una estrategia de independencia de clase.

 Eludir estos debates le regala un terreno de demagogia a las variantes de recambio burgués, que hacen del eje contra Macron su fuerza aglutinadora. El retiro del proyecto de jubilaciones y el Fuera Macron debe ir acompañado de una delimitación con las variantes burguesas y el impulso de los reclamos reivindicativos transicionales más sentidos. Son los trabajadores en lucha y sus organizaciones de clase -no los políticos capitalistas- quienes están llamados a suceder a Macron. 

 Ecos del 68 

 La intervención masiva de la clase obrera de Francia, haciendo uso de sus organizaciones históricas, está imponiendo una huelga general en los hechos. Con su iniciativa, amalgama detrás suyo a las clases explotadas de la nación, como se registra en los apoyos de los sectores más precarizados –al estilo Chalecos Amarillos- o en la juventud. 

 La acción directa de los trabajadores mostró la caducidad del régimen de la V° República Francesa y pone en tela de juicio la pretensión de Macron de relanzar el imperialismo francés en momentos de declinación histórica del capital. Pero también está indicando cómo combatir a la ultraderecha y a los fachos, que no logran levantar cabeza ante el ascenso de las luchas. 

 Como en las barricadas del Mayo Francés de 1968, que también incluían el reclamo contra el aumento de la edad jubilatoria, la defensa de las conquistas reivindicativas está desenvolviendo el problema del poder. Y, por lo tanto, el del partido revolucionario. 

 Con huelgas generales también en Reino Unido y en Grecia, y acciones de masas en España, Bélgica y Alemania, la clase obrera francesa puede encender la chispa en toda Europa.

 Luciano Arienti

Las horas más oscuras de la crisis bancaria

La pregunta hoy es quién será el próximo en caer.

 La ola de pánico en los mercados desatada por la quiebra del Sillicon Valey Bank, un importante banco de Estados Unidos, no se detiene. Al contrario, por su duración se asemeja más a una maratón bancaria antes que a una corrida. Luego de sufrir la bancarrota más importante desde 2008, los operadores bursátiles empezaron a revivir los recuerdos de otros momentos catastróficos a sabiendas de que el banco californiano fue la primera pieza caída en un escenario extremadamente frágil, antes que un caso aislado. Sus certezas no tardaron en ratificarse. Pocos días después de la nacionalización de los depósitos del SVB realizado para contener el contagio y a pesar de que los propios bancos se ofrecieran a inyectar liquidez en el First Republican Bank para salvarlo, las malas noticias llegaron del otro lado del Atlántico. 

 Se trataba del Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, cuya insolvencia venía siendo un secreto a voces y cuya credibilidad caía al ritmo de sus acciones. El Banco Central Suizo y el gobierno de ese país intentaron llevar tranquilidad con anuncios que no causaron el menor efecto. Finalmente, terminó siendo absorbido por el principal banco de Suiza, el UBS, sin que esta medida sirviera para calmar a los mercados que castigaron severamente la operación. 

 La situación de los bancos a nivel internacional es una enorme ruleta rusa, en la cual todos los test de estrés se han quedado cortos a la hora de recrear una situación como la que se vive en la realidad. La pregunta, en la actualidad, pasa más por ver quién será el próximo, antes que si habrá más quiebras o no. Es que el manejo de la inflación por parte de los bancos centrales ha expuesto buena parte de la fragilidad que se ocultaba detrás del dinero barato y las bajas tasas de interés. Además, es sabido que no se trata solamente de los bancos, sino que son miles las empresas zombis que sobrevivieron exclusivamente gracias a esa liquidez extrema y que, al terminarse esa política, están al borde de la quiebra. 

 En estas horas, el principal candidato a sumarse a la lista de quebrantos es nada menos que el Deutsche Bank, el banco más grande de la primera potencia europea. Sus acciones cayeron un 13% en las primeras horas del viernes, mientras que lo hacen en un 24% durante marzo. Los principales bancos centrales (y Estados) del mundo discuten qué hacer frente a esta situación porque si bien es un banco too big to fall (demasiado grande para caer) también es too big to save (demasiado grande para ser salvado). Los seguros contra default del banco se han disparado a niveles inéditos, mostrando la necesidad de cobertura frente a lo que podría ser la quiebra bancaria más grande de la historia moderna, no solo por su capital, sino por su importancia política. 

 El pánico en los mercados ha llevado a un retiro masivo de depósitos, sometiendo a los bancos a graves problemas para responder a esa demanda. Para tomar dimensión de este fenómeno alcanza con repasar dos datos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por un lado, la caída del valor de las acciones de los bancos, que en lo que va del mes supera los 229.000 millones de dólares, por el otro, más grave aún, la cantidad de dólares extraído de las cuentas en las últimas dos semanas alcanzó la suma de 5,13 billones de dólares, el más elevado desde abril de 2020, el momento más incierto de la pandemia.

 Cuando los ahorristas consideran que el banco no es lo suficientemente confiable para dejar su dinero ahí y se lo llevan de manera generalizada, se habla de una corrida bancaria y muchas veces esa desconfianza es la que termina produciendo la quiebra. En este caso, por la dimensión de las instituciones en jaque, está seriamente comprometido el presente y el futuro del sistema financiero mundial. 

 Es fundamental, en estas instancias, no analizar los hechos aislados como hacen los economistas vulgares o la izquierda con una comprensión superficial de la crisis mundial. Por el contrario, se trata de ver la película, la sucesión y concatenación de hechos que nos permiten comprender la continuidad de la crisis, la etapa histórica en que se desarrolla y cómo la euforia bursátil que precedió a este quebranto era una parte necesaria de él. Es la dinámica de la crisis capitalista, algo que los impresionistas de siempre son incapaces de incorporar en su análisis. 

 La moneda en el aire de la FED 

En medio de este cataclismo, el último miércoles todos los focos del mundo financiero se encontraban en el anuncio de la Reserva Federal norteamericana (el banco central de Estados Unidos) sobre cómo continuaría su política de tasas de interés. La decisión no era en absoluto sencilla, ya que ese dato tiene una influencia a escala planetaria y la expectativa estaba en si daría por concluida la fase de subas para dar lugar a algunas flexibilizaciones en materia monetaria en medio del tembladeral financiero de las últimas semanas.

 Si bien Jerome Powell (titular de la entidad) había ratificado hace pocos días frente al congreso que la hoja de ruta trazada seguiría su camino, en el medio “pasaron cosas”. 

 Continuar con la suba de tasas como se hizo durante las ocho reuniones anteriores implicaba prácticamente condenar a la quiebra a muchos de quienes coquetean con el abismo; comenzar ahora la reversión de esa política era dar por perdida la batalla contra la inflación cuando aún es elevada.

 Finalmente se optó por un punto intermedio entre el 0,5% que supuestamente aumentaría y la pausa a las subas que muchos reclamaban, aumentando 0,25%. Una medida para ganar un poco de tiempo y “desensillar hasta que aclare”. El gran problema es que tan solo 48 horas después de anunciada la medida, lejos de aclarar, parece estar armándose un verdadero tornado.

 Al mismo tiempo que subía la tasa, la FED amplió en las últimas semanas su hoja de balance (emitir dólares) a una velocidad récord que, como ya hemos visto, no sirvió para tranquilizar la estampida financiera. Una política contradictoria producto de un escenario por demás intrincado en donde cualquier movimiento puede hacer explotar todo por los aires. 

 El Banco Central Europeo, por su parte, también decidió la semana anterior seguir subiendo la tasa, prefiriendo la recesión y la desinflación antes que la estabilidad financiera. Muchos advierten que las medidas de ambas instituciones son erróneas y que rápidamente tendrán que revertirlas, devolviendo liquidez al mundo a costa de convivir con la inflación más alta en décadas por bastante tiempo. 

 Es que, más allá de una determinada política monetaria o de estímulos financieros, lo que ha salido a la luz -una vez más- es la incapacidad del capital para recuperarse de la crisis. Un régimen social caduco no se repone con un alza de los índices bursátiles ni con el crecimiento del nivel de actividad. 

 No alcanza con los ataques a la clase trabajadora (que los resiste a lo largo y ancho del planeta) para recomponer la tasa de ganancia genuina, no ficticia. La destrucción de capitales a gran escala, necesaria para esa recomposición, ha sido esquivado de manera sistemáticamente por la burguesía, debido a las consecuencias absolutamente gigantescas y explosivas que significaría. 

 Gastón Fux

A veinte años de la invasión yanqui de Irak

Tony Blair, George Bush y José María Aznar, tres de los presidentes que lideraron la invasión 

Las "armas de destrucción masiva" que nunca existieron y la devastación del país por parte del imperialismo.

 Hace veinte años, un 19 de marzo de 2003, una coalición encabezada por Estados Unidos lanzaba la invasión de Irak, dando paso a una guerra que dejó más de medio millón de iraquíes muertos, en su mayoría civiles, y millones de desplazados. 

 El pretexto fueron las “armas de destrucción masiva” que supuestamente poseía el régimen de Saddam Hussein, lo que ameritaba, según el presidente norteamericano George Bush jr., un ataque “preventivo”. El 5 de febrero de 2003, el secretario de Estado, Colin Powell, expuso la acusación ante la asamblea de Naciones Unidas, cuando el operativo ya estaba en marcha.

 El objetivo real era el petróleo iraquí y, más en general, el control político y económico de Medio Oriente. Para despejar toda duda al respecto, vale decir que las famosas armas de destrucción masiva no se encontraron jamás.

 Las tropas yanquis y británicas, que ingresaron desde Kuwait, pudieron avanzar con bastante velocidad y para el 9 de abril, los primeros tanques llegaron a Bagdad. 

El gobierno de Saddam Hussein (quien sería ejecutado en 2006) se desplomó, y en su lugar se colocó una administración fantoche de los Estados Unidos. Sin embargo, el conflicto no se terminó. La coalición imperialista no pudo estabilizar el territorio, donde estalló una resistencia a los ocupantes, y debió mantener sus tropas hasta 2011. Ese año, el presidente Barack Obama anunció el fin de la “Operación Libertad”, pero apenas tres años más tarde tuvo que volver a enviar soldados (que se mantienen hasta hoy), cuando a todos los dolores de cabeza del imperialismo en la región se sumó el desarrollo del Estado Islámico. 

 A diferencia de la guerra anterior con Irak, en 1991, cuando Washington pudo alinear fácilmente a los países europeos, la segunda vez se topó con mayores dificultades. Sumó el apoyo del Reino Unido (gobernado entonces por el laborista Tony Blair) y de España (bajo el mando del derechista José María Aznar), pero no de Francia y Alemania, que sí se habían plegado a la invasión de Afganistán en 2001.

 El ataque desató grandes movilizaciones populares de repudio en todo el mundo, incluyendo Argentina, donde participaron el movimiento piquetero, las asambleas populares y la izquierda. Las luctuosas fotos de los prisioneros apilados y desnudos en las celdas de Abu Ghraib, que dieron la vuelta al mundo en los primeros años de la guerra, desplomaron la imagen de Estados Unidos, en especial en el mundo árabe. 

 El empantanamiento en Afganistán y el pandemónium iraquí marcaron un debilitamiento de la hegemonía yanqui en el mundo. Junto a Corea del Norte, eran los dos países que la Casa Blanca había calificado en 2001, en términos maniqueos, como el “eje del mal”. Un intento de justificar no solo la devastación bélica, sino también el cercenamiento de las libertades democráticas en los propios Estados Unidos, bajo el argumento de protegerse del “terrorismo”.

 Régimen político 

Para tratar de ordenar Irak, donde el ejército de Hussein había sido disuelto y pululaban milicias de todo tipo, se estableció una nueva Constitución (2005) y un reparto del poder entre los distintos clanes. Tomando como base el modelo libanés, el cargo de primer ministro recayó en un chiíta, la jefatura del parlamento en un sunita, y la presidencia en un kurdo. 

 Este esquema de reparto de poder, al igual que el del Líbano, entró en crisis como fruto de las luchas faccionales y del creciente repudio de la población, hastiada de la corrupción, el empobrecimiento y el derrumbe de los servicios (apagones energéticos, falta de agua potable). En 2019, un levantamiento popular volteó al gobierno de Adel Abdul Mahdi. 

 En octubre de 2022, después de una atribulada lucha faccional, el parlamento votó como primer ministro a Mohammed Shia al Sudani, del chiíta Marco de Coordinación, con el apoyo del resto del establishment político. Pero el grupo de Muqtada al-Sadr, un clérigo del mismo origen que tomó el hemiciclo en el curso de la crisis política, boicoteó la sesión y se mantiene en la oposición al nuevo gobierno. 

 Consecuencias

 Los ajetreos de las guerras de Afganistán e Irak le costaron la reelección a Bush hijo, pero también complicaron a sus sucesores en el cargo -Obama y Donald Trump. El financiamiento de la invasión iraquí (en 2007 llegó a haber 170 mil soldados apostados) contribuyó a un salto de la deuda pública norteamericana como proporción del PBI, según el proyecto Costs of War (El País, 20/3), agravando el problema del endeudamiento de la principal potencia mundial. Solo se vio favorecido un puñado de compañías que lucraron con los hidrocarburos y la reconstrucción del país, azotado por los bombardeos.

 Irak, en tanto, quedó destruido por la guerra y nunca se recuperó. Y, si bien Washington mantiene tropas en la zona e influye sobre el gobierno, Irán ha ganado posiciones, e incluso operan en la región milicias que responden a Teherán. 

 La expulsión del imperialismo de Medio Oriente y una federación socialista de pueblos de la región son consignas vigentes frente a esta situación. 

 Gustavo Montenegro

El estado sionista atraviesa algo más que una crisis política

Hace diez 10 semanas que se desarrolla, sin solución de continuidad, una movilización popular que no deja de crecer, pero por sobre todo una fractura en el aparato del estado, incluidas especialmente las Fuerzas Armadas y el aparato de Seguridad. Un oficial del ejército planteó, según el diario Haaretz, un dilema que no puede ser más fundamental: ¿a quién deben obediencia los militares, al gobierno o a la Corte de Justicia?

 Con la formación de un gobierno de coalición ultraderechista del fundamentalismo religioso, encabezado por Benjamín Netanyahu, fue puesto a consideración del Congreso un proyecto de ley que no es nuevo. Se trata de otorgar al Parlamento la facultad de anular las resoluciones de inconstitucional que dicte la Corte Suprema. Para los críticos, el Estado enfrenta la posibilidad de convertirse en una dictadura parlamentaria.

 Detrás del biombo jurídico, lo que está en juego es la decisión de la derecha de imponer una serie de privilegios para la camarilla gobernante y para el fundamentalismo religioso ultraderechista que no serían aceptados en ningún otro lugar del mundo. La Knesset tendría la facultad de anular una resolución judicial que acabe condenando a prisión al mismo Netanyahu, por la comisión de actos de corrupción harto comprobados en todas las instancias judiciales. Más severamente, sin embargo, los fundamentalistas reclaman un cupo de poder en todas las esferas del estado, con independencia de que reúnan las condiciones para ello. Esto ha levantado la oposición de todos los sectores del capital tecnológico, que no conciben la contratación de personal carente de conocimientos en la materia; en ingeniería o en ciencias biológicas. Se ha formado un lobby de la gran empresa para impedir que se prive a la Corte de declarar la ilegalidad o inconstitucionalidad de semejantes anormalidades, que el sector rabinítico defiende como “una discriminación positiva”. 

 La abolición de lo que se ha denominado “la división de poderes”, ha llegado al rojo extremo en las Fuerzas Armadas. En este caso, tiene lugar una anormalidad singular, porque los rabinos y los estudiantes para rabinato se encuentran exentos del servicio militar o de cualquier otra actividad productiva. Es realmente una casta que vive del estado. Pero ahora pretende algo más: la prioridad para incorporar a las fuerzas armadas al sector religioso de la población o apadrinado por el rabinato, en tareas no militares, por ejemplo, administrativas. Esto ha provocado acciones de fuerza de parte de la reserva militar, en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En Israel, la reserva desarrolla actividad periódica de entrenamiento militar y es personal de reemplazo inmediato. Según informaciones, serían inminentes las protestas del personal conscripto – en definitiva, un cuadro de insubordinación abierto. Biden y las grandes corporaciones internacionales han reclamado a Netanyahu que descarte esas iniciativas. Ayer, sin embargo, el proyecto de ley que convierte a la Corte en figura decorativa, fue aprobado en primera lectura por una diferencia de seis votos.

 Los protagonistas en presencia son todos de filiación sionista, o sea defensores de un Estado que se basa en la expulsión, confiscación y hasta limpieza étnica de la población árabe-palestina. La Corte victimizada por Netanyahu ha avalado miles de confiscaciones y hoy mismo prohíbe la construcción de viviendas por parte de palestinos en Jerusalén Este, un territorio ocupado por el estado sionista. Ha admitido el avance de la colonización sionista, fundamentalmente de colonos fundamentalistas y ultraderechistas. Para la derecha, sin embargo, es decisivo abolir el control de constitucionalidad de la Corte, porque ésta actúa condicionada a tratados o resoluciones internacionales que limitan la confiscación de tierras ocupadas por palestinos. Los ministros de Netanyahu se han prodigado en reclamar la extensión del sionismo a toda la Cisjordania y al actual reino de Jordania. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad se verían obligadas a acatar órdenes que van más allá de de sus propios diseños estratégicos, que están concentrados en la lucha contra Hezbollah y las milicias iraníes en Líbano y Siria, y en defender las alianzas con los estados y monarquías árabes. La agenda sionista del estamento militar no coincide con la del fundamentalismo.

 El fundamentalismo ha planteado también revisar la condición judía del Estado sionista, en el cual viven árabes israelíes y judíos de matrimonios mixtos. El fundamentalismo reclama que se reconozca la ciudadanía sólo a judíos ‘puros’ o con elevado grado de ‘pureza’. El fundamentalismo recurre para definir la ciudadanía israelí el mismo método que utilizó el nazismo para quitarle la ciudadanía alemana a los judíos, años antes de la masacre directa y las cámaras de gas. Este punto, en apariencia aberrante, es sin embargo sustancial, porque defiende un estado de base racial. En lugar de pueblo portador de un mensaje universal, de acuerdo al relato bíblico, el sionismo convierte al judaísmo en un nacionalismo racista. No solamente esto: el fundamentalismo sionista recibe apoyo del fundamentalismo evangélico norteamericano, de raigambre antisemita, como ocurre también con todo el círculo áulico de Donald Trump. 

 La crisis ‘constitucional’ en Israel es sobre otra cosa. 

 Jorge Altamira 

 24/03/2023

Una democracia heredera de la dictadura

Un legado de sometimiento al FMI y al imperialismo, con leyes y negocios antiobreros. El próximo aniversario del 24 de Marzo y los 40 años de regreso de la democracia plantean una mirada retrospectiva respecto a la herencia de la dictadura cívico-militar y la continuidad de un legado nefasto, al servicio del sometimiento al FMI y el imperialismo, y con la continuidad de cientos de leyes y negocios antiobreros. 

 La madre de todas estas políticas de la dictadura, aseguradas por la transición democrática, es el salto en el endeudamiento externo, pasando de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones (según datos del Banco Mundial), con la estatización de deuda privada y un FMI que desembolsó los primeros fondos tan solo 48 horas después del golpe militar.

 A esto se agrega la continuidad del andamiaje jurídico del último gobierno de facto, calculado en alrededor de 417 leyes (10% del total) que hoy se encuentran vigentes. Mientras que se estima que una de cada cuatro leyes (998) no tienen orígenes democráticos. 

 Entre las leyes de la última dictadura que aún persisten se encuentra la Ley de Entidades Financieras, que sirvió al propósito de desregular los negocios de la banca privada extendiéndose a los negocios financieros, el cobro de comisiones y aranceles, y ampliar su incidencia en la economía. Esto conllevó la disminución de las entidades financieras de 725 a menos de 80, suprimiendo muchas cooperativas y quedando en pie un puñado de bancos privados. 

 Siendo el tema represivo un punto sensible de todo 24 de Marzo, a la fecha subsiste la Ley Orgánica para la Policía (firmada por Aramburu) y la Ley Para el Personal de la Policía (rubricada por Videla), ambos instrumentos al servicio de la impunidad policial, los abusos y el gatillo fácil. Mientras la primera introduce las “detenciones por averiguación de antecedentes”, la segunda justifica el accionar policial fuera de servicio, entre otras cosas.

 La “normativa” de la dictadura también instruye un Régimen Penal de Minoridad persecutorio y discrecional. 

 Además, sanciona beneficios excepcionales para el clero, como salarios equivalentes a los de los jueces, subsidios, etc.; la potestad de vender propiedades públicas sin aval del Congreso; y favorece la penetración del capital foráneo por medio de la Ley de Inversiones Extranjeras. 

 La herencia represiva de la dictadura tambiens e expresa en la creciente criminalización de la protesta social, con la persecución y judicialización contra los activistas y luchadores por parte del gobierno nacional, los gobernadores y la Justicia, por oponerse justamente al legado y la actualidad de una deuda externa y un plan económico dictado por el FMI que lleva a millones de trabajadores a la ruina. 

 Este 24 de marzo movilizamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y con el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad contra este legado de sometimiento contra los trabajadores. 

 Marcelo Mache

La confiscación ‘nacional y popular’ acelera el derrumbe económico

Se oxida el ‘ancla’ del FMI.

 La confiscación de los activos en dólares que han perpetrado los Fernández y Massa contra un centenar de organismos públicos, muy especialmente Anses, no solamente no contiene ni atenúa la insolvencia del Estado ni la inflación. Como lo demuestra el derrumbe en la cotización de la deuda en dólares, que ya se encontraba antes a precio de default, la crisis financiera se ha acentuado. 

 Es que la operación desfalco permite financiar el déficit fiscal sin recurrir a emisión del Banco Central y ofrece recursos para poner un coto a la disparada del dólar en los mercados paralelos. Pero no incrementan ni un poquito las reservas monetarias internacionales del Banco Central. Los Fernández y Massa han incautado activos en dólares, pero no dólares billetes, que es lo que piden los importadores y las compañías que deben girar al exterior utilidades, servicios e intereses. Para convertirse en divisas, los bonos expropiados deben ser canjeados por dólares billetes, que para un país insolvente significa malvenderlos a precios peores que los actuales. El sólo anuncio de que el Tesoro nacional se adueñaba de los 35 mil millones de dólares que se encuentran en el activo de entidades del estado produjo un derrumbe de los títulos en dólares – de 30, 25 centavos. Esta desvalorización se produjo aun cuando el gobierno anunció que retiraría de circulación 4 mil millones de bonos en dólares que se rigen por legislación extranjera. El propósito es que los organismos públicos vendan esos bonos a cambio de pesos para financiar el déficit de las cuentas públicas. Si se observa con cuidado el Tesoro pasa a emitir pesos, por medio de una deuda que contrae con las entidades del estado, en lugar de que lo haga el Banco Central. Esa mayor circulación de pesos, que reemplazan a los bonos en dólares que estaban inmovilizados en las arcas de Anses, Banco Nación, fideicomisos, etc. no sólo financiará el déficit fiscal sino la suba de los precios. Porque para que una suba de precios de producción se confirme en el mercado y luego en la góndola, debe haber pesos disponibles para el intercambio.

 Ahora, con una inflación que no cede, ¿es posible contener la cotización del dólar, por más bonos en dólares que se vuelquen a los mercados paralelos?

 Desde un punto de vista social, las medidas del trío ‘nacional y popular’ financian una salida de dinero al exterior a un tipo de cambio paralelo que la inflación hace más barato. Pero nada de todo esto permitirá liberar importaciones o aumentar el rédito de las exportaciones, o sea financiar la actividad de la economía. La consecuencia es una recesión que se refuerza por la nueva suba de la tasa de interés anunciada el jueves. ¿Detiene, al menos, la hiperinflación? A la larga no, pero probablemente tampoco a corto plazo. La situación creada provoca incertidumbre en los ahorros que se encuentran en los bancos. La suba ininterrumpida de la tasa de interés no sólo representa una promesa de mayor beneficio al depositante, sino también la evidencia de que esos depósitos no tienen activos bancarios que los garanticen. Fue lo que provocó el corralito bancario en diciembre de 2001. Es lo que ocurre a nivel internacional, donde los depositantes desprecian los aumentos de la tasa de interés, designados para beneficiarlos, porque desconfían de la realidad del valor de los activos que deben sostenerlos. Concluyendo esta nota, los cables anuncian el derrumbe de las acciones del Deustche Bank – más importante que el Credit Suisse – y un encarecimiento de los seguros contra un default. 

 El FMI advierte que la situación es terminal. Saluda la expropiación de los jubilados y los contribuyentes, porque son pasos hacia la reforma previsional y tributaria que tiene inscripta en su carpeta desde hace largo tiempo. Pero advierte que la caída en picada de la cotización de la deuda externa reestructurada por Guzmán es un indicador de que Argentina no podrá pagar los intereses que caen en 2023 y 2024. Esto arrastra a la deuda en pesos y a las Leliq – equivalente a unos cien mil millones de dólares – y escalando.

 Está a la orden del día el desafío que el desplome bancario plantea a los trabajadores. Nuestras vidas o sus ganancias. 

 Jorge Altamira 

 24/03/2023

24 de Marzo // Multitudinaria movilización a Plaza de Mayo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

No es un 24 de Marzo más // Marchemos con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Los empresarios de la dictadura

¿De dónde viene la deuda de Argentina?

La lección de Gary Lineker

La defensa de los refugiados. 

 Días atrás, en Gran Bretaña, Gary Lineker, uno de los grandes de todos los tiempos del fútbol inglés y actual presentador del programa deportivo más popular y duradero de la BBC (lleva 24 años al aire) —"Match of the Day"— twiteó que los planes del gobierno británico para deportar refugiados “no son muy diferentes a los utilizados por Alemania en los años 30”. 

 Los ´demócratas´ de todo pelaje saltaron como leche hervida y desde el gobierno tory —que impulsa esos “planes”— el ´glorioso´ jugador pasó a ser poco menos que un ´traidor a la patria´. El gobierno exigió a la BBC que fuera suspendido; la TV oficial acató. 

 “Lo que siguió —informa Anshel Pfeffer en Haaretz, 16/3— sorprendió a todos, ya que los copresentadores y comentaristas de Lineker, ex jugadores como él, anunciaron que tampoco saldrían al aire. Los jugadores actuales tampoco darían entrevistas después de los partidos del sábado, dejando que la BBC transmita un programa truncado de 20 minutos con solo goles de los partidos y sin comentarios de ningún tipo … Al darse cuenta de que la suspensión fracasó, Lineker volvió a su asiento, con sus derechos de tuitear intactos”. 

 Sobre el tema valen dos consideraciones. Primero, contra lo que indica la prédica democrática´ prevaleciente en círculos políticos, y especialmente dentro del llamadomundo progre`, el Holocausto no puede ser reducido a una mera “memoria histórica” o, de otro modo, a “momento único”. Si de algo vale la memoria es como enseñanza para el presente, especialmente cuando la experiencia histórica revela que los métodos del fascismo renacen sistemáticamente hoy. La comparación de Gary Lineker es, en este sentido, absolutamente válida, por supuesto respecto a Gran Bretaña —tropas británicas participaron de los abusos de todo tipo en la tenebrosa cárcel de Abu Ghraib de Irak. Ni hablar de su validez a escala mundial: los gobiernos de Obama, Trump y Biden con los inmigrantes centroamericanos, deportados por millones.

 La segunda observación, es más de detalle, pero no menos importante. A la analogía de Gary Lineker debería hacérsele una pequeña corrección. En la década de 1930, era el gobierno de Su Majestad el que intentaba impedir que los refugiados se pusieran a salvo. De hecho, el propio rey Jorge, el abuelo del actual Carlos, estaba tan indignado ante la idea de que los judíos llegaran a Londres para marchar a Palestina bajo mandato británico que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Lord Halifax para que pidiera a Berlín que impida que los judíos se fueran. Esto fue menos de cinco meses antes de que Gran Bretaña declarara la guerra. 

 O sea, Gran Bretaña repite su historia nefasta frente a los refugiados: ayer contra los judíos europeos víctimas del fascismo; hoy contra africanos, sirios y asiáticos. 

Norberto Malaj 

 23/03/2023

24 de Marzo: ¡Abajo el ajuste y el FMI! Huelga general

El fracaso de Massa´ es cada día más evidente. El desfalco de la Anses es el último acto de prestidigitación de un gobierno y un Estado quebrados. La expectativa de que el ´superministro´ fuera la tabla de salvación electoral de la coalición de ´Todos´ comienza a disiparse. La clase capitalista, sin embargo, ve en esta bancarrota la oportunidad de apropiarse de activos y recursos a precio de remate. Por lo pronto, las importaciones subsidiadas, la brecha cambiaria y la desvalorización del salario han sido la miga de la ´reactivación´ posterior a la cuarentena.

 El ´plan durar´, apuntalado por el FMI, se proponía postergar para después de las elecciones un estallido hiperinflacionario y una nueva cesación de pagos, como preámbulo de una reestructuración social reaccionaria y una seguidilla de reformas -previsional, tributaria y laboral- contra la población que vive de su trabajo. La aceleración de la crisis pone en duda que este choque de fondo se dilate en el tiempo. Las combinaciones electorales de la burguesía discuten cómo neutralizar una rebelión popular en el marco de un panorama internacional cruzado por rebeliones populares, bancarrotas financieras, crisis políticas y una guerra mundial. Debaten alternativas que van de un gobierno de coalición a una militarización del Estado.

 Este 24 de Marzo, la lucha contra el empobrecimiento de la clase obrera, la precarización del trabajo y la superexplotación laboral, con jornadas de 12 horas y "bonificaciones" que atan al trabajador a metas de producción o presentismo, está a la orden del día. La burocracia sindical actúa como centinela de un pacto del gobierno con el FMI que incluye el plato fuerte de una hiperinflación y una devaluación masiva. Para enfrentar al ajuste de los ajustes, la salida no es reclamarle a la burocracia un ´plan de lucha´, sino la huelga general desde abajo. Es el método que ha marcado las grandes luchas del último período –desde los ´elefantes´ de la Salud de Neuquén hasta los docentes bonaerenses y sus paros autoconvocados-; de la lucha de los residentes y concurrentes porteños a la de los trabajadores del neumático. Los aprestos represivos -incluidos el espionaje y la infiltración de las organizaciones populares- son la respuesta de los gobiernos de turno a esta situación explosiva. 

 El 24 de Marzo recoge una tradición de la clase obrera iniciada el mismo día del golpe, con huelgas y paros contra los golpistas, una resistencia que se manifestó durante toda la dictadura. Casi medio siglo de movilizaciones contra la impunidad y por el castigo a los represores representa una hipoteca irremontable sobre la clase social que conjuró y financió a los genocidas.

 Las tentativas de estatizar esta fecha, feriado incluido, forman parte de un operativo de ´reconciliación´ que denunciamos: los partidos de la ´democracia´ del punto final, la obediencia, el indulto y el gatillo fácil, colaboraron con los dictadores militares. El acto que prevén los K será una celebración oficialista, en momentos en que el gobierno aplica la política del Fondo Monetario. 

 Política Obrera se movilizará junto a las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia con estas banderas, honrando una trayectoria de 60 años de lucha bajo dictaduras y gobiernos "democráticos". 

 Jacyn 

 22/03/2023

El gobierno kirchnerista confisca 35 mil millones de dólares de fondos estatales para rescatar la deuda pública

Massa, una candidatura cada vez más cara. Como las reservas líquidas en dólares del Banco Central han quedado reducidas a algo así como 1.500 millones, el trío oficial -los Fernández y Massa- ha decidido intervenir las reservas internacionales de unos cien organismos estatales, en especial Anses, que tienen una caja de 35 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública. 

 Esta montaña de dólares en títulos públicos fueron acumulados a través del pago de la deuda externa por parte del Tesoro nacional con los dólares en efectivo de esos organismos. Se produjo un cambio de acreedores: de los privados a entidades del Estado. El kirchnerismo difundió esta operación como un “des-endeudamiento”, porque convertía en interestatal a una parte elevada de la deuda pública externa. Los ‘des-endeudadores’ recorren ahora el camino inverso: despojan a los organismos públicos de esos activos interestatales para vender los títulos en dólares a los privados. A cambio recibirán de nuevo títulos del Estado, pero en pesos. 

 La perspectiva de una inundación de títulos públicos en dólares produjo una caída mayor de su cotización, que ya rondaba los 35 centavos de dólar; como consecuencia de ello subió el “riesgo-país”, que mide la tasa de interés que debe pagarse por un endeudamiento en moneda extranjera –un 45 % anual. El gobierno prometió, para evitar el derrumbe, que el remate de esos títulos sería efectuado en forma ordenada, por medio de licitaciones. Las pérdidas potenciales de la operación son inmensas, porque esos títulos serán vendidos a un precio de mercado 70 % inferior al que lo tienen registrado en sus libros los organismos públicos correspondientes.

 El canje de títulos en dólares por títulos en pesos se producirá, en principio, sin perjuicio para las entidades estatales. Se harán a la par entre unos y otros, incluso con el beneficio de un descuento del 40 % para las compras de una parte de los títulos en pesos por parte de Anses. Las pérdidas, que serán enormes, serán sufridas por el Tesoro, que venderá a 30 lo que canjeó a 100. Ese perjuicio será convertido en deuda en pesos, que será comprada por las instituciones públicas mencionadas. De modo que junto al aumento condicionado de la deuda en dólares con el sector privado se producirá un aumento forzado de la deuda en pesos con el sector público. Como el monto de una y la otra, así como los vencimientos a corto plazo, hacen inverosímil su pago, Argentina deberá ir a un default o a una reestructuración de deuda. La desvalorización de las tenencias de títulos en manos de los organismos del Estado será pagada por jubilados, ahorristas y usuarios. 

 Los bonos en dólares que pasarán a poder del Tesoro permitirán que intervenga con mayor fluidez en los mercados paralelos de divisas y contener la suba del dólar. Esta operación de neto corte macrista abaratará la salida de dinero al exterior. Los mercados paralelos de divisas competirán con ventaja con la deuda en pesos, afectada por una inflación fuera de control.

 Todos aquellos que operan con el mercado oficial de divisas han sido autorizados a hacerlo en los mercados paralelos, algo que tenían vedado. Se trata de importadores y de empresas que giran dividendos o pagan intereses al exterior. Con el incremento de los participantes, el propósito de generar liquidez en los mercados paralelos de divisas, rápidamente podría convertirse en lo contrario, desatando nuevas subas en la cotización del dólar. El kirchnerismo quiere liberarse del condicionamiento de una deuda pública insostenible por medio de operaciones que no cambian el tablero en su conjunto, sino que lo agravan. Ayer mismo volvieron a aumentar las tasas de interés de la deuda en pesos y de la deuda del Banco Central con los bancos (Leliq). El kirchnerismo se encuentra empeñado en convertir al derrumbe de 2001/2 en un recuerdo apacible. Hace dos décadas la deuda pública era de 200 mil millones de dólares –sólo la mitad con acreedores privados. La actual, del Estado nacional en su totalidad y el sector privado, se aproxima a los 600 mil millones de dólares. 

 Asistimos a una confiscación económica que hace empalidecer a la que siguió al derrumbe de la convertibilidad. Un Estado quebrado atiborra con papeles en pesos a las entidades del Estado que deben atender intereses públicos –Anses con los jubilados, bancos estatales con sus depositantes, fideicomisos con inversiones en infraestructura. Lo hace por medio de decretos, sin aval parlamentario, en asuntos que requieren legislación. En esta confiscación, el FdT se ha mostrado más unido que nunca, pues el decreto ha sido firmado por la totalidad del gabinete y saludado por los jefes y jefas de los organismos estatales y paraestatales. La operación de Massa y colegas guarda similitud con los rescates de bancos que ocurren en estos días en diversos países, con la enorme diferencia de que la magnitud relativa del rescate nacional y popular en considerablemente mayor, y los recursos disponibles absolutamente menores. 

 Jorge Altamira

 23/03/2023

¿Rusia y China están más cerca?

Sobre el encuentro entre Putin y Xi Jinping

 La reunión entre Putin y Xi Jinping en Moscú despertó en Washington y la Unión Europea las alarmas ante lo que consideran como un afianzamiento de los lazos entre Rusia y China. La Casa Blanca, de hecho, viene insistiendo en que Beijing podría proporcionar auxilio al Kremlin en la guerra de Ucrania, una aseveración sin pruebas que apenas encubre su envío sistemático de pertrechos militares al régimen de Volodomir Zelensky. 

 La guerra en Ucrania, efectivamente, intensificó los vínculos entre Rusia y China. Las sanciones internacionales empujaron al Kremlin a la búsqueda de nuevos socios comerciales en Asia; Putin redirigió parte de las exportaciones petroleras hacia India y Beijing, a la vez que también incrementó los envíos de gas natural al gigante asiático. 

 Ya desde la ocupación de Crimea por parte de Rusia, en 2014, y de las sanciones occidentales que le siguieron, Moscú empezó a mirar hacia el este. Ese año empezó a construirse el gasoducto Power of Siberia 1, con la intención de llevar el fluido desde Siberia hasta Shangai. En la cumbre de esta semana, se mencionó un proyecto -Power of Siberia 2- que va en el mismo sentido. 

 China tiene una razón adicional para preservar sus lazos con el Kremlin, y es su propio enfrentamiento con Estados Unidos. Un avance yanqui en el ex espacio soviético ampliaría el radio de influencia de la Casa Blanca peligrosamente cerca de sus fronteras. 

 No es casual que una de los principales temas del cónclave Putin-Xi Jinping haya sido la preocupación “por el creciente refuerzo de los vínculos de la Otan y los países de la región Asia-Pacífico en materia de seguridad”, según consta en la declaración posterior al encuentro. Como parte del cerco contra China, en el último período, Estados Unidos selló un acuerdo militar con Filipinas; reforzó los vínculos con Corea del Sur; Nancy Pelosi –extitular de la Cámara de Representantes- visitó Taiwán; y se formalizó el Aukus, una alianza militar que la Casa Blanca integra junto al Reino Unido y Australia. 

 Pero a pesar de sus relaciones con Moscú, Xi Jinping ha sido extremadamente cauto en lo que refiere a la guerra en Ucrania. Beijing no se ha cansado de aclarar que mantiene una posición “imparcial” en el conflicto, lo que de paso le sirve para postularse como mediador. Es que la guerra ha sido un dolor de cabeza para China, que contaba antes de su estallido con todo tipo de vínculos y proyectos económicos con el viejo continente, incluyendo a Kiev.

 La propuesta informal de 12 puntos del gigante asiático para poner fin a la guerra ha sido recibida con frialdad por todas las partes involucradas. Establece el respeto a la soberanía e “integridad territorial” de “todas las partes”, sin que se sepa bien qué implicancias concretas tendría ese postulado. Putin considera difícil que la iniciativa prospere, y Occidente recela de un cese al fuego porque cree que, en las actuales circunstancias, podría consolidar los avances territoriales de Putin en el este ucraniano. Zelensky no se cansa de decir que la base de cualquier acuerdo consiste en la retirada rusa de todo el Donbas, e incluso de Crimea. Además, Occidente rechaza el punto que plantea el cese de las “sanciones unilaterales”. 

 Así las cosas, hoy la perspectiva más probable pasa por una prolongación de los enfrentamientos. 

 La guerra de Ucrania ha llevado a una rediscusión de los alineamientos internacionales de los Estados. El cónclave de Putin y Xi Jinping se inscribe en ese nuevo cuadro. 

 Para los trabajadores del mundo, se plantea la lucha contra la guerra imperialista y los gobiernos que la promueven. 

 Gustavo Montenegro

La intervención de Edesur, una reacción tardía ante las protestas y que no resuelve nada

Hay que abrir los libros de la empresa al control de trabajadores y usuarios. 

 El gobierno nacional anunció la intervención administrativa de Edesur por 180 días, después de los cortes de suministro que tuvieron lugar en medio de la ola de calor y la reacción popular que esto produjera. El interventor será Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se trata, sin embargo, de una medida tardía y harto limitada, que no dará salida a los problemas que tiene el servicio eléctrico y que afectan a millones de personas. 

 El Ejecutivo solo podrá monitorear el estado de la prestación del servicio y si la empresa invierte dinero en mejorarlo. No tendrá ninguna potestad sobre el control operativo de la compañía ni afectará los derechos de los accionistas. 

 Esto es así a tal punto que sigue en pie el régimen de tarifazos; en abril, el Valor Agregado de la Distribución aumentará un 107%, lo que significará que las subas en las boletas que recibirán los hogares serán de hasta un 30% (El Cronista, 20/3). Es decir que el gobierno mantiene en marcha un esquema que le pasa la factura a las víctimas del vaciamiento y el pésimo servicio. 

 La intervención llega tarde, el gobierno dejó pasar el verano más caluroso de la historia en el que cientos de miles de hogares estuvieron sin luz ni agua por días y días. Así las cosas, si los cortes se reducen será solo debido a la disminución de la demanda de energía por la merma de las altas temperaturas. 

 Además, Edesur ya contaba con veedores gubernamentales, y sin embargo continuó primando la desinversión. Por eso esta medida no garantiza que la empresa invierta en mejoras. ¿Un gobierno que recorta el presupuesto de inversiones en obra pública va a supervisar que la privatizada invierta en infraestructura eléctrica? El mismo interventor Ferraresi, como ministro, ha subejecutado el presupuesto de la cartera de vivienda, en medio de la crisis habitacional. 

 Sergio Massa justificó la no afección de los derechos de los accionistas diciendo que eso despejaría los riesgos de que Enel, el grupo italiano propietario de Edesur, recurra al Ciadi (tribunal del Banco Mundial) para reclamar una indemnización. Esto muestra que los contratos firmados para la privatización de los servicios públicos tienen un carácter leonino, ya que la empresa tendría las de ganar en un juicio a pesar de haber incumplido las prestaciones e inversiones que debía garantizar. 

 El Frente de Todos busca ocultar que ha sido cómplice del vaciamiento del servicio de distribución eléctrica, dando luz verde a la desinversión, la falta de mantenimiento y la precarización de los trabajadores de Edesur (por ejemplo, en el conflicto de los trabajadores de la tercerizadora EMA, el Ministerio de Trabajo intervino para dejar pasar los despidos).

 De hecho, interviene únicamente a Edesur, cuando la huelga de inversiones se expresa en toda la industria energética. Reconociendo los perjuicios que ocasionó durante el verano la falta de mantenimiento de las generadoras eléctricas (lo que dejó sin usar hasta un 40% de la capacidad de generación), el Ejecutivo busca revertir esto mediante la dolarización de una parte del precio que el Estado les paga por la energía. 

 A su vez, le otorgó un aumento de tarifas a las transportadoras (líneas de media y alta tensión) a pesar de que el Enre había constatado que las empresas del sector invirtieron solo una cuarta parte del monto que se comprometieron a invertir en 2022.  En el también interviene en estos eslabones, posee “las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica” (Infobae, 21/3). 

 Por otro lado, el Enre está evaluando la posibilidad de aplicar sanciones monetarias contra Edesur, debido a los cortes de luz. A la multa de $1.200 millones que ya fue oficializada, se le podría sumar otra de $2.700 que serviría para devolverle el dinero a los millones de usuarios afectados por la interrupción del servicio. Los montos de estas multas son irrisorios, más si se los compara con la deuda de $139.405 millones que el gobierno le condonó (a libro cerrado) a Edesur y Edenor por los pasivos que estas mantenían con Cammesa, la mayorista eléctrica. 

 La “intervención” del gobierno tiene lugar mientras En el planea vender Edesur. Esto deja planteada la sospecha de que el oficialismo busca incidir en el proceso en el cual la distribuidora eléctrica será adjudicada a otra firma. Con la medida cae el valor de mercado de la empresa (lo que se suma a la condonación del pasivo millonario que tenía con el Estado). 

 Sectores como Juntos por el Cambio o aquellos que responden al fascista Javier Milei dicen que la solución es dolarizar las tarifas, una política que ya fracasó bajo la gestión Macri. La bancarrota del sistema eléctrico es el resultado de la política privatista del Estado burgués.

 Hay que terminar con esta política de tarifazos y vaciamiento. Para eso es necesario abrir los libros de Edesur al control de trabajadores y usuarios, para ver qué hizo con el dinero de los subsidios millonarios, cuáles han sido las inversiones y los movimientos de capital en estos casi 15 años, y determinar qué se necesita para remediar la situación en la que está el servicio. Esto vale para todo el sistema energético. La única salida de fondo es la nacionalización sin pago de las privatizadas vaciadoras bajo control de sus trabajadores. 

 Nazareno Kotzev

Manuel Piñeiro, Comandante Barbarroja

Mesa Redonda: Alternativas desde la comunicación frente al odio y la mentira

10 MITOS sobre la dictadura argentina y el golpe de Estado de 1976 // Gabriel Solano

Sri Lanka: huelga nacional contra los planes del FMI

El pasado miércoles 15 de marzo, miles de trabajadores de los sectores público y privado en Sri Lanka se declararon en huelga en todo el territorio nacional. La misma fue convocada por el Centro de Coordinación Sindical (TUCC), un colectivo de sindicatos que engloba a más de 40 asociaciones sindicales, entre ellas, la Federación de Profesionales de la Salud (HPF) y la Asociación de Oficiales Médicos del Gobierno (GMOA), junto con Sindicatos y Organizaciones de Masas (TUMO). La medida fue tomada para protestar contra las medidas de austeridad y ajuste que busca imponer el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 El paro nacional se da en medio de una crisis económica, la más importante de la historia del país. En el último año, hubo una contracción de la economía del 11 % y una inflación del 90 % anual. El precio de los combustibles se triplicó. Es muy difícil conseguir medicamentos, alimentos. La nación asiática prevé un endeudamiento de unos u$s 6.000 millones anuales para los próximos cinco años, diez veces más que las reservas en divisas disponibles actualmente.

 El programa económico del FMI incluye la puesta en marcha del impuesto Pay As You Earn (PAYE), que va a gravar a los salarios de los trabajadores, tasas de interés de préstamos bancarios más altas, aumento de las tarifas de electricidad y otras tarifas; recortes en los pagos de horas extra, privatización del sector estatal y la eliminación de decenas de miles de empleos en el sector público. Y principalmente, la salvaguarda de la “independencia" del Banco Central, es decir, su control desde Washington.

 Lo que desencadenó la huelga fue el aumento de los impuestos y de las tarifas de energía, que forman parte de las medidas que el FMI puso como condición antes de hacer el primer desembolso de un préstamo de 2.900 millones de dólares. Los huelguistas exigieron la revocación de todas estas medidas y el pago de una asignación de 20.000 rupias para compensar el costo de vida. Las asociaciones profesionales, como GMOA, han limitado sus demandas a un solo tema: el nuevo impuesto del gobierno, el PAYE, sobre los salarios de los trabajadores. 

 Un poco más de 10 meses después de que una movilización popular -que captó la atención de todo el mundo- echara de su cargo al primer ministro Gotabaya Rajapaksa, la crisis política vuelve al centro de la escena. 

 Tras unos meses de “relativa paz”, el nuevo año vino con grandes luchas de algunos gremios de trabajadores y, también, estudiantes, que han salido a movilizarse nuevamente y cada vez con más frecuencia. Ante esto, la respuesta del gobierno fue decretar la instauración de servicios esenciales. Además, advirtió de que los “infractores” de la ley de servicios esenciales podrían perder sus trabajos. Durante la jornada de huelga, se desplegaron soldados armados en las estaciones de tren y en el puerto. El nuevo primer ministro Wickremasinghe anticipó que, si el programa de rescate del FMI se ve interrumpido por la agitación civil, “este gobierno actuará enérgicamente al respecto". 

 El gobierno se juega sus últimas cartas con el FMI. El ministerio de Finanzas espera obtener $7 mil millones de instituciones financieras y prestamistas bilaterales luego de la aprobación del préstamo del FMI. El incumplimiento de pago de la deuda soberana de Sri Lanka en abril pasado impidió que el gobierno negociara préstamos bilaterales, multilaterales y comerciales. Wickremasinghe tiene como objetivo la reestructuración de la deuda en abril e intensificar las conversaciones con los acreedores comerciales antes de que el FMI revise un paquete de rescate en seis meses, dijo la semana pasada el director del Banco Central. 

 Los trabajadores tendrán que tomar en sus manos su propia salida política. 

 Mauri Colón 

 21/03/2023

El desfalco contra las asignaciones familiares

Los números publicados por la oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) son irrefutables: el gobierno ha ajustado el presupuesto de las asignaciones familiares en una medida mayor que todos los demás presupuestos: bajó un 56,4 % respecto febrero de 2022, todo esto aún con salarios reales inferiores. 

 Al ajuste del 56,4 % se llega "producto de la actualización del valor de las prestaciones por debajo de la inflación (72,5 vs 100,7 %), la disminución del complemento mensual dispuesto en octubre 2021 y la reducción en la cantidad de prestaciones, por la política de actualización de topes máximos para acceder al beneficio, que impactará recién en marzo” (Clarín, 21/3).

 La reciente actualización del tope de salarios para percibir las asignaciones -de $ 158.366 a $ 404.062 brutos- que fue celebrada por la CGT como una conquista, restituye temporalmente el derecho de una franja de trabajadores a cobrar el salario familiar, pero sin reparar lo perdido en estos 12 meses, ni pagar lo confiscado en los últimos años. Quienes volvieron a cobrar las asignaciones, irán quedando afuera a medida que las actualizaciones salariales los dejen por arriba del piso. 

 "Para los rangos salariales más bajos, la pérdida actual es mayor porque en 2021 y en 2022 esas escalas tuvieron salarios familiares adicionales, complementos o refuerzos durante varios meses que no se integraron al beneficio y no fueron prorrogados. En consecuencia, desde este mes, el primer rango percibe $ 11.465, cuando en marzo 2022 el beneficio era de $ 6.375 más un complemento de $ 3.751. En total $ 10.126. Con relación a los $ 11.465 a cobrar desde marzo, representa un aumento de apenas el 13,22 % frente a una inflación de más del 100 %. El rango 2 cobra en marzo $ 7.732 versus $ 4.300 más un plus de $ 2.530. En total $ 6.530. Equivale a un incremento del 18,4 % en 12 meses. El rango 3 cobra desde marzo 4.675 por hijo frente a $ 2.599 (+ 79,9%) en marzo 2022 y el rango 4 percibirá $ 2.410 frente a $ 1.339 (+ 79,9 %) un año atrás, en ambos casos por debajo de la suba interanual de los precios". 

 En el caso de los trabajadores que llegan a los 404 mil pesos brutos, además de pagar el impuesto a las Ganancias dejan de percibir en forma automática las asignaciones familiares. Se supone que se reemplaza el beneficio del cobro del salario familiar por la deducción de los hijos del impuesto, pero como las deducciones también se actualizaron por debajo de la inflación, el beneficio está lejos de ser compensado. 

 La confiscación del gobierno respecto de las asignaciones se da en todos los planos. La AUH (Asignación Universal por Hijo) se redujo un 2,7 % interanual, debido a la actualización del valor de la prestación también por debajo de la inflación.

Pablo Busch

Mendoza: liberaron a Lorena Torres y Martin Rodríguez

Mientras diferentes organizaciones piqueteras y políticas estábamos movilizadas por la libertad de Lorena y Martín, la jueza de garantías, Mirna Montaldi, ordenó la libertad de los dos militantes detenidos el martes 14 de marzo durante la jornada de lucha de la Unidad Piquetera.

 Las razones “oficiales” de la detención eran la obstrucción del tránsito durante distintas movilizaciones reclamando por planes sociales y alimentos para los comedores. 

 En Argentina, el 60 por ciento de los niños vive por debajo de la línea de pobreza y hasta los trabajadores asalariados son pobres. Los cortes de calle son una respuesta al delito de asfixiar de hambre a las familias de trabajadores y trabajadoras. 

 A días de realizarse, en todo el país, la movilización por el 47 aniversario del golpe que dio inicio a la última dictadura militar, la detención y el procesamiento de los compañeros fue una provocación que despertó el rechazo de organizaciones de las más diversas posiciones políticas. El gobierno de Suárez no ha dado marcha atrás en la persecución y dio a conocer que se mantiene el procesamiento de tres militantes, Lorena Torres, Martín Rodríguez y Gimena Báez, está última no estaba detenida pero sí imputada. 

 Los tres compañeros tienen que presentarse ante la justicia cada 15 días, no pueden salir del país ni reiterar el delito, o sea no pueden movilizarse mientras dure su procesamiento en libertad. La detención se dio bajo el artículo 194 del código penal “impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Pero en Argentina miles de familias quedan sin luz a diario, carecen de acceso al agua potable o deben cocinar a leña y carbón. 

 Este 24 de marzo vayamos por su desprocesamiento y por el desprocesamiento de los y las luchadoras populares, para poner fin al ajuste del FMI, Massa y los gobernadores y por todas las reivindicaciones de las y los trabajadores. 

 Valu Viglieca 

 21/03/2023

Qué hace Xi en Moscú

Hace un par de semanas, la diplomacia internacional se despertó con la sorpresa de que China había logrado que los gobiernos de Irán y Arabia Saudita reanudaran relaciones diplomáticas luego de una década de hostilidades. Ambos estados, además de competidores en el mercado internacional de petróleo, se alinean en campos enfrentados en el mapa islámico: Irán es la cabeza del shiismo y Arabia del sunnismo. Operados por Estados Unidos, los saudíes enfrentaban la rebelión en Yemen, apoyada por Irán, contra el gobierno oficial, incluyendo bombardeos masivos. Irán, por su lado, bombardeó instalaciones petroleras en Arabia Saudita. La periferia sunnita ha estado normalizando relaciones con el estado sionista, en tanto Irán ha sido amenazado por Israel con atacar sus instalaciones nucleares. Esta divisoria estratégica en el Medio Oriente quedó superada o neutralizada a través de la mediación de China, cuando el gobierno de Biden denuncia a Irán por el incumplimiento de los acuerdos nucleares firmado hace una década y por la provisión de drones a Rusia en la guerra contra la OTAN. El servicio de inteligencia israelí se enteró de todo esto, al menos en apariencia, por medio de los diarios. 

 El ingreso impetuoso de China en una región disputada por Rusia y Estados Unidos, modifica el escenario internacional. Por de pronto, asegura el suministro de combustibles a China, que depende fuertemente de la importación. Extiende la influencia de China de Asia Central al occidente. Cierra estratégicamente la incorporación de numerosos países a la red de inversiones de China conocida como la Ruta de la Seda. Este es el contexto inmediato que enmarca una propuesta de cese del fuego y de paz que China ha enviado a los países del G-20 y a la misma Ucrania. China pretende representar a un tercer bloque en la guerra, el de aquellos como India y Sudáfrica, que no han repudiado la invasión rusa, así como a numerosos gobiernos de América Latina, que han propiciado el fin de la guerra. Singapur, un fuerte centro financiero, e Indonesia, con la mayor población musulmana del planeta, se acercan a esta misma posición. Mientras la OTAN ha rechazado de plano el “plan” de China, el presidente de Ucrania fue más cauteloso – le dio la bienvenida y demandó una reunión cara a cara con Xi Jinping, el presidente de China. 

 El punto central de la propuesta en debate es un cese del fuego que congela las posiciones militares en el terreno. Pero enseguida añade que la paz debe asentarse en la soberanía territorial de Ucrania. Los puntos de contacto de este planteo con lo que ya plantearon otros antes, incluidos Henry Kissinger y Elon Musk, o una parte considerable del partido republicano de Estados Unidos y de la derecha europea, son evidentes. Bajo la mesa, China ofrece financiar la reconstrucción de Ucrania, que ya está anotada en la Ruta de la Seda. Es una propuesta más atractiva que la que han ofrecido Estados Unidos y la Unión Europea, y que evita la pugna entre monopolios capitalistas. En tanto EEUU y la UE atraviesan un fuerte proceso de quiebras bancarias y rebeliones populares cada vez más intensas, China ha anunciado un plan de reactivación de alrededor de 400 mil millones de dólares, que ha sido saludado por diversos observadores como una salida a la recesión que amenaza a sus rivales. Xi Jinping acicatea a Zelensky a distanciarse de la intransigencia de la OTAN, y también incita a Europa a asociarse al planteo, con la zanahoria de abrir preferencialmente el mercado de China a los capitales europeos.

China enmarca su planteo para Ucrania en una estrategia de “multipolaridad”, o sea de finalización de la hegemonía norteamericana. Históricamente, el capitalismo no ha sido nunca “multipolar”, salvo que se interprete de ese modo a la crisis de la transición de una hegemonía a otra. Pero es el señuelo que la burocracia de China para atraer a los afectados por los costos de la dominación norteamericana, que han crecido mucho como consecuencia de su declinación. China enfrenta de este modo el ataque de Estados Unidos a su desarrollo económico y a sus inversiones extranjeras. No pasa día sin que Biden no anuncie alguna restricción o sanción económica contra compañías de China. Para China estos ataques son equivalentes a los que se lanzaron contra los gasoductos de Rusia a Europa, que fueron uno de los determinantes finales que desencadenaron la decisión de Putin de invadir Ucrania. 

 El objetivo del viaje de Xi a Rusia es embarcar a Putin en esta política. Es claro que un cese del fuego será acompañado de medidas que garanticen el cumplimiento de la totalidad del plan, que incluye el retiro de Rusia del este de Ucrania y, a largo plazo, si no un retiro de Crimea, al menos un condominio, o una cesión de la base de Sebastopol por un siglo. No es sencillo para Putin adherir a este plan, porque enseguida se produciría una crisis política en la propia Rusia. 

 Visto en su conjunto y en su complejidad, el planteo de Pekín anuncia una escalada en la guerra. El rechazo de la OTAN llevará al envío de mayor armamento al régimen de Kiev, como ya están haciendo Polonia e incluso Alemania. Dado el desangre del ejército de Ucrania, se producirá una intervención creciente de tropas extranjeras, algo que ya ocurre. China se verá obligada a apoyar militarmente a Moscú; lo contrario dejaría abierta una acción de la OTAN en el Indo-Pacífico contra China. Algunos observadores ‘occidentales’ ya admiten que la política de Biden producirá a Estados Unidos perjuicios o daños autoinfligidos. La política interior norteamericana podría agrietarse con más profundidad, ante una escalada militar que seguramente ampliará el área de la guerra. En los últimos días, por caso, se ha agravado la crisis entre Argentina y Estados Unidos, cuando el FMI actúa para evitar el derrumbe del gobierno, como consecuencia de la oposición de Biden a la compra de aviones caza de China por parte del gobierno de Fernández. El año pasado no fue usada una partida de 600 millones de dólares asignada en el Presupuesto para esa compra. Argentina está obligada a recurrir a China porque Gran Bretaña ha vetado cualquier compra de armamento. Los aviones tendrían la tarea de supervisar el Atlántico Sur, asolado por saqueos pesqueros, incluida la cesión del área marítima de Malvinas, por parte de Gran Bretaña. 

 Xi no se trasladó a Moscú para defender a Putin sino a los intereses de China, que es embarcar a Rusia en un proceso de negociaciones que implicaría renunciar al despojo territorial de Ucrania, o a convertir la costa del Mar Negro en un ‘mare nostrum’, con capacidad para bloquear el comercio mundial de granos. Xi ofrece, en canje, llegar a una alianza con Rusia si la OTAN decide ir hasta el final en el propósito de desmantelar a Rusia. 

 Jorge Altamira 

 21/03/2023

El derrumbe del plan Massa, un desafío político para la clase obrera

La revisión parcial del acuerdo entre el gobierno y el FMI ha sido leída, casi sin excepción, como el agotamiento del “plan” y de la gestión de Massa. Es lo que debaten todos los diarios del fin de semana. De acuerdo a una frase célebre del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en poco tiempo más el gobierno sería recogido “en helicóptero”. Sin reservas internacionales y con una caída sustancial de la recaudación impositiva, el equipo de Massa estaría mascullando un “desdoblamiento cambiario”. Espera que por esta vía ingresen dólares a más de 400 pesos por unidad. Desde todos lados le han advertido que esto no tiene futuro sin “un plan”. El “plan” sería la reforma laboral y previsional, en este caso la suba de la edad jubilatoria, como intenta el francés Macron, a cambio de una rebelión popular. Con la inminente declaración de bancarrota del Credit Suisse, es difícil que los dólares se animen por Argentina. Hay doscientos bancos en EEUU, según una publicación financiera, que preparan el cierre de ventanillas en las semanas próximas.

 La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) ha dado a conocer que los ingresos y gastos del gobierno han caído en forma extraordinaria. Un 38% en el caso de las transferencias a las provincias y del 32% a las asignaciones sociales en el primer bimestre del año, respecto de 2022. Mientras tanto, los ingresos han caído por los menores ingresos por las retenciones de exportación e importación y por el impuesto a las ganancias. Además, la “meta fiscal” está siendo pulverizada por la recesión económica. Para compensar, el FMI demanda un ajuste fiscal por el lado de las tarifas. El espacio para un tercer “dólar soja” ha desaparecido, por la caída de la cosecha. Los bonos de la deuda pública con jurisdicción extranjera han caído por debajo de los 30 centavos el dólar. Los depósitos en pesos son colocados a no más de 30 días en un 85% del total. Esto apunta a una mayor velocidad de circulación del dinero y por lo tanto a una tendencia a la hiperinflación. El pronóstico para los próximos meses es un 8 a 10% mensual de aumento de los precios. 

 “No digo de no pagar”

En este cuadro, han surgido voces en el oficialismo o semioficialismo planteando el “incumplimiento” del acuerdo con el FMI. En la tribuna, volvieron a aparecer Máximo y Cristina Kirchner. Aunque el primero levantó más polvareda, la vicepresidenta fue mucho más precisa en su conferencia de Río Negro: “no digo de no pagar”, aseguró, sino de pagar a plazos más extendidos. El FMI no discrepa con este planteo, pero lo ve inviable para un gobierno en retirada y tampoco lo quiere si no viene acompañado “por un plan”. Al lado del Silicon Valley Bank y del Credit Suisse, ahora viene la liquidación financiera de Argentina. Esto significa que será comprada por la banca extranjera, por medio de privatizaciones y concesiones de explotación de recursos naturales, sin asumir la deuda pública acumulada. 

 El más elocuente de los apóstoles del incumplimiento con el FMI ha sido el economista Alvarez Agis, quien –según los diarios- se encargó de explicar su punto de vista en una reunión reservada con sus clientes, que son los principales popes de la burguesía nacional. Álvarez Agis asume que no será posbile renegociar los acuerdos con el FMI, lo que significa la declaración de default con el Fondo y todos los organismos internacionales. Esta posibilidad inédita ha empezado a discutirse entre China y el FMI, en el marco de los default de Sri Lanka y Pakistán. Los créditos de China no están registrados como deuda pública porque son préstamos bilaterales, no títulos del Estado. Con China o sin China, el planteo del consultor de empresas Ávarez Agis, desataría una fuga de capitales y una hiperinflación. El kirchnerismo insinúa el “incumplimiento”, como un recurso dudoso de última instancia. 

 Devaluación

 En medio de este salto cualitativo en la crisis, Sergio Massa se prepara para tomar disposiciones de emergencia, incluso un desdoblamiento cambiario. La tercera semana de marzo arrancaría con un salto devaluatorio del dólar oficial, disimulado la bajo forma de diferentes tipos de cambio especiales destinados a la agroindustria, las automotrices, la energía o la tercerización global de servicios profesionales (que los nacionales y populares llaman “industria del conocimiento”). Por este rumbo, echará nafta al fuego del proceso inflacionario. 

 La perspectiva de una recesión agravada y de una inflación sin freno ha desarticulado el esquema de paritarias en cuotas –y a la baja- con que la burocracia sindical acompañó al “plan Durar. Un ala de la burocracia y la izquierda kirchnerista han comenzado a asociar el “incumplimiento” con el Fondo a la renuncia de Massa. Una nueva información revela que todas las formas de salario se han desvalorizado debido a esta política – registrados, en negro, monotributristas, factureros y jubilados, así como la asistencia familiar.

 La crisis hiperinflacionaria inminente plantea discutir la huelga general. Es la agenda que la burocracia no quiere llevar a la clase obrera, como tampoco los partidos que “se plantan” y aquellos que “se plantan menos” en el FIT-U. Es el tema crucial de la campaña electoral, porque un partido que proponga romper con el FMI y aumentar salarios y jubilaciones, sin la huelga general, le está mintiendo a sabiendas a los trabajadores y al electorado. 

Para desarrollar el planteo de la huelga general es necesario intervenir en las revisiones paritarias para reclaman un aumento general de salarios y jubilaciones del ciento por ciento; un mínimo no imponible a ganancias de un millón de pesos, ajustado por inflación; y poner fin a la flexibilidad laboral y a la insalubridad en los lugares de trabajo.

 La huelga general ha entrado en la agenda de los trabajadores de todo el mundo. 

 Marcelo Ramal 

 19/03/2023

Macron recurre al decreto para imponer la reforma previsional

Francia, entre la crisis política y la rebelión popular. Luego de haber obtenido la aprobación de la reforma previsional en el Senado, en una primera lectura, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, entró “en pánico”. Así lo asegura el New York Times (La Nación, 19/3). En lugar de proseguir el trámite en Diputados, Macron optó por imponer la reforma por decreto, un abuso que le permite la Constitución gaullista de 1958. Para el diario neoyorquino, es “una jugada política que podría costarle caro”. La reforma previsional demora el derecho a la jubilación de los 62 a los 64 años. Es una medida que exige fuertemente el FMI a Argentina, que la extendería de los 65 a los 70 años. Los aportes jubilatorios en ese lustro irían a parar al pago de la deuda pública. Primero, los acreedores financieros.

 El decreto puso de manifiesto algo siniestro; aunque el bloque de Los Republicanos tiene ministros en el gobierno, Macron dudaba de que los votos del sector fueran enteros para la aprobación de la reforma. Una grieta de emergencia. Debido a esto, el ex funcionario de la banca Rotschild se saltó el pasaje por la Asamblea Nacional, en momentos en que las encuestas de opinión revelaban un 65 % de oposición a la reforma previsional. La sanción del decreto subió el rechazo al 80 %. Macron ha replicado a este infortunio asegurando que la reforma previsional era necesaria para “mantener la confianza de los mercados financieros”. La crudeza del argumento, para la sensibilidad social del país y las numerosas huelgas y manifestaciones que tienen lugar en todo momento, tiene un fuerte núcleo de realismo cuando la quiebra del Credit Suisse amenaza a la Société Générale y a Paribas, como lo muestra la caída de la bolsa de París. Macron se encuentra, definitivamente, en la cuerda floja.

 La crisis política ha disparado de inmediato numerosas iniciativas para bloquearlas. Una de ellas es la presentación de una moción de censura al gobierno, a la que le faltan una treintena de votos para conseguir la aprobación; un número insuficiente de Republicanos declaró que la acompañaría. La derrota de la moción serviría para demostrar que no hay mayoría parlamentaria para destituir a la primera ministra y eventualmente al mismo Macron. La sanción del decreto quedaría validada por la negativa, por la falta de votos para abolirlo. El otro recurso es someter la reforma a un referendo, lo cual suspendería su aplicación hasta su realización, alrededor de septiembre. Es a lo que se inclinan algunos dirigentes sindicales para frenar las movilizaciones. La Intersindical que coordina a las centrales sindicales apoya una campaña por el referendo contra la reforma, en el caso de que fracase la moción de censura al gobierno. 

 La crisis política desatada por la reforma previsional pone de manifiesto el derrumbe de la segunda presidencia de Macron. Francia ha pasado a segundo plano en el escenario europeo y en la guerra de la OTAN contra Rusia. El propósito de desempeñar un papel independiente que devuelva a Rusia a la integración con Europa ha fracasado en forma estrepitosa, al igual que el propósito, compartido con Alemania, de crear unas fuerzas armadas independientes de la Unión Europea. Italia, por contraste, ha ganado un mayor espacio. En un contexto de crisis bancarias y financieras, el retroceso de Francia debilita la capacidad de rescate de sus bancos y fondos financieros. La "deslealtad" de Los Republicanos con Macron forma parte de una tentativa de rearmado de conjunto del régimen político de Francia. 

 El decretazo fue respondido con numerosas manifestaciones que la prensa ha caracterizado como “espontáneas”. Aluden de este modo a la connivencia de la burocracia de los sindicatos y de la izquierda soberanista (Nupes y Partido Comunista) con el Estado, en lo relativo a evitar que la lucha asuma características firmes y consecuentes o, como dice la corresponsal de Clarín, “insurreccionales”. Mientras de un lado se han producido manifestaciones y choques con la policía, cortes en la autopista que circunvala Paris, bloqueos de vías férreas y la radicalización de algunas huelgas -recolectores de basura, educación-, la Intersindical de centrales obreras ha lanzado otro paro aislado para el jueves 23, del cual han desertado algunas, como la CFDT. Phillipe Martínez envió una carta a Macron para que devuelva la calma al país, mediante el retiro del proyecto. Varios medios de comunicación caracterizan que la lucha contra la reforma, que ha involucrado a millones de personas, puede convertirse en un renovado movimiento de “chalecos amarillos”, induciendo a una resistencia dispersa, separada de la clase obrera, sin alcances políticos.

 La llamada izquierda trotskista repite, en esta crisis potencial revolucionaria, los esquemas del pasado. Apoya los "planes de lucha", que en este caso consistenn en parar y manifestar a escala nacional los jueves. El “International Viewpoint”, la publicación del secretariado de la IV Internacional y del NPA, caracteriza a las luchas en desarrollo como “un movimiento social amorfo” y ha fijado como orientación “los paros renovables”. Otro sector, Lutte Ouvriere, caracteriza que “sólo algunos sectores se han lanzado a la huelga” y llama a nuevos sectores a parar. Existe un temor rayano en el pánico a plantear la huelga general y el derrocamiento del gobierno, con dos pretextos principales: “el movimiento no da”, al menos por ahora, y no hay que alejarse de las masas con consignas extremas. De acuerdo a la corresponsal de Clarín, sin embargo, esas consignas extremas son las que lanzan los sectores que luchan con mayor intensidad –“la primera línea”-. El punto es, de todos modos, otro: un partido revolucionario debe esforzarse por inculcar el desafío al poder. El decreto de Macron expresa, precisamente, que el poder siente que enfrenta ese desafío. En medio de la inflación, el crecimiento de la pobreza, los rescates multimillonarios a los bancos y una guerra que escala todo el tiempo y es cada vez más dañina para los trabajadores, en estas condiciones, la agitación por la huelga general y abajo Macron están a la orden del día. 

 Los acontecimientos en Francia vienen acompañados por las huelgas en Grecia, que no cesan luego del accidente ferroviario que mató a decenas de personas y puso de manifiesto la corrupción del gobierno en lo que atañe a obras de infraestructura. El gobierno derechista de Atenas ha suspendido las elecciones previstas para mayo –un equivalente del gobierno por decreto de Macron, en este caso para evitar las urnas--.

 Jorge Altamira 

 20/03/2023

Crisis bancarias: del Valle de California a la economía mundial

Cuando la mayor parte de la prensa internacional clamaba que la quiebra de los dos bancos especializados en financiación de inversiones tecnológicas -el Silicon Valley Bank y el Signature Bank-, eran fenómenos aislados, que no comprometían al sistema bancario, las acciones del Credit Suisse caían estrepitosamente en las bolsas –un 30% en un sola jornada- y comenzaba una corrida contra sus depósitos. 

 El anuncio de que el Banco Nacional Saudi no ampliaría su participación accionaria en el banco suizo fue interpretado negativamente por tenedores de bonos y por depositantes. El Credit Suisse tiene un largo historial de pérdidas por operaciones fallidas y por su condición de cueva de dinero ilegal de buena parte del mundo. Credit Suisse perdió decenas de miles de millones con el fondo Archegos y la compañía de servicios Greensill en 2021. Para el desenlace fue decisiva la declaración de la auditora PwC, de que no podía firmar el balance del banco debido a “debilidades materiales en sus informes financieros”. Es una alusión a la caída del valor de su cartera de títulos de la deuda pública de diversos países, como consecuencia de la suba persistente de la tasa de interés. Sin conexión con los bancos intervenidos en Estados Unidos, el Credit Suisse adolecía del mismo problema estructural, que la valuación contable no se corresponde con el valor de mercado de los activos, y que esa pérdida no estaba cubierta por ninguna provisión específica en sus libros.

 En forma simultánea, un tercer banco de California anunciaba su falencia, el First Republic, que atiende a las grandes tecnológicas, pero en este caso desatando una operación de salvataje de los seis bancos más importantes de Estados Unidos. “Once bancos, informa el Wall Street Journal (16-3) han depositado 30 mil millones de dólares… en un esfuerzo extraordinario para proteger al conjunto del sistema bancario”. 

 El Silicon Valley y el Signature, en cambio, no han encontrado compradores, por lo que han debido ponerse bajo el amparo de la ley de quiebras. Los intentos del banco de inversión Goldman Sachs, asesor financiero del SVB, de quedarse con el banco por monedas no fructificaron. Mejor suerte tuvo el británico HSBC, que se quedó con la filial londinense del SVB a cambio de 1 libra esterlina, luego de la deserción de otras instituciones. El HSBC no se tomó el tiempo para investigar los balances de la sucursal (“due dilligence”), para poder ganar la partida a un eventual rival; hizo un apuesta al voleo ante la presión insistente de las autoridades del Reino Unido para evitar una quiebra que pudiera contagiar al resto del mercado de Londres. 

 El descalce entre el valor de los depósitos, por un lado, y el de los activos de los bancos, por el otro, se ha acrecentado enormemente con el aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y el de Suiza, y considerablemente menos el de Japón. Esto significa que el balance de los bancos ocultan pérdidas de magnitud. La aseguradora de depósito de Estados Unidos, FDIC, ha informado que, en total, las instituciones financieras norteamericanas tienen 620 mil millones de pérdidas no contabilizadas. Una desvalorización del 10% de estas carteras barrerían con la cuarta parte del capital de los bancos” (The Economist, 16-3). Visto en otros términos, de acuerdo a un análisis de inversiones a tasas fija, “los activos de los bancos serían 2 billones de dólares inferiores a los reportados – lo suficiente para barrer con todo el capital del sistema bancario norteamericano” (id.). Estos datos mensuran las dimensiones que ha ido adquiriendo el capital ficticio en el régimen capitalista contemporáneo. 

 La insolvencia financiera de bancos e instituciones no se manifiesta solamente cuando se produce un retiro de depósitos, que aparece, en realidad, en una última etapa. Se manifiesta por una intensa actividad para sacar beneficio de una quiebra, mediante la venta anticipada, a la baja, de las acciones y los bonos en poder de los potencialmente afectados. Lo llamativo es que estas operaciones bajistas se han venido haciendo contra los bonos emitidos por Estados Unidos y por los de los principales países de la Unión Europea, que son considerados los activos más sólidos de la economía mundial. 

 Los rescates que anuncian las autoridades económicas y monetarias, y los ‘pools’ de bancos que se forman para el caso, dejan un tendal de pérdidas entre quienes han especulado con las quiebras. Todo esto deja en evidencia una situación de insolvencia real o potencial de las deudas públicas más sólidas, y de otro lado el mecanismo de disolución económica que pone en marcha la disputa entre capitalistas. Los liberales y libertarios, por el contrario, elogian este trabajo destructivo del valor de mercado de las empresas como una suerte de recolección de basura que asegura la reproducción del capitalismo. 

 El rescate por 54 mil millones de dólares que aportó el Banco Central de Suiza levantó las acciones del Credit Suisse, pero no afectó significativamente su vulnerabilidad sistémica. En el pico de la crisis, su tasa de riesgo llegó a 2000 puntos básicos (como Argentina), las medidas de contención la bajaron a 980 pp y el rescate la estabilizó en 890 pp. O sea que ha perdido la posibilidad de obtener financiamiento. Aunque la liquidación del banco está fuera de la intención de las autoridades, se da por hecho de que lo compraría el UBS, el mayor banco de Suiza, con graves pérdidas para el Banco Central, que le ha prestado 54 mil millones de dólares – la misma cifra que el FMI le dio a Macri, pero por debajo de lo que ofrece a Ucrania. Una operación semejante expondría las enormes tenencias de los oligarcas rusos en el Credit Suisse.

 Un elemento adicional poderoso en esta crisis, son las condiciones preferenciales que gozan los bancos con relación a otros acreedores en un concurso de quiebra. “Los mayores 25 bancos tienen más de 247 billones de dólares en derivados, lo cual plantea un tremendo monto de riesgos para el sistema financiero”, señala una publicación. Esos derivados son contratos que protegen las inversiones entre los mismos bancos. Estos derivados tienen preferencia sobre los derechos de los accionistas ordinarios, los acreedores comunes y los depositantes no asegurados. 

 En el sistema financiero presente, los fondos internacionales -de inversión, capital, cobertura, y otros- ganan en preponderancia a los bancos. Larry Fink, el mandamás del mayor fondo internacional, advierte que “los fondos invertidos en inversiones ilíquidas, como inmobiliarias, crédito privado y participaciones de capital, podrían ser la tercera ficha de dominó por caer” (Financial Times, 15/3). A diferencia de los bancos, los fondos no tienen otros seguros que los que hayan contratado, además de su clientes, por medio de derivados. No cuentan con el rescate de la banca central o el Tesoro. Fink añade, perceptivamente, que “otros riesgos son los geopolíticos y las fragmentación de la economía mundial”. 

 Esta última observación pone a la crisis financiera en desarrollo en lo que es el ojo o centro del huracán – la insolvencia histórica del capitalismo. El rescate capitalista de 2008, el financiamiento estatal al capital bajo la pandemia y la militarización creciente del gasto público han puesto en posición de bancarrota a la deuda pública. Estados Unidos registra un déficit fiscal de 1.5 billones de dólares y una deuda pública de 24 billones – un 120% del PBI. Es la deuda en proceso de desvalorización que los bancos tienen en sus activos. El refugio por antonomasia del capital va quedando a la intemperie. Esta crisis sistémica conecta con la guerra y con la fragmentación del mercado mundial. Hay que sacar las conclusiones estratégicas de este irrevocable realidad histórica.

 Jorge Altamira 

 19/03/2023