Estados Unidos: el movimiento “Tradwife” y el “voto por hogar”

Cien años después de la conquista del voto, la derecha yanqui pone en discusión el sufragio femenino.

 Durante décadas el voto femenino fue un derecho negado, y su conquista costó (y sigue costando) años de lucha organizada en todo el mundo. No fue una concesión ni un regalo: se arrancó peleando. Eso no significa que el sufragio haya resuelto la opresión de las mujeres (la democracia burguesa nunca alcanzó, ni podía alcanzar, para eso), pero sí fue una conquista democrática elemental, un piso mínimo que ni siquiera debería estar en discusión. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos para que se vuelva a plantear si las mujeres deberían poder votar? 

 Erika Kirk, dirigente de la organización conservadora Turning Point USA (TPUSA) y viuda del dirigente Charlie Kirk, junto con otras referentes del movimiento tradwife, promueven el llamado "voto por hogar": un sistema mediante el cual el esposo emitiría un único voto en representación de toda la familia. En el "Women's Leadership Summit 2026", la propia Erika y la influencer Savanna Faith Stone abrieron el debate ante una comunidad de mujeres jóvenes conservadoras, planteando que el feminismo fue "la mentira más grande" que les hicieron creer a las mujeres. Sostienen que el movimiento feminista, a nivel mundial, buscó destruir a las familias y arrancar de raíz la institución del matrimonio. Con esa narrativa impulsan el "voto por hogar", en el que el hombre de la casa sería el único con capacidad de representar políticamente al hogar. El planteo vuelve a poner en discusión una conquista histórica: la 19° Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoció el derecho de las mujeres a votar. Aprobada por el Congreso en 1919 y ratificada definitivamente el 18 de agosto de 1920, fue el resultado de décadas de organización y lucha del movimiento sufragista. 

 Lo que está promoviendo este sector de la derecha en Estados Unidos es sin duda un intento de retroceso político impresionante que vuelve a poner en discusión cuestiones que dábamos por sentadas. Simone de Beauvoir, histórica feminista, lo advirtió hace décadas: "No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida". Esa advertencia se hace cada día más presente, y es sintomática de la propia democracia capitalista. En un marco de presión y movilización social, esta puede otorgar una serie de concesiones e inmediatamente después amenazar con eliminarlas. Por eso ni hasta la "democracia más poderosa del mundo" está exenta de la supresión de derechos cuando necesita reforzar su control sobre la clase obrera. No es casualidad: Estados Unidos está sumido en una crisis política y económica como la que menciona Beauvoir. 

 La corriente “Tradwife”

 Kirk es, como ya se dijo, una de las exponentes de la corriente “tradwife” (trad de tradicional, wife de esposa, en inglés). Mujeres que se muestran cocinando una tarta de fruta orgánica en el campo o yendo a pilates mientras el marido las mantiene no es un fenómeno cultural aislado ni una moda pasajera de redes sociales: es la cara amable de ese reordenamiento. Visten de espiritualidad, de "volver a lo esencial", de crítica al estrés de la vida moderna, algo que en el fondo es el costo de la crisis descargándose sobre el cuerpo y el trabajo no pago de las mujeres. En el papel suena a una vida despreocupada y sencilla (cuidar a los pibes mientras el marido sale a trabajar de 10 a 18 en una oficina), pero lo que no se cuenta cuando vemos a estas mujeres disfrutando de esa vida ficticia, idealizada, de cuento, es todo lo que queda oculto detrás.

 El problema de este tipo de tendencias aparece cuando la dependencia económica se presenta como libertad. Detrás de la imagen de la esposa que se queda en casa mientras su marido trabaja hay una realidad material que suele quedar fuera de cámara: ese trabajo no remunerado significa, en los hechos, que todo el ingreso del hogar pasa por una sola persona. La mujer no tiene un salario propio, ni ahorros propios, ni margen para sostenerse por su cuenta. Y cuando una persona depende completamente de los ingresos de otra, dejar una relación (aunque sea violenta) o simplemente cuestionar las decisiones de quien sostiene económicamente el hogar deja de ser una opción real: no hay a dónde ir, ni con qué sostenerse mientras tanto. Erika predica que las mujeres deberían dedicarse a la crianza y a la casa, mientras ella dirige una organización multimillonaria. 

 Detrás de la discusión sobre el "voto por hogar" aparece una cuestión mucho más profunda. Si el marido es quien concentra los ingresos y, además, es quien concentra la representación política de la familia, la dependencia económica deja de ser solamente económica: también se convierte en dependencia política. 

 Ofensiva general

 Sería un error leer el fenómeno tradwife y el "voto por hogar" como una rareza cultural estadounidense, algo que pasa "allá" y no nos toca. La ofensiva contra los derechos conquistados por el movimiento de mujeres no es un capricho ideológico de un grupo de influencers: es parte de cómo la derecha y el capital intentan descargar el costo de la crisis capitalista sobre nuestros cuerpos, nuestro trabajo y nuestra autonomía. Mientras en Estados Unidos discuten devolverle el voto al "hombre de la casa", en Argentina el gobierno de Milei viene por el aborto legal, vacía los programas de género, desfinancia la ESI y baja línea de que la "ideología de género" es el enemigo. Son expresiones distintas de la misma ofensiva: la del capital en crisis tratando de disciplinar a las mujeres y disidencias, empujándolas de vuelta a la casa, a la dependencia y al silencio, porque una clase trabajadora dividida y una mitad de la población sin autonomía es más fácil de explotar y disciplinar. 

 Volvamos a Argentina 

Desde el Partido Obrero bregamos por la plena inserción de las mujeres y las disidencias en el mercado laboral. También militamos por que la maternidad sea algo elegido y deseado. Día a día nos organizamos para que cada vez más mujeres y disidencias se organicen política y colectivamente; un acto así se impide si el único destino para las mujeres es estar dentro de la casa sometidas al yugo de las tareas domésticas. 

 Estas aspiraciones plenas son claramente incompatibles con la tendencia capitalista a la precarización, descomposición social y con ello a la erosión de los derechos que durante décadas dijeron estar garantizados por un Estado eterno. 

 Por eso creemos que esto no se puede pensar aislado, como un tema "de mujeres" separado de todo lo demás, sino como parte de la misma pelea contra la precarización laboral, contra el ajuste y contra toda forma de opresión sobre nuestros cuerpos. 

 En ese sentido, frente a los ataques del gobierno de Milei a la Educación Sexual Integral, desde la UJS y el Plenario de Trabajadoras impulsamos Talleres ESI en clave socialista: espacios para dar esta discusión con herramientas políticas, científicas y de organización, y para construir, desde ahí, una salida colectiva e independiente frente a cada intento de hacernos retroceder. Asimismo como una preparación para el 39° encuentro de mujeres y diversidades en córdoba en octubre 2026. Porque nuestros derechos no se defienden en soledad ni resignándonos a discutirlos de nuevo cada generación: se defienden organizadas y organizades.

Aragon Tabárez.

Es necesario poner fin a un sistema confiscatorio.

Urge que el Estado intervenga bancos, fondos y billeteras virtuales 

 Las estadísticas sobre el endeudamiento familiar son concluyentes: el 17% de los préstamos personales o tarjetas de crédito bancarias se encuentran en mora, y lo mismo ocurre con el 30% de los préstamos otorgados por billeteras virtuales. La “mora” afecta a quienes registran más de noventa días de atraso. La mora no toma en cuenta las deudas por plazos menores, ni, desde luego, a aquellos que han dejado de pagar el alquiler o sus consumos más elementales para poder cumplir con sus compromisos financieros; han preferido el default comercial al financiero. 

 El gobierno intenta zafar de la discusión, con el argumento de que se trataría de un “diferendo entre privados”, como ocurre con toda clase de deudas, aparte de las “soberanas”, que tienen un estatuto especial. Al momento de la quiebra bancaria, el Estado interviene como rescatista de última instancia, a través de la banca central y el Tesoro. El “diferendo entre privados” va a terminar, como ha ocurrido con otras ‘definiciones’ de Milei, en el Salón de los Pasos Perdidos. Pero el default de los deudores puede desatar una ruptura de la cadena de pagos y una crisis de conjunto del régimen libertario. Exactamente en este momento, Estados Unidos y Brasil atraviesan una crisis similar, o sea una cadena de quiebras privadas por impago de las tarjetas de crédito. En el país vecino, las billeteras virtuales son estatales (sistema Pix), pero los bancos registran una fuerte “inadimplencia” – incumplimiento de pagos. 

 El sistema de crédito, “formal” e informal, ha colocado bajo su tutela al conjunto de la circulación económica y, a través de ella, a todas las clases sociales en presencia, A través de las cuentas sueldo y las previsionales, los ingresos del trabajo -actual o pasado- se encuentran bajo la égida de los bancos. De este modo, los bancos han montado un sistema de financiamiento con respaldo en esos activos. El trabajador o jubilado que no llega a fin de mes tiene “a su mano” la posibilidad de “tarjetear” sus consumos y, con un simple click en el celular, accede también a un préstamo “pre acordado”. 

El sistema bancario, por esta vía, ha desarrollado un régimen de crédito que le permite debitar automáticamente, apenas el dinero ingresa a la cuenta el sueldo o la jubilación del mes. Las billeteras virtuales, por su parte, han extendido este sometimiento financiero a los trabajadores informales y con menos garantías de ingresos. En este caso, la tasa de interés que cobra lleva la prima de un riesgo elevado. La billetera se cobra por adelantado un préstamo que todavía no ha sido usado por medio del sobrecargo de intereses. Para muchos usuarios de crédito no bancarizados esta sumisión le habilita una compra en cuotas.

 Las tarjetas de crédito ocupan el lugar fundamental en este régimen usurario. ‘Ofrecen’ al usuario la alternativa del “pago mínimo”, y la financiación de los saldos a tasas que crecen exponencialmente con el aumento de la porción no pagada de la tarjeta. Por esa vía, imponen sobre el usuario un crédito compulsivo, con una suba espiralada de los intereses y una deuda que se torna vitalicia. En Estados Unidos, con una inflación del 4% anual, la tasa de interés promedio de las tarjetas en circulación es del 30% anual promedio, aproximadamente. La quiebra personal es un recurso habitual en la capital de las finanzas.

 En 2024, con intereses en baja y salarios congelados, la banca y el gobierno promovieron intensamente el endeudamiento familiar. Un año después, la suba de la tasa de interés revalorizó la hipoteca que pesaba sobre los endeudados, y la mora se multiplicó. En todo ese período, la tasa de los préstamos personales osciló entre el 65 y el 80% anual, duplicando a la inflación y triplicando a la evolución del salario. Los intereses por los saldos de tarjeta superan el 100% del crédito inicial, y se multiplican por seis o por siete en el caso de las billeteras. El ciclo se espiraliza. Los intereses del sistema financiero tienen como referencia al rendimiento de los títulos del Estado, más la prima de riesgo de una devaluación de la moneda. La deuda pública deja de ser solamente “soberana” para condicionar a todo el sistema económico. El premio al ingreso de dólares, conocido como “carry trade”, impone elevadas tasas de interés locales, infectando a todo el sistema económico. El sistema de crédito no crea valor, porque no desarrolla ningûn proceso de transformación, pero sí lo extrae al sistema productivo; por eso, la literatura corriente lo denomina “un costo” para la producción nacional. En cuanto a la tarjeta misma, es un producto tóxico, porque refinancia en forma unilateral y compulsiva el impago de un resumen de cuenta, a través del pago mínimo. Las billeteras tienen sobre los bancos la ventaja de que no deben constituir reservas mínimas y pueden prestar contrayendo deudas sin la supervisión que existe sobre los bancos. 

 Rescates 

En el Congreso Nacional, se han presentado una treintena de proyectos en relación a la crisis de endeudamiento. Una de ellos, el del radical Pablo Juliano, plantea someter las situaciones de mora “al arbitrio judicial”. Es una renuncia a una salida legislativa y la admisión de un choque "entre privados" – uno el banco, y otro, con un ingreso inferior a la canasta de pobreza. La demanda la debería hacer el banco, perjudicado por los impagos; el usuario alegaría contra las tasas desproporcionadas. Esto nos lleva al kirchnerismo, que ha presentado diferentes proyectos de refinanciamiento, o sea, un alargamiento de plazos al precio de una mayor tasa de interés. Los propios bancos coquetean con esas salidas, pues permiten que una parte de la cartera de morosos salga de esa condición y les asegura un flujo de intereses nominales, condicionados a los movimientos de la inflación. No resuelve nada, ni llegará, probablemente, al tratamiento en comisión. Todo esto le cae al gobierno como peludo de regalo, cuando se apresta a presentar un proyecto de Banco Central, que otorga un papel activo a los bancos en el financiamiento del Tesoro. 

 La crisis de los endeudados plantea una cuestión sistémica, que excede quitas, refinanciaciones y mayores tasas de interés. Plantea una urgente intervención del Estado en bancos, fondos y billeteras, para investigar el régimen de asignación de créditos: el nivel alcanzado por los pagos mínimos de saldos bancarios; las operaciones en los mercados de cambios y el estado de compromiso con el financiamiento del Tesoro, o sea de la deuda pública. Es una apertura pública de cuentas, mientras se congelan por un plazo determinado el pago de los deudores insolventes y de aquellos en situación comprometida. Es un paso hacia la nacionalización del sistema financiero en su conjunto. Lo singular de esta crisis, en Argentina, es que la monetización y el sistema de crédito es uno de los más bajos del mundo – el 13% del PBI, contra el 130%, por ejemplo, en Chile y aún más en Brasil. La velocidad de confiscación económica de este sistema en Argentina es inversamente proporcional a su tamaño. Luego está la cuestión de la fuerza de trabajo, cuyo valor está muy por debajo del valor de su reproducción. Es insostenible para los trabajadores, en términos de calidad de vida, y también para el conjunto de la economía capitalista, que sufre una crisis de proporcionalidad, no ya entre consumo e inversión, sino entre inversión y capital retenido en la esfera de la especulación financiera. Una huelga general por un salario y jubilación mínimos de $ 3 millones de pesos es simplemente urgente. 

 En resumen, planteamos la inmediata suspensión de todas las deudas de trabajadores y jubilados, con la banca y billeteras virtuales; la intervención estatal en bancos, fondos y billeteras; apertura de las cuentas e investigación de sus movimientos; aumento general inmediato de sueldos y jubilaciones. El capitalismo ha puesto en estado de insolvencia a todas las clases trabajadoras del mundo, para hacer frente a su propia bancarrota y al financiamiento de una guerra imperialista mundial. 

 Marcelo Ramal y Jorge Altamira 

 18/08/2026

La Ley de Sociedades: a pedido de Peter Thiel

El Senado retomó el tratamiento del proyecto que busca reemplazar la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, vigente desde 1972. La iniciativa, redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuenta con media sanción en Diputados y avanza en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por la libertaria neuquina Nadia Márquez. En palabras de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei Farfán, se trata de "una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas" (Ámbito, 24/6). 

 Qué cambia 

El proyecto deroga íntegramente la ley reglamentada por la dictadura militar de Lanusse y habilita, entre otras cosas, a “la constitución de sociedades por firma digital, asambleas virtuales y domicilios electrónicos” (Ámbito, 24/6). Pero la novedad pasa por dos figuras relacionadas. El artículo 14 crea la "Sociedad Automatizada", que sería aquella que desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. El artículo 258, por su parte, crea la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), que puede funcionar total o parcialmente sin intervención humana, con tokens y registro de operaciones en blockchain (Actualidad Digital, 23/07).

 Pasado en limpio, la ley habilita a empresas que puedan operar, en el límite, sin ningún responsable humano identificable. Cuando el "algoritmo" tome una decisión que perjudique a un tercero, habrá que ir a reclamar ‘a magoya’. El Código Civil y Comercial va a tener que lidiar con una empresa demandada por daños que argumente que la decisión no la tomó una persona sino un algoritmo, sin que el proyecto resuelva ese vacío de responsabilidad. Se trata de una construcción ficcional de los libertarios para un futuro indefinido, que sería inviable, por otra parte, sin una legislación internacional. En ausencia de esta reglamentación, la empresa futurista sería un paria en el comercio mundial. 

 El macaneo ‘distópico’ del proyecto oculta cuestiones medulares, pues da forma legal a la constitución del capital accionario mediante criptoactivos y activos digitales blockchain, que por su propia naturaleza ocultan a los titulares de esas transacciones. El sistema legal de controles que hoy ejerce la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la constitución y el funcionamiento de las sociedades, volaría por los aires. Aunque el resultado hipotético de este engendro legislativo sería la centralización del capital por parte de las compañías de Inteligencia Artificial, el tecnofascista Peter Thiel, de visita en Argentina, volvió a instalar la pregunta de a quién termina beneficiando este tipo de arquitectura societaria. El objetivo de Thiel es instalar centros de datos en la Patagonia y desarrollar la IA en Vaca Muerta, y hacerse cargo de la administración del Estado. 

 El debate en comisión 

El tratamiento en la comisión del Senado se da a una semana de la derrota del gobierno en cuanto a la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que llevó a cuestionamientos a la figura de Sturzenegger desde propio núcleo de LLA. La primera reunión informativa, el 24 de junio, tuvo a Sturzenegger defendiendo la incorporación de la inteligencia artificial con el argumento de que "no hay ningún motivo" para pensar que sea insegura (Ámbito Financiero, 24/06). En lugar de atacar el status de excepción que el proyecto otorga al capital, los legisladores plantean frenar a la IA. La discusión se reanudó esta semana, luego de más de cuarenta días.

 En la reunión de esta semana, el bloque oficialista en el Senado de LLA, no consiguió el quórum inicial en la propia comisión y debió recurrir al tercio reglamentario para sesionar (Infobae, 24/06). Bullrich, por su parte, acusó al dos veces titular de la IGJ durante los gobiernos kirchneristas, Ricardo Nissen, de haber "destruido" con una resolución administrativa la posibilidad de que jóvenes emprendedores constituyeran Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Invitado por la Comisión, Nissen sostuvo que el régimen societario debe modificarse pero que el proyecto libertario “solo sirve para limitar la responsabilidad del empresario”, y que con este texto las sociedades tendrán “la posibilidad de fijar en el contrato social qué jurisdicción va a dirimir los conflictos, en qué idioma se va a desarrollar el pleito y en qué país” (parlamentario.com, 11/8). Un asunto que no ha contemplado son los contratos que suscribe el propio Estado con empresas privadas de naturaleza desconocida. 

 Por su parte el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, se pronunció a favor del proyecto, mientras que otros senadores plantearon objeciones constitucionales y advirtieron sobre posibles incompatibilidades con las normas internacionales contra el lavado de activos del GAFI. En su momento, para destrabar los votos en Diputados, el oficialismo debió incorporar una cláusula de "Compre Nacional" que obliga a destinar al menos el 20% de la inversión de los proyectos alcanzados a proveedores locales (BAE Negocios, 08/08), una concesión que debió hacer el oficialismo al kirchnerismo para que no se toque el núcleo de la ley. 

 Ganadores y perdedores 

Entre los que salen ganando con el proyecto de Sturzenegger se encuentran el capital financiero internacional y las corporaciones tecnológicas que buscan jurisdicciones con "menos controles para organizar empresas" (BAE Negocios, 08/08). El propio Sturzenegger lo planteó sin rodeos al señalar que hay que crear un "ambiente atractivo" para atraer inversiones extranjeras y citó explícitamente el objetivo de traer empresas de la envergadura de Apple (Actualidad Digital, 23/07). También favorece al capital especulativo ligado a las criptomonedas y a las finanzas descentralizadas, que obtiene por primera vez un marco legal explícito para operar bajo figuras como la DAO, con contratos inteligentes y activos digitales como aporte de capital (Infobae, 24/06). Los que también se frotan las manos son los estudios jurídicos y consultoras que ya se disputan el asesoramiento a las empresas para "refundarse" bajo el nuevo régimen. 

 La reglamentación del proyecto representa un ataque a la clase obrera, ya que habilita explícitamente sociedades que operan "sin requerir trabajadores en relación de dependencia" (MDZ, 01/06); o sea con monotributistas. La ingeniería legal diseñada es un instrumento jurídico para esquivar toda la legislación laboral, previsional y sindical. Que el propio texto no resuelva quién responde cuando una "decisión algorítmica" causa un daño no es un descuido, sino que es la lógica de una ley pensada para diluir responsabilidades patronales, no para asumirlas. A la vez, el debilitamiento de las facultades de control de la IGJ y las dudas planteadas sobre su compatibilidad con las normas antilavado golpean cualquier posibilidad de fiscalización pública sobre el origen de los capitales que se organicen bajo estas nuevas figuras, en momentos en que la propia gestión libertaria ya carga con denuncias de vínculos con el mundo cripto (BAE Negocios, 08/08). 

 El relato oficial presenta a la ley como una simple puesta al día por la tecnología, Pero toda la arquitectura del proyecto -desde la eliminación de controles estatales hasta la creación de sociedades sin trabajadores oficialmente registrados- confirma que se trata de un nuevo capítulo del programa de desvalorización de la fuerza de trabajo, en la misma línea que el DNU 70/23 y la Ley Bases. 

 La revolución de la Inteligencia Artificial viene acompañada de la descalificación laboral y de la más completa alienación del individuo como ser humano. 

 Lucas Giannetti 

 18/08/2026

Trump, empantanado en Irán

Los marineros de los portaviones Lincoln y Gerald Ford, insubordinados. 

 A casi seis meses de haber lanzado una agresión militar no provocada junto al Estado sionista contra Irán, el gobierno de Trump no ha alcanzado ninguno de sus objetivos políticos, mientras sufre una erosión política y una crisis inflacionaria sin final a la vista. El estrecho de Ormuz sigue firme bajo el control de la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras que Estados Unidos tiene bloqueados los puertos de ese país, a costa de un desgaste sin precedentes de los marineros apilados desde hace meses en los portaviones instalados en los mares Arábigo y Mediterráneo. El imperialismo norteamericano se enfrenta a la necesidad de un replanteo del conjunto de la guerra, lo que no podrá ocurrir sin pasar por crisis políticas severas. Trump ha ordenado la aceleración de la producción de misiles Tomahawk, pero la salida del impasse no pasa por este tipo de decisiones. Toda la agenda de Trump se encuentra en ruinas: el desmantelamiento del uranio enriquecido y del arsenal misilístico iraní no ha avanzado para nada. Irán ha ofrecido liberar el paso por Ormuz, incluso con un acuerdo con Omán, en la otra orilla del Golfo Pérsico, a cambio del levantamiento del bloqueo norteamericano, la devolución de sus activos secuestrados y la derogación total de las sanciones económicas, que Trump ha rechazado. La guerra no ha cesado y se reanudará a gran escala cuando su replanteo haya sido completado. Israel, por su lado, multiplica los ataques a Líbano y la limpieza étnica en Cisjordania y Gaza. La precisión de los ataques de la Guardia Revolucionaria a las bases norteamericanas en la región ha puesto al Pentágono a la defensiva y propiciado acuerdos regionales (Pakistán, Turquía, Arabia) que modifican, a término, la situación política que había prevalecido en Medio Oriente. 

 El daño a las instalaciones hidrocarburíferas de los aliados árabes de Estados Unidos, sumado al cierre del estrecho de Ormuz, ha desatado una suba del precio del barril que disparó la inflación en el mundo y generó una crisis energética, especialmente en Oriente.

 La prolongación de la campaña militar ha provocado una escasez de misiles y el agotamiento de las tropas. El USS Abraham Lincoln debía regresar en mayo, pero continuó hasta ahora en el mar Arábigo por las necesidades de la guerra. Esto puso en crisis la salud mental de su tripulación y su abastecimiento. Para reemplazarlo, el Pentágono tuvo que ordenar el traslado del USS George Washington desde el Pacífico. El USS Gerald Ford, sin embargo, había estado once meses continuos en operaciones, el tiempo más largo desde la guerra de Vietnam. Tuvo que ir a reparaciones por un incendio que dejó sin habitaciones para dormir a gran parte de la tripulación y antes había tenido un problema con las cloacas. Toda esta infraestructura bélica, con costos diarios altísimos, se ha mostrado incompetente frente a los drones baratos iraníes. 

 Desde un principio, Trump intentó comprometer a más países en la contienda, sin resultados. No solo los europeos se negaron a enviar una flota para “liberar” el estrecho de Ormuz, tal como exigía Trump. Los países árabes, varias veces bombardeados por Irán por contener las bases militares estadounidenses, tampoco participaron activamente. Solo Emiratos Árabes Unidos y Bahréin -ambos pro-sionistas- respondieron a algunos ataques. 

 Es que las bases militares estadounidenses se mostraron impotentes como garantía de defensa y las monarquías de la región evitan provocar más ataques de Irán. El anuncio del gobierno emiratí para habilitar a Irán a recuperar parte de sus activos retenidos en Dubái parece un intento de evitar nuevos ataques contra su territorio. 

 Desde fines de julio, Estados Unidos no ataca a Irán con munición. Se ha centrado en la guerra económica y en el aumento de las sanciones. Scott Bessent declaró que ahora sí estaban a punto de imponer sanciones financieras sin precedentes. Pero el petróleo iraní ya está vetado en todo el mundo y sus activos ya han sido confiscados, desde antes de la guerra. 

 Mientras, Israel sigue con su política de exterminio en Gaza, Cisjordania y el Líbano. El ensañamiento alevoso contra la población civil le ha generado a Israel cierta crisis con Estados Unidos. El embajador estadounidense Mike Huckabee, un ultraderechista, calificó de “terroristas” a los colonos que asediaron a una familia palestina en Cisjordania, donde se encontraba un residente en Estados Unidos. Por primera vez, las encuestas reflejan que los norteamericanos sienten más simpatía por los palestinos que por los israelitas. En Nueva York, Nueva Jersey y Michigan ganan las primarias los candidatos demócratas que se pronuncian en contra del sionismo. En Israel, donde también hay elecciones, culpan a Netanyahu por la ruptura del ‘consenso’ proisraelí en Estados Unidos. El principal problema del carnicero de Tel Aviv es que, a pesar de tener ocupado el 70 % del territorio gazatí y haber desatado un genocidio, no ha logrado derrotar a Hamas; lo mismo le pasa en el Líbano con Hezbollah. 

 Trump no puede retirarse de la guerra, ni puede escalarla de momento, y eso perpetúa la crisis por el abastecimiento de combustible y, por ende, la crisis económica. Para buscar salir, va a buscar ampliar las confrontaciones, aumentando los activos bélicos y buscando comprometer a más actores. Esto solo va a aumentar la dimensión y los efectos de la crisis. Es una amenaza para la humanidad de conjunto que solo puede ser derrotada con la movilización contra la guerra, planes de rearme y la guerra imperialista. 

 Aldana González 

 18/08/2026

Fernando Cerimedo, el fundador de La Derecha Diario, detenido por intento de femicidio

Envió sicarios que balearon a Nadia Beller, su expareja, quien denunció antecedentes de violencia y una trama de corrupción. 

 Fernando Cerimedo, un pilar fundamental del medio oficialista La Derecha Diario, fue detenido por intento de femicidio este martes en Bolivia, en el aeropuerto de Viru Viru. 

 La víctima y denunciante es Nadia Beller, su expareja, quien fue atacada por dos hombres vestidos como repartidores de una aplicación de delivery. En el video de las cámaras de seguridad se ve a Nadia esperando en lo alto de unas escaleras cuando dos hombres con camperas y cascos de moto suben los escalones, uno de ellos saca un arma de fuego y le dispara a quemarropa. El estado de salud de la víctima es reservado.

 Sospechoso de ser el autor intelectual del crimen y haber contratado a sicarios para ejecutar el femicidio, Cerimedo fue detenido y quedó a disposición de la Justicia boliviana. 

 El responsable de las fake news niega todo 

Los conglomerados de la comunicación salieron a respaldar al gobierno intentando desligar a Cerimedo de la gestión Milei, pero el prontuario del libertario habla por sí solo.

 Cerimedo fue procesado por la Justicia de Brasil por difundir información falsa durante la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en 2022. También estuvo involucrado en el caso de las coimas de Andis, siendo acusado por Diego Spagnuolo -extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad- de grabar y difundir los audios que lo condenaron. 

 El mes pasado circularon por redes sociales denuncias de violencia de género de Cerimedo hacia Nadia Beller. El libertario respondió en la plataforma X: “Les recuerdo que la libertad de expresión protege el derecho a opinar, pero no ampara la mentira, la difamación ni la difusión deliberada de información falsa”. Lo dice el líder de las campañas en internet para difundir fake news. Niega todas las acusaciones, como es de esperarse. 

 Desde su internación hospitalaria, Nadia Beller denunció en un video que previamente había sido ahorcada por Cerimedo cuando descubrió infidelidades, aseguró que él tenía conocimiento de que está embarazada, y denunció el cobro de sobresueldos y contratos truchos como parte de un entramado de corrupción que involucra al gobierno de Rodrigo Paz. 

 Lo cierto es que se suma a la larga lista de hombres acusados de perpetrar violencia de género contra las mujeres ligados directamente al espacio de La Libertad Avanza. Casos como los de Pablo Louta, doble femicida y fundador del grupo antifeminista “Varones Unidos”; Nicolás Márquez, autor de varios libros en donde difunde discursos de odio como la mal llamada “ideología de género” y que fue denunciado por su hija por abuso sexual; Pablo Emanuel López, concejal libertario en Salta que tiene un proceso judicial en curso por abusar sexualmente de una asesora; Carlos Maximiliano Casasola, también de la provincia de Salta, suspendido por ejercer violencia de género; Alberto Montes, concejal de San Isidro (PBA) por abuso sexual a una empleada del municipio; Ignacio “Nacho” Contreras, concejal de San Vicente (PBA) denunciado por ejercer violencia de género con uso de armas de fuego. 

 Seguiremos luchando 

No sorprende que el gobierno de Milei dedique tanto tiempo y recursos a descalificar y a menospreciar con datos falsos al movimiento de mujeres y disidencias. Está claro qué quieren los responsables detrás del proyecto de ley de Carolina Losada y sus “falsas denuncias” o quiénes buscan desacreditar herramientas como la Educación Sexual Integral. Quieren amedrentar y silenciar a quienes luchan, pero no van a lograrlo.

 En octubre vamos a estar presentes desde el Plenario de Trabajadoras y la Agrupación 1969 en la ciudad de Córdoba en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Vamos a organizarnos y a seguir construyendo una fuerza colectiva que logre cortar de raíz con la opresión de la clase dominante. 

 Victoria Marañón Rodríguez

El “déficit cero” de Milei se sostiene desviando fondos de viviendas y contra inundaciones

El gobierno de Javier Milei convirtió los fondos fiduciarios que prometió eliminar en una nueva fuente de financiamiento del ajuste, paralizando obras, viviendas, infraestructura y subsidios, reteniendo recursos que deberían ejecutarse por ley para fines específicos, colocándolos en instrumentos financieros para sostener el llamado “déficit cero”. La maniobra, conducida por el ministro de Economía Luis Caputo, tiene un destino preciso: garantizar el pago de la deuda y alimentar la bicicleta financiera a costa de necesidades sociales elementales. 

 Durante 2024 y 2025, los fondos fiduciarios que continúan activos o conservan recursos recaudaron más de $8,2 billones, acumulando un superávit cercano a los 3.000 millones de dólares, según informa el medio La Nación. Pero una parte sustancial de esos recursos no fue utilizada para los objetivos establecidos por ley (obras públicas, vivienda, subsidios, etc.), sino que terminó colocada en letras y títulos públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

 Desvío de fondos 

Los números oficiales dan cuenta del mecanismo por el cual el gobierno desvía los fondos de los tan mentados fideicomisos. En 2024 los fideicomisos ejecutaron apenas el 55,8% de lo recaudado y en 2025 el 69,5%. Durante el primer trimestre de 2026 la ejecución alcanzó el 69,7%. El dinero restante no desaparece sino que se transforma en financiamiento para el Tesoro mediante inversiones financieras. 

 El resultado fue un excedente de unos 2.030 millones de dólares en 2024 y otros 973 millones en 2025. En el primer trimestre de 2026 se sumaron 239 millones. De mantenerse la tendencia, el excedente de este año rondaría los 956 millones, llevando el monto acumulado no ejecutado del trienio a unos 4.000 millones de dólares. 

 Milei presentó durante la campaña a los fideicomisos como “cajas de la política” que debían liquidarse para devolver recursos a la población. No solamente no devolvió esa plata, sino que ahora utiliza esos fondos para mostrar un resultado fiscal emparchado que se construye saqueando recursos de la población trabajadora. 

 Vivienda, infraestructura y zona fría 

El caso del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) es particularmente revelador, creado supuestamente para financiar infraestructura, servicios y mejoramiento habitacional en barrios populares –algo que el peronismo tampoco destinó a tal fin-, fue sometido a un proceso de disolución fallido por el gobierno. En la actualidad los desembolsos de este fondo cayeron 94%, desviando los recursos y dejando paralizados 636 proyectos que alcanzaban a 193.266 familias. 

 El Fisu acumuló $204.000 millones en letras del Tesoro y bonos, otros $64.000 millones en un fondo común de inversión y $95.600 millones depositados en cuentas corrientes del Banco Nación. Mientras las familias esperan obras y soluciones habitacionales, el dinero destinado a ellas se destina a la bicicleta financiera de Mieli y Caputo. 

 Las consecuencias de esta política se vuelven todavía más graves frente a la recurrencia de fenómenos climáticos como los asociados a El Niño, que incrementan el riesgo de lluvias intensas e inundaciones. El Fondo de Infraestructura Hídrica, financiado con un 5% del impuesto a las naftas y un 9% al GNC precisamente para prevenir y mitigar estos desastres, recaudó unos $375.400 millones, pero ejecutó apenas el 31%: alrededor de $116.000 millones. El 88% del fondo permanece prestado al Estado mediante Letras del Tesoro, mientras municipios y provincias enfrentan anegamientos, pérdidas materiales y obras hidráulicas postergadas. La plata que debería estar destinada a evitar que el agua llegue a las casas termina financiando al gobierno. 

 La misma lógica alcanza al transporte, la infraestructura hídrica y los subsidios al gas. Entre los fondos vigentes se encuentran los destinados al sistema de infraestructura del transporte, infraestructura hídrica, consumo residencial de gas, garantías, economía del conocimiento y energías renovables. Para este año se proyecta que coloquen en instrumentos financieros un 40% más de lo que prevén destinar a sus objetivos específicos.

 Caputo y la bicicleta financiera

 El fondo creado para financiar los descuentos en las tarifas de gas, denominado zona fría, recauda recursos mediante cargos específicos que pagan los usuarios. Retenerlos para mejorar artificialmente las cuentas fiscales pone en cuestión la continuidad de un beneficio que alcanza a millones de hogares y abre la puerta a nuevos aumentos sobre las tarifas. 

 La política de Caputo no consiste entonces en eliminar las “cajas de la casta” para devolverle dinero a la población. Consiste en redirigirlas para sostener títulos públicos y la ingeniería financiera del gobierno. El gobierno funciona como un garante de los negocios financieros. 

 El llamado “déficit cero” aparece así como una construcción contable asentada sobre el incumplimiento de partidas y la postergación de necesidades populares. No hay ninguna política de destrucción de las “cajas de la casta”, sino una apropiación del gobierno para seguir desviando y transfiriendo fondos y recursos de los trabajadores al pago de la deuda y al FMI y el capital financiero. Echamos a la casta gobernante para terminar con el saqueo de la población trabajadora, y abrir paso a las reivindicaciones populares insatisfechas. 

 Marcelo Mache

Peter Thiel, “you shall not pass”: el espía de Trump compra acciones en Vaca Muerta

El empresario yanqui se asoció a la petrolera Vista. Una manifestación de "Gandalfs" lo denunció ante su departamento en Palermo. 

 Peter Thiel, el magnate tecnológico trumpista, invirtió 76 millones de dólares en Vista Energy, la petrolera argentina de Miguel Galuccio que pisa fuerte en Vaca Muerta. La operación se concretó mediante la adquisición de casi 1,2 millones de acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York. 

 La inversión fue realizada por el fondo que lidera, Thiel Macro, siendo la segunda más grande de su cartera –solo es superada por Amazon. Vista es la única compañía no estadounidense que está dentro de los portafolios de Thiel, quien también invirtió en otras empresas vinculadas a la energía –incluso la nuclear- en Estados Unidos. 

 Thiel se había reunido con Galuccio –que también fue presidente kirchnerista de YPF- en mayo de este año. El presidente Javier Milei hizo lo propio, e incluso Juan Grabois. 

 Es por esto que un grupo de personas disfrazadas de Gandalf se apersonó en la reciente adquisición inmobiliaria de Thiel, en Palermo Chico, para rechazar su presencia al canto de “You shall not pass” (“No pasarás”). La temática fue elegida porque Thiel es un admirador de la obra de J. R. R. Tolkien, en la que se encuentra El Señor de los Anillos. 

 Negocios 

La noticia se conoció en momentos en que crece la injerencia de Estados Unidos, vehiculizada por Milei, sobre la Argentina. El embajador yanqui Peter Lamelas viene de amenazar con que no habría ninguna inversión si las empresas de Vaca Muerta cierran acuerdos con la china Huawei. Incluso apretó a los directivos de la neuquina Calf con retirarles la visa si es que avanzan en ese sentido. Y pidió conocer compras tecnológicas previstas y ofreció financiamiento y contactos de empresas de Estados Unidos a Calf. 

 La inversión le abre a Thiel una ventana de importantes negocios. En el segundo trimestre de 2026, la producción petrolera de Vista alcanzó los 135.000 barriles diarios –un incremento interanual del 33%. Las exportaciones, por su parte, crecieron un 54% anual durante el primer trimestre. A esto se suma que el costo de extracción bajó a 4,5 dólares por barril equivalente, un 4% interanual menos (El Economista, 17/8). 

 Por otro lado, Vista adquirió en abril de 2025 activos de Petronas, y en mayo de este año se hizo con la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajada del Palo Oeste. 

 El precio de los combustibles está en alza debido a la guerra en Medio Oriente, y además las patronales han impuesto un régimen de salarios dinámicos en el rubro con la complicidad de la burocracia sindical. El crecimiento de la actividad económica en Vaca Muerta redundó en un incremento de las ganancias capitalistas que el pueblo argentino pagó con tarifazos. A las ganancias derivadas del negocio exportador se suman las de una mayor explotación obrera. 

 Más allá del petróleo 

Estos capitalistas también buscan aprovechar las ventajas que les da el Rigi en términos fiscales, impositivos y cambiarios. Thiel había sonado en su momento como candidato a poner su empresa Palantir al servicio del "Gemelo Digital" de Milei, una iniciativa que fue denunciada por implicar la vigilancia de la población. 

 Palantir es una empresa que, además de ser un instrumento de las operaciones de inteligencia del imperialismo, aporta su tecnología para que ejércitos como los de Estados Unidos e Israel promuevan la guerra por el mundo y masacren pueblos enteros para conquistar nuevos mercados.

 En este contexto, Trump busca asegurarse un mayor dominio en Argentina y América Latina en el marco de sus choques comerciales con China. 

 Fuera Thiel y Estados Unidos de Argentina. Fuera Milei. 

 Nazareno Suozzi

¿Por qué leer a MARX hoy? Presentación del libro de CHIPI CASTILLO

Israel arrasa el sur del Líbano

Las negociaciones entre Israel y el gobierno oficial del Líbano, mediadas por Estados Unidos en Roma, están estancadas. Israel ocupa el sur del país y exige el desarme de Hezbollah y de Hamas. Ha destruido pueblos enteros, incluida la infraestructura. 

 En junio se había firmado un acuerdo marco, que preveía una retirada gradual de las tropas israelíes de algunas zonas del sur libanés, seguida por el despliegue del ejército del Líbano. Hezbollah rechazó el acuerdo marco y denunció que no había ninguna garantía del retiro de las tropas israelíes ni del fin de las agresiones. Una abundante documentación periodística, imágenes satelitales e informes de organizaciones internacionales muestran que, después del alto el fuego, las fuerzas israelíes continuaron demoliendo viviendas, infraestructura y pueblos enteros en las zonas bajo ocupación. La mayor parte de la infraestructura fue demolida por medio de explosiones controladas. El ejército israelí sigue asolando la región con ataques aéreos, fuego de artillería y el uso de bombas de fósforo. El fósforo blanco es un arma prohibida por el derecho internacional que Israel utiliza cotidianamente contra la población civil.

 Se ha filtrado información acerca del uso combinado de robots de reconocimiento y gas tóxico inyectado en túneles excavados bajo las colinas. 

 La excusa remanida del sionismo es que su objetivo es destruir la infraestructura de Hezbollah. Sin embargo, meticulosamente, ha destruido sistemas esenciales para la vida civil, desde infraestructuras de agua y energía hasta la atención médica. El propósito obvio de estos desmanes es convertir al sur de Líbano en una tierra de nadie bajo el control militar del sionismo, o sea, crear una base militar terreste. 

 Mientras tanto, bomberos y residentes del sur del Líbano acusan nuevamente al ejército israelí de provocar incendios en la región. Según The Guardian, desde el último alto del fuego, a mediados de junio, aproximadamente entre el 30 % y el 40 % del territorio cercano al frente ha sido incendiado deliberadamente. La intervención de los bomberos en un incendio en un bosque en las afueras de Khiam fueron atacados por un dron que los obligó a retirarse, según la Defensa Civil libanesa. El ataque a los socorristas es un modus operandi del sionismo. 

 Las tropas israelíes ocupan una denominada “zona de seguridad”, que se extiende aproximadamente diez kilómetros dentro del territorio libanés, y otras zonas del sur del país. 

 Incluso la capital, Beirut, es sobrevolada por drones a modo de amenaza. 

 Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí contra el Líbano ha dejado más de 4.330 muertos y más de 12.230 heridos, y desplazado a más de 1,6 millones de personas. 

 Aunque Hezbollah ha perdido dirigentes, infraestructura y capacidad militar durante los enfrentamientos de 2024 y 2026, ha logrado propiciar 30 bajas al ejército de ocupación y ha destruido decenas de tanques. 

 El gobierno libanés se propone como lugarteniente para el desarme de Hezbollah, pero una parte del ejército apoya a Hezbollah. El presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, han amenazado con abandonar la mesa de negociaciones.

 La condición impuesta por Israel para “retirarse” de los territorios es un engaño. La tierra arrasada y la limpieza étnica es un método de ocupación indefinida. Los colonos sionistas insisten en ocupar esas tierras. En Cisjordania, donde no hay milicias antisionistas y “gobierna” la Autoridad Palestina, la política israelí no difiere. 

 Israel avanza en el Líbano, como lo hace en Gaza y en partes de Siria, para quedarse con sus recursos gasíferos e hídricos y anexar los territorios. Es una política de genocidio con la plena complicidad del “concierto de naciones”. 

 Aldana González 

 15/08/2026

La fuga clandestina de Trump en Ankara expone el pantano de la guerra

The Washington Post reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó en secreto la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Ankara, Turquía, a bordo de un avión militar alternativo, luego de una maniobra de simulacro, y de abandonar subrepticiamente el Air Force One que oficialmente iba a trasladarlo. 

 La operación, motivada por una supuesta amenaza iraní contra Trump, se ejecutó el 8 de julio de 2026. Periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca creyeron viajar en el mismo avión que el presidente en su regreso a Washington tras la reunión anual de líderes de la OTAN. Pero tras abordar públicamente el Air Force One ante las cámaras, Trump fue trasladado minutos después, de forma clandestina, a un avión más pequeño de la Fuerza Aérea mediante un camión de catering del aeropuerto. El avión presidencial se convirtió así en un señuelo para la prensa y parte del personal a bordo. 

 Desde la Casa Blanca respondieron: “Como ha dicho recientemente el Presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas”. 

 Mientras Trump se encontraba en Turquía, el ejército estadounidense había llevado a cabo una serie de ataques a gran escala en Irán en represalia por los golpes contra buques mercantes en la región. El informe del Washington Post sobre cómo subieron clandestinamente a Trump a un tercer avión y lo sacaron discretamente del país añade un nuevo matiz a la seria preocupación que tenían los funcionarios de seguridad estadounidenses por la amenaza contra Trump. No existen antecedentes de que se usara un avión presidencial cargado de funcionarios y periodistas como señuelo durante una amenaza inminente. “Parece que la idea era reducir el peligro para el presidente Trump ofreciendo a unas 100 personas para que los iraníes las mataran en su lugar”, dijo Steven Cash, exoficial de inteligencia de la CIA y asesor principal de la rama de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, cita el The Guardian (11/8). 

 Informes posteriores de Bloomberg y el Wall Street Journal publicados el 11 de agosto aportaron más detalles. Según un funcionario estadounidense, Israel informó a la administración Trump sobre inteligencia que incluía una amenaza de usar misiles antiaéreos portátiles (MANPADS) contra el Air Force One. 

 Teherán lleva años prometiendo represalias contra Trump por el asesinato de Qassem Soleimani, el alto general de la Guardia Revolucionaria Islámica considerado la mano derecha de Alí Jamenei y para muchos la segunda persona mas poderosa de Irán en ese entonces. Fue asesinado en Irak durante un ataque con drones estadounidenses ordenado por Trump en 2020. 

 Esta operación extrema de evasión -calificada por algunos críticos como un “secuestro” de facto por parte de la Fuerza Aérea, tras confirmarse que Irán buscaba derribar el Air Force One- asesta un duro revés a la narrativa según la cual Estados Unidos había aniquilado por completo las capacidades ofensivas de Irán. El magnate asegura estar venciendo en el conflicto, pero el impasse de las negociaciones con Irán lo ubican en una clara situación de desventaja, a pesar de los ataques sistemáticos de Estados Unidos. El ejército más poderoso del mundo se ha visto incapaz dominar el estrecho de Ormuz, proteger las bases militares que mantiene en los países del Golfo Pérsico y de sostener la moral de las tropas estacionadas en el portaviones Lincoln desde hace más de 200 días. La guerra contra Irán es rechazada por la mayoría de los estadounidenses, incluida buena parte de la base conservadora identificada con el movimiento MAGA. 

 Todo el cuadro de guerra se encuentra en un pantano. Las potencias imperialistas evitan movilizar a sus poblaciones para una guerra total, limitándose a emitir leyes de conscripción obligatoria y aumentos del presupuesto armamentista, sin resolver el fondo de las necesidades de la guerra mundial.

 La revelación, más de un mes después de los hechos, genera interrogantes sobre la credibilidad de la Inteligencia (algunas agencias estadounidenses habrían tenido “baja confianza” en la amenaza transmitida por Israel), los riesgos asumidos por la prensa y el personal que volaron en el avión señuelo, y la capacidad real de Estados Unidos para proteger a su presidente en un escenario de guerra prolongada. 

 Lo sucedido en Ankara pone de relieve las vulnerabilidades políticas del imperialismo estadounidense, que, en medio de un conflicto que no controla, debe recurrir a estratagemas para sacar a su líder del territorio de un aliado de la OTAN. 

 Camilo Márquez 

 15/08/2026

“La patria no se vende”

El caso de Peter Thiel, Vaca Muerta y el kirchnerista Miguel Galuccio. 

 La consigna en cuestión suena atractiva, parece el slogan de una cruzada contra el imperialismo. Pero no se trata de nada de esto; se trata de una estafa política del kirchnerismo y del Fitu, con la consciencia plena de lo que están perpetrando. 

 Ha pasado menos de media semana del apartamiento de los capítulos de tierras y de uso del fuego de la ley sobre propiedad privada, en un marco de negociaciones del gobierno nacional con un conjunto de gobernadores, para enterarnos por La Nación de una compra de acciones de la petrolera Vista, que opera en Vaca Muerta, por parte de Thiel Macro LLC, uno de los fondos de Peter Thiel, el dueño de Palantir, una de las empresas que integran a la oligarquía de Inteligencia Artificial. Palantir Technologies está asociada a la CIA, el FBI y el ICE en el manejo de la administración pública norteamericana y en la represión a los migrantes, incluida la masacre IA en Gaza y en Líbano. Thiel, personalmente, es partidario de reintroducir el voto calificado o en su defecto suprimirlo. 

 La compra estratégica de Thiel en Vista no vulnera, sin embargo, la ley de extranjerización de tierras, sea cual fuere, como tampoco ocurre con las inversiones incentivadas por el RIGI (a partir de los doscientos millones de dólares) y del Súper RIGI (a partir de los mil millones). Forma parte de la operatoria cotidiana del mercado de capitales. Obviamente, esas inversiones ocupan y ocuparán la porción del suelo y sub-suelo que necesiten, sin afectar los derechos constitucionales de las provincias, que se conforman con el cobro de una renta que no guarda relación con el valor de la producción. De modo que ahora tenemos a mister Thiel en el corazón de la actividad económica del país – sin disparar un tiro. En lugar de desenmascarar ante los jóvenes la operación patriotera con ambiciones electorales de una defensa de la patria de esta característica, los K y sus compañeros de ruta de la izquierda se lanzaron de cabeza a promoverla y generalizarla. Y con razón, porque Vaca Muerta ha sido un proyecto fundacional de Cristina Kirchner. 

 Cristina Fernández y Kicillof han reivindicado Vaca Muerta como “fundacional”, lo mismo que la minería a cielo abierto. La expropiación parcial de Repsol a favor de YPF (privatizada bajo Menem y los Kirchner) fue defendida en esos términos. Se pagó una indemnización (con intereses) de ocho mil millones de dólares, para sacar del medio a Repsol y asociar a YPF con Chevron en un proyecto de ‘fracking’, en términos similares a los RIGI de Caputo y Milei. Para presidir YPF ‘estatizada’, CFK trajo de Europa a Miguel Galuccio, el flamante socio de Thiel. Galuccio abandonó YPF bajo Macri e inauguró Vista, anteriormente en manos de Petronas, y hoy es la principal exportadora de petróleo de Argentina. Entre sus accionistas ‘nacionales y populares’ figuran Amazon, American Electric Power y cinco energéticas internacionales más. El propósito es incorporar la IA al manejo de Vaca Muerta e instalar centros de datos en Neuquén y la Patagonia. La ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’ apunta a reforzar las garantías para estos inversores, que podrían invocarla para reclamar una intervención militar extranjera invocando cualquier violación a ese ‘derecho’. La Bullrich mantuvo el proyecto en el Senado, luego de la poda de los dos capítulos conocidos, porque lo principal seguía en pie abrochado con un moño. La presencia de Techint, Bulgheroni, Vista y hasta una petrolera de China caracteriza a Vaca Muerta como una salida al impasse económico de la burguesía nacional. La ‘estatal’ YPF sigue abriendo caminos al privatizar sus pozos convencionales a capitalistas nacionales, como también Metrogas. 

 La patria de la burguesía nacional y popular ‘no se vende’; sigue desarrollando sus negocios de la mano de todos los gobiernos. 

 En los programas de la izquierda patriotera no está presente la nacionalización del suelo, tanto agrario como rural, ni la de los monopolios capitalistas. Es una confesión de partes. No lo menciona el Manifiesto de apoyo a Myriam Bregman. Esta izquierda aboga incluso por los estados “plurinacionales”, o sea la integración de las nacionalidades indígenas bajo el estado blanco y criollo, por un lado, y la separación de esas nacionalidades originarias del proletariado de América Latina. El nacionalismo ha fracasado en el objetivo de la autonomía política nacional a lo largo de toda la historia. Las cuestiones históricas que han quedado rezagadas sólo encontrarán su salida por medio de la revolución socialista. 

 Jorge Altamira 

 17/08/2026

Uruguay: paro general parcial del PIT-CNT

La central sindical uruguaya, el PIT-CNT, llevó a cabo este martes 11 un paro general en reclamo de mayor presupuesto para educación e investigación, un impuesto del 1 por ciento a los más ricos y la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario, entre otros puntos. Además, criticó el incumplimiento del gobierno de Yamandú Orsi (Frente Amplio) de algunos compromisos asumidos en materia jubilatoria.

 El paro fue parcial, entre las 9 y las 13 horas, pero en algunos sectores (como la educación en todos los niveles, reparticiones públicas como Vialidad y Biblioteca Nacional, y la planta de la petrolera estatal Ancap La Tablada) se extendió a 24 horas. También hubo una movilización en Montevideo, desde la explanada de la Udelar (Universidad de la República) hasta el Palacio Legislativo, donde se discute la Rendición de Cuentas. 

 Se trató del cuarto paro general del PIT-CNT desde que asumió Orsi, tres de ellos parciales. Entre julio de 2025 y abril de 2026, la central participó de un proceso de “diálogo social” convocado por el gobierno que discutió, entre otros puntos, la modificación de la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que elevó la edad de retiro. En estos encuentros, el gobierno se habría comprometido a crear un ente estatal para administrar los fondos jubilatorios de los trabajadores públicos, pero tras las objeciones de los fondos de pensión privados (las Afap) se habría echado atrás. Peor aún, evalúa permitir que las Afap puedan ampliar su cartera de títulos extranjeros. 

 El ministro de Economía, Gabriel Oddone, desató una polémica con la central sindical tras declarar, en una entrevista con el diario El Observador, valiéndose de una metáfora aeronáutica, que el que debe definir la política económica es el piloto del avión (es decir, el gobierno) y no “el pasajero de la fila 33”, una referencia despectiva a los sectores sindicales y la clase trabajadora. El gobierno insistió en que la mesa de diálogo con el PIT-CNT sólo tenía un carácter consultivo. 

 Orsi mantuvo, hasta aquí, la mayor parte de las reformas reaccionarias del gobierno de Lacalle Pou, incluyendo, con cambios menores, la regla de ajuste fiscal de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Por eso, no sorprende que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, felicitara al gobierno uruguayo durante su visita a Montevideo, a fines de julio, donde se reunió con el presidente y el titular del Banco Central. 

 El acto del PIT-CNT que acompañó el paro general, en el que hablaron tres dirigentes sindicales (del Sintep, Fancap y AEBU) incluyó algunas críticas al gobierno por sus vínculos con el FMI y un llamado a estar “más cerca del pasajero 33”, es decir, de los trabajadores y el pueblo. Pero la política de ajuste fiscal del gobierno uruguayo es incompatible con las demandas de la clase trabajadora. Esto plantea la necesidad de encarar un plan de lucha progresivo hasta conquistarlas. 

 Según informó La Red 21, al final del acto hubo algunos abucheos de estudiantes de los institutos normales de formación docente hacia la conducción del PIT-CNT, ya que no les permitieron tomar la palabra, pese a que llevan más de diez días de toma contra medidas que dificultan a los alumnos terminar sus carreras (el PIT-CNT alegó que no habían hecho el pedido con anterioridad). 

 La orientación patronal del gobierno de Orsi plantea la necesidad de desarrollar un plan de lucha y una fuerza política independiente de la clase trabajadora.

 Gustavo Montenegro

El terremoto en Colombia, mucho más que un desastre natural

El terremoto de 7.4 grados en la escala Richter que sacudió a Colombia este lunes 10, dejó más de 180 muertos y 1.600 edificios dañados, según cifras provisorias del gobierno. Su epicentro tuvo lugar en el departamento del Chocó, a veinte kilómetros de la localidad de San José del Palmar, y afectó también, severamente, a Pereira y Manizales (ciudades del eje cafetero) y a Cali, capital del Valle del Cauca.

 Colombia registra una intensa actividad sísmica porque se encuentra ubicada en una zona en la que confluyen e interactúan tres placas tectónicas diferentes. Según el Servicio Geológico Colombiano, se desarrollan alrededor de 2.500 sismos al mes, aunque la mayoría de ellos resultan imperceptibles para la población.

 A poco más de un mes del brutal terremoto que dejó más de 6 mil muertos en Venezuela, se repite en la región un escenario dantesco de edificios en ruinas, cuerpos atrapados entre los escombros y familias que pierden todo en un instante. ¿Esto es inevitable? 

 Más que un terremoto

Un terremoto es, en gran medida, impredecible e inevitable, según los geólogos, pero de su magnitud, de los planes de construcción y del nivel de preparación de los países y de la población depende el alcance del daño causado.

 El del 10 de agosto, con sus decenas de réplicas, es uno de los más poderosos que golpeó a Colombia en los últimos veinte años. Y su impacto se agiganta por una deficiente preparación. 

 Tras un violento sismo que arrasó a Popayán en 1983, se elaboró y puso en marcha en Colombia una normativa de construcción antisísmica. En 1997-1998 y en 2010 se aprobaron otras normativas semejantes. Los especialistas consideran que, en líneas generales, son normas adecuadas, pero el problema es que no se llevan a la práctica y tampoco contemplan a las edificaciones construidas con anterioridad. 

 En primer lugar, los sectores populares son mucho más vulnerables a los terremotos. “Muchísimas viviendas de interés social y popular no cumplen con estas normas”, según John Makario Londoño, director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (El País, 10/8). 

 También juega su papel el afán de lucro de los capitalistas y la corrupción en la obra pública. “Muchas veces las obras no siguen los diseños para ahorrar tiempo o dinero y se saltan las normas sísmicas vigentes”, según Gina Villalobos, ingeniera civil y doctora en sismología (ídem). 

 “Colombia tiene millones de edificaciones construidas antes de la entrada en vigencia de la normativa sismorresistente [de 1997-1998]. Algunas tienen varias décadas de antigüedad y fueron levantadas bajo estándares técnicos muy diferentes a los actuales. A esto se suma una realidad mucho más compleja: el crecimiento informal de nuestras ciudades", subrayó en una columna periodística el arquitecto Mauricio Facio Line (El Mundo, 11/8). 

Planificación vs gobiernos capitalistas

La preparación frente a los terremotos exige, según la opinión de expertos consultados por El País, en el artículo ya citado, políticas a largo plazo, kits de emergencia para aminorar daños (con agua potable, comida no perecedera, linterna y silbato), planes de emergencia por barrio y localidad, debidamente conocidos por los vecinos, rutas de evacuación en casas y lugares de trabajo, educación en las escuelas, etc. Esta planificación es todo lo contrario a la improvisación y el cortoplacismo que caracteriza a los gobiernos capitalistas, apenas preocupados por asegurar los negocios empresarios y que cierren las cuentas públicas para cumplir los planes de pago con los organismos financieros internacionales. 

 El gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió el viernes 7, es un ejemplo de esa clase de gobiernos. Durante la campaña electoral, propuso un plan de ajuste que incluye el despido de 700 mil trabajadores del sector público, además de un alineamiento completo con Estados Unidos e Israel.

 Tras el terremoto, De la Espriella dictó un estado de emergencia nacional que le permitirá concentrar mayores poderes en los próximos 30 días. Prometió que el Estado se hará cargo del pago de servicios de los afectados en los próximos tres meses, pero no dijo qué pasará con aquellos que perdieron sus viviendas y necesitan volver a ponerlas en pie. Se plantea la necesidad de comités de los afectados para exigir al Estado las respuestas.

 En estas horas terribles, enviamos nuestro saludo al pueblo colombiano. 

 Gustavo Montenegro

Huelga Indefinida de la docencia de Tierra del Fuego

¡Por el triunfo de la docencia fueguina!

 El SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina), principal sindicato docente de Tierra del Fuego, está llevando a cabo un paro por tiempo indeterminado desde el 3 de agosto, fecha en que debían retomar las clases luego del receso invernal. La huelga, resuelta el 3 de julio en un congreso provincial de delegados con mandato, está basada en reclamar la reapertura inmediata de la discusión salarial al gobierno provincial, y estuvo precedida de otros paros docentes en la provincia. El gobernador de Tierra del Fuego es Gustavo Melella, de pasado radical y enrolado luego en Unión por la Patria.

 El SUTEF denuncia que los salarios actuales fueron decretados por Melella, dejando en condiciones de pobreza a los docentes (una maestra de grado cobra hoy por un cargo $1.200.000), además de efectuar descuentos, aprietes y persecución. Reclama una “recomposición salarial real camino al Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352”, un plan de desenduedamiento familiar y el tratamiento y sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto presentado por el sindicato. Un reclamo extenso en la provincia es por el estado ruinoso de la infraestructura escolar. 

 El comienzo de la huelga tuvo un gran acatamiento, llevándose a cabo una importante movilización docente, la instalación de un acampe docente frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia y de una permanencia del Ministerio de Educación en Rio Grande, junto con otras manifestaciones dentro de la provincia. 

 El 4 de agosto, es decir un día después de lanzada la huelga indefinida, el gobierno provincial convocó al SUTEF y presentó una oferta de aumento salarial de entre 1,6 y 2 % de aumento que fue rechazada por insuficiente.

 En medio de la huelga, el SUTEF presento un proyecto de ley de desendeudamiento no bancario para la docencia, ante lo que consideran que “no se trata de un problema de administración individual, sino de la consecuencia de un modelo económico y salarial que obliga a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas”. 

 El SUTEF anunció además que presentó denuncias penales por falsedad ideológica y persecución sindical contra directores de escuelas quienes persiguen a los docentes bajo la amenaza de imputarles “ausencias injustificadas” ante la decisión de adherir a la huelga. Esta misma práctica ha sido aplicada por el gobernador Axel Kicillof contra la docencia en Buenos Aires. 

 El 6 de agosto, los docentes fueguinos participaron de la marcha contra la “inviolabilidad de la propiedad privada”. El 8 de agosto se llevó a cabo un Congreso Provincial que ratificó la continuidad de la huelga y resolvió nuevas manifestaciones.

 El 12 de agosto, el gobierno contrapropuso una nueva oferta, consistente en un 1,9 % de aumento para agosto, complementada luego con el pago de otras deudas, y el pago $44.500 en concepto de material didáctico. Con ello, el SUTEF anuncia que desde iniciada la huelga, el gobierno agrego $3.000 millones de “masa salarial” para los sueldos docentes. Han señalado que la propuesta debiera abarcar hasta febrero del 2027, incluye la devolución de todos los descuentos por huelga y que debe alcanzar a todos los jubilados docentes, en referencia a los pagos en negro (“no remunerativos”), una realidad de toda la docencia del país. Para el 13 de agosto, estaban convocadas asambleas docentes para considerar esta oferta.

 El SUTEF es un sindicato de base de la CTERA, pero esta central una vez más ha sometido al aislamiento a la docencia en lucha, sin una mísera acción de apoyo, tal como sucedió durante toda la primera parte del año con las huelgas docentes en Santa Cruz, y otras tantas provincias recientemente como Jujuy, Rio Negro y Córdoba. SUTEF integra, al mismo tiempo, el llamado “Frente Nacional Democrático por la Educación Pública” y el FRESU (Frente de Sindicatos Unidos), un agrupamiento sindical kirchnerista.

 El paro por tiempo indeterminado de la docencia fueguina marca un rumbo claro para la lucha docente de todo el país y del conjunto de los trabajadores para la defensa del salario, de las jubilaciones, del presupuesto educativo. Ha logrado conseguir nuevas respuestas salariales en solo 10 días, incluso antes si se considera la primera convocatoria efectuado por el gobierno provincial. Llamamos a una campaña nacional en apoyo y solidaridad con la huelga docente indefinida del SUTEF. Sigamos este camino para impulsar una huelga general educativa en todo el país. 

 Emiliano Fabris

 15/08/2026

El cobro de aranceles a ciudadanos extranjeros en los hospitales nacionales es un avance en la privatización de la salud

En un nuevo ataque contra extranjeros y migrantes, el gobierno liberticida reglamentó el procedimiento para que los hospitales nacionales comiencen a cobrar las prestaciones a extranjeros que no tengan residencia permanente en el país, mediante la resolución 1066/26 publicada en Boletín oficial el día martes 11.

 La medida se apoya en los cambios introducidos por el DNU 366/2025 a la Ley de Migraciones y establece el pago por la atención a aquellas personas que no tengan la residencia permanente, una clara diferenciación en la atención. La única excepción es la atención de emergencia, que según lo expresado por la resolución, seguirá garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria y "no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos". 

 De esta forma, el procedimiento es el siguiente: las personas que invoquen la condición de residente permanente para acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que un ciudadano argentino deberá exhibir obligatoriamente ante el área de Admisión el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para Extranjeros vigente, donde conste de modo expreso en el campo respectivo la categoría de “Residente permanente”. En caso de extravío o renovación en trámite, se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex, acompañada del pasaporte vigente o documento de identidad de su país de origen. 

 Las personas extranjeras no residentes, en cambio, en caso de contar con seguro de salud, el hospital podrá facturarle a la aseguradora el costo de la atención. En caso contrario, deberán abonar antes la prestación. Un anexo de la norma establece cuáles son cada una de las emergencias comprendidas como excepciones, que desde el Ministerio de Salud fueron resumidas como “aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o funciones vitales, como infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales”. Pero, el texto establece que “una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora según corresponda”.

 La medida de cobro a los extranjeros tiene antecedentes en las provincias de Jujuy, Salta , Mendoza. A partir de la resolución, se suman los centros de salud nacionales: Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Laura Bonaparte. Mientras que los llamados hospitales SAMIC, de gestión compartida entre la Nación y las provincias, como por ejemplo el Hospital Garrahan, al tener un consejo de administración, deberán aprobar su propio procedimiento de cobros. 

 En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno fascista de Jorge Macri, impulsó la medida llamada “Prioridad porteños” para excluir a los miles de trabajadores residentes en el conurbano bonaerense que ingresan a trabajar a diario a la ciudad de Buenos Aires. A partir del “procedimiento para el empadronamiento de usuarios en el sistema público” publicado el 29 de julio para CESACS, solicitan que, para empadronar a nuevos usuarios que soliciten turno por medio del 147 -la línea del Gobierno de la Ciudad- se adjunta como documentación, además del DNI, una boleta de un servicio para constatar domicilio. Previamente, Jorge Macri había anunciado el cobro a los extranjeros a través de su red social personal anunciando que “extranjero que se atiende en la ciudad, extranjero que paga”. Estas medidas ya están siendo motivo de debate y organización entre los trabajadores del primer nivel de atención y hospitales de CABA.

 Como venimos desarrollando en estas paginas, la reactivacion de un discurso pseudonacionalista apunta a dividir a la clase obrera del principal enemigo que es el explotador (la clase capitalista). En este caso, estamos ante otro paso en el avance del cobro de aranceles en los hospitales y centros de salud pública. 

 Rechazamos cualquier intento de dividir a la clase obrera y de privatizar necesidades tan esenciales como la salud o la educación. Organicemos una lucha en conjunto contra este gobierno. 

 Daniela Magoc 

 14/08/2026

Desdelsur SA, y decenas de empresas ‘criollas’ desmontan territorio Wichi

La expropiación nacional y popular de las tierras aborígenes. 

 En los últimos días, miembros de la comunidad wichi Lapacho 2, al norte de la provincia, volvieron a denunciar los desmontes indiscriminados en territorios de la comunidad. El cacique apuntó contra la empresa Desdelsur SA, una compañía cien por ciento nacional, afincada en el departamento San Martín, dedicada a la producción de legumbres, aceites, y en el último periodo ganado. La eliminación del monte nativo por parte de ésta y decenas de empresas en la región, afecta directamente el sustento de las comunidades, por la destrucción de especies como chañar, mistol y algarrobo, cuyos frutos forman parte de la dieta tradicional, además de plantas medicinales y fibras como el chaguar, esenciales para las artesanías que se venden en los mercados al turismo.

 Todo el chaco salteño es una zona arrasada por topadoras al servicio de la expansión de la frontera agrícola. La patria agroexportadora celebra junto a los pulpos extranjeros que arriendan miles de hectáreas cuando ya no pueden comprarlas, como lo hace la norteamericana Seaboard Co., en Orán. Las comunidades de la región sobreviven a pesar de las condiciones de desalojo y exterminio a las que los sometieron todos los gobiernos, provinciales y nacionales.

 Esta denuncia en el norte se suma a las luchas de la comunidad Diaguito Calchakí de las Pailas, en Cachi y Lule en San Lorenzo, contra los terratenientes locales y la oligarquía salteña que se apoya en la justicia y el parlamento para avanzar con desalojos. En el caso de Cachi, fue la inmensa movilización popular que se desarrolló contra la brutal represión y desalojo de familias en la comunidad Las Pailas, lo que obligó a la justicia a restituir cuarenta de las cuarenta y cuatro hectáreas que habían ordenado desalojar. La propiedad de esa tierra se la atribuye la familia Wayar, oriunda del departamento Cachi, que ya posee miles de hectáreas en la región de La Aguada, una quebrada y valle fértil para cultivos, en la que está impulsando un gigantesco negocio inmobiliario. Walter Wayar, uno de los integrantes de la familia de "originarios", fue intendente de Cachi, diputado del departamento, Vice Gobernador de la provincia durante el gobierno de Juan Carlos Romero y posteriormente Senador. 

 Wayar fue uno de los terratenientes locales que marchó el 6 de agosto pasado denunciando la extranjerización de la tierra. Uno más de los terratenientes nacionales "que supimos conseguir", que exige su derecho de propiedad, para acaparar tierras, recursos y explotar trabajadores en nombre del "derecho nacional".

 Este es el derecho que Sáenz y su senadora Flavia Royón, lobbysta de los capitales mineros en Argentina, defienden cuando dicen preservar la "soberanía nacional". Son garantes de la propiedad de la tierra en favor del gran capital nacional o extranjero y de los negocios inmobiliarios, a costas del desalojo de familias obreras. Bajo el gobierno de Sáenz y los gobiernos de Urtubey y Romero, en Salta avanzó como en ninguna otra provincia, la concentración de tierras en manos extranjeras y capitales nacionales. La hipocresía se disfraza con el poncho salteño para llevar adelante las peores atrocidades contra el pueblo trabajador. 

 El slogan “la patria no se vende”, con la que Sáenz buscó liderar el bloque de gobernadores aliados, que forzó a Milei a retirar los capítulos de tierras y fuego del proyecto original de propiedad privada, terminó rescatando el carácter reaccionario del proyecto, que habilita desalojos exprés en todo el territorio, cosa que en Salta ya existe por legislación local. 

 Pero detrás de esta consigna, los gobernadores arrastraron a la izquierda y al kirchnerismo en un frente común el 6 de agosto pasado. Las corrientes del frente de izquierda (PTS, PO, MST, IS), se diluyeron detrás de la burguesía nacional, en nombre de defender su propio derecho a explotar la tierra, las comunidades y los trabajadores que habitamos en ella.

 El debate en el Congreso Nacional puso al desnudo el carácter de clase del estado burgués, en el marco del régimen capitalista, éste defiende el derecho de los Wayar, Desdelsur SA., terratenientes locales, la burguesía y capitalistas “nativos”, contra los trabajadores y las comunidades. 

 Es necesario contribuir con esta claridad, y fijar las diferencias que existen, entre los socialistas, que defendemos el interés común de los explotados, de acceder a la tierra, a la vivienda, al trabajo y al salario; en contraposición a los que defienden el derecho de las patronales, la burguesía y los terratenientes, nacionales o extranjeros, a explotar y desalojar a los trabajadores. 

 Instintivamente esta confrontación se desarrolló masivamente el 6 de agosto pasado, en todo el país, contra el gobierno de Milei. Será tarea de un partido revolucionario, que en adelante esa tendencia progrese con una mayor conciencia política. 

 Violeta Gil 

 15/08/2026

Cultura, historia y marxismo según Walter Benjamin

100 años de Fidel y la historia que no suele contarse

España blinda Ceuta con el Ejército y la censura digital: el fascismo avanza mientras la Unión Europea se fractura

Ya son 142 los migrantes muertos desde la entrada masiva del 30 de julio a Ceuta y Melilla, las colonias españolas en territorio africano. El gobierno de Sánchez respondió con un operativo militar de excepción y un mecanismo de censura digital junto a Meta y TikTok, mientras la crisis profundiza la fractura política de la Unión Europea y le da oxígeno a la extrema derecha en todo el continente. 

 Los ministerios de Defensa e Interior cancelaron todos los permisos y licencias de los militares y guardias civiles desplegados en Ceuta y Melilla desde el 13 de agosto, invocando "necesidades del servicio" ante una convocatoria viral para un nuevo cruce el 15 de agosto (El Español, 10/08). El Centro Nacional de Inteligencia le dio "plena credibilidad" al llamado y despachó miles de efectivos a una de las fronteras más militarizadas de Europa. En paralelo, la Comisión Europea acordó con Meta y TikTok un protocolo de vigilancia digital: verificación prioritaria de contenidos sobre Ceuta y contacto diario entre Bruselas, Europol y las plataformas para bajar publicaciones y "reducir su difusión". Es directamente un dispositivo de inteligencia y policía digital, con Europol -el organismo policial de la UE- coordinando en tiempo real con las corporaciones tecnológicas qué contenidos sobre una masacre en la frontera pueden circular y cuáles no. El mismo Estado que reprime con deportaciones masivas y despliegue militar en Ceuta es el que decide, con el mismo aparato represivo trasladado a las plataformas, qué información sobre esa represión puede leer y ver la clase obrera.

 Esta ofensiva estatal convive con la movilización de la extrema derecha. Vito Quiles, Alvise Pérez y Núcleo Nacional convocaron concentraciones en la Plaza de los Reyes de Ceuta contra la llegada de migrantes, con la bandera española como emblema, pero fueron rechazados por buena parte de los propios vecinos ceutíes, muchos de origen marroquí, al grito de "Ceuta unida, nunca dividida" (La República, 03/08). El repudio callejero, sin embargo, no frena el corrimiento del centro político: el Partido Popular adoptó el marco discursivo de Vox y empezó a hablar de "invasión" y "avalancha" para referirse a la llegada de migrantes, mientras se niega a acoger a menores no acompañados (Público, 06/08). La deshumanización de la clase obrera migrante es un componente clave para la avanzada del fascismo. Ante la crisis migratoria que no pueden manejar, necesitan poner a la clase trabajadora española contra el proletariado migrante para poder reprimir sin repudio ni desatar cuestionamientos al régimen. 

 Esta fractura interna es el síntoma de una Unión Europea que no logra ninguna respuesta común frente a la crisis migratoria, y que en esa incapacidad alimenta el ascenso de la extrema derecha en todo el continente. Italia y Hungría exigen blindar la frontera exterior antes de discutir cualquier reparto de responsabilidades; Alemania presiona a Italia para que reanude las devoluciones del Pacto de Asilo a un mes de las elecciones en Sajonia-Anhalt, donde la ultraderechista AfD mide fuerte. España y Meloni llegaron a suspenderse mutuamente el Acuerdo de Schengen, con controles fronterizos cruzados entre dos socios de la misma Unión. 

 Detrás de la represión hay un objetivo imperialista concreto. España sostiene su dominio colonial sobre Ceuta y Melilla a cambio de reconocerle a la monarquía marroquí su ocupación del Sahara Occidental, en un pacto -firmado por el progresismo del PSOE- que le garantiza a la OTAN el control del Estrecho de Gibraltar, corredor estratégico del 18% del comercio marítimo mundial. Los mismos gobiernos que fingen ser comprensivos con los migrantes hoy militarizan la frontera y despliegan policía digital. Son los que defendieron durante décadas ese enclave colonial como avanzada imperialista en África, y hoy administran la consecuencia directa de esa política: miles de jóvenes que huyen del hambre que el propio saqueo imperialista produce en el continente. Esto deja en claro el pacto que sostienen los gobiernos de la burguesía, tengan el color que tengan. Por eso es importante que el proletariado construya su propia alternativa en un partido de la clase que defienda sus propios intereses.

 Fuera el Ejército de Ceuta y Melilla. Ningún migrante es una amenaza a la seguridad. Por un gobierno obrero, por la organización socialista internacional e independiente contra la guerra mundial imperialista. 

 Iara Bogado 

 14/08/2026

El paro de prácticos y pilotos hizo morder el polvo a los liberticidas

Desde el domingo a la madrugada hasta el martes por la tarde, los puertos argentinos se encontraban operativos, pero no recibían barcos. El comercio exterior quedó paralizado. Los prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de prestar servicios en rechazo al DNU 690/2026, publicado el viernes 30 julio en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional desregulaba el régimen del servicio de practicaje y pilotaje en puertos y vías fluviales, con el objetivo declarado de "reducir los costos" del comercio exterior. Sin los prácticos y pilotos los buques mercantes no pueden levar anclas, amarrar ni navegar por los ríos, ya que son quienes asesoran y supervisan desde los propios buques las maniobras que permiten la llegada y la salida de los puertos, dando las indicaciones necesarias para sortear bancos de arena, rocas y otros escollos.

Los prácticos y baqueanos certifican su conocimiento de la zona y se inscriben en un registro. Los prácticos y pilotos son profesionales independientes, no se encuentran sindicalizados, pero lograron lo que ningún sindicato del transporte pudo: paralizar el 80 % del comercio exterior durante 72 horas, dejando un tendal de más de 140 buques varados desde Ushuaia a Timbúes y cargas desviadas a Montevideo y Brasil. El gobierno liberticida intentó levantar la medida con la Prefectura Naval y fracasó estrepitosamente. El martes por la noche, finalmente, tuvo que recular y anunciar la suspensión de su propio decreto, aviniéndose a negociar una reducción de tarifas. 

 Como se trata de una actividad declarada "esencial", la Prefectura Nacional Argentina (PNA) intimó a 500 profesionales y, con el Código Penal en la mano, amenazó con encarcelar a los profesionales que no retomaran a sus actividades. A pesar del intento de amedrentamiento del gobierno liberticida, los prácticos y pilotos se declararon en paro por tiempo indeterminado. Es la segunda huelga, en una semana, que derrota el dispositivo antihuelgas de la contrarreforma laboral. Ya había ocurrido el lunes, con el parazo docente en todo el país. 

 El decreto

 A pedido del “desregulador” Federico Sturzenegger, el DNU había sido ideado y redactado por abogados ligados a los intereses agroexportadores. Allí se introducían modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje, con el objetivo de “abrir el sector a la competencia”, eufemismo de la rebaja de los honorarios de los baqueanos. En abril pasado, cuando el gobierno adelantó el contenido del DNU, desde la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos (IMPA) señalaron que se degradaría la seguridad del movimiento de buques, aumentando la probabilidad de colisiones, abordajes, encallamientos e interrupciones en el comercio. Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos también rechazaron la desregulación del servicio y presentaron un pedido formal para frenar los plazos administrativos. 

 Sturzenegger, de un plumazo, se propuso eliminar “requisitos considerados obsoletos”, dando facilidades a la entrada de nuevos prestadores al servicio de practicaje y estableciendo que podrían ser contratados libremente por los usuarios, por fuera del registro de las asociaciones. El DNU también establecía que la Prefectura sería la encargada de mantener un registro "abierto" de profesionales. Incluso se autorizaba a la Prefectura por decreto a proveer los servicios de practicaje cuando “a su juicio se presenten situaciones excepcionales que impidan el normal funcionamiento del sistema” y que incluso “podrá requerir a la Armada Argentina la prestación de dichos servicios”. También se establece que “en situaciones excepcionales de crisis del sistema o fuerza mayor, podrá autorizar a capitanes de ultramar o fluviales que cuenten con certificado de conocimiento de zona a que presten el servicio de practicaje y pilotaje en forma temporaria”. 

 Sturzenegger justificó las desregulaciones afirmando que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. 

 Sturzenegger mordió el polvo

 Finalmente, el Gobierno abrió una instancia de negociación, en las que se acordó una reducción del 20 % de las tarifas. Se vio obligado a suspender el decreto de marras, que estuvo vigente sólo cuatro días.

 Por su parte, las navieras, principales impulsoras de la "desregulación", no pudieron mover los buques, en buena medida, por temor a que ocurriera algún siniestro y las compañías de seguros deslindaran responsabilidades contractuales. El paro total de la actividad en todos los puertos del país puso al descubierto que la Prefectura no tiene capacidad operativa para reemplazar a prácticos y baqueanos.

 Lucas Giannetti 

 05/08/2026