El negocio de Roni Kaplan: la hasbará israelí que cooptó a Yamandú Orsi.

El “octavo frente” de Netanyahu: millones para lavar el genocidio

 La revelación del semanario Brecha sobre la empresa Conexión Israel de Roni Kaplan no es un mero escándalo de “propaganda”. Es la exposición concreta de cómo el Estado sionista, brazo avanzado del imperialismo en Oriente Medio, compra voluntades, coopta dirigentes y fabrica “opinión pública” en América Latina con fondos públicos millonarios. 

 Kaplan, uruguayo de origen, capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y vocero en español de la ocupación, pasó del servicio militar activo al negocio privado de la hasbará (literalmente “explicación” o “esclarecimiento” en hebrero). En el contexto político e internacional se usa para referirse a los esfuerzos de diplomacia pública, y propaganda del Estado de Israel, y de organizaciones proisraelíes, destinados a justificar y promover las políticas y acciones del gobierno israelí ante la opinión pública mundial. Tiene una infraestructura propia dentro del gobierno, oficina del primer ministro, cancillería, ministerio de Defensa, y cuenta con presupuestos importantes, especialmente desde octubre de 2023.

 La firma de Kaplan ha recibido al menos 10 millones de dólares de la cancillería israelí entre 2023 y enero de 2026, con perspectivas de otros 5 millones en el año en curso. Desde 2017, el total supera los 16 millones. Este caudal de dinero estatal no financia turismo: organiza delegaciones de políticos, periodistas, e influencers para que “descubran las facetas más atractivas” de Israel y regresen convertidos en agentes de influencia. 

 Tras el 7 de octubre de 2023, Israel declaró abiertamente el “octavo frente”: la batalla por las conciencias. Según lo ha planteado Benjamín Netanyahu quien ha descrito repetidamente el enfrentamiento desde el 7 de octubre de 2023 como una guerra en siete frentes militares o físicos contra Irán y sus aliados. El “octavo” es el no militar: la guerra de la información, la diplomacia pública y la disputa por el relato mediático e internacional.

 Mientras bombardea Gaza y Líbano, multiplica el presupuesto de diplomacia pública hasta 730 millones de dólares solo para 2026. Kaplan es uno de los intermediarios privilegiados. Organiza itinerarios que muestran high-tech, playas de Tel Aviv y “convivencia” entre árabes y judíos, omitiendo sistemáticamente la ocupación, los checkpoints, los asentamientos y el genocidio en curso. El propio canciller Gideon Saar lo reconoce: se trata de un arma en la “guerra de conciencias”.

 En Uruguay, esta operación ha sido particularmente exitosa. Yamandú Orsi, actual presidente por el Frente Amplio, viajó en septiembre de 2023 invitado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Comité Central Israelita. La agenda la armó Conexión Israel. Orsi regresó entusiasmado: “disfruté tanto”, “no hay apartheid”, “convivencia normal”. Un año después, en privado, confesó que el viaje “cambió” su perspectiva. No es un caso aislado. 

 Brecha, vinculado estrechamente al Frente Amplio, viene desarrollando toda una campaña de denuncia contra el genocidio y las operaciones de encubrimiento que adopta en el país y la región. Una muestra de la crisis que atraviesa la propia centroizquierda. El semanario enumera una treintena de dirigentes de la oposición, periodistas de los principales medios (canales 12, 10, 4, VTV, El País, El Observador, el semanario Búsqueda), el pastor Jorge Márquez y su Iglesia Misión Vida, académicos y empresarios de la Cámara de Tecnologías de la Información también hicieron el mismo recorrido. Parte de estos viajes son financiados directamente por la cancillería israelí; otros, por organizaciones del lobby proisraelí. En todos los casos, la logística y el diseño propagandístico quedan en manos de Kaplan. 

 El Frente Amplio, que en la oposición denunciaba tímidamente los excesos de Netanyahu, en el gobierno absorbe a un presidente que ha sido moldeado por la hasbará. Más atrás en el tiempo el propio Fernando Pereira, hoy presidente del Frente Amplio, visitó Israel como representante máximo del PIT-CNT. Viajó invitado por la Histadrut (la principal “central sindical” israelí), junto a otros dirigentes sindicales uruguayos. Durante esa visita destacó aspectos de la organización sindical en Israel y la calidad de vida de los trabajadores. La complicidad con el sionismo viene de lejos. 

 No se trata de una “infiltración” misteriosa: Israel ofrece tecnología de vigilancia, armamento y, sobre todo, un relato que legitima la represión. Kaplan no es un simple emprendedor. Emigró, se enroló en las FDI, participó en la propaganda de la ofensiva de 2014 contra Gaza y luego monetizó esa experiencia. Su trayectoria ilustra la fusión entre el Estado sionista, el capital privado y la diplomacia imperialista. La hasbará no es un “exceso” ni una “desviación”: es inseparable del carácter colonial y genocida del Estado de Israel, fundado sobre la expulsión del pueblo palestino y sostenido por el imperialismo. 

 El incremento exponencial del presupuesto de propaganda israelí -de 25 delegaciones anuales a más de 400 en 2025- coincide con la necesidad de contrarrestar el aislamiento internacional de Israel tras el genocidio perpetrado desde 2023.

 En Uruguay, el lobby pro Israel ha desatado una campaña contra toda movilización en apoyo a Palestina. El sionismo mantiene un control superestructural (partidos políticos de la derecha, prensa y el propio gobierno) pero ha perdido definitivamente la calle. El FA maniobra en ese contexto, buscando salvar al gobierno frente a su base con el argumento de "una cosa es el gobierno y otra la fuerza política". La ultima marcha realizada el 8 de octubre precisamente denuncia la complicidad del gobierno (“Que se ponga del lado de los oprimidos y no de los opresores”), ante lo cual el propio Fernando Pereira se desmarca, afirmando que apoya "algunas partes" de la proclama y no otras. El FA ha quedado embretado, no puede encabezar estas movilizaciones porque su gobierno mantiene el sometimiento al imperialismo, pero tampoco puede excluirse totalmente porque perdería toda influencia en este movimiento. La marcha reclamó la ruptura de relaciones con Israel. Orsi nombró a Marcos Carambula como embajador en Palestina, una figura vinculada al Partido Comunista, mientras mantiene su embajada en Israel, y las relaciones diplomáticas y comerciales (incluida la eventual compra de armas). 

 La lección es clara. No basta con denunciar el genocidio en Gaza. Hay que combatir la infraestructura política e ideológica que lo sostiene en nuestros propios países. Eso implica rechazar todo viaje de “familiarización”, denunciar a los dirigentes que se prestan al lavado de imagen, exigir la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado sionista y organizar la solidaridad activa con la resistencia palestina.

 Mientras los partidos patronales y la centroizquierda corrompida se dejan comprar o se acomodan, los trabajadores deben levantar la bandera de la unidad con los oprimidos de Palestina, Líbano, Yemen e Irán, y transformar la solidaridad en acción revolucionaria.

 Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 19/10/2026

La rebelión que recorre Europa

Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Albania, Alemania... 

 El panorama que arrojaron los sucesos europeos de este fin de semana revela una tendencia a la rebelión popular en pleno desarrollo. 

 Desde el inicio de los combates en Ucrania, y más aún desde las agresiones contra Irán, las movilizaciones en Europa contra las consecuencias sociales de la guerra han ido escalando. Las grandes concentraciones contra el genocidio en Gaza, especialmente en Italia, España, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, se alternaron con huelgas y protestas contra el aumento de los combustibles, alquileres y recortes del gasto social. Los acontecimientos que, por estas horas, envuelven a Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Alemania e incluso Albania -aspirante a integrar la UE- han hecho emerger un escenario de protestas ´transnacionales´, en medio de un acusado chonivismo y de aprestos represivos contra las movilizaciones. Aunque carezcan de una dirección unificada, los reclamos de fondo de los estudiantes y trabajadores tienen una raíz común. Este ascenso de las luchas sociales, por otro lado, tiene lugar en vísperas de un recambio por derecha -incluso ultraderecha- de los gobiernos en presencia. El programa de ese relevo, contradictoriamente, plantea un ajuste del gasto social y un reforzamiento del presupuesto militar y de guerra, alimentando tendencias explosivas. 

 Las principales manifestaciones europeas de los últimos días fueron encabezadas por la juventud. 

 La rebelión estudiantil francesa conoció un nuevo pico este fin de semana. A los estudiantes secundarios que salieron a luchar desde hace quince días, se sumaron en esta oportunidad los ´chalecos amarillos´, el movimiento surgido en 2018 contra el aumento de los combustibles. El gobierno de ´centroderecha´ y la ultraderecha de Marine Le Pen acusaron a ´infiltrados´ y partidos de izquierda por los destrozos que provocaron en varias ciudades los choques de los manifestantes con la policía. Trump agregó de su cosecha la imputación contra la "inmigración masiva". Hubo al menos 2.500 detenidos y numerosos heridos durante las movilizaciones, caracterizadas nuevamente por la resistencia a la represión. En estas horas, el gobierno Macron-Lecornu anunció toques de queda parciales, a los cuales se han plegado municipios gobernados por los "socialistas". Lo que encendió la mecha fue el proyecto de presupuesto 2027, que estipula un recorte de 54.000 millones de euros para reforzar las partidas destinadas a financiar el rearme. 

 Los reclamos educativos de los jóvenes franceses -aumento del presupuesto educativo, nombramiento de docentes, cambios en el sistema de enseñanza- se ha enlazado con la cuestión de la ´asequibilidad´ (accesibilidad) a la vivienda, no sólo a las residencias estudiantiles. La cuestión de la vivienda hizo arder a España a fines del mes pasado, cuando el desalojo de una anciana a manos de un pulpo inmobiliario desató una rebelión. En España, el precio de los alquileres subió en promedio entre el 40% y el 45% en la última década, mientras que los salarios lo han hecho en un 26%, en el mejor de los casos. El rechazo del parlamento a los decretos propuestos por el Pedro Sánchez, fundamentalmente por la deserción a la coalición oficialista del partido de la burguesía catalana, puso punto final a su gobierno.

 También en Portugal la cuestión de la vivienda ha desatado movilizaciones crecientes. Desde el 10 de octubre, se han instalado acampes en Oporto y Lisboa para reclamar la limitación de los precios de los alquileres, la suspensión de los desahucios y el aumento de la construcción vivienda pública. "Los jóvenes que mantienen acampadas pacíficas en Lisboa y Oporto contra la crisis de la vivienda quieren extender sus protestas al movimiento sindical y promover una ´huelga general ibérica´ el próximo 11 de noviembre, coincidiendo con la paralización convocada en España" (Infobae, 19/10). 

 Por otro lado, desde hace 15 días que la Italia gobernada por los fascistas de Giorgia Meloni experimenta un ascenso estudiantil, con centro en Roma, Bolonia y Nápoles. "Una de las claves para entender el malestar [en Italia] es la creciente concentración de la riqueza. Según un análisis basado en datos del Banco Central Europeo y Eurostat, el 5% de los hogares más ricos de Italia pasó de concentrar menos del 40% de la riqueza financiera e inmobiliaria a reunir más de la mitad en los últimos 15 años. En el mismo período, la participación del 90% de los hogares con menor patrimonio cayó del 48% a menos del 40%" (Ámbito, 18/10). 

 En Bélgica, desde el día 9, los estudiantes salieron a las calles de Bruselas para sumarse a las protestas por los proyectos del gobierno conservador de Bart de Weber de recortar gastos en educación, sanidad y prestaciones sociales. Como en Italia, los jóvenes belgas reclaman contra el arancelamiento de los comedores, el incremento de los materiales escolares y el transporte, el congelamiento de las becas de estudio y el recorte de las matrículas universitarias. En el caso de Albania, los reclamos han decantado hacia consignas por la caída del gobierno de Edi Rama, un socialdemócrata europeísta. Hace unos meses, un emprendimiento inmobiliario de Donald Trump en la costa del Mar Adriático había suscitado un inesperado y aguerrido movimiento de protesta.

 Por último, en Alemania, a finales de septiembre, la juventud protagonizó grandes movilizaciones contra la guerra; especialmente, contra el establecimiento del servicio militar obligatorio. 

 La guerra imperialista es un revulsivo social inevitable.

 Jacyn

 19/10/2026

Uruguay: Se presentó denuncia penal por la masacre del Seccional 20

Graciela Montes de Oca, Juan Oroná Mendiola y Marcelo Abdala en la puerta de la Fiscalía General de la Nación. Foto: El Popular 

 En el día de hoy, 13 de octubre, la responsable de la secretaría de DDHH del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Graciela Montes de Oca; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala y el sobrino de una de las víctimas, Juan Oroná Mendiola presentaron en la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, una denuncia penal por el asesinato de 8 militantes del PCU; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del PCU. 

 EL POPULAR consultó a los tres denunciantes acerca de las características de la denuncia y la vigencia de la búsqueda de justicia.

 “Es una deuda” 

 Graciela Montes de Oca señaló que en representación del PCU se presenta como denunciante con el objetivo de “esclarecer los hechos del seccional 20; las víctimas, explicó “eran trabajadores, eran padres a los cuales les cegaron la vida por el hecho de pensar diferente y querer un futuro mejor para nosotros. Creo que es una deuda que tiene el pueblo uruguayo en conocer la verdad”.

 El objetivo es también “cambiar las versiones oficiales que existen por la verdad, para que las futuras generaciones realmente conozcan los hechos tal cual fueron”. 

 Consultada sobre la oportunidad, Montes de Oca explicó que en su momento se había realizado la denuncia pero que la misma fue archivada. “Volvimos a reflotarla porque sentimos la necesidad de que se deben saber realmente los hechos tal cual fueron. Que ellos no eran criminales, como están catalogados dentro de las versiones de ese momento, sino que eran trabajadores y padres de familia que estaban desarmados y creo que es justo que la sociedad reivindique eso”. 

 La dirigente señaló que se espera que la fiscalía investigue “los hechos tal cual fueron” y que “si hay culpables y están con vida, sean juzgados; y si no, sabremos realmente los hechos como fueron, sabremos la verdad”, se trata, dijo, de un “acto de justicia y de reparación para los ocho compañeros que realmente creo que es necesaria y oportuna en este momento de negación que existe a nivel del mundo”. 

 “Vive en mi”

 Juan Oroná Mendiola tenía 8 años cuando sucedió la “masacre de la 20”. Hoy, 54 años después, recuerda que en aquel momento “nos dijeron que uno de los integrantes del grupo, es decir, de los militantes que estaban aquella noche custodiando la 20, extrajo un arma e hirió gravemente a uno de los militares actuantes. Eso lo dijo el comunicado que emitieron las Fuerzas Conjuntas en aquel momento”. 

 Oroná, sobrino de Mendiola, uno de los militantes comunistas asesinados en 1972, recordó que los medios de comunicación de la época “por orden de seguridad” estaban impedidos de comunicar todo lo referido a los operativos de las fuerzas Conjuntas al mismo tiempo que era “la justicia militar la que intervenía, es decir, que no había una justicia independiente ya en aquel momento, por la declaratoria del Estado de Guerra Interno; quiere decir que estaba todo, digamos, orquestado para, confundir a una opinión pública consternada por los hechos”. 

 Consultado sobre por qué era importante, a pesar de tanto años, hacer la denuncia, dijo: “porque después de tantos años, después de cincuenta y pico de años, mi tío sigue en mí vivo, permanentemente conmigo. Cuando yo tenía ocho años, el Estado de Guerra Interno me lo mató y quiero saber lo que pasó. Sé lo que pasó, pero quiero que eso, digamos, se propague a todo el mundo, a todos los que quieran saberlo”.

 Concluyó diciendo: “hay gente que no quiere saberlo, hay gente que no quiere ni escuchar y lo va a tener que escuchar”. 

 “Cuestión de principios” 

 El presidente del PIT-CNT también fue parte denunciante y explicó que “se trata de la lucha por la verdad. Todavía no están esclarecidos los hechos de una masacre que se desarrolló el 17 de abril en el local de la 20 del Partido Comunista, en donde distintos trabajadores estaban al cuidado de su local y donde hubo una masacre absolutamente inhumana, injustificada, que fue parte además de toda una escalada fascista que terminó en la dictadura”. 

 Agregó que “desde nuestra perspectiva la lucha por la memoria, verdad y justicia es una cuestión de principios del movimiento popular. Vinimos aquí a presentar la petición de que se abra una investigación que arroje un resultado sobre la base de la verdad”.

 Explicó que si bien su presencia es a título personal “sin duda alguna que en nuestra presencia sintetizamos la opinión del movimiento sindical, en su momento la CNT, que consternada por los hechos de la 20, desarrolló un paro general de 24 horas en el momento del velatorio y del entierro de los compañeros asesinados”, recordó.

 La denuncia 

 El escrito de la denuncia, al que tuvo acceso EL POPULAR, consta de siete puntos en los cuales se repasan los hechos. Inicia en el 14 de abril de 1972 con el debate en la Asamblea General del mensaje del Poder Ejecutivo “solicitando la declaratoria de Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales para afrontar la grave situación política del momento”. El tratamiento de esta iniciativa del Ejecutivo “mereció un arduo debate parlamentario no sólo por su contenido jurídico sino también por las consecuencias políticas que de tal declaración podrían derivarse”. El resumen de tal declaración reza: “Declarase el estado de guerra interno con la finalidad de reprimir la acción de individuos y grupos que conspiran contra la Patria.”

 “Se suceden atentados en Montevideo e interior contra locales políticos, domicilios de militantes políticos, civiles dirigentes, abogados defensores de presos políticos y periodistas entre otros, mediante explosivos y ametrallamientos así como allanamientos diversos”, repasa la denuncia.

 El punto 3 hace referencia a la noche del 17 de abril: “Poco más de 24 horas de la vigencia del Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales. En horas de la noche, las fuerzas conjuntas (Organismo de coordinación y acción unificada entre las fuerzas armadas y la policía de la República para la lucha anti subversiva) con un número indeterminado de efectivos a los que hay que sumarle elementos no identificados, ya sea sin el uniforme correspondiente o con distintivos que no corresponden a ninguna fuerza determinada, rodean el comité Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay sito en la Avenida Agraciada No. 3715 de Montevideo. La zona asimismo permanece aislada, sin energía eléctrica, acordonada, transformada en un teatro de operaciones. En el interior del local que viene de referirse hay 11 militantes de dicho Partido. El largo asedio culmina, tras un nutrido ataque armado al referido local, que incluyó la afectación de viviendas linderas, con la muerte de 7 militantes, 2 heridos y 2 detenidos más un efectivo de las fuerzas conjuntas herido. José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor José Cervelli (fallece el 28/4/1972 tras las heridas sufridas), resultan muertos a raíz del operativo, algunos de ellos dejados morir sin atención a pesar de contarse con unidades de asistencia médica dispuestas a socorrer a los heridos, a las que solo se les permitió ingresar cuando todos estuvieron muertos. Eduardo Machado, sobrevivió tras recibir una herida en la parte posterior de la cabeza. Fueron detenidos tras permanecer en la azotea del local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay donde salvaron su vida Ernesto Fernández Ferreira y Enrique Rodríguez. Todos militantes del Partido Comunista del Uruguay, obreros metalúrgicos, del vidrio, panadero, gráfico. Militar herido en el operativo, que fallece tras permanecer internado en el Hospital Militar; Wilfredo Busconi”. 

 “Sobre las 17 horas, las Fuerzas Conjuntas emiten el Comunicado de Prensa Número 77 que es la versión oficial, inamovible y vigente sobre los hechos: el mismo, entre otros extremos, refiere a que desde el interior del “club” más precisamente desde los fondos del mismo y desde las azoteas contiguas al local se abrió fuego contra integrantes de las fuerzas conjuntas que trataban de inspeccionar un vehículo que circulaba por la zona en “actitud sospechosa” cosa que se reiteró luego desde el interior del local, siempre de acuerdo al comunicado, para repeler al vehículo de las Fuerzas Conjuntas que acudió al lugar”, expresa la denuncia.

 “Cuando los integrantes del local, sigue diciendo el comunicado, fueron requeridos, salieron con las manos en alto pero uno de ellos “disparó un arma que llevaba oculta entre sus ropas” hiriendo a un oficial de las Fuerzas Conjuntas gravemente en la cabeza lo que requirió la reacción para repeler tal acción y el resultado de 7 muertos, 2 heridos y “varios” detenidos. Asimismo agrega que logró huir una mujer aparentemente herida y que luego del operativo se encontraron en el local numerosas armas de fuego”, se señala.

 La construcción de la impunidad

 El punto 4 del escrito hace referencia al manejo comunicacional para ocultar y tergiversar los hechos. “Vigente al Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales, los Ministerios del Interior y Defensa Nacional propalan un comunicado mediante al cual hacen saber que en virtud de aquella declaratoria, los medios de comunicación quedan inhibidos de dar información sobre operativos militares y policiales que no sean proporcionadas oficialmente. Tampoco podrán emitir opinión o juicio sobre tales operativos so pena de incurrir en delito militar. Toda denuncia que dichos medios reciban deberán ser puestas en conocimiento inmediato de dichos ministerios. Solo queda como fuente de información los debates parlamentarios. A lo que hay que agregar que bajo el Estado de Guerra Interno la competencia corresponde a la Justicia Militar”, se explica. 

 “La versión del Gobierno de la época sobre los hechos, plasmada en el referido comunicado, fue fuertemente rebatida en el parlamento, conforme la versión de testigos presenciales y posteriormente con la constatación de los resultados de las pericias forenses que ponen en duda la versión oficial sobre un supuesto enfrentamiento, así como sobre la autoría de la agresión al oficial de las Fuerzas Conjuntas que resultó herido en el operativo lo que posteriormente produjo su fallecimiento. Al respecto, la edición del Diario El Popular del 20 de abril de 1972, recoge la intervención del Senador de la República Enrique Rodríguez, integrante del Partido Comunista del Uruguay. El legislador se pregunta y pregunta quien disparó contra el Capitán Busconi. A continuación dice que el Ministro de Defensa Nacional dijo, que el autor del disparo fue reconocido y desarmado, pero que cuando le preguntaron el nombre, no lo supo decir, solo que el autor de los disparos no murió. El legislador concluye al respecto que nunca aparecerá “esa canana, ni esa pistola ni ese señor. Se quedará en el vacío de una historia insondable, bajo un gobierno azotado por el clima de la lucha y que ha tenido que declarar la guerra”. 

 Verdad, Memoria y Justicia 

 Sobre las actuaciones judiciales que se llevaron adelante sobre el hecho, “el fuero militar tomó competencia”, explica la denuncia pero apunta a que “en el libro “Los fusilados de abril”. ¿Quién mató a los comunistas de la 20?” de la autora Virginia Martínez, páginas 90 y 91, se establece que hubo intentos de indagar lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción de Tercer Turno a cargo del Juez Daniel Echaverría, ante cuya sede concurrieron testigos, pero todas las actuaciones no concluyeron en una indagatoria y llegada la dictadura militar (1973 a 1984) todo desapareció. Asimismo en 2001 se presentó ante la justicia penal ordinaria una acción que recayó en el juzgado Penal de 10o. Turno a cargo del Juez Rolando Vomero, pero el proceso se clausuró a solicitud del fiscal Dr. Moller. En 2002 el denunciado fué el Comandante en jjefe de la fuerzas armadas en aquel momento Presidente Juan María Bordaberry”.

 “A la fecha tales asesinatos se mantienen sin aclarar, existiendo por parte del Estado una omisión que ha propiciado la impunidad de tales crímenes. Distintas normas y sentencias en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos imponen al Estado la obligación de investigar, perseguir, juzgar y castigar a los responsables de los crímenes sin excepción ni limitación alguna”, se expresa.

 “Denunciamos en suma, el asesinato de 8 militantes del Partido Comunista del Uruguay; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay” y se señala como prueba “estudios médicos -legales, autopsia histórica, de los que resulta avidencia sobre lo que viene de relacionarse en el cuerpo de este escrito” 

 El Popular

 13/10/2026

Vientres de alquiler en guerra: un negocio que crece sobre la necesidad de las mujeres

Mientras el Parlamento de Ucrania debate el proyecto de ley 15507 para prohibir la subrogación de vientres a extranjeros y limitar un negocio millonario atravesado por la guerra, el debate global sobre la gestación por encargo vuelve a encenderse. Entre la explotación económica de las mujeres desplazadas, la proliferación de agencias intermediarias y las discusiones sobre la "gestación solidaria" en países como Argentina, el circuito transnacional de los vientres de alquiler expone una realidad donde la necesidad económica convierte al cuerpo de las mujeres empobrecidas en la mercancía más barata del mercado global. 

 Ucrania, el mercado barato 

Antes de la guerra, Ucrania era el segundo centro mundial de subrogación comercial, detrás de Estados Unidos. La actividad casi volvió a los niveles previos a la invasión, y los extranjeros son el 95 % de los futuros padres. Un abogado del sector estimó en 2018 entre 2.000 y 2.500 nacimientos por año (Al Jazeera, 13/9/18). 

 La diferencia de costos se explica por los salarios y la pobreza del país. Una pareja de Londres pagó unas 65.000 libras a BioTexCom, la mayor clínica ucraniana, frente a más de 110.000 que puede costar en Estados Unidos. Un reportaje de 2025 señaló que el precio ucraniano de 30.000 a 50.000 dólares, contra 110.000 o más en Estados Unidos, se debe sobre todo al bajo costo de vida y de los procedimientos médicos. Una guía comercial para 2026 calcula entre 50.000 y 75.000 euros por programa en Ucrania y entre 20.000 y 26.000 para la gestante. La misma gestación vale menos donde las mujeres tienen menos alternativas.

 La guerra como reclutadora 

La BBC contó el caso de Karina Tarasenko, de 22 años. Su casa en Bakhmut fue destruida cuando tenía 17. En Kiev no conseguía trabajo estable y en una tienda apenas le alcanzaba para pan y pañales. Cobrará unos 17.000 dólares, aproximadamente el doble del salario promedio ucraniano, y la mayor parte llega después del parto. Le correspondían 21.000, pero el contrato preveía un recorte si uno de los mellizos moría, y así ocurrió. Vive en un departamento que le da la clínica. 

 La activista Maria Dmytrieva explica el mecanismo con sus palabras: la guerra multiplica las mujeres desesperadas y las clínicas les ofrecen esa salida a parejas occidentales que buscan pagar menos. Una clínica difundió en enero de 2026 un aviso hecho con inteligencia artificial que muestra a una mujer eligiendo entre leña para la estufa y ropa para sus hijos. En 2021, BioTexCom había promocionado un "Black Friday" de bebés (BBC, 7/5/26). 

 Karina defiende su decisión y se opone a la ley. Su testimonio muestra qué significa elegir cuando el ingreso alternativo es un pan. Para ella, la prohibición desarma un plan de comprarse una casa que ninguna política pública le ofrece. 

 Familias varadas, bebés abandonados y mujeres desplazadas

 La guerra dejó episodios que exponen la lógica de mercancía. En marzo de 2022, abogados del sector calculaban unas 500 mujeres embarazadas para clientes extranjeros y BioTexCom mantenía un refugio para recién nacidos en un sótano de Kiev. En 2025, una madre de Florida se enteró de que su hija había nacido cuando un médico pasó a felicitarla, con una alarma antiaérea sonando. La pareja londinense de la BBC pasó tres meses en Kiev, entrando y saliendo de refugios antibombas, por la demora en los papeles del niño. 

 También hay niños que nadie retira. Wei, de cinco años, nació prematuro en 2021 con daño cerebral severo. Sus padres del sudeste asiático desaparecieron, la gestante no tenía obligación legal y hoy vive en un hogar estatal de Kiev. Un funcionario de Salud dice que son "muchos" los casos, aunque el Estado no lleva cifras. 

 Cuando Ucrania se volvió inestable, la demanda se corrió hacia otros países. En Georgia, investigadoras entrevistaron a ucranianas desplazadas que gestan en departamentos alquilados por agencias, con contratos y procedimientos médicos en idiomas que no entienden (The Conversation, mar. 2026). En mayo de 2025, dos gestantes obtuvieron allí estatus de víctimas de trata (Social Justice Center, dic. 2025). Un informe del Ministerio de Justicia ucraniano habla de contratos abusivos, aislamiento y restricción de movimientos. Es el circuito de las llamadas granjas: mujeres alojadas por la empresa, lejos de su familia y con pago condicionado al resultado.

 Riesgos para la salud 

Los riesgos médicos rara vez aparecen en la publicidad. Un estudio de Ontario, publicado en Annals of Internal Medicine, analizó 863.017 partos entre 2012 y 2021. La morbilidad materna grave fue de 2,3 % en embarazos espontáneos, 4,3 % con fertilización in vitro y 7,8 % en gestantes por encargo. Estas últimas tuvieron un 75 % más de trastornos hipertensivos, un 79 % más de partos prematuros y casi el triple de hemorragia posparto (Medscape, 26/9/24). La investigadora advirtió que las guías que limitan quién puede ser gestante no siempre se cumplen. El estudio incluyó sólo 806 gestantes y comparó con partos de Canadá, un país con sistema de salud público. Sirve como referencia mínima. En Ucrania no hay datos comparables, y la exposición a bombardeos, migraciones y estrés agrega riesgos sin medir. La gestante de la pareja de Florida pasó por varias transferencias fallidas y un aborto espontáneo antes del embarazo que llegó a término. 

 El debate en la Rada

 Los intentos de restringir el negocio a extranjeros vienen de antes. En 2023, una comisión parlamentaria propuso vedar la subrogación a extranjeros mientras dure la guerra y tres años después, con la diputada Viktoria Vahnier como una de las autoras. La ley no prosperó. Este año el tema volvió con más apoyo: la BBC informó que las propuestas tienen amplio respaldo en el Parlamento. El 13 de agosto se registró el proyecto 15507. Permitiría la subrogación sólo si ambos cónyuges, o uno de ellos, son ucranianos con tres años de residencia, prohibiría el servicio a extranjeros salvo con un cónyuge ucraniano y crearía un registro estatal de contratos (Ukrinform, 13/8/26). Entraría en vigencia junto con una ley que establezca responsabilidad penal por las infracciones. 

 Sus defensores invocan la caída de la natalidad. Rusia hizo algo parecido: su Duma aprobó en diciembre de 2022 una ley que prohíbe la subrogación a extranjeros. Ambos gobiernos, en guerra, justifican la medida con la protección de "nuestros niños". Ese planteo deja intacto el mercado interno. Las mujeres pobres de Ucrania seguirían gestando para parejas ucranianas con dinero, y el negocio buscaría otros territorios, como muestra el caso de Georgia. El proyecto tampoco toca la causa que llevó a Karina a la clínica. 

 Una salida de clase 

Para el movimiento de mujeres y la izquierda, la vía es desmontar el negocio. Eso implica prohibir los contratos y las agencias, y proteger a las gestantes en vez de castigarlas. Requiere también trabajo, vivienda e ingresos para las mujeres desplazadas y a las que hoy empuja la guerra. Los dos bandos de esta guerra defienden intereses que no son los de las trabajadoras. Mientras el conflicto continúe, la reproducción de las mujeres pobres seguirá siendo una mercancía barata para quienes pueden pagarla. 

 Iara Bogado 

 18/10/2026

Lula pacta con la derecha parlamentaria la última semana de la campaña electoral

Con los presidentes de las dos cámaras del Congreso

 Cuando falta una semana para el balotaje, DataFolha ofrece una situación de “empate técnico” entre Lula y Bolsonaro (filho) que en caso de confirmarse dejará abierta una crisis política en cuanto a la legitimidad de los resultados. Los dos candidatos han protagonizado actos públicos muy concurridos, Lula en São Paulo y Río, Bolsonaro en Vitoria (Paraiba) y Salvador (Bahía). Queda por delante un debate presidencial, propiciado por la red Bandeirantes. 

 Como habíamos advertido, la campaña por la segunda ronda se ha convertido en una elección independiente, con una carga política propia; es posible que se produzcan realineamientos respecto a la primera vuelta o incluso una mayor participación electoral. La novedad de mayor peso, aunque presente desde antes del inicio de la campaña electoral, es la alianza política de Lula con un sector de la derecha de Brasil para poner una barrera a una victoria de Bolsonaro. 

 El arma más eficaz de Lula en esta segunda vuelta ha sido el proyecto de reducción de la semana laboral de seis a cinco días, que ha concitado, según coinciden los medios, un apoyo del electorado de Bolsonaro. Bolsonaro mismo se ha visto forzado a adherir a la iniciativa de Lula, luego de haber militado su rechazo. El proyecto en cuestión había logrado la media sanción en agosto pasado, de modo que le queda solamente la aprobación del Senado. A partir del Primero de Enero próximo, cuando tendrá lugar la transmisión de poderes, la cámara alta quedará con una sólida mayoría del partido Liberal que encabeza Flavio Bolsonaro. Es el ámbito constitucional que vota las designaciones en el Poder Judicial a partir de propuestas del Ejecutivo. La Justicia se enfrenta, en el momento actual, a una durísima crisis política, con vínculos con la estafa del banco Master y las coimas distribuidas por su dueño, Daniel Vacaro, que se encuentra en prisión. A partir del próximo control del Senado, el bolsonarismo ha desplegado la amenaza de varios juicios políticos contra magistrados rivales para adueñarse de Superior Tribunal Federal. 

 Es en ese escenario en el que ha incursionado Lula para hacer un pacto político con Davi Alcolumbre, un derechista de União por Brasil, para habilitar la votación de la semana laboral de cinco días antes del balotaje. El acuerdo entraña un reparto de figuras en el Poder Judicial, en especial si Lula gana el balotaje. El desplazamiento del llamado Centrão, una coalición informal de derecha, hacia Lula insinúa una novedad de peso que es la disconformidad de una fracción de la derecha con una presidencia Bolsonaro y sus implicancias: amnistía general para los centenares de golpistas condenados judicialmente, incluido un grupo de alta patente del ejército, y un indulto presidencial a Jair Bolsonaro. Más allá de esto, se encuentra en juego un alineamiento incondicional de Brasil con el Escudo de las Américas de Trump, que es visto como inconveniente por una parte significativa de la burguesía brasileña. El pasaje del proyecto laboral por Diputados ya había dejado ver esta escisión en la derecha, por el apoyo que le brindó su presidente, Sergio Motta, del bloque de Republicanos. 

 La derogación del 6x1 por el 5x1 es una muestra de la enorme duplicidad del lulismo. Es que, en cuatro años de gobierno, Lula no derogó, ni menos aun el Congreso, la contrarreforma laboral impuesta por el gobierno de Jair Bolsonaro, de modo que los cinco días laborables por semana conviven con una ‘desregulación’ completa de derechos laborales, que llega hasta la imposición del contrato individual. El 5x1 no añade derechos sino que consolida su supresión. Ha sido vendido, sin embargo, como una conquista que incluso ha terminado por ser avalada por Flavio Bolsonaro, un defensor de la semana del 6 y hasta del 7x1, sin ningún descanso. El 5x1 está agendado para ser votado en la semana que se inicia, con la intención de suscitar algún vuelco en el resultado electoral. El voto por Lula “contra el fascismo” se ha convertido en uno de aprobación al pacto con una derecha de tintes fascistas, contra un fascista y un golpista, que procura demostrar una vocación democrática de último momento. La movilización de masas contra el fascismo pierde toda su fuerza si deja de ser independiente de la burguesía para transmutarse en un apoyo a ella. Un cuarto mandato para Lula significará una cohabitación más estrecha con la derecha parlamentaria que la vigente hasta ahora. El Centrão será el dueño de la pelota atada a un acuerdo político judicial. 

 En la volada derechista se coló algo más: el PT admite reducir la edad de imputabilidad del delito juvenil. Es una concesión brutal a la presión derechista, con el propósito de adueñarse de la agenda de seguridad de la ultraderecha y el fascismo; es su viga maestra, con ella viene la deportación de migrantes y la asunción de la agenda de Trump con respecto al narcotráfico, convertido en terrorismo de estado, para justificar asaltar militares y la guerra imperialista. 

 Estas ‘minucias’ de campaña no han sido siquiera consideradas por la prensa de izquierda de Brasil, para la cual la lucha contra el fascismo y la derechización del aparato y la política del Estado no pasa de una abstracción. Es un seguidismo en altísimo grado, que se acomoda a un movimientismo sin principios ni estrategia. En cualquier caso, la envergadura del endeudamiento publico de Brasil y la magnitud del de su población con bancos y fintech augura un período de ajustes y luchas necesitados de una dirección política independiente. Con un sentido mendaz de la ironía, Lula acaba de sostener que financiará un ajuste con la supresión de los presupuestos privados que los legisladores manejan por el dictado de una ley. Sería lo último que haría, por temor a una rebelión en la granja. 

 Jorge Altamira

 18/10/2026

En Francia, la rebelión estudiantil no cesa

Siguen las movilizaciones masivas.

 Tanto en Francia como en Argentina, nos encontramos en una situación muy similar: los gobiernos capitalistas de Milei y Macron priorizan sostener a los grandes capitalistas a costa de vulnerar grandes reivindicaciones de la clase obrera, como lo es la educación y la universidad pública, además del trabajo docente y no docente. 

 En Argentina acabamos de concluir con la “5ta marcha federal educativa” para defender a la universidad pública de su desfinanciamiento, por la aplicación definitiva de la ley de financiamiento universitario, y contra la extranjerización de nuestras tierras ante el DNU 70/23. Mientras tanto, en Francia, en un mes, han alcanzado la misma cantidad de movilizaciones en defensa de la educación (particularmente de liceos e instituciones secundarias) que la que nosotros hemos alcanzado en los tres años que gobierna Milei.

 Este sábado 17 de octubre se llevó a cabo una gran movilización en Francia conmemorando justamente un mes de la primera movilización iniciada en Saint Denis. El pasado 13 de octubre se llevó a cabo su quinta movilización. Aproximadamente entre 161.500 y 480.000 personas (a las que inclusive se le sumó la reconocida activista ambiental, Greta Thunberg en Saint Denis) marcharon el martes según informaron el gobierno y las organizaciones convocantes. Nuevamente, la jornada inició con la estrategia del “bloqueo” de entre unos 200 liceos y universidades, según lo que indicó el ministro de Educación Nacional.

 Las movilizaciones más grandes se concentraron en París, donde hubo dos marchas que convergieron en los Inválidos, en las proximidades de numerosos organismos ministeriales y cerca también de la Asamblea Nacional, donde se llevó a cabo el debate por el presupuesto planificado para el 2027. 

 En la capital hubo algunos incidentes menores durante el recorrido, como el incendio de un coche y el enfrentamientos entre los manifestantes y policías, aunque comparado a las movilizaciones anteriores, no se reportaron grandes hechos de violencia policial. Recientemente el jefe de la policía municipal de la localidad Port-de-Bouc (sureste) fue suspendido después de que fuese filmado el 2 de octubre atropellando a un grupo de estudiantes. Pero la jornada tampoco estuvo exenta de intervenciones artísticas, como la orquesta que frente al Hotel de Ville (palacio municipal ed París, por así decirlo) se concentró para interpretar lo siguiente: 

 El 8 de octubre también es una fecha digna de mencionar. Si bien, no tuvo tanta convocatoria como la anterior, logró alrededor de 71.500 manifestantes según el Ministerio de Interior. En esta fecha hubieron alrededor de 500 detenidos y 50 policías heridos. Aunque claramente mucho más chica, cumplió su propósito: inmediatamente el gobierno nacional tuvo que responder urgentemente ante las protestas. Tras reunirse con distintas organizaciones estudiantiles, el ministro de Educación Nacional anunció que movilizarán de aquí al martes a 3.000 profesores suplentes para cubrir las ausencias. 

 Sin embargo, el movimiento estudiantil no dio el brazo a torcer, quieren ir por mucho más: el reclamo por más docentes es tan sólo una de las reivindicaciones por las que pelean. Como advirtió la dirigente estudiantil Sabrine Kharbach, de Unión estudiantil: "necesitamos ya medidas concretas. Mientras no se pongan en la mesa 10.000 millones de euros, no pararemos la movilización". 

 Como en la Francia de 1968, los estudiantes buscan agregar a su lucha reivindicaciones que involucren a la clase trabajadora en su conjunto, por el momento agricultores y profesores. En Francia, ya van camino a la sexta. Afortunadamente, como hemos asegurado al inicio de estas protestas, las movilizaciones populares se expanden por todo el mundo, recientemente se han sumado Bélgica y la India. En Argentina, si bien hemos tenido una gran movilización, la organización no fue de tal magnitud. 

 Este sábado 17 se desarrolló otra gran jornada de lucha de los estudiantes, el movimiento obrero y de sectores que salieron a las calles contra el aumento en los combustibles. 

 Por el triunfo de la juventud y los trabajadores de Francia. 

 Oliverio Cosentino

Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, justifica la complicidad de los diputados peronistas con Milei

Salvataje del nefasto DNU 70/23 y de la gobernabilidad libertaria. 

 Una vez más, diputados que responden a gobernadores peronistas y/o forman parte del bloque de diputados de Unión por la Patria fueron engranajes claves para evitar dar quórum para una sesión en la que estaba planteado derogar el reaccionario y antiobrero DNU 70/23. 

 Frente a miles de manifestantes que enfrentaban al gobierno y a la salvaje represión, actuaron obscenamente en resguardo del régimen entreguista al imperialismo y antiobrero de Milei. El papel de sostenimiento del odiado gobierno mileísta se mostró más claro que nunca. 

 La decisión del PJ y de la burocracia sindical peronista de sostener esta orientación a rajatabla se ratifica más que nunca con las declaraciones realizadas ese día por Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores.

 Efectivamente. Consultado por el diario Perfil respecto de su opinión sobre los diputados de los gobernadores peronistas que votan y/o actúan en favor de Milei en el parlamento, la respuesta de Yasky fue contundente. 

 ¿Había que repudiarlos? 

No. La contestación del burócrata fue salir en su defensa: “Lamentablemente creo que esos diputados, si actuaran a conciencia, si no tuvieran que ser manejados a control remoto y ordenados por la lógica del toma y daca de algunos gobernadores, yo estoy convencido, lo sé, votarían... estarían presentes en la sesión y votarían contra el DNU. Yo no tengo ninguna duda. Es lamentable que todavía hoy, cuando ya este gobierno prácticamente se encamina hacia el tercer año de mandato, tengamos este tipo de transacciones que le hacen daño a la credibilidad de la democracia, porque este toma y daca permanente, armado de mayorías para la ocasión, estas asociaciones que racionalmente no tendrían explicación si uno entendiera que estos diputados forman parte o tienen un mandato que es tratar de defender las posiciones de un sector político que no comulga con el oficialismo. Todo esto le quita esa credibilidad que tiene que tener el Congreso” (Perfil, 15/10).

 El control remoto al que se refiere Yasky, sin embargo, es el mismo que altera su propio comportamiento. La actitud del peronismo en el parlamento se complementó con la de la burocracia sindical en las afueras del Congreso. La CTA-T que él lidera también negó quórum. No convocó a parar, tampoco lo hizo su principal gremio nacional, la Ctera. En la Plaza de los Dos Congresos, a la que concurrieron decenas de miles de personas, se hizo presente con apenas cinco o seis centenares de personas, y Sonia Alesso, la secretaria general de Ctera que habló en el palco de los convocantes, no planteó ninguna lucha para adelante. 

 No solo esa actitud le quita credibilidad al Congreso, como dice Yasky, sino fundamentalmente al peronismo cómplice en todas sus variantes, principal sostén de la gobernabilidad del régimen mileísta con la paralización de los sindicatos de parte de la CGT y ambas CTAs, que llegan al tercer año de gobierno de Milei sin desenvolver ningún plan de lucha para derrotarlo, porque la credibilidad que cultivan es la de ser confiables para la sostenibilidad del régimen patronal al que están sometidos. 

 El bochornoso papel jugado por la burocracia de la CTA-T en esta jornada crucial pone de manifiesto también la importancia de enfrentarla en las próximas elecciones de esa Central, para desplazar a Yasky y a su sucesor, Roberto Baradel. 

 Desde estas páginas llamamos a todas y todos los trabajadores de la central yaskysta a votar y llamar a votar por la Lista 6 Multicolor, que con la candidatura a secretaria general de Romina Del Plá plantea colocar esta lucha al servicio de la recuperación de la CTA para las y los trabajadores y por una nueva dirección del movimiento obrero, al servicio de las luchas y de la necesidad de organizar la huelga general hasta derrotar a Milei y a todos los gobernadores cómplices. 

 Daniel Sierra

El peronismo y los gobernadores volvieron a salvar el DNU 70/23 de Milei

Defienden los negocios capitalistas mientras crecen el endeudamiento y el ajuste. 

 La sesión caída en Diputados para tratar el DNU 70/23 expuso la colaboración de los gobernadores y de la oposición patronal con el gobierno de Milei para sostener el decreto desregulador. Detrás de las ausencias que impidieron reunir el quórum está la preservación de los intereses capitalistas de distintos sectores patronales. El camino para derrotar al gobierno no pasa por las maniobras parlamentarias, sino por desarrollar una oposición en las calles, en los lugares de trabajo y en las universidades.

 A la hora de conformar el quórum, apenas 121 diputados ocupaban sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el debate. Entre las ausencias decisivas estuvieron Gisela Scaglia y José Núñez, alineados con el santafesino Maximiliano Pullaro; los tres diputados que responden al tucumano Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados a Carlos Sadir. También faltaron legisladores cercanos a Gustavo Sáenz e Ignacio Torres, entre otros. Zigarán había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente no se presentó.

 La convocatoria había cobrado impulso después del fallo de la Corte Suprema que rechazó un amparo contra la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU, dejando en pie la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. Luego, la Corte tuvo que recular, salvando al gobierno y a la oposición, descomprimiendo parte de la movilización. El gobierno, a su vez, restituyó los límites de la Ley de Tierras en el dictamen de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El desenlace final mostró la orientación principalmente de la oposición peronista, comprometidos con los intereses económicos beneficiados por la desregulación de Milei.

 Los negocios que la oposición patronal no quiere tocar 

El DNU 70/23 modificó las reglas de numerosos sectores económicos para ampliar la libertad de acción del capital. En los alquileres, favoreció a los grandes propietarios y al negocio inmobiliario; en la medicina prepaga, redujo controles sobre las cuotas; y en la yerba mate, debilitó las regulaciones que limitaban el poder de los capitalistas. Los trabajadores quedaron expuestos a aumentos, contratos más desfavorables y servicios cada vez más inaccesibles. 

 La misma orientación atraviesa los negocios que los gobernadores buscan preservar en sus provincias. Pullaro y otros mandatarios defienden los intereses de los sectores agroexportadores, beneficiados por la liberalización de la economía y por un esquema que prioriza la renta de la soja por encima de las necesidades de la población. En Tierra del Fuego, la industria electrónica vinculada al régimen promocional también está atravesada por los intereses de las patronales que operan bajo condiciones fiscales especiales. En el norte del país, la expansión minera y los negocios alrededor del litio forman parte de una disputa por la apropiación de recursos y ganancias. Los gobernadores y Milei compartes una hoja de ruta común.

 El endeudamiento de las familias trabajadoras muestra otra cara de esta política. La modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito y la desregulación del sector financiero se combinaron con salarios deteriorados, tasas de interés elevadas y una caída de los ingresos que empuja a millones de personas a financiar consumos básicos. 

 Frente al crecimiento de la morosidad, los proyectos que se discuten buscan atender las deudas sin poner en cuestión el esquema que favorece a los acreedores. La preocupación central pasa por garantizar el cobro de bancos, financieras y empresas, no por aliviar a quienes se endeudaron para comprar alimentos o pagar servicios. 

 La colaboración parlamentaria tiene su correlato en la burocracia sindical. La CGT dejó pasar la ofensiva de Milei mientras apostaba a la vía judicial y a negociaciones separadas por gremio, sin poner en pie un plan de lucha capaz de enfrentar el ajuste, firmando además los acuerdos que introducen la reforma antiobrera en los lugares de trabajo, como ocurre en el Smata.

 La pasividad de las centrales sindicales permitió que avanzaran las reformas y que las patronales encontraran condiciones más favorables para flexibilizar el trabajo, reducir costos y descargar la crisis sobre los trabajadores. La política de los gobernadores y la de las direcciones sindicales convergen así en un mismo resultado: evitar una confrontación que ponga en riesgo los intereses capitalistas. 

 La salida está en las calles y en los lugares de trabajo 

La sesión caída también incluyó la emergencia en discapacidad y los proyectos vinculados al endeudamiento, dos asuntos que reflejan el alcance social de la crisis. La oposición que negocia en el Congreso mientras sus gobernadores sostienen los negocios beneficiados por Milei termina funcionando como una válvula de contención, incapaz de ofrecer una salida para las mayorías trabajadoras.

 La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, intervino denunciando todas estas maniobras y llamando a redoblar la movilización para enfrentar al gobierno. El Frente de Izquierda tiene el desafío de actuar en común para desarrollar un canal de organización de todos los sectores para derrotar al gobierno de Milei. La defensa de los salarios, el empleo, la salud, la educación y las condiciones de vida exige enfrentar al gobierno y a todos los sectores que colaboran con su política, organizando a los trabajadores y estudiantes para llevar la lucha hasta el final. 

 Marcelo Mache

NAZA: Netanyahu ordena procesar a los militares entrevistados en la película

Mientras tanto, otros soldados relatan más crímenes de guerra a la prensa.

 Benjamín Netanyahu ordenó el domingo al jefe de Estado Mayor del Ejército, Zamir, al Shin Bet y al fiscal general que revelen “con urgencia” las identidades de los soldados y oficiales entrevistados en el documental "NAZA" y que los procesen por "graves delitos contra la seguridad de la información, difamación penal y daño a los intereses diplomáticos y de seguridad de Israel". El carnicero de Tel Aviv ya no miente que la película dé información falsa, ahora dice que difunde “información clasificada” y cuestiones que comprometen la seguridad nacional.

 A menos de dos semanas de las elecciones, el hombre que se negó a formar una comisión investigadora de los sucesos del 7 de octubre, azuza el odio contra los militares que confiesan sus crímenes de guerra y postula la posibilidad de que "hayan cometido graves delitos penales al exponer información altamente clasificada y crear una brecha en la seguridad de la información de una unidad de inteligencia altamente sensible".

 Es un intento de manipular a la población y volcar a su favor unas elecciones de suerte incierta, ya que hasta el fiscal general militar, Itai Ofir, puso en dudas la viabilidad de los procesamientos. Un proceso penal, dijo, “requeriría pruebas de violaciones de la seguridad o de divulgación de material clasificado”, sobre las que no hay ninguna certeza. 

 NAZA ganó el premio especial del jurado tras recibir la ovación más prolongada de la historia del Festival Internacional de Cine de Venecia. Su nombre proviene de un acrónimo utilizado por los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo. 

 El documental, dirigido por los cineastas ganadores de un Óscar, Yuval Abraham y Rachel Szor, y producido por The Guardian, detalla la matanza masiva de civiles en Gaza. La película, que se exhibirá en más de 50 países, se está proyectando en Europa y Estados Unidos, donde a pesar de no tener un distribuidor importante ya se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de medio millón de dólares en menos de dos semanas.

 El gobierno israelí arremetió contra Abraham y Szor, amenazando con quitarles la ciudadanía y acusándolos de traición. También recibieron infinidad de amenazas de muerte en las redes y los partidarios del gobierno, que prometen impedirles regresar a Israel, organizaron piquetes frente a la casa de los padres de Szor en Savyon, coreando: "Pena de muerte para los traidores". 

 The Guardian aseguró que “en los últimos tres años, el equipo responsable de la película ha entrevistado a más de 100 fuentes familiarizadas con los sistemas de las FDI utilizados en la guerra de Gaza, incluidos comandantes de alto rango directamente implicados en la autorización de los ataques” y opinó que “el gobierno israelí intenta desviar la atención de las preguntas urgentes que plantea la película sobre los asesinatos en masa de civiles palestinos en Gaza". 

 NAZA se basa en revelaciones publicadas por primera vez por la revista israelo-palestina +972 Magazine, el medio en hebreo Local Call y The Guardian entre 2023 y 2025. En los últimos días, rozando el ridículo, el gobierno sionista ha promovido un proyecto cinematográfico que imita el estilo de NAZA, en un intento de cuestionar las conclusiones de la película original. 

 Los directores de NAZA afirman que “los ataques de Netanyahu contra nosotros son incitación al asesinato”. Efectivamente, el voltaje de las agresiones a judíos antisionistas en Israel crece exponencialmente, avalado por un gabinete fascista que impulsó (y aprobó) la pena de muerte exclusivamente para palestinos.

 Pero la barbarie ya no se limita a los palestinos: la policía y los colonos apalean tranquilamente a los judíos antisionistas. El 9 de octubre dieron un paso más: una turba de colonos incendió la vivienda de un activista judío en Mea Shearim, un barrio judío de Jerusalén, mientras su familia estaba dentro de la casa. 

 Esta semana, la Comisión de Inmigración del Parlamento abrió una investigación sobre el caso de dos jóvenes judíos, de Estados Unidos y Reino Unido. Aunque reunían las condiciones para emigrar a Israel, el Ministerio del Interior rechazó la petición, vulnerando el hasta ahora intocable “derecho al retorno”, que otorga la nacionalidad a cualquier judío que quiera vivir en Israel. Los dos rechazados han participado como voluntarios en organizaciones de izquierda que apoyan a comunidades palestinas en Cisjordania.

 Pero las amenazas han perdido su poder intimidatorio. Los soldados que reconocen los crímenes de guerra saltan por todos lados. Este domingo 12 de octubre, en un largo reportaje del diario Haaretz, soldados de los servicios de inteligencia y de drones detallaron los vertiginosos cambios de política a posteriori del ingreso de las milicias palestinas a Israel.

 El gobierno ordenó una búsqueda frenética de datos sobre Hamas, por ínfimos que fueran, y para eso se decidió “la flexibilización de las normas de selección de objetivos, flexibilización de los criterios para clasificar a alguien como 'terrorista', se aprobaron ataques, aunque tuvieran el riesgo de generar cientos de bajas civiles y bajaron órdenes de que no se podía cuestionar las misiones” (Haaretz, 12/10). “Incluso el objetivo de menor rango justificó las bajas civiles”, dicen los informantes.

 Otro cambio fue que “llegó a Inteligencia Militar gente que no pertenecía a la unidad, reservistas que ni siquiera habían servido nunca en inteligencia, traídos de todo tipo de lugares”, dice A. “Se sentaban buscando los objetivos más insignificantes, los peces pequeños, para poder matarlos. Cualquiera que mostrara símbolos de Hamás en Facebook o se identificara como miembro de Hamás era marcado como objetivo”. 

 Un tema recurrente en los testimonios es la diferencia entre la importancia de un objetivo, la magnitud del ataque y el número de víctimas civiles que se considera aceptable. Por ejemplo, para asesinar a un jefe de Hamas demolieron varios edificios con un saldo que superó los 300 muertos. “Me quedé atónito al ver que estábamos derribando varios edificios densamente poblados, matando e hiriendo a cientos de personas, para acabar con la vida de un comandante de batallón que, apenas unas semanas antes, ni siquiera era alguien sobre quien se suponía que debíamos recabar información”, dice un oficial de inteligencia.

 Los palestinos que entraban a casas abandonadas o edificios dañados a buscar mantas, camas, sillas y comida fueron considerados una amenaza potencial y definidos como “objetivos”. “Sabemos que matamos a civiles inocentes durante la guerra. Son cosas que pasan. Pero en este caso, viste a un padre en el jardín bañando a sus hijos con una manguera, segundos antes de disparar. Sentí que estábamos llegando a nuestro límite moral”, confiesa otro entrevistado. 

 “Ya es hora de que las personas que redactaron esas órdenes asuman su responsabilidad, en lugar de intentar arrojar a los lobos a los soldados que, con valentía, contaron al público la verdad sobre cómo luchábamos”, afirma Nadav Weiman, director ejecutivo de Breaking the Silence, una ONG de exsoldados y reservistas que recoge testimonios sobre sus experiencias en los territorios ocupados. 

 Antes que se acallara el escándalo por las nuevas revelaciones, Der Spieguel, el mayor semanario de noticias de Europa, entrevistó a otros 10 soldados que estuvieron en Gaza. “La orden era: disparen a todo el que vean”, cuentan, y dicen que al principio les ordenaban derribar un edificio y después zonas enteras. Todos, excepto uno, pidieron permanecer en el anonimato y la mayoría se niega a volver a servir en Gaza. 

 El costo político de la masacre palestina, que ha convertido a Israel en el país más repudiado del mundo, comienza a carcomer a sus ejecutores.

 Olga Cristóbal

El mito del ´boom exportador´

En medio del derrumbe de la producción industrial, el consumo y las condiciones de vida de las masas, Milei salió a desmentir los ´ruidos´ por el tipo de cambio, la incapacidad del gobierno para cumplir el pago de las obligaciones de deuda a vencer en 2027 y hasta la renuncia de Luis Caputo. Así sacó de la galera la supuesta cantera inagotable del superávit de la balanza comercial: única bandera que pareciera sobrevivir al naufragio libertario, el incremento de las exportaciones. Por primera vez este año superarán los 100.000 millones de dólares, casi un 15% más que en 2022 o poco menos que el 25% respecto al lejano 2010, los dos picos previos.

 Si se mira bien, ese incremento apenas si acompaña el crecimiento vegetativo del mismo período. En segundo lugar, con excepción del incremento de las exportaciones de minerales e hidrocarburos (petróleo crudo, oro y combustibles y lubricantes, en ese orden), en la mayoría de los otros rubros los aumentos de las valores exportados no se corresponden con aumentos en cantidades físicas, sino del precio en el mercado internacional de esas mercancías, un factor por demás aleatorio y volátil. Si se consideran los 10 principales productos de exportación (representan más del 56% del total exportado), con excepción de los tres productos señalados donde ha habido incrementos físicos -y, fundamentalmente, de precios por la guerra mundial-; el resto manifiesta estancamiento o un pequeño incremento. 

 Entre los otros siete productos ´estrella´ que se exportan las cifras esconden, en la mayoría de los casos, retrocesos en cantidad física de bienes y fundamentalmente, además, en los productos con mayor industrialización. Entre los 10 productos que encabezan las exportaciones, hay uno solo industrial: las pickups y vans, que representan menos del 10% del total. Pero hay que considerar que, de conjunto, la rama automotriz es la que origina mayor déficit en el comercio exterior (no sólo por componentes importados sino también de vehículos terminados); por otro lado, que la propia industria (en manos de pulpos imperialistas) está reducida a virtual ensambladora o maquiladora- entre el 50 y el 60% de las unidades se integran con componentes traídos de afuera. Las exportaciones del sector, además, han caído sustancialmente respecto al pasado. Ni hablar que la ocupación de la industria automotriz y de autopartes, en el pasado relevante, hoy se encuentra muy reducida. 

 Si se consideran el conjunto de las exportaciones de origen industrial (MOI) el retroceso es monumental y por partida doble: en el pasado, rubros como la exportación de maquinaria agrícola exhibían cierta importancia. A esto se suma que la venta en el mercado interno de cosechadoras, sembradoras y otras maquinarias, no sólo está en retroceso. Gran parte del mercado del sector ha sido ocupado por maquinaria importada. El cierre de empresas emblemáticas ha sido noticia recientemente. 

 Además, de modo general, ninguna de las ´pujantes´ industrias extractivas (petrolera y/o de minerales) tracciona la producción de bienes en el mercado interno. Los grandes capitales que han ingresado bajo el RIGI (el régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones) acceden a la posibilidad de ingresar maquinaria y bienes importados sin ninguna restricción, o sea que nada ´derraman´ en el mercado interno. La única industria MOI que hasta ahora mostraba ´espaldas´, la farmacéutica de capitales nacionales, también está en retroceso. En el pasado, figuraba en el ´top ten´ de las exportaciones. Ahora, está al borde de ser borrada del mapa por los acuerdos de libre comercio con EE.UU., a favor de los laboratorios extranjeros. Son los que están detrás de las denuncias de corruptelas en la ANDIS, que buscan quedarse también con ese bocado de cardenal. 

 De los únicos tres otros productos en importancia de los 10 señalados consideradas exportaciones de origen agropecuario (MOA), ninguno suma valor agregado sustantivo: en orden de importancia, son la harina y pellets de soja; el aceite de soja y la carne bovina. Con excepción de esta última, que ocupa a una masa relativamente significativa de trabajadores, los otros dos ítems son casi irrelevantes en este terreno. Pero si se toma el conjunto de las MOA, en relación al pasado, el retroceso es enorme. Exceptuando los cultivos de la pampa húmeda -que son aquellos en los que hay menor valor agregado- la mayoría de los llamados cultivos industriales o regionales -que ocupan más trabajadores- están en la lona. Ni hablar de los problemas de infraestructura que afectan a todas estas actividades, especialmente por los caminos en ruinas. La vitivinicultura se encuentra a la cabeza de este retroceso, con una caída del 73% respecto al punto de partida de la caída hace 8 años. Mendoza y San Juan esconden este retroceso detrás del ´boom´ de la extracción minera. La industria forestal, otrora estrella entre las MOA, le sigue en el derrumbe. Por la caída en el mercado interno, el principal aserradero del país, ubicado en la provincia de Misiones, productor de pallets de madera, acaba de cerrar dejando a 300 trabajadores en la calle.

 Señalemos de paso que el impulso a la llamada “economía del conocimiento” y la Inteligencia Artificial amenaza con transformar a la Patagonia no en una plataforma de desarrollo, sino en un páramo, acabando con los acuíferos existentes y devastando riquezas naturales. En EE.UU., cuna de los ´centros de datos´ de los grandes pulpos tecnológicos, los movimientos de repudio a su instalación están a la orden del día (por primera vez desde 1994, los demócratas amenazan con alzarse con la senaduría por Texas, tras el respaldo del gobernador Greg Abbott, republicano, a esos centros. Desde 2024, debido a esas grandes instalaciones, los aumentos de precios de los servicios públicos y los cortes de luz se repiten constantemente).

 Resumiendo, el boom exportador es un bluff. Esconde, por un lado, la fenomenal primarización de la economía argentina, la desindustrialización y el retroceso de las fuerzas productivas del país; fenómeno que afecta de modo general a todo el mundo semicolonial, pero en forma particularmente aguda a Argentina. El retroceso del país en el subcontinente en los últimos 40 años es, en términos relativos, el mayor de todos, con la excepción de Haití y Cuba. El ´mérito´ le cabe por igual, sin distinciones, al arco político patronal, desde los ´nac&pop´ a los libertarios. 

 Como en Argentina no existe ningún tipo de control sobre el comercio exterior, la disposición de las divisas de los exportadores es irrestricta y constituye la principal ´cantera´ para la fuga de capitales. Ha sido así bajo todos los gobiernos. Más que nunca bajo el reino libertario: sólo en los últimos 16 meses, alcanzó la friolera de 40.343 millones de dólares (LN, 3/10), superando el récord previo de los ´nac&pop´, de más de 200.000 millones en 16 años. La gestión libertaria blindó por ley la fuga de los grandes capitales exportadores, particularmente de la última gran joya de la abuela: por la ley bases y el DNU 70/23 el sector petrolero goza de fabulosos beneficios impositivos y garantías de no intervención del Estado en el mercado, incluso en caso de desabastecimiento de combustibles en el país. O sea que lo de la cantera disponible del saldo positivo del comercio exterior es puro humo.

 A veces las apariencias engañan. Entre el modelo libertario y el de los K, en materia de “sectores beneficiados” -Vaca Muerta, agro, minería- y fomento del comercio exterior, se parecen como dos gotas de agua. He aquí el nuevo contubernio que alcanza al conjunto de las fuerzas políticas patronales. 

 Norberto Malaj 

 15/10/2026

La quinta marcha educativa estuvo dominada por aparatos

Los manifestantes rechazan la represión de Milei y Jorge Macri. 

 La quinta marcha educativa bajo el gobierno de Milei presentó un panorama conocido: a lo largo de la Avenida de Mayo, desde Congreso a la 9 de Julio, se extendió una legión de manifestantes sin duda numerosa. 

 Pero las columnas de universidades, colegios y sindicatos estaban representadas por contingentes organizados -la militancia estudiantil y docente de las casas de estudio junto a sus funcionarios. En cambio, faltaba una concurrencia espontánea y masiva de estudiantes y público, como había ocurrido en las dos primeras marchas educativas. La movilización estuvo dominada por los aparatos. 

 A la cuestión del financiamiento universitario, se sumaba esta vez la expectativa de una sesión extraordinaria para tratar el DNU 70, la cuestión de la discapacidad y el endeudamiento. Pero la sesión fue boicoteada por los mismos partidos “opositores” que, de un modo general, regentean al aparato universitario a través del elenco de rectores. 

 En conocimiento de ese aborto parlamentario, el palco de la Marcha Federal se ubicó por la mitad de la plaza Congreso. Bastante atrás de los manifestantes que protestaban frente al vallado de Entre Ríos y que, muy prontamente, comenzaron a ser reprimidos. Se planteó entonces una curiosa situación: mientras una parte de la marcha soportaba los gases y los carros hidrantes, las burocracias educativas de diferente laya proferían todo tipo de lamentos en torno de la “intransigencia” gubernamental. Lo que no apareció en ese palco, bajo ningún concepto, es el llamado a una huelga general para arrancar de una vez por todas el financiamiento universitario. Los fallos judiciales, largamente celebrados en el palco, solo han conseguido sacarle a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, 100.000 pesos de multa diaria -un vuelto que, seguramente, no serán pagados nunca. 

 En la trastienda de estas escaramuzas por arriba, las vísperas de la jornada del 15 dejaron señales muy importantes: la determinación de sindicatos universitarios como los de Córdoba, Rosario, Bahía o Tucumán, que resolvieron huelgas y jornadas activas en los días previos a la marcha. Las ocupaciones de colegios secundarios y terciarios en CABA, desafiando la represión del fascista Jorge Macri; el tremendo paro de los docentes de Buenos Aires el mismo día de la marcha. 

 Para la burocracia sindical y universitaria que comandó la marcha, el 15 fue el réquiem para el año 2026 y para el propio “financiamiento universitario”. Para los luchadores que buscan otro rumbo, debe deliberar una política, organizar al activismo que milita por la huelga indefinida y desarrollar una nueva dirección políticamente independiente. 

 Marcelo Ramal 

 15/10/2026

De Devoto a Marcos Paz, otro negociado inmobiliario en la Ciudad

El traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz ha sido instrumentado de común acuerdo por los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei como un acto de represión contra la delincuencia. Los pulpos inmobiliarios vienen especulando desde hace años con los efectos de la urbanización de las cinco hectáreas que ocupa la cárcel de Devoto sobre el precio de las propiedades. No fue anunciada ninguna medida de infraestructura de agua y energía para sustentar emprendimientos inmobiliarios de gran porte.

 Los 1.500 presos que se encontraban hasta ahora allí hacinados están siendo trasladados por tandas en caravanas fuertemente custodiadas por decenas de vehículos policiales, a 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su llegada al nuevo predio penitenciario fue profusamente difundida por las autoridades de ambos gobiernos, esposados y formados de tal modo que recuerdan a los del dictador salvadoreño Nayib Bukele. También serán trasladados a Marcos Paz los presos encerrados en comisarías y alcaidías de la Ciudad. 

 La construcción del nuevo penal de Marcos Paz y la demolición de Devoto fue acordada entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en 2018. Para los presos y sus familiares, implica un cambio dramático. La nueva cárcel se encuentra retirada en una zona de difícil acceso. A las humillantes prácticas que el Servicio Penitenciario dispensa a los visitantes, ahora se sumará también la lejanía. En el caso de los presos que habían obtenido salidas transitorias, afectará su reinserción y revinculación. La inmensa mayoría de los detenidos son pobres y gran parte de ellos, no tiene condena firme.

 La fecha del traslado fue decidida de manera unilateral por Macri y la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, haciendo caso omiso a las objeciones presentadas por organizaciones de derechos humanos y por la UBA, en su caso, a raíz de la destrucción del Centro Universitario de Devoto (CUD), fundado en 1985. 

 El CELS denunció que el traslado se realizó de forma intempestiva y sin aviso previo a las familias de los internos, sus defensores y organismos de control, como prevén los protocolos vigentes desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina en el denominado “Caso López”, justamente por trasladar presos sin evaluar su situación individual ni permitir un control judicial previo. Los protocolos establecen que las personas detenidas, sus allegados, familiares y abogados deben contar con precisiones sobre los tiempos, la modalidad y el destino exacto de cada movimiento, para interponer los reclamos que consideren pertinentes llegado el caso. Entre los presos trasladados, se encuentra Milton Tolomeo, detenido junto a Eneas Gallo durante las protestas contra la ´reforma´ laboral. 

 En cuanto a los estudiantes privados de su libertad, los funcionarios hicieron caso omiso del estado avanzado del cuatrimestre y del pedido de la UBA de que fueran derivados a Ezeiza, donde funciona otro dispositivo universitario y, además, queda a mitad de camino respecto de Marcos Paz. En cambio, provocativamente, los estudiantes del ex CUD fueron traslados en la primera tanda, antes que el resto. La posibilidad de continuar sus estudios en la nueva sede está, por lo menos, cuestionada. Por lo pronto, nunca estuvo prevista. Lo confirma el hecho de que nunca se selló un nuevo convenio entre la UBA y el Servicio Penitenciario, a pesar de haber mantenido largas conversaciones. Llegado el caso, tampoco está asegurada la llegada de los profesores.

 El gobierno de Jorge Macri apañó el reclamo de los vecinos más recalcitrantes del barrio como ariete detrás de una movida inmobiliaria. Devoto es uno de los barrios ascendentes de la Ciudad. Los alrededores de la Plaza Arenales vivieron un cambio sustancial en los últimos años. Con la demolición de la cárcel, los especuladores confían en que el auge inmobiliario podría extenderse a zonas aledañas, por ejemplo, Monte Castro. Se estima que el aumento del precio de las propiedades podría alcanzar entre el 15 y el 50 %. Por otro lado, todavía hoy no hay claridad sobre el destino que tendrán las cinco hectáreas que ocupaba la cárcel. Se habla de un "complejo de viviendas" y espacios verdes, eufemismo de un negociado. 

 La cárcel de Devoto, como la ESMA, es un testimonio histórico de la violencia del Estado. Fue el lugar de encierro de los presos políticos de las dictaduras de Onganía y Lanusse, liberados el 25 de mayo de 1973 por ´el Devotazo´. Bajo la última dictadura, fue un centro de torturas y también de concentración de presos políticos. Fue el escenario de la Masacre del Pabellón 7°, ocurrida en 1978, en la que murieron un centenar de detenidos, bajo una represión feroz, declarada crimen de lesa humanidad recién en 2014. 

 Jacyn 

 15/10/2026

Myriam BREGMAN: "Vamos a exponer a TIBIOS, TRAIDORES y ACUERDISTAS"

CON FILO | Lugares comunes

Cuba, resiliencia y guerra cognitiva: la asimetría como campo de batalla

La Isla es blanco de una lógica operativa en acción de una guerra no convencional, multiforme o híbrida, cuyo carácter polifacético dejó atrás experiencias anteriores

 La guerra contra Cuba no es una suma de agresiones aisladas, es un sistema que la literatura de inteligencia estratégica conceptualiza como una «ecuación del caos», una operación perfectamente sincronizada, donde el estrangulamiento económico produce el descontento material, y la guerra cognitiva se encarga de dirigir ese descontento hacia el blanco político deseado. 

 Presenciamos la lógica operativa en acción de una guerra no convencional, multiforme o híbrida como algunos especialistas todavía prefieren llamarla, pero que por su carácter polifacético dejó atrás experiencias anteriores. 

 El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en 2021 cómo una sola cuenta, localizada en España, pero operada desde EE. UU., publicó más de mil tuits en dos días, a razón de cinco retuits por segundo. 

 También se documentó recientemente el uso de «granjas de trolls», o sea, usuarios que coordinan decenas de cuentas falsas, y la modificación de geolocalización para simular que los mensajes partían de territorio cubano. 

 Los enjambres de IA, los bots ya no son programas simples que repiten mensajes, han evolucionado a «enjambres de IA que interactúan, se adaptan y evolucionan para crear la ilusión de un consenso sintético».

 Hay que sumarle a esto que la ia generativa permite crear videos –hablamos de los deepfakes hiperrealistas– donde, por ejemplo, ancianos y jóvenes cubanos, con voces y rostros sintetizados, piden la intervención de EE. UU. en Cuba. 

 Verificartve comprobó que los videos «virales» tenían un 99,6 % de probabilidad de haber sido creados con Sora 2, el modelo de Openai. Otro caso documentado fue un noticiero alterado con IA que informaba falsamente sobre la anexión de Cuba a México.

 En ese orden de cosas, la microsegmentación de audiencias permite diseñar narrativas específicas para la ama de casa en La Habana, el joven trabajador del turismo en Varadero o el ingeniero en Holguín. 

 En la guerra cognitiva contra Cuba se utilizan modelos de lenguaje avanzado (LLM) para generar desinformación personalizada a escala masiva. En lugar de un mensaje único, se crean miles de versiones de una misma mentira, adaptando el léxico, el tono y el enfoque emocional para resonar con la frustración específica de cada grupo demográfico.

 A un ama de casa en La Habana, el enfoque de la desinformación va dirigido a explotar la ansiedad por la escasez, la inflación y el bienestar familiar y para lograrlo utilizan un tono coloquial y cercano, centrado en el día a día del hogar.

 Un ejemplo de mensaje personalizado sería «¿Otra vez sin pollo ni aceite en la bodega? No es casualidad. Mientras tú haces milagros para alimentar a tus hijos, ellos guardan lo mejor para los turistas. Comparte esto con tus vecinas para que sepan la verdad». 

 Ahora dirigido a un ingeniero, se orienta a la frustración profesional por la falta de recursos, la precariedad técnica y la fuga de talento. En este caso se utiliza un tono más técnico y analítico, apelando a la lógica y a la pérdida de prestigio.

 «Con un título de ingeniero y no puedes ni reparar el motor de tu propio carro por falta de piezas. El país se cae a pedazos y los que saben se van. No es un problema de recursos, es de prioridades. Un sistema que no valora el conocimiento está condenado a la mediocridad». 

 A un joven trabajador del turismo en Varadero, apelan a la frustración por la diferencia entre la realidad que ve (turistas con dinero) y su salario. Usa un lenguaje más directo y cínico, con referencias a la falta de futuro. 

 «Aquí te partes el lomo por 20 dólares al mes, viendo cómo los extranjeros se gastan eso en una cena. Y encima te dicen que es ‘por el bloqueo?. La verdad es que a ellos no les importa tu futuro. ¿Hasta cuándo vas a aguantar?». 

 El objetivo no es solo convencer de una falsedad, sino sembrar la duda y erosionar la confianza en las instituciones y en las propias percepciones de la población.

 Algoritmos que procesan el sentimiento en redes sociales y foros cerrados, detectan los picos de cansancio emocional, y activan las campañas de amplificación precisamente en los momentos de máxima fragilidad. La IA no solo ataca; espera el momento óptimo para atacar.

 Por otra parte, la diferencia de recursos es abrumadora en un sentido que va más allá de lo tecnológico. Cuba no solo enfrenta una potencia con más dinero y más tecnología, enfrenta una potencia que controla la infraestructura sobre la que se libra la batalla.

 El resultado es una asimetría también en la geopolítica del conocimiento pues los algoritmos que amplifican o entierran contenido son propiedad de corporaciones estadounidenses. Desde Florida, España y otros lugares se dirige información tergiversada que amplifica los problemas del país, mientras que a los contenidos defensivos que se producen localmente los entierra el algoritmo.

 LA RESPUESTA CUBANA: SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y COGNITIVA 

 Un pequeño país bloqueado no puede competir en volumen de recursos. La estrategia no es simétrica, sino asimétrica en el otro sentido: apuesta a variables cualitativas, no cuantitativas. 

 En el v Coloquio Internacional Patria se apostó por «unificar esfuerzos en una ofensiva comunicacional liberadora y de soberanía tecnológica», impulsando una red Sur-Sur de herramientas de IA y la creación de redes sociales soberanas. 

 No se trata de demonizar las redes sociales, sino de «aprender a usarlas y controlarlas a su favor», porque la defensa contra la manipulación no es solo tecnológica; es cognitiva. Un pueblo que sabe reconocer un deepfake es menos vulnerable que uno que no. 

 Nada de esto es automático, hay tres tensiones reales, una es la brecha entre discurso y la capacidad de los medios públicos cubanos que carecen de la infraestructura y los soportes materiales y humanos para hacer frente a una guerra comunicacional de ese calibre; la voluntad política existe; los recursos, no siempre.

 Segunda, el riesgo del aislamiento, la tentación de cerrar el acceso a plataformas extranjeras es contraproducente, la estrategia más inteligente es la que Cuba ya ensaya, presencia en las redes, no huida de ellas, y la tercera es la trampa de confundir la crítica interna con guerra cognitiva, la guerra cognitiva es real, pero no todo descontento es fabricado. 

 ¿Cómo enfrentar entonces la asimetría? No igualando recursos, porque eso es imposible. La respuesta es desplazar el terreno de la confrontación. La potencia hegemónica gana en volumen, velocidad y alcance algorítmico, Cuba no puede ganar ahí, pero puede ganar en verdad verificable, en contacto directo, en credibilidad de base. 

 Un deepfake se desmonta con un video real, una granja de bots se contrarresta con comunidades humanas reales, una narrativa de colapso se responde mostrando lo que funciona y lo que no funciona.

 Por eso la asimetría no es solo una desventaja, la potencia que necesita fabricar consenso sintético con ia es una potencia que no tiene consenso real, quien necesita granjas de bots para simular apoyo es porque no tiene apoyo espontáneo. Esa es la contradicción interna del agresor.

 La Isla rebelde no resiste porque sea invulnerable, resiste porque ha sabido convertir la desigualdad de medios y recursos en una posición moral y una práctica de soberanía, no depender de la infraestructura del adversario, no creer en sus narrativas, no rendirse a su lógica. 

 No es un misterio, es una estrategia, con sus aciertos y sus fallas, librada en condiciones de desventaja extrema. 

 Raúl Antonio Capote | internacionales@granma.cu 

 14 de octubre de 2026 18:10:59

 Fuentes: Instituto de Comunicación Social, Radiohc.cu, La Jornada, Granma.

La falsa guerra del diésel ha estallado en un enfrentamiento imperialista sin salida

Trump ordena la privación del Starlink a Zelensky y su renuncia. 

 La suspensión de las sanciones económicas, por parte de Donald Trump, al comercio del carburante de Rusia, con el pretexto de paliar el aumento sideral del precio del diésel en el mercado mundial, se reveló enseguida como un paquete para imponer un acuerdo de paz en Ucrania que convierta a ésta y a Rusia en formas de protectorado del imperialismo norteamericano. El déficit internacional de la provisión de diésel ni siquiera responde a un bloqueo del comercio de Rusia, sino a la guerra no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y la destrucción de instalaciones petroleras de los países del Golfo que albergan bases militares norteamericanas por parte del gobierno de Teherán. Donald Trump y su canciller Marco Rubio acaban de amenazar a los hutíes de Yemen con represalias militares fulminantes si prosiguen la guerra contra Arabia Saudita, que viene buscando el control de ese país desde hace más de una década. 

 De acuerdo a toda la prensa internacional, el acuerdo de paz que pergeña Trump establece un congelamiento de la guerra en Ucrania sobre las líneas ocupadas por Rusia y Ucrania, para dar pie a un plan de reconstrucción de Ucrania por parte del fondo BlackRock, fuertemente invertido en el país, y el Banco Mundial, que se servirían de los fondos secuestrados a Rusia, por 260.000 millones de euros, depositados en Bruselas. Trump ha planteado el desarrollo de un pool energético mediante la revitalización del NordStream 2, la tubería de 2.000 kilómetros bajo el mar Báltico, que se extiende desde San Petesburgo a las costas de Alemania. Esta tutela estratégica excluye a la Unión Europea y pone en evidencia la amplitud del conflicto de intereses entre el imperialismo estadounidense y los europeos. La OTAN queda reducida a un cadáver insepulto y la UE privada de cualquier autonomía estratégica. El planteo de Trump ha recibido un rechazo inmediato de los líderes del viejo continente, empezando por el inglés Burnham, seguido por el alemán Merz e incluso por la ex trumpista Giorgia Meloni. La respuesta de Trump a esta disidencia no se ha hecho esperar: ha ordenado el corte del servicio de inteligencia y comunicación Starlink, de la compañía Space X, de Elon Musk, a Ucrania, para forzar el cese de los ataques de Zelensky a las refinerías de Rusia. Putin, en cambio, ha redoblado el bombardeo a las instalaciones energéticas de Ucrania, cuando se anuncia un invierno especialmente crudo para la región. El sabotaje de Trump a Ucrania ha sido repudiado por franjas crecientes del partido Republicano, a poco más de dos semanas de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Junto a una mayoría elevada del partido Demócrata, la burguesía del Norte se ha pronunciado a favor de la alianza con la UE y la prosecución de la guerra contra Rusia hasta las últimas instancias. Trump cuenta con el apoyo de la oligarquía financiera que monopoliza la Inteligencia Artificial, la cual valora un acuerdo con Rusia que distancie a la oligarquía de Putin de la tutela de la República Popular China. El aislamiento internacional de Pekín es el arma principal de lucha del imperialismo estadounidense en la fase actual de la guerra imperialista internacional. 

 El escenario del conflicto interimperialista en la OTAN se encuentra a la espera de nuevos protagonistas, como consecuencia de la previsión de triunfos de la ultraderecha en Francia, Alemania y España. Reagrupamiento Nacional y la AfD son partidarias, respectivamente, de un retiro de la UE de la guerra en Ucrania y de un acuerdo con Moscú, que la convierta en un semi protectorado. Putin ha repetido sin desfallecer que la paz europea dependía de “una nueva arquitectura de seguridad”, que no podía tener otra forma política que la señalada. En ausencia de ella ha advertido de la disposición de recurrir al armamento atómico en el caso de un involucramiento militar directo, bajo la dirección, por caso, de Alemania. El rearme alemán marcha en forma acelerada, con el apoyo de AfD, independientemente de las divergencias estratégicas. AfD encabeza las encuestas nacionales con una intención de voto del 30%, seguida por la UCD – un 19%. 

 Es probable que el planteo de acuerdo de Trump sufra un nuevo desaire, como ha venido ocurriendo desde su primera presidencia. Putin mismo no le ve consistencia geopolítica en el marco de divisiones interimperialistas insuperables. Esto explica los cambios de frente que sufre la guerra imperialista con tanta frecuencia. Trump ha retirado las bases militares del Golfo y parte del Medio Oriente, pero solamente para traer de nuevo a los mares Mediterráneo y Arábigo a los portaviones a su disposición. El estado sionista, por su lado, prosigue firme con la anexión de Cisjordania y la tutela de Líbano y Siria. Turquía, del lado opuesto, fragua acuerdos con Pakistán y Arabia Saudita, e impone un régimen de partido único en su territorio. Todos los botines de la guerra siguen en agenda: el dominio del corredor que une al Medio Oriente y Asia Central, y las ambiciones de Japón sobre el oriente de Rusia. Los levantamientos populares, tanto de estudiantes franceses como de lucadores por la vivienda en España o Berlín, marcan los primeros pasos de un movimiento de masas que ha entrado en la crisis y la guerra sin preparación política clasista. En la lucha por la maduración política del proletariado, la izquierda democratizante es un peso muerto que defiende condiciones de desarrollo político definitivamente enterrados. 

 Jorge Altamira 

 15/10/2026