La inflación de septiembre fue del 1,9%, con un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, pero detrás del promedio se esconde una realidad que golpea con más fuerza a los trabajadores. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos mensuales y acumula una suba cercana al 50% interanual. Mientras las tarifas y los ingresos de determinados sectores empresarios se actualizan, los salarios pierden frente a los precios, al igual que las jubilaciones. La inflación agrava el ajuste y profundiza la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas.
Los datos del Indec muestran que el Índice de Precios al Consumidor llegó al 33,4% interanual. En septiembre, Vivienda aumentó un 3,1%, Educación un 3% y Comunicación un 2,5%, por encima del promedio general. Los gastos indispensables para sostener un hogar avanzan a un ritmo que no guarda relación con la evolución de los ingresos populares.
La incidencia de estos aumentos sobre los hogares trabajadores es mucho mayor que la que refleja el índice general. Los servicios públicos, el alquiler y los gastos de educación y salud absorben una parte creciente de los salarios, reduciendo el dinero disponible para alimentos, transporte y otras necesidades. Mientras los capitalistas tienen sus ingresos asegurados e indexados a la inflación, con tarifazos permanentes, aumentos discrecionales y la timba financiera.
Salarios y jubilaciones, detrás de los precios
Las luchas por la recomposición salarial en las provincias expresan este deterioro. Estatales, docentes y trabajadores de la salud enfrentan negociaciones paritarias que no recuperan lo perdido, con gobiernos provinciales que pretenden imponer aumentos por debajo de la inflación y sostener el ajuste sobre sus trabajadores, replicando en las provincias la orientación de Milei.
Los jubilados atraviesan una situación similar, con una mínima de indigencia de $435.748,51 y un bono de $70.000 que permanece congelado. Cada aumento de los precios reduce el valor real de las jubilaciones, mientras los gastos de vivienda, servicios y medicamentos se llevan una porción cada vez mayor de los ingresos. El gobierno pretende presentar el equilibrio de las cuentas públicas como un logro, pero una parte de ese resultado se obtiene licuando jubilaciones, salarios y prestaciones que deberían garantizar condiciones de vida elementales.
Del otro lado, las empresas privatizadas de energía cuentan con aumentos tarifarios que sostienen sus ganancias, mientras los especuladores y acreedores de la deuda y títulos públicos encuentran mecanismos para obtener rendimientos financieros cubiertos de la inflación. Las garantías ofrecidas por el gobierno para estos sectores contrastan con los techos paritarios y el congelamiento de los ingresos previsionales. El ajuste no recae sobre todos por igual.
La inflación también profundiza el ajuste presupuestario
Ni la recesión ni el retraso cambiario han permitido al gobierno controlar la inflación, incluso con la contracción de la actividad económica y el deterioro del consumo. La política oficial expone a los trabajadores a nuevos tarifazos y a mayores pérdidas salariales.
La inflación también licúa el gasto público y deteriora las previsiones presupuestarias para el 2027. Las partidas proyectadas para el próximo año destinadas a las universidades, la salud y la educación pierden valor real incluso antes de ejecutarse. Así, el ajuste opera por dos vías: la reducción directa de los fondos asignados y la pérdida de su capacidad efectiva para sostener salarios, infraestructura y prestaciones. Las necesidades de la población quedan subordinadas a las metas fiscales del gobierno y el FMI.
Frente a esta situación, la recomposición de los salarios y las jubilaciones exige romper los techos paritarios y organizar una lucha común de estatales, docentes, trabajadores de la salud y el conjunto de los trabajadores. La burocracia sindical colaboradora contribuye a consolidar la pérdida de ingresos. Hace falta un plan de lucha que unifique los reclamos y enfrente el ajuste de Milei y de los gobiernos provinciales, por una recomposición general inmediata de salarios y jubilaciones, para que la crisis deje de descargarse sobre los trabajadores y jubilados mientras se preservan los negocios capitalistas.
Marcelo Mache
