domingo, mayo 24, 2026
La energía, el trasfondo de la reunión Putin-Xi
El objetivo principal de Putin en esta reunión era cerrar el acuerdo para la construcción de un enorme gasoducto, el “Poder de Siberia 2”. Los reportes rusos destacan que se logró un “entendimiento general” sobre ruta, construcción y parámetros principales, con compromisos para acelerar el proyecto, aunque detalles clave como precios, plazos y financiamiento aún se negocian. Los medios chinos son más cautelosos y enfatizan que la cooperación estratégica continua sin anunciar un acuerdo definitivo. Se trata de un proyecto para suministrar gas a través de Mongolia. “Se prevé que el contrato del proyecto tenga una duración de 30 años” (RIA Novosti, 21/5). Con una longitud aproximada de 2.600 kilómetros, conectaría los yacimientos de gas de Siberia Occidental con el norte de China. Sin embargo, aún se desconocen los plazos específicos de construcción. Su capacidad proyectada de hasta cincuenta mil millones de metros cúbicos por año es comparable al antiguo Nord Stream 1, hacia Europa, aunque dos veces más extenso. Esta alternativa resulta de vital importancia para redirigir exportaciones que antes iban a hacia ese continente, perdidas por sanciones y la guerra en Ucrania. A China, en tanto, la dotaría de una fuente diversificada y terrestre de energía -el 90 % de sus exportaciones de petróleo llegan por mar-. El Siberia 2 es el "heredero" parcial de los gemelos Nord Stream I y II, (este último saboteado por EE.UU. nunca llegó a estar operativo) en términos de volumen.
Medios de EEUU, Reino Unido y Alemania destacan que no hubo un acuerdo definitivo. El Washington Post señala que Putin no logró asegurar la aprobación de Xi. Reuters en una amplia cobertura añade que “China dice poco públicamente sobre el proyecto”.
La energía se ha convertido en un objetivo estratégico, de la cual depende el desarrollo de la Inteligencia Artificial. El fuerte repunte de los precios del crudo ha generado gran volatilidad en los mercados internacionales. “La energía se sitúa en el centro de esta transformación porque es indispensable. Toda economía depende de ella. Todo ejército la necesita. Toda tecnología avanzada, desde los semiconductores hasta la inteligencia artificial, se basa en ella” se alarma la revista Time (4/4).
Otra prioridad clave para Putin es que China mantenga el apoyo a la guerra en Ucrania. Una parte importante de sus exportaciones corresponde a bienes de ‘doble uso’, cívico y militar. Moscú depende especialmente de drones aéreos y componentes electrónicos chinos.
Más del 90 % de la tecnología sancionada que importa Rusia proviene de China, según un reciente informe de Bloomberg, un 10 % más que el año anterior. Esta dependencia militar es especialmente relevante en el actual contexto regional: “Rusia aporta tecnologías militares especializadas y la posibilidad de probar equipos chinos en condiciones reales”, explica Alexander Gabuev, director del centro de estudios Carnegie Russia Eurasia Center. Según Joseph Webster, investigador del Atlantic Council, citado por el tabloide inglés The Guardian, «Taiwán podría ser el trasfondo de la reunión entre Xi y Putin». Webster señala que Pekín podría estar buscando firmar más acuerdos de combustibles fósiles con Moscú para garantizar su suministro energético en caso de un futuro conflicto. Ampliar la capacidad de los oleoductos rusos hacia China «mejoraría significativamente la seguridad petrolera de Pekín ante una posible crisis en Taiwán» (The Guardian 18/5).
China se ha convertido en el principal proveedor de vehículos y repuestos para Rusia, incluyendo una gran cantidad de componentes. Rusia ha impulsado la "localización" con incentivos y aumentos de impuestos a importaciones completas, para producir más localmente. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la mayoría de los fabricantes occidentales, como Renault, Volkswagen, Mercedes, BMW y Toyota abandonaron el mercado ruso o suspendieron operaciones. Esto dejó plantas disponibles y creó un enorme vacío en el mercado automovilístico. Las marcas chinas llenaron rápidamente ese hueco, tanto mediante importaciones como mediante ensamblaje local en las instalaciones abandonadas. China ganó una cuota masiva y acceso a plantas modernas a bajo costo.
Hoy, los autos chinos dominan el mercado ruso: más del 50-60 % de las ventas de autos nuevos en los últimos años. La cuestión de la energía ha atado con fuerza al régimen burocrático de Pekín con la oligarquía moscovita frente a la avalancha del imperialismo norteamericano.
Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
23/05/2026
Se diseña un estado de excepción en Santa Fe
En este sentido, se plantean prácticas que no tienen nada que envidiarle a las apretadas y vejámenes propios de la dictadura para torcer la voluntad de los detenidos políticos. Una de ellas es la reincorporación de la “declaración informativa” que puede serle exigida a cualquier persona que a los primeros momentos de la investigación no se pueda dilucidar si es sospechosa de ser autor de un delito o simplemente un testigo. Pero la misma podrá ser exigida sin asistencia de un abogado defensor, lo cual es un retroceso enorme para los derechos civiles. La prepotencia policial se refuerza para acceder a declaraciones bajo violencia contrariando todos los pactos internacionales de derechos humanos.
Otra de los puntos es la incorporación del juicio en rebeldía. Esto implicaría avanzar en una condena contra una persona de la cual se desconoce su paradero, afectando irremediablemente su derecho a defenderse. Para Pullaro, que un acusado no esté presente no es excusa para que no pueda ser sentenciado penalmente. Bastará con notificarlo en su domicilio. En idéntica sintonía se inaugura un monstruo jurídico llamado decreto penal: en casos de “prueba objetiva indubitable” el fiscal puede acusar y condenar en un mismo acto, siempre que sean penas menores de 3 años o contravenciones. Algo así como “te condeno y después te defendés”.
Si esto no fuese poco, la reforma plantea una serie de flexibilidades sobre la clásica regla de la exclusión probatoria. ¿Qué significa esto? Que el estado no puede hacerse de prueba o evidencia obtenida de manera ilícita o irregular. No puede descargarse toda la prepotencia del aparato contra una persona y valerse de mecanismos ilegales para coartar su libertad. Por lo tanto, aquella que sea obtenida de tal manera, es de nulidad absoluta. Pullaro critica esto y sugiere que el fin justifica los medios: cuando el “agente” que la recolecte lo haga “de buena fe”, a pesar de ser ilícita o irregular, puede utilizarse en contra del imputado; o cuando la gravedad del delito justifique esta violación, entre otros incisos igual de inconstitucionales.
Prosiguiendo, se envalentona a la fiscalía a ejecutar allanamientos sin orden judicial; a intervenir comunicaciones de todo tipo si la “premura” de la investigación así lo exije y a la consagración del “ciberpatrullaje” para obtener información de las redes de eventuales implicados.
Como frutilla de este postre totalmente regresivo, se pretende la configuración de “mini estados de sitio” en sectores de supuesta alta criminalidad. El mismo permitiría extender las facultades policiales permitiendo, por ejemplo, detenciones arbitrarias de hasta 48 horas.
Rechazamos todo este ataque a las libertades democráticas y las garantías básicas de cualquier persona. Nada de esto tendría asidero sin la reforma constitucional que el año pasado votaron oficialistas y opositores. Su carácter reaccionario comienza a tener una forma concreta.
Agustín Fernández
23/05/2026
La privatización de AySA
El proceso ya había sido habilitado políticamente por la Ley Bases. El Estado busca vender el 90 % de las acciones de AySA. El 10 % restante seguiría siendo gestionado por el sindicato mediante el Programa de Propiedad Participada.
El Gobierno viene haciendo un “plan de transición” 2024-2026 para volverla más atractiva para inversores: reducción de personal, tarifazos, reordenamiento financiero y cambios regulatorios. Así, la empresa pasó a tener superávit operativo, a fuerza de tarifazos y de cortar obras de inversión. Además, despidió a casi el 20 % de la plantilla (de 7.800 a 6.200 trabajadores) y habilitó el corte de suministro por mora, en un contexto de pauperización salarial. Las obras que paralizó estaban al 25 % por 90 millones de dólares. Una de ellas iba a permitir que La Matanza tuviera cloacas en todo el distrito en 2027.
Según un informe de la UBA y el CONICET sobre la evolución de la Canasta de Servicios Públicos, las tarifas de agua aumentaron un 366 % en promedio entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Los cortes del suministro estaban impedidos desde 2006, cuando la empresa fue estatizada luego de casi dos décadas en manos privadas.
El suministro de agua en el AMBA fue privatizado en 1993, cuando Carlos Menem le entregó la concesión de la estatal Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas. Entre 1993 y 2002, los precios de las tarifas de Aguas Argentinas ascendieron un 88,2 %, lo que constituye una cifra inmensa, considerando que fue durante la convertibilidad, con nula inflación. La empresa francesa es conocida en el mundo por su mala gestión de efluentes, insuficiente tratamiento de aguas residuales, retraso o inexistencia de obras, tarifas desmedidas y coimas. Cuando la empresa fue reestatizada en 2006, Suez reclamó en el CIADI y consiguió una indemnización de 223 millones de dólares.
Ahora, una de las oferentes en el pliego de concesión es Veolia, que compró a Suez. Otros que se presentan por AySA son Edison Energía —integrada por la familia Neuss, amiga de Caputo—, Mauricio Filiberti, dueño de Transclor —la empresa de cloro que opera en las mismas plantas de AySA—, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.
Los Neuss, aportistas de la Fundación Faro, ya se quedaron con Transener —en una licitación sospechada de fraude—, las hidroeléctricas del Comahue, los pozos de YPF y Metrogas.
El año pasado circuló la versión de que iba a presentarse como oferente la firma estatal israelí Mekorot, pero la misma está impedida, por sus propios estatutos, de invertir en activos fuera de su país. Sin embargo, se la ha vinculado a Transclor y así, de forma solapada, aspira a la licitación.
En la lista de privatizaciones que habilita la Ley Bases figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Una de las cuestiones que condicionan estos procesos de privatización es que todos están atravesados por el apuro ante la caída de la imagen de Milei. Sobre la hidrovía hay dos presentaciones en la Oficina Anticorrupción denunciando irregularidades.
El objetivo de Milei sobre AySA es que la concesión se extienda por 30 años, hasta 2057, y juntar unos 500 millones de dólares. El liberticida está apremiado por el pago de intereses de la deuda, en un momento en que la recesión generada por la aplicación de su plan económico derrumbó la recaudación fiscal. Caputo busca patear la deuda para después de 2027, negociando un nuevo mega préstamo con bancos internacionales. El Gobierno intenta unificar los créditos repo tomados desde 2025 en una sola operación por al menos 5.000 millones de dólares.
Mientras la burguesía busca cómo continuar el modelo sin Milei, éste, consciente de la finitud de su mandato, busca apurar las privatizaciones. AySA se la disputan agentes de la lumpenburguesía y el genocidio. Los Neuss —que aspiran a quedarse con varias empresas del Estado—, los legatarios del grupo Suez —que ya hicieron estragos con el servicio en el pasado— y el socio de Mekorot —la empresa israelí que utiliza el corte de suministro como instrumento de tortura—.
Aldana González
23/05/2026
"Basta de muertes obreras": de las víctimas del ajuste en Pami al crimen laboral de Alan Paz
La codicia de las patronales no discrimina entre trabajadores activos, jubilados o estudiantes; solo buscan agigantar sus fortunas. El pasado martes 19 volvieron a manifestarse en las puertas de la clínica Sagrado Corazón de Don Torcuato las familias y vecinos reclamando justicia por sus seres queridos que han perdido la vida o han sufrido mala praxis por parte de un sistema de negociados entre dueños inescrupulosos y Pami.
Los familiares siguen denunciando el abandono sufrido por los pacientes, en su mayoría jubilados, pensionados y discapacitados pertenecientes al Programa de Atención Médica Integral, programa con más de 5,7 millones de afiliados.
Los testimonios de compañeros/as de vida, hijas y nietos eran desesperantes sobre las experiencias vividas en “la clínica de la muerte”, como se referían a una de las sedes médicas del grupo Santa Clara de la red Basa.
Las denuncias radicaban en las explicaciones dadas por los responsables de la clínica, excusándose que el Pami no cumple con los pagos de los servicios prestados y que no provee ni los medicamentos ni los elementos sanitarios para los respectivos cuidados. Como si eso fuera justificativo suficiente para hacer abandono de personas en estado delicado de salud, dejándolos librados a la “suerte de seguir viviendo” o a la irremediable muerte.
Lamentablemente estas situaciones de abandono de personas no solo se da en el ámbito de salud con las y los trabajadores jubilados o pensionados. Se dan en los lugares de trabajo, con las y los compañeros activos, debido a los ritmos productivos o a la precarización laboral.
Claro ejemplo de la presión que sufren los trabajadores por parte de las patronales para satisfacer sus ambiciones empresariales es el asesinato laboral de Alan Paz, trabajador del Frigorífico Rioplatense que por negligencia de los encargados de una obra que beneficiaría únicamente a los Costantini, dueños del matarife con mayor faena para la exportación.
El próximo 25 de mayo se cumple un año del fatídico día en el cual Alan sufrió las consecuencias de un sistema que no tiene miramientos hacia la clase trabajadora, y solo busca beneficiar a los patrones y a quienes se creen dueños de nuestras vidas.
Para seguir exigiendo justicia por Alan Paz y por tantos otros que sufren las mismas consecuencias haremos un acto obrero a las 15:00 en el barrio donde se crió y compartió con su familia y amigos.
En estos tiempos no podemos dejar de luchar por fortalecer la organización obrera para terminar con el abuso patronal y potenciar los reclamos colectivos de la clase trabajadora.
Las condiciones laborales, la precarización, el pluriempleo, la desidia del Estado, son todos elementos que perjudican a las y los trabajadores activos, jubilados, estudiantes que incluso nos llevan a perder la vida.
Esto no se aguanta más. Luchemos por unificar todos los reclamos con la perspectiva de la huelga general que termine con toda esta política opresora por parte del gobierno de Milei y de todos sus cómplices, quienes se ponen al servicio de los intereses capitalistas a costa de las necesidades del pueblo trabajador.
Christian Carl
El peronismo "no tocaría nada" de la motosierra de Milei
El dirigente peronista y exfuncionario kirchnerista Aníbal Fernández dijo, ante una consulta en el programa de streaming Gelatina, que en un eventual recambio de gobierno “no tocaría nada” del ajuste y las reformas hechas por Milei. Se trata de una orientación general del peronismo, no solo como lo muestran los realineamientos en curso y las declaraciones de sus principales dirigentes, sino por cómo actúa ahora siendo cómplice del gobierno libertario. En la interna del PJ, Fernández impulsa la candidatura presidencial de Kicillof.
En su intervención, Fernández dijo que “el esfuerzo que le hizo hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar”. Toda una valoración positiva del gobierno, porque el ajuste lo paga solo el pueblo trabajador mientras los grandes capitalistas se reconvierten a importadores o mudan sus inversiones hacia sectores como la energía o la especulación financiera. Por eso no hay nada que “dilapidar”; simplemente no se avanzó ni un centímetro en resolver los verdaderos problemas del país, como el peso de la deuda usuraria, y por eso ni siquiera es real que haya superávit fiscal. El único “logro” de Milei es haberle impuesto un fuerte retroceso al movimiento obrero, y eso es lo que el peronismo no quiere dilapidar.
Cuando Pedro Rosemblat le señala que es una definición fuerte, agregó que revisaría “pedacito por pedacito” lo aplicado por Milei. Pero no se refirió a los aspectos antiobreros de la agenda libertaria; dejó en claro que solo modificaría aquellas medidas que son contraproducentes para ciertos sectores del capital: “¿Cómo no vas a atender a la industria, seguir dejando que caigan las pymes, que el campo se deshaga en pedazos, continuar con la apertura indiscriminada de importaciones?”, señaló. Si se trata de defender a esas patronales, la reforma laboral llegó para quedarse.
Fernández, al igual que muchos otros dirigentes peronistas, se hizo eco del reclamo de exponentes de la burguesía industrial y agraria afectados por la política económica aperturista y recesiva de Milei. Industriales como Paolo Rocca o Madanes –quien está en pie de guerra contra los trabajadores de Fate- piden un giro económico que implique avanzar en una devaluación que reviente los salarios y encarezca las importaciones, para estar en mejores condiciones de competir en el mercado local y mundial. Asimismo, reclaman otros tipos de medidas proteccionistas como aranceles y subsidios.
Los capitalistas agrarios también piden una devaluación para recibir una mayor cantidad de pesos por la liquidación de la cosecha, así como la eliminación de las retenciones. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y a quien Fernández definió en su alocución como alguien “serio” y “honesto”, viene de pronunciarse a favor de una rebaja de las retenciones en un evento de Expoagro, donde compartió mesa con Mauricio Macri.
Estas definiciones no solo muestran que el peronismo busca candidatearse como una variante digerible para el gran capital, sino que expresan una orientación de colaboración que fortalece a Milei y le da aire en plena crisis política para pelear por su reelección. Por eso es un operativo reaccionario la presión para que la izquierda se sume a un "frente anti Milei" con el peronismo. La única vía para derrotar al gobierno y revertir las reformas antiobreras es seguir el ejemplo de los rebelados obreros y campesinos de Bolivia. A raíz de esto cobra relevancia la propuesta que hizo el Partido Obrero de avanzar en la organización de una asamblea nacional del Frente de Izquierda-Unidad que convoque al movimiento obrero y a los luchadores a debatir una salida a la crisis del país y a hacer realidad la consigna "Fuera Milei".
Prensa Obrera
sábado, mayo 23, 2026
El sionismo vuelve a asaltar la Flotilla Sumud y tortura a sus miembros
Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad israelí, publicó hoy un video donde expresó "Así es como recibimos a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel" y se ve a los detenidos de la flotilla Global Sumud -interceptados el pasado lunes 18 de mayo- maniatados, siendo arrastrados por el puerto. Netanyahu salió rápidamente a reprenderlo públicamente diciendo que ese trato “no se ajusta a los valores y normas de Israel” y pidió que deporten lo antes posible a los cautivos (Clarín, 20/05). Es particularmente cínico porque los “valores y normas de Israel” no tiemblan al momento de asesinar a civiles palestinos e iraníes. Por más que el primer ministro intente limpiar su imagen, sus manos están llenas de sangre de inocentes.
Las transmisiones en vivo emitidas por los propios tripulantes confirmaron el momento exacto en que naves de la Marina israelí rodeaban los buques civiles y procedían al abordaje a punta de fusil de asalto, a 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre, dentro de su zona de Búsqueda y Salvamento (SAR) y a unas 250 millas de la costa de Gaza. Las imágenes retransmitidas mostraron a sus tripulantes con chalecos salvavidas y las manos en alto, mientras la unidad naval de élite sionista Shayetet 13 asaltaba las cubiertas en pleno día y obligaba a los activistas a amontonarse en la proa, antes de que las transmisiones se interrumpieran bruscamente (Euronews, 18/05). Con un despliegue de cuatro buques de guerra y seis lanchas rápidas, la Armada israelí consumó la confiscación de las naves y el secuestro de decenas de militantes para trasladarlos por la fuerza hacia el puerto de Ashdod. En este momento, no hay comunicación con 23 de las embarcaciones que participan de la flotilla (ANSA, 18/05).
Para preparar el terreno de esta cacería en alta mar, el Ministerio de Exteriores israelí emitió un comunicado catalogando la misión humanitaria como una "provocación" (Infobae, 18/05). En una burda maniobra de criminalización masiva, el sionismo pretendió justificar el uso de sus tropas de élite agitando el fantasma de "organizaciones violentas" por la presencia de la ONG islámica turca IHH (ANSA, 18/05). Tel Aviv declaró formalmente que el asalto busca impedir que se "perturbe el progreso del plan de paz del presidente Trump" (Euronews, 18/05). Esta confesión desnuda que el gendarme sionista actúa como el brazo armado y ejecutor de los dictámenes estratégicos de Washington, usando el terror militar para encubrir un atropello contra cerca de 500 médicos, abogados, periodistas y activistas civiles de unas 70 nacionalidades (SANA, 18/05), que se movilizan contra el genocidio del pueblo palestino. Thiago Ávila, miembro del Comité Directivo Global de Sumud Flotilla y exsecuestrado, declaró que 50 barcos fueron interceptados y que, de los 500 activistas, secuestraron a 426. “Son criminales de guerra. Eventualmente responderán a todo esto en La Haya y por la justicia del pueblo” (AA, 20/05).
El abordaje ilegal de la flotilla Sumud contó con el amparo directo de la República de Chipre (sur), un Estado miembro de la Unión Europea que viene estrechando a paso firme una alianza militar y económica con el Estado de Israel, motivada por la codicia sobre los yacimientos de gas natural bajo el lecho marino (DW, 18/05). Las aguas de Chipre se encuentran en el corazón de la guerra de agresión que Estados Unidos e Israel desataron a comienzos de marzo de 2026 contra Irán. La isla alberga la base militar británica de RAF Akrotiri, un enclave estratégico utilizado por el imperialismo yanqui para operar sus aviones espía U-2.
Este nuevo zarpazo criminal es la respuesta desesperada de los gobiernos de la guerra frente al fracaso de sus métodos de intimidación previos. El violento asalto del pasado 30 de abril al sur de Grecia no logró amedrentar al movimiento, a pesar de que la Marina israelí saboteó las naves y secuestró ilegalmente a más de 170 activistas, trasladándolos a Creta para ser deportados tras someterlos a golpizas y vejaciones de violencia física y sexual (ANSA, 18/05). Ni las torturas contra el corresponsal de este diario, Lino Figueroa (Diario Socialista, 18/05), ni el secuestro en las mazmorras de Ashkelon de los compañeros Saif Abukeshek y Thiago Ávila -quienes debieron ser liberados sin cargos tras una tenaz huelga de hambre-hicieron retroceder la iniciativa. Al contrario, tras reorganizarse en las costas de Turquía, la Flotilla volvió a zarpar el 14 de mayo multiplicando sus fuerzas hasta congregar 60 embarcaciones coordinadas dispuestas a quebrar el bloqueo genocida.
El protocolo de intercepción ejecutado hoy contra la delegación en la que navegan militantes argentinos ocurre bajo el amparo directo de los ["Acuerdos de Isaac"] (https://politicaobrera.com/16124-milei-en-israel) firmados por Javier Milei en Tel Aviv, integrando de hecho al Estado argentino en el andamiaje de inteligencia que encubre estos actos de piratería internacional en el Mediterráneo.
¡Abajo el asalto a la Flotilla Sumud! ¡Abajo los "Acuerdos de Isaac" y toda relación diplomática, económica y militar con el Estado genocida de Israel! Movilicémonos por el derrocamiento de los gobiernos de la guerra.
Socialismo o barbarie.
Iara Bogado
20/05/2026
Mariano Ferreyra, "causa de las coimas": otro fallo encubridor
La condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 8 contra operadores ligados a las maniobras de encubrimiento confirma que detrás de los disparos del 20 de octubre de 2010, existió también una red dedicada a proteger a los responsables políticos del crimen. El fallo expone las relaciones entre sectores de Comodoro Py, ex agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y la burocracia ferroviaria encabezada por José Pedraza. Sin embargo, 15 años después de los hechos, ha impuesto penas módicas a dos protagonistas menores de una operación delictiva que involucró nada menos que a jueces titulares de la Cámara de Casación Penal, incluido su presidente en aquel entonces, Eduardo Riggi.
Entre los condenados aparece Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias agravado. Aráoz de Lamadrid era un viejo operador judicial ligado a los circuitos de poder de Comodoro Py y mantenía vínculos económicos con la Unión Ferroviaria y con Belgrano Cargas. Según la investigación, cobraba dinero mediante facturación trucha mientras intervenía para influir sobre jueces de la Cámara de Casación favorables a Pedraza. Su figura sintetiza la relación orgánica entre sectores del aparato judicial y los negociados sindicales.
También fue condenado Luis Ameghino Escobar, quien recibió tres años de prisión. Ameghino Escobar integraba la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal y era conocido dentro de la trama como “el señor de las teclas”, porque tenía acceso directo al sistema informático que definía el reparto de expedientes. La acusación probó que manipuló el sorteo para garantizar que la causa recayera en la Sala III de Casación, donde operaban magistrados considerados cercanos a los intereses de Pedraza.
En cambio, otro de los implicados fue Ángel Luis Stafforini, señalado como el hombre encargado de mover el dinero de los sobornos. Aunque el tribunal lo consideró responsable de cohecho activo agravado, terminó absuelto porque la acción penal prescribió. Stafforini era una figura clave del entramado empresario-sindical construido alrededor de la Unión Ferroviaria y Belgrano Cargas, uno de los centros del negocio ferroviario de la época. La misma suerte tuvo otra de las acusadas, Susana Planas, también directiva del Belgrano Cargas.
Otros involucrados no llegaron a juicio por fallecimiento. Es el caso de José Pedraza. Su propósito era direccionar la apelación de la prisión preventiva contra su patota hacia la sala que integraban Riggi, Mitchel y Catucci, los tres jueces coaligados para asegurar su excarcelación. En medio del tembladeral político que provocó el crimen de Mariano, tenía el objetivo de alejar la posibilidad de caer detenido. Sin embargo, la operación se ventiló a través de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia en la causa principal, que inevitablemente iban a caer en manos de los abogados de las víctimas de Pedraza. La jueza de instrucción Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño actuaron "de inmediato" antes de que el dinero llegara a manos de los jueces. Conclusión: estos salieron indemnes, a pesar de que las escuchas revelaban no sólo la transacción en curso sino también muchas numerosas "atenciones" recibidas por estos de parte de Pedraza y compañía. Su sobreseimiento definitivo fue el último acto judicial de nada menos que Norberto Oyarbide, cuando se despidió de Comodoro Py. Aunque Riggi fue sobreseído y evitó llegar al juicio, la fiscalía pidió nuevamente su indagatoria este año al considerar que existen elementos para investigar su participación en el pacto de encubrimiento. Riggi es un octogenario. Las chances de que vaya a pagar por esta corruptela van de escasas a nulas.
En la trama aparecía además Juan José Riquelme, también fallecido antes del juicio oral. Riquelme actuaba como nexo entre los servicios de inteligencia, la burocracia sindical y los tribunales federales. La causa reconstruyó cómo operaba utilizando vínculos históricos dentro de la SIDE y relaciones personales con jueces y funcionarios judiciales. Su papel muestra hasta qué punto los aparatos de inteligencia funcionaban como articuladores de operaciones políticas y judiciales.
El asesinato de Mariano ocurrió durante una movilización de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban el pase a planta permanente. La tercerización laboral no era un fenómeno marginal: constituía uno de los pilares del negociado ferroviario sostenido por concesionarias privadas, el Estado y la burocracia sindical. Mientras miles de trabajadores cobraban salarios miserables y permanecían precarizados, las cajas multimillonarias de las empresas y de la Unión Ferroviaria crecían gracias a ese régimen de explotación.
La burocracia de Pedraza actuaba como garante de ese sistema. No se trataba simplemente de una “desviación mafiosa”, sino de una función política concreta: disciplinar a los trabajadores para preservar negocios compartidos con empresarios y gobiernos. La patota que atacó la movilización actuó liberada por la Policía Federal y bajo la mirada de un aparato estatal que desde hacía años integraba a la burocracia sindical como un engranaje de gobernabilidad.
Las nuevas condenas muestran además otro aspecto central: el intento de garantizar impunidad mediante operaciones judiciales. La investigación probó la existencia de pagos, tráfico de influencias, manipulación informática de expedientes y vínculos aceitados entre operadores judiciales y sectores de inteligencia. El aparato de encubrimiento funcionó como una continuidad del propio crimen.
Durante años, distintos sectores del poder político buscaron presentar el asesinato como un “exceso” aislado. Sin embargo, la causa dejó al desnudo el vínculo orgánico entre el Estado, las patronales ferroviarias y la burocracia sindical. El crimen de Mariano fue la consecuencia directa de un régimen de precarización laboral sostenido desde arriba.
La figura de Mariano Ferreyra quedó asociada desde entonces a la lucha contra la tercerización y la burocracia sindical. Su asesinato produjo una enorme conmoción popular y abrió una crisis política que obligó al poder a avanzar con condenas que inicialmente no pretendía impulsar. La movilización popular y la presión de organizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos fueron decisivas para quebrar parcialmente la impunidad.
A más de quince años del crimen, las condiciones estructurales que lo hicieron posible continúan vigentes. La precarización laboral sigue siendo una política de Estado; las burocracias sindicales continúan integradas al aparato gubernamental; y los negociados en el transporte siguen financiándose con subsidios públicos mientras se deterioran salarios y condiciones laborales.
El fallo conocido esta semana vuelve a recordar que el crimen de Mariano no pertenece solamente al pasado. Expone la persistencia de un régimen político donde las redes de corrupción, las patotas sindicales, sectores del aparato judicial y los servicios de inteligencia actuaron en defensa de intereses económicos comunes. La condena al encubrimiento confirma, en definitiva, que el asesinato no fue obra de individuos aislados sino la expresión de un sistema social y político profundamente corrupto.
Alejandra Greig
22/05/2026
La guerra imperialista baja por el río Paraná
Sin que se haya apagado el escándalo de las propiedades de Adorni, la pelea de bandas liberticidas ha sumado un nuevo capítulo. El “asesor sin cartera” Santiago Caputo ha ventilado una larga lista de posteos provocadores contra él y su camarilla, emitidos por Martín Menem y los trolls de Karina Milei. La pelea volvió a paralizar al Gobierno y a su “mesa política”, que levantó sin fecha una reunión. Si es cierto que se trataría de un choque de apetitos personales, no lo es menos que Caputo, Milei o Menem son sólo comisionistas de corporaciones capitalistas que se disputan el mercado mundial, incluso con misiles. Detrás de la “interna” del gobierno, está la pelea por el destino de las privatizaciones y concesiones que han anunciado Milei y Caputo. El ingreso de dinero por estos remates, para cumplir con las “metas fiscales”, ha sido la justificación que ha dado el Gobierno, como si hubiera alguna relación entre el bajo aporte de las privatizaciones, por un lado, y el agujero creciente del déficit fiscal, por el otro, a consecuencia de una hemorragia cotidiana de recaudación. El mayor privatista de la historia, Carlos Menem, gobernó una década con un déficit fiscal ‘indomable’, que financió, como Milei, con deuda pública. En torno a las ventas del patrimonio público, se ha desatado un choque de intereses capitalistas que se cruza con la múltiple guerra internacional arancelaria, financiera y militar.
Transener y la Hidrovía
El primer botín a rematarse ha sido la transportadora de energía Transener, donde el Estado vendió su parte por unos 350 millones de dólares. La adjudicataria fue la empresa Edison Energía, que tiene como principales accionistas a los hermanos Neuss. Este clan familiar, estrechamente ligado a Santiago Caputo, ha venido comprando centrales eléctricas en diferentes puntos del país. Pero los Neuss se asoman en otra concesión privada de mayor alcance, el mantenimiento de la Hidrovía. Este estratégico corredor fluvial, por donde pasa el 80 % del comercio exterior argentino y de los países tributarios, acaba de abrir los sobres de una licitación donde compiten dos empresas de origen belga, Jan de Nul y Deme. De Nul ha sido la operadora privada tradicional de la Hidrovía. Según diversas denuncias los pliegos de la licitación, redactados por funcionarios que responden a Santiago Caputo, están hechos a la medida de De Nul. Entre los subcontratistas de este operador, estarían empresas “ad hoc” pertenecientes a los hermanos Neuss. Pero la pelea envuelve a intereses de mayor envergadura: en la redacción de los pliegos, el Gobierno vetó la participación de empresas con “accionistas soberanos” (estatales), una forma de eliminar del pliego a China. Este veto ha sido refrendado con insistencia por funcionarios norteamericanos. Pero la diplomacia del gobierno chino puso el grito en el cielo, reclamando injerencia en una ruta fluvial cuyo principal comprador de los productos transportados es el país asiático.
A pesar del veto, China habría encontrado la forma de filtrarse en la hidrovía, a través del socio local de la belga De Nul. Ese socio es la empresa de logística Román que, a su vez, actúa en tándem con la china SDC. Este contratista, oriundo de Shanghai, actúa en el mar de China Meridional en directa colaboración con los intereses “geopolíticos” del gobierno chino. Según ha revelado Perfil, la posible presencia de SDC en la Hidrovía despertó reclamos por parte de Estados Unidos. A partir del acuerdo comercial y tecnológico suscripto a fines del año pasado, la diplomacia norteamericana le sugirió a Milei-Caputo la creación de un “Comité de Inversiones” local, a imagen y semejanza del que funciona en el Norte y cuya misión sería vetar inversiones de China. El competidor de De Nul en la Hidrovía, la firma Deme, esgrime a su favor la presencia de empresas norteamericanas en su consorcio, y un posible financiamiento de ese origen para la renovación de los equipos de dragado. Detrás o adelante de Deme, está la “banda” de Martín Menem y Karina Milei. Días atrás, el periodista Marcelo Longobardi, que recogió estas versiones, calificó a la Hidrovía como el “estrecho de Ormuz” de Argentina. Por el “tranquilo” corredor de los ríos Paraná y Uruguay, sube la impronta de la guerra imperialista.
Reelección en veremos
La pelea por las privatizaciones tendrá otros episodios. Es el caso del ferrocarril Belgrano Cargas, ligado también a las exportaciones cerealeras. Acá, se enfrentan un consorcio ferroviario mexicano contra una eventual coalición de los monopolios exportadores del mercado local, donde jugaría un papel destacado la china Cofco., una de las principales exportadoras de soja y, recientemente, de trigo. Es de prever acá otro mortal enfrentamiento de camarillas, con repercusiones en el gabinete nacional. En este marco ‘competitivo’, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ha anunciado que pagaría a China la porción utilizada del ‘swap’ de 18.000 millones de dólares y negociaría su extensión por otros tres años. Xi Jinping tiene agarrado a Milei por un canje de monedas, cuya derogación provocaría una crisis cambiaria frontal.
La guerra de las privatizaciones, que condiciona al gobierno libertario, se ha agravado, naturalmente, ante la perspectiva de que la reelección de Milei no tenga lugar. La división del peronismo, que se acentúa con la aparición de nuevas corrientes, sigue el trazo de los proyanquis y prochinos; el mismo ‘renacimiento’ del macrismo se encuadra en conciliar las exigencias de Trump con los intereses de China. Por debajo del radar de esta guerra por el alineamiento de Argentina en la guerra, se desarrolla un enorme derrumbe social. Sólo en los primeros cuatro meses del año, los trabajadores formales sufrieron una caída de entre el 6 y 8 % de sus salarios reales, que se suma a los derrumbes de los últimos años. El consumo personal de los asalariados se vino sosteniendo en base al crédito de consumo (préstamos y tarjetas). Pero los intereses usurarios y la caída del salario han empujado a miles de familias a la insolvencia. La “caída de imagen” de Milei, en este cuadro, es una forma diplomática de aludir al distanciamiento de las masas del gobierno y el conjunto del régimen político.
La banda lumpen que gobierna la Argentina se ha alineado sin vacilaciones detrás de Trump, pero las inversiones recientes de China superan largamente a las norteamericanas. La burocracia de China valora muy positivamente a Milei en cuanto a la contrarreforma laboral, que China ha exportado junto con sus inversiones.
El abismo descomunal que se ha abierto entre el régimen político y social, de un lado, y las masas del otro, está haciendo dudar a los analistas políticos y especialmente a los inversores, acerca de su sustentabilidad. Es lo que un patrón de la UIA ha vuelto a llamar la “falta de “previsibilidad”. Los bloqueos en rutas en Bolivia están advirtiendo del surgimiento de una nueva etapa de rebeliones en América Latina.
Marcelo Ramal
20/05/2026
viernes, mayo 22, 2026
Bolivia: la huelga plantea fuera Rodrigo Paz, fuera los Milei
La entrada de la multitudinaria columna que marchó 200 kilómetros, desde Caracollo en La Paz, produjo la adhesión activa de numerosos sectores de la población de esta ciudad y El Alto. Y nuevos choques represivos con la policía que impedían el ingreso en la Plaza Murillo, donde está el “Palacio Quemado”, sede del gobierno. Todos los días se renuevan multitudinarias manifestaciones de protestas y choques con la policía.
Ayer, miércoles, habló el presidente Rodrigo Paz y descartó que fuera a declarar el “Estado de Excepción” (estado de sitio). Al mismo tiempo, la Fiscalía liberó a 95 manifestantes presos, de unos 130 que se reconocen.
Paz anunció que estaba “dialogando” con diversos dirigentes de los sectores movilizados, que iba a modificar el gabinete “para que escuche más a la gente” y convocó a la formación de un Consejo Económico y Social, incorporando a opositores que no fueran violentos, para el próximo sábado. El vicepresidente, Lara, que había sido desplazado del poder, venía criticando al gabinete existente, donde había varios miembros que pertenecían al partido del empresario derechista Samuel Doria Medina, que perdió como candidato presidencial en las elecciones del año pasado.
Paz, que se presentó electoralmente con promesas contra los “ajustes” que proponía Doria, terminó girando a sus posiciones “ajustadoras” contra el pueblo trabajador y nombrando a varios de sus hombres como ministros en puestos claves.
Se trata de un intento de cooptación de dirigentes de organizaciones que se están movilizando. Pero el gobierno no deja de lado el látigo: dio un bono de 3.000 pesos bolivianos a la policía (para que reprima mejor), ha lanzado órdenes de captura contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y otros representantes de organizaciones campesinas, etc. Paz echó a la embajadora de Colombia por declaraciones en contra de las violentas represiones a los manifestantes. En cambio, han sido bien recibidas las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, quien dijo que no va a permitir las manifestaciones populares que reclaman la “renuncia de Paz” porque serían un golpe de Estado contra el gobierno “democrático” de Rodrigo Paz. Ocho gobiernos de derecha latinoamericanos -que suscribieron el pacto denominado “Escudo de América” hace un par de meses, por el cual se da vía libre a la intervención militar imperialista en nuestro continente, como parte de la lucha contra el “narcoterrorismo”- han sacado también un pronunciamiento “humanitario” y “democrático” contra las manifestaciones obreras y campesinas y en apoyo al gobierno represor.
Milei está a la “vanguardia” de este bloque reaccionario y proimperialista. Ha enviado dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con alimentos y pertrechos militares, actuando contra las huelgas y bloqueos de rutas, en apoyo al gobierno antiobrero.
¿Quién está “negociando” con Rodrigo Paz?
Hay versiones serias y extendidas entre el activismo, de que habría importantes dirigentes de la burocracia de la COB y otras organizaciones populares negociando. Se teme una nueva y segunda traición a la vigorosa lucha de las masas trabajadoras. A principios de año, una huelga general en ascenso fue entregada y traicionada por la dirección de la COB que firmó un acuerdo con el gobierno a espaldas de las masas movilizadas, por el cual Paz retiraba el proyecto general de reformas reaccionarias presentado, pero… sacó un nuevo decreto que mantenía vigente el tarifazo sobre los combustibles. Ahora también, el Parlamento votó la derogación de la ley 1.720 –presionado por las masivas manifestaciones y cortes de ruta campesinas- que atacaba frontalmente las pequeñas explotaciones agrícolas (a favor de su concentración por latifundistas y capitalistas del agrobussines), pero… se anuncia que en 60 días se presentara un nuevo proyecto que será elaborado por la comisión parlamentaria agraria, compuesta en un 90% por latifundistas.
El gobierno “promete” y maniobra para desmovilizar, para que se levante el ascenso de la huelga general. Por eso, las luchas que se han venido desarrollando han ido votando, una tras otra, el reclamo de la “renuncia de Paz”.
Extender la huelga hasta la caída de Paz
Hay más de 50 grandes bloqueos de ruta y decenas de asambleas, plenarios y reuniones que vienen desarrollando la huelga general. Hoy, jueves, está anunciada, como respuesta al discurso tramposo de Paz, una multitudinaria manifestación que entrará hacia el centro por cinco columnas diferentes. Es necesario constituir asambleas por lugar de trabajo y vivienda, avanzar en su coordinación y centralización y convocar a una asamblea popular nacional con delegados elegidos en cada instancia. La huelga no se levanta sin que sea aprobada en las asambleas locales y por una asamblea popular nacional.
La huelga debe ser profundizada, extendiéndola a todas las capas de la población y llamando a las fuerzas represivas a que no enfrenten al pueblo movilizado. Si la huelga no se profundiza, corre el riesgo de comenzar a retroceder. El gobierno y la derecha están impulsando contramarchas de “ciudadanos” que piden “orden”, es decir la represión de los piquetes y las manifestaciones obreras y campesinas.
Una asamblea popular nacional que coordine y lleve al triunfo la huelga hasta la renuncia de Paz estará en condiciones de disputar también el poder político. Evo Morales, por un lado, y sectores burgueses por el otro, plantearon alternativas de poder: que haya elecciones en 90 días. Pero no podrá haber elecciones democráticas y sin proscripciones con este gobierno, que ya tiene cuatro víctimas fatales de las actuales represiones. Y tampoco se trata de cambiar un gobierno antiobrero por otro gobierno antiobrero. Los trabajadores y campesinos que luchan por la “renuncia de Rodrigo Paz” y la obtención de las reivindicaciones de las masas deben dirigir el país, ser una alternativa antiimperialista, obrera y socialista.
Este viernes 22 de mayo, a las 13 horas, diversas organizaciones de residentes bolivianos y que se reclaman de la lucha antiimperialista de la Argentina, nos movilizaremos desde el Obelisco (Avda. 9 de Julio y Corrientes) en apoyo a la huelga general: ¡Fuera Rodrigo Paz, Fuera Milei!
Rafael Santos
Militarización estadounidense del Mar Argentino
El gobierno de Milei firmó un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, que implica la entrega del Mar Argentino. Significa un reforzamiento de la influencia imperialista en Argentina y en América Latina, en momentos en que escalan las amenazas golpistas de Trump contra Cuba y con los libertarios colocando a la Argentina como peón y plataforma de guerra al servicio del Estado norteamericano.
Se trata del "Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales", que estaría vigente durante los próximos cinco años. Establece que Argentina reciba equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo "para interceptar y neutralizar amenazas marítimas" con la posibilidad de que marines estadounidenses den apoyo a esas operaciones.
Por lo pronto, una aeronave especial que patrulla la zona marítima argentina recibió una cámara especializada, y está previsto que Estados Unidos provea a la Armada con dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER. Que estamos ante un acuerdo en función de la política militar imperialista de Estados Unidos en la región lo confirmó el comandante de la Cuarta Flota, Carlos Sardiello, que indicó que “llegó la hora de trabajar con socios internacionales y líderes industriales para la seguridad del hemisferio occidental” -o sea, para la dominación imperialista.
Las “amenazas marítimas” podrían ser, según la óptica de Estados Unidos, los barcos chinos y rusos que realizan pesca ilegal en los límites de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Actividad que también es llevada adelante por otros provenientes de países como España, Corea del Sur y Portugal. Pero los yanquis tienen un interés especial por contrarrestar la influencia de China, que se transformó en el principal socio comercial de muchos países de América Latina, como se ha visto en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su nueva Doctrina Monroe.
Esto ocurre en momentos en que las tensiones comerciales y bélicas entre las dos principales potencias del mundo no amainan, como se vio en la cumbre Trump-Xi Jinping. Algunos relacionaron el pacto con el Escudo de las Américas, la alianza político-militar entre Estados Unidos y los gobiernos derechistas de la región. El gobierno boliviano de Arce viene de reclamar la intervención del “Escudo” para sofocar la rebelión obrero-campesina que lo sacude y reclama su dimisión. Milei ha mandado dos aviones Hércules con pertrechos militares a Bolivia para que Arce pueda usarlos para reprimir al pueblo.
Declarar al Mar Argentino como “bien común global” significa renunciar a la soberanía. Además, en todo caso, Trump y la burguesía norteamericana buscan que sea un bien suyo y quedarse con sus recursos, como también pretenden terminar de convertir la región en su patio trasero con gobiernos títere, más bases militares y más negocios para los magnates capitalistas yanquis.
En este marco, Estados Unidos desplegó el portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe, como parte de su política de agresión económica y militar contra Cuba para forzar un cambio de régimen en su propio beneficio. Está escoltado por un buque de aprovisionamiento logístico Patuxent, el destructor Gridley y por una decena de aeronaves militares. Los yanquis ya han “trabajado por la seguridad del hemisferio occidental” cuando hicieron el golpe en Venezuela que terminó con el secuestro de Maduro. En la previa, Estados Unidos hizo un despliegue naval de grandes dimensiones en el Caribe y bombardeó supuestas lanchas narco en lo que fue denunciado como ejecuciones extrajudiciales.
Milei ya había permitido la extensión del control del Reino Unido sobre el Mar Argentino, que está cerca de las Malvinas. En las islas, un conglomerado imperialista integrado por la empresa israelí Navitas y por la británica Rockhopper comenzará a explotar petróleo en 2028 en el yacimiento Sea Lion. El acuerdo sellado entre Milei y Trump aumenta la influencia de Estados Unidos en la región. El territorio malvinense es un gran reservorio de petróleo, gas, minerales estratégicos (zinc, litio, cobre); además, constituye una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico y posee rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa, además de ser uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur y constituir la puerta de entrada a la Antártida.
Desde el peronismo han salido a criticar el acuerdo, con la demagogia que lo caracteriza. Jorge Taiana, exministro de Defensa y quien encabezara la boleta de diputados de Unión por la Patria en las pasadas elecciones bonaerenses, apareció con la perorata de la “soberanía nacional” siendo él quien se ha reunido junto a Cristina Kirchner –al igual que Milei- con Laura Richardson, exjefa del Comando Sur, quien arribó al país en su momento con pretensiones de conquista. Taiana también fue quien promovió junto a Néstor Kirchner el envío de tropas a Haití para respaldar el golpe proyanqui que en 2004 terminó con el gobierno de Aristide y la instalación de la nefasta Minustah.
Ni Milei ni la oposición capitalista pueden emancipar a la Argentina de la opresión y explotación imperialista, ya que representan los intereses sociales de una burguesía nativa que encontró lugar en el mercado mundial capitalista para hacer negocios como socia menor de las burguesías imperialistas. El acuerdo de Milei alinea aún más a la Argentina en la política imperialista-guerrerista de Estados Unidos y plantea la posibilidad de que se abran nuevos focos de tensión en la región.
Fuera Milei y los yanquis.
Nazareno Suozzi
Bajas en las retenciones: Milei le quita a los trabajadores y le da a los exportadores
El presidente Javier Milei anunció una baja de las retenciones del trigo y la cebada de dos puntos porcentuales a partir de junio de este año y la intención de avanzar a un esquema de eliminación progresiva de retenciones e impuestos a los agroexportadores en el mediano plazo, siguiendo la lógica oficial de desgravar y beneficiar a los capitalistas y cargar impuestos y saquear a los trabajadores. La política “antiimpuestos” de Milei es solo para las patronales, mientras los trabajadores siguen pagan Ganancias, IVA, impuestos a la vivienda única, entre otros, y cada vez cobran menos salarios.
El anuncio presidencial tuvo lugar en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde Milei destacó que las retenciones al trigo y la cebada pasando el 7,5% al 5,5% en lo inmediato, y que esperan avanza hacia enero de 2027 con reducciones de entre el 0,25% y el 0,5% de las retenciones a la soja, en un esquema continuo hasta 2028, todo esto condicionado a la evolución de la recaudación fiscal.
El gobierno viene haciendo esfuerzos para que los números “cuadren” liquidando y vaciado derechos e institutos de los trabajadores, con un ajuste sin precedentes sobre Educación, Salud, obras públicas, asistencia social y un largo etcétera. En estos momentos, Milei se encuentra empeñado de quitarle el régimen de Zona Fría a más de un millón de familias obreras, mientras las petroleras se encuentran en un récord de exportaciones, con ganancias inauditas.
Se trata de un gobierno con una política de clase bien definida. La disminución de retenciones para los agroexportadores no solo redunda en un vaciamiento de las cuentas fiscales que luego repercute en más ajuste contra los trabajadores y en una mayor carga impositiva que es trasladada a la población en general, sino que también impacta en la suba de los precios de los productos y alimentos derivados del trigo, la cebada y los granos afectados, haciendo que los trabajadores terminen pagan más por bienes que se producen en el país.
Al gobierno que le gusta hacer cálculos respecto al “ahorro fiscal” de su política de destrucción y ataque a los derechos de la población no se le escapa que la medida anunciada implica una pérdida para el Estado de alrededor de más de 600 millones de dólares en concepto de recaudación fiscal solo del 2026, según estimaciones.
Algo similar a lo que ocurre con las carnes, donde la liberación de cupos y el fomento de las exportaciones repercute directamente en una suba de los precios locales, trasladando los precios internacionales al país y haciendo prohibitivo el consumo de carne vacuna debido a la caída del poder adquisitivo de los salarios, que no acompaña este fenómeno.
Milei no solo se quedó ahí sino que también adelantó que espera avanzar con una rebaja en las retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y de maquinarias, lo que profundiza el traslado de la factura a los trabajadores. Cuando Milei afirma que su misión es “achicar el Estado, para bajar impuestos”, se refiere a que sean los trabajadores quienes financien el Estado capitalista, mientras las patronales tienen las manos liberadas para hacer sus negocios y enriquecerse a costa del trabajo ajeno.
El propio Milei reconoce que “el campo proyecta uno de sus mejores años de la historia, con cosechas y exportaciones récord”, sin embargo le ofrece más privilegios a los exportadores, al tiempo que ajusta a los trabajadores que están pasando sus “peores tiempos”, con caída de los salarios, ajuste, suspensiones, despidos, reforma laboral, precarización, etc.
Tampoco ha hecho mención alguna de lo regresivo del sistema impositivo nacional, partiendo de la base de que este gobierno reintrodujo el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios –una confiscación directa contra los trabajadores-, mantiene el IVA que grava los consumos de toda la población y sostiene todos los impuestos y gravámenes que recaen sobre los trabajadores, sus viviendas y varios de los servicios fundamentales que estos consumen.
El gobierno de Milei le saca a los pobres para darle a los ricos: el dinero que se "ahorra" con los tarifazos a millones de personas en los hogares de las zonas más frías del país no va a parar a mayores derechos para la población y de los trabajadores, sino a los exportadores que ya la levantan con pala. No es "ahorro fiscal" sino una transferencia de los recursos de los trabajadores a las patronales. Hay que terminar con este gobierno antiobrero y de las patronales, con la movilización popular y la huelga general hasta que se vaya Milei.
Marcelo Mache
jueves, mayo 21, 2026
Hidrovía: “empate técnico” en el último tramo de una licitación de interés ´geopolítico´
Sucede que la oferta económica por la licitación contenía un ardid, ya que el gobierno nacional incluyó en los pliegos un esquema de bandas con una tarifa mínima para la primera parte de la concesión y las dos empresas apostaron por la banda inferior de esa tarifa mínima. Por ende, ambas ofertaron por un monto de U$D 3,8 por tonelada transportada. Ante este “empate técnico”, el gobierno nacional, a través de la Administración de Puertos, volverá a revisar la propuesta técnica, en la que se había impuesto Jan de Nul. En su momento, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalaron que en la instancia técnica se presentaron irregularidades de todo tipo.
La fiscalía anticorrupción, la pasada semana, elaboró un dictamen donde señala que la discrecionalidad técnica se agravó por el diseño matemático de la fórmula de evaluación económica. “La extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio. En la práctica, este esquema anula la puja económica y traslada el peso de la adjudicación de manera casi exclusiva hacia el plano técnico, comprometiendo la objetividad del proceso y generando las condiciones propicias para un potencial direccionamiento” (El Destape, 19/5).
Según José María Lojo, expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y extitular del Consejo Portuario Argentino “la licitación estuvo direccionada. Se sabía que tal como habían sido redactados los pliegos, el mejor posicionado sería Jan de Nul y la oferta económica se volvía una trampa. ¿Casualmente las dos empresas ofertaron el mismo valor para la tarifa?”.
Por su parte, desde el Ministerio de Economía afirmaron que no hubo una instancia de impugnaciones entre las empresas, una verdad a medias, ya que en fases precedentes se acusaron mutuamente de tener vínculos con dragadoras de capitales chinos.
En la segunda instancia del proceso licitatorio, desde DEME denunciaron que China buscaba intervenir de manera indirecta y que, más precisamente, los capitales asiáticos se encontraban detras de Jan de Nul. Un mes atrás, Arthur Van Desande, asesor de DEME, señaló que “Jan de Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (...), lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina”, y advirtió que “el riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal (...) la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego” (La Nación, 15/4).
Por su parte, desde Jan de Nul denunciaron vínculos de DEME con China, tanto en Ecuador como en la licitación corta de la Hidrovía en 2022, donde integró un joint venture con firmas de ese origen.
Para no naufragar nuevamente en la licitación, el gobierno nacional limitó la participación de empresas que hayan sido sancionadas por organismos multilaterales debido a distintos incumplimientos y aquellas que tengan participación estatal, incluida YPF. El DNU fue hecho a medida para desplazar a los capitales chinos y en esta línea de acción la empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación en sus fases preliminares y, con ella, todas las empresas chinas. Un dato no menor es que el país asiático es el principal comprador de los productos que salen por la Hidrovía.
En el comunicado del Ministerio de Economía obviaron mencionar el dictamen de la PIA sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental asociados a la ampliación del calado en algunas zonas del río Paraná, y señaló que la última actualización de un estudio de este tipo data de 2006. Pablo Payró, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, explicó que “los barcos se deben adaptar a los ríos, y no al revés. En ningún lugar del mundo se hace lo que se pretende hacer acá: que un buque oceánico pueda ingresar 500km dentro de un continente. En la licitación no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión; se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras (las empresas extranjeras que son las principales beneficiarias en todo este proceso), que buscan reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias”.
Lobby desenfrenado
La privatización de la Hidrovía, que junto con la del Belgrano Cargas son las dos más importantes que lanzó el gobierno liberticida, está cruzada por intereses de toda índole, teniendo en cuenta el negocio millonario que se anida detrás del control de la vía navegable, una de las más importantes del mundo por los volúmenes de cereales, harina, aceite y parte de la industria automotriz (y otras yerbas) que se transportan anualmente. En definitiva, el control de la ´autovía fluvial´ es una cuestión de poder.
Detrás de Jan de Nul se encuentra la argentina Servimagnus, empresa de la familia Román. Por su parte, DEME va a la carga con las dragadoras norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR.
Jan de Nul, la principal apuntada para hacerse de la concesión, cuenta con un complejo entramado político-empresarial de larga data. En 1995, con el apoyo del Grupo Emepa del empresario Gabriel Romero, se hizo de la concesión. Básicamente Jan de Nul puso a disposición un conjunto de conocimientos prácticos y experiencia en el área, que el empresariado argentino no tenía para dragar el Paraná. Al mismo tiempo el Grupo Emepa se hizo de la concesión del Belgrano Norte. Romero figura como arrepentido en la causa Cuadernos, en la que confesó que pagó coimas por U$D 600.000, para que el gobierno de CFK le extendiera por decreto la concesión de la explotación del tramo del río Paraná-Paraguay, que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional (La Nación, 19/5). El empresario “también reveló que le entregaba al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, un retorno de 10 % a 15 % de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le daba una cuota anual de US$ 500.000 para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte” (ídem). La sociedad Jan de Nul y Romero se dividía el negocio de la Hidrovía ‘fifty-fifty’. Al comenzar la causa Cuadernos, los belgas se despegaron de Romero para no quedar pegados en los casos de corruptela.
En el truncado proceso de licitación, que viene desde finales del gobierno de los Fernández y atravesó todo el gobierno de Milei, actores con fuertes intereses en el negocio señalan que Jan de Nul es la “elegida” para quedarse con la concesión. De hecho, cuando se cae la primera licitación, la misma se anuló horas antes de que se abran los sobres con las ofertas económicas, cuando la PIA dio a conocer que en los pliegos había requisitos que sólo podía cumplir Jan de Nul.
Entre las firmas que aparecen como apuntadas en este esquema, que cuenta como mascarón de proa a Jan de Nul, se encuentran una de las patas de la “patria contratista”: el Grupo Neuss, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, que se han hecho de varias licitaciones estatales, en especial en los rentísticos sectores energético y petrolero. Los hermanos Neuss tienen llegada directa al gobierno libertario, ya que son muy cercanos a Santiago Caputo y financistas de la Fundación Faro, el ’think tank’ libertario, encabezado por el ultramontano de Agustín Laje. Este entramado es coronado con la presencia de Iñaki Miguel Arreseygor, que está al frente de la ANPyN.
Por su parte, DEME, que viene denunciando insistentemente que los pliegos favorecen a su rival, ya que uno de los requisitos que más puntaje otorga en la instancia técnica es el de contar con la “experiencia en una explotación similar”, no está exenta de controversias. En febrero de 2025, cuando se cayó el proceso licitatorio, Iñaki Arreseygor en su presentación ante el Congreso dio a entender que DEME operó a través de estudios de abogados, medios de comunicación y políticos que orquestaron la caída del proceso que terminó con la nulidad. Arreseygor señaló al exministro Guillermo Dietrich y a Mauricio Macri por haber operado en favor de DEME desde las páginas del diario La Nación.
En su reciente viaje a Estados Unidos, Santiago Caputo mantuvo reuniones reservadas con funcionarios norteamericanos. Primero fue citado por Brian Mast, representante republicano por Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y luego se reunió con Michael Jensen, asesor especial de Trump sobre Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Mast, dando cuenta del interés norteamericano en la Hidrovía, declaró ante el sitio The Floridian que “los Estados Unidos acaban de asistirlos con U$D 20.000 millones, y que no se permita a empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad es inaceptable para nosotros”. Concretamente, los funcionarios trumpistas le transmitieron al asesor presidencial su inquietud por la penetración de capitales chinos en sectores estratégicos de la Argentina.
En las reuniones paralelas que mantuvo Caputo estuvo flanqueado por Barry Bennett, socio en la firma Tactic Global, del argentino Leonardo Scaturice, el presunto exagente de inteligencia que hoy es dueño de Flybondi y de OCA. Además de la Hidrovía, en las reuniones surgió la cuestión del puerto de Ushuaia y la cuestión energética.
Los funcionarios y lobbystas norteamericanos le hicieron saber a Caputo que en los EE. UU. circula la sospecha de que detrás de Servimagnus, socia de Jan de Nul, se encuentra la injerencia de la República Popular de China. También le señalaron que el pliego de la licitación favorecería a Jan de Nul en detrimento del encabezado por Deme, con capitales norteamericanos detrás. “Hay informes de los Estados Unidos que sugieren el vínculo. A Santiago le avisaron que esos informes estaban”, apuntó una fuente al tanto de las conversaciones. (La Nación, 15/5) Estas reuniones se dieron en el marco de la cumbre entre Trump y Xi Jingping, en la que este último planteó una nueva “estabilidad estratégica”, pero ante un tema estratégico, como lo es la Hidrovía, el “American First” tiene su primacía en la agenda hemisférica de los Estados Unidos. Todo un desafío para el gobierno de Javier Milei que, si bien mantiene un rabioso alineamiento político, económico y militar con Estados Unidos e Israel, nunca descuidó sus vínculos con China, a quien el presidente argentino llegó a definir como “un gran socio comercial” (ídem).
La licitación ha encontrado un nuevo escollo que el Gobierno busca sortear rápidamente para satisfacer los intereses norteamericanos, del capital agroexportador y de la “patria contratista”, quienes buscan reforzar el control del comercio, el contrabando y la apropiación de recursos naturales a manos de las grandes cerealeras y el Comando Sur, que ya opera en el río Paraná por medio de técnicos militares.
Lucas Giannetti
20/05/2026
miércoles, mayo 20, 2026
El Reino Unido alista una armada contra Rusia
Diez naciones, con el Reino Unido al frente, compartirán equipos, se adiestrarán de manera conjunta y elaborarán planes de guerra comunes para hacer frente a Rusia en el noroeste de Europa y el Ártico, según anunció el primer lord del Mar, el general sir Gwyn Jenkins.
Jenkins calificó a Moscú de “amenaza creciente” y subrayó que Gran Bretaña y sus aliados necesitan la “capacidad de combate colectiva necesaria” para disuadirla en el ámbito marítimo.
A comienzos de abril, el secretario de Defensa británico, John Healey, reveló que la Marina Real había seguido la pista a tres submarinos rusos que realizaban una operación “encubierta” sobre cables y gasoductos submarinos del Reino Unido. La inquietud ante la expansión de la Flota del Norte rusa, podría desembocar en un enfrentamiento militar directo con Moscú. Las recientes revisiones gubernamentales sobre defensa, seguridad y política exterior han descrito a Rusia como la "amenaza más grave" para la seguridad del Reino Unido. Como respuesta trabaja con sus socios para poner en marcha una nueva asociación de armadas del norte, una fuerza marítima multinacional destinada a defender el noroeste de Europa y el Alto Norte, con el Reino Unido a la cabeza.
Esa fuerza estará compuesta por los diez países que integran la alianza militar ya existente denominada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés): Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia, a los que podría sumarse Canadá. La JEF, creada en 2014 no forma parte de la OTAN, pero pretendía complementarla, centrándose geográficamente en el Ártico, el Atlántico Norte y la región del Mar Báltico. A diferencia de ésta que opera de forma puntual, la nueva iniciativa aspira a convertirse en una fuerza permanente mucho más integrada.
“La Marina Real Británica sería, con diferencia, la flota más grande de la alianza, seguida por los Países Bajos, Dinamarca y Noruega. Países más pequeños como Estonia poseen capacidades particulares en campos como la detección de minas” (inews.co.uk 29/4).
Esta alianza se integró como bloque a la guerra en Ucrania en junio de 2023 cuando anunció un paquete de defensa aérea para ese país valorado en 92 millones de libras.
El Reino Unido dispone de un plan maestro para articular esta iniciativa, plasmado en un acuerdo con Noruega el año pasado. Dicho pacto contempla que Gran Bretaña construya fragatas avanzadas Tipo 26 para Noruega y que ambos países operen una fuerza conjunta en la que se comparten personal, tecnología, equipos e instalaciones. Estos buques, conocidos también como Clase City, son modernas fragatas polivalentes diseñadas sobre todo para la guerra antisubmarina de última generación y constituyen uno de los programas navales más relevantes de los últimos años.
La nueva alianza septentrional tendrá carácter “híbrido”, con buques tripulados operando junto a embarcaciones autónomas y drones. La Marina Real Británica ya ha recibido 20 embarcaciones no tripuladas: El general Sir Gwyn Jenkins reveló que un ejercicio de guerra puso a prueba el concepto de Armada Híbrida, y afirmó que proporcionó "pruebas claras de que nuestro enfoque híbrido ofrecerá un aumento significativo en la capacidad de combate”. El ejercicio de guerra “demostró que la Armada Híbrida generaba un aumento sustancial en la masa de combate, medida en términos de armas y sensores, que la capacidad de misiles se triplicó al nivel necesario para ganar una contienda en el Atlántico Norte" (ukdefencejournal.org.uk, 29/4). El belicismo es ensalzado en forma descarada.
Guerra híbrida
Uno de los principales motivos esgrimidos para crear esta fuerza es que, en caso de confrontación militar con Rusia, las fases iniciales serían “probablemente confusas y poco definidas”, ya que Moscú recurriría a la guerra híbrida para ocultar sus movimientos e intenciones.
“En tal escenario, a los funcionarios del Reino Unido les preocupa que la alianza de la OTAN, en su conjunto, pueda tardar en formular su respuesta, mientras que la iniciativa de las Armadas del Norte podría actuar con mayor rapidez y flexibilidad” (inews.co.uk). Se trata de contra medidas apremiantes ante la crisis de la OTAN.
La insistencia con el carácter “híbrido” de la guerra y la exaltación de los medios técnicos busca ocultar que, así como los drones no pueden suplantar las tropas en el terreno para consolidar las posiciones conquistadas, las plataformas tripuladas siguen siendo la columna vertebral de cualquier ejército, esto es, la movilización general de la sociedad para la guerra, y potencialmente su resistencia a ella.
Los sistemas basados en inteligencia artificial han reducido los plazos de decisión, y la elección de objetivos, como se atribuye al ejército de EEUU en el ataque con misiles Tomahawk contra una escuela de niñas en Iran, donde tanto los programas de Palantir como Anthropic habrían generado miles de objetivos en cuestión de minutos.
Los choques de Trump con sus aliados europeos han sembrado dudas sobre si Estados Unidos acudirá en auxilio del Reino Unido en el Atlántico Norte, en especial si estuviera envuelto militarmente en otros conflictos, como un eventual choque con China en el Indo-Pacífico. Las recientes dificultades de Washington para imponerse a Irán han llevado a algunos analistas de defensa a preguntarse si el país está realmente en condiciones de librar dos guerras en teatros distintos al mismo tiempo.
Mientras Washington busca apoyos que le permitan arrebatarle a Irán el control del estrecho de Ormuz, tacha de "absurda" la propuesta franco-británica de crear patrullas defensivas independientes una vez el conflicto termine: “Trump ha reprochado al Reino Unido su falta de apoyo en la ofensiva contra Irán, llegando a burlarse de sus portaaviones, que calificó de «juguetes»” atiza RT (30/4). Recuerda que pese a que Londres advirtió públicamente que confiscaría los petroleros de la 'flota fantasma' rusa que navegaran en aguas británicas, el Reino Unido no ha llevado ninguna acción al respecto. “De hecho, Rusia ha ignorado las amenazas, escoltando con fragatas a sus buques sancionados por el estrecho de Dover, [Canal de la Mancha] lo que permitió que 98 petroleros incursos en sanciones hayan cruzado aguas del Reino Unido desde entonces” (ídem).
Esta nueva alianza naval del norte, es un nuevo capítulo en la frenética carrera de rearmamento que sacude al imperialismo mundial. Mientras los gobiernos preparan la guerra, híbrida o directa contra sus rivales, la clase obrera paga con miseria, inflación y el riesgo de una catástrofe mayor.
Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
19/05/2026
Milei ofrenda reactores y uranio argentino al imperialismo estadounidense
El procedimiento pone a disposición de los interesados “todo bien, recurso, infraestructura, derecho, instalación, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación, técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una solicitud preliminar”.
Desde ATE indicaron que el objetivo de este procedimiento es avanzar en la privatización del reactor de investigación AR-10 y los yacimientos de uranio que se encuentran bajo jurisdicción de la CNEA - Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut).
El interés del gobierno por abrir la cancha a la extracción de uranio se da en el marco del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Un tratado que pone los esfuerzos nacionales en el reemplazo de la cadena de suministros que pretenden los EE. UU. en detrimento, principalmente, de China y Rusia.
En 2023, EE. UU. importó el 99 % del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Siendo Rusia el histórico vendedor del mineral, ha dejado de serlo a partir de que el gobierno de Biden logró aprobar una ley de prohibición de importación para el uranio ruso.
Se estima que en Argentina hay 40.000 toneladas de uranio. Las tres centrales nucleares que tiene el país consumen 200 toneladas al año; sin embargo, el uranio que consumen es importado desde Kazajistán.
El interés por una nueva etapa de extracción de uranio en el territorio nacional no tiene que ver con un reemplazo de importaciones, sino con el abastecimiento a EE. UU.
El interés norteamericano por este mineral hay que verlo desde tres puntos. Primero: la guerra mundial. Ha prohibido la importación de uranio ruso, pero ¿qué pasará con el uranio canadiense? Canadá es un país que Trump amenazó con anexar y del cual proviene el 25 % de la importación total. Kazajistán y Uzbekistán (21 % y 9 % de las importaciones de uranio a EE. UU., respectivamente) se encuentran también comprometidos en la ruta de la seda, cercanos geográficamente al área de guerra (Irán y Ucrania) o con fuertes lazos político-militares y económicos con Rusia y China, en el caso de Kazajistán.
El segundo punto que lleva a las empresas a la mayor exploración y extracción de uranio es la fuerte inversión que está desarrollando el Pentágono en el área de la IA, tecnología que requiere -y se encuentra limitada por- una alta demanda energética. Entre las inversiones para IA se encuentran las inversiones para poder hacerlas funcionar. En este marco, se piensa en la instalación de pequeños reactores modulares, con capacidad para alimentar una ciudad pequeña, abocados enteramente a sostener el funcionamiento de los centros de datos (datacenter).
El tercer punto vuelve a poner a la guerra como factor principal, ahora a la luz de las armas nucleares. La producción en masa de armas nucleares podría ser el destino final real de todo el uranio que se extraiga de la Argentina, siendo que por el momento la IA tiene más de burbuja financiera que de industria rentable.
La entrega del uranio a los EE. UU. forma parte de una escalada bélica mundial que apunta a sacar al imperialismo de su retroceso histórico a partir del desarrollo de la barbarie más grande que haya visto la humanidad. La defensa de los glaciares, del agua y de los ecosistemas donde se instalen las minas debe ser discutida con este planteo.
Sergio Yeti
19/05/2026
África: la guerra por el control de los minerales críticos y el brote de ébola
La gravedad del hecho radica en que se trata de una cepa poco común -la Bundibugyo- para la cual no se ha desarrollado una vacuna ni tratamientos específicos, como sí existen para otras cepas. Ya hubo expansión hacia Uganda y hay contagios en las capitales de ambos países, Kinsasa y Kampala. El foco principal está en la provincia de Ituri, en el noreste del Congo. Las cifras cambian rápido, pero los reportes más recientes hablan de entre 246 y casi 400 casos sospechosos y más de 100 muertes reportadas.
Guinea, Sierra Leona y Liberia sufrieron una epidemia de ébola en 2014 y 2015 que derivó en la muerte de más de 11.000 personas. Más de 28.000 pacientes en diez países se enfermaron, según estimaciones de la OMS. Desde entonces, ha habido una serie de brotes, principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda. Pero estos se han contenido, en gran parte, porque los funcionarios de salud pública reaccionaron con cierta rapidez.
A diferencia de otros brotes anteriores, este último se propagó aparentemente en poco tiempo. Los primeros casos no fueron detectados a tiempo, lo que favoreció el contagio y la propagación debido a la falta del debido aislamiento. Se calcula que el ébola comenzó a circular hace un mes. El virus se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, lo que supone un riesgo especial para familiares y cuidadores. Rastrear a las personas que puedan haber estado en contacto con los enfermos, aislar y tratar a las víctimas con rapidez y enterrar adecuadamente a los muertos son medidas imprescindibles.
Esta vez hubo una serie de factores que colaboraron con la transmisión generalizada del virus, relacionados, de una u otra manera, con la crisis del imperialismo y la disputa que se desarrolla en el continente por la apropiación de sus recursos.
Estados Unidos recortó severamente los fondos destinados a atender los desastres humanitarios que ellos mismos ocasionan en África. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha desempeñado un papel importante en la contención de brotes anteriores, pero el año pasado fue cerrada por el gobierno de Donald Trump. Trump también recortó la financiación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la principal agencia de salud pública del país, y además se retiró en enero de la OMS junto con todos los fondos que solía aportar, para aumentar, en cambio, su presupuesto de guerra.
Pero, además, Ituri, el epicentro del brote, se encuentra en el este del Congo, ocupado por el M23 y otros cien grupos armados que se disputan la zona y que no coordinan con el gobierno la atención sanitaria. Ituri limita con Uganda y Sudán del Sur, por lo que los frecuentes desplazamientos transfronterizos constituyen otro problema adicional.
Los grupos armados en Ituri dificultan la vigilancia epidemiológica y el acceso a comunidades aisladas. Por eso, el mayor riesgo es la expansión hacia zonas controladas por otros grupos armados. Ya se detectó el primer caso en Goma, provincia controlada por el M23, donde tampoco funciona el aeropuerto necesario para la llegada de insumos y ayuda.
De fondo, la guerra
El principal socio comercial de la República Democrática del Congo es China. El 70 % del cobalto del mundo se produce en el Congo. Este metal es necesario para las baterías de los autos eléctricos, la tecnología y las aplicaciones militares y aeroespaciales. El Congo también produce cobre, coltán, tantalio, oro, estaño, tungsteno, litio y diamantes. Algunos de estos son los metales y minerales críticos que necesita la industria tecnológica estadounidense.
El acuerdo más relevante entre el Congo y China fue el de “minerales por infraestructura”, firmado en 2007 entre el gobierno congoleño y un consorcio de empresas chinas conocido como Sicomines. China financió carreteras, hospitales, universidades, represas y obras públicas. A cambio, obtuvo acceso a grandes yacimientos mineros de cobre y cobalto.
Uno de los principales grupos armados que opera en la región es el M23 -con el propósito declarado de defender a la etnia tutsi-, financiado por Ruanda, país aliado histórico de los imperialismos estadounidense y británico. Ruanda exporta más minerales de los que produce porque por allí se trafica el material extraído del este del Congo.
Uganda es otro país que también interviene militarmente en el norte y el este del Congo con la excusa de combatir a los grupos armados.
El imperialismo lleva la guerra consigo y propaga las pestes y la barbarie.
Aldana González
19/05/2026
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