"No hay salida para la clase trabajadora bajo el capitalismo: necesitamos organizaciones revolucionarias capaces de destruirlo

Entrevista a Carlos Ochoa, del Sindicato de Estudiantes (Izquierda Revolucionaria) del Estado Español, posterior a la Conferencia Internacional de la Juventud contra la Guerra Imperialista. 

 ¿Cómo describirían la situación política actual de la juventud de la clase trabajadora en su país? En estos momentos la juventud trabajadora atraviesa una situación crítica. Tras 8 años de gobierno de gobierno del Partido Socialista (PSOE) no se han solucionado los problemas fundamentales de la clase obrera.

 En el caso de la juventud asistimos a un desmantelamiento descarado de la educación pública. Por supuesto que quien está encabezando esta ofensiva son los gobiernos de la derecha y la extrema derecha como ocurre en la Comunidad Autónoma de Madrid o en la del País Valenciá. Pero también es una realidad que allí donde gobierna el PSOE la situación no es muy distinta, y que el Ministerio de Educación no ha puesto freno al proceso de privatización que ya está muy avanzado. 

 Es la lógica que vemos en todos los aspectos de la vida de nuestra clase. En el caso de la vivienda asistimos al dominio completo del capital financiero y el rentismo. Son estos parásitos los que provocan las subidas constantes de los alquileres, la gentrificación de nuestros barrios y los desahucios salvajes como el de Maricarmen, que ha dado la vuelta al mundo. 

 Es evidente que de esta situación no puede desprenderse que tengamos un futuro garantizado, al contrario. Este es el combustible que está alimentando la participación de miles de jóvenes en las movilizaciones que han sacudido el país: por el derecho a la vivienda, en defensa de la educación pública, en el movimiento feminista o contra el genocidio sionista; la juventud obrera ha puesto el sello en los acontecimientos. 

 ¿Cómo sigue la lucha de la juventud por la causa palestina en España?

En el Estado Español el movimiento contra el genocidio sionista ha supuesto un punto de inflexión. En primer lugar, porque se ha convertido en una expresión extraordinaria del sentimiento antifascista que late en el seno de la clase obrera y la juventud. Levantar la bandera palestina implica golpear a la extrema derecha, que como en el resto del mundo no oculta su simpatía total con el sionismo genocida.

 Pero no es solo eso. El movimiento por Palestina también ha desnudado lo que implica toda la retórica socialdemócrata sobre los derechos humanos. La clase obrera y la juventud no esperó a nada ni nadie para impulsar la solidaridad en las calles y exigir la ruptura inmediata de relaciones. Este proceso llegó a su cumbre en septiembre y octubre del año pasado. En aquel mes el Sindicato de Estudiantes convocamos 2 huelgas estudiantiles con un seguimiento masivo.

 Evidentemente este movimiento hizo saltar todas las alarmas de la clase dominante, que trató de frenar las protestas con todo tipo de maniobras gubernamentales: aparte del tratado-farsa de paz para Gaza, el gobierno español anunció el embargo de armas al estado sionista. Un embargo que realmente no ha tenido repercusiones porque el comercio de armas y del resto de bienes ha continuado. 

 Esta es precisamente la política que está siendo de gran ayuda para esparcir la demagogia de la extrema derecha y que vaticinan un futuro triunfo electoral del PP y Vox

 ¿Qué continuidad esperan que tenga el proceso de lucha por la vivienda? 

En primer lugar, es importante comprender que el movimiento por la vivienda ha supuesto un verdadero terremoto político. El desahucio de Maricarmen ha provocado un vuelco completo en la situación política y ha expresado un enorme salto en la conciencia.

 Es evidente que este movimiento arrollador, que ha venido acompañado de grandes acampadas en la mayoría de las ciudades, no solo ha señalado al rentismo y a los gobiernos de la derecha (como el de la Comunidad de Madrid, donde fue desahuciada Maricarmen) que lo amparan y apoyan. Este movimiento también ha sido un verdadero misil contra la izquierda gubernamental. Esa izquierda, como el PSOE y sus socios de gobierno, que es extremadamente respetuosa con los negocios del capital financiero y la oligarquía pero que no duda en lanzar a la policía a reprimir duramente la protesta social. 

 Claro, la paciencia se ha acabado. Las medidas cosméticas, los parches y las reformas respetuosas con el gran capital y el rentismo son inútiles a ojos de millones. Por eso la idea de la expropiación de los grandes tenedores ha sido acogida con las dos manos por el movimiento. Lo mismo podemos decir de la consigna de la huelga general. Ante la presión irresistible de las masas la burocracia sindical no ha tenido más remedio que convocar la huelga general para el 11 de noviembre. No estaba en el guion: ha sido la acción de masas lo que ha arrancado esta convocatoria. Por lo tanto, sería muy ingenuo pensar que asistiremos a un paro simbólico o que este será el punto final de este estallido social. Las raíces de este levantamiento son muy profundas y el 11N será un gran paso adelante y en ningún caso el final.

 Desde la perspectiva de su organización, ¿cuáles son los objetivos políticos a partir de la conferencia internacional de la juventud contra la guerra imperialista y cómo puede esta fortalecer nuestros esfuerzos colectivos? 

La lucha contra el militarismo y la guerra imperialista es la obligación de toda la izquierda militante. La guerra imperialista no solo es sinónimo de muerte, destrucción y barbarie en el sentido más estricto de la palabra, también es sinónimo de represión, autoritarismo y racismo y xenofobia. 

 Es evidente que la clase dominante ya ha comprendido que la vía militar es lo único que puede sostener sus privilegios. La pugna por la hegemonía mundial entre el bloque estadounidense y el chino y los distintos choques materializados en guerras como en Ucrania o Irán son reflejo de esto mismo.

 Europa está inmersa en esta dinámica. La fiebre militarista se ha apoderado de la burguesía europea. Bajo la excusa de que el gigante ruso es una gran amenaza se han impulsado todo tipo de políticas militaristas y de rearme: desde el retorno del servicio militar en países como Alemania hasta el programa ReArm con un presupuesto de 800.000 millones de euros. Nosotros decimos que todas las formas de justificar estos planes son una traición a la clase obrera. Que el Estado Español haya aprobado los mayores presupuestos militares a costa de seguir saqueando los servicios públicos demuestra hasta qué punto la izquierda gubernamental se ha plegado a los planteamientos de la Otan.

 Rechazamos con todas nuestras fuerzas el militarismo, de la misma forma que combatimos el veneno de nacionalismo y racismo con una política de unidad y solidaridad de clase. Por eso mismo hemos participado en la conferencia juvenil del 25 de octubre con el resto de las organizaciones y por eso mismo también hemos convocado a la jornada europea de movilizaciones y huelga general estudiantil el 20 de noviembre contra la guerra imperialista y el futuro de la juventud. No hay salida para la clase trabajadora bajo el capitalismo: necesitamos organizaciones revolucionarias capaces de destruirlo y de construir una sociedad realmente socialista. 

 Ulises Russo

"Buscamos a los mejores"... para ser buchones al servicio de Trump y el imperialismo

La Side de Santiago Caputo recluta con una campaña proyanqui, después de ayudar a fugarse a Bolsonaro. 

 El gobierno nacional lanzó una convocatoria para reclutar nuevos agentes para la Side. En la Ciudad pueden verse carteles similares a los que Estados Unidos desplegó en su campaña de reclutamiento en el marco de la Primera Guerra Mundial, con el famoso Tío Sam diciendo “I Want You”. Semejante política requiere de otra inyección de dinero que se suma al que ya viene recibiendo el aparato de inteligencia, mientras niegan fondos a las universidades, la salud pública, los salarios y las jubilaciones. 

 Milei viene aumentando el presupuesto de la Side con el objetivo de reforzar el espionaje y la persecución contra los sectores populares. En este sentido, propuso al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que supone una mordaza contra los periodistas y la introducción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, con la creación de un organismo (el Consejo de Seguridad Nacional) en el que la Side cumplirá un papel destacado.

 El aparato que dirige Santiago Caputo fue una pieza clave del operativo por el cual Flávio Bolsonaro se dio a la fuga desde Brasil, en una operación delictiva de la que también fue parte el presidente norteamericano Donald Trump. 

 Mientras tanto, el gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, por cuya aplicación miles de estudiantes y docentes vienen de movilizar en la quinta Marcha Universitaria; mantiene los salarios y las jubilaciones en montos de pobreza; no atiende las demandas del colectivo de discapacidad; y aplica un ajuste sobre la salud pública. Política que busca profundizar con la implementación del Presupuesto 2027, orientado al pago de la deuda externa y a la satisfacción de los intereses de los banqueros. 

 Prensa Obrera

Terremoto electoral en Estados Unidos

Trump pierde el Congreso. Los demócratas conquistan las dos cámaras y cinco gobernaciones republicanas. 

La derrota abre una crisis en la Casa Blanca y golpea a sus aliados, entre ellos Milei. El oficialismo perdió las dos cámaras y vio retroceder su voto en casi todos los aproximadamente 1.700 condados donde ya se había contado la mayor parte de los sufragios, según un relevamiento de Reuters y USA Today (4/11). Fue un terremoto electoral cuyo motor fue el repudio al gobierno. 

 Una medida de este debacle la da la derrota en sus propios bastiones. En Texas, los republicanos perdieron una banca del Senado y la gobernación. Lo mismo ocurrió en Ohio y en Iowa. Trump había ganado los tres estados por más de diez puntos en 2024. 

 En el Senado, el recuento de ABC News daba 54 bancas al bloque demócrata, incluidos los dos independientes que se integran a él, contra 43 republicanas, con Alaska, Misisipi y Nebraska todavía abiertos. Los demócratas conquistaron siete escaños republicanos en Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine y las dos Carolinas. Retuvieron, además, Georgia y Michigan. En la Cámara de Representantes, con 218 bancas requeridas para la mayoría, ABC registraba 229 demócratas y 163 republicanas, con una ganancia neta demócrata de 25 escaños en ese corte. Son cifras del 4 de noviembre, con corte a las 5:37, hora argentina, sujetas al recuento pendiente. 

 De las 36 gobernaciones en juego, cinco pasaron de republicanas a demócratas en Georgia, Ohio, Iowa, Nevada y Texas. En Florida, los republicanos conservaron la banca del Senado y la gobernación, que ganó Byron Donalds por un margen estrecho (AP y ABC News, 4/11). Las victorias demócratas en estos estados son una muestra del divorcio profundo de Trump con una parte significativa de su base electoral agraria e industrial. 

 En los recuentos senatoriales de la madrugada, James Talarico aventajaba a Ken Paxton por 55% a 43% en Texas, con el 90% del voto esperado informado. Adam Hamilton se imponía por 51% a 46% en Kansas, con el 96%, y Annie Andrews por 51% a 47% en Carolina del Sur, con el 96%. También se ensanchó la ventaja en varios estados demócratas respecto de la elección por las mismas bancas en 2020. En Nueva Jersey pasó de 16 a unos 27 puntos con el 92% del voto esperado. En Rhode Island, de 33 a unos 38 con el 97%. Hay más de 59 millones de votos anticipados, por encima de los guarismos de 2022, aunque aún falta saber el total nacional para establecer una comparación con comicios anteriores.

 La carestía que castigó a los demócratas en 2024 se volvió contra Trump. La guerra con Irán encareció el combustible y desmintió la promesa de poner fin a las guerras. Según encuestas electorales, cuatro de cada diez votantes dijeron haber querido expresar su oposición a Trump con el voto al Congreso y menos de dos de cada diez quisieron respaldarlo. Alrededor de tres cuartas partes desaprobaban también el desempeño del Congreso. El retroceso republicano entre jóvenes e hispanos respecto de 2024 amplió la derrota. Ese desplazamiento electoral convive con un descrédito que alcanza al conjunto del régimen político. Los resultados expresan más un rechazo al magnate republicano que una confianza en los demócratas. 

 Dentro de la ola demócrata, hubo una gran noche para su ala “Demócrata Socialista”, DSA, que suma por lo menos 5 nuevos diputados nacionales, más de 20 legisladores estaduales y las alcaldías de Washington DC, que se suman a la de Nueva York y 2 diputados nacionales preexistentes. De conjunto, la DSA se adjudica la victoria de candidatos o plebiscitos legislativos que ha impulsado en 75 elecciones locales. 

 Entre los ganadores se destaca una suerte de ola de incorporación a los principales cargos de gobierno de sectores históricamente oprimidos y subrepresentados, que hasta ahora nunca habían accedido a determinadas posiciones institucionales. La elección de 2026 produjo varios hitos: Keisha Lance Bottoms en Georgia se convirtió en la primera gobernadora negra de Estados Unidos; Gina Hinojosa, en la primera gobernadora latina de Texas; Deb Haaland, en la primera gobernadora indígena; y David Crowley, en el primer gobernador negro de Wisconsin. También Amy Acton fue la primera mujer elegida gobernadora de Ohio. En el Congreso, Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán, Peggy Flanagan la primera senadora indígena, Josh Turek el primer senador usuario de silla de ruedas y Chris Pappas el primer senador hombre abiertamente gay. A ellos se suman Juliana Stratton, que llevará a tres el número de mujeres negras en el Senado, y Adam Hamawy, primer congresista musulmán de Nueva Jersey. Se trata de una ampliación significativa de la representación institucional de grupos históricamente excluidos, aunque estos avances en la composición social de los cargos no implican, por sí mismos, una orientación política homogénea ni una transformación de las estructuras que producen esa exclusión.

 La dimensión de la ola medida en votos generales da una muestra de la mayoría contraria a Trump. En la elección para la Cámara de Representantes, los demócratas reunían 55,65 millones de votos (54,9%) frente a 44,31 millones republicanos (43,7%), una diferencia de aproximadamente 11,3 millones de votos y 11,2 puntos porcentuales. En la renovación del Senado, la ventaja demócrata era de 4,6 millones de votos, con el 52,3% frente al 45% republicano, una distancia de 7,3 puntos. 

 Junto a la crisis política planteada por los métodos bonapartistas de Trump y sus choques con el Congreso, asistiremos sin duda a otra crisis, para definir el liderazgo, perfil y programa del Partido Demócrata que ha vencido esta noche. La DSA viene en un camino de moderación y adaptación acelerada, para preparar el lanzamiento de Alexandria Ocasio-Cortez como candidata a presidenta. Aunque no están claras las candidaturas del espacio dominante de los demócratas, sin duda se procesará una lucha interna muy dura. Sectores de las masas han puesto una gran expectativa en candidatos que se han presentado como parte de una maquinaria electoral del Estado imperialista. Han habido incluso movilizaciones estudiantiles el día de la elección, marcando la relación para una parte de las masas entre la derrota electoral de Trump y su proceso previo de movilización. Las tensiones y contradicciones que se procesarán van a ser muy fuertes y a escalas de masas. 

 El gobierno por veto y decreto 

Trump felicitó a los demócratas y admitió que podría negociar con ellos, incluso sobre inmigración. Había atribuido la derrota a su ausencia en la boleta. Hasta el cierre, su respuesta nacional se concentró en su capacidad de seguir ejerciendo efectivamente la presidencia mediante el ejercicio del veto, sin una denuncia general de fraude. La magnitud de la derrota acota el alcance de las impugnaciones. Alterar la mayoría exigiría revertir resultados en varios estados. Las maniobras locales siguen siendo posibles. Antes de los comicios, un juez federal ya había rechazado una demanda del Departamento de Justicia que buscaba impedir la certificación de una eventual victoria demócrata en Alaska (Reuters y AP, 4/11). 

 Desde enero, las nuevas mayorías podrán fijar la agenda legislativa, abrir investigaciones, citar funcionarios y disputar las partidas presupuestarias. El Senado podrá bloquear nombramientos judiciales y de la administración. La Cámara puede aprobar una acusación en un juicio político, pero la destitución requiere dos tercios de los senadores presentes. Con los cien presentes harían falta 67 votos. Una mayoría de 54 deja esa salida supeditada a una fractura republicana de otra magnitud. 

 Trump adelantó su plan B de vetos y acuerdos puntuales cuando el bloqueo resulte costoso. Es previsible que busque, además, ampliar el uso de sus facultades ejecutivas. Para levantar un veto hacen falta dos tercios en cada cámara. Con órdenes ejecutivas, la Casa Blanca puede orientar a las agencias, endurecer la aplicación de la política migratoria e invocar facultades delegadas o de emergencia en materia comercial. Su alcance depende de las leyes vigentes y queda expuesto a impugnaciones judiciales. Sin acuerdo para financiar al gobierno, puede haber un cierre parcial de la administración que golpee a los trabajadores federales y a los usuarios de los servicios públicos. 

 Ahí reside el potencial explosivo de los próximos dos años. Un presidente derrotado en las urnas, a lo que se agrega el hecho de que constitucionalmente no puede aspirar a una reelección, puede redoblar la persecución a los migrantes, la represión de las protestas y las medidas unilaterales para mantener cohesionada a su base. Al mismo tiempo, la pelea por la sucesión de 2028 alentará a legisladores republicanos a despegarse de la Casa Blanca cuando esté en juego su propia supervivencia. Los choques entre poderes pueden desembocar en pactos presupuestarios o en una crisis mayor si el gobierno intenta imponer por la fuerza medidas resistidas en la calle.

 Los aliados de Trump acusan el golpe 

La derrota debilita la capacidad de Trump para comprometer recursos y garantías ante sus aliados. Un Congreso opositor puede discutir partidas militares, revisar la base legal de los aranceles e investigar la conducción de la guerra con Irán. Trump conserva el mando militar y la iniciativa diplomática. Pero no se nos puede escapar que en las disputas con China y en Medio Oriente, sus adversarios parlamentarios defienden los intereses del mismo imperialismo, aun cuando cuestionen los métodos de la Casa Blanca. La oposición a la guerra en las urnas abre un terreno para exigir el fin de la intervención militar en Irán y del armamento a Israel, desafiando a Trump y la complicidad demócrata.

 El golpe se encadena con otros dos reveses. En Brasil, perdió Flávio Bolsonaro. La movilización estudiantil y obrera contra el bolsonarismo alteró el cuadro que había dejado la primera vuelta. El resultado frustró la apuesta de Trump y Milei por sumar a Brasil a su alineamiento continental. En Israel, Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones del 27 de octubre y hay una crisis a la hora de formar gobierno en un escenario donde el ascenso electoral de los partidos árabes ha pasado a ser un dato relevante. 

 Para Milei, el golpe es político y financiero. Presentó su alineamiento con Trump como garantía de acceso a dólares y como eje de una ofensiva derechista regional. El respaldo de Washington ante el FMI y la línea de swap de hasta 20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense fueron recursos de esa política. La Argentina devolvió en enero el tramo que había utilizado. La línea sigue vigente. El cambio de mayoría expone una futura asistencia a mayor escrutinio y debilita la promesa de un salvataje a discreción de Trump, con fuertes vencimientos argentinos por delante.

 Una salida obrera 

Hakeem Jeffries anunció que los demócratas buscarán restablecer los subsidios del seguro de salud, revertir los recortes a Medicaid, votar contra la guerra con Irán y revisar los aranceles de Trump (AP, 14/10). Reponer la cobertura sanitaria sería una conquista concreta. La agenda de su dirección deja en pie el negocio de las aseguradoras, el aparato de persecución migratoria y los compromisos militares del imperialismo norteamericano. Sus jefes parlamentarios buscarán administrar el choque con Trump mediante investigaciones, votaciones y negociaciones, subordinando las demandas populares a la apuesta por recuperar la presidencia en 2028. La disposición de Trump a negociar sobre inmigración muestra en qué terreno podrían encontrarse ambos partidos. 

 Las movilizaciones de No Kings del 17 de octubre, previas a las elecciones, precedidas por movilizaciones multitudinarias anteriores que reunieron en las calles a varios millones de personas, han mostrado una fuerza que desborda el aparato demócrata, aunque sus convocantes la encauzaron hacia las urnas. Convertir la victoria legislativa en un llamado a esperar otros dos años dejaría a los sindicatos, al movimiento contra la guerra y a las organizaciones de migrantes a merced del calendario electoral e implicaría, por otra parte, el acceso al gobierno en reemplazo de los republicanos de la otra fuerza política que es históricamente pilar del imperialismo. El triunfo parlamentario ofrece a las direcciones sindicales y a la izquierda integrada al Partido Demócrata una nueva excusa para aplazar la ruptura. Van a reforzar el carrerismo electoral. 

 Una acción y coordinación de trabajadores, documentados e indocumentados, pueden organizar la defensa contra los ataques antiinmigratorios, reclamar aumentos de salarios frente a la carestía, enfrentar los despidos y unir esas luchas con la movilización contra la guerra. En este marco, se plantea tomar la iniciativa de medidas de fuerza y convocatoria a nuevas movilizaciones y preparar una acción nacional, hasta plantear la huelga general. El desafío es elaborar e impulsar una agenda y programa de acción alternativos a los que plantea la dirección demócrata que pretende reservarse para 2028. De esa lucha debe surgir una fuerza política obrera independiente, capaz de enfrentar al gobierno de Trump, la complicidad demócrata y a las patronales que financian a los dos partidos. 

 Pablo Heller

Terremoto en el sistema financiero paraguayo

3 millones de usuarios afectados por el congelamiento de sus cuentas en el Ueno Bank. 

 El Banco Central intervino el Ueno Bank, ante la constatación de su estado de insolvencia y congeló las cuentas de casi 3 millones de usuarios. La crisis se desató este martes 3 cuando los clientes de esa institución financiera, perteneciente al Grupo Vázquez (ligado en las sombras al ex presidente Horacio Cartes), se despertaron con la noticia de que no funcionaba la aplicación de la entidad bancaria, y por lo tanto no podían disponer de sus fondos. 

 El descalabro es de proporciones mayúsculas ya que son casi 3 millones los clientes afectados, es decir, cerca de la mitad de habitantes del país y se trata de un banco que administra unos u$s 850 millones de fondos públicos incluidos fondos del IPS con el que se abonan jubilaciones y pensiones de trabajadores estatales. 

 Centenares de miles se desayunaron hoy de que no pueden realizar ningún tipo de transacción a partir de la resolución tomada por el directorio del BCP en horas de la madrugada. En el comunicado de prensa en que se dio a conocer la medida se destaca que se trata de un “caso puntual” que no afecta al resto del sistema financiero, tratando de contener el pánico y eventual contagio propio de la dinámica del sistema. Por estas horas el presidente, Santiago Peña, convocó a los cuatro principales bancos de Paraguay para llevar tranquilidad y comunicarles la decisión de garantizar el pago a los ahorristas del Ueno Bank hasta el límite establecido por el “Fondo de Garantía de Depósitos”, esto es, hasta 75 salarios mínimos. La convocatoria tiene lugar luego de que el vicepresidente, Pedro Alliana, condicionara su continuidad en la carrera presidencial a la resolución de esta situación. No es el único que le suelta la mano al presidente, ya que distintos dirigentes del partido colorado piden su expulsión. 

 La oposición, por su parte, acaba de presentar el juicio político contra el presidente y el vicepresidente y la destitución de ambos como desenlace posible no puede descartarse. La crisis financiera devino en crisis política que, con el paso de las horas, solo se agrava. 

 Crónica de un colapso anunciado 

En las semanas previas a la resolución tomada por el BCP, la tensión en torno a la situación del Ueno Bank venía tomando temperatura. La filtración de un informe y memorándums internos de la Superintendencia de Bancos, donde se advertía sobre préstamos excesivos a empresas vinculadas al propio grupo Vázquez que superaban los límites impuestos por la ley de entidades financieras, dio lugar a requerimientos de diputados y senadores al BCP para que informe sobre la situación de la entidad financiera y, principalmente, la liquidez con que contaba. 

 Por su parte, desde Ueno Bank se comunicaba sobre su operatoria con total normalidad, incluso se anunció una importante operación de capitalización para finales de este mes, lo que no logró dar calma a los bonistas que empezaron a desprenderse de sus bonos frente a los rumores ahora confirmados. Pero los fondos no llegaron o no fueron suficientes para tapar el agujero en los balances de la entidad. Finalmente, el BCP constató que el índice de solvencia está por debajo del límite legal y se vio obligado a iniciar el procedimiento de resolución e intervenir el banco, lo que se tradujo en el congelamiento de la operativa que afecta a millones de clientes. 

 Ueno Bank tuvo un ascenso meteórico pasando en poco tiempo de ser una financiera relativamente pequeña a un banco digital que captó masivamente usuarios por medio de facilidades como la apertura de cuentas en minutos, promociones y reintegros en comercios de distintos rubros ligados al Grupo Vázquez y los aceitados vínculos con el gobierno de Peña que le permitieron sumar un volumen gigantesco de depósitos públicos, incluyendo los del IPS. La puerta giratoria entre los bancos y el Estado paraguayo incluye desde integrantes del directorio del BCP que se desempeñaban en posiciones de directivas en el Ueno, hasta el propio presidente Peña que vendió sus acciones en el ahora intervenido banco recién en el año 2025. 

 La reacción de las y los trabajadores confiscados 

A pocas horas de anunciada la intervención y procedimiento de cierre del Ueno Bank, está claro que estamos frente a un saqueo de los depósitos de millones de trabajadores así como de cuantiosos recursos públicos, que fueron destinados a financiar empresas del mismo grupo Vázquez y/o timbeados en inversiones de alto riesgo. Todo ello a la vista de las entidades del Estado paraguayo que tenían la obligación de ejercer el contralor para que esto no ocurra. 

 Ante la desesperación de no poder disponer de los fondos en las cuentas, miles se acercan a las puertas de las sucursales de Ueno sin recibir respuesta alguna. Los fondos depositados están garantizados legalmente hasta el tope de los 75 salarios mínimos, pero el plazo de devolución es de 15 días corridos, prorrogables por 15 días más, es decir, que al menos hasta el 17 de noviembre millones no podrán disponer de sus fondos. Por lo demás, quienes tengan depósitos que superen dicho monto deberán atravesar el proceso formal de liquidación de activos del banco e ir a la cola del tendal de acreedores y cobrar según su orden de prelación. 

 Frente a este cuadro de confiscación masiva de los depósitos empiezan a girar las convocatorias de manifestaciones frente al Congreso por la destitución de Peña y Alliana y medidas concretas de protección de los fondos jubilatorios, ya que entre los grandes depositantes se encuentra el IPS y no puede quedar supeditada la recuperación de los mismos al proceso de liquidación de activos. Se plantea la necesidad de una salida que parta de la confiscación de las fortunas de las empresas que se beneficiaron con los negociados del banco. Solo la movilización popular va a poder imponer esta salida.

 Como en Argentina, el sistema financiero paraguayo es el gran beneficiario del programa económico del partido colorado y esto no empezó con Peña. La oposición también es señalada por el pueblo paraguayo como cómplice de este desfalco. 

 Paraguay se suma a los países donde la derecha gobernante es protagonista de crisis crecientes, que se organice la movilización del pueblo trabajador contra los corruptos y saqueadores.

 Olga Aguirre

Israel: el electorado vota por la reanudación de la guerra de aniquilamiento contra Irán

Con los resultados oficiales en la mano, ninguno de los dos bloques en disputa en las elecciones de Israel consiguió una mayoría parlamentaria para formar gobierno; el presidente del país deberá iniciar consultas para medir la posibilidad de una súpercoalición o convocar a nuevas elecciones. El bloque oficialista ha obtenido 53 bancas sobre una asamblea o Knesset de 120 miembros, mientras que el partido Likud, de Netanyahu, se aseguró 27 escaños como el más votado en forma individual. La oposición, “Cambio”, encabezada por el exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, se alzó con 48 escaños, y el partido de Eisenskot con 21 asientos. Los dos partidos árabes israelíes se llevaron 19 puestos, repartidos entre el partido islámico de derecha y el que incluye a sectores de izquierda y del partido comunista. Los dos primeros han adelantado que en ninguna circunstancia formarían una coalición con ellos, ni tampoco uno en minoría que dependiera de sus votos. Eisendkot ha participado en la masacre y genocidio en Gaza y es el autor de la llamada Doctrina Dahiya, que reivindica la utilización de una fuerza excepcional contra las infraestructuras de los territorios ocupados por palestinos. El reciente sábado por la noche, sin embargo, manifestaron en Tel Aviv para reclamar un gobierno de “Cambio” y los partidos árabes israelíes. La intención de Netanyahu es extender la ‘limpieza’ étnica en Gaza y Cisjordania hacia el norte y sur de Israel, la Galilea y el Neguev, donde habita la mayoría de la población árabe israelí (también muy presente en Haifa y Tel Aviv). 

 El impasse electoral significa que la coalición de Netanyahu ha ganado un tiempo adicional de gobierno y el poder para acompañar a Trump en la reanudación de una guerra de aniquilamiento contra Irán. Aunque la prensa internacional coincide en que la guerra será desatada apenas concluyan las elecciones norteamericanas, mañana, Trump insiste en sus redes en que todavía no tomó la decisión de hacerlo. Una mediación de Qatar para evitar la guerra no parece prosperar ante la exigencia de Trump de que el stock atómico guardado por Irán sea sacado del país bajo la tutela de la ONU o Estados Unidos. Irán ha concedido la posibilidad de que la Agencia de Energía Internacional retome las inspecciones del material de uranio enriquecido que guardaría su país, a cambio del levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes por parte de Estados Unidos y de las sanciones económicas contra Irán, además de la devolución de 25.000 millones de dólares secuestrados de las reservas internacionales del país en el extranjero. 

 Netanyahu se ha comunicado con Trump para que no aplace la decisión de ir a la guerra, sin considerar el impacto que podría tener sobre la economía mundial y la financiación de las fenomenales deudas de los Estados y de las empresas de Inteligencia Artificial. Las grandes refinerías, por el contrario, han tenido ganancias extraordinarias como consecuencia de la subida de precios a consumidores industriales y personales. Como ocurriera cuando lanzó la guerra en febrero de este año, Trump y Netanyahu fantasean con que será breve, cuando Irán ha anunciado que levantó todas las restricciones para atacar activos norteamericanos, incluidos los centros de datos que construyen las IA. Nada indica que el levantamiento de sanciones al diésel de Rusia signifique que Trump haya puesto a Putin de su lado en un nuevo asalto contra Irán, y que el sistema de radares de Rusia no colabore con Teherán. 

 El electorado israelí, sin embargo, ha votado por una nueva guerra y por mayores desplazamientos forzados de palestinos e incluso el genocidio, al que denuncian como un invento antisemita. El partido Demócrata de Israel, que encabeza un exgeneral, Yair Golan, y sus seguidores liberales, aferrado a la fórmula de los “dos Estados”, enterrada por las masacres, ha obtenido el 8 % de los sufragios. El electorado israelí parece confiar en los interceptores de misiles y en las cúpulas doradas, y en una victoria estratégica del imperialismo norteamericano en la presente guerra. La lucha de calles y las huelgas contra la guerra deben involucrar a millones y decenas de millones de trabajadores. 

 Redacción Política Obrera 

 02/11/2026

Elecciones en EE.UU.: el trumpismo podría sufrir "un baño de sangre"

El martes próximo culminarán las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU., en lo que los principales medios anticipan como una "carnicería" o "baño de sangre" para los Republicanos. Trump, Musk y el Comité Republicano han volcado cifras históricas en la campaña electoral, sin que tenga efectos en la tendencia al declive del trumpismo. El propio presidente ha realizado giras ya no solamente por los estados "péndulo" (donde había triunfado hace dos años) sino también por los antes considerados imposibles de perder. Los Republicanos han debido gastar por ejemplo más de 75 millones de dólares solamente en las últimas dos semanas CNN) en la carrera del Senador por Ohio -un Estado donde deberían ganar con comodidad-, donde la aprobación a Trump apenas llega al 36 % cuando hace dos años ganó por más de dos dígitos. Aunque se considera aún un "empate técnico", las encuestas indican una preferencia de 49 % para el candidato Sherrod Brown (Demócrata) frente a 44 % para el Republicano Jon Husted. 

 En la última semana, la tendencia a la derrota del trumpismo se ha acentuado. Los mercados de apuestas marcan la alta probabilidad a un control Demócrata en ambas cámaras, en torno a un 70 % (la cámara baja se considera fuera de discusión). En relación al Senado, es altamente probable que los Republicanos pierdan Carolina del Norte, Texas, Ohio, Alaska, Maine y tal vez incluso Kansas. Salvo alguna sorpresa, no se pronostican triunfos Republicanos en cargos ocupados por los Demócratas: el trumpismo intentó disputar Michigan, Georgia, Minnesota y Nuevo Hampshire, pero las encuestas indican una muy probable derrota del gobierno en esos Estados. 

 Las elecciones tienen lugar tras la tentativa más sistemática de parte del trumpismo de establecer un régimen de poder unipersonal -con el dominio en ambas cámaras parlamentarias y en la Corte Suprema de Justicia- y apelando a una brutal represión a las protestas, en particular una persecución a los inmigrantes y los activistas que defienden el derecho de asilo. Frente a la militarización de las ciudades a través del ICE (policía militarizada de migración), la Guardia Nacional e incluso los marines (en Los Ángeles), se produjeron las movilizaciones políticas más masivas de la historia de Estados Unidos -bajo la consigna de "No Kings" ("Ningún Rey")- así como procesos huelguísticos y fuertes choques con el aparato represivo, particularmente en Minnesota en enero de este año.

 Ante la perspectiva de una derrota electoral, el gobierno ha venido manejando distintas maniobras -por vía del decreto o mediante leyes en los Estados- que apuntaban a minimizar las pérdidas o incluso poner en duda la propia realización de las elecciones -un documento interno del trumpismo evaluaba la posibilidad de declarar una "emergencia nacional" durante la votación. La maniobra más ensayada ha sido el rediseño de distritos electorales, mediante los cuales los Republicanos aspiraban a ganar nuevos escaños en la cámara baja, diluyendo el voto favorable a los Demócratas. Los últimos simulacros indican que perderían incluso algunos de esos distritos manipulados. Por otra parte, Trump pretendió impedir u obstaculizar el voto por correo (que ejerce él mismo, o incluso el Papa León XIV). Un decretazo del presidente -declarado ilegal incluso por la justicia dominada por el gobierno- pretendió dar a la Administración de Correos la potestad de filtrar a qué personas se enviaban los sobres para el voto por correspondencia, algo inconstitucional ya que son los Estados los que organizan la elección y no el gobierno federal. 

 En las últimas semanas se ha intensificado la campaña contra el supuesto voto ilegal de inmigrantes (sin ciudadanía). El Departamento de Justicia (DOJ) exigió a los funcionarios electorales de California que apartaran las papeletas de unos 20.000 votantes "probablemente nociudadanos" según el gobierno. El Estado de California rechazó el planteo, ya que no existía ninguna prueba al respecto. Por otra parte, el DOJ anunció que había presentado cargos contra 28 residentes de California -todos ellos con residencia legal- por supuestamente haberse registrado para votar; según el fiscal 21 de esas 28 personas habían votado en elecciones anteriores. Una cifra ridícula frente a las 16 millones de personas que votaron en 2024. Obviamente, esta demanda -así como otras similares que estarían en curso- no apunta a incidir en el resultado sino a montar una campaña para desconocer el resultado en función del "voto extranjero".

 En ese sentido, Trump ha realizado una agitación fascista contra algunos candidatos, especialmente contra los musulmanes Ilhan Omar (Representante por Minneapolis) y Abdul El-Sayed (candidato al Senado por Michigan). En particular contra la representante Omar se lleva a cabo una supuesta investigación para quitarle la ciudadanía (que tiene hace 26 años, cuando se naturalizó su padre), en base a calumnias, lo cual llevó incluso a un allanamiento de su casa en busca de "pruebas". La campaña de enchastre no está mejorando las posibilidades del trumpismo en Minneapolis ni en Minnesota, pero apunta a movilizar a su base fascista para motivarla a ir a votar. También alienta el discurso del "Gran Reemplazo", una supuesta conspiración para hacer de los blancos y cristianos una minoría. En sus discursos de campaña, Trump utilizó las protestas de la juventud en Francia para dar riendas a este planteamiento de defender que Estados Unidos siga siendo "blanco y occidental", afirmando que en Francia no se había frenado a tiempo. 

 Paralelamente continúa el proceso de depuración en el ejército. El Secretario de Defensa Pete Hegseth ("de Guerra", según él) destituyó al General Brett Sylvia por supuestas filtraciones a la prensa sobre la guerra en Irán, Ucrania, etc.. Sylvia era director de Estrategia, Planes y Política del Estado Mayor Conjunto, a cargo de "elaborar y coordinar planes militares para el presidente del Estado Mayor Conjunto y para el presidente de EE.UU.". Sylvia no habría superado "tres pruebas de polígrafo" en un interrogatorio sobre las filtraciones. Desde agosto, unos 50 miembros del Estado Mayor Conjunto (militares y civiles) fueron sometidos a pruebas de polígrafo respecto a los reportes de prensa sobre la disminución de la reserva de municiones críticas (interceptores, misiles, etc.), una medida sin precedentes al menos con ese alcance. La purga es un reflejo de la crisis en el alto mando, pero sobre todo muestra el intento de asegurar la total lealtad a Trump en vísperas de una crisis política. Una reproducción de la intentona golpista de enero de 2021 debería basarse más en el control del aparato armado, más que en una movilización de una base fascista que está desmoralizada. 

 El 27 de octubre, consultado si respetaría los resultados electorales "pase lo que pase", "cualquiera sea el resultado", Trump declaró que lo haría sólo "si son elecciones honestas". La declaración se produce tras una nueva andanada de acusaciones de "fraude" o irregularidades -sin la más mínima prueba- desde su red social Truth. En el mismo momento, desarrollan la extracción del fugitivo Flavio Bolsonaro -con la colaboración de Milei- planteando que las elecciones en Brasil no fueron "honestas". Se trata de toda una declaración de intenciones de cara a las elecciones legislativas.

 En caso de perder ambas cámaras, Trump sufriría un golpe político, que apunta a absorber a partir de más maniobras y un reforzamiento del gobierno por decreto. Los Demócratas no tendrían mayorías suficientes para levantar los vetos presidenciales, mientras que el trumpismo apelaría aún más al gobierno por decreto. Un desconocimiento del pronunciamiento electoral abrirá sin dudas un proceso de movilización de masas, que los Demócratas han contenido y desviado exclusivamente hacia el terreno de las elecciones y las contiendas judiciales. 

 Rafael Fernández 

31/10/2026

La liquidación de IOSFA se realiza a expensas de sus trabajadores

En medio del proceso de disolución y liquidación de IOSFA, Milei rubricó el DNU 1286/2026 que limita el traspaso de personal a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), fundamentado en “evitar un desequilibrio financiero y presupuestario”.

 El 5 de febrero el Gobierno emitió el DNU 88/26, por el cual oficializó la disolución de IOSFA y en su reemplazo dispuso la creación de dos estructuras paralelas: la OSFA, que depende del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La reestructuración, bajo la batuta del ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, se impuso debido a la crisis financiera por la que atravesaba IOSFA, generada durante la gestión de su antecesor, el actual diputado libertario Luis Petri. Este fue denunciado por desviar dinero para su campaña electoral de 2025 y por el pago de sobreprecios. En diciembre de 2023 IOSFA, la tercera obra social más grande del país, era superavitaria. 

 Por el reciente decreto, el gobierno liberticida dispuso que el personal civil no pase automáticamente de IOSFA a OSFA, ni que el traspaso sea de carácter generalizado. Al frente de la nueva obra social se encuentra el general de brigada Pablo Plaza, que se encargará de precisar cuántos trabajadores necesitará. 

 Fuentes de OSFA señalaron que “el DNU 1286 actualiza el marco legal de la reorganización iniciada en febrero, con el objetivo de construir una obra social financieramente sostenible y garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones para la familia militar”. Al día de hoy OSFA cuenta con 325.000 afiliados en todo el país. Por su parte, desde el Poder Ejecutivo justificaron el recorte de personal esgrimiendo que el traslado integral de personal habría generado “un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario” en la OSFA, en un contexto donde ese organismo tiene vedado destinar más del 8 % de sus recursos a gastos administrativos y de funcionamiento (Infobae, 28/10). 

 De esta manera, el Gobierno busca hacer frente a los desmanejos financieros, que se tradujeron en reclamos de prestadores, recorte de atención de afiliados y falta de medicamentos, a través del recorte de 1.500 trabajadores de farmacias y hoteles que se encontraban bajo la estructura operativa de IOSFA. 

 ATE ha dejado trascender una resolución interna de la nueva gestión que tendría en agenda el cierre de las 31 farmacias que dependen de la nueva obra social. En este sentido, se registraron protestas en delegaciones de Mar del Plata, Puerto Belgrano, Santa Fe, San Juan, Córdoba y otras ciudades. En lo que respecta a los hoteles, durante estas semanas hubo reclamos de sectores sindicales para que continúen estos beneficios para los miembros de las FF. AA. Los conflictos más resonantes fueron en Mar del Plata y en Córdoba. Desde OSFA adelantaron que la obra social “se abocará 100 % a las prestaciones médicas” y “no tendrá área de turismo y recreación”, y que los hoteles y centros recreativos volverán a estar en manos de las FF. AA. El Ministerio de Defensa, en conjunto con cada Fuerza Armada, definirá qué hacer con cada uno de los establecimientos turísticos, quedando por fuera de la órbita de OSFA.

 El proceso de transición aún no ha resuelto quién se hará cargo de la deuda contraída por la pandilla libertaria, que en principio tiene a los trabajadores de hoteles y farmacias como “pato de la boda”. 

 Lucas Giannetti 

 02/11/2026

Los “autorriesgos” del Presupuesto de guerra de Milei y Caputo

Llamemos a movilizar cuando se trate, paro activo y plan de lucha. 

 El Presupuesto 2027 reconoce defensivamente que “la economía se encuentra inmersa en una transformación de su matriz productiva”, es decir que se trata de la reconversión capitalista destinada a que el eje de la economía sea la exportación, centralmente primaria y extractivista. Esto a su vez tiene un objetivo supremo, que es el repago de la deuda a los acreedores privados, a la banca internacional, al FMI y otros organismos multilaterales. 

 Estos objetivos dictan todas las hojas y cifras del Presupuesto. De tal manera que no se fija siquiera un techo al gasto: es dinámico, puede bajar aún más si el repago de la deuda así lo requiere. En este contexto importa caracterizar el “dibujo” de una inflación del 18% para 2027, cuando este año estará en el 30%, y un crecimiento del PBI del 4% cuando 2026 rondará el 1%.

 Se requiere la continuidad del plan de guerra contra la mayoría trabajadora nacional para sostener el superávit fiscal, destinado a la deuda exclusivamente; con el consumo, la industria, el comercio y la construcción en caída; desde una economía basada solamente en la exportación hidocarburífera, agroganadera, minera y en alguna medida del “conocimiento”. 

 La deuda y las dudas de la Banca Morgan 

Es un presupuesto a la medida de la Banca Morgan y el FMI, sin embargo el riesgo país que elabora la BM se ha disparado a más de 700 puntos en estas horas, lo que obligaría a tomar deuda al 12%, absolutamente inviable.

 Es que el Presupuesto proyecta un endeudamiento de u$s34.500 millones, que se suma a los u$s31.500 que ya tomó este año. Si Argentina no vuelve al mercado internacional de deuda, como prometió Milei, el repago de la deuda no cierra. Y no puede volver por las tasas siderales que debería pagar. 

 De ahí vinieron las bazookas de dólares y todas esas pavadas de la “batalla cultural” que nadie se cree. Tampoco los pocos ahorristas criollos, que se están comprando u$s2.600 millones en promedio todos los meses y además se van a vacacionar al exterior, lo cual se agravaría este verano si se consolida la fuerte devaluación del real tras la victoria de Lula. 

 No soltemos el tema deuda todavía. El ratio de deuda que informa el gobierno es falso. La relación de la deuda con el PBI está medida en un dólar mentiroso, por lo mismo que los salarios medidos en dólares simulan lo que no son, porque hay que comprar los precios en pesos. El PBI se produce en pesos, la medida en dólares es para tener un patrón de comparación internacional, pero la deuda es en dólares verdaderos. Ese es un motivo de fondo del “riesgo país”. Pero hay otros. 

 Las deudas que se están emitiendo son enormes y fundamentalmente en pesos, lo cual aliviaría la cuestión externa, y efectivamente el presupuesto supone emitir en dólares sólo el 18% de la deuda. Pero esa deuda multibillonaria está indexada (CER) o, en menor medida, linkeada al dólar. En un punto es más explosiva la atada al CER porque el dólar en lo que va del año aumentó un 3% y el costo de vida un 23,6% hasta setiembre en ambos casos. 

 Con todo, la tensión con el FMI es muy importante: Georgieva presiona para que el Banco Central compre dólares. Las divisas no sólo se van por la ventanilla de la fuga de capitales, sino que son usados a menudo interviniendo en el mercado de cambios sea por la ventanilla del Central o por la del Tesoro. ¿Por qué? Para evitar todavía más inflación de la que hay. 

 Tengamos en cuenta que además de los bienes transables, las tarifas están dolarizadas. Viene a cuento señalar acá que la renta petrolera, minera y agroexpotadora es ajena, como las vaquitas. Y agreguemos un problema en ciernes: el Súper RIGI habilita a término quedarse con los dólares en el exterior por parte de los exportadores, lo que suma otro problema para el FMI y los acreedores. 

 Agreguemos que un presupuesto que hace sangrar a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los empleados públicos, a las provincias, a las universidades, a la obra pública, a la salud y ni hablar a la vivienda, para lo que es cero, sin embargo, prevé 14 billones en obligaciones negociables del Tesoro, sin uso determinado. Notable. Tengamos en cuenta que el CIN pide para las universidades cuatro billones más para cumplir la ley a partir del año que viene, sin retroactividad alguna. Y anotemos también que por vigencia del RIGI (todavía no del súper) se dejan de percibir u$s8.400 millones (según la consultora EcoGo, de Dal Poggetto), unos u$s1.500 anuales. Se ve en estas comparaciones dónde están las prioridades del gobierno, de los recursos y del inenarrable sacrificio de la mayoría de los argentinos. 

 La deuda tiene un crecimiento exponencial a pesar de los pagos a los bonos en dólares y al FMI porque el resto se renueva pasando la totalidad de los intereses al capital. Y apuntemos que es un problema de todos los políticos capitalistas: la Buenos Aires de Kicillof, gobernada por décadas por el peronismo, tiene u$s7.500 millones de deuda de jurisdicción extranjera y otros cuatro mil quinientos de jurisdicción local. Lo dice el Presupuesto: el 85% del stock de deudas de las provincias es de jurisdicción extranjera. La patria la “venden” todos.

 La única corriente que plantea el no pago y la ruptura con el FMI es el Frente de Izquierda, por eso el Presupuesto termina siendo votado y el peronismo que no lo vota es insustancial en el debate: tiene el mismo punto de partida y la llegada no puede ser muy distinta. 

 Los “cinco riesgos” de Caputo

 La literatura presupuestaria de Caputo nos habla de cinco riesgos: “el precio del petróleo, el precio de la soja, el Niño o la Niña, la tasa de interés en Estados Unidos y el tipo de cambio”. Se curan en salud. Pero le echan la culpa del fracaso anunciado a todos los demás, nada sería responsabilidad del gobierno argentino.

 Para empezar, el precio del petróleo les juega a favor porque está dando un superávit comercial enorme, porque somos exportadores. Sólo hay dos problemas, acá pagamos los combustibles cerca del precio internacional, cualquiera sean los costos locales, y la renta petrolera se la llevan los grupos económicos, en ambos casos porque todo está privatizado en la Vaca Muerta del oro negro, desde que Kicillof firmó el pacto YPF - Chevron en adelante.

 De El Niño, sin comentarios, una Argentina que depende de la lluvia o de su ausencia. El precio de la soja y otros cereales, altos por diversos motivos, les van jugando a favor. Pero como bajaron las retenciones y la renta de exportación es de un puñado de cerealeras internacionales, otra vez, ni alcanza ni garantiza nada, aún cuando no bajen esos precios. Los ganaderos de fiesta, pero tampoco es pareja la rentabilidad en el campo y la agroindustria está en quiebra por la importación. Por lo pronto los obreros rurales están al tope del trabajo en negro, lo cual viene de la facturación en negro, malas noticias para el Presupuesto. La tasa de interés en Estados Unidos, perjudica, obviamente, por la extrema vulnerabilidad argentina. No fue para abajo como quería el patrón de Milei, Donald Trump. 

 Vamos al tipo de cambio, la madre del borrego de las divisiones y debates al interior del gobierno y de la burguesía. Una devaluación haría saltar todo por los aires y la no devaluación sigue quebrando la industria, acentuando la balanza turística negativa y contribuyendo a la destrucción de todo el tejido productivo. Todo estallaría por el aumento de los bienes exportables y los importables, de los alimentos, por un mayor aumento de los combustibles y por el aumento de las tarifas dolarizadas lo que impactaría en los subsidios que a su vez harían estallar el precario superávit fiscal.

 Colocar el riesgo del tipo de cambio en el presupuesto es sólo buscar dar garantía al capital financiero para el carry trade o bicicleta financiera de los que especulan en pesos con las altas tasas de interés domésticas, para luego irse con un dólar subvaluado. Pero es también una advertencia ante la posible rebelión popular. Han llegado muy lejos en este punto y no tienen chances políticas del volver al cepo, cuando buena parte de su voto en las elecciones intermedias mudó de los barrios bajos a la recoleta. Tampoco pueden habilitar el libre movimiento de capitales removiendo el cepo parcial a las empresas que llevaría a una devaluación. Están entrampados en una lógica que acelera el retroceso económico.

 Los riesgos, en cambio, son intrínsecos de Milei y Caputo, no depeden de shocks externos como reza el presupuesto. Se fumaron u$s1023 millones, con un seguro absurdo contra la posible baja del precio del oro, que probablemente le hayan pedido los mismos banqueros que pidieron que vaya a una cuenta suiza con sede en Londres –nada menos, por parte de estos malvineros de última generación-. Eso para ofrecerlo en garantía de préstamos que no les otorgaban de otra manera. 

 Pero el mayor riesgo, que es hoy el tembladeral político en el que está el gobierno, por el cual le huyen hasta los amiguitos del exterior, es el derrumbe de la actividad económica. Argentina terminó setiembre en recesión, tras dos trimestres de caída económica. Al caer el consumo durante 10 meses seguidos, la recaudación por exportaciones no compensa. El aumento del trabajo en negro al 44,6%, tampoco.

 Y vamos al presupuesto: han tenido que postergar la vigencia del FAL (Fondo de Asistencia Laboral) hasta dentro de un año para ser usado en indemnizaciones. Ahora esa recaudación de u$s3.000 millones irá sólo al mercado de capitales, o sea a bonos de la deuda pública. De la Anses a deuda pública. Es un presupuesto de guerra y saqueo monumental.

 A movilizarnos contra este festival del negociado y la súperexplotación capitalista 

El Fonid quedó en el recuerdo. Obra pública no hay. Así todo la mayoría de los gobernadores están acordando. ¿Quién se beneficia? Veamos. 

 Toyota anunció una inversión de u$s1.200 millones para un vehículo híbrido. Un rayo en el cielo sereno de una tasa de inversión en el subsuelo de 16% del PBI, que no alcanza para renovar siquiera el parque de capital en maquinarias disponible. Pero es una inversión vía RIGI y vía reforma laboral con el banco de horas que firmó Pignanelli, podríamos decir que es una inversión liberperonista, que anticipa lo que será cualquier variante de recambio 2027. La condición es que la mitad será comprada a proveedores locales, pero del montaje de la línea, no de autopartes. Entonces tendremos una armadora con piezas importadas en un porcentaje enorme (ya son el70%) para exportar el 70% de la producción, porque el mercado local está completamente hundido. Y el acuerdo RIGI los autoriza a importar bienes de capital con franquicia, porque no se fabrican acá. Al servicio de esta política está el presupuesto de hambre y guerra contra los trabajadores.

 En la Argentina la evasión es del 5,1% del PBI. Y con este presupuesto y esta política, sigue el baile. Pero además, institucionaliza la evasión vía RIGI y súper RIGI, donde la caída de impuestos desfinancia a la mayoría de las provincias que no participan de esos proyectos, porque se trata de rebajas de impuestos coparticipables por un lado, por otro lado se desfinancia el sistema jubilatorio al que van el IVA, Ganancias, impuesto al cheque y cargas sociales, entre otros afectados por el RIGI. El rubro “gastos tributarios” que son las exenciones impositivas del Presupuesto es enorme: $51.014 billones, el 3,67% del PBI. El FMI propone bajarlo en todo lo que corresponde a IVA por alimentos y otros rubros “sociales” y aún si fuera posible los regímenes como el de Tierra del Fuego. El FMI le debate por derecha a Milei y Caputo, para que lleven su política hasta el final en función de la deuda. Uno y otro debaten cómo profundizar el plan de guerra. 

 No cabe discusión alguna que no sea el rechazo en bloque de esta “ley de leyes” de la agenda del capital. Y corresponde llamar a movilizar cuando se trate, que por ahora sería el 18 de noviembre. Por la salud, por la educación pública, por los trabajadores. Denunciemos a la burocracia sindical que debería llamar un paro activo y un plan de lucha. Fuera el presupuesto de guerra, fuera Milei. 

 Néstor Pitrola

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El entramado de corrupción que se cierra sobre la banda delictiva de los Milei-Menem

De la causa ANDIS a la fuga de Bolsonaro. 

 El operativo comandado por la SIDE para la fuga de Flavio Bolsonaro ha originado un dato trascendental, ya que el avión utilizado pertenece a la empresa Baires Fly, la cual está a su vez siendo investigada en la causa por corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). 

 Por la causa ANDIS fue procesado Diego Spagnuolo, amigo íntimo y abogado de Milei, por encabezar una “asociación ilícita” junto con 18 personas más, entre las cuales se encuentran exfuncionarios y empresarios de farmacéuticas. Entre ellos, por ejemplo, la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker. El fallo del juez Sebastián Casanello señaló que las maniobras consistían en “la adjudicación indebida de contrataciones públicas” para la compra de medicamentos e insumos, el pago de sobreprecios y, como contraparte, de sobornos. En esta investigación es que aparecen facturas de vuelo hechas por Baires Fly a las empresas sospechadas de haber vendido al Estado con sobreprecio y utilizadas para respaldar transferencias bancarias, o sea una maniobra de lavado de dinero. Por ejemplo, las empresas Prolite Orthopedics y Probock, contratistas de ANDIS, transfirieron $95 millones en un solo día a una cuenta de la compañía aérea. 

 En este cuadro, el gobierno nacional ha buscado contragolpear difundiendo un supuesto peritaje de la Gendarmería Nacional sobre las grabaciones que dispararon la denuncia por corrupción en dicho organismo, el cual concluiría con que esos audios no serían auténticos porque habrían sido manipulados y recortados con Inteligencia Artificial. Sin embargo, en los tribunales en donde se procesa esta investigación se ha negado oficialmente que exista dicho informe. 

 El gobierno de Milei buscó defenderse en esta causa cuestionando la legalidad de esos audios y, por lo tanto, buscando anular el conjunto de los procesamientos. La causa se sustanció, sin embargo, en documentación de Andis, las droguerías, testimonios, auditorías sobre las compras del organismo, sin considerar esos audios como evidencia. Estas solicitudes de nulidad obraron como maniobras dilatorias. En el medio del procesamiento, la causa pasó de estar a cargo del juez federal Sebastián Casanello hacia Ariel Lijo, quien fue en su momento promovido por Milei para integrar la Corte Suprema de la Nación, cuestión que finalmente fracasó. Esta causa, en cualquier caso, no ha tenido grandes novedades durante todo este tiempo. Lijo fue quien precisamente solicitó un peritaje de los audios a Gendarmería Nacional, apartándose de la línea de investigación de Casanello. 

 Ahora, consumada la salida clandestina de Bolsonaro con amparo paraestatal del gobierno de Milei, se ha montado este operativo de difusión extraoficial de ese supuesto peritaje técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería para embarrar la cancha y buscando una autoamnistía valiéndose del propio aparato estatal. Pero una situacion desconcertante para los liberticidas es que recientemente el propio Spagnuolo reconoció como suya la voz que se escucha en los audios, en un escrito que presentó ante el juez Julián Ercolini para que lo admitan como querellante en la causa. El origen mismo de todas las grabaciones estuvo tempranamente vinculado a una operación de espionaje interno de la propia camarilla del gobierno, a partir de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. 

 Esas grabaciones vinculaban directamente a Karina Milei, Martin Menem y Lule Menem por cobrar comisiones a cambio de favorecer el pago de sobreprecios por medicamentos. No fue procesada Karina Milei, ni los Menem, quienes tampoco fueron citados a declarar hasta el momento, al igual que sucedió con la causa de $LIBRA que acaba de ser cerrada. 

 Al mismo tiempo, el gobierno liberticida de Javier Milei ha utilizado estos escándalos de corrupción para cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y eliminar las escasas políticas públicas para las personas con discapacidades. Ahora, en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 las partidas asignadas al sector son paupérrimas, se contempla la eliminación de la Emergencia en Discapacidad y derogar cuatro artículos claves, relativos a la pensión no contributiva, los pagos a los prestadores y las prestaciones de salud obligatorias.

 Emiliano Fabris 

 31/10/2026

La inminencia de una guerra de exterminio contra Irán

La anuncia en titulares toda la prensa internacional. La reanudación de la guerra contra Irán, por parte de Trump y Netanyahu, es probablemente una de las más anunciadas en la historia reciente. El primero viene advirtiendo que se encuentra totalmente preparada para después del martes próximo, cuando hayan pasado las elecciones de medio término en Estados Unidos. En cuanto al segundo, ha asegurado su posición como gobierno provisional por un tiempo no definido luego de que su coalición alcanzara el primer lugar en las elecciones recientes en Israel y el partido del primer ministro fuera el más votado de ella, aunque sin obtener los escaños suficientes para formar un nuevo gobierno. “Netanyahu puede lanzar una nueva campaña de bombardeos con Estados Unidos”, asegura el Financial Times, “mientras sirve como primer ministro provisional…” (29/10). “Netanyahu”, prosigue el diario, “había dado instrucciones a sus militares para preparar un campaña de bombardeos para el 10 de octubre, que tuvo que levantar por carecer del visto bueno de Trump”. De acuerdo a informaciones obtenidas por el diario, Gadi Eisenkot, un exjefe del ejército sionista, que encabezó la lista opositora que quedó detrás de Netanyahu, no pondría objeciones si fuera debidamente informado por los servicios de Seguridad de Israel. “Ahora, los jefes del Mossad y del Shin Bet son leales a Netanyahu”. La población israelí apoya en su mayoría una reanudación de la guerra.

 Por otro lado, “los negociadores de Qatar han vuelto a Teherán en un último esfuerzo de mediación (…) para prevenir una intensa nueva ronda de guerra” (30/10). Trump exige que Irán transfiera al exterior el uranio enriquecido que guarda en sus centros de investigación, que no pudieron ser destruidos por los bombardeos en profundidad realizados por Estados Unidos el año pasado. Rusia se ha ofrecido para receptarlo, sin obtener el acuerdo de Trump. Mientras tanto, la flota norteamericana sigue ocupando los puertos de Irán y bloqueando las exportaciones de petróleo iraníes, y protege militarmente a las naves que transitan el Estrecho de Ormuz sin autorización de Irán. El gobierno y la Guardia Revolucionaria de Irán han respondido con ataques selectivos, en un esfuerzo por salvar a una tregua de hecho de su completo derrumbe. Con relación al stock nuclear, Irán aceptaría una reanudación de las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía si Trump levanta el bloqueo a sus puertos, elimina las sanciones a su comercio internacional y retorna al estado iraní unos 25.000 millones de dólares secuestrados por Estados Unidos; es un reclamo que se ha ganado contra una guerra no provocada. La respuesta ha sido el despliegue en el Mediterráneo y en las mediaciones del Golfo Pérsico de varios portaviones norteamericanos, incluyendo un número de tropas disponibles para un desembarco. Dado el fracaso manifiesto del intento de imponer un cambio de régimen, a la venezolana u otra, el diseño sería una guerra que deje sin estructuras civiles a Irán, para asegurar una ulterior ocupación militar. Para esto debería producirse un aniquilamiento sin precedentes en el caso de un país de 90 millones de habitantes.

 El gobierno de Irán ha respondido que se encuentra preparado para enfrentar una reanudación de la guerra y ha amenazado con una destrucción de activos norteamericanos en la región y fuera de ella, en la que ha incluido a los cables subterráneos y a los centros de datos de las compañías de Inteligencia Artificial, que en este momento han sido reducidas a la categoría de “basura” (Anthropic) en la calificación de las agencias de riesgo. Trump ha buscado cuidar sus espaldas suspendiendo las sanciones económicas contra Rusia para contrarrestar el aumento del precio del diesel y, probablemente, obtener el apoyo político de Putin, no solamente en la guerra europea; ha invitado a Putin a la reunión de presidentes del G-20 en Florida, en diciembre próximo. La reanudación de la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán excede las fronteras del Medio Oriente; es también un medio para imponer sus objetivos a las potencias rivales y en especial a la Unión Europea. Trump y su agencia MAGA se encuentran promoviendo alianzas políticas con los fascismos históricos de Europa para forjar una ‘Internacional’ de ultraderecha bajo comando del imperialismo norteamericano.

 La intención de reanudar la guerra contra Irán después de las elecciones intermedias tiene un alcance extraordinario cuando se sabe que Trump y el partido Republicano sufrirán una fuerte derrota y cuando las encuestas marcan una rotunda oposición a esa guerra por parte de la población. Trump no se prepara para acatar ese resultado electoral sino para violarlo, lo cual constituye un manifiesto de instalación de una dictadura. Con el control del Senado (que sólo renueva en forma parcial) tiene asegurada la neutralización del Congreso, que se convertirá en un argumento para el inmovilismo de los demócratas, que en gran parte apoyan al estado sionista y a la reanudación de la guerra. Estados Unidos quedará bajo un gobierno bonapartista en una época de crisis de dominación política internacional del imperialismo. Las determinaciones de esta crisis mundial se combinarán al interior de los Estados Unidos con mayor violencia que en otros países, una novedad histórica de magnitud. El sionismo, por su lado, emprende una nueva aventura hacia su suicidio, porque concentrará sobre sí todas las contradicciones del Medio Oriente y el Cáucaso.

 Ninguna fuerza política en presencia está en condiciones de asumir el presente desafío histórico sino la IV Internacional. 

 Jorge Altamira

 31/10/2026

Las responsabilidades políticas de la masacre ferroviaria de España

En menos de un año, más de un centenar de pasajeros han muerto en dos accidentes ferroviarios en España, en la misma línea de alta velocidad Madrid Sevilla. El último, ocurrido el miércoles 28 de octubre, en Toledo, dejó 68 muertos y más de 50 heridos. El 18 de enero, otro choque en la misma línea había causado 46 muertos y 150 heridos en Córdoba. Hace trece años, el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Santiago de Compostela provocó más de 80 muertes.

 Los últimos dos accidentes ocurrieron porque falló el sistema de control. En el reciente, esa falla dejó varios convoyes detenidos. Uno de estos trenes, operado por Renfe (estatal española), reanudó la marcha y chocó contra otro que seguía parado, operado por otra compañía, Iryo (de la estatal italiana y capitales privados que incluyen a los dueños de Iberia) Además de estas dos operadoras funciona también Ouigo, filial de la empresa estatal francesa de transporte. Mientras estas empresas: Renfe, Iryo u Ouigo ponen los trenes, los maquinistas y compiten por los pasajeros, el entramado funciona sobre la infraestructura gestionada por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), la empresa estatal encargada de las vías, la señalización y los sistemas de control, por lo que cobra un canon o peaje a todas las operadoras. 

 Con la privatización de una parte de la operación de los trenes (Ouigo e Iryo), el tráfico y las frecuencias de alta velocidad han aumentado más de un 45%. Las vías y los centros de control de Adif están al límite de su capacidad técnica. Cuando un sistema de seguridad automatizado falla (como el LZB antiguo de la línea Madrid-Sevilla), los controladores se ven obligados a gestionar de golpe decenas de trenes de distintas empresas de forma manual, multiplicando el riesgo de catástrofes, como las ocurridas. 

 No se salva nadie

La historia del tren en España es la de una privatización ejecutada tanto por el PSOE como por el PP, bajo las directivas de la Unión Europea. 

 En 1992 Felipe González inauguró el AVE Madrid-Sevilla mientras la red obrera (“trenes de cercanía”) sufría abandono coincidiendo con el inicio de la desindustrialización y los despidos masivos. Luego Aznar y Zapatero sucesivamente fragmentaron el monopolio estatal ferroviario de Renfe creando Adif para absorber los gigantescos costos de infraestructura mientras vaciaban a Renfe Operadora preparando el terreno al capital privado. Pedro Sánchez consumó la privatización, en 2021 cuando abrió las vías por mandato de la UE al desembarco de Ouigo e Iryo. De esta manera el Estado absorbe las pérdidas a través de Adif manteniendo la deuda multimillonaria de las vías y subsidiando a las corporaciones privadas mientras faltan presupuesto y personal de mantenimiento. 

 Bajo la exigencia de la Unión Europea, el Estado español asumió inversiones faraónicas en vías y sistemas de alta velocidad, financiadas en gran parte mediante créditos masivos otorgados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Adif. Para devolver estos préstamos europeos y sostener el costo de la infraestructura, el Tesoro español emitió deuda soberana y bonos públicos de forma masiva, transformando los créditos de la banca comunitaria en más deuda pública para España y socializando el costo de unas vías que terminaron sirviendo de plataforma gratuita o bonificada para el negocio de las corporaciones privadas.

 Cuando los privados exigen rebajas, el gobierno reduce los cánones financiando de hecho el negocio de corporaciones con el presupuesto público. 

 Con falta de presupuesto, personal de mantenimiento y controladores ferroviarios en las torres de control, las vías se convirtieron en un embudo humano. Adif y el Ministerio de Transportes, liderado por el kirchnerismo ibérico de Óscar Puente, sabían perfectamente que los centros de control y los sistemas de señalización antiguos como el LZB estaban saturados y al borde del colapso. Sin embargo, la prioridad gubernamental era garantizar que las corporaciones privadas pudieran acumular beneficios despachando trenes minuto a minuto. 

 Lo que sigue 

Todo este colapso se cruza con el escenario político de las próximas elecciones, donde el desgaste de estas masacres golpeará de fondo a Pedro Sánchez, aunque el Partido Popular es igualmente responsable, mientras que Vox exige una apertura y desregularización todavía más radical al estilo del PP, con la única diferencia de que, al estar enfrentado con la Unión Europea, pretende que sean exclusivamente los capitales y las empresas españolas las que se queden con el negocio. 

 El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de "inexplicable" la tragedia y cargó el peso de la responsabilidad en un "error humano" apuntando a cargar con la culpa a los trabajadores.. 

 La extensión privada de los trenes de alta velocidad también ha destrozado las opciones del trabajador para ir a laburar cotidianamente, por el colapso de las vías de los trenes regionales y de Cercanías. Este vaciamiento no solo afectó a las grandes ciudades, sino que provocó masivos reclamos de pueblos y comarcas enteras que en mayo de este año salieron a denunciar haber quedado completamente desconectados del mapa ferroviario público, relegados al abandono mientras se subsidia la alta velocidad de mayor demanda turística.

 El presupuesto estatal sostiene a las corporaciones, no al transporte público así como tampoco a la vivienda, la otra gran tragedia de España.

 Los trabajadores ferroviarios y los maquinistas ya venían con tres sucesivos paros y movilizaciones durante el verano europeo (en junio, julio y agosto) por la precarización laboral, el congelamiento salarial, la falta extrema de personal y una sobrecarga operativa insostenible. Sobre esa base de malestar acumulado, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ya tenía previsto un paro general para este próximo jueves 30 de octubre por los graves fallos de seguridad y el colapso de los centros de control, sumando además calendarios de paros parciales en operadoras como Ouigo y movilizaciones escalonadas. Estas medidas son paros aislados que la burocracia sindical controla para evitar cualquier desborde, no una huelga general indefinida. La situación exige organizarla desde las asambleas, agregando la defensa de los trabajadores que seguramente van a acusar por el accidente y el juicio y castigo a los responsables políticos de las masacres. Y planear la necesidad imperiosa de expropiar a las corporaciones y colocar un único monopolio estatal del transporte ferroviario bajo control y en manos de los trabajadores. 

 Silvia Jayo

 29/10/2026

Empresarios y dictadura: comenzó el juicio a ex gerente de Mercedes Benz

El día 22 de octubre empezó el juicio contra Juan Tasselkraut, ex gerente de la empresa Mercedes Benz, por el secuestro y desaparición de obreros y delegados de la fábrica durante la última dictadura. Durante los 50 años transcurridos desde entonces, se impuso la impunidad que han garantizado los sucesivos gobiernos a la patronal de la poderosa empresa alemana. 

 Tasselkraut fue gerente de producción de la planta ubicada en Virrey del Pino, La Matanza. Está acusado de haber entregado al gobierno militar a los trabajadores Héctor Aníbal Ratto y Diego Eustaquio Núñez, quien continúa desaparecido. 

 Diego Núñez fue secuestrado en su domicilio en Ciudad Evita el 13 de agosto de 1977 y trasladado a Campo de Mayo, donde fue torturado y asesinado. Sus restos nunca fueron hallados y continúa desaparecido. Según la denuncia, la empresa brindó la información de su domicilio a los militares. Héctor Ratto, quien era miembro de la comisión interna de la fábrica en ese momento, enfrentada de la conducción de SMATA, fue secuestrado el 12 de agosto de 1977, dentro la planta. Tasselkraut lo citó a su oficina con la excusa que lo estaba llamando su familia, para facilitarles su sucuestro a los militares. 

 Antecedentes 

Los obreros de la fábrica habían votado a una comisión interna independiente de la conducción de SMATA. La burocracia fue desplazada de la fábrica. En el año 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, el SMATA, bajo el liderazgo de José Rodriguez, había organizado junto a la patronal el despido de 400 obreros. La comisión interna y los trabajadores respondieron con una huelga indefinida que perduró 23 días, protagonizando movilizaciones masivas. La lucha culminó con la reincorporación de todos los compañeros despedidos, marcando un antes y un después en la fábrica. Luego de esta victoria, la fábrica es intervenida por el Ejército al mando de Mario Cándido Díaz. Años después, durante el menemismo, Díaz fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 Tanto la burocracia sindical de SMATA como los empresarios fueron partícipes necesarios de la represión de la dictadura y colaboraron sin empacho con el plan de aniquilación de los sectores combativos de la clase trabajadora. 

 Los empresarios, como el caso de Merdeces Benz y otras fábricas, apoyaron, propiciaron y se beneficiaron económicamente del golpe. En los días previos al 24 de Marzo de 1976, habían publicado una solicitada propiciando el golpe de Estado. El objetivo fue disciplinar a la clase obrera, derrotar y eliminar a su vanguardia que venía en alza desde el Cordobazo y había protagonizado las grandes huelgas de junio y julio de 1975 contra el gobierno peronista.

 La lucha por la condena a Tasselkraut es una causa de toda la clase obrera. 

 Vanina Rojas

 29/10/2026

Albania: "Que se vayan todos"

Protestas contra los negociados inmobiliarios de los Trump, reclamos por mayor presupuesto de educación y contra la carestía. 

 Albania vive una ola de protestas que tuvo su primer tiempo en mayo, cuando las movilizaciones diarias luchaban contra dos megaproyectos turísticos de lujo en la costa de Zvërnec –que linda con la laguna de Narta– y la isla de Sazan, en el mar Adriático, impulsados por Jared Kushner –yerno de Donald Trump. La inversión de aproximadamente 1.400 millones de euros contempla construir villas exclusivas y complejos hoteleros con capacidad de hasta 10.000 unidades de alojamiento de ultralujo.

 Los ambientalistas denuncian que afecta un humedal protegido cuya legislación fue modificada a la medida del proyecto de la familia Trump. La laguna de Narta y sus zonas protegidas colindantes son un ecosistema virgen crucial para la ruta migratoria del Adriático. Es el hogar y refugio de miles de flamencos rosados, pelícanos ceñudos (especie en peligro), tortugas marinas y focas monje del Mediterráneo. Por eso se la conoció como “Revolución de los Flamencos”.

 En mayo y junio, las movilizaciones reunieron a miles de personas en Tirana y otras ciudades de Albania y ya se perfilaba que no se trataba de una lucha por una reivindicación parcial, sino que condensaba el descontento por el descalabro económico y 30 años de restauración capitalista en el país.

 Este segundo tiempo de protestas, que comenzaron el 13 de octubre y se han intensificado en los últimos 15 días, sigue un pliego de reivindicaciones más amplio y reclama la renuncia del primer ministro Edi Rama, que va por su cuarto mandato. Los manifestantes denuncian altos niveles de inflación, salarios bajos, alquileres muy costosos, malas condiciones educativas y la falta de oportunidades que empuja a miles de jóvenes a emigrar. Uno de los focos de las denuncias es la corrupción, pero los manifestantes apuntan también al principal líder de oposición. En las protestas, la multitud corea “Rama en prisión” y “Berisha en prisión”, en referencia al primer ministro y al dirigente opositor Sali Berisha. Son los exponentes de los dos partidos que se alternan en el poder desde 1991: el socialista y el Partido Demócrata. Los manifestantes responsabilizan a ambos referentes y al resto de la dirigencia política por la situación del país. Es una suerte de “que se vayan todos”.

 Los estudiantes, que exigen una reducción de las matrículas universitarias y mayor inversión pública en educación, son el motor de la lucha. Diariamente se convocan en las puertas de las universidades y de allí se movilizan hasta el Ministerio de Educación.

 Los albaneses se están enfrentando cada día a la policía, que reprime con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Hay más de 200 detenidos, libradas más de 60 órdenes de captura contra manifestantes y abiertos 344 procesos penales. A pesar de las graves denuncias contra la brutalidad policial, solo hay nueve policías investigados. 

 "Socialismo trumpista" 

Edi Rama es del Partido Socialista, pero es afín a Trump. A tono con el fascista, atribuyó el levantamiento popular a “actores extranjeros” y acusó a Rusia e Irán de promover desinformación en internet. Declaró que se trata de una guerra “híbrida” y que el movimiento “antifa”, que “recorre Estados Unidos y Europa”, está detrás de los “disturbios”. Afirmó que promulgará una nueva ley que permita imponer multas de más de 550 dólares a “cualquiera que decida permanecer en una multitud” donde haya actos de violencia o saqueos, o a personas que “oculten su identidad” en el espacio público. El proyecto de Rama plantea ajustar las multas a diferentes niveles de participación en posibles protestas, incluso considerando la figura de “protesta ilegal”, intentando regimentar la participación política de las masas. 

 El país vive un boom turístico en la Riviera albanesa que contrasta con uno de los niveles de vida más bajos de Europa. El aumento de los alquileres que genera este boom empeora la situación de los inquilinos, como pasa en España y otras ciudades de Europa. A pesar de que el país tiene solo 2,4 millones de habitantes, el ingreso per cápita es de 12.900 dólares, uno de los seis más bajos de Europa. La carestía y la falta de combustible como consecuencia de la guerra, empeoran un lastre que viene de lejos. 

 La restauración capitalista en Albania

 Casi dos millones de personas emigraron desde la caída del estalinismo en 1991. La restauración capitalista de Albania fue la más brusca y caótica de Europa del Este. El país pasó de un aislamiento absoluto -incluso respecto de los demás países soviéticos- y de una economía superplanificada a un capitalismo ultradesregulado que llevó al país a un colapso. El régimen burocrático de Enver Hoxha -que trascendió a su muerte hasta 1991- dejó al país en un aislamiento total, rompiendo relaciones sucesivamente también con la Yugoslavia de Tito, la URSS y China, restringiendo gravemente el comercio internacional. Cuando se habilitaron los partidos políticos para participar en las elecciones, el país dio un vuelco al capitalismo desregulado, a pesar de que la “nueva dirigencia” era parte de la vieja burocracia. La economía se abrió de golpe. El colapso en la producción contrajo el PBI a casi un tercio y generó un desempleo masivo. La disolución de las cooperativas agrícolas destruyó el suministro y provocó hambrunas y saqueos, lo que generó un éxodo en masa. El PBI se recuperó en los años siguientes, para volver a caer debido a una estafa nacional. En 1996 y 1997 muchas familias albanesas vendieron sus propiedades para meterse en un esquema Ponzi que llegó a cuantificar la mitad del PBI del país. Cuando las pirámides empezaron a caer, la población perdió sus ahorros y sus bienes y se desató un enfrentamiento armado, casi una guerra civil, que tumbó al gobierno demócrata y provocó la intervención de la ONU y tropas extranjeras. 

 Recién a comienzos de siglo Albania logró “estabilizarse”, impulsada por el turismo y los servicios -y las remesas de la diáspora-pero la precarización laboral, la economía en negro y las condiciones de vida miserables persisten, azuzadas por la crisis capitalista mundial que solo empeora las cosas, promoviendo un canal de expresión en las protestas que se dan en todo el país y que deben encontrar un canal independiente para superar a todas las variantes empobrecedoras del capital. 

 Albania ha sido, desde la restauración capitalista de fines de los años 80, el escenario de grandes rebeliones populares. 

 Aldana González

 29/10/2026

Universidad: ¿"Hay 2027"?

Las burocracias y los rectores quieren enterrar la lucha universitaria.

 La marcha del 15 de octubre, al igual que las cuatro anteriores, ha servido para que el CIN y las burocracias sindicales la presenten como la coronación y el cierre del reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a la represión desatada frente al Congreso, el Frente Universitario (integrado por las federaciones sindicales, el CIN y la FUA) se ha limitado a emitir un comunicado de repudio. Los rectores, por su parte, buscan en el armado político de la oposición patronal una alternativa electoral para 2027. Los sindicatos, por su parte, convocaron -una semana después de la marcha- a instancias de debate, pero donde no resolvieron nuevas medidas para darle continuidad al plan de lucha.

 Este escenario le dio vía libre al Gobierno para avanzar con una nueva provocación: girar a las universidades el instructivo de liquidación salarial que contempla un incremento del 3% para octubre, a cobrar en noviembre, cuando la deuda salarial acumulada por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario asciende al 34,3%. El Gobierno presenta este incremento, que apenas acompaña la escalada inflacionaria, como parte de sus supuestos “compromisos de cumplimiento de la LFU”, consolidando una depreciación sin precedentes del salario universitario. Por su parte, la Justicia suspendió las multas de $100.000 diarios -que el gobierno tampoco pensaba pagar- mientras analiza la vigencia de la medida cautelar que obliga a aplicar los incrementos salariales establecidos por la ley. En paralelo, el oficialismo defendió con mayor fuerza, en la comisión del Congreso, el presupuesto de ajuste para 2027, que prevé un 60% del monto de las partidas solicitadas por los rectores. Los rectores se habían jugado a discutir ´dentro´ del presupuesto. La oposición peronista -que ha vuelto a reunir a sus facciones- a través de Sergio Massa se reunió con 15 rectores de distintas universidades nacionales. En ese encuentro planteó que “la sociedad le va a dar vuelta la página al Gobierno en las elecciones de 2027”. No hizo alusión, en cambio, a la Ley de Financiamiento Universitario. Una definición que expresa con claridad la orientación de los Rectores, incluso de una parte del radicalismo, que ve con buenos ojos el acercamiento a un frente opositor a través del massismo, un hombre de los fondos de inversión. 

 Un “plan de lucha” sin lucha 

FATUN -la federación que agrupa a los trabajadores no docentes- anunció un esquema rutinario de paros rotativos de 24 horas semanales hasta diciembre. FAGDUT, el sindicato de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, se plegó a ese mismo esquema. FEDUN -el sindicato docente adherido a la CGT- votó un paro de 24 horas para el día en que se trate el Presupuesto en el Congreso -es decir con fecha incierta- y acompañar la visita del Papa a la Argentina. 

 CONADU, en una maniobra burocrática durante su congreso, sometió a votación la propuesta de una “huelga por tiempo indeterminado”, que contaba con mandatos de las asambleas de Río Cuarto, Rosario, Quilmes y General Sarmiento. Al perder esa moción, la conducción presentó como una resolución por “unanimidad” el estado de alerta y movilización para la semana en que el Congreso trate el Presupuesto 2027, con el reclamo de que se incluya allí la Ley de Financiamiento Universitario. También resolvió un paro de 24 horas para el 28 de octubre, día en que supuestamente iba a firmarse el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 y finalmente no ocurrió porque el Gobierno no reunió los votos necesarios. 

 CONADU Histórica, por su parte, resolvió un paro de “una semana”. Sin embargo, en los hechos, se trata de un paro de 72 horas, que comenzó el miércoles 28 de octubre y se extenderá otras 48 horas la semana siguiente, el lunes 2 y el martes 3 de noviembre. La conducción de la federación, dirigida por el PCR y el kirchnerismo, argumentó que no podía votar un paro que superara la semana para poder coordinar con el Frente Sindical. Sin embargo, el propio Frente Sindical es incapaz de superar las 24 horas de paro. El congreso de CONADU Histórica estuvo atravesado por el debate entre la propuesta de paro por tiempo indeterminado o paro hasta cobrar y la de una semana de huelga. La primera obtuvo 33 votos y fue respaldada por congresales de Tucumán, AGD-UBA, Bahía Blanca, Comahue, Salta, Luján, UTN y Entre Ríos. La segunda reunió 63 votos, abroquelando en esta moción a congresales que incluso llevaban mandatos por paros de 72 o 48 horas.

 Pese a lo resuelto por las federaciones, algunas asociaciones de base y asambleas docentes decidieron impulsar paros locales, expresando la bronca que crece desde abajo frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y la impotencia ante el hecho de que las conducciones sindicales hayan sepultado la continuidad del plan de lucha. 

 Es el caso de AGD Río Cuarto, que convocó a un paro de 48 horas para el 28 y 29 de octubre; de COAD Rosario, que, pese a que su federación solo convocó a un paro de 24 horas, resolvió extender la medida a siete días; y de la Escuela Superior Manuel Belgrano de Córdoba, donde también una asamblea docente resolvió parar. Por otra parte, luego de conocerse el asesinato de la docente Nancy Godoy en Corrientes, la Escuela Preuniversitaria Anexa de la Universidad Nacional de La Plata convocó a una asamblea y resolvió parar junto con la docencia de todos los niveles, reclamando justicia por Nancy, pero también en defensa de la educación pública. 

 Estas expresiones de paros por fuera de las federaciones muestran el descontento de un sector importante de la docencia. Lo mismo ocurre con las tomas estudiantiles que se llevaron adelante en la Universidad Nacional de Cuyo, el Colegio Carlos Pellegrini y procesos de movilización estudiantil en Rosario, Córdoba y Tucumán. Sin embargo, estas iniciativas todavía no han logrado confluir en acciones de conjunto.

 Las burocracias sindicales se han encargado de imponer medidas aisladas que conducen al desgaste y desarman la posibilidad de una respuesta colectiva. Sera importante abrir paso a la coordinación entre las asociaciones de base que tienen mandato para profundizar el plan de lucha, y que los trabajadores universitarios y los estudiantes superen las trabas burocráticas de los que han entregado la lucha. 

 Anahí Rodríguez

 30/10/2026