jueves, julio 25, 2024

La participación griega en el ataque sionista a Yemen, y sus implicaciones con Ucrania y el petróleo ruso


Operación “mano larga” de Israel contra Yemen. 

La operación “mano larga” de Israel, que atacó el sábado 20 de julio a diez objetivos en el puerto de Hodeidah, Yemen, y que involucró cazas de quinta generación estadounidenses F-35 y otros más antiguos como F-16 y F-15, dejó un saldo importante de destrucción y 6 muertos. 
 Los cazas bombarderos israelíes tuvieron que volar una distancia de 1800km para impactar y, la misma distancia, para regresar a las bases aéreas de despliegue, lo cual suponía que los aviones debieron repostar combustible en el aire para completar su misión. Como se ve, no fue una acción militar simple, ni tampoco improvisada.
 Ciertamente, “el plan aplicado por los pilotos israelíes fue uno de los objetivos del reciente entrenamiento conjunto con la Fuerza Aérea griega, que tuvo lugar hace unos dos meses. Allí, “la fuerza aérea israelí ‘ensayó’ operaciones similares con sus aviones cisterna repostando a un gran número de cazas griegos, operando exactamente de la misma manera que el sábado por la tarde” (Kathimerini 21/7).
 De acuerdo a medios griegos, en dichos ejercicios realizados en las cercanías de la isla de Creta, su Fuerza Aérea participó con 56 aviones F-16 y la Fuerza Aérea de Israel con 2 aviones cisterna B707 del 120º Escuadrón de los Gigantes del Desierto. 
 Para la parte griega, “el beneficio fue significativo ya que los operadores de la fuerza aérea fueron recertificados en procedimientos de reabastecimiento de combustible en vuelo, tanto de día como de noche, y los dos países mejoraron aún más su cooperación militar.”
 “La posibilidad de reabastecimiento de combustible en vuelo es crítica no sólo a nivel táctico sino también a nivel estratégico ya que permite el control de áreas amplias y vitales para Grecia como el Mediterráneo oriental” (ídem). Es decir que, esta colaboración a Israel también le trae réditos en el plano militar para mejorar su dominio aéreo en el mediterráneo frente a Turquía, su histórico enemigo con el cual se está recrudeciendo su disputa en torno a Chipre, donde ambas partes anuncian intenciones de crear bases navales militares en su lado de la isla. 
 Pero, volviendo a la colaboración de la burguesía griega con el Estado genocida de Israel, esta no es un suceso aislado, sino que forma parte del despliegue militar heleno contra los hutíes desde fines de febrero. “Cuando con la operación ‘Aspides’ (espada en griego), que congrega a un conjunto de países de la UE, bajo el mando operativo heleno, y cuyo cuartel general se encuentra en la “ciudad griega de la Larisa, en el centro del país” (Europa press 8/2), se desplegó un operativo naval y aéreo para mitigar los ataques los hutíes a embarcaciones de países que cooperen con Israel.
 La misión cuenta con “tres fragatas y medios aéreos, en la necesidad de responder a la preocupación de los Estados miembros por los ataques de los rebeldes yemeníes a cargueros que transitan en el mar Rojo, con dirección al canal de Suez. La ola de bombardeos hutíes está generando un alza de los costes de transporte que puede llevar a elevar el precio de muchos productos que llegan a Europa” (Ídem).
 La burguesía naviera griega podría ser considerada una de las más importantes del mundo, tanto en términos relativos como absolutos. Por ello, es que gran parte de los reportes de ataques se trata de embarcaciones griegas. “Las navieras desempeñaron durante mucho tiempo un papel preponderante en la economía griega. Las empresas griegas poseen el 17% de toda la flota naviera mundial -más que ningún otro país-, incluido el 31% de los petroleros del mundo. Con casi 150.000 millones de dólares, es la flota más valiosa del mundo” (Forbes 13/5). 
 Pero esta burguesía naviera griega, que está sufriendo ataques en el mar Rojo, a raíz de sus propias acciones de apoyo al Estado de Israel en el genocidio contra el pueblo palestino, es la misma que ha experimentado un salto cualitativo en su acumulación de capital con la triangulación masiva de petróleo ruso sancionado.
 Así, a “dos años después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, (donde) Rusia generó más de 650.000 millones de dólares en ingresos por su exportación de combustibles fósiles, de los cuales 193.000 millones proceden de la venta de crudo”, “los armadores griegos que transportaban petróleo ruso desempeñaron un papel importante en este proceso”(Forbes 13/5). 
 Las operaciones en cuestión no solo dispararon las ganancias, en una industria que prácticamente no paga impuestos en Grecia, sino que aumentaron el valor de los buques antiguos que antes se enviaban a desguace y que ahora fueron vendidos a gran valor para pasara formar parte de la “flota fantasma de Putin”. Y también garantizaron una ampliación y modernización de la flota actual con importantes pedidos de embarcaciones de carga a distintos astilleros.
 Pero eso no es todo, porque mientras Grecia se beneficia militarmente de su cooperación con Israel y del comercio con el petróleo y gas licuado rusos, también se anuncia la posible transferencia de 35 aviones F-16 a Ucrania, lo que va en línea con el entrenamiento de pilotos ucranianos que ya se está dando por Atenas y que, podría estar relacionado, con la provisión de F-16 modernizados que Grecia fue recibiendo en el último periodo de la empresa norteamericana Lockead Martin.
 Así las cosas, resulta evidente que la burguesía griega se encuentra por demás interesada en la continuación de la masacre del pueblo palestino, el yemení e incluso el ucraniano. Ciertamente, la continuación y profundización de la guerra imperialista le cae como maná del cielo. 
 Pero la panacea para los capitalistas griegos, que hasta compran clubes de futbol como sus homónimos oligarcas rusos, no implica la reversión de los programas de ajustes a repetición aplicados a las masas trabajadoras griegas por la troika del FMI, el BCE y la UE, sino la pauperización permanente y la profundización del militarismo. 
 En Grecia, como en todos los países beligerantes en la presente guerra imperialista, la consigna es “guerra a los gobiernos de la guerra, por gobiernos de trabajadores que traigan la paz entre los pueblos”. 

 Facundo Miño

Otro caso de pedofilia en las Fuerzas Armadas, una práctica recurrente en la institución


Facundo Candiotti, detenido por consumo de material pedófilo. 

Los milicos que Milei y Villarruel quieren reponer en las tareas de seguridad interior. Salió a la luz un nuevo caso que vincula a las Fuerzas Armadas con las redes de pedofilia. En Entre Ríos detuvieron a un exjefe de escuadrón del Ejército por tenencia de videos e imágenes de menores de 13 años en situación de abuso sexual. Parece ser una práctica extendida entre los uniformados que pone en evidencia a una institución completamente descompuesta. 
 Se trata de Juan Facundo Candiotti, exjefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada N°2 “Coronel Zelaya” de la ciudad de Gualeguaychú. El fiscal Federal Pedro Rebollo ordenó revisar su celular en el marco de una investigación por haber encubierto hechos de abuso sexual cometidos por un suboficial del cuartel contra al menos tres compañeras del regimiento. “Candiotti habría cometido falso testimonio, destruido alguna prueba, habría amenazado algún testigo que vino a declarar a la Fiscalía puntualmente, entre otras cuestiones” (Página 12, 24/7).
 Así fue como se encontraron con 249 videos y 69 imágenes con representaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes descargados de la aplicación de Telegram. Actualmente se encuentra procesado con prisión preventiva en la ciudad entrerriana de Paraná, en una causa caratulada como “tenencia en su poder de representaciones (material fotográfico y videos) con contenido sexual explícito (pornográfico) en el que participan menores de dieciocho (18) años, previsto y reprimido por el art. 128 del Código Penal, debiendo aplicarse la escala establecida en su último párrafo por ser las víctimas, indudablemente, menores de trece (13) años”. 
 Además de estos hallazgos, lo sucedido expone que en ese escuadrón el Ejército opera un entramado de encubrimiento hacia la violencia sexual en la que también está implicada la Justicia de Entre Ríos, ya que una de las víctimas declaró que no había recibido respuestas frente a sus denuncias ni en el ámbito castrense ni en la Justicia local; por eso la causa pasó al fuero federal. 
 Anteriormente, pusimos de relieve los numerosos antecedentes en este tipo de delitos que pesan sobre la Armada Argentina, a propósito del contenido pedófilo hallado en el celular Carlos Pérez, capitán de navío retirado involucrado en la desaparición de Loan. Ahora bien, la producción, comercialización y consumo del abuso sexual contra las infancias en representaciones digitales no es exclusivo de la Marina sino que envuelve al conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 En el Ejército, previo al caso de Candiotti, podemos mencionar el del militar retirado Mario Alberto Peña, que en marzo de este año fue condenado en la ciudad de Salta por ser miembro activo de una red de explotación sexual contra menores. En noviembre de 2018, detuvieron a un soldado del Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay (también provincia de Entre Ríos) por almacenar y distribuir material de mal llamada “pornografía infantil”. Como ocurre en la Armada, caen individuos aislados pero no se investiga la posibilidad de que haya redes de pedofilia orquestadas desde las cúpulas militares. 
 Sus lazos con los servicios de inteligencia y la impunidad que les confiere el Estado hacen de las Fuerzas Armadas un terreno fértil para que prolifere esta trama criminal. Además, los militares están educados en imprimir violencia sobre los cuerpos de la población para imponer su autoridad y en naturalizar las vejaciones que reciben de los altos mandos para luego reproducirlas sobre aquellos que no tienen armas con qué defenderse. 
 Finalmente, este sistema concibe al abuso sexual contra las infancias como una de sus principales herramientas de disciplinamiento social y a la trata de niños para ese fin como una fuente de acumulación. Por eso no debe extrañar que las fuerzas represivas, en tanto parte constitutiva y brazo armado del Estado capitalista, sean las primeras en perpetrar estas aberraciones. Expresan de forma más nítida la putrefacción del régimen social en su conjunto. 
 Milei y Villarruel buscan reponer políticamente a esta escoria para reforzar la represión sobre los trabajadores que salen a luchar contra sus políticas de hambre. Incluso, no disimulan que avalan hasta sus métodos más atroces; ese es el significado de la visita oficial a los genocidas de la dictadura, responsables de torturas, desapariciones, violaciones y robo de bebés. 
 Exigimos que se investigue fondo el entrelazamiento de las Fuerzas Armadas con el tráfico de menores. Una complicidad ineludible que el secuestro de Loan vino a poner de manifiesto. 

 Sofía Hart

La fortuna de Caputo: nadie se hace rico laburando


El Messi de la fuga y la evasión fiscal. 

 La publicación del estado de las cuentas bancarias en dólares que tiene en el exterior el ministro de Economía, Luis Caputo, puso de manifiesto que el “Messi de las finanzas” hizo enormes negocios con sus empresas y la especulación financiera y que se enriqueció aprovechando su lugar de poder en la maquinaria estatal. Mientras esto ocurría, “Toto” decía que “la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”. 
 En 2016, Caputo declaró el equivalente a 124,3 millones de dólares. 7 años después y tras haber formado parte del elenco gubernamental macrista, multiplicó sus fortunas: declaró un patrimonio de 1.666 millones. Caputo cruzó a un periodista que divulgó los datos, diciendo que su plata la ganó “trabajando en el sector privado, rompiéndome el alma” y que “no hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información”. 
 Algunos pusieron en cuestión la cifra y plantearon que es posible que la declaración de patrimonio esté subestimada. Es que los negocios de la familia Caputo tienen grandes magnitudes. Además, Luis Caputo habría incurrido en chanchullos contables. Tiene el 0,0001% de su dinero declarado en depósitos en Argentina y el resto en el exterior; y posee tres cuentas corrientes en dólares que parecen trillizas (con montos muy similares), lo que muestra que dividió algo que no se sabe qué es en tres partes.
 Entre 2018 y 2023, Caputo salió de varias de sus participaciones en paquetes accionarios, aunque mantuvo algunas importantes. Por ejemplo, declaró acciones en Sacha Rupaska, una firma denunciada por desmontes ilegales en Santiago del Estero; en Palmeral Chico; en Anker Latinoamericana, una consultora que estuvo activa entre diciembre y enero de 2024 mientras fue ministro de Milei; en Ancora Investments LP, una sociedad que figura inscripta en Canadá como fondo de inversión y en la que Caputo tiene casi 100 millones de pesos cuyo destino se desconoce. 
 El ministro no declaró fondos que tiene en Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales que los capitalistas utilizan para fugar divisas y no pagar impuestos. Caputo aparece como “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista directo” de Noctua, una empresa con sedes en Estados Unidos que administra fondos de inversión en Caimán. Asimismo, tampoco declaró que es accionista de la sociedad Princess International Group, que opera en la misma guarida fiscal. 
 Habida cuenta esto, es muy probable que haya quedado mucho más dinero sin declarar. Caputo dice que se rompió el alma trabajando pero vive del trabajo ajeno. Además, parte de su fortuna la hizo invirtiendo en Lebacs –en su declaración jurada 2018 informó que tenía inversiones por 18.617.197–, letras que muchos capitalistas e inversores utilizaron para obtener una súper renta en pesos y luego volcarse al dólar –que se encontraba planchado gracias a los dólares que el FMI le otorgó a Macri y Caputo. El propio Milei dijo en su momento que “Caputo se fumó más de 15 mil millones de dólares irresponsablemente”.
 Caputo, como secretario de Finanzas de la era Macri, fue denunciado por meter mano en la Anses para sacarle 300 millones de pesos e invertirlos en el fondo de inversión de la empresa Axis, vinculada al ministro. “La maniobra fue para suscribir Lebacs, algo que la Anses podía hacer directamente con el Banco Central. Pero al hacerlo a través de Axis quedó el pago de honorarios en el medio. O sea, le hicieron pagar de más a la Anses para que las empresas vinculadas a Caputo hicieran un negocio” (El Destape, 22/7).
 La familia Caputo, además, tiene en sus manos el grupo multinacional Mirgor, que produce componentes electrónicos, móviles y exporta productos agrícolas y también está vinculado a Mauricio Macri. Se trata de una patronal que goza de un régimen impositivo de privilegios y de tipo proteccionista y que viene de despedir a decenas de trabajadores. 
 Como se ve, el ministro que hoy es un pilar fundamental de la aplicación del plan motosierra y licuadora del gobierno reaccionario de Milei cobró sus buenas comisiones por ser un representante político de la burguesía explotadora, fugadora y parásita de la Argentina –de la que él mismo es parte. Nunca fue juzgado por sus movidas corruptas, al igual que su nuevo compañero de gobierno, Federico Sturzenegger, uno de los organizadores del turbio megacanje que benefició a un puñado de bancos y por el cual fue procesado.
 Los trabajadores tenemos que rescatar a la Argentina de los Caputo y todos los capitalistas. 

 Nazareno Suozzi

Para el espionaje hay plata: Milei financia los “sótanos de la democracia”


El gobierno sumó 100 mil millones de pesos adicionales para la Side. 

 El gobierno nacional aumentó estrepitosamente los fondos destinados a la recientemente reestructurada Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) con la adjudicación de $100 mil millones (105 millones de dólares al tipo oficial) adicionales para “gastos reservados”: la caja negra de los sótanos de la democracia, utilizada para el espionaje y la manipulación interna.
 El presidente Javier Milei se asegura, de esta forma, recursos “discrecionales” en abundancia para desenvolver a fondo su política antiobrera y antipopular, profundizando métodos ya aplicados, como las “granjas de trolls libertarios” y el ensobramiento de periodistas y sectores influyentes, más el control de redes sociales e internet y el armado de carpetazos y aprietes en el medio político, y otros recursos (infiltración, espionajes, etc.) contra la población trabajadora. 
 El gobierno viene de reestructurar los servicios de inteligencia, remodelando la ex AFI para reestablecer el viejo modelo menemista –con algunos de sus viejos funcionarios adentro-, haciéndolos más versátiles a las necesidades de la ofensiva capitalista contra los trabajadores y a los intereses de la camarilla gobernante. 
 Los poco más de 100 millones de dólares actuales se suman a los 36 millones fijados por el presupuesto 2024, en lo que es una más que llamativa ampliación presupuestaria en medio de la campaña oficial de “no hay plata”. 
 Esto ha sido denunciado por varios sectores, como el caso del legislador porteño y dirigente del Partido Obrero y el FIT-U, Gabriel Solano, quien señaló que mientras el gobierno ajusta a los trabajadores y jubilados, por diversos medios, amplía los recursos para espiar a la población. 
 Los gastos reservados en los servicios de inteligencia han sido uno de los temas más polémicos, con antecedentes nefastos en el país: se ha acreditado que de esa caja salieron los 400 mil dólares pagados por la Side a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la Amia. Así como el pago de sobresueldos (el gobierno ya hizo escuela en esto) a periodistas y funcionarios. 
 Para mantener un control de esta caja discrecional y evitar operaciones en contra, el kirchnerismo redujo su influencia con la creación de la AFI en 2015 (diferenciando gastos operativos públicos de gastos reservados) –lo que no evitó otro tipo de espionaje oficial como el Proyecto X en manos de Gendarmería-, lo que luego fue revertido por el macrismo y más tarde restituido por Alberto Fernández. Ahora se estima que el 75% de los recursos de la nueva Side corresponden a esta caja negra con escaso control.
 El único organismo capaz de auditar el funcionamiento de los gastos reservados y las operaciones de la Side es la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) del Congreso de la Nación, que se conformaría por 2 radicales, 2 libertarios, 2 Pro, 6 Unión por la Patria y los ahora “oficialistas” Edgardo Kueider (peronista) y Edith Terenzi (UCR). 
 La rosca por el control de esta comisión tan sensible está dando lugar a una disputa entre la candidatura del oficialismo, en cabeza del peronista amigo Kueider -quien ya mostró su valía con el respaldo de la Ley Bases- y el candidato del Pro Martín Göerling, que sería secundado por Unión por la Patria. 
 La ampliación de fondos reservados para los servicios de inteligencia no responde a ningún interés de la población trabajadora, ni a la satisfacción de ninguna demanda en medio de un ajuste sin tregua. Sino que está orientada al respaldo operacional de dichas política antiobreras, para garantizar su ejecución y profundización. 
 Ni un peso para los servicios de inteligencia enemigos del pueblo trabajador. Por la disolución de la Side y las agencias locales del imperialismo. Que se destine el presupuesto a salud, educación, vivienda, obras públicas, trabajo y las necesidades populares. 

 Marcelo Mache

miércoles, julio 24, 2024

Milei y Caputo empeñan el oro del Banco Central en Londres


En el mayor sigilo, sin que exista ningún anuncio ni haya habido aún explicación oficial por parte del Banco Central, el gobierno trasladó a Londres oro de las reservas por el equivalente a 450 millones de dólares. 
 Esto se supo por el aviso de los movimientos que los trabajadores del Banco Central le dieron al Sindicato, lo que motivó un pedido de informes por parte del secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, diputado nacional -que todavía no tuvo respuesta.
 El ministro Caputo anunció en declaraciones que el oro depositado en el exterior podría rendir un retorno -como si fuera un plazo fijo, se interpretó- pero dado el ínfimo rendimiento anual del metal, fue una lectura descartada por todos los economistas que analizaron la maniobra. 
 Milei el domingo, en su charla periódica con Fantino, admitió que pensaban utilizar el recurso del “repo” para conseguir liquidez inmediata de dólares. El “repo” consiste en un canje de oro por dólares que se repone a corto plazo, a un precio determinado. En términos concretos, el gobierno busca pagar intereses por la deuda externa sin contar con las divisas correspondientes. El oro no rendirá intereses sino que por el contrario se utilizará para tomar una nueva deuda, que, de no poder pagarla en el plazo estipulado, ejecutará la garantía del oro. Si el cronograma de pago de deuda y reposición salen mal, Argentina perderá el oro. Del precio del canje dependerá el mentado retorno; si el oro sube más que el precio de reposición, el retorno será negativo, o sea pérdida. Los dólares obtenidos podrían ser quemados en los mercados paralelos para subsidiar la fuga de capitales, como ya ocurre. La burguesía, mientras tanto, compra dólares en el MEP, que el gobierno quiere bajar, y los vende en el blue, que cotiza más arriba, a la vista de todo el mundo. Todo con la bendición pública del liberticida Milei, el campeó del emprendurismo patronal y del alejamiento del Estado de la economía. 
 Como el gobierno -dado que el campo no da señal de liquidar soja con este precio del dólar oficial- no tiene ninguna otra perspectiva que hacer tiempo, ha dejado trascender que espera que Trump gane las elecciones para que FMI acceda a ampliar el préstamo actual en otros 15 mil millones de dólares. Es una tirada a la ruleta sin que se conozca cuánto paga, porque Trump no dio ninguna señal en ese sentido. 

 Antecedentes 

Durante las presidencias de Macri y Alberto Fernández también se tomaron ‘repos’, pero usando títulos y certificados como garantía. 
 En el caso de Macri, pagó su repo y pateó la crisis para adelante con una subida extrema de las tasas de interés –en ese momento, la tasa de interés más alta del mundo. Ahora que desarmó las Leliq y los pases, para pasarlas al Tesoro, un aumento de la tasa de interés afectaria el pago de la deuda pública, incluída aquella de cortísimo plazo que será depositada en el Banco Central. Caputo ha fracasado en cuadrar el circulo, a pesar de estar rodeado de econometristas, que se encargan de esa tarea. Milei Caputo caminan por la cornisa –desesperados. 
 Por otra parte, además del evidente riesgo de que ejecuten la garantía si se concreta el préstamo, el oro corre peligro de embargo por los juicios que la Argentina tiene pendientes en los tribunales internacionales que tanto los gobiernos anteriores como el actual reconocieron como autoridad de litigio. 
 Rusia tiene sus activos embargados por la guerra en Ucrania, Venezuela sufrió la misma suerte mientras Guaido fue reconocido como presidente en el exilio, e incluso a Islandia se le aplicó la ley antiterrorista y fue declarado Estado subversivo por Gran Bretaña para poder embargar sus cuentas en el exterior tras la crisis del 2008. Por lo tanto, si bien la Argentina viene esquivando pedidos de embargos, existe un peligro cierto sobre los lingotes, más aún estando en Londres – donde hay una sentencia contra el país por el cupón PBI y donde el oro espera en tránsito mientras se resuelven las gestiones con otro banco -el de Basilea.
 Para más provocaciones, esta jugada se da al mismo tiempo que Gran Bretaña se dispone a realizar operaciones en Malvinas para extraer petróleo, por medio de una compañía de Israel.

 Dime de te jactas y te diré de que adoleces 

Con Fantino, Milei reiteró la frase, con énfasis, de que “nosotros pagamos como sea”. La semana pasada también había dicho “cero pánico”. Es que la crisis marital con los mercados, post Ley Bases, está reflejada en la suba del riesgo país y en la evidencia de que el gobierno no tiene con qué afrontar los vencimientos de deuda del 2025 y peor aún, ahora mismo no está cumpliendo con los pagos a empresas vinculadas a consorcios internacionales -energéticas e importadores. Desesperado por dar demostraciones de liquidez, depositó anticipadamente parte de los vencimientos de deuda de enero, generando más dudas sobre su solvencia, para hacer frente a todos los demás vencimientos. Por eso, para comprar tiempo, empezó a empeñar lo que le queda.
 Y pese a toda la fanfarronada sobre la compra de reservas, el vicepresidente del Banco Central viajó a Estados Unidos para terminar admitiendo que a pesar de tanto “superávit" las reservas netas están 3.000 millones de dólares abajo gracias a una deuda que no para de crecer.
 El traslado del oro físico al exterior, es otra aventura liberticida que le va a costar caro al país, pero es parte de las últimas jugadas que le quedan al timbero Caputo. 

 Aldana González 
 23/07/2024

Milei reglamenta ‘Ganancias’ y la CGT ‘amenaza’ con ir a la Justicia


La burocracia de los sinvergüenzas. 

 Este jueves se reunirá el Consejo Directivo de la CGT. El gobierno acaba de reglamentar la reposición del impuesto al salario eliminando todas las exenciones sobre bonificaciones, horas extras y aguinaldo, entre otros. El impuesto a las Ganancias se verá reflejado en los sueldos de agosto. La CGT había solicitado que se hiciera una actualización del piso, dado que el proyecto original había sido redactado hace cinco meses y en el medio hubo 60 % de inflación. Dos semanas atrás, la ´mesa chica´ de la central ratificó su impasse y resolvió tomarse vacaciones de invierno. Nada hace pensar que este panorama se modificará sustancialmente el jueves. Pablo Moyano volvió a mostrarse 'picante' con sus compañeros de conducción, anticipando que el gobierno “los va a cagar”, pero de hacer una huelga, no dijo nada, mucho menos de impulsar un frente de los gremios afectados, a pesar de que los camioneros pagarán el impuesto sobre todos los ítems que conforman su salario, incluidos los viáticos. 
 Moyano adelantó a los medios que hará una marcha a Tribunales para acompañar una presentación judicial. Solicitará que se declare inconstitucional la reposición del gravamen a la cuarta categoría por haber sido ratificado por Diputados, luego del rechazo del Senado. En diciembre de 2023, la CGT convocó a una concentración -acéfala, sin discursos ni atril- en el mismo sitio, para acompañar la presentación por mesa de entradas de un escrito judicial contra el tramo laboral del DNU 70/23. Luego de haber obtenido una cautelar en primera instancia, la CGT acordó con el gobierno la versión de la reforma laboral que figura en la “Ley Bases” y generaliza el monotributismo, desconociendo cualquier relación de dependencia, lo que equivale a una precarización generalizada del empleo. El resto del DNU, por otro lado, está completamente vigente. La presentación en masa de “procedimientos preventivos de crisis” -38.000 en un semestre, 40% superior al registro del mismo periodo en años anteriores- sugiere que las patronales exprimirán a fondo las ventajas que ofrece ´la libertad´ para achicar planteles y reemplazar a los obreros más viejos por trabajadores jóvenes y precarizados y para desconocer los convenios colectivos de trabajo. Un laboratorio de esto es lo que ocurre en el Neumático, donde las patronales de FATE y Bridgestone le han declarado la guerra al SUTNA con una oleada de despidos y retiros voluntarios. Acusan que la “conflictividad gremial” les ha hecho perder mercados y elevado los costos de producción, si bien no han podido demostrar una cosa ni la otra. Otro militante del 'ala combativa' de la CGT, Sergio Palazzo, afirma que el 95% de los trabajadores bancarios pasarán a pagar el impuesto. Asegura que se trata de una “rebaja salarial encubierta”. En su caso, también recurrirá a la Justicia. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo a casi el 95% de los trabajadores” (Infogremiales, 23/7). El mínimo no imponible quedó fijado en $1.800.000 para los solteros y $2.200.000 para casados con dos hijos, con alícuotas que van del 5% al 35%. Denuncia Palazzo: “Imagínese una persona que se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria y de (salario) neto le quedó 1.200.000 pesos. Tiene que pagar una cuota alimentaria de 300.000 o 400.000 pesos, con lo cual pagara impuestos sobre 800.000, esto es menos de la canasta para no ser pobre” (ídem). Por su parte, el sindicato de los médicos fue el primero en formalizar la presentación ante la Justicia. “El médico queda gravado por Ganancias, no por un salario alto sino por el pluriempleo que debe afrontar, trabaja entre dos y cuatro lugares para llegar a fin de mes”, aseguran (Infogremiales, 22/7). Entre los petroleros, con la reglamentación del complemento fiscal de la “Ley Bases”, solamente quedaron exceptuados los trabajadores que constituyen “personal de pozo”, excluyendo al personal administrativo y de logística, que constituye el 50 o 60% del gremio, y, probablemente, abarque también a una gran parte de los trabajadores del enjambre de tercerizadas asociadas a la actividad. Mineros, siderúrgicos, ferroviarios, subte y marineros también tributarán el impuesto.
 La “mesa chica” cegetista tiene resuelto -con el acuerdo de Moyano- que cada sindicato acuda a la Justicia por Ganancias por su propia cuenta, sin acompañamiento de la central. El secretario adjunto de Camioneros quiere mostrarse ´confrontativo´, sin romper amarras. La burocracia cultiva el 'diálogo' con el gobierno liberticida y 'articula' con el FMI, para tejer una red de contención social alrededor de Milei-Caputo.

Jacyn
23/07/2024

Vigotski, la Revolución rusa y el marxismo: un primer acercamiento

CON FILO | Revuelto y brutal

APUESTAS ONLINE: ¿QUIÉN GANA?

martes, julio 23, 2024

Del Plan Nacional de Alfabetización a los Planes Jurisdiccionales


Un paso más en el camino a la descentralización educativa.

 El gobierno nacional y los gobiernos provinciales presentan con bombos y platillos el Plan Nacional de Alfabetización (Decreto 579/2024). El programa no alude en ningún momento a los montos destinados para implementar dicho plan, la distribución de recursos ni la forma de encarar la enseñanza en los establecimientos. 
 Las acciones para la alfabetización se dividen en siete ejes. Pone acento en “La formación docente inicial y continua”, vinculada a la implementación de un proceso de evaluación continua y periódica de los docentes, lo que significaría una sobrecarga más. 
 Las evaluaciones periódicas, como muestreo educativo, van en el camino de la instauración de escuelas voucher, a fin de que los padres tengan elementos para elegir dónde educar a sus hijos. Generan negocios rentables en educación, desde escuelas “voucher ricas” a escuelas “voucher pobres.” Conocemos que el gobierno liberticida ya ha avanzado con los “vouchers educativos” que solo benefician a las patronales de la educación privada, a la par de la desinversión en el sistema público. 
 El programa promoverá acciones concretas en acuerdo con las veinticuatro jurisdicciones. En el caso de Tucumán, según las declaraciones de la ministra de educación, Susana Montaldo, ella misma aclara que desconoce cuál será el presupuesto asignado. Pese a ello, ya ha generado un plan para 70 escuelas de la provincia de acuerdo con diagnósticos “situados”. 
 En cuanto a los recursos materiales, el plan jurisdiccional deja en claro que no habría aumento presupuestario y respecto de los materiales didácticos solo buscará optimizar los recursos existentes, en un contexto de vaciamiento de los mismos. Se montará sobre proyectos preexistentes, como es el de Trayectorias Escolares. 
 La actualización académica se hará en vinculación con el CONICET y la UNT para especializar a docentes, directivos y supervisores de 100 escuelas llamadas Escuelas Prioritarias, lo cual da cuenta de que la UNT ya ha establecido acuerdos con el programa del gobierno liberticida. 
 La reforma trae mayor vinculación entre empresas y educación, como ocurriría en Tucumán con la Fundación Pérez Companc, Programa Infancias. 
 A partir de eufemismos, proclaman la consagración del derecho de enseñar y aprender, pasando por alto el colapso del sistema educativo que consagra una clara división de educación para ricos y de ignorancia masiva para pobres. 
 El nuevo plan no solo consagra esta división, sino que avanza en la descentralización educativa, pues cada jurisdicción determinará cómo aplicarlo, la gestión local de escuelas y el control de la mayor parte de sus gastos. 
 “No se puede soslayar que una de las limitaciones para incorporar la jornada completa es la infraestructura”, explicó la propia ministra Montaldo. En Tucumán se implementarán diversos formatos escolares, extensión de jornada completa y jornada extendida, según las necesidades de los alumnos y las “posibilidades de cada establecimiento”.
 La distribución de los escasos recursos en un puñado de escuelas avanza hacia una mayor flexibilidad laboral para los docentes, su designación, descentralización y precarización del trabajo con la función de abarcar a esa diversidad. 
 En el caso de los maestros de grado con dos cargos, deberán “dejar” uno de ellos en reserva, para pasar a cubrir las horas de la escuela prioritaria de aprendizaje, cumplirán 3 horas más, pero no dentro del marco estatutario de las escuelas de jornada completa, quienes cobran 75 % del salario, más doble incentivo y conectividad, se pagará solo el 60 % del salario (60 % de sumas remunerativas y 60 % de sumas no remunerativas) .
 Todo es bastante incierto respecto de la organización de las jornadas. Según comentan algunos colegas, se les dijo que la afectación será solo para los maestros de grado y especiales, dejando fuera a directores y secretarios, por lo que en esa extensión de jornada todo correrá bajo responsabilidad del docente. 
 La evaluación del proyecto se realizará a partir del seguimiento y monitoreo que realizarán directores y equipos técnicos ministeriales. Esto acarreará un control sobre los recursos unido a la exigencia de mayores rendimientos, lo que trae aparejada la posibilidad de asignar recursos en función de la satisfacción, como se consigna entre los ejes, la vinculación entre las inversiones en alfabetización con el aprendizaje. 
 En ningún renglón del programa se hace alusión a la obligatoriedad como obligación del Estado de garantizar becas, subsidios, asignaciones familiares, o comedores para todos los estudiantes. Tampoco hace mención de la gratuidad y los recursos para promover el acceso a toda la población. Mucho menos a los salarios docentes ni a satisfacer los reclamos de un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Aun con la extensión de jornada, el docente de grado que recién se inicia no llegaría a cubrirla, consagrando la precarización en la contratación y violando los derechos de igual tarea-igual remuneración. 
 El programa presentado está en real contradicción con la política que lleva adelante el gobierno liberticida, cuyo resultado es un agravamiento de la catástrofe económica y social, con un nivel de pobreza por encima del 53 por ciento, con crecientes despidos, ataque a los derechos laborales, alargamiento de la jornada laboral, desvalorización del salario, articulando todos los medios para profundizar la explotación en un franco ataque a los trabajadores, desocupados y gastos sociales. Un plan educativo que se abstrae de la miseria social no puede transformar la educación. 
 La ejecución del presupuesto nacional 2024 en las partidas destinadas a la educación pública muestra un ajuste feroz, es una prórroga del destinado a 2023 y no se ajustó por inflación. La caída afecta también a infraestructura, equipamiento escolar y comedores escolares. Se suspendieron becas para estudiantes de todos los niveles, compra de libros o manuales escolares y se suspendió el programa Conectar Igualdad, etc. 
 En el tiempo transcurrido del gobierno es claro que estamos también ante un ataque a la docencia. En lo que va del año, Milei ha procedido a la eliminación de la paritaria nacional docente y el FONID (15 % del salario). En las provincias se han firmado paritarias a la baja con los gobernadores, sumado al intento de declarar a la educación como servicio esencial para eliminar el derecho a huelga.
 Llamamos a instalar la discusión en las escuelas. 
 Una verdadera ley de alfabetización debería sancionar la obligatoriedad de la enseñanza como obligación del Estado de garantizar la escolaridad para alcanzar a todas las capas de la población.
 Un plan de becas, subsidios, comedores escolares, vivienda estudiantil, etcétera, el laicismo como eliminación de todos los subsidios a las escuelas confesionales.
 La gratuidad como monopolio estatal de la enseñanza y su planificación centralizada. 
 Los intereses incompatibles de las clases sociales también se expresan en la educación. Contra los planes mentirosos del gobierno nacional y los gobiernos provinciales planteamos la participación de los verdaderos actores en la vida educativa: docentes, estudiantes, familias, organizaciones y consejos zonales encargados de supervisar y controlar el desarrollo de la escuela pública, en favor de la causa de los trabajadores y la verdadera emancipación nacional.

 Raquel Grassino 
 22/07/2024

El SUTNA convoca a una concentración contra los despidos y suspensiones


El viernes 26 en Plaza de Mayo. 

 El plenario convocado por el Sindicato del Neumático el día de ayer acordó realizar una manifestación en Plaza de Mayo contra los despidos en Bridgestone y Fate y en el conjunto del AMBA y del país. En el informe inicial, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato denunció que hay 38.000 procesos preventivos de crisis que habilitan despidos, pero añadió que no hay luchas que respondan a esa ofensiva. “Ni Bridgestone ni Fate, advirtió, tienen problemas económicos, esos *holdings *enormes no tienen problemas. Los problemas económicos los tenemos los trabajadores”.
 La plataforma de la movilización del viernes 26 de julio señala: “Basta de despidos: reincorporación de todos los despedidos de la industria y el Estado. Por un paro activo nacional y plan de lucha para derrotar todo el plan de Milei. Abajo la Reforma laboral y la “Ley Bases”. Basta de persecución política. Libertad a los detenidos por luchar. Por una gran acción nacional contra los despidos y todos los ataques a los trabajadores”. 
 Desde Política Obrera planteamos la coordinación de todos los sectores afectados por los despidos, con el siguiente programa: por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, la apertura de los libros de las empresas y la ocupación de cada fábrica que cierre o despida. Denunciamos a la burocracia sindical como parte necesaria del golpe económico de Caputo – Milei y nos comprometimos a impulsar la convocatoria en todos los lugares de trabajo y estudio. 
 La reunión contó con más de 50 oradores entre representaciones gremiales y parlamentarios. La contradicción entre los planteos se puso de manifiesto enseguida. Unos denunciaron el rol capitulador de la CGT mientras le exigían un nuevo paro. Desde Izquierda Socialista señalaron: “no me digan que la huelga se organiza desde abajo, hay que exigirla a la CGT”. 
 Algunos oradores confundieron la convocatoria del SUTNA con una cita del espacio que convocó a la movilización del 20/12. Otros aprovecharon el atril para pedir que se vuelva a reunir el "Plenario del Sindicalismo Combativo". El MST les contestó con la necesidad de ampliar: “no esperemos que vengan, vayamos a buscar a Catalano, a Palazzo y a todos los que vinieron a (la audiencia pública contra los despidos) en el Congreso”. Representaciones universitarias se pusieron al servicio de recorrer las aulas para aportar a un fondo de lucha o, también, organizar festivales.
 La lucha contra los despidos necesita de un programa y también de un método, como la agitación en todo el país y la preparación de huelgas y ocupaciones de empresas con la participación de la población y los barrios. Patear la pelota para adelante no constituye una respuesta al desafío. 

 Valu Viglieca 
 20/07/2024

La rebelión de la juventud en Bangladesh


En un intento por descomprimir las grandes movilizaciones juveniles que estallaron a comienzos de julio, la Corte Suprema de Bangladesh restringió a través de un fallo judicial conocido este domingo el sistema de cuotas que aseguraba más de la mitad de los puestos laborales del sector público a familiares de veteranos de la guerra de independencia y a ciertas minorías. De acuerdo al máximo tribunal, a partir de ahora sólo el 7 por ciento de los cargos podrán estar reservados para aquellos sectores. Aunque el tribunal exhortó a los estudiantes a retomar las clases y abandonar las calles, el movimiento juvenil exige la restauración de las comunicaciones (limitadas por el gobierno para obstaculizar las protestas), la libertad de los presos políticos y justicia para los más de 100 muertos por la represión estatal en el curso de la rebelión. 
 Las movilizaciones juveniles contra el sistema de cuotas se iniciaron el 1 de julio, días después de que un tribunal de jerarquía inferior a la Corte lo rehabilitara, pese a que había sido suprimido en 2018, en el marco de otras protestas populares. 
 El gobierno de la primer ministro Sheikh Hasina, de la Liga Awami, en el poder desde 2009, acusó a los manifestantes de “razakar”, mote con el que se conoce a quienes colaboraron con el gobierno de Pakistán durante la guerra de independencia de 1971. A partir del 15 de julio, lanzó a las bandas paraestatales de la Liga Chatra -munidas de barras de hierro y ladrillos- contra la juventud. Además, el 19 instauró el toque de queda y sacó el ejército a las calles, mientras que, en paralelo, la policía de Dhaka (la mega urbe capital que aloja a 20 millones de personas) prohibía las manifestaciones. No obstante, la mecha de la rebelión se extendió a 47 distritos del país, sobre un total de 64. 
 La ira de los manifestantes se explica por el altísimo desempleo juvenil y las dificultades para conseguir trabajo. En el caso del sector público, en 2023 un total de 346 mil jóvenes compitieron en un examen de ingreso por apenas 3.300 lugares (El País, 19/7). 
 Este levantamiento no es un rayo en cielo sereno. En 2023, las obreras de la indumentaria, que trabajan por sueldos bajísimos para las grandes marcas, fueron a la huelga con movilizaciones en demanda de un aumento del salario mínimo, en lo que se conoció como la “revuelta de las tejedoras”, también ferozmente reprimida. Un año antes, las protestas callejeras desafiaron el aumento en los combustibles.
 El gobierno de Hasina viene de conseguir el desembolso del tercer tramo de un préstamo por 4.700 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que ha tenido como una de sus condiciones, precisamente, la actualización de las tarifas. Las dificultades para costear las importaciones de combustibles, en el marco del salto en los precios que siguió al estallido de la guerra de Ucrania, empujó al gobierno a las garras del Fondo. 
 Reelecta este año en unos comicios en que la oposición no participó por falta de garantías, Hasina busca mantener un equilibrio entre los dos pesos pesados de la región: India y China. En junio, la primer ministro viajó a Nueva Delhi. Y este mes, cuando las protestas estudiantiles ya estaban en curso, se reunió con Xi Jinping. Un artículo sobre esta visita publicado por el Global Times, medio ligado al Partido Comunista Chino, señala que Beijing es el principal socio comercial de Dhaka y que 700 firmas chinas operan en la zona. Además, Bangladesh participa del proyecto de la ruta de la seda promovido por el gigante asiático.
 Que viva la lucha de la juventud contra el gobierno represor y hambreador de Hasina. 

 Gustavo Montenegro

Reglamentan el Impuesto al Salario con la complicidad y el fracaso de la CGT


El gravamen volverá a impactar sobre un millón de trabajadores a partir del cobro en agosto. 

 El gobierno finalmente reglamentó las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, devolviendo el gravamen sobre los salarios de los trabajadores, afectando así alrededor de un millón de trabajadores, mientras los capitalistas y las patronales son beneficiados con blanqueos, exenciones y reducciones impositivas.
 La medida comenzará a regir a partir de la percepción de los salarios de julio (cobrados en agosto), e implica una disminución abrupta en el mínimo no imponible, que pasará de $3,5 millones (15 salarios mínimos) a $1,8 millones brutos para solteros y $2,2 millones brutos para casados con dos hijos. 
 Esta caída del mínimo no imponible empuja a alrededor de un millón de trabajadores a pagar este nuevo-viejo gravamen regresivo, con alícuotas que van desde el 5 al 35%, lo que representa una recaudación adicional del 0,43% del PBI para que se repartan entre Nación y los gobernadores. Un contraste con la aprobación del Rigi y el régimen de Bienes Personales que favorece y desgrava a los capitalistas. 
 Mientras que durante el último semestre de este 2024 la actualización del mínimo y las escalas tendrá lugar en septiembre, aplicando el IPC de junio a agosto, a partir de enero del 2025 la actualización será semestral (enero y julio) tomando la inflación del semestre inmediatamente anterior a la actualización (con la salvedad de enero del 2025 donde se tomaría el trimestre restante de 2024).
 La burocracia sindical, que tuvo su “Pacto de Julio” con el gobierno bajo el supuesto interés de intervenir en la reglamentación de Ganancias y elevar el mínimo no imponible, se anota otro “fracaso”, no influyendo en lo más mínimo en la ofensiva antiobrera de Javier Milei. 
 El planteo de la dirección cegetista habría sido el de que dicho piso se encontraba desactualizado, siendo que fue enunciado hace cinco meses, n los que la inflación trepó un 60%. No solo no pudieron anotarse ni un poroto sino que la nueva reglamentación incluye los pagos de horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros) y zona patagónica en el cálculo del impuesto.
 De esta forma el gobierno avanza con otra de sus medidas antiobreras, para lo cual contó con la colaboración de los gobernadores, los distintos bloques políticos patronales (incluido el PJ) y la CGT, con una aprobación inédita de las reformas en Ganancias, contando tan solo con el aval de la Cámara de Diputados, algo que ya reviste distintas presentaciones judiciales. 
 Los trabajadores de algunas provincias ya empezaron a organizarse contra este gravamen, como es el caso de Neuquén, donde los trabajadores estatales exigen que el Ejecutivo provincial absorba el gravamen para el caso de los salarios afectados. 
 El gobierno “liberal”, de la desgravación de impuestos y las libertades económicas desenvuelve más cargas fiscales sobre las espaldas de los trabajadores, reclamando “un esfuerzo más” de la población, mientras que a los capitalistas les ofrece exenciones y beneficios para que inviertan su dinero en el país y se lleven ganancias exorbitantes. 
 Además, se trata de una forma indirecta de colocarle un techo a los reclamos salariales debido a la evaluación de los trabajadores a la hora de no superar el umbral que activa Ganancias, habilitando así la negociación de sumas no remunerativas que afectan negativamente a otros derechos laborales. 
 El Impuesto a las Ganancias sobre la cuarta categoría debe ser abolido, ya que cercena los ingresos de aquella porción de trabajadores que apenas puede tener un salario en niveles moderados, sin que eso constituya ingresos suficientes para comprar una vivienda o realizar gastos significativos. Al tiempo que el conjunto de los salarios debe recomponerse a niveles que superen la canasta de $1.362.000 que mide la Junta Interna de Ate Indec.

 Marcelo Mache

lunes, julio 22, 2024

Trump, con apenas un rasguño, pega un salto hacia la Casa Blanca


El atentado fallido contra Donald Trump en un acto de campaña en Pennsylvania el sábado 13 de julio ha hecho ingresar a la crisis política de Estados Unidos en una nueva etapa. 
 Sobre el hecho en sí, hay más especulaciones que datos firmes. Muchos de los informes muestran impericia o falta de reacción en el personal de seguridad asignado a Trump por el Estado federal. Al mismo tiempo, Thomas Crooks, el joven trabajador de 20 años que se apostó en un techo y disparó contra Trump, es un interrogante. Es blanco, registrado como votante republicano (aunque cuando asumió Biden en 2021 hizo una donación de 15 dólares a una campaña asociada a Biden) y no se le conocen militancia, ni ideología. El joven fue abatido en el momento y el FBI dice que no tiene muestras de un plan previo junto a otros, ni una pertenencia política, ni un mensaje dejado para la posteridad, ni un móvil claro.

 ¿La violencia es inaceptable para el régimen político yanqui?

 El atentado parece ser un síntoma más de la enorme carga de violencia política que viene extendiéndose en Estados Unidos hace años. La enorme represión contra la revuelta anti-policial de 2020 y el intento de toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 fueron dos saltos en ese camino de violencia política ascendente, con Trump como incitador y protagonista. Trump ha respaldado públicamente y colabora con grupos de milicias o patotas armadas de extrema derecha. Aunque con objetivos menos relevantes que un candidato presidencial, han habido 298 asesinatos en masa en Estados Unidos este año, 4 de ellos luego del atentado contra Trump. Una población fuertemente armada y una descomposición política que ha llegado en puntos casi a la guerra civil son el contexto ineludible de este hecho. Como ejemplo de esta tendencia, The Economist cita una encuesta en la que el 10% de los encuestados consideran legítimo el uso de la violencia política para impedir una nueva presidencia de Trump, y un 7% lo consideran para garantizar que ascienda al poder.
 El pacifismo impostado e hipócrita con el que tanto Trump como Biden quieren enfrentar el hecho es indignante. Ambos son criminales de guerra sistemáticos. En 2020 Trump mandó a tirar un misil para asesinar al general iraní Qassem Soleimani en un aeropuerto en Bagdad. Biden en su momento respaldó la acción. Ambos son represores, como lo ha mostrado Biden reiteradamente con su persecución al movimiento por Palestina en las universidades norteamericanas. Siguen los asesinatos policiales de civiles que llevaron a la revuelta en 2020. Black Agenda Report cita que hubo 704 en lo que va de 2024, y 1.352 en 2023. Biden financia, colabora y lidera la guerra en Ucrania y el genocidio de la población civil en Palestina. Cuando dicen “la violencia es inaceptable” mientras tienen las manos llenas de sangre, es claro que lo que quieren decir es que es inaceptable derramar sangre de la clase dominante.
 El gobierno de Joe Biden no parece, justamente, tener responsabilidad alguna en el intento de asesinato de Trump. No se ha visto favorecido por el atentado fallido, sino perjudicado. Y, uno supone, si quisiera asesinar un blanco enemigo, como lo hacen junto a sus aliados estratégicos todos los días, debería haber usado personal y medios un poco más eficientes que un joven casi salido de la secundaria sin preparación militar.
 Trump reaccionó al instante, en lo que pareció una operación fotográfica para mostrarlo como un héroe de acción, llevando a que a muchos comentaristas les sorprendiera que sus guardaespaldas le dieran tiempo para posar en una zona donde recién había habido intercambio de fuego y no había claridad si había más posibles tiradores. El episodio se asemeja mucho al atentado contra Bolsonaro en la campaña que lo llevó a la presidencia, frente al que se declaró inmortal. Haya sido autogolpe, o un émulo adolescente de aquel personaje demente de Robert De Niro en “Taxi Driver”, que pasa en su delirio de seguidor de un candidato a querer matarlo, Trump salió re-energizado del roce con la muerte. 

 Trump recargado 

 Trump eligió mostrarse cauto y magnánimo, llamando a la unidad nacional contra la violencia y a “unir el país”, como comentó frente a la solidaridad de Biden. Los dirigentes republicanos, por abajo, responsabilizaron directa o indirectamente a los demócratas, sea por ineficiencia en garantizar su seguridad, o por agitar el carácter reaccionario de Trump como eje de su campaña. Los demócratas se apuraron, claro, a condenar el hecho y llamar a bajar la virulencia de los choques políticos. Milei rápidamente salió a responsabilizar a “la izquierda internacional”, sin miedo alguno al ridículo. Esto corrió por su cuenta, aunque hay muchas teorías conspirativas que circulan en el campo trumpiano, sin respaldo de Trump mismo y su campaña oficial.
 Casi sin demora, Trump estuvo en el centro de la Convención Nacional Republicana que consagró la formula de Trump a presidente y JD Vance a vice. La convención fue la consagración final del copamiento del Partido Republicano por el movimiento MAGA y la ultraderecha que está agrupada ahí. Trump dio la orden de cuidar el discurso y mantener una presentación moderada. El clima de la convención era exultante y las encuestas reflejan avances republicanos en seis Estados tradicionalmente disputados con los demócratas. Entre los puntos que Biden debe disputar para poder remontar está, justamente, el Estado de Pensilvania donde fue el atentado.
 No han quedado rastros de la resistencia que le oponía un sector más tradicional del partido republicano durante su primera presidencia y en las elecciones de 2020. Vance es señalado como un posible heredero político de Trump, un ladero joven que se propone darle continuidad al movimiento MAGA. Vance se ha destacado por sus planteos completamente tajantes de cortar la asistencia militar a Ucrania e incluso por cuestionar la continuidad de la Otan, planteando que “Europa debe invertir en su propia seguridad”. Es racista e islamófobo, al punto de haber planteado que Inglaterra, bajo el nuevo gobierno laborista, se transformaría en un país islamista gobernado por la ley de la sharia.
 Pero Vance no solo es un extremista dentro del campo republicano. También es un vaso comunicante con los sectores capitalistas que se han volcado al apoyo de Trump en este nueva elección. Vance pasó por un fondo de inversión liderado por Peter Thiel, creador de Pay Pal, que junto a Elon Musk, han saludado entusiásticamente su elección como vicepresidente. El cambio de una elección a otra es notorio. En 2020 el vuelco capitalista por Biden era abrumador. Ahora la recaudación de ambas campañas está cuasi-empatada, Biden recaudó 389 millones de dólares y Trump 388. Financial Times toma nota del vuelco creciente de las empresas tecnológicas de Sillicon Valley y fondos de inversión por un apoyo público a Trump. Starbucks, que ha enfrentado un proceso de sindicalización muy publicitado estos años, fue sponsor oficial de la Convención Nacional Republicana.
 La Convención Republicana también contó con la presencia de un importante dirigente de la burocracia sindical, que ha estado históricamente ligada al aparato demócrata. Sean O’Brien, presidente del sindicato camionero Teamsters, respaldó a Trump desde un ángulo proteccionista, planteando la necesidad de que las industrias permanezcan en EEUU y oponiéndolo a la transnacionalización del capital. Un operativo importante para darle un atractivo mayor en la clase obrera a una política ultra-reaccionaria del capital, en particular de sumar a los sindicatos a la guerra comercial con China. O´Brien viene de acordar avances en la automatización de su industria que ya han costado 12 mil puestos de trabajo. 
 El principal documento que prepara las bases de un nuevo gobierno de Trump se llama Proyecto 2025 y fue elaborado por un think tank derechista llamado Heritage Foundation. Son mil paginas que incluyen un programa de fondo, un plan de medidas de 180 días y un análisis de qué funcionarios del Estado pueden permanecer y cuáles deben ser removidos. Un punto central es la clausura de muchas instituciones del Estado federal (agencia de control ambiental, departamento de educación), mientras en otros se trata de eliminar el status de funcionarios de carrera y ocupar los puestos con funcionarios afines. Otras medidas incluyen el desmantelamiento de subsidios sociales y un gasto militar incluso mayor al actual. 
 Otro sector de las elites que se preparan para volver al gobierno con Trump realizó estos días la convención de los “Nacional Conservadores”. Allí, entre una extensa agenda reaccionaria, Tom Homan, ex encargado de migraciones y aduana en el gobierno anterior de Trump prometió: “Si Trump vuelve, voy a dirigir la operación de deportación más grande que este país haya visto. No han visto nada aún. Esperen el 2025.” 
 Un cambio de régimen político de la profundidad planteada no se desprende de manera lineal de una victoria electoral de Trump este año. Dependerá de la lucha de clases, como la rebelión que derrotó a su gobierno en 2020. Pero su agenda tiene un punto de apoyo en la mayoría conservadora de la Corte Suprema y los jueces nombrados por Trump, que vienen trabajando en blindarlo frente a sus múltiples casos judiciales, como la jueza Aileen Cannon de Florida, que desestimó la semana pasada el procesamiento de Trump por su apropiación privada de documentos confidenciales.

 Biden, la verdadera baja de la campaña 

 Biden suspendió sus publicidades de campaña luego del atentado. Todo su ángulo de oponerle la defensa de la democracia a la posibilidad de que Trump se vuelva un dictador quedó en un segundo término. Luego del atentado llamó a “enfriar la retórica incendiaria”. La convulsión del atentado sirvió a Biden para apaciguar un poco el operativo clamor de funcionarios y simpatizantes demócratas para que se baje de la candidatura presidencial mientras cada aparición pública que hace muestra el retroceso vertiginoso de sus funciones cognitivas. 
El entorno de Biden incluso impulsa en estas horas una reunión online de delegados para confirmar su candidatura sin debate antes de la Convención Nacional Demócrata. El entorno de Biden controla el aparato partidario, y podría imponer la nominación. El ala izquierda del partido, que en ocasiones anteriores levantó a Bernie Sanders como candidato alternativo, ha reforzado anónimamente su respaldo a Biden. La diputada Alexandria Ocasio-Cortez dijo: “El asunto está cerrado. Él es el candidato, y yo lo apoyo”. Sanders mismo escribió una columna llamando a apoyar a Biden con el argumento del “mal menor” en el New York Times. Pero el asunto no parece realmente zanjado.
  The New York Times había liderado la ofensiva para reemplazar a Biden de la boleta demócrata luego del desastroso desempeño de este en el debate televisado. La semana anterior había estado marcada por una carta de George Clooney, organizador de eventos multimillonarios de recaudación demócrata en la industria de cine de Hollywood, que pedía que Biden se haga a un costado, publicada (llamativamente) luego de consultar con el ex presidente Barack Obama. Existe un operativo para lanzar a la esposa de Obama, Michelle, como candidata de reemplazo a Biden, e incluso hay encuestas que indican que podría ganar la elección contra Trump. La vicepresidenta Kamala Harris, y varios gobernadores demócratas, por el contrario, a pesar de no contar con los inconvenientes biológicos de Biden, parecen carecer de votos propios para aportar. 
 Los capitalistas millonarios que sostienen la campaña demócrata han decretado una huelga de desembolsos para tratar de dominar el proceso y no sólo lograr reemplazar a Biden sino tener la palabra final sobre quién será el reemplazante y con qué programa deberá competir. La movida incluye a dueños de gigantes como Disney y Netflix, entre otros, que declararon públicamente estar demorando aportes millonarios. Un grupo declaró haber reunido 100 millones de dolares que aportarán solo para apoyar un reemplazante. Esta crisis entre el aparato político y los capitalistas que representa se procesará en las próximas semanas y promete una pulseada peligrosa para la unidad del partido.
 La crisis del Partido Demócrata, sin embargo, antecede largamente al atentado contra Trump e incluso el desastroso debate televisivo. El carácter profundamente reaccionario del gobierno de Biden lo ha hecho chocar con su base electoral, a la que han afectado la inflación, la crisis de vivienda y el ajuste a gastos sociales y salarios que se desprendió del creciente gasto militar. A pesar de los discursos, el gobierno no ha dado un paso para defender los derechos reproductivos contra los avances de la Corte Suprema trumpista. Juega un rol central en la crisis el avance del genocidio en Palestina financiado por EEUU, que ha chocado violentamente con la juventud, sectores importantes de trabajadores y con la comunidad árabe y musulmana, que es clave en el Estado en disputa de Michigan. 

 Una opción desde abajo 

 DSA (Demócratas Socialistas), la principal organización de la izquierda demócrata, se está erosionando crecientemente ante estas presiones. Sus dirigentes públicos apoyan a Biden, pero participa por abajo del movimiento para no votar a ningún candidato en las primarias (Uncommited) promovido por la comunidad musulmana. Participó de los acampes por Palestina, e incluso los impulsó, mientras el gobierno de Biden anunció que va a reforzar la persecución del movimiento. Mientras en los años anteriores su militancia ganaba espacio en las primarias, desplazando a los candidatos del establishment, los vientos soplan ahora para el otro lado. Jamaal Bowman ingresó como diputado nacional por DSA. Sus coqueteos con organizaciones sionistas llevaron a una crisis nacional a la organización, con sectores de base que mocionaban su separación o sanción por esa causa. Ahora, fue derrotado en la primaria demócrata por un candidato del aparato partidario gracias a una inversión récord de parte de fondos sionistas que preferían un representante directo y no uno con lealtades divididas. Ocasio-Cortez, la diputada estrella de la organización, recibió la quita del apoyo electoral de la dirección nacional de DSA por votar resoluciones en el Congreso favorables a Israel y a su campaña militar contra Palestina. El proyecto de disputar o reformar por izquierda al imperialista Partido Demócrata ha terminado en un desastre. 
 La elección 2024 en Estados Unidos está dominada por los enemigos de la clase obrera local y mundial. Pero se han puesto en marcha enormes fuerzas. En las huelgas y procesos de sindicalización. En el movimiento contra el genocidio en Palestina. En movimientos raciales y de género que hoy han sido en gran medida desmovilizados por los demócratas, pero inevitablemente resurgirán frente a las ofensivas. Es urgente la organización de una alternativa política independiente de la clase obrera frente a las opciones del capital imperialista decadente. En ese camino, el frente único en defensa de todas las reivindicaciones obreras y populares y la oposición total a la política militar imperialista en Ucrania, Palestina y Taiwán es estratégica. 

 Guillermo Kane

Del atentado contra Trump a la renuncia a la candidatura presidencial de Biden


La decadencia de Estados Unidos y el fascismo.

 Una semana después del intento de asesinato de Donald Trump, Joe Biden cedió a la presión para que renuncie a la reelección presidencial. Cuando falta un poco más de cien días para las elecciones, la política norteamericana ha entrado en un terreno desconocido. Esto ocurre cuando la principal potencia capitalista escala la guerra en el Medio Oriente y en Ucrania. Biden reafirmó la intención de finalizar su mandato, a finales de enero de 2025. Trump, en cambio, pidió que haga efectiva su renuncia al gobierno de inmediato. 
 Aunque Biden mostró evidencias de incapacidad para un último mandato, lo que lleva a este desenlace es eminentemente político. La semana que viene está prevista la visita del criminal de guerra Benjamín Netanyahu, por invitación del Congreso norteamericano, la que intentará aprovechar para ignorar a Biden y ganar terreno para su política de expulsión del pueblo palestino y anexar a Gaza y a Cisjordania. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ya tomó sus precauciones y llamó a Trump para felicitarlo en forma personal por su nominación presidencial por parte del partido Republicano. La burguesía norteamericana ha tomado sus distancias de la “política industrial” de Biden, que ha acentuado un gran agujero fiscal y multiplicado la deuda pública de Estados Unidos. El crecimiento del empleo e incluso el aumento del consumo han sido obtenidos a cambio de una caída o estancamiento del salario real y de un aumento del llamado “efecto riqueza”, que ha hecho crecer el gasto personal de la gran burguesía y los estratos altos de la clase media. Cuando aún era incierto el abandono de la candidatura a la reelección de Biden, las compañías tecnológicas de Silicon Valley anunciaron, encabezadas por Elon Musk, el respaldo a la disminución de impuestos a las ganancias corporativas que impulsa Trump. La corporación judicial ha intervenido para apoyar a Trump con la anulación de numerosas causas en su contra y en especial con la absolución ‘de facto’, votada por la Corte Suprema, por su participación en el golpe de estado de enero de 2021.
 Estados Unidos constituye, desde hace un tiempo, el laboratorio excluyente del fascismo internacional. En esa dirección apunta la persecución a la población inmigrante que impulsa Trump y la prolongación de los muros en la frontera con México, con apoyo del gobierno mexicano. La demagogia de la seguridad que impulsa toda la tropa trumpista no tiene otro propósito que establecer un estado policial. En cuanto a la guerra mundial, Trump reforzará el gobierno de limpieza étnica del sionismo, en tanto que sus planteos acerca de un acuerdo con Putin sobre Ucrania flotan en la nebulosa. Trump no se propone reconocer la partición de Ucrania en beneficio de Rusia, sino blandir un acuerdo de seguridad con Putin a cambio del retorno de las tropas a Rusia, a expensas de los intereses del imperialismo alemán y francés.
  El partido Demócrata, atado a los intereses de Wall Street, se ha embarcado en la selección de un sucesor. Esto podría paralizarlo por un buen tiempo, a riesgo de una división. El período tumultuoso que se avecina pondrá a prueba la capacidad de Biden y de los demócratas de llegar al final del mandato. La victoria de Obama en 2008, en medio del estallido de la crisis financiera de las hipotecas, reclamó un cogobierno con George Bush, hasta el cambio de mando en enero siguiente. La decadencia histórica de Estados Unidos se manifiesta por todos los poros. Atraviesa una forma de guerra civil larvada y un estado prefascista. Una parte de la burocracia de los sindicatos ha pasado a acuerdos con Trump y es lo que podría ocurrir con buena parte del resto. Los déficits cognitivos de Biden evocan el debilitamiento histórico del imperialismo yanqui. 

 Comité Editorial 
 Política Obrera
 21/07/2024

El regreso del impuesto al salario, con menos exenciones


Se aplicará sobre el aguinaldo, las horas extras y los premios por productividad. 

 A partir del pago de los sueldos de julio, entrarán a regir los cambios en el Impuesto a las Ganancias, redenominado "Impuesto a los Ingresos Personales”. Serán alcanzados todos los trabajadores solteros que cobren $1.800.000 de salario bruto mensual y desde $2,2 millones para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. 
 Este lunes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto reglamentario del ´paquete fiscal´ que aprobó el Congreso junto con la “ley Bases”. Mediante ese instrumento, el Gobierno derogó normativas anteriores que establecían exenciones sobre el aguinaldo, los ingresos provenientes de horas extras, material didáctico -incluidos en el recibo de sueldo de los docentes-, los viáticos de larga distancia y los bonos de productividad, que ahora volverán a incorporarse al cálculo del gravamen. 
Además, para descontar hasta el 10 % del gasto de alquiler, la operación deberá estar registrada en AFIP, lo cual depende del propietario del inmueble. La actualización por IPC de las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se efectuarán dos veces por año, a partir del 1 de enero y del 1 de julio respectivamente. Además se excluye al personal administrativo y directivo del concepto de "personal de pozo" en la explotación petrolera y gasífera para que sigan exentos del impuesto ingresos adicionales que reciben esos trabajadores. El encuadre restrictivo como “personal de pozo” deja en un limbo al personal afectado a la logística y el transporte de los obreros petroleros y a los trabajadores del enjambre de tercerizadas de servicios que también operan en los yacimientos o cercanías. La Patagonia tendrá un semestre caliente, además, porque los empleados de zonas patagónicas no tendrán el beneficio del 22 % del incremento de las deducciones personales, incorporado en el Senado, dado que no fue propuesto en la ley original de Diputados. En conclusión, a todos los empleados del país aplican las mismas deducciones y alícuotas sin tener en cuenta el costo de vida en cada zona, con excepción de Tierra del Fuego, donde siguen rigiendo los beneficios de la ley 19.640 y por lo tanto no tributan el Impuesto a las Ganancias (Clarín, 22/7).
 Se estima que unos 800.000 trabajadores volverán a pagar el tributo, pero podrían sumarse muchos más, en la medida en que se atrasen el mínimo no imponible o las escalas de la alícuota. El impuesto a las ganancias tiene un impacto severo sobre sectores estratégicos del movimiento obrero, como petroleros, bancarios, aceiteros, trabajadores del neumático y buena parte del transporte -fluvial, aéreo y terrestre- y la siderurgia, entre otros.
Este ataque al salario justifica sobradamente un frente único de organizaciones sindicales, seccionales y comisiones internas para desterrar de una vez y para siempre el ´impuesto al salario´ que el gobierno nacional y los gobernadores de todos los palos pretenden perpetuar. La iniciativa deberá surgir desde abajo o de los sindicatos involucrados, pero difícilmente provenga de la CGT, que ha colaborado activamente con el Gobierno. Su cúpula debatió el tema para concluir que no moverá un dedo. La ´resistencia judicial´ individual de los sindicatos no contará con el apoyo de la central, focalizada en rescatar al experimento libertario de una debacle financiera, política y social. 

Jacyn
22/07/2024

La colaboración de la CGT con el imperialismo norteamericano


EE.UU. reclama a Milei un pacto con la burocracia sindical 

 El sábado 20 le correspondió a La Nación revelar “la inédita articulación entre Estados Unidos, el FMI y la CGT”. Las frecuentes visitas de la burocracia cegetista a la embajada norteamericana en Buenos Aires, y también de la kirchnerista CTA (Roberto Baradel), bajo el gobierno de los Fernández, han cobrado un manifiesto carácter estratégico. Según describe la nota, los más altos funcionarios del gobierno de Biden como del FMI necesitan la colaboración de estas burocracias para que no descarrilen al gobierno de Milei —el ‘estallido social’— y, adicionalmente, “contener el avance chino en la región”.
 La intervención norteamericana que describe la nota de La Nación pretende que se convoque sin dilaciones el Consejo tripartito con la participación de la CGT, “los empresarios más poderosos del país y representantes del Gobierno”. La “articulación” que reclaman desde Washington cuenta con el protagonismo de la Secretaría de Trabajo, a la cabeza de Julio Cordero, cuyos “vínculos con Techint”, según La Nación, “se mantienen intactos”. Esta “articulación” es suficiente para explicar el inmovilismo de Abel Furlán, el secretario general “renovador” de la UOM, ante la parálisis de la paritaria de la siderurgia, que lleva ocho largos meses. O la rápida aceptación de un aumento del 3 % mensual por parte de UPCN, que dirige Andrés Rodríguez, cuando el salario real de los estatales ha caído un 26 % en seis meses. A quienes todo esto les ha pasado inadvertido es a los dirigentes del FITU que siguen reclamando a los trabajadores que le “exijan” un plan de lucha a la CGT que colabora con el imperialismo norteamericano contra la clase obrera en Argentina. Esta “santa alianza” entre la burocracia y el imperialismo es la base que sostiene al gobierno de Milei. A partir de esto, el gobierno actual representa un bonapartismo muy particular, porque en lugar de una alianza entre el gobierno y los sindicatos para frenar la presión imperialista (Perón) o una alianza de la burguesía y el imperialismo contra la clase obrera (sea Videla o sea Macri), se conjuga ahora un pacto entre el imperialismo y la burocracia para evitar una caída del gobierno de Milei, enjaular a los trabajadores y frenar el avance de China en la pelea por los mercados internacionales. 
 La “articulación” de marras, relata La Nación, se manifestó la semana que termina en las conversaciones de Gerardo Martínez y Andrés Rodriguez con una delegación del Congreso norteamericano que llegó con la reunión agendada. “Está el riesgo latente del caos social”, advirtieron los sindicalistas a los legisladores, para señalar temores compartidos. “Un mensaje similar”, dice La Nación, “había llevado hace algunas semanas el jefe de la UOCRA a Washington, cuando fue convocado por la subsecretaria para Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo, Thea Lee, quien unos días después recibió, por separado, al secretario de Trabajo de Milei, Julio Cordero. Se trata de una postal de cordialidad que es promovida y gestionada por Estados Unidos en tren de auxiliar a Milei… Un interés en su pelea geopolítica con China”, señala La Nación. “Lee bajó la misma línea... promover el diálogo social y reconocer la representación sindical”. Esta “representación” es la que debe reconocer Milei, y retirar los proyectos de ley que está elaborando Claudio Aquino, director de asociaciones sindicales, que eliminan el aporte sindical obligatorio. Ante una desmentida de Cordero acerca de este reclamo de Washington, señalado por Martínez, “un tuit de ayer de la embajada de Estados Unidos”, cuenta La Nación, “pareció darle la razón al sindicalista”. 
 El otro actor en este apuntalamiento de la CGT es el FMI. Luis Cubeddu, subdirector para el hemisferio occidental, tuvo un reciente contacto con los gremialistas para que no haya “quilombo social” y “no avancen inversiones chinas... El Fondo está preocupado, quiere garantías de que no va a haber un quilombo social”. La integración de la CGT a la política del imperialismo no es, sin embargo, de hoy: “El canal de intercambio entre los sindicatos y el FMI se abrió durante la gestión de Mauricio Macri y se reforzó en la de Alberto Fernández”. La trama viene de mucho más lejos, por supuesto, pero ha adquirido un nivel excepcional. 
 La articulación de la CGT y el imperialismo debe recibir toda la atención que se merece. Los dirigentes sindicales del FITU y los activistas sindicales de otras corrientes políticas, en este caso patronales, están atrapados por preconceptos y por el afán de escalar en el aparato sindical, como también ocurre en el parlamentario, o sea en el Estado. La CGT es una organización ‘obrera’ con muchas salvedades. Es un aparato de una burocracia altamente remunerada, en gran medida convertida en empresaria, que ejerce un poder de corrupción entre los trabajadores que recluta para sostener su política, y que enfrenta, por sobre todo, el temor a una rebelión obrera que pondría fin a todos sus privilegios y prebendas —la principal de las cuales es la protección que recibe del capital y del imperialismo-. Por su condición ‘obrera’ es necesario militar en los sindicatos como una oposición clasista, pero nunca confinar la militancia a ese terreno, en especial en una etapa de convulsiones sociales y políticas, que afectan y sacuden a las grandes masas. Gran parte del voto que Milei arrebató entre los trabajadores obedeció al desprecio profundo que estos tienen por la burocracia sindical. Es necesario profundizar ese desprecio, convertirlo en una conciencia de clase definida —no atemperarlo en función de una caracterización completamente abstracta y aparatesca-.
 La caracterización que escuchamos de una trabajadora acerca de la situación de la clase obrera – “nos metieron en una jaula y tiraron la llave”, es poderosamente ilustrativa. La CGT ha enredado a la clase obrera en un enorme aparato y se ha pasado a un pacto con Milei. La tarea estratégica en esta etapa histórica es desenvolver las fuerzas elementales de la clase contra el capital y desarrollar la conciencia de clase de sus luchadores —la “llave” para una acción independiente y conforme al actual momento histórico-. 

 Jorge Altamira 
 21/07/2024

domingo, julio 21, 2024

Cómo derrotamos a la ONG del Imperio

Milei sin respuesta a la encrucijada económica que está planteada


Javier Milei está fracasando en el terreno en el que prometía pisar fuerte. La economía del país no encuentra un rumbo. El riesgo país se acerca a los 1.600 puntos, el dólar paralelo por encima de los 1.400, la brecha entre el oficial y el ilegal llega al 60%, las reservas del Banco Central se pulverizan y el gobierno cierra junio vendiendo más dólares de los que compró. El salario y las jubilaciones están en niveles históricamente bajos, la indigencia se duplicó y subió la desocupación en medio de un plan recesivo que no parece tener fin. 
 En este cuadro el gobierno hace anuncios que se perfilan como el último cartucho que tiene Luis Caputo para no terminar eyectado frente a su incapacidad para conseguir dólares. La baja de la brecha con el “contado con liqui” duró menos de 24 horas. Durante el miércoles 17 el dólar volvió a subir y la presión devaluatoria se incrementó. En este camino se inscribe la nueva crisis de gabinete que terminó con la eyección del segundo asesor económico en pocos días. Teddy Karagozian, el presidente de la cámara de empresarios de la vestimenta, que fue un entusiasta militante de Milei en la campaña electoral, fue expulsado luego de afirmar que el plan anunciado hace aguas y que el dólar debiera estar por encima de los $1.500, entre otras cuestiones.
 En medio de este escenario crítico y teniendo en cuenta la reforma laboral aprobada con la Ley Bases y el paquete fiscal, resulta insultante la disposición al pacto de parte de la dirigencia sindical de la CGT que se reunió con el CEO de Paolo Rocca, actual secretario de Trabajo, julio Cordero, mientras arrecian los despidos en el Estado, en el Sutna se suman recursos preventivos de crisis truchos para atacar a los trabajadores, en Personal, Aerolíneas y sectores del Estado impulsan los retiros voluntarios y miles quedan sin trabajo en el sector más precarizado del campo laboral. Poner en pie listas antiburocráticas y sacarse de encima a la traidora conducción cegetista y ctaista es una tarea central para que el movimiento obrero pueda irrumpir en el escenario de la crisis actual. 

 Las presiones devaluacionistas 

La crítica del FMI al gobierno provienen de una férrea defensa de los intereses que ese organismo representa. Cada dólar que recaude la argentina debe ir a pagar al cumplimiento de la deuda con el FMI. Frente a las declaraciones de CFK y de otros opinólogos sobre el curso de la crisis actual es bueno recordar que la principal causa de la falta de dólares en nuestro país es la fuga de parte de empresarios y el pago al FMI, que el gobierno anterior cumplió a rajatabla, como todos los gobiernos. 
 La estimación inflacionaria de julio ya hizo sonar las alarmas del gobierno ya que se encuentra por encima de la de junio, que fue mayor a la de mayo. La inflación medida semanalmente correspondiente a la segunda semana de julio llevó al gobierno a frenar los tarifazos nuevamente porque claramente teme una disparada. El cóctel bajo estas condiciones es explosivo. El gobierno a su vez está presionado por el FMI y por la burguesía exportadora que busca que se opere una nueva devaluación de manera inmediata.
 El problema del gobierno no es solo el impacto negativo de una devaluación que ya rechazó en varias declaraciones públicas, sino que es incapaz de frenar la espiral devaluacionista que lleve a repetir en loop el incremento de la brecha, la devaluación y el nuevo incremento de brecha más otras devaluaciones. Estos fracasos se vuelven más estridentes cuando se tiene en cuenta que Milei está aplicando la motosierra y la licuadora a fondo o sea que no puede echar culpas a la gradualidad en la aplicación de políticas como ocurriera con el gobierno de Mauricio Macri.
 El “mago de las finanzas”, junto al autoproclamado “futuro premio nobel de economía”, tienen una sola carta bajo el brazo que no es ni de conocimiento de la economía ni se debe al expertise de los que gobiernan hoy el país. Solo esperan que gane Donald Trump y que se apiade de Milei y le preste más dólares. Con este “plan” el gobierno necesita sostener esta realidad al borde de la explosión hasta al menos febrero del año próximo, ya que las elecciones de Estados Unidos son recién en noviembre de este año. 
 No es menor señalar que Milei prometió una salida rápida a la crisis, con dolarización y sin intervención estatal. Por el contrario, las medidas que se han tomado representan una brutal intervención estatal que hasta sus exaliados más recientes como Carlos Rodríguez le hacen notar. El límite a la emisión monetaria viene luego de haber expandido fuertemente la base monetaria durante los siete meses de gobierno. A su vez, la política fundamental del gobierno pasa por la fuerte intervención del Banco Central, un organismo que Milei prometió que iba a implosionar no bien asumiera. Lejos de acercar a la economía a la dolarización prometida, el gobierno revaluó el peso durante estos meses. La promesa de que con una operatoria de compra venta de dólares va a nutrir al central de los dólares que se necesitan para afrontar todas las variables económicas que exigen pagar en esa moneda, es simplemente un disparate a esta altura. 

 Las mentiras de Milei 

Milei mintió en su campaña, cuando vistió de atractiva a una política económica reaccionaria: vouchers educativos y en salud, dolarización de la economía, expulsiones en el Estado explotando el manejo clientelar que otros gobiernos tuvieron del mismo. Nada de esto ocurrió: echó del Estado a infinidad de gente idónea en lo suyo, no ahorró prácticamente nada en este rubro en lo que respecta a la recaudación fiscal, la dolarización no existe ni existirá porque requiere de un volumen de dólares que no ha sido capaz de juntar. Su ascenso al poder no generó ningún impulso empresarial a invertir en el país, de la única inversión que se habla es la de la empresa malaya Petronas junto a YPF, que es anterior al ascenso de Milei. El fracaso es muy grande.
 Milei también le mintió a la población empobrecida ya harta de las mentiras gubernamentales, llevando a su gobierno a destacados integrantes de la casta política. Tampoco abre la boca sobre la corrupta y privilegiada casta judicial, mientras impulsa una integración de la Corte Suprema en acuerdo con el bloque peronista kirchnerista del Senado. El grado de estafa que maneja Milei para con sus votantes y para con la mayoría de los que emitieron su voto para cambiar las cosas no tiene límites. 
 Una parte central de la campaña política de Javier Milei pasa por colocarse en un campo de defensa fanática del capitalismo y, al mismo tiempo, en defenestrar al Estado (capitalista). La operación política es clara: para imponer su plan de beneficio a una treintena de millonarios argentinos y a los intereses políticos y empresariales representados por el imperialismo yanqui, necesitaba modificar el régimen político capitalista, violentar sus recursos tradicionales y forzar la mano sorteando leyes y normas constitucionales. Tanto el DNU 70/23 como la Ley Ómnibus y el paquete fiscal son normas que violentan la institucionalidad capitalista para obtener recursos más rápidos, claros y mejores en defensa de la recaudación patronal de un puñado de empresarios extranjeros y locales y de una brutal transferencia de recursos de la clase trabajadora hacia una parte de la clase capitalista. 
 Las ganancias empresariales en el primer trimestre del año fueron siderales, particularmente entre patronales que apostaron fuerte por su gobierno como es el caso de su expatrón, Eduardo Eurnekian.
 Estas ganancias son el fruto de un trasvasamiento de recursos fabuloso desde la clase trabajadora hacia esos empresarios. Mientras esto ocurre, el mercado laboral argentino se retrae por la recesión. Unas 400 mil personas perdieron sus puestos de trabajo entre el sector privado registrado y el no registrado. Los salarios se derrumbaron. La indigencia se duplicó. La asistencia a los más necesitados desapareció. 

 La salida es derrotar a Milei y a los gobiernos provinciales del ajuste y la represión 

Para garantizar este atropello el gobierno se dedica a reforzar la función represiva del Estado impulsando la cacería a manifestantes, las detenciones como las que mantienen tras las rejas desde hace un mes a Daniela y a Roberto por haber participado de la manifestación del 12 de junio contra la Ley Bases. 
 También trabaja junto a operadores judiciales y mediáticos en demonizar al sector social que ha manejado una ínfima suma del presupuesto de asistencia social de este país (1,5%) pero que se ha destacado por no haber dejado de luchar nunca contra el hambre y la miseria impulsados por las castas empresariales y políticas que hoy Milei cobija a la sombra de su poder. 
 En el plano de la vulneración de las libertades democráticas y a 30 años del atentado impune de la Amia, refuerza los servicios de inteligencia rehabilitando una Side con los viejos componentes que participaron del encubrimiento del atentado más terrible contra la comunidad judía que se viviera en nuestro país. Con instrumentos políticos como el de un manejo mercenario de las redes sociales, la rehabilitación política de militares y con la represión, el gobierno pretende imponer su plan de guerra contra las mayorías populares. 
 Este plan puede ser derrotado: hay que romper con la parálisis que promueven la CGT y el peronismo entre los sectores populares y salir a unificar las luchas contra el hambre, los despidos y la vulneración de las libertades democráticas. Derrotar al gobierno requiere de una intervención decidida de la clase obrera, su irrupción organizada en esta crisis política y económica con sus propios reclamos y reivindicaciones, defendiendo sus condiciones de vida y sus derechos. Eso es lo que hay que preparar. Para ello, en agosto habrá decenas de asambleas de trabajadores y jóvenes luchadores impulsadas por el Partido Obrero, a lo largo y ancho del país. 

 Vanina Biasi