miércoles, octubre 28, 2026

La victoria en Brasil también fue digital


La movilización digital no sustituyó al contacto directo, sino que lo acompañó 

 Las calles de Brasil se llenaron de banderas rojas mientras millones de personas seguían en sus teléfonos el desenlace de unas elecciones históricas. Luiz Inácio Lula da Silva consiguió este domingo 25 de octubre una victoria que parecía improbable tres semanas antes. Con aproximadamente el 51,8 % de los votos, derrotó a Flávio Bolsonaro, quien le había aventajado en más de 2,2 millones de sufragios en la primera vuelta. La remontada tuvo muchos protagonistas, pero uno merece especial atención: la comunicación. 
 «Histórico. No tienes idea de lo grande que es esta victoria. Vivir con la gente en las calles, en los medios, contra Meta, contra Google», expresó Renato Rovai, director de la revista brasileña Fórum. Su mensaje resume la dimensión de una batalla que trascendió los mítines y las urnas. La disputa también se desarrolló en WhatsApp, Instagram y otras plataformas, en las que los algoritmos –sistemas que deciden qué publicaciones aparecen primero y cuáles reciben mayor visibilidad– influyen sobre la circulación de la información política. 
 La campaña de Lula llegó a la segunda vuelta con problemas reconocidos por sus propios dirigentes. Después de la votación del 4 de octubre, el Partido de los Trabajadores revisó su estrategia para explicar mejor las consecuencias sociales y económicas de las propuestas electorales. La prensa brasileña documentó también un giro hacia internet. Pero el fenómeno más interesante ocurrió fuera de las estructuras oficiales. Associated Press informó el 22 de octubre que las publicaciones en las plataformas sociales relacionadas con Lula habían acumulado unos 200 millones de interacciones desde el 5 de octubre, frente a 54 millones de su adversario. Surgieron iniciativas como Bora Lula, dedicadas a coordinar actividades territoriales y producir contenidos locales.
 El diputado André Janones impulsó, además, un canal de WhatsApp denominado «Exército do Lula», que llegó a superar los 10,8 millones de seguidores. El presidente brasileño reconoció especialmente en la noche del domingo estas iniciativas y aseguró que «la comunicación digital va a tener un espacio muy grande en nuestro próximo gobierno». 
 Aquello convirtió los teléfonos móviles en espacios de organización colectiva. Los simpatizantes compartían videos, multiplicaban mensajes y daban visibilidad a las concentraciones callejeras. La movilización digital no sustituyó al contacto directo, sino que lo acompañó. Esa articulación resulta especialmente relevante, porque durante años los sectores vinculados al bolsonarismo habían desarrollado importantes redes de activismo digital.
 La disputa involucró también a las grandes empresas tecnológicas. 
 Circularon numerosas denuncias de restricciones a contenidos y publicidad de Lula en Instagram, mientras organizaciones civiles cuestionaban la transparencia de Meta. La controversia reveló el gravísimo problema de que las plataformas privadas poseen un enorme poder sobre la visibilidad del debate público.
 La victoria de Lula no puede explicarse únicamente por la comunicación. También fueron decisivas la movilización popular, la participación electoral y las expectativas sociales. Pero Brasil deja una lección: la política y la comunicación van de la mano, y subestimar esa relación es desconocer una dimensión fundamental de la disputa por el poder en un mundo signado por la virtualidad. Las redes digitales son hoy un territorio dominado por los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas, pero esa hegemonía puede chocar un buen día con la capacidad de organización ciudadana y perder la batalla por la atención, la influencia y el sentido común de una sociedad. Comunicar no es solo difundir la política, sino participar y organizarnos. 

 Emilia Reed, especial para Granma | internet@granma.cu 
 26 de octubre de 2026 19:10:09

La Bolsa de São Paulo sufre las consecuencias de la derrota de la ultraderecha


Luego del reconocimiento ritual al cuarto mandato ganado por Lula, la prensa internacional ha dedicado sus informaciones y comentarios al derrumbe de la Bolsa de São Paulo; a la devaluación del real y a las ventas de bonos del Tesoro brasileño, que se tradujeron en una suba a la tasa de interés y del llamado riesgo país. Las acciones de las empresas cotizantes cayeron un 17%, en promedio, y las del banco Pactual, por caso, más de un 25%. La conclusión preestablecida acerca de lo ocurrido es que la burguesía le habría bajado el pulgar al todavía no designado nuevo gobierno de Lula, por su supuesta política de gastos sociales y el poco margen que tiene para reducirlos. Los operadores del Bovespa habrían recibido con el mayor entusiasmo, en cambio, el Tesouraço prometido por Flavio Bolsonaro –la motosierra para el país vecino. Ahora, Lula debería recoger el ‘mensaje’ de los inversores y designar un ministro de Finanzas que ‘tranquilice’ a los mercados, para el que suena Gerardo Alckmin, el vicepresidente reelecto del Frente Brasil Popular. Para el Consejo Editorial del Financial Times, Lula debería reconstruir una coalición con la derecha que se diferencia del partido Liberal de Bolsonaro. En Brasil, sin embargo, las coaliciones no se edifican en base a programas políticos sino a un intercambio de prestaciones, de modo que acaban naufragando cuando más se las necesita. 
 Hay que advertir, por lo pronto, que el derrumbe bursátil no encierra los ‘mensajes’ que se le atribuyen, sino que es el resultado del fracaso las apuestas especulativas realizadas en la segunda vuelta electoral, que apuntaban a una valorización de acciones y bonos, porque descontaban la victoria de Bolsonaro junior. Como ocurrió lo contrario, los especuladores se han tenido que deshacer de los contratos de compra de futuros, para amortiguar las enormes pérdidas contraídas por esa desafortunada especulación. Ni el banco Ponctual ni el Do Brasil sufrieron daño alguno, sí lo sufrieron quienes se endeudaron para comprar a futuro las acciones de esos bancos y venderlas a un precio mayor con una victoria del pichón de fascista. Las declaraciones de Trump posteriores al comicio, de que no se habría metido en las elecciones brasileñas, solo podrían tener de cierto que no participó en ese mercado comprador; no habría puesto un dólar propio por Bolsonaro. El derrumbe del Bovespa no es entonces un golpe financiero contra Lula sino un golpe contra los especuladores de bolsa de parte de un resultado electoral desfavorable no advertido a tiempo. Como ha ocurrido profusamente en Argentina, bajo los gobiernos de Macri y de los Fernández (y, más atrás, bajo Alfonsín, o con el desplome de la convertibilidad), los perjudicados reclamarán compensaciones por los ‘daños colaterales’. Ha quedado expuesta la vulnerabilidad de la Bolsa de São Paulo al flujo del capital extranjero, aunque la inmensa mayoría de los inversores, en acciones y deuda pública, son nacionales y populares. El Bovespa, presentado como un vigilante de Lula, ha sido, en realidad, la segunda víctima de las elecciones del domingo 25 después de Flavio Bolsonaro y la corriente ‘miliciana’. La tutela bursátil de las finanzas y de la economía se está viniendo abajo por todo el desarrollo de la presente crisis mundial. 
 Los 50.000 millones de dólares a los que habría recurrido Lula en gasto social, en el segundo turno, como le reprochan los diarios financieros, no fueron tales, y fueron compartidos por el Congreso e incluso por Bolsonaro, que votó a favor, en el Senado, de la reducción de la semana laboral. Lula adelantó el pago de la Bolsa Familia, pero no modificó su alcance; sí alivió a los bancos, al reconocerles el derecho a cobrar el 10% de los préstamos que habían declarado como definitivamente perdidos. Brasil no tiene un déficit primario elevado, apenas el 1% del PBI; sí lo es cuando se computan los intereses de la deuda –lo que lleva el déficit fiscal a un 9%. Necesita aplazar o anular el pago de intereses, no cortar gastos sociales. Cuando Milei ya tiene un pie en el cadalso como resultado de una política deflacionaria, la recomendación para que la siga Brasil resulta suicida o, por lo menos, controvertida. La cuestión del gasto social, como ocurre con los salarios y las condiciones de trabajo, constituye un problema político de fuerza entre las clases –no está regida por un pseudodeterminismo economicista. Llegado a un determinado punto, plantea en forma directa una cuestión de poder.
 La trayectoria política de Lula ha sido de un invariable compromiso con el capital. Llegó al gobierno por primera vez en 2003, luego de haber firmado el programa del FMI en su condición de candidato. Enseguida entregó el Banco Central a un hombre del Bank of Boston: Luis Meirelles, luego de un acuerdo en Punta del Este con William Rhodes, el jefe entonces del Citibank. Hasta la aparición de las inversiones de China, Brasil oficiaba como una sucursal de la banca norteamericana. Ahora tiene un conflicto de tarifas con Estados Unidos. 
 El Bovespa se atribuye la dirección política de Brasil, acompañado por un directorio libertario del Banco Central, y un comité de política monetaria, que ha convertido a Brasil en un esquema Ponzi gigantesco (ofrece pagar intereses elevados para poder cancelar deuda contraída). La deuda financiera y bancaria interna se encuentra entrelazada con la deuda pública, externa e interna. Lula se encuentra, como nunca, atenazado por el Bovespa, por un lado, y una masa imponente que tomó la decisión de dar vuelta la taba en la segunda vuelta, sin un compromiso con el gobierno del Frente Brasil Popular. Una parte del Bovespa descartó el apoyo a Bolsonaro hacia el final del segundo turno, como lo hizo la misma derecha, cuando Bolsonaro anunció una intervención del Poder Judicial y una reforma constitucional, que habrían desatado un conflicto social y político en toda la línea. El cuarto mandato de Lula será de una intensificación excepcional de la lucha de clases. 

 Jorge Altamira 
 27/10/2026

El ICE entrenará a las fuerzas de seguridad federales en Argentina


A través del vocero presidencial, Adrian Ravier, el gobierno nacional dio a conocer que miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas norteamericano, más conocido como ICE, entrenarán a las fuerzas de seguridad federales. 
 El último anuncio de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, en noviembre de 2025, fue la creación de un organismo autónomo, para “combatir el narcoterrorismo y los nuevos delitos”, la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), reconvertida, a comienzos de 2026, en Agencia de Seguridad Migratoria (ASM). La creación de la agencia antinmigratoria estuvo precedida por la visita al país, en julio de 2025, de Kristi Noem, ex secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, conocida como la “caza inmigrantes” por su dura política en materia migratoria que llevó adelante mientras era funcionaria trumpista.
 La ASM libertaria fue proyectada para transformar el control de los flujos migratorios de un carácter puramente administrativo a un perfil enfocado en la “seguridad nacional y el combate del crimen organizado”. En su momento la ASM fue presentada por el gobierno como un instrumento para el “blindaje territorial”, al que se arribaría con la creación de una policía fronteriza, adaptando el modelo de control de la US Border Patrol (Patrulla Fronteriza de los EE.UU.). Entre las principales “funciones” de la ASM se encuentran el “combate del crimen transnacional”, los cruces de las bases de datos y la identificación de perfiles. Todo este andamiaje tiene como corolario la profundización de las deportaciones.
 Los liberticidas, al pasar del ámbito civil al de seguridad la cuestión migratoria, sumaron un nuevo engranaje al aparato represivo, lo que se tradujo en redadas en el AMBA, en los que agentes de la Policía Federal escoltan a los civiles de migración, llevando adelante una lógica de “frontera interna”.
 El “programa integral de formación” a cargo del ICE estará dirigido a agentes encubiertos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En su alocución en la Casa Rosada, Ravier precisó que los contenidos operativos fueron evaluados y certificados por el Homeland Security Investigations (HSI), la rama investigativa del ICE, y que el plan académico y práctico busca fortalecer los recursos técnicos del personal abocado a tareas de infiltración e investigación en el marco de la Ley 27.319 de Delitos Complejos (Border, 20/10).
 Según han dejado trascender desde el gobierno, la instrucción contemplará módulos específicos sobre negociación táctica, tiro defensivo en situaciones de riesgo, supervivencia operativa, manipulación y neutralización de explosivos, identificación de armamento utilizado por células terroristas y doctrina de contrainteligencia para repeler actividades de inteligencia hostiles (ídem). A simple vista se puede observar que el entrenamiento se encuentra al servicio de los objetivos estratégicos de EE.UU. en la región, que utiliza la cantinela del “narcoterrorismo” para intervenir abiertamente en América Latina. 
 Entre las novedades operativas se encuentra la instrumentación de un nuevo protocolo estandarizado de extracción de agentes encubiertos que actúen en terreno, cuando estos se encuentren en escenarios de peligro inminente o ante una posible vulneración de la identidad. 
 La colonización de las fuerzas de seguridad federales es camuflada por el gobierno como una simple intervención del ICE que se limitará a la auditoría y certificación técnica del programa académico llevado a cabo por HSI. Desde el Ejecutivo se encargaron de precisar que la capacitación del ICE no altera la cadena de mando de las fuerzas de seguridad nacionales. 
 Dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, durante el segundo gobierno de Trump, el ICE se convirtió en uno de los pilares claves de la represión interna. 
 El ICE es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y es una de las piezas fundamentales en el plan del trumpismo para llevar adelante una de sus promesas electorales: las deportaciones masivas. Sus oficiales, integrados en la unidad de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (EDC), han llevado adelante razzias masivas centradas, en especial, en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. Pero las masivas protestas y la oposición social forzaron al gobierno federal a una recalibración en sus planes, pasando a un “enfoque silencioso”, bajo la dirección de DHS, lo que llevó a una disminución en la participación del ICE, siendo derivado a detenciones en oficinas de control migratorio, aeropuertos y otras dependencias. Pese a la menor visibilidad mediática de las grandes razzias callejeras, los arrestos aumentaron. Un informe del Migration Policy Institute (MPI) reveló que los arrestos en el interior del país pasaron de representar el 28% de las deportaciones en 2025 al 39% para julio de 2026, alcanzando picos de casi 50.000 detenciones mensuales.
 Según un informe de la CNN de febrero de este año, los agentes del ICE reciben mucho menos entrenamiento que casi cualquier otro funcionario federal que porta una placa y un arma, incluso menos que el personal encargado de investigar el contrabando de animales exóticos y el fraude de odómetros (modificación intencional del kilometraje de un vehículo). Esto se da cuando los límites de edad y otros requisitos para convertirse en funcionarios de la banda antimigración se han reducido, lo que se traduce en un mayor despliegue y con mayor rapidez (CNN, 26/2). 
 La brutalidad que históricamente ha caracterizado a las fuerzas represivas argentinas se va a ver reforzada con los métodos brutales utilizados por el ICE en los EE.UU. contra los trabajadores migrantes. 

Lucas Giannetti
 27/10/2026

¿Milei ya fue?


Si algo ilustra el desconcierto que atraviesa el gobierno ha sido la arenga de Milei en la reunión de gabinete de este lunes, convocando a la plana mayor del oficialismo a "cerrar filas detrás del plan económico" y a juramentar que no se apartaría "ni un milímetro" de ese esquema (La Nación, 27/10). En las mismas horas, tras el triunfo de Lula en Brasil, el riesgo país se disparaba de 700 a 750 puntos básicos y "Toto" Caputo salía a hacer frente a una nueva corrida contra el peso vendiendo al menos 100 millones de dólares del Tesoro en una sola jornada. Es sólo un botón de muestra: el gobierno sigue vendiendo divisas a futuro y acumula compromisos por 2.140 millones de dólares (en pesos). 
 Patricia Bullrich se retiró de la reunión antes de que empezara. El viernes había participado de la cena de la Fundación Faro. “Una noche de ideas y de libertad con el Presidente Milei”, posteó entonces. El domingo, 48 horas después, llamó a LN+ para describir que Milei "había cruzado un límite" al pedir la hoguera para los periodistas que investigaron su rol en el fraude $Libra. 
 La postal ilustra un debate de fondo en la burguesía en torno al programa de Milei-Caputo. Estos habían acordado con el FMI un sistema de "bandas cambiarias" pero mantienen forzadamente el valor del dólar en la franja inferior, en torno a los 1.550 pesos, cuando el techo se ubica en 1.950. Es una brecha del 30%. La corrida al dólar es incesante, apenas disimulada por la disponibilidad de dólares del comercio exterior y un saldo favorable récord. Para financiarse sin recurrir a la emisión, Milei-Caputo mantienen en coma inducido a la actividad económica sosteniendo tasas de interés elevadas. Cualquier tentativa de reducirlas, como ya ha ocurrido, dispara el desarme del ´carry trade´ y los pesos liberados corren al dólar. A pesar del recorte catastrófico del llamado gasto social, el gobierno no cuenta con financiamiento externo: el ´mercado´ le impone tasas de default. Ha recurrido entonces a complejas operaciones con bancos privados que resienten todavía más su reputación financiera. 
 Las giras de negocios de Milei y Caputo no han servido para otra cosa que para poner de manifiesto que el capital financiero les ha bajado el pulgar. El ´plan financiero´ de Caputo fue desautorizado de manera brutal. La enésima ´ratificación´ del programa económico desprecia cualquier alternativa a la opción de mantener el dólar artificialmente bajo para abaratar el costo del pago de la deuda y pasar la motosierra por el gasto público. El fracaso es elocuente. No sólo no ha mejorado un ápice la cotización de la deuda argentina, sino que su resultado es un derrumbe de la actividad económica y del empleo, jubilaciones de 450.000 pesos y la caída en picada de la recaudación. Al cabo de tres años de programa ´libertario´, el gobierno marcha inexorablemente a un default.
 La elección brasileña ha sido un masazo para el gobierno de Milei. Pasó de aspirar a liderar la ´ola azul´ sudamericana al ostracismo. A diferencia del argentino, sus aliados de derecha no vacilaron en reconocer el triunfo del PT, incluido Mauricio Macri. La recuperación de Lula -sumó 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta- contrastó con las victorias ´por un pelo´ de la derecha y la ultraderecha en Colombia y Perú, a las que se suman el derrumbe en las encuestas del chileno Kast y la convulsión social en Bolivia.
 El gobierno ha caído en el inmovilismo. Su agenda parlamentaria se diluye. La "reforma política" se posterga indefinidamente. En parte, porque los gobernadores le retacean los votos y le han dado la espalda a buena parte de las pretensiones del gobierno, como lo demuestra el desdoblamiento electoral de todos los distritos con excepción de Catamarca. La asociación con las mineras les ha dado a los mandatarios de las provincias mayor autonomía. Por citar un caso, en un acuerdo catalogado de "inédito", la minera Vicuña adelantará 250 millones de dólares de regalías para obras en San Juan. Pero hay otra cuestión de peso: en el oficialismo tampoco logran ponerse de acuerdo si mantener las PASO les conviene o no. 
 La "mesa" del PJ conformada por Máximo Kirchner, Kicillof, Massa, Olmos y los gobernadores, ha comenzado una tarea preliminar. Tienen presente el ´modelo Lula´, es decir una alianza con un sector de la derecha tradicional como podrían ser partes del PRO y de la UCR. Es la propuesta que le acercó, un año atrás, Pichetto a Cristina Fernández a San José 1111. Las consultoras evalúan las chances de un ´frente anti Milei´, precisamente, a la luz de lo ocurrido con Bolsonaro. La burguesía comenzó a repartir huevos en diferentes canastas. Así como Paolo Rocca alienta una candidatura de Bullrich, José Luis Manzano -propietario de AySA y Edenor- no tuvo empacho en mostrarse con Kicillof en Nueva York.
 El proyecto libertario está tardíamente cuestionado. La clase capitalista incluso sospecha que podría arrastrarla a una catástrofe política. No pasa desapercibido que huelgas vigorosas de docentes, profesores universitarios, trabajadores del subte y residentes de salud, pasaron por alto las declaraciones de ´esencialidad´ y se pasaron por el traste la garantía de prestar de ´servicios mínimos´. La capacidad de ´contención´ de la burocracia sindical está cuestionada por su irreversible divorcio de las demandas de los trabajadores.
 Las concurridas concentraciones que reclaman por el presupuesto universitario y la asistencia a la discapacidad, así como la cada vez mayor predisposición combativa de los manifestantes, irán creciendo. 

 Jacyn 
 27/10/2026

martes, octubre 27, 2026

Si Cuba fuera un estado fallido la Revolución habría colapsado

Caso $Libra: Impunidad a granel


Milei y sus socios en la estafa $Libra.

 El juez Marcelo Martínez Di Giorgi decidió con un fallo sobreseer a Milei, a su hermana Karina Milei y también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis. Todos los cuales estaban implicados en la llamada causa $Libra una estafa de centenas de millones de dólares producida con una operación con criptomonedas. El papel de cada uno de ellos en esta operación fue documentado sobradamente y el de Milei en particular fue central porque para que la estafa funcionara él debía propagandizar la operación, utilizar su ascendiente como presidente de una Nación para darle más credibilidad, y atraer así interesados en especular, cosa que hizo y que luego deshizo, provocando un escándalo mayúsculo. Las evidencias de que a cambio de ello recibió una compensación económica también fueron ofrecidas a la justicia. 
 Ni el fiscal Taiano, ni el juez quisieron profundizar en las pruebas ofrecidas, que abrieron una trama más profunda de hechos de corruptela que involucran al presidente, su hermana y los hoy sobreseídos Novelli, Terrones Godoy, Morales, etc. sobre quienes pesaban pruebas aún más contundentes pero que debían ser salvados como un solo paquete. No solamente no quisieron profundizar con las pruebas, ni siquiera los llamaron a indagatoria, además la maniobra se vio venir con toda claridad cuando se dejó fuera a los particulares damnificados, una decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, con el aval de la Cámara Federal (Sala I), que hizo lugar a los planteos de la defensa de Novelli y compañía y apartó a los inversores que actuaban como parte querellante, ahora sostienen que asumieron voluntariamente los riesgos de operar en un "mercado de criptomonedas no regulado y de alta volatilidad". 
 Toda la trama del caso $Libra confirma el sometimiento de la Justicia a las necesidades políticas del gobierno de turno. La resolución del juez Martínez Di Giorgi y el comportamiento del fiscal es una operación política de la primera a la última de las acciones. Lejos de la reclamada justicia independiente se ha profundizado el sometimiento de la misma, por eso Milei logró un sobreseimiento en tiempo récord. No hay que olvidar que la reconfiguración de la justicia que el gobierno de Milei está ejecutando tiene como principal sostén el acuerdo en el Senado del bloque del PJ y particular del kirchnerismo, que por ejemplo votó el ascenso de los jueces de Lago Escondido. 

 Milei es Torquemada 

Milei aprovechó el favor del juez Martínez Di Giorgi para salir a cazar periodistas y promover que sean mandados a la hoguera, tal como actuaba la Santa Inquisición bajo la inspiración del fraile Torquemada. En medio de exabruptos, insultos, etc. es lo que ha propuesto para varios periodistas que escribieron o informaron sobre su participación en el caso $Libra.
 Los exabruptos estuvieron en las palabras pero no son el resultado de que se le "soltó la cadena". El gobierno busca establecer una persecución judicial de todos aquellos que lo critiquen, es lo que está en el proyecto de ley de "Soberanía Nacional". Hay que repudiar e impedir el ataque de Milei a los periodistas, es una atentado a las libertades públicas, así como la aprobación del proyecto de ley sobre Malvinas. 

 Prensa Obrera

La derrota de Bolsonaro es un golpe a los Trump y los Milei


La victoria de Lula no abre una perspectiva para los trabajadores. 

 Lula ha dado vuelta la elección del primer turno electoral y consiguió una victoria inapelable -más de tres puntos de diferencia- sobre Flávio Bolsonaro. El candidato del Frente Brasil Popular, una coalición con partidos de la gran patronal brasileña, obtuvo nada menos que 10 millones de votos más que hace tres semanas, ocasión en la que había perdido unos 3 millones de votos en relación al balotaje de octubre de 2022. La magnitud de la transferencia de votos de ayer es atribuida a la participación del electorado que no lo había hecho el 4 de octubre pasado y a la mayoría de los que habían votado por los candidatos que no llegaron al segundo turno, pertenecientes a la derecha. La manifestación de apoyo a Lula, en la avenida Paulista de la capital del Estado, habría reunido 1.300.000 asistentes, la mayor, según los entendidos, de la historia de Brasil. 
 La derrota de Bolsonaro es un golpe político a los Trump, Milei y toda la fracción del imperialismo que había apostado por el mentor de los “milicianos” (parapoliciales) brasileños. En alusión al cuarto mandato de Lula, Trump señaló que “los comunistas se perpetúan en el poder”, a sabiendas de que tiene un gran margen de entendimiento con el ganador. La frase no lo predispone bien frente a Xi Jinping, a quien quiere asociar a su ‘plan de paz’ para Ucrania. Dentro de diez días, Trump perderá distritos que los republicanos han conservado como propios durante los últimos cien años.
 La media vuelta de los resultados electorales está asociada a un distanciamiento de la derecha brasileña con respecto a la candidatura de Bolsonaro, que tuvo su expresión en el acogimiento que Diputados y Senado, controlados por ella, dieron a diversos proyectos de ley de Lula para ser votados de inmediato, en el transcurso de la campaña del balotaje. Bolsonaro, en cambio, fue denunciado en la prensa por lo que en Brasil se conoce como “ja ganhou”, en referencia al inmovilismo de quien asegura que no habría una modificación de los resultados previos. Flávio Bolsonaro, cuyo partido pasará a controlar el Senado a partir del 1 de enero próximo, anunció que iniciaría un juicio político y destitución del establishment judicial de Brasil, algo divisorio en la derecha y considerado peligroso para la llamada institucionalidad. Esta amenaza convirtió a Lula en el único defensor del “orden” en Brasil. Flávio Bolsonaro se vio obligado a votar el proyecto de Lula que reduce la semana laboral de 6 a 5 jornadas y a apoyar, en el debate presidencial, las medidas asistenciales de Lula -Bolsa Familia, Sistema de Salud-, las cuales, bajo el propio gobierno del Frente Brasil Popular, se encontraban en la ruina. 
 El impasse de la campaña bolsonarista fue precipitado por una fractura interna del bloque derechista. Según la prensa, Tarcisio de Freitas, reelecto gobernador por San Pablo por arriba del 60 % de los votos, no movió un dedo por Bolsonaro en la campaña al balotaje. Por su parte, Lula tejió acuerdos con el llamado “Centrao”, con eje en la preservación futura del Tribunal Supremo y del elenco de jueces. Fue con el derechista Davi Alcolumbre, presidente del Senado, de Unión por Brasil, que los emisarios de Lula negociaron la aprobación de proyectos lulistas en medio de la campaña final. En esta misma campaña, Lula puso foco en la formación de una mega Dirección de Seguridad y el reforzamiento del aparato policial, en línea con las demandas de la agitación derechista. La campaña por el segundo turno superó en intensidad política a la del primero, y el resultado es un cuarto mandato para Lula, bajo otro gobierno del Frente Brasil Popular, con acuerdos de gobernabilidad con la derecha que se encuentra afuera del gobierno. Lula, que no se priva de elogiar su capacidad para tender puentes con los opositores, ha protagonizado una maniobra derechista, mientras aseguraba que su lucha era contra “el fascismo”. El termómetro de la Federación Brasileña, la Bolsa de São Paulo y la cotización del dólar se mantuvieron estables durante la campaña por el segundo turno. 
 Flávio Bolsonaro ha anunciado que impugnará la segunda ronda, a causa de la decisión de un miembro del Tribunal Superior de prolongar la votación en las regiones donde una parte de la población no pudo concurrir debido a las inundaciones previas, o por el boicot de los municipios bolsonaristas a la provisión de medios de transporte para los votantes. La impugnación le sirve a los Bolsonaro para la tribuna; la mayor parte de la burguesía mundial ha cerrado filas con la victoria de Lula. Quienes esperaban una amnistía general por el golpe de enero de 2023, deberán buscar ahora un acuerdo en el nuevo Congreso, mucho más a la derecha del precedente. El ecológico Lula ya ha anunciado la intención de instalar a Petrobrás en la Amazonía, con la vista puesta en la exportación de carburantes a China. Las empresas chinas de vehículos eléctricos se han asociado a europeas y norteamericanas, para distribuirse el mercado brasileño y las cadenas de exportación. 
 Con el telón de fondo de esta crisis por arriba, la campaña del balotaje fue el escenario de movilizaciones imponentes, que por una simplificación de una situación compleja han sido consideradas de apoyo a la candidatura de Lula. No hay trabajador de a pie en Brasil, sin embargo, que no tenga críticas severas a Lula y a la burocracia política, sindical y educacional del lulismo. Lula se ha apropiado de la bandera de la lucha contra el fascismo por la ausencia de una fuerza histórica independiente que la convierta en una lucha contra el capital y sus agentes políticos sin excepción, que anidan al fascismo como último recurso contra una revolución socialista. La segunda vuelta ha consagrado presidente a Lula, pero la primera vuelta le dio a la derecha el control de parlamentos, gobernaciones y municipios. Es una herencia del PT y de su sucursal política, el Psol, que reúne a la izquierda antisocialista. 

 Marcelo Ramal y Jorge Altamira 
 26/10/2026

DeRentas-Uber: un ‘modelo’ para la contrarreforma laboral


Con el crecimiento exponencial de las apps de viajes, alimentada por la desocupación creciente y la caída de la actividad económica, han comenzado a desarrollarse empresas de alquiler de vehículos orientadas a ese segmento. Detrás de un precario contrato de alquiler de condiciones usurarias, DeRentas y otras confiscan más de la mitad de las ganancias netas que generan semanalmente los conductores ´asociados´ a las aplicaciones.
 Las compañías de leasing (opción de compra) y renting ofrecen un auto 0 km (aunque no siempre es tal) por una inversión y requisitos mínimos: el pago del alquiler semanal -$400.000- y licencia de conducir. Los conductores de las apps caen entonces en una “doble precarización”: deben trabajar para los dueños de los autos y para las plataformas, sin contrato formal, ART, aportes, vacaciones ni obra social. El valor del alquiler en DeRentas promedia $1.600.000 mensuales más el combustible. Lo que le queda en mano al trabajador es aproximadamente el 30 % de la ganancia generada, sin contar viáticos, limpieza del vehículo, gastos de celular y demás elementos necesarios. Para compensar la balanza, los conductores cumplen jornadas de más de 12 horas, sin días de descanso. 
 Aparte de establecer por contrato una especie de periodo de prueba de 90 días, DeRentas les exige a los choferes cumplir con una cantidad de viajes mínimos y respetar límites máximos de kilómetros semanales y de velocidad permitida (80km/h), además de horarios de control vehicular quincenal bajo apercibimientos económicos en caso de no cumplir con los tiempos y/o las condiciones del vehículo. Las sanciones por atrasarse en el tributo/alquiler semanal incluyen el corte/apagado del vehículo de forma remota y la ejecución del pagaré en blanco que se firma con el contrato. La retención de los trabajadores dentro del vehículo se hace mediante un perverso sistema de financiamiento de gastos extraordinarios: daños del vehículo, multas, telepeajes, etc. Se dividen estos montos en cuotas de hasta $100.000 extras por semana, acumulando decenas de cuotas/semanas para saldarlas que van en aumento mes a mes. Referido a las multas, que son las que más suman estos ítems, la empresa no brinda la documentación necesaria para poder hacer descargos o rebatir las multas no correctas; el conductor sólo cuenta con la cédula verde (o constancia de la misma), la póliza del seguro y el contrato de alquiler, que no tiene validez en estos casos.
 En caso de accidentes, si la responsabilidad es del conductor o de un tercero que no tiene seguro, debe hacerse cargo él mismo de los gastos de reparación. Si la responsabilidad es de un tercero con seguro que responda, el trabajador queda exento de cubrir el arreglo, pero mientras este se efectúa, deja de generar ingresos; al momento de recuperar el vehículo o ser asignado a otro, debe retomar el esquema de pagos de alquiler adelantado pese a no haber podido generar ni un centavo esos días de interrupción. Para las vacaciones la empresa tiene la “gran” consideración de permitirles utilizar el auto para viajar por Argentina, debiendo pagar por adelantado los días o semanas que estarán de viaje, es decir, debiendo trabajar en su destino de “descanso” para cubrir esos días. En caso de enfermedad, no se contemplan los días no trabajados. Es decir, el alquiler es semanal y no sufre descuentos por ninguna consideración, ni siquiera de salud. 
 Las apps de viajes se disputan esta masa creciente de desocupados por medio de acuerdos comerciales con las empresas de alquiler. Por ejemplo: DeRentas “premia” a los choferes que realicen una cierta cantidad de viajes mensuales con la condonación parcial del pago del telepase (peajes). En estas condiciones, los choferes buscan sumar volumen de viajes antes que monto. Los precios “súpercompetitivos” que aplica Uber con esta herramienta funciona como estrategia de competencia frente a Cabify y Didi, incluso también frente al transporte público, a costa del desgaste de sus “socios conductores”. Desde Uber recientemente han modificado el listado de autos considerados dentro de la categoría “confort”, que ofrece una tasa de ganancia apenas más alta que la básica, dejando afuera modelos comúnmente utilizados por quienes tienen sus propios vehículos para trabajar, pero incluyen los modelos que tiene DeRentas en su parque automotor. Otras rentadoras como Autonomy-Cabify tienen la misma política. 
 La reforma laboral de Sturzenegger-Milei creó la figura de “prestador Independiente”, con obligaciones tributarias y fiscales, adaptada a este "modelo de negocio". El “beneficio” que acarrera es la multiactividad: poder trabajar en simultáneo para varias apps. Pero este "derecho" a la autoexplotación es borrado de un plumazo por DeRentas y compañía, ya que en sus contratos prohíben utilizar los vehículos en otra app que no sea con la que tiene convenio la empresa. Jorge Macri recientemente aplicó de lleno en la Ciudad las obligaciones tributarias y sumó la obligación de contar con licencia profesional D1 o superior, algo que genera gastos de hasta $200.000 a trabajadores que tengan que hacer la ampliación. En ninguno de los casos se les exige a estas empresas nada, en cambio, relacionado a condiciones de trabajo ni a controles sobre los estados y mantenimiento de los vehículos. 
 En un fallo reciente, la Justicia ordenó a DeRentas el pago de la irrisoria suma de 18,7 millones de pesos a la Obra Social de Conductores de Remises, Autos al Instante y Afines (O.S.C.R.A.I.A.) en concepto de pagos atrasados por algo más de dos años (Iprofesional.com 24/10). Este fallo se limita a la deuda exigida por el sindicato, pero no obliga a la empresa al reconocimiento del convenio colectivo ni a la incorporación de los trabajadores al mismo.
 Esto no es "una trampa", sino las nuevas condiciones laborales que trae el libertarismo. DeRentas es una gran remisería, dueña de más de 7.000 vehículos nuevos. Necesita de forma indispensable de los conductores para mantener funcionando la rueda, no podría soportar un parate masivo en los pagos, aunque no reconozcan como empleados a los conductores. Este prototipo de metodología de trabajo es exportable a todos los sectores, incluso entre profesionales. 

Política Obrera
 26/10/2026

La “economía real” de Milei está “peor que en 2002”


El monotributismo esconde un desempleo explosivo. 

 En marzo-abril, Milei y Caputo dijeron que se venían “los 18 mejores meses de la historia”. La profecía se verifica invertida: la economía entró en recesión, con caídas fenomenales del empleo, el consumo, la industria y la construcción; salarios y jubilaciones por el piso. El Banco Mundial y el Banco Central redujeron días atrás las estimaciones de incremento del PBI del 3,6 % al 2,1 % para este año. Goldman Sachs, que había pronosticado que no llegaría al 2 %, bajó sus expectativas a un 1 %. O sea que el PBI apenas supera los niveles alicaídos de 2023, a pesar de que la ponderación del campo pampeano y el sector minero-petrolero-gasífero es mucho mayor (cosecha récord, boom de Vaca Muerta y la explotación de litio y las exportaciones de estos sectores). En consecuencia, la caída del PBI del resto de las actividades económicas es sencillamente monumental; qué decir del PBI per cápita. La caída del consumo y la producción en los grandes centros urbanos, desde el rubro textil a la metalurgia y hasta la industria automotriz, no baja en ningún caso del 20 % respecto a 2025, cuando ya había caído frente a 2024 y 2023.
 Por las características de las grandes inversiones de las actividades extractivas, amparadas en regímenes como el RIGI y otros nacidos bajo el reino K, todas estas actividades ´vuelcan´ poco y nada al mercado interno, se benefician de prerrogativas excepcionales para importar maquinaria e insumos sin impuestos; alimentan sobre todo la exportación y a los grandes pulpos que la llevan adelante. Ni hablar de que el tan mentado superávit comercial se alcanza merced al planchazo de las importaciones para la industria. 
 La inflación no baja del 2 % mensual y se mantiene por encima del 30 % anual. El mentado superávit fiscal esconde un monumental déficit si se toman los intereses de la deuda pública.

 Consumo

 “Incluso si la economía no para(ra) de crecer, el consumo masivo tal vez no recupere lo de 2023 por mucho tiempo” (La Nación, 19/10). El director de la consultora Ecolatina. Federico Moll, destaca que “el ingreso disponible está cerca de 15 puntos por debajo de lo que teníamos a fines de 2023”. Ese “ingreso disponible” -el saldo que queda en las familias luego de los gastos fijos- es un promedio que incluye a todo el abanico social. Como cualquiera puede imaginar, en la base de la pirámide ese ingreso cayó no menos de un 40 %. Según explica Moll, los ingresos disponibles “desde 2016 son una historia de caídas muy abruptas y recuperaciones parciales… en términos históricos (aun así, hoy ese ingreso promedio) es muy bajo”, sobre todo “porque los servicios son inelásticos” -esos precios son los que más han subido-; en consecuencia, restringen más aun el ingreso disponible para la compra de bienes (ídem). Dice el mismo Moll: “Hacia adelante difícilmente vaya a haber un incremento en los niveles de salario real. Y lo que empieza a verse es un nivel de desigualdad que aparece a nivel regional, a nivel sectorial y a nivel de estructura socioeconómica (…) los niveles de desigualdad crecieron mucho hacia adentro de la base de la pirámide. En los mejores momentos la base de la pirámide muestra un 55 % de pobres, y hoy está en 70 y pico, 80 %” (ídem). 
 Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados, denuncia que esta crisis es peor incluso que cualquier otra previa: “A diferencia de otras crisis económicas, esta vez no se registra una migración significativa hacia otros canales comerciales: la contracción de la demanda alcanza prácticamente a todos los formatos” (Infobae, 19/10). “Las ventas de los supermercados acumulan una caída interanual cercana al 4 % en volumen, mientras que el último mes medido (agosto) registró una contracción del 3,3 % (…) Los resultados negativos se mantienen prácticamente desde comienzos de 2024. La caída del consumo no afecta a todos por igual: “el patentamiento de autos cae a doble dígito, (mientras) marcas Premium como BMW, Audi, crecen a doble dígito” (Moll).
 Otro economista, Federico Pastrana, destaca que “tenemos términos de intercambio muy altos y la economía no crece. Eso no pasó nunca” (LN, 25/10). Es decir, aunque los precios internacionales de los commodities son muy favorables, esto no tracciona una reactivación. 

 Pluriempleo, precarización laboral y desempleo

 El empleo registrado -incluidos monotributistas- cae en pendiente. El empleo formal (en relación de dependencia) se redujo en casi 250.000 empleos en el sector privado y casi 100.000 menos en las administraciones públicas. Pero el trabajo informal cayó más aún. Los índices oficiales consideran sólo aquella parte de la población que busca empleo: como no hay oferta laboral, buena parte se queda en su casa desahuciada. Las cifras oficiales tampoco tienen en consideración la desaparición de manteros y ´trapitos´, perseguidos ahora con ´ley y orden´. 
 “Hace 14 meses que el empleo registrado privado cae de forma consecutiva, no hay ningún mes que revierta”, dice el economista Federico Pastrana. Mientras que en los inicios del gobierno libertario el ´ajuste´ sacudió en particular al sector público, ahora el problema se concentra entre los trabajadores del sector privado. La tasa de desempleo, además, no refleja que “la gente se refugia en la informalidad, donde gana mucho menos”. Estos ingresos “son muy procíclicos. La Encuesta Permanente de Hogares, que hay que tomar con pinzas -dice Pastrana-, muestra una caída de 15 puntos en los dos últimos trimestres. Cuando el gobierno dice que mejoraron los ingresos de los informales, está viendo una foto de hace uno o dos años” (LN, 25/10). El coeficiente de contrataciones de personal “está en los niveles de 2002. Ni siquiera en los de 2018” (ídem). 
 De la mano del crecimiento de la desocupación, crece el pluriempleo. O sea que el capital ya no sólo amplía su beneficio vía la expansión de plusvalía relativa (nuevas tecnologías que reducen el tiempo de trabajo necesario que remunera la fuerza de trabajo), sino incluso también de plusvalía absoluta (incremento de las horas de trabajo, intensificación de los ritmos de producción, para satisfacer las necesidades básicas y obtener el mismo ingreso). Se trata de una degradación sin precedentes de la fuerza de trabajo, un deterioro y/o destrucción de la fuerza productiva primaria de la sociedad. 
 Sin embargo, el fenómeno que revela la magnitud de la pérdida de empleo y de la precarización laboral tiene que ver con el salto del monotributismo. En su inmensa mayoría, extrabajadores en relación de dependencia que se inscribieron en tres categorías con ingresos por debajo de un salario promedio. A septiembre de 2026, el monotributismo suma casi 5,5 millones de personas. El 75 % está inscripto en las dos categorías más bajas, y en el llamado “monotributismo social” (suman 700.000 trabajadores eventuales, de ingresos irregulares). Es decir, desocupados encubiertos o que viven de changas. Esta última categoría creció desde 2022 casi un 57 %. La reforma laboral que votó el Congreso no ha revertido en absoluto la pérdida de trabajo formal, como no ha ocurrido nunca con ninguna reforma laboral desde la época de Menem-Cavallo. En la actualidad más del 30 % del total del empleo registrado se compone de monotributistas. 

 Norberto Malaj
 26/10/2026

domingo, octubre 25, 2026

Derrotar a Bolsonaro en las calles y en las urnas


Las manifestaciones de masas crean un mejor cuadro para enfrentar los ataques e intentos de ajuste. 
 El 25 de octubre es el ballotage brasileño

 A menos de 48 horas de la segunda vuelta electoral presidencial en Brasil, las encuestas dan que habrían levantado un poco las intenciones de voto a Lula y descendido, también un poco, las de Bolsonaro. Algunas encuestas, la mayoría, siguen dando ganador a Bolsonaro; pero han aparecido algunas que le otorgan el triunfo a Lula. Todas por escaso margen: lo que se llama un “empate técnico”.
 Bolsonaro ganó en la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, por un escaso 1,87% de diferencia, cuando las encuestas previas daban que Lula se impondría por pocos votos. Esta reversión que se estaría produciendo, vendría a caballo de la semi espontánea movilización de masas que surgió, fundamentalmente, a partir de la juventud estudiantil (que ya hemos descripto en notas anteriores). La juventud ganó las calles apretada por el temor de que la lista fascistoide, reaccionaria y abiertamente pro-Trump de Bolsonaro, pudiera terminar ganando la elección presidencial. Los resultados de la primera vuelta dieron un amplio margen a las listas derechistas que conquistaron mayorías de diputados y senadores y en las gobernaciones provinciales.
 Uno de los factores que más influyó en la movilización juvenil y popular, fue que trascendió que Bolsonaro estaba haciendo todos las maniobras posibles para que la votación de la ley que eliminaba el régimen laboral del 6 x 1 (44 horas semanales en seis días de trabajo y uno de descanso) por otro de 5 x 2 (cuatro horas menos de trabajo semanal, sin reducción salarial, en cinco días de trabajo y dos de descanso) fuera postergada. Fue una de las consignas centrales coreada en las masivas manifestaciones realizadas. La gran radicalización juvenil/popular y su masividad, obligó al propio Bolsonaro a cambiar de posición y llamar a su bancada a votar a favor. Ha trascendido, sin embargo, que Flávio Bolsonaro, bajo cuerda, hizo llegar a las cámaras patronales la promesa de que si gana y con el nuevo parlamento que asumiría el 1° de enero, modificaría la ley votada, limitando sus alcances. Bolsonaro y los senadores derechistas se vieron obligados a votar la derogación de aspectos del régimen laboral superexplotador. 
 Pero… Lula le ha puesto un freno objetivo a la movilización social. El planteamiento político de la alianza frentepopulista (Frente Amplio de la Esperanza) giró en torno a la lucha contra la “corrupción” y en defensa de las instituciones constitucionales. Varios dirigentes de su alianza han planteado la necesidad de extender y profundizar la movilización por reclamos sociales postergados de las masas, para mantener e incrementar la lucha popular. Pero las nuevas medidas que adoptó Lula (presentar un proyecto de ley para imponer la gratuidad del transporte público los fines de semana y feriados) son aspirinas. El problema central de las masas es que con sus salarios (los que están en blanco) y sus ingresos (más del 40% de los informales) no llegan a fin de mes. Esto está siendo obviado por el lulismo. En su lugar Lula vuelve a competir con Bolsonaro en materia de “seguridad”. Anuncia la creación de un nuevo ministerio de Seguridad y envía un proyecto para bajar la edad de imputabilidad para la aplicación de la legislación penal de 18 a 16 años (Bolsonaro a su vez la baja de 16 a 14 años).
 El debate presidencial entre Lula y Bolsonaro, realizado el viernes 16/10 por la red Bandeirantes fue anodino. Lula no pudo ofrecer ninguna perspectiva real de cambio social, porque no la tiene. Representa un frente de colaboración de clases dirigido por la burguesía liberal, al cual se han subordinado las burocracias de las organizaciones obreras y de masas, borrando a las masas del escenario nacional. Hecho que ha sido aprovechado por la derecha fascistoide para avanzar. Este viernes 23 se realizará el último debate presidencial por la red nacional de O Globo, que en las condiciones de empate técnico puede, quizás, ayudar a definir tendencias. 
 Para las masas trabajadoras y explotadas aparece como fundamental impedir que el Bolsonaro de Trump y la derecha fascitoide mundial, apoyado por los Milei, llegue al poder. La oposición inicial de la derecha a la derogación del 6 x 1 superexplotador, evidencia -igual que su adaptación y promesa de hacer retroceder aspectos de la misma cuando Bolsonaro, eventualmente, asuma el poder- el rumbo que adoptará. 
 En la elección del 2022, Lula fue apoyado abiertamente por el imperialismo yanqui, representado por Biden. Este fue quien frenó el conato golpista de Bolsonaro para impedir que asumiera Lula el gobierno, disciplinando a las Fuerzas Armadas en ese momento. Ahora la situación cambió, el ascenso de Trump y su política de intervención militar en Latinoamérica lo ha colocado en forma ofensiva y provocativa del lado de Bolsonaro. 
 Tanto Lula/Alckmin, como Bolsonaro/Marco Rubio, representan a dos variantes burguesas patronales que no solo quieren mantener la explotación capitalista del pueblo, sino que pretenden descargar la crisis capitalista sobre las condiciones de vida de las masas. Bolsonaro se ha subordinado directamente al imperialismo trumpista en la ofensiva que este desarrolla en América Latina para encolumnarla bajo el Escudo de las Américas. Y amenaza con una acentuación de la represión y reacción política con tintes fascistoideos. 
 En una elección de balotaje solo se puede optar entre dos candidaturas. No hay en la elección del domingo 25/10, ninguna lista que represente algún tipo de posición obrera independiente. En estas condiciones es necesario llevar adelante lo que plantea la Resolución del Comité Nacional del PO: “Derrotemos a Bolsonaro y Trump en las calles y en las urnas”. Votemos contra Bolsonaro usando la boleta de Lula, sin dar ningún apoyo político al pasado, al presente y al futuro del lulismo frentepopulista. Los frentes de colaboración de clases se transforman en un freno de la lucha de las masas subordinándolas a la burguesía “nacional” y “liberal” y alientan las provocaciones y el crecimiento de la derecha y el fascismo. Tampoco se presenta en lo inmediato un ascenso revolucionario que plantee la huelga general y que a través del boicot electoral acelere las condiciones para una insurrección obrera/popular. 
 Por el contrario, el ascenso que se está protagonizando en Brasil gira, justamente, en la comprensión de las masas de reagruparse votando contra el bolsonarismo. Es más, Milei como portavoz del trumpismo-bolsonarismo ha salido a despotricar de que si Bolsonaro pierde la elección sería una demostración de fraude. Justifica, por adelantado, la posibilidad de un golpe. Si hubiera un golpe derechista contra el resultado electoral habría que movilizarse, apelando a la huelga general. Las actuales manifestaciones masivas de repudio a Bolsonaro, plantean un cuadro complejo para el golpe, que podría transformarse en una guerra civil. Pero si vamos a enfrentar el golpe, con más razón debemos llamar a votar contra Bolsonaro para que este no llegue al poder ni a través de la elección, ni a través del golpe. Una derrota de Bolsonaro el domingo 25 será un aliciente para la lucha de los trabajadores latinoamericanos y del mundo. Gane quien gane la elección, las masas deberán enfrentar los ataques e intentos de ajuste: el actual proceso de manifestaciones de masas crea un mejor cuadro para poder desarrollarlas. Para lo cual es prioritario trabajar para producir un reagrupamiento independiente del frentepopulismo lulista, un reagrupamiento político socialista independiente. 

 Rafael Santos

Trump enviará cientos de soldados a América Latina para entrenar a las fuerzas armadas locales


Una plataforma para guerra internacional. 

 El New York Times reveló que el gobierno de Donald Trump enviará cientos de soldados a América Latina destinados a entrenar a miembros de las fuerzas armadas locales, con la finalidad de reforzar la cruzada del Pentágono en su “lucha contra el narcoterrorismo”. Ya se han registrado movimientos en Panamá, con un batallón de 600 soldados pertenecientes a la 10ª División de Montaña, que están realizando ejercicios militares en la selva del país centroamericano. La envergadura de estos movimientos de tropas fue confirmada por Adam Isacson, director de Supervisión de la Defensa en la Oficina de Washington para América Latina, quien manifestó que no se tienen registros, desde finales de la Guerra Fría, de un despliegue de soldados norteamericanos en la región “que se acercara a los 600 efectivos, excepto en contingencias como invasiones o desastres naturales”. 
 Según han dejado trascender altos mandos militares, una parte de los soldados de la 10ª División de Montaña se trasladarán de Panamá a Colombia, en donde participarán del ejercicio denominado “Southern Vanguard”, mientras que otro contingente se dirigirá a Honduras para entrenar a las fuerzas armadas de ese país (Clarín, 15/10). Los funcionarios norteamericanos adelantaron que se está proyectando un nuevo comando de operaciones para el hemisferio occidental, con sede en Miami. 
 Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, abrió su propio mando de operaciones en la sede del Pentágono, desde donde monitorea las actividades militares contra los carteles en el hemisferio. Hegseth dio la orden de trasladar drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador, ampliando la injerencia norteamericana en la región, que se ve reforzada por los gobiernos derechistas electos recientemente bajo la tutela de Trump. 
 Las iniciativas se encuentran bajo el paraguas de la alianza militar “Escudo de las Américas”, que es utilizada por la administración trumpista para poner al continente en su conjunto bajo su protectorado con la cantinela del avance del narcoterrorismo. Si bien en su gran mayoría los países de América Latina se han sumado a la alianza militar, solo un puñado de gobiernos (Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Argentina) han habilitado la realización de operaciones conjuntas en sus territorios. En el caso de Milei, autorizó la entrada de tropas norteamericanas por DNU, que deberían haber pasado por el Congreso, que tampoco se ha manifestado ante la inconstitucional entrada de Argentina al “Escudo de las Américas”. Uno de los principales activos políticos de Milei es la “oposición legislativa” y sus aparatos, que han oficiado de “segundo violín” de las tropelías de la pandilla liberticida. 
 El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, adelantó que el gobierno de EEUU tiene en carpeta pasar de los ataques contra embarcaciones a la intervención terrestre. Los sistemáticos ataques a embarcaciones en el mar Caribe fueron utilizados como acicate para la posterior intervención militar sobre Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Por su parte, y dando cuenta del repliegue sobre América Latina que la administración trumpista está llevando adelante, el general Joseph A. Ryan, jefe del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el ejército estadounidense al regresar a una región que durante décadas no ha sido su principal objetivo, al señalar que “hemos cedido el dominio económico de la región a un adversario, y eso es un hecho”, y agregó que “ahora luchamos por recuperar terreno -marítimo y terrestre, humano y cognitivo- que en muchos casos habíamos abandonado”. Los dichos de Ryan apuntan a la presencia de capitales chinos en la región, y la militarización de América Latina, en medio de la guerra internacional y la lucha por el control de suministros, tiene como principal finalidad barrer con la injerencia de China en la región. Para cumplir con estos objetivos, el trumpismo ha echado mano de la injerencia en las elecciones que se han llevado adelante en el continente, apoyando a aquellos candidatos que aseguren esta iniciativa estratégica. Pero, a pesar de los cuantiosos esfuerzos realizados por el trumpismo, la injerencia china en la región crece, siendo la Argentina un caso testigo. Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó, en un encuentro organizado por el J.P. Morgan en Bangkok, que recurrirá al swap chino para hacer frente al pago de los vencimientos de deuda. Y si de comercio se trata, China es muy apreciada por la burguesía local y regional, como mercado de la soja, de la harina de soja, de petróleo y de minerales. 
 El entramado de la “lucha contra el narcoterrorismo” sumó en agosto pasado una nueva arista con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo el mando del general de división Kevin J. Jarred, del Cuerpo de Marines, que tuvo bajo su mando la campaña del Pentágono en el Caribe y el Pacífico Oriental, que dejó un saldo de 71 ataques a embarcaciones y 239 personas muertas, acusadas, sin prueba alguna, de estar traficando droga. Con este antecedente en la mano, expertos legales advierten que trasladar los ataques tierra adentro podría tener como correlato bajas civiles y el daño de infraestructura como escuelas, hospitales, caminos, etc. 

 Lucas Giannetti 
 24/10/2026

Nadie se salva solo


La salida colectiva: un debate fundamental en el movimiento obrero.

 En las fábricas y los lugares de trabajo se desarrolla un debate que expresa el complejo momento que atraviesa la clase obrera argentina. En medio de los despidos, el derrumbe salarial, el deterioro de las condiciones laborales, el pluriempleo, la ofensiva general de las patronales y la colaboración de las burocracias sindicales, ha ganado terreno entre sectores de trabajadores la idea de que “no queda otra que arreglárselas solos”. 
 No se trata de una tendencia generalizada ni mucho menos irreversible, pero sí de un fenómeno que merece nuestra atención. Esta situación es el resultado de una ofensiva capitalista que busca apuntalar los beneficios empresariales mediante la reducción del costo de la fuerza de trabajo. La reforma laboral constituye una pieza fundamental de esta ofensiva, que también apunta a quebrar la capacidad de resistencia de los trabajadores, debilitar nuestras organizaciones y promover la competencia individual allí donde debería prevalecer la solidaridad de clase. 
 La trampa consiste en que estas supuestas “salidas” individuales, lejos de ofrecer una solución de fondo, terminan debilitando al conjunto de los trabajadores y reforzando la posición de las patronales. Cada conquista que se resigna sin lucha, cada atropello que se acepta como inevitable, establece un nuevo punto de partida para profundizar la ofensiva. La experiencia demuestra que las patronales no se detienen frente a las concesiones obreras. Por el contrario, las utilizan como punto de apoyo para avanzar con nuevos atropellos.

 La responsabilidad de la burocracia sindical

 El avance de estas tendencias no puede comprenderse sin considerar el papel que viene jugando la burocracia sindical.
 Frente a la ofensiva del gobierno de Milei y las patronales, las burocracias de la CGT, las CTAs y de la inmensa mayoría de los sindicatos han desarrollado una política de colaboración, abierta o encubierta. En muchos casos, incluso, la justifican con el argumento de que “la gente votó a Milei, ahora que se la banquen”. Reproducen así, en el interior de las organizaciones obreras, la idea de que no existe otra alternativa que adaptarse a las exigencias patronales. Omiten señalar, desde luego, que Milei llegó al gobierno después del nefasto gobierno del Frente de Todos, que terminó su mandato con una inflación del 200 % y al que la burocracia sindical apoyó cerradamente, sin convocar a un solo día de paro. 
 Pero además, las burocracias sindicales han pactado con el gobierno de Milei la preservación de sus propios beneficios y prebendas. Por eso, en lugar de organizar una respuesta de conjunto, aíslan los conflictos y desmovilizan a los trabajadores, facilitando el avance patronal. En numerosos gremios y establecimientos, esta orientación se traduce en la aceptación de despidos, la firma de paritarias a la baja o la imposición de condiciones laborales regresivas. 
 Las consecuencias son profundas. El aislamiento o abandono de los conflictos alimenta la frustración, la desconfianza y la resignación. Es en este cuadro donde prosperan la desmoralización y las tendencias individualistas: cuando la organización colectiva deja de aparecer como una herramienta efectiva para defender el salario y las condiciones de trabajo, la búsqueda de una salida personal comienza a presentarse como la única alternativa posible. 
 Pero la traición de la burocracia sindical y la debilidad de la organización obrera no demuestra la inviabilidad de la lucha colectiva, sino, precisamente, la necesidad de reconstruirla.

 Reconstruir la organización obrera 

La ofensiva del gobierno y las patronales no es invencible. El reciente paro general de los trabajadores del subte, frente a la detención antisindical de dos delegados, logró hacer retroceder al gobierno de Macri y a la patronal Emova. Esta extraordinaria reacción obrera estuvo precedida por años de relativa pasividad, producto de la política de adaptación de su dirección sindical, y demuestra que pueden producirse giros bruscos en el movimiento obrero. 
 Los trabajadores de Fate, en este caso con su sindicato a la cabeza, el Sutna, llevan ocho meses librando una lucha ejemplar en defensa de la continuidad productiva de la fábrica y acaban de conquistar el cobro de las quincenas adeudadas. Son ejemplos contundentes de la fuerza de la acción colectiva. También lo muestran las huelgas y movilizaciones que recorren Francia y otros países europeos contra los ataques de los gobiernos y las patronales.
 Sin embargo, sería un error desconocer el retroceso producido en numerosos lugares de trabajo. La ofensiva patronal y la colaboración de la burocracia sindical han debilitado la organización obrera, erosionado los vínculos de solidaridad y, en muchos casos, instalado un clima de temor y resignación. 
 Revertir esta situación exige un trabajo político y organizativo paciente, que parta de las condiciones reales de los trabajadores. En muchas fábricas y establecimientos, antes de impulsar una asamblea o una medida de lucha, será necesario reconstruir los vínculos más elementales de confianza entre los compañeros. Promover conversaciones, abrir debates y organizar pequeñas reuniones, que en determinadas circunstancias deberán ser reservadas para evitar represalias patronales.
 Se trata de desarrollar un verdadero trabajo de orfebre para recomponer la solidaridad obrera, superar la desconfianza y recuperar la conciencia de que los problemas que enfrenta cada trabajador son parte de una situación común. Contra el individualismo que promueve la ofensiva patronal, es necesario recuperar un principio fundamental del movimiento obrero: si tocan a uno, nos tocan a todos.
 En este proceso será necesario sacar otra conclusión fundamental: necesitamos echar a la burocracia sindical traidora y patronal, para poner nuestras organizaciones -las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos- al servicio de la lucha por nuestros propios intereses. 

 Pablo Giachello

sábado, octubre 24, 2026

Sobreseimiento en $LIBRA: la Justicia le lanza otro salvavidas a Milei


El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros diez imputados en la causa por la memecoin $LIBRA. 
 El 14 de febrero de 2025, el empresario ‘cripto’ Hayden Mark Davis creó esta criptomoneda que el presidente promocionó en redes sociales. En minutos, el precio se disparó a lo cual le siguió un retiro masivo de millones de dólares desde distintas billeteras digitales que ocasionaron un derrumbe completo del precio. Se estima que fueron estafadas 40.000 personas por más de 280.000.000 de dólares. 
 El fiscal federal Eduardo Taiano fue el encargado de llevar adelante la investigación del caso. No citó a declaración indagatoria a ninguno de los investigados ni avanzó en la recolección de pruebas para determinar todos los alcances del acuerdo confidencial firmado entre Davis y Milei en la propia Casa Rosada. Tampoco avanzó sobre los chats entre Mauricio Novelli, intermediario de la operación entre los hermanos Milei y Davis, referidos a la secuencia de pagos destinados al clan Milei -en total, unos 5 millones de dólares- una vez realizada la promoción de la cripto por la cuenta del presidente en la red social X. Taiano demoró hasta donde pudo las pericias informáticas de estos chats y, una vez realizadas, las cajoneó durante meses. No investigó el destino de todos los fondos que intervinieron en la criptoestafa. Para sellar esta escandalosa impunidad, Taiano mismo pidió el cierre de la causa. 
 El juez Martínez de Giorgi determinó que lo actuado por Milei, Davis y los restantes involucrados, “no encuadra en una figura penal”; afirma que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta ni tampoco alcanzaba para demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas. Pero la publicidad y la "confianza" fueron los pilares de la maniobra Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de X como una iniciativa “para fondear pymes argentinas”, publicando un código alfanumérico de 44 caracteres para el contrato de la cripto (nunca se investigó quién proporciono ese código a Milei), hasta entonces no disponible en la web. Cuando la estafa era evidente, Milei borró el tuit y afirmó que “no estaba al tanto de los detalles” ocultando lo que fue luego acreditado: que sus contactos con Davis se remontaban desde hace años atrás y que suscribieron un ‘acuerdo de confidencialidad’. A pesar de todas las irregularidades de la investigación, Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal y también descartó para Milei los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El juez también jugó un rol importante al apartar como querellantes a varios de los damnificados por la estafa. A los pocos días de hacerlo, Milei firmó un decreto para designar como jueza a su esposa. 
 El sobreseimiento tiene lugar luego del fracaso rotundo de la comisión investigadora conformada en el Congreso Nacional. Ninguno de los funcionarios citados aceptó comparecer ante la comisión. En el informe final de esta comisión se señalaba que Javier y Karina Milei fueron “engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho” pero descartando por completo la posibilidad de motorizar un juicio político y apenas solicitando se evalúe al presidente por ‘mal desempeño’. La “comisión” fue un campo de negociación política entre los liberticidas y la “oposición” en torno a acuerdos presupuestarios y vacantes en el poder Judicial, a cambio de montar esta cortina de humo benévola con Milei. Este operativo contó con el apoyo político del FITU, que formó el interbloque ad hoc “Frente de Izquierda Nacional y Popular” con el peronismo para integrar a un kirchnerista y a Cristian Castillo a la comisión.
 Trump también hizo su contribución. Desde Estados Unidos no aceptaron los pedidos para acceder a los registros de las distintas plataformas y empresas tecnológicas involucradas en las operaciones de LIBRA. A su vez, la jueza federal de Nueva York, Jennifer Rochon, desestimó la demanda civil colectiva (“class action”) que los damnificados habían presentado contra Hayden Davis, sobre lo cual se amparó Martínez de Giorgi. 
 El sobreseimiento de Martínez de Giorgi tiene lugar cuando la Sala II de Casación todavía tiene pendiente una apelación de los damnificados que fueron apartados como querellantes. De ser favorable a estos, eso mantendría la causa abierta. Pero el sobreseimiento opera como un nuevo rescate político a Milei, en momentos en que naufraga el "plan económico" y su gobierno bordea un default, como lo ha caracterizado el propio capital financiero al que sirve sin cortapisas. 

 Emiliano Fabris 
 24/10/2026

Discapacidad al descarte


Presupuesto 2027: no más protección social y de salud.

 Al gobierno nacional, en sintonía con sus antepasados franquistas, le faltaría exclamar “¡Viva la muerte! ¡Muera la discapacidad!”.
 Su política hacia el colectivo revela que esta es su consigna. En el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 las partidas asignadas al sector son paupérrimas. A sabiendas de que no alcanzan para cubrir las erogaciones obligadas, el proyecto explicita que podrán usarse fondos previstos para otros destinos (servicios sociales), desfinanciando así otros programas para sectores vulnerados. 
 El proyecto de Ley de Presupuesto va más allá: habilita a que los “agentes obligados” (prepagas y obras sociales) definan el nivel de prestaciones que estén dispuestos a brindar. Sumado a la desregulación de las cuotas que cobran, la precariedad no sólo afectará a trabajadores con ingresos decrecientes, sino a sectores medios incapaces de afrontarlas. En los hechos, hacen desaparecer el carácter único del nomenclador de prestaciones. Con esto, las coberturas a las personas con discapacidad desaparecerán o se reducirán a una expresión inadmisible, y los agentes de salud tendrán plena libertad para hacer lo mismo con el resto de sus afiliados. Resumiendo, se profundiza la política de que las prestaciones dependan de la capacidad económica de las personas y familias. Se trata de un modelo que fragmenta el sistema solidario de salud y traslada los costos de atención directamente a los hogares. Los sectores de ingresos medios ingresan a un estado de mayor vulnerabilidad, ya que no califican para los programas estatales, pero carecen de la capacidad económica para financiar terapias particulares especializadas.
 En este contexto, el sistema judicial en su conjunto ha dejado de funcionar como garantía de los derechos violentados y amenazados. La caótica situación hace que haya cada vez más reclamos y esto retroalimenta la lentitud para resolver con eficacia. La respuesta judicial no llega a tiempo. Y la población afectada padece las consecuencias. 
 Con crudeza, se ha instalado que las personas con discapacidad no son merecedoras de atención, por la sencillísima razón de que se supone son incapaces de generarle a sus empleadores las ganancias que pretenden. Al igual que los jubilados, no aportan productivamente y por ende representan una carga fiscal a eliminar. Esto se evidencia en el valor de indigencia de las pensiones no contributivas para unos y de las jubilaciones para otros, y en el desguace de los servicios sociales y de salud pública, así como de PAMI. 
 Aunque el proyecto del oficialismo sobre discapacidad dice tener por objeto superar la emergencia y dar previsibilidad al sistema, deja a las personas con discapacidad desprovistas de toda protección social y de salud. Viola abiertamente el principio de no regresividad y pone en serio riesgo el principio de universalidad. Constituye una pantalla de humo para distraer de la Ley de Presupuesto y para encubrir el desfinanciamiento de la Ley de Emergencia del año pasado.Aun con sus serias limitaciones, prorrogar la Ley de Emergencia operaría como medida paliativa y parcial, hasta tanto se convoque a un debate con efectiva participación ciudadana para atender los reclamos del sector. Múltiples organizaciones que trabajamos en discapacidad reclamamos que el Poder Legislativo intervenga de manera propositiva y clara, rechazando tanto el proyecto de ley de presupuesto para 2027 como el proyecto del oficialismo sobre discapacidad. 
 Que la consigna que da nombre a esta nota no se torne realidad.

 Eduardo Joly
 23/10/2026

 Eduardo Joly es presidente de Rumbos Accesibilidad, un equipo interdisciplinario de profesionales activistas, con y sin discapacidad, a favor de un hábitat inclusivo. 
Publicado en El Cohete a la Luna, 18/10/26.

Hegel según Lenin

viernes, octubre 23, 2026

La juventud, en Europa, blande la guillotina


Contra los gobiernos liberticidas. 

 El pasado martes 20, una fiscal de la Justicia porteña ordenó la detención de delegados del subte que habían iniciado una medida de fuerza. “El que bloquea el servicio va preso”, posteó el fascista Jorge Macri, sindicándose como el verdadero autor del atropello contra los delegados. 
 La respuesta a esta provocación antiobrera fue la huelga general, que paralizó los subtes hasta que los compañeros fueron liberados. En el medio, la patronal y el Gobierno intentaron romper la huelga con carneros entrenados. Pero los piquetes obreros los hicieron fracasar.
 La réplica contundente de los trabajadores del subte es una poderosa señal para toda la clase obrera. Las agresiones de Milei a las condiciones laborales y sociales -salarios, jubilaciones, educación, salud, discapacidad- son brutales. Las movilizaciones -como ocurrió recientemente con la marcha de la universidad- son imponentes. 
 Pero la principal rueda de auxilio de los liberticidas son los aparatos políticos y burocráticos que temen mucho más a la irrupción de las masas que a los ataques del gobierno. 
 Condenan al movimiento de lucha a la reiteración de paros aislados, con el único propósito de desmoralizarlo. 
 La huelga general del subte es, en este sentido, una poderosa lección. 
 Se mira en el espejo de las rebeliones de la juventud que recorren a Europa, desde Francia, España y Bélgica hasta Albania e Italia. Un enorme levantamiento continental contra los brutales ajustes a la salud, a la educación y a los salarios que imponen los gobiernos “liberticidas” de Europa con un claro objetivo: financiar la sangría de la guerra imperialista. 
 Tomemos ese camino, el del subte, y el de toda la juventud europea, para hacerles morder el polvo a los “liberticidas” de Argentina con una huelga general. 
 Unamos a la clase obrera y a la nueva generación de luchadores en el combate contra los gobiernos ajustadores, contra la guerra y por el socialismo internacional.

Política Obrera 
 21/10/2026

El Congreso cierra filas con los liberticidas en medio del tobogán financiero


La sesión de Diputados de ayer puso de manifiesto el paraguas protector que los partidos del régimen le han suministrado al gobierno liberticida. La cámara aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en los términos votados por el Senado. Después de la medida cautelar provista por la Corte en relación a la Ley de Tierras, los libertarios acordaron votar con el macrismo y los bloques de los gobernadores un proyecto que legaliza un régimen de desalojos, e impide cualquier iniciativa de expropiación por razones de “utilidad pública” - la figura con la cual debieron legalizarse numerosas ocupaciones de fábricas que fueron vaciadas por sus propietarios.
 La sanción de este estatuto reaccionario quiso ser disimulada con la votación de una Ley de Discapacidad que aprobaron en consenso los libertarios, sus aliados y una amplia mayoría de diputados del pejotakirchnerismo. La norma reemplaza a la actual “emergencia en discapacidad”. En parte, legaliza las disposiciones de miseria asistencial de aquella emergencia, por ejemplo, una pensión por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima. Luego, establece una indexación mensual para los nomencladores de las prestaciones. Pero como ya ha ocurrido con los jubilados, deja afuera de ese ajuste a la confiscación perpetrada en 2024, cuando no se reconoció la desvalorización causada por la hiperinflación de comienzos de ese año. En consecuencia, la norma consensuada con el peronismo legaliza el despojo a la discapacidad, con un agravante: en el proyecto de Presupuesto 2027, los fondos previstos en este punto no aseguran de ningún modo las promesas de reajuste votadas ayer. Con solo dejar correr ese proyecto de Presupuesto, la Ley de Discapacidad sufriría un “veto” no declarado. En cuanto a las deudas del gobierno con prestadores, la ley aprobada le reclama al gobierno “establecer un cronograma”, una frase suficientemente difusa como para habilitar a nuevos bicicleteos.
 Para las organizaciones de discapacidad, la “emergencia” que se encontraba vigente era sólo un piso asistencial, después de un largo período de virtual liquidación de las prestaciones. Ahora, la ley mileo-peronista convierte a ese piso en un techo: permitirá que los libertarios se atrincheren en sus términos, con el argumento que la norma fue votada por “amplia mayoría”. La “oposición” del régimen replicó, con la discapacidad, la maniobra que consumaron los rectores universitarios en julio pasado: pactar con el gobierno un “vuelto” salarial, a cambio de enterrar a la Ley de Financiamiento Universitario. 
 Finalmente, en la madrugada del jueves se mandó de vuelta a comisión la cuestión del endeudamiento familiar, y probablemente por un largo tiempo. La bancarrota de seis millones de trabajadores será “un asunto privado”, como dice Milei y lo corroboran los bancos, que siguen tejiendo arreglos particulares con sus clientes, para convertirlos en deudores vitalicios. 
 La sesión de ayer puso de manifiesto una operación de rescate político en un momento preciso: cuando el capital financiero mira con lupa a Milei-Caputo, en vistas de que no cuentan con los recursos para afrontar los vencimientos de deuda. El jolgorio del Congreso pasó a segundo plano los datos de actividad económica de agosto publicados en el día de ayer: el “repunte” que se preveía después del retroceso de los meses anteriores, fue del… 0,1%. La caída frente al año anterior es del 1,7%. La expectativa de sostener la recaudación impositiva para pagar la deuda pública se viene abajo. Los “pagarés” de Milei y Caputo, incluso y sobre todo para con los discapacitados, son todavía más volátiles que los bonos del Estado. 

 Marcelo Ramal 
 22/10/2026

La sombra del default


La suba del “riesgo país” por encima de los 700 puntos enterró las habladurías del gobierno acerca de una incertidumbre financiera internacional. Los acreedores quieren saber cuáles son “las estrategias alternativas de financiamiento” (AF, 20/10) que maneja el gobierno argentino para pagar los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2027; saben que Caputo y Milei no tienen los recursos para afrontarlos. Recientemente, el Gobierno suspendió la emisión de bonos en dólares con vencimiento en 2029, al percibir que debía ofrecer intereses usurarios. 
 Milei ha festejado hace unos días las “exportaciones record” del mes pasado. Pero el ingreso de dólares es parte del problema, porque para sumarlos a las reservas el Tesoro tiene que comprarlos, acentuando el ajuste y la recesión. Un liberal, Aldo Abram, acaba de recomendar en La Nación (18/10) que el Gobierno deje de comprar reservas para que los pesos puedan circular como demanda hacia la industria. Caputo se encuentra atrapado en un rulo: si compra reservas, acentúa la depresión; si fomenta la demanda, tiene que declarar la cesación de pagos. La recesión disminuye los recursos fiscales y, con ello, la capacidad de pago de la deuda pública. Los dólares de las exportaciones serán un “montón”, pero la incesante fuga de capitales lo es también, orilla los 50.000 millones, aunque una parte se encuentra depositada en los bancos. El endeudamiento en el mercado local de capitales ha aumentado en 32.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Los vencimientos de capital e interés del próximo superan los 40.000 millones de dólares. La crisis mundial, en definitiva, no ha hecho más que agravar la crisis de financiamiento de los liberticidas. Políticamente, caminan por la cornisa. Política Obrera prevé que caerían al precipicio.

 Impasse político 

Este agujero negro explica el empantanamiento de los preparativos electorales. Temen a las PASO, porque una derrota en esa instancia dejaría al país sin gobierno. La suspensión de las PASO no necesariamente fragmentaría a la oposición y hasta podría sumar una candidatura de Patricia Bullrich contra Milei. Lo cierto es que los gobernadores desdoblarán las elecciones provinciales de las nacionales, salvo en Catamarca. De ese modo preservan a los intereses mineros bajo el paraguas local. La “banda” del RIGI -Sáenz de Salta, Figueroa de Neuquén, Jalil de Catamarca- confía en sostener los acuerdos leoninos con monopolios mineros o energéticos con independencia del gobierno que venga después de 2027. La letra del RIGI fue copiada de los acuerdos de Cristina-Kicillof con Chevron, en 2014, para iniciar la explotación de Vaca Muerta. La penetración subsidiada de algunas (pocas) inversiones extranjeras en el interior sellaron la alianza entre los libertarios y gobernadores. Pero, al mismo tiempo, sentaron las bases para la “independencia” política de estos últimos. 

 Peronismo 

El impasse de los preparativos electorales se extiende en buena medida al peronismo y, particularmente, a Kicillof. El exministro de Cristina no tiene ninguna respuesta para la crisis de deuda que él mismo renegoció bajo el ministerio de Martín Guzmán. Quien ha salido de las sombras es Sergio Massa, después del largo silencio que coincidió con su ingreso al Fondo de Inversión Greylock, un activo participante en la reestructuración de la deuda argentina bajo Martín Guzmán en 2020. Sergio Massa ensaya un tándem con Máximo Kirchner y con Cristina. En materia de definiciones económicas, Máximo insiste en que la deuda “no se puede pagar”, ofreciendo una nueva reestructuración. Las reestructuraciones no sólo son un esquema de esclavización financiera a perpetuidad, sino que dejan jugosas comisiones a los agentes financieros intervinientes. Como se ve, la salida “nac & pop” al desmadre Milei-Caputo es un rescate de los acreedores internacionales del país. Pero un reciclaje de la deuda argentina choca con la crisis financiera mundial en desarrollo. 
 Argentina, potencialmente, se mira en el espejo de las movilizaciones y crisis europeas. Una acción histórica independiente de las masas cortaría el nudo de este impasse catastrófico, y dejaría colgados del pincel a los Milei y sus “opositores” impotentes. 

 Marcelo Ramal
 21/10/2026

Un suizo solidario con Cuba


Una labor de amistad con entrega total a la causa de ayudar a Cuba la desempeña el médico suizo Beppe Savary-Borioli, quien asume esta tarea con mucha ternura por seguir el paradigma ejemplar de Ernesto Che Guevara y para desafiar al criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. 
En sus labores profesionales trabaja en el salvamento de personas en ambulancias y helicópteros, y sus conocimientos también lo desarrolla en acopiar medicamentos e insumos médicos donados por muchas personas de buena voluntad para enviar a la isla caribeña en contenedores marítimos. 
Pertenece a la organización Medicuba Suiza como miembro activo de la Asociación Suiza-Cuba y todas sus energías las vuelca en armar las cargas solidarias y coordinar toda su logística para que sean recibidas con toda la seguridad sanitaria que lleva, una labor silenciosa y anónima que todos los cubanos agradecemos. 
«Hacemos muchos proyectos de colaboración en el campo médico y en favor de energía fotovoltaica. Hemos contribuido con la electrificación solar de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y otros sitios. También tenemos coordinamos las maletas solidarias con ayuda en medicinas con turistas que viajan a la isla y la entregan en hospitales cubanos», relata el activista solidario. En estos momentos trabajan en completar otro contenedor del proyecto “Juntos se Puede” que será entregado a instituciones hospitalarias y en el que participan varias organizaciones de toda Europa como Medicuba, SODePAZ y la Asociación Paz y Solidaridad de Avilés. 
El anterior se envió el 17 de junio con equipos médicos y material sanitario donados por los hospitales de Barakaldo y Arrasate de la Osakidetza, dos sistemas fotovoltaicos de 5 kW con baterías para electrificar la editorial de la Mujer perteneciente a la Federación de Mujeres Cubanas y a una escuela sin amparo familiar del municipio Arroyo Naranjo en La Habana. También contiene mobiliario de oficina, jeringuillas y agujas.
 «El Centro Social de Onsernone en la municipalidad de Russo, donde trabajo mantiene un proyecto abierto con el Convento de Belen en la Habana Vieja que tiene en su instalación una residencia para ancianos», nos relata el activista solidarios y su mensaje lo concluye con la palabra “¡Venceremos!”. 

Nuria Barbosa