Huelga Indefinida de la docencia de Tierra del Fuego

¡Por el triunfo de la docencia fueguina!

 El SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina), principal sindicato docente de Tierra del Fuego, está llevando a cabo un paro por tiempo indeterminado desde el 3 de agosto, fecha en que debían retomar las clases luego del receso invernal. La huelga, resuelta el 3 de julio en un congreso provincial de delegados con mandato, está basada en reclamar la reapertura inmediata de la discusión salarial al gobierno provincial, y estuvo precedida de otros paros docentes en la provincia. El gobernador de Tierra del Fuego es Gustavo Melella, de pasado radical y enrolado luego en Unión por la Patria.

 El SUTEF denuncia que los salarios actuales fueron decretados por Melella, dejando en condiciones de pobreza a los docentes (una maestra de grado cobra hoy por un cargo $1.200.000), además de efectuar descuentos, aprietes y persecución. Reclama una “recomposición salarial real camino al Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352”, un plan de desenduedamiento familiar y el tratamiento y sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto presentado por el sindicato. Un reclamo extenso en la provincia es por el estado ruinoso de la infraestructura escolar. 

 El comienzo de la huelga tuvo un gran acatamiento, llevándose a cabo una importante movilización docente, la instalación de un acampe docente frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia y de una permanencia del Ministerio de Educación en Rio Grande, junto con otras manifestaciones dentro de la provincia. 

 El 4 de agosto, es decir un día después de lanzada la huelga indefinida, el gobierno provincial convocó al SUTEF y presentó una oferta de aumento salarial de entre 1,6 y 2 % de aumento que fue rechazada por insuficiente.

 En medio de la huelga, el SUTEF presento un proyecto de ley de desendeudamiento no bancario para la docencia, ante lo que consideran que “no se trata de un problema de administración individual, sino de la consecuencia de un modelo económico y salarial que obliga a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas”. 

 El SUTEF anunció además que presentó denuncias penales por falsedad ideológica y persecución sindical contra directores de escuelas quienes persiguen a los docentes bajo la amenaza de imputarles “ausencias injustificadas” ante la decisión de adherir a la huelga. Esta misma práctica ha sido aplicada por el gobernador Axel Kicillof contra la docencia en Buenos Aires. 

 El 6 de agosto, los docentes fueguinos participaron de la marcha contra la “inviolabilidad de la propiedad privada”. El 8 de agosto se llevó a cabo un Congreso Provincial que ratificó la continuidad de la huelga y resolvió nuevas manifestaciones.

 El 12 de agosto, el gobierno contrapropuso una nueva oferta, consistente en un 1,9 % de aumento para agosto, complementada luego con el pago de otras deudas, y el pago $44.500 en concepto de material didáctico. Con ello, el SUTEF anuncia que desde iniciada la huelga, el gobierno agrego $3.000 millones de “masa salarial” para los sueldos docentes. Han señalado que la propuesta debiera abarcar hasta febrero del 2027, incluye la devolución de todos los descuentos por huelga y que debe alcanzar a todos los jubilados docentes, en referencia a los pagos en negro (“no remunerativos”), una realidad de toda la docencia del país. Para el 13 de agosto, estaban convocadas asambleas docentes para considerar esta oferta.

 El SUTEF es un sindicato de base de la CTERA, pero esta central una vez más ha sometido al aislamiento a la docencia en lucha, sin una mísera acción de apoyo, tal como sucedió durante toda la primera parte del año con las huelgas docentes en Santa Cruz, y otras tantas provincias recientemente como Jujuy, Rio Negro y Córdoba. SUTEF integra, al mismo tiempo, el llamado “Frente Nacional Democrático por la Educación Pública” y el FRESU (Frente de Sindicatos Unidos), un agrupamiento sindical kirchnerista.

 El paro por tiempo indeterminado de la docencia fueguina marca un rumbo claro para la lucha docente de todo el país y del conjunto de los trabajadores para la defensa del salario, de las jubilaciones, del presupuesto educativo. Ha logrado conseguir nuevas respuestas salariales en solo 10 días, incluso antes si se considera la primera convocatoria efectuado por el gobierno provincial. Llamamos a una campaña nacional en apoyo y solidaridad con la huelga docente indefinida del SUTEF. Sigamos este camino para impulsar una huelga general educativa en todo el país. 

 Emiliano Fabris

 15/08/2026

El cobro de aranceles a ciudadanos extranjeros en los hospitales nacionales es un avance en la privatización de la salud

En un nuevo ataque contra extranjeros y migrantes, el gobierno liberticida reglamentó el procedimiento para que los hospitales nacionales comiencen a cobrar las prestaciones a extranjeros que no tengan residencia permanente en el país, mediante la resolución 1066/26 publicada en Boletín oficial el día martes 11.

 La medida se apoya en los cambios introducidos por el DNU 366/2025 a la Ley de Migraciones y establece el pago por la atención a aquellas personas que no tengan la residencia permanente, una clara diferenciación en la atención. La única excepción es la atención de emergencia, que según lo expresado por la resolución, seguirá garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria y "no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos". 

 De esta forma, el procedimiento es el siguiente: las personas que invoquen la condición de residente permanente para acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que un ciudadano argentino deberá exhibir obligatoriamente ante el área de Admisión el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para Extranjeros vigente, donde conste de modo expreso en el campo respectivo la categoría de “Residente permanente”. En caso de extravío o renovación en trámite, se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex, acompañada del pasaporte vigente o documento de identidad de su país de origen. 

 Las personas extranjeras no residentes, en cambio, en caso de contar con seguro de salud, el hospital podrá facturarle a la aseguradora el costo de la atención. En caso contrario, deberán abonar antes la prestación. Un anexo de la norma establece cuáles son cada una de las emergencias comprendidas como excepciones, que desde el Ministerio de Salud fueron resumidas como “aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o funciones vitales, como infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales”. Pero, el texto establece que “una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora según corresponda”.

 La medida de cobro a los extranjeros tiene antecedentes en las provincias de Jujuy, Salta , Mendoza. A partir de la resolución, se suman los centros de salud nacionales: Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Laura Bonaparte. Mientras que los llamados hospitales SAMIC, de gestión compartida entre la Nación y las provincias, como por ejemplo el Hospital Garrahan, al tener un consejo de administración, deberán aprobar su propio procedimiento de cobros. 

 En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno fascista de Jorge Macri, impulsó la medida llamada “Prioridad porteños” para excluir a los miles de trabajadores residentes en el conurbano bonaerense que ingresan a trabajar a diario a la ciudad de Buenos Aires. A partir del “procedimiento para el empadronamiento de usuarios en el sistema público” publicado el 29 de julio para CESACS, solicitan que, para empadronar a nuevos usuarios que soliciten turno por medio del 147 -la línea del Gobierno de la Ciudad- se adjunta como documentación, además del DNI, una boleta de un servicio para constatar domicilio. Previamente, Jorge Macri había anunciado el cobro a los extranjeros a través de su red social personal anunciando que “extranjero que se atiende en la ciudad, extranjero que paga”. Estas medidas ya están siendo motivo de debate y organización entre los trabajadores del primer nivel de atención y hospitales de CABA.

 Como venimos desarrollando en estas paginas, la reactivacion de un discurso pseudonacionalista apunta a dividir a la clase obrera del principal enemigo que es el explotador (la clase capitalista). En este caso, estamos ante otro paso en el avance del cobro de aranceles en los hospitales y centros de salud pública. 

 Rechazamos cualquier intento de dividir a la clase obrera y de privatizar necesidades tan esenciales como la salud o la educación. Organicemos una lucha en conjunto contra este gobierno. 

 Daniela Magoc 

 14/08/2026

Desdelsur SA, y decenas de empresas ‘criollas’ desmontan territorio Wichi

La expropiación nacional y popular de las tierras aborígenes. 

 En los últimos días, miembros de la comunidad wichi Lapacho 2, al norte de la provincia, volvieron a denunciar los desmontes indiscriminados en territorios de la comunidad. El cacique apuntó contra la empresa Desdelsur SA, una compañía cien por ciento nacional, afincada en el departamento San Martín, dedicada a la producción de legumbres, aceites, y en el último periodo ganado. La eliminación del monte nativo por parte de ésta y decenas de empresas en la región, afecta directamente el sustento de las comunidades, por la destrucción de especies como chañar, mistol y algarrobo, cuyos frutos forman parte de la dieta tradicional, además de plantas medicinales y fibras como el chaguar, esenciales para las artesanías que se venden en los mercados al turismo.

 Todo el chaco salteño es una zona arrasada por topadoras al servicio de la expansión de la frontera agrícola. La patria agroexportadora celebra junto a los pulpos extranjeros que arriendan miles de hectáreas cuando ya no pueden comprarlas, como lo hace la norteamericana Seaboard Co., en Orán. Las comunidades de la región sobreviven a pesar de las condiciones de desalojo y exterminio a las que los sometieron todos los gobiernos, provinciales y nacionales.

 Esta denuncia en el norte se suma a las luchas de la comunidad Diaguito Calchakí de las Pailas, en Cachi y Lule en San Lorenzo, contra los terratenientes locales y la oligarquía salteña que se apoya en la justicia y el parlamento para avanzar con desalojos. En el caso de Cachi, fue la inmensa movilización popular que se desarrolló contra la brutal represión y desalojo de familias en la comunidad Las Pailas, lo que obligó a la justicia a restituir cuarenta de las cuarenta y cuatro hectáreas que habían ordenado desalojar. La propiedad de esa tierra se la atribuye la familia Wayar, oriunda del departamento Cachi, que ya posee miles de hectáreas en la región de La Aguada, una quebrada y valle fértil para cultivos, en la que está impulsando un gigantesco negocio inmobiliario. Walter Wayar, uno de los integrantes de la familia de "originarios", fue intendente de Cachi, diputado del departamento, Vice Gobernador de la provincia durante el gobierno de Juan Carlos Romero y posteriormente Senador. 

 Wayar fue uno de los terratenientes locales que marchó el 6 de agosto pasado denunciando la extranjerización de la tierra. Uno más de los terratenientes nacionales "que supimos conseguir", que exige su derecho de propiedad, para acaparar tierras, recursos y explotar trabajadores en nombre del "derecho nacional".

 Este es el derecho que Sáenz y su senadora Flavia Royón, lobbysta de los capitales mineros en Argentina, defienden cuando dicen preservar la "soberanía nacional". Son garantes de la propiedad de la tierra en favor del gran capital nacional o extranjero y de los negocios inmobiliarios, a costas del desalojo de familias obreras. Bajo el gobierno de Sáenz y los gobiernos de Urtubey y Romero, en Salta avanzó como en ninguna otra provincia, la concentración de tierras en manos extranjeras y capitales nacionales. La hipocresía se disfraza con el poncho salteño para llevar adelante las peores atrocidades contra el pueblo trabajador. 

 El slogan “la patria no se vende”, con la que Sáenz buscó liderar el bloque de gobernadores aliados, que forzó a Milei a retirar los capítulos de tierras y fuego del proyecto original de propiedad privada, terminó rescatando el carácter reaccionario del proyecto, que habilita desalojos exprés en todo el territorio, cosa que en Salta ya existe por legislación local. 

 Pero detrás de esta consigna, los gobernadores arrastraron a la izquierda y al kirchnerismo en un frente común el 6 de agosto pasado. Las corrientes del frente de izquierda (PTS, PO, MST, IS), se diluyeron detrás de la burguesía nacional, en nombre de defender su propio derecho a explotar la tierra, las comunidades y los trabajadores que habitamos en ella.

 El debate en el Congreso Nacional puso al desnudo el carácter de clase del estado burgués, en el marco del régimen capitalista, éste defiende el derecho de los Wayar, Desdelsur SA., terratenientes locales, la burguesía y capitalistas “nativos”, contra los trabajadores y las comunidades. 

 Es necesario contribuir con esta claridad, y fijar las diferencias que existen, entre los socialistas, que defendemos el interés común de los explotados, de acceder a la tierra, a la vivienda, al trabajo y al salario; en contraposición a los que defienden el derecho de las patronales, la burguesía y los terratenientes, nacionales o extranjeros, a explotar y desalojar a los trabajadores. 

 Instintivamente esta confrontación se desarrolló masivamente el 6 de agosto pasado, en todo el país, contra el gobierno de Milei. Será tarea de un partido revolucionario, que en adelante esa tendencia progrese con una mayor conciencia política. 

 Violeta Gil 

 15/08/2026

Cultura, historia y marxismo según Walter Benjamin

100 años de Fidel y la historia que no suele contarse

España blinda Ceuta con el Ejército y la censura digital: el fascismo avanza mientras la Unión Europea se fractura

Ya son 142 los migrantes muertos desde la entrada masiva del 30 de julio a Ceuta y Melilla, las colonias españolas en territorio africano. El gobierno de Sánchez respondió con un operativo militar de excepción y un mecanismo de censura digital junto a Meta y TikTok, mientras la crisis profundiza la fractura política de la Unión Europea y le da oxígeno a la extrema derecha en todo el continente. 

 Los ministerios de Defensa e Interior cancelaron todos los permisos y licencias de los militares y guardias civiles desplegados en Ceuta y Melilla desde el 13 de agosto, invocando "necesidades del servicio" ante una convocatoria viral para un nuevo cruce el 15 de agosto (El Español, 10/08). El Centro Nacional de Inteligencia le dio "plena credibilidad" al llamado y despachó miles de efectivos a una de las fronteras más militarizadas de Europa. En paralelo, la Comisión Europea acordó con Meta y TikTok un protocolo de vigilancia digital: verificación prioritaria de contenidos sobre Ceuta y contacto diario entre Bruselas, Europol y las plataformas para bajar publicaciones y "reducir su difusión". Es directamente un dispositivo de inteligencia y policía digital, con Europol -el organismo policial de la UE- coordinando en tiempo real con las corporaciones tecnológicas qué contenidos sobre una masacre en la frontera pueden circular y cuáles no. El mismo Estado que reprime con deportaciones masivas y despliegue militar en Ceuta es el que decide, con el mismo aparato represivo trasladado a las plataformas, qué información sobre esa represión puede leer y ver la clase obrera.

 Esta ofensiva estatal convive con la movilización de la extrema derecha. Vito Quiles, Alvise Pérez y Núcleo Nacional convocaron concentraciones en la Plaza de los Reyes de Ceuta contra la llegada de migrantes, con la bandera española como emblema, pero fueron rechazados por buena parte de los propios vecinos ceutíes, muchos de origen marroquí, al grito de "Ceuta unida, nunca dividida" (La República, 03/08). El repudio callejero, sin embargo, no frena el corrimiento del centro político: el Partido Popular adoptó el marco discursivo de Vox y empezó a hablar de "invasión" y "avalancha" para referirse a la llegada de migrantes, mientras se niega a acoger a menores no acompañados (Público, 06/08). La deshumanización de la clase obrera migrante es un componente clave para la avanzada del fascismo. Ante la crisis migratoria que no pueden manejar, necesitan poner a la clase trabajadora española contra el proletariado migrante para poder reprimir sin repudio ni desatar cuestionamientos al régimen. 

 Esta fractura interna es el síntoma de una Unión Europea que no logra ninguna respuesta común frente a la crisis migratoria, y que en esa incapacidad alimenta el ascenso de la extrema derecha en todo el continente. Italia y Hungría exigen blindar la frontera exterior antes de discutir cualquier reparto de responsabilidades; Alemania presiona a Italia para que reanude las devoluciones del Pacto de Asilo a un mes de las elecciones en Sajonia-Anhalt, donde la ultraderechista AfD mide fuerte. España y Meloni llegaron a suspenderse mutuamente el Acuerdo de Schengen, con controles fronterizos cruzados entre dos socios de la misma Unión. 

 Detrás de la represión hay un objetivo imperialista concreto. España sostiene su dominio colonial sobre Ceuta y Melilla a cambio de reconocerle a la monarquía marroquí su ocupación del Sahara Occidental, en un pacto -firmado por el progresismo del PSOE- que le garantiza a la OTAN el control del Estrecho de Gibraltar, corredor estratégico del 18% del comercio marítimo mundial. Los mismos gobiernos que fingen ser comprensivos con los migrantes hoy militarizan la frontera y despliegan policía digital. Son los que defendieron durante décadas ese enclave colonial como avanzada imperialista en África, y hoy administran la consecuencia directa de esa política: miles de jóvenes que huyen del hambre que el propio saqueo imperialista produce en el continente. Esto deja en claro el pacto que sostienen los gobiernos de la burguesía, tengan el color que tengan. Por eso es importante que el proletariado construya su propia alternativa en un partido de la clase que defienda sus propios intereses.

 Fuera el Ejército de Ceuta y Melilla. Ningún migrante es una amenaza a la seguridad. Por un gobierno obrero, por la organización socialista internacional e independiente contra la guerra mundial imperialista. 

 Iara Bogado 

 14/08/2026

El paro de prácticos y pilotos hizo morder el polvo a los liberticidas

Desde el domingo a la madrugada hasta el martes por la tarde, los puertos argentinos se encontraban operativos, pero no recibían barcos. El comercio exterior quedó paralizado. Los prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de prestar servicios en rechazo al DNU 690/2026, publicado el viernes 30 julio en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional desregulaba el régimen del servicio de practicaje y pilotaje en puertos y vías fluviales, con el objetivo declarado de "reducir los costos" del comercio exterior. Sin los prácticos y pilotos los buques mercantes no pueden levar anclas, amarrar ni navegar por los ríos, ya que son quienes asesoran y supervisan desde los propios buques las maniobras que permiten la llegada y la salida de los puertos, dando las indicaciones necesarias para sortear bancos de arena, rocas y otros escollos.

Los prácticos y baqueanos certifican su conocimiento de la zona y se inscriben en un registro. Los prácticos y pilotos son profesionales independientes, no se encuentran sindicalizados, pero lograron lo que ningún sindicato del transporte pudo: paralizar el 80 % del comercio exterior durante 72 horas, dejando un tendal de más de 140 buques varados desde Ushuaia a Timbúes y cargas desviadas a Montevideo y Brasil. El gobierno liberticida intentó levantar la medida con la Prefectura Naval y fracasó estrepitosamente. El martes por la noche, finalmente, tuvo que recular y anunciar la suspensión de su propio decreto, aviniéndose a negociar una reducción de tarifas. 

 Como se trata de una actividad declarada "esencial", la Prefectura Nacional Argentina (PNA) intimó a 500 profesionales y, con el Código Penal en la mano, amenazó con encarcelar a los profesionales que no retomaran a sus actividades. A pesar del intento de amedrentamiento del gobierno liberticida, los prácticos y pilotos se declararon en paro por tiempo indeterminado. Es la segunda huelga, en una semana, que derrota el dispositivo antihuelgas de la contrarreforma laboral. Ya había ocurrido el lunes, con el parazo docente en todo el país. 

 El decreto

 A pedido del “desregulador” Federico Sturzenegger, el DNU había sido ideado y redactado por abogados ligados a los intereses agroexportadores. Allí se introducían modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje, con el objetivo de “abrir el sector a la competencia”, eufemismo de la rebaja de los honorarios de los baqueanos. En abril pasado, cuando el gobierno adelantó el contenido del DNU, desde la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos (IMPA) señalaron que se degradaría la seguridad del movimiento de buques, aumentando la probabilidad de colisiones, abordajes, encallamientos e interrupciones en el comercio. Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos también rechazaron la desregulación del servicio y presentaron un pedido formal para frenar los plazos administrativos. 

 Sturzenegger, de un plumazo, se propuso eliminar “requisitos considerados obsoletos”, dando facilidades a la entrada de nuevos prestadores al servicio de practicaje y estableciendo que podrían ser contratados libremente por los usuarios, por fuera del registro de las asociaciones. El DNU también establecía que la Prefectura sería la encargada de mantener un registro "abierto" de profesionales. Incluso se autorizaba a la Prefectura por decreto a proveer los servicios de practicaje cuando “a su juicio se presenten situaciones excepcionales que impidan el normal funcionamiento del sistema” y que incluso “podrá requerir a la Armada Argentina la prestación de dichos servicios”. También se establece que “en situaciones excepcionales de crisis del sistema o fuerza mayor, podrá autorizar a capitanes de ultramar o fluviales que cuenten con certificado de conocimiento de zona a que presten el servicio de practicaje y pilotaje en forma temporaria”. 

 Sturzenegger justificó las desregulaciones afirmando que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. 

 Sturzenegger mordió el polvo

 Finalmente, el Gobierno abrió una instancia de negociación, en las que se acordó una reducción del 20 % de las tarifas. Se vio obligado a suspender el decreto de marras, que estuvo vigente sólo cuatro días.

 Por su parte, las navieras, principales impulsoras de la "desregulación", no pudieron mover los buques, en buena medida, por temor a que ocurriera algún siniestro y las compañías de seguros deslindaran responsabilidades contractuales. El paro total de la actividad en todos los puertos del país puso al descubierto que la Prefectura no tiene capacidad operativa para reemplazar a prácticos y baqueanos.

 Lucas Giannetti 

 05/08/2026

Represión en Jujuy: desalojo de comunidades originarias en la Quebrada

El lunes se produjo una brutal represión en Humahuaca contra miembros de la comunidad originaria Santa Rosa, en un intento de desalojo ordenado por la justicia provincial y acompañado por un fuerte operativo policial. El operativo contó con la venia del gobierno radical de la provincia y también del intendente peronista del municipio.

 El desarrollo urbano ha hecho que el territorio de esta comunidad hoy se encuentre convertido en una suerte de barrio o asentamiento pegado a la ciudad, lo que eleva sustancialmente el valor de las tierras para su explotación inmobiliaria. 

 El operativo dejó heridos de diversa gravedad y ocho detenidos a los que la justicia imputó por diversos cargos, buscando sentar un precedente de amedrentamiento a todo el que intente resistir cualquier tipo de atropello.

 Luego del escándalo mediático, el gobierno provincial, a través del secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, intentó presentarlo como un conflicto “entre privados” donde la policía sólo actuó por mandato de la justicia (El Tribuno, 11/8). La movilización de más de 100 oficiales de policía y el derrumbe de una vivienda con una retroexcavadora demuestra que se trató de un hecho muy por encima de un conflicto entre vecinos.

 Un desalojo flojo de papeles

 El avance represivo de la policía para cumplir la orden judicial de desalojo no tuvo reparos en nada. La propia directora de la Dirección Provincial de Inmuebles reconoció algunos errores en la demarcación de los territorios, con superposiciones entre algunas cédulas parcelarias y los terrenos de la comunidad. 

 A pesar de esta irregularidad reconocida inclusive por profesionales y técnicos, la justicia dictó sentencia sobre el caso y el juez de Primera Instancia Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, sentenció el desalojo. 

 Los gobiernos radicales de Morales y su sucesor Sadir han tenido diversos conflictos por operaciones de especulación inmobiliaria, algunas veces chocando con comunidades originarias y otras con vecinos o campesinos que viven desde hace generaciones en sus territorios. Solo para nombrar algunos, ha habido desalojos en Guerrero, Palpalá, Finca el Pongo (Perico), La Quiaca, Yavi; pero la zona de la Quebrada de Humahuaca, destino turístico por excelencia cuya valorización se fue por las nubes no solo por sus paisajes, sino también luego de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, es la más preciada. En los últimos años se han producido grandes desalojos y desplazamientos forzados en la zona, en función de la explotación de terrenos con fines de desarrollo comercial y turístico. Hubo conflictos con la Comunidad de Cueva del Inca en Tilcara, desplazamiento de vecinos de Maimara que construyeron sus viviendas en terrenos ferroviarios (hoy ubicados en el centro del pueblo), desalojo de vecinos del barrio Estación en Tilcara, y ahora en Humahuaca contra la comunidad Santa Rosa. 

 Este nuevo atropello es la consecuencia directa del entramado legal y político que busca hacer grandes negocios con la tierra. El gobierno radical –en sintonía con el gobierno liberticida de Milei- se ha valido de una estructura jurídico-legal afín para esta avanzada reaccionaria, partiendo del Código Contravencional. La reforma constitucional en 2023, sumada a la derogación del decreto de emergencia territorial (Ley 26.160) a nivel nacional y al intento de imponer la Ley de Tierras, dio la señal de largada a las patronales y especuladores para avanzar con los desalojos. 

 La lucha contra el acaparamiento inmobiliario y el desalojo de los pobladores originarios es una lucha inseparable junto a la clase obrera, contra el gobierno nacional, provincial y municipal porque los tres defienden una agenda de intereses capitalistas ajenos a los del pueblo trabajador. 

 Martin Iñaki Aldasoro 

 12/08/2026

Hadad, Brito y los sondeos de candidaturas del gran capital

Dos empresarios promotores de la ofensiva patronal contra los trabajadores. 

 El empresario dueño de Infobae, Daniel Hadad, encabezó un evento en la Facultad de Derecho donde presentó un documental sobre el histórico encuentro en Francia entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, auspiciado, entre otros, por el titular del Banco Macro, Jorge Brito. Estos dos personajes pertenecientes a la gran burguesía argentina aparecen como posibles candidatos presidenciales "outsiders" impulsados por sectores del denominado "círculo rojo" y de los partidos tradicionales capitalistas, así como también por elementos de la burocracia sindical de la CGT.

 Importantes grupos burgueses vinculados a la industria, la banca, el "campo" y el gran capital internacional comenzaron a mover sus fichas y sondean candidaturas para un eventual relevo del gobierno de Javier Milei. Sobre todo en un contexto donde las contradicciones económicas y sociales en Argentina continúan intensificándose como consecuencia del fracaso de la política de Milei, generando las condiciones para una posible implosión del esquema económico. Así es como aparecen Hadad y Brito, que directamente son capitalistas y buscan dar tranquilidad a los suyos.

 De la gran burguesía 

Daniel Hadad viene acompañando el rumbo del gobierno libertario, como se ve en las posiciones que adopta Infobae al respecto. El medio opera a favor de la derecha y del imperialismo-sionismo, e impulsa las reformas capitalistas (laboral, previsional, etc.) contra los trabajadores, la persecución contra el movimiento piquetero y el reforzamiento de la política represiva mileísta. 

 De la gestión libertaria reivindicó a Sandra Pettovello, quien impulsa el ajuste sobre educación y ha quitado toneladas de alimentos a los comedores populares; así como también a José Luis Daza, viceministro de Economía de Milei, conocido por ser un exempleado del Banco Morgan y por tener vínculos con Scott Bessent -secretario del Tesoro de Estados Unidos. También han salido a la luz sus relaciones empresariales con Leonardo Scatturice, el aliado de Santiago Caputo que es dueño de Flybondi.

 Jorge Brito, además de ser el capo del Banco Macro, es dueño de Genneia, que se unió a los hermanos Neuss para comprar las acciones estatales en Transener. La empresa maneja aproximadamente el 85% de la red de líneas de alta tensión del país y supervisa el 15% restante. 

 Brito, a diferencia de Hadad, ha dicho públicamente algunas de las medidas que impulsaría. Es partidario de sostener las medidas de Milei, sobre todo el Rigi, y de promover los negocios vinculados a la minería y los centros de datos, como dejó en claro en su intervención en la última edición del AmCham Energy Forum este jueves 13 de agosto. Y habló de la necesidad de "recuperar la confianza" de los acreedores internacionales. 

 Tanto Brito como Hadad, con todo, intentaron bajar el tono a las candidaturas. En un artículo de ElDiarioAr (13/8) se sostiene que detrás del impulso a estos candidatos outsiders se encuentran personajes como Juan Manuel Olmos, estratega del PJ porteño, y Emilio Monzó, expresidente de Diputados bajo el gobierno de Mauricio Macri. También estarían jugando Diego Bossio (ex Anses) y Nicolás Massot (PRO). 

 Reconfiguraciones 

El acto, en el que se presentó el cortometraje "El Libertador", contó con la presencia de grandes exponentes de la política burguesa; entre ellos Macri y su primo Jorge (CABA), y gobernadores como Frigerio (Entre Ríos), Zamora (Santiago del Estero), Weretilneck (Río Negro) y Torres (Chubut). También dijeron presente intendentes peronistas como Otermín (Lomas de Zamora), la ultrak Mayra Mendoza (Quilmes); senadores camporistas como Mariano Recalde y "Wado" de Pedro, y radicales como Lousteau y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. 

 Por el campo empresarial estuvieron Luis Galli (Newsan), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Eduardo Constantini (Consultatio), Eduardo Elsztain (Irsa), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción) y ejecutivos del Grupo Techint de Paolo Rocca y la Asociación de Bancos Argentinos. También se los vio a Ariel Lijo y Ricardo Lorenzetti, de la casta judicial. 

 Y a Gerardo Martínez de la Uocra, que al igual que otros exponentes de la burocracia sindical como los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, bancan a Hadad. Se suben a cualquier carro para mantener sus privilegios de casta, mientras pactan con Milei la aplicación de la reforma laboral en los lugares de trabajo. 

 Todo el movimiento de reconfiguraciones políticas refleja la disgregación de los partidos capitalistas. Macri, que estuvo en el evento e Hadad, rosquea de nuevo con La Libertad Avanza. Otros popes burgueses como Rocca y Héctor Magnetto (Clarín) estarían impulsando una candidatura de Patricia Bullrich, con roces dentro del gobierno tras la sucesión de golpes políticos recibidos. La crisis del gobierno de Milei y la del peronismo expresa la acumulación de fracasos de todos los gobiernos capitalistas. 

 Esta crisis es la consecuencia, en última instancia, de la incapacidad de una clase dominante (la burguesía argentina) asociada al imperialismo de sacar al país de la crisis. Por eso es importante, desde el punto de vista de los trabajadores, construir una alternativa política propia. La campaña que impulsa el Partido Obrero por comités unitarios en apoyo al Frente de Izquierda se inscribe en ese sentido. 

 Nazareno Suozzi

Cubadebate transmite El I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro

CON FILO | 5to aniversario

Facundo Moyano, una vida de lujos mientras la actividad del peaje se muere

El martes 5, Facundo Moyano, de 41 años, dirigente sindical y "número uno“ del sindicato del peaje, SUTPA, fue detenido. Candela Arizagam, su pareja actual, de 24 años, deambulaba a las 5 de la mañana por las calles de Barrancas de Belgrano mientras Moyano la perseguía. La mujer fue asistida y trasladada por el SAME al Hospital Pirovano. Se radicó una denuncia por violencia de género en la comisaría y el caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Ambos presentaban signos de consumo de sustancias. Por la tarde la policía allanó su lujoso departamento, un piso 21 ubicado en Avenida del Libertador al 5400, uno de los enclaves más caros de CABA. 

 La burocracia moyanista está socialmente disociada de las necesidades y las urgencias de los trabajadores que dicen representar. Han tomado por asalto los sindicatos para su propio interés. Así como el SUTPA se usó como trampolín para lanzar a Facundo Moyano a la arena política, el resto del clan ha hecho desastres con el vaciamiento de la obra social de Camioneros, hasta dejarla en bancarrota. El asunto se dirime como una interna familiar, sin el concurso de los trabajadores que aportan y apuestan todos los días su salud arriba del camión o en una cabina.

 Mientras Facundo Moyano se comporta como un verdadero lumpen con dinero, los trabajadores de la actividad de autopistas y rutas pierden sus fuentes laborales como consecuencia del desguace de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Ausente en la lucha, el sindicato de peajes y sus máximos dirigentes parecen estar en otra cosa: jet set, lujo, viajes a la copa del mundo, guardaespaldas, choferes, coches último modelo y estilos de vida que no pueden explicar según sus ingresos declarados. Los trabajadores de la actividad se encuentran en un momento crítico mientras sus dirigentes viven vida de empresarios. 

 La actividad de peajes y afines atraviesa una modernización en el cobro de peajes. Esta modernización consiste en el cobro automático y la eliminación de las cabinas de peaje bajo la denominación del free flow. En las autopistas, que todavía tienen concesión vigente, se realiza a cuenta gotas una reconversión laboral, a dedo y según un criterio político arbitrario determinado por la dirección del SUTPA, combinada con un plan de retiros voluntarios. 

 Por otra parte, aquellas que fueron licitadas recientemente han despedido a los cajeros e ingresan a la explotación de los tramos concesionados vía cobro automático.

 Las indemnizaciones de los despedidos serán pagadas en cuotas, según la reforma laboral recientemente aprobada por todo el arco político parlamentario.

 Bajo la actual gestión de Javier Milei se inició el proceso de privatización y concesión a privados de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales y tramos viales clave, destacándose los corredores: Tramo Mediterráneo, Tramo Puntano y los Tramos Portuarios Norte y Sur. Las concesiones se otorgan bajo el régimen de peaje por un período de 20 años; y se transfieren, asimismo, las actividades de construcción, administración, explotación y mantenimiento al sector privado sin subsidios estatales, en el marco de la desarticulación de la empresa estatal Corredores Viales S.A. 

 Convocamos a asambleas de base para deliberar el futuro de los puestos de trabajo y quitar de la negociación a los personeros de las empresas que negocian con nuestro futuro y nuestras familias.

 Desarrollemos un plan de lucha que coloque la reconversión del total de los trabajadores afectados, la reincorporación de los despedidos y un salario que sea igual a la canasta familiar. 

 Marina Mendieta 

 09/08/2026

Universidad: la contrarreforma educativa viene marchando

El segundo cuatrimestre empieza con el gobierno incumpliendo todos y cada uno de los acuerdos y fallos con los que terminó el primero.

 De la ruinosa acta acuerdo que firmara a principios de junio junto a los rectores y la burocracia, solo ejecutó lo referido a los salarios: el 21% de julio que consolida la confiscación de otro tanto por ciento. Omitió los aumentos de becas, gastos de funcionamiento y presupuesto para hospitales universitarios. Respecto a los fallos judiciales, después de desconocer los de primera y segunda instancia, desconoce también el de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar por la Ley de Financiamiento. 

 Tal y como señalamos en su momento, el gobierno usó el pacto con el CIN y los gremios para incumplir el fallo de la Corte. Solo que, acto seguido, también pasó a desconocer ese mismo acuerdo. Para la universidad y sus trabajadores, ni el pan ni las migajas. Esto explica por qué, a casi dos meses de la maniobra que buscó cerrar el conflicto, éste siga abierto. 

 Pero el gobierno no se limita a incumplir leyes, también motoriza las propias. Tiene en agenda el proyecto de Ley de Libertad Educativa, un engendro reaccionario que fija esquemas de financiamiento arbitrarios, abre la puerta a la mercantilización desembozada para la generación de "recursos propios" (arancelamiento, privatización, convenios con empresas) y profundiza el carácter expulsivo de la educación superior con regímenes de regularidad a fijar por el Ejecutivo. Si a esto le sumamos el desembarco de los créditos universitarios (SACAU) impulsados por el CIN y el arancelamiento de la oferta académica estimulada por decanos y rectores, entonces tenemos una contrarreforma educativa en toda la línea. 

 El gobierno acompaña el impulso legislativo a estas medidas con una agitación fascistizante sobre la universidad. El desfinanciamiento y la privatización es la premisa para la represión del pensamiento crítico en las aulas y pasillos. Milei quiere eliminar el “adoctrinamiento comunista” para desembarcar con las “teorías” y doctrinas de los pseudoacadémicos fascistas que lo secundan desde las cavernas libertarias. Como para no dejar dudas de estas intenciones, terceras líneas de agitadores libertarios se constituyeron en grupo de choque para vandalizar facultades y atacar estudiantes. El partido de gobierno no ha desmentido (tampoco podría) la presencia de sus militantes en estas provocaciones. 

 Todo está planteado, por lo tanto, para un relanzamiento de la lucha universitaria. Debe pasar, claro está, por el tamiz de la crítica a lo hecho hasta ahora. Quedan en el filtro la actuación de las direcciones sindicales y estudiantiles, y la de los rectores, que han bombeado cualquier profundización de los paros, convocados a cuentagotas. La perspectiva de la autoconvocatoria, de la asamblea y la huelga universitaria hasta que se cumpla con la ley se mantiene tan vigentes como antes. La experiencia de la huelga en Exactas-UBA muestra que es posible, pero también que es necesario generalizarla para impactar de conjunto. 

 Facundo Perales 

 06/08/2026

Mercado Libre: beneficios fiscales, trabajadores precarizados y deudores apretados

Galperín recibió beneficios fiscales por unos $68.000 millones en seis meses, mientras se enriquece con el endeudamiento de los trabajadores.

 Mercado Libre informó beneficios fiscales por unos $68.000 millones durante el primer semestre de 2026, como resultado de la aplicación de los beneficios otorgados con el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, a pesar de tratarse de uno de los sectores más dinámicos y rentables de la economía, enriqueciéndose con el endeudamiento de los trabajadores y las peores prácticas de la usura tradicional. 

 Los datos datos surgen del balance presentado por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), con unos 42 millones de dólares en beneficios, vinculados principalmente con Ganancias y contribuciones sociales. 

 Mercado Libre acaba de alcanzar un récord de facturación, con ganancias semestrales que se cuentan de a cientos de millones de dólares. No obstante lo cual Galperín se sigue beneficiando de rebajas tributarias y privilegios fiscales con los que no cuentan millones de trabajadores que no llegan a fin de mes. 

 El régimen de promoción de la Economía del Conocimiento está detrás de una parte de estos beneficios. La ley fue sancionada originalmente en 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, y posteriormente modificada durante el gobierno del Frente de Todos. Unos y otros gobiernos terminaron garantizando beneficios fiscales para grandes patronales tecnológicas.

 Flexibilización laboral, consumo y endeudamiento 

La expansión del negocio de Galperín se apoya en una estructura laboral donde lo que priman son la flexibilización laboral, la precarización y el deterioro de las condiciones de trabajo. La digitalización no eliminó la explotación laboral: la reorganizó volviéndola menos visible y con un mayor componente de explotación y precariedad laboral, con convenios propios diseñados a imagen y semejanza de las necesidades patronales. 

 Mientras la empresa aumenta sus ingresos y su poder de mercado, millones de trabajadores enfrentan salarios que pierden capacidad de compra y un sistema previsional cada vez más debilitado. Los beneficios sobre las contribuciones sociales tampoco son un asunto menor: cuando se reducen los aportes vinculados al trabajo registrado, se deterioran los recursos que sostienen la seguridad social, vaciando los fondos de la Anses.

 El mismo sistema que beneficia fiscalmente a una de las empresas más rentables del país empuja a los trabajadores a financiar su consumo mediante el crédito. Cuando el salario no alcanza, aparece Mercado Pago con un préstamo disponible en pocos segundos, bajo condiciones leoninas y usurarias.

 Mercado Pago no es un banco, pero Mercado Libre figura ante el Banco Central como proveedor no financiero de crédito y como emisora de tarjetas. La diferencia jurídica con un banco existe, pero para el trabajador endeudado la cuestión concreta es cuánto tiene que devolver, qué tasa paga y qué ocurre cuando no puede hacerlo. El propio Banco Central contempla específicamente a las empresas que, sin ser entidades financieras, ofrecen crédito al público de manera habitual. 

 Tasas usureras y aprietes

 Las tasas de los proveedores no financieros de crédito constituyen uno de los puntos centrales de la expansión del negocio financiero de las fintech como Mercado Pago. La facilidad de obtener dinero con un par de clics puede ocultar el verdadero costo de la operación, especialmente para quien recurre al crédito porque no llega a fin de mes. 

 El círculo es perfecto para el capital: salarios insuficientes que obligan a endeudarse, una plataforma que concentra el consumo y una empresa que obtiene ganancias tanto de las operaciones comerciales como del financiamiento. El trabajador compra, se endeuda y después tiene que pagar intereses para volver a comprar. 

 A esto se suman denuncias e investigaciones sobre mecanismos de cobranza que habrían involucrado comunicaciones con familiares, contactos e incluso empleadores de personas morosas. Mercado Libre niega esas prácticas, pero la discusión sobre los mecanismos de cobranza y el uso de los datos de los usuarios está instalada. En cualquier caso, el endeudamiento masivo no puede ser presentado como una solución a la caída del salario: es otra forma de explotación y sometimiento. 

 Cabe señalar que los fondos en las billeteras virtuales o fintech no son depósitos bancarios y, por lo tanto, no cuentan con la garantía estatal del seguro de depósitos que protege a los bancos, dejando a los trabajadores expuestos ante eventuales quiebras o cambios abruptos en la economía. 

 No hay ninguna razón para subsidiar a un gigante que factura más de 10.000 millones de dólares mientras se recortan jubilaciones, salarios y recursos de la seguridad social. El beneficio fiscal de Mercado Libre es la expresión de una política de Estado que, bajo distintos gobiernos, coloca recursos públicos al servicio de los grandes capitalistas. Hay que terminar con los privilegios patronales, recuperar los recursos de los trabajadores transferidos en favor de los capitalistas y colocar bajo control de los trabajadores, con comisiones obreras en los lugares de trabajo, las condiciones laborales de este negocio. Macado Libre y Mercado Pago no pagan, es hora de que Galperín pague. 

 Marcelo Mache

Milei y Noboa, dos amigos de la motosierra y la represión

El presidente argentino se reúne con su par ecuatoriano. 

 Como parte de una gira que lo llevará por Ecuador y Colombia, el presidente argentino Javier Milei se reunirá este jueves 6 con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Ambos mandatarios integran -igual que el colombiano Abelardo de la Espriella, que asumirá el cargo el viernes 7- el bloque de gobiernos ultraderechistas y trumpistas latinoamericanos. 

 El encuentro tiene, sobre todo, el sentido político de reforzar ese espacio continental. Milei viene de participar, hace pocos días, del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en Brasil y de reunirse con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ambos respaldados por Trump.

 En términos prácticos, se espera que Milei y Noboa avancen en la firma de un convenio para acelerar y facilitar las extradiciones, y en acuerdos sobre "ciberdefensa" y servicios aéreos, según anticipó Diana Salazar, embajadora ecuatoriana en Argentina. 

 Milei y Noboa se reunieron en Buenos Aires en agosto de 2025. Posaron entonces para la foto con una motosierra y un machete, respectivamente, como símbolos de las políticas de ajuste y mano dura.

 Noboa, hijo de uno de los mayores empresarios ecuatorianos, llegó al poder en noviembre de 2023. Impuso tempranamente un estado de excepción y militarización en distintas provincias, con el argumento de enfrentar el narcotráfico. A mediados de junio de este año, diez de veinticuatro provincias quedaron englobadas bajo este régimen por 60 días. Con el nuevo decreto, "Ecuador acumula cerca de 900 días bajo algún régimen de excepción desde que Noboa inició su gobierno", según Infobae (16/6).

 Los resultados han sido nefastos. La violencia y el accionar de los grupos del narcotráfico no se detuvo (el año 2025 cerró con una tasa de homicidios de 50.9 cada 100 mil habitantes, contra 39 de 2024, 47 de 2023 y el 8.1 de 2020), mientras se suprimían las libertades democráticas de la población y se perpetraban distintos abusos. La huelga general de fines de 2025 impulsada por la Conaie (Coordinadora de Nacionalidades Indígenas) contra la supresión de los subsidios a los combustibles fue enfrentada con el ejército, que intervino contra los cortes de ruta. La represión dejó tres muertos. El propio Noboa se paseaba de manera provocadora en convoys militarizados por las zonas en conflicto. A esto se suma el caso de "los cuatro de Guayaquil", cuatro menores que fueron secuestrados y asesinados en 2024 por miembros del ejército cuando volvían de un partido de fútbol. 

 Como parte de su alineamiento con Trump, Noboa impulsó una consulta popular en noviembre de 2025 para permitir la reinstalación de bases militares extranjeras. Aunque fue derrotado en dicha consulta, entre abril y mayo de 2026 se desarrollaron dos meses de ejercicios conjuntos entre militares de ambos países. Noboa, además, apoyó la invasión de Venezuela que derrocó a Nicolás Maduro a comienzos de año. Ecuador tiene en vigencia, también, un acuerdo con el FMI por 5 mil millones de dólares, cuyos desembolsos están atados al cumplimiento de severas medidas de ajuste. 

 Este repaso ayudará a entender la afinidad con Milei, que también está bajo la supervisión del FMI, se alineó con Trump y promueve el ajuste, la represión y el ataque a la izquierda y el socialismo. 

 A estos gobiernos debemos derrotarlos con la lucha en las calles y la huelga general. 

 Gustavo Montenegro

Genocidio en Gaza: la barbarie sionista en redes sociales, las humillaciones a los palestinos y las tareas de la juventud

Equipos de rescate gazatíes recuperaron los cuerpos de 112 fallecidos. Llevaban dos años bajo los escombros.

Días atrás en Ciudad de Gaza fueron recuperados en el barrio de Sabra los restos de 112 palestinos que pertenecían a una misma familia, entre ellos había 44 niños. La recuperación de los cadáveres permitió realizar un funeral colectivo para las víctimas, cuyas imagenes conmocionaron a lxs trabajdores del mundo. 

 Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí hicieron saber que las víctimas fueron atacadas dentro de sus viviendas por el ejército sionista de Israel. Los restos de los palestinos estuvieron bajo los escombros de sus viviendas durante casi tres años, según informó la citada fuente. 

 Y mientras en la Franja de Gaza se continúan encontrando muertos entre los escombros, otra imagen volvió a poner el foco sobre la forma en que son tratados los palestinos detenidos. Recordemos que a fines de julio comenzó a circular una fotografía en la que aparecen dos soldados israelíes posando junto a un palestino con los ojos vendados. La imagen fue difundida originalmente desde una cuenta personal de Instagram y posteriormente generó fuertes críticas. 

 La fotografía muestra a una persona detenida, con los ojos vendados, convertida en el escenario de humillación. Por un lado, los restos de una familia entera que permaneció durante años bajo los escombros, por otro, la imagen de un hombre detenido y vendado mientras soldados posan junto a él con la clara intencion de humillar. Ambas imagenes mantienen una relación profunda. 

 Lo notorio de esto es el desbalance entre un pueblo que resiste a la colonización con las herramientas que tiene a su alcance y el Estado sionista que tiene como objetivo garantizar los intereses del imperialismo en el Medio Oriente. 

 También puede convertir el cuerpo de una persona en un número, un trofeo, una imagen para redes sociales o un objeto que puede ser humillado. La muerte de 112 integrantes de un mismo barrio nos habla de la escala de la destrucción. Porque Gaza no es solamente una sucesión de cifras, detrás de cada número hay una familia, detrás de cada detenido hay una persona. En este escenario sesionó en julio la Conferencia Internacionalista de Atenas que analizó el desarrollo de movimientos de masas contra el genocidio en Palestina. 

 Ante un gobierno completamente reaccionario y entregado a los intereses del imperialismo y del sionismo, como el de Milei, la juventud y los trabajadores debemos organizarnos para derrotarlo. Sin dudas será un gran aporte a la lucha del pueblo palestino. ¡Que viva su lucha y resitencia! 

 Facundo Salas

La combativa movilización del jueves

La protesta contra la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” dejó, como uno de sus saldos, un incremento en la acción directa y la lucha callejera. El epicentro de esta confrontación ocurrió en las inmediaciones -y más allá- del Congreso Nacional, aunque tuvo sus réplicas en La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta. En Buenos Aires, y bajo una lluvia por momentos torrencial, masas de manifestantes cubrieron desde la avenida Callao hasta la avenida 9 de Julio. Este rechazo político ya venía anticipado por una amplia agitación “desde abajo”, con autoconvocatorias e incluso pronunciamientos de diversos artistas y figuras públicas. La misma se mantuvo a pesar del clima y de que el gobierno había retirado el comentadísimo capítulo de la venta de tierras. Un informe de la consultora INGOB sobre la conversación de estos temas en las redes sociales (X, instagram y facebook), midió 3.5 millones de interacciones y 31 millones de vistas y arrojó un 97 % de negatividad para el gobierno. La exorbitante cifra de heridos (mil quinientos) no sólo da cuenta de la magnitud represiva -un ´clásico´ desde la sanción del “protocolo antipiquetes”- sino, y en este caso, de la persistencia y la combatividad que adquirió la jornada. 

 Frente al Congreso se desplegó el ´habitual´ operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura), que ese día contaron, al menos, con dos mil uniformados. Los primeros choques se registraron a las 16.45 horas. Un grupo de manifestantes logró derribar una de las vallas de seguridad instaladas en la calle Yirigoyen, lo que dio inicio a una respuesta represiva salvaje. En ese horario continuaba la afluencia a la marcha, la cual rodeaba cada vez más, por las calles laterales, al operativo represivo. La policía solo pudo ´despejar´ con un despliegue de fuego digno de una confrontación militar. 

 Antes de las 17 horas las fuerzas de seguridad ya habían avanzado sobre Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, con carros hidrantes y una balacera de postas de goma que empujó a los manifestantes hacia las veredas. Mientras, en Callao y Bartolomé Mitre la Gendarmería salió desde detrás de las vallas -que nadie había volteado- disparando balas de goma y gases lacrimógenos. La policía utilizó también gas pimienta y aparecieron postas de byrnas, armas de aire comprimido que lanzan balas de plástico o proyectiles químicos. Cuando podían, también usaron los palos y los escudos para golpear a quien tuvieran cerca. El humo del gas tuvo que cubrir el conjunto de Plaza Congreso para dispersar a los grupos más numerosos. La represión hizo que los manifestantes fueran corridos unas diez cuadras, llevando la persecución hasta la avenida 9 de Julio, donde siguieron disparando entre peatones y colectivos. En paralelo, escuadrones motorizados realizaron razzias a lo largo de la Avenida de Mayo y las calles Rivadavia e Yrigoyen. Focos de represión y resistencia ocurrieron a lo largo de varias calles perpendiculares a las mencionadas. 

 A pesar de este despliegue de la represión, la firmeza de los manifestantes se mantuvo intacta. Muchos insistieron en volver al Congreso o a sus calles cercanas y se reorganizaron para intentar arremetidas contra la policía. Una columna organizada en el momento se dirigió a protestar a la Plaza de Mayo. En simultáneo, la represión se tuvo que expandir hasta las pizzerías de la Avenida Corrientes. Recién a las 22.30 horas se pudo hablar de una retirada, aunque los disturbios siguieron hasta las 23.30. Cerca de la medianoche, un nuevo cordón policial debió armarse para alejar del Congreso a los últimos.

 La brutal represión dejó, al menos, 1500 heridos de un lado y el ´reporte´ de cuatro agentes lastimados. Treinta fueron detenidos, de los cuales dieciocho fueron liberados. Una fotógrafa resultó herida de gravedad y fue trasladada al Hospital Argerich tras recibir un proyectil policial que le fracturó el cráneo. Como ya ocurrió con Pablo Grillo, la prensa que registraba la represión fue arteramente atacada. El gobierno pretenderá acusar a los detenidos por los delitos de atentados al orden constitucional y a la vida democrática cuando es él mismo el que declara estados de sitio de facto y reprime salvajemente la protesta, que es un derecho constitucional explícito, aunque antes que nada un método de acción irrenunciable de los explotados en todo el mundo y todas las épocas.

 Fede Fernández 

 09/08/2026

Después del jueves del Senado

El esfuerzo del pejotakirchnerismo por apuntalar a un gobierno chamuscado Los periódicos de este domingo 9 se relamen con los traspiés del gobierno en los últimos días. Señalan, en primer lugar, la aprobación mutilada de la ley de inviolabilidad, después de la caída de los capítulos que reformaban a las leyes de tierras y del manejo del fuego. Le agregan también el fracaso de la escalada contra los prácticos navales -después de la virtual interrupción del comercio exterior durante varios días- y la tensión disparada con Brasil, que despertó el desagrado de varios miembros de la Unión Industrial. 

 La enumeración no suele tomar en cuenta otros elementos, como los macizos paros docentes, que desafiaron los dispositivos antihuelgas del gobierno, o la movilización multitudinaria del jueves frente al Senado. Algunos editorialistas han citado, en cambio, que la desaprobación de Milei -que se computa en los dos tercios de la población total- supera al 75 % entre los jóvenes, que abundaban en la marcha contra la ley de la “propiedad privada” (del capital). 

 Por sobre todas las cosas, los que se pelean por dar al gobierno “en retirada” no mencionan el cuidadoso trabajo de la oposición política -y en primer lugar del kirchneroperonismo- por apuntalar a como dé lugar al destartalado edificio del gobierno. Ello se manifestó en el Senado, cuando los opositores avalaron la operación de echada de lastre que protagonizaron Bullrich y los senadores oficialistas, con el propósito de salvar del naufragio a la ley de inviolabilidad. La periodista Mariana Verón, en “Infobae” de hoy recoge cómo fue la negociación entre los senadores del interior y Bullrich, para “acordar” el retiro parcial de capítulos del proyecto y sancionar a la madrugada la ley recortada, pero “consensuada”. “Todos tuvieron la gentileza de evitarle al Gobierno la derrota explícita”, señala Verón, en relación al procedimiento de los opositores de “comunicarle” a Bullrich qué puntos se votarían y qué no. Como ya se dijo, quien abrió la sesión con este proceder fue el cristinista Mayans, al admitir que la cuestión del voto virtual de la Senadora Sagasti, embarazada de ocho meses, pasara “a comisión”. Al cabo de esta sesión de “arreglos”, el gobierno se llevó a Diputados una ley aprobada “en general” y con aspectos reaccionarios fundamentales.

 Al día siguiente, tenía lugar otra operación de apuntalamiento de Milei: el vaciamiento de la marcha de San Cayetano por parte de sus propios organizadores; la CGT, las CTAs y la burocracia piquetera de la UTEP. En un escenario de 415.000 despidos en dos años, y con 600.000 nuevos pobres en seis meses, el pejotakirchnerismo sindical y “social” consiguió el milagro de convertir al reclamo de “pan y trabajo” en un desfile de aparatos vacíos, que a duras penas ocupó el perímetro de la Plaza de Mayo. Los vallados del gobierno les hicieron un favor, pues ayudaron a disimular el raquitismo. La CGT propone nuevas “marchas” -no huelgas-, y de ningún modo una huelga general, es decir, una acción de conjunto de la clase obrera contra el gobierno. 

 El nexo con el episodio del Senado es claro: en momentos en que la repulsa crece por abajo, hay que impedir por todos los medios que el edificio libertario se desmorone por una iniciativa independiente de los explotados. 

 Rajadura 

El distanciamiento de un abanico de senadores y gobernadores prooficialistas -Sáenz, Figueroa, Jaldo -en la sesión del jueves ha abierto especulaciones sobre el destino de otras iniciativas parlamentarias del gobierno, como la “inocencia” fiscal, el SuperRigi, la reforma política y, naturalmente, sobre el destino de la mochada “Inviolabilidad” en Diputados. Por referencia a ese horizonte, en Senadores se vivió una grieta, pero no una fractura. Antes de votar la reforma electoral, los colaboracionistas del interior reclaman que el mileísmo no interfiera en sus planes reeleccionistas provinciales. A cuenta de ello, aceleran las convocatorias a elecciones desdobladas y adelantadas en sus distritos. Entre los “rebeldes” del jueves, tenemos a los mayores gestores del capital petrolero de Vaca Muerta y de la minería del Norte. 

 El destino de estos proyectos está asociado al rumbo general del régimen económico, cuyo impasse se ha acentuado. El presidente del Banco Central, Bausili, ha anunciado medidas para “remonetizar la economía”, sin explicar de qué modo ello no acelerará las presiones devaluatorias, y “reactivar el crédito”, sin decir cómo lo haría en medio de una crisis en ciernes en la cadena de pagos. La devaluación, que una parte del gran capital -incluso de los exportadores “exitosos”-reclama, podría sellar un desenlace explosivo para la deuda pública, cada vez más atada a la evolución del dólar. Por el otro lado, la persistencia en la actual tentativa deflacionaria, fogoneada por Caputo y Sturzenegger, amenaza con agravar el derrumbe industrial y con el estallido de una crisis social. 

 Los partidos del régimen y la gran burguesía deliberan respecto de cómo salir de esta cuadratura del círculo. Por sobre todas las cosas, la cuestión es llegar al 2027 sin que el régimen libertario sea “ajustado” por la acción de las masas. Ese fue el alerta que dejó Georgieva, la jefa del FMI, en su visita a Buenos Aires. 

 El peronismo está a la cabeza de este operativo disuasorio. Sus voceros políticos y culturales se han empeñado en revestir la inquietud popular de estas horas con un ropaje nacionalista, pasando al tercer o cuarto plano a las reivindicaciones obreras. Es la manera de “trabajar” por una salida a la crisis del mileismo en los términos de la patronal “golpeada”. Y de sustraer a la crisis nacional del escenario mundial de la guerra en desarrollo y del intento de copamiento continental a manos de Trump y la OTAN. La izquierda del FITU se ha plegado por completo a está orientación nacionalista. Como parte de ella, y a propósito de los episodios de estos días, ha salido a comerse el pavo antes de cocinarlo, y celebrar -como lo hacen los medios kirchneristas- la “derrota” del gobierno. Pero el nacionalismo patronal trabaja por rescatar a estos “derrotados” de antemano. Poner fin de verdad a la experiencia liberticida depende de una iniciativa histórica independiente, y de un programa socialista e internacionalista, nunca de la mimetización con los cómplices “nacionales y populares” de Milei.

 Marcelo Ramal

 09/08/2026

Díaz-Canel: El socialismo es la única salida realista y humana frente a la barbarie capitalista

La intervención yanqui en Brasil marcha a paso redoblado

Para aterrorizar la campaña electoral y desconocer los resultados.

 Donald Trump le retiró la visa a la embajadora brasileña en Washington, en lo que es una cuasiexpulsión del territorio. Lo justificó como una represalia a la demora, de parte de Brasilia, al reconocimiento oficial del nuevo embajador norteamericano, Daniel Pérez, un líder republicano del estado de Florida. Itamaraty sostiene que el reconocimiento de un gusano confeso se encuentra en revisión en el marco de la ley internacional y que procederá a otorgarle las credenciales luego de las elecciones generales de octubre próximo en el país. Hace un par de semanas, el gobierno de Lula prohibió el ingreso a Brasil de los secretarios de Educación y de Derechos Humanos de Trump, que tenían la misión de supervisar la ‘transparencia’ de las elecciones, una forma descarada de intervencionismo y de golpismo. Trump desarrolla este mismo tipo de campaña en Estados Unidos, donde intentará desconocer las elecciones del 4 de noviembre, o hacerlo al menos en algunos estados claves. Trump apoya abiertamente a Flavio Bolsonaro; “el cuartel general de la campaña de Flavio Bolsonaro se encuentra establecido en Texas”, dice un periódico de São Paulo. 

 En esta misma línea se mueve Javier Milei, que ya ha anunciado una reunión continental de los países que han suscripto el Escudo de las Américas impuesto por Donald Trump. El propósito declarado de esta conspiración abierta de las más altas autoridades de los estados es declarar el apoyo al fascismo brasileño. En este marco, la cancillería de Brasil ordenó el retiro de su embajador en Buenos Aires, lo cual anticipa el veto a cualquier ingreso al país vecino de las huestes de Santiago Caputo y Karina Milei, dos jefes de la camarilla fascista de Argentina. En el lapso de unos breves meses, la guerra civil que impulsa Trump en América Latina ha encontrado su cauce en el campo político-diplomático. Trump ha vuelto a desatar una guerra arancelaria contra Brasil y sanciones financieras, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara la inconstitucionalidad de los llamados “aranceles recíprocos” que aplica Trump sin autorización del Congreso.

 La desestabilización política de Brasil, un objetivo estratégico de Trump, es el punto de partida de una agresión militar del imperialismo contra este país. Las Fuerzas Armadas de todo el subcontinente serán emplazadas a actuar en sus países al servicio de intereses extranjeros, sin que esté presente un declarado enemigo internacional. El propósito es convertir al mundo entero en un Protectorado y, en primer lugar, a América Latina. 

 Las represalias y contrarrepresalias de Lula no constituyen una defensa nacional a la altura de las circunstancias. No convoca a la movilización popular con el argumento de “no hacerle el juego” a la provocación. Tiene la expectativa en que las inminentes elecciones en Estados Unidos representen una fuerte derrota de Trump; por otro lado, se recuesta en el apoyo de China, que ha denunciado la “intromisión” de EE. UU. en Brasil. En definitiva, junto con la guerra mundial avanza la crisis de dominación internacional del régimen capitalista. La oportunidad que se ofrece es para producir una gran derrota del imperialismo, porque la oportunidad bien entendida, no el oportunismo serial, es el momento histórico excepcional -por otra parte, inevitable- en que la crisis de dominación ‘por arriba’ se combina con la intolerancia completa “desde abajo”, con las condiciones existentes. 

 Para poner fin a los Milei, Bolsonaro y Trump es necesaria la unidad de acción de los obreros y trabajadores de Argentina y Brasil en las actuales circunstancias. 

Comité Editorial 

Política Obrera 

05/08/2026

Argentina: 12,8 millones de pobres

En el primer trimestre del año, 600.000 personas cayeron debajo de la línea de pobreza. 

 Los nuevos datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) marcan que, en el primer trimestre del 2026, 600.000 personas cayeron debajo de la línea de pobreza por el derrumbe de los ingresos frente a la inflación. Los datos duros desmienten la caída de la pobreza que el mileísmo propagandeó durante un año y medio. Por el contrario, mantiene un ritmo ascendente y todo indica que el segundo trimestre marcará una nueva suba del índice. En total, la pobreza abarca a casi 13 millones de personas. 

 Esto ocurre a pesar de las manipulaciones estadísticas, especialmente por la subvaloración de gastos en el cálculo de la canasta de consumo. Por ejemplo, la canasta actual estima en 6 % el gasto hogareño en el pago de servicios, cuando debidamente actualizado ronda el 15 %. El gobierno sostiene deliberadamente este subregistro, desde que optó por la no aplicación de la Engho 2017/2018, detonando la salida del anterior director del INDEC, Marco Lavagna. 

 La propaganda oficial afirma que 12 millones de personas salieron de la pobreza en 2025. La consultora ExQuanti señala, en cambio: “En primer lugar, se observa un aumento extraordinariamente rápido y explosivo del número de personas pobres, que pasa de alrededor de 18 millones a un máximo de 25,7 millones durante el primer trimestre de 2024 (...) posteriormente, se registra una disminución igualmente significativa, que reduce el total hasta un mínimo de 12,8 millones hacia el tercer trimestre de 2025 (...) sin embargo, esa recuperación no logra consolidarse y, en los dos últimos trimestres, la serie vuelve a mostrar una trayectoria ascendente de la pobreza, alcanzando a 14,6 millones de personas en el primer trimestre de 2026”. ExQuanti coloca la pobreza en 30,7 % para los tres primeros meses y seria de 32,6 % en el segundo trimestre del 2026. 

 El CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales) coincide en que "la pobreza se habría incrementado en casi 2 puntos, de 28,2 % a 30,1 %, entre los semestres julio25-diciembre25 y octubre25-marzo26”, debido a una caída del ingreso familiar real del -4,6 % en medio año. 

 En el mismo sentido, el Observatorio de la UCA señala "una tendencia al aumento, con lo cual estamos emparejándonos con la situación que se experimentaba después de la pandemia o antes de la crisis inflacionaria de 2023”. En la Universidad Di Tella también coinciden con que la pobreza tocará el 31,6 % cuando lleguen los datos de la primera mitad del año. Y se estima que, de los 600.000 nuevos pobres, más de 100.000 de ellos son indigentes. 

 Estos datos de las consultoras y especialistas, elaborados a partir de los microdatos de la EPH, deberán ser contrastados con el reporte semestral del propio INDEC que se publicará el 24 de septiembre. El último informe disponible, correspondiente a diciembre de 2025, llevó el índice de pobreza al 28,2 % de la población. Entre el tercer trimestre del 2025 y el primero del 2026, se sumaron 1,8 millones de nuevos pobres. Si se suman los beneficiarios de la AUH -la única partida asistencial que aumentó por encima de la carestía- el resultado sería más catastrófico aún.

 En la base de este deterioro se encuentran el aumento de los servicios públicos, con precios "regulados" que se actualizan por encima de la inflación. En cambio, el salario lleva siete meses continuos a la baja. 

 Leonardo Perna

 07/08/2026