Hidrovía: Jan de Nul le asegura a los EE. UU. el control de la cadena de suministros

La guerra comercial y política entre Estados Unidos y China tiene entre sus episodios fundamentales el control de la cadena de suministros a nivel internacional. Esto ha convertido a las privatizaciones de la Hidrovía y del Belgrano Cargas en asuntos ´geopolíticos´ de primera magnitud. La licitación de la red navegable troncal del Paraná, está cruzada por intereses de toda índole, teniendo en cuenta el negocio millonario que se anida detrás del control de la vía navegable, una de las más importantes del mundo por los volúmenes de cereales, harina, aceite y parte de la industria automotriz que por allí se transportan anualmente. 

 En la recta final de la lictación han quedado solo dos oferentes, las belgas Jan de Nul y DEME, que se han acusado mutuamente de tener vinculación con capitales chinos. 

 Jan de Nul, que conforma un consorcio con la argentina Servimagnus, ha llegado a esta instancia con con un mejor puntaje, según las pautas oficiales, y una oferta de peaje más barata. Pero para reafirmar su posición, desde Jan de Nul-Servimagnus presentaron un plan de acción que descarta cualquier instancia de intervención de capitales chinos, un exclusivo pedido de los Estados Unidos. Desde el consorcio belga-argentino aseguran que “no necesita dinero prestado de gobiernos extranjeros ni acepta intromisiones de otros Estados. Para asegurar esto, avisaron que van a contratar a proveedores tecnológicos de Norteamérica, una jugada que calza justo con la política exterior del actual Gobierno nacional” (Perfil, 27/5). 

 Desde Jan de Nul-Servimagnus aseguraron que utilizarán el Sistema de Monitoreo (SIMON), que consta de un escudo de ciberseguridad y datos en la nube, y la operatividad será dada por tecnología norteamericana, la que permitirá tener un seguimiento permanente de los barcos que naveguen el Paraná. Desde el consorcio se comprometieron a entregarle el código fuente de los programas directamente al Estado argentino, para que el gobierno pueda “fiscalizar” los movimientos, y de esta manera, salvaguardar la “soberanía” de los datos.

 Luego de que se abrieran los sobres con las ofertas económicas el pasado 22 de mayo, los intereses norteamericanos acentuaron la presión para desterrar los “intereses malignos” de los capitales chinos de la licitación. El 23 de abril, el congresista republicano, enrolado en el trumpismo, Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio para alertar sobre “un preocupante suceso relacionado con la influencia maligna de China en América Latina”. En la misiva, Mast alertaba a Rubio que Jan de Nul mantenía “vínculos profundos y permanentes” con entidades estatales de China a través de Servimagnus. La carta de Mast terminaba señalando que “otorgar el contrato a un consorcio respaldado por China sería inaceptable y dañino para la seguridad nacional de la Argentina, de Estados Unidos y para la relación bilateral.

” Desde DEME, que opera asociada a capitales norteamericanos como KKR & Co., uno de los fondos de inversión más influyentes de Wall Street, Great Lakes Dredge & Dock Corporation, la mayor empresa de dragado de Estados Unidos, y Clear Street Group, enviaron su propia carta al Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Trump. El destinatario de la misiva era Michael Jensen, asesor especial y director para Asuntos del Hemisferio Occidental, un área clave de monitoreo de la Doctrina Donroe en América Latina. La carta denunciaba “condiciones desiguales” y un “claro sesgo contra la inversión respaldada por EEUU”, y pedía que Washington interviniera “antes de que la licitación avance hacia un resultado final” (Perfil, 23/5). DEME, que denuncia la influencia china detras de Jan de Nul, en su plan de monitoreo y videovigilancia para la navegavilidad propuso la implementación de 104 cámaras multiespectrales Raythink PM7S4, pertenecientes a una empresa que tiene sede en Shandong, China. 

 En una reunión que no tuvo trascendencia en los medios, realizada el pasado 21 de mayo, los directivos de Jan De Nul le aseguraron al embajador estadounidense Peter Lamelas, que las acusaciones sobre la presencia de componentes o empresas chinas en su proyecto eran totalmente infundadas y se mostraron “preocupados” por la intromisión de capitales chinos. A su vez le reafirmaron a Lamelas que sumarían tecnología e insumos nortaemericanos a la logística. 

 Por su parte, autoridades de la embajada china expresaron su “profundo rechazo a cualquier tipo de práctica discriminatoria contra las empresas chinas” y cuestionaron las “especulaciones infundadas” sobre la participación de compañías vinculadas a Beijing en la Hidrovía. 

 En la licitación de la Hidrovía también se cuece la interna entre las facciones “menemokarinista” y “caputista”. Jan de Nul, ademas de congraciarse con el capital norteamericano, tiene cercanos intereses con grupos de la burguesía vernácula. 

 Entre las firmas que aparecen como apuntadas para dar operatividad en la Hidrovía se encuentran el Grupo Neuss, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, que se han hecho de varias licitaciones estatales durante el gobierno liberticida, en los sectores energético y petrolero. Los Neuss son muy cercanos a Santiago Caputo, quien aprovecho su reciente viaje a los EE. UU. para operar en favor de su propia facción. Detras de DEME, en cambio, se encuentra la pandilla encabezada por Martín Menem y Karina Milei. Días atrás, el periodista Marcelo Longobardi, que recogió estas versiones, calificó a la Hidrovía como el “estrecho de Ormuz” de Argentina. 

 El Gobierno busca dar por terminada la licitación para asegurar la cadena de suministros a los capitales norteamericanos y satisfacer las exigencias del capital agroexportador y de la “patria contratista”, quienes buscan reforzar el control del comercio, el contrabando y la apropiación de recursos naturales a manos de las grandes cerealeras y el Comando Sur, que ya opera en el río Paraná por medio de técnicos militares, dando cuenta de la importancia estratégica del Río Paraná en el cuadro de la guerra mundial.

 Lucas Giannetti 

 02/06/2026

El gobierno reglamenta la contrarrevolución laboral

El gobierno reglamentó partes fundamentales de la Contrarreforma Laboral. Definió el marco de operaciones para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral, estableció plazos para la caducidad de la ultraactividad de los convenios colectivos, reglamentó el régimen de trabajo de las aplicaciones, dictó exenciones al impuesto a las Ganancias y estableció cómo será el régimen de promoción de empleo, con condonaciones de deuda a los evasores que se registren, entre otros. Los medios han reflejado como novedad principal la incorporación del desglose del costo laboral total que pagan los empleadores en el recibo de sueldo.

 La tardía reglamentación de estos capítulos de la Reforma Laboral tiene dos motivos principales. La primera es que la Justicia del Trabajo había suspendido en primera instancia los principales artículos de la Ley, cuestionando su constitucionalidad. El reclamo al que la Justicia había hecho lugar había sido presentado por la CGT. El Gobierno logró, a través de un fallo más que controversial de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones, levantar temporalmente esa suspensión. Hay capítulos de la Ley que fueron también suspendidos por distintos tribunales laborales. La solidez jurídica de la ley, que implica un cambio de régimen al interior de los lugares de trabajo, continúa en discusión.

 La otra razón por la que la reglamentación venía postergándose tiene que ver con un señalamiento del Board del Fondo Monetario, respecto del agudo desfinanciamiento del sistema previsional en su conjunto: la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) agrava el problema, pues implica la derivación directa de fondos destinados a la ANSES para el pago de las indemnizaciones. El FAL entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre de este año.

 Mayor estatización de la vida sindical 

El Decreto 407/2026 fija nuevas reglas para la negociación colectiva, introduce más mecanismos de control sobre las organizaciones gremiales. La reglamentación incorpora cambios en el régimen de asociaciones sindicales: los cuerpos directivos deberán mantener una “proporción razonable” respecto de la cantidad de afiliados cotizantes y habilita mecanismos de verificación estatal mediante cruces de información con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otras bases públicas.

 Los Rappi, “empresarios del transporte” 

El decreto 407 también establece también el ámbito de las negociaciones de los trabajadores de aplicaciones al Ministerio de Transporte como autoridad de aplicación, como si cada trabajador de las aplicaciones fuera una empresa de transporte en sí misma. La autoridad de la Secretaría de Trabajo queda reservada para una supuesta discusión convencional que, en los hechos, no existe. Este capítulo de la ley fue redactado en las oficinas de las empresas de aplicaciones de las cuales ni una se encuentra en el país.

 Además, redefine el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales y oficializa un nuevo formato obligatorio para los recibos de sueldo, que deberá reflejar el costo laboral total que afronta el empleador. 

 El fin de la ultraactividad

 La reglamentación también fija plazos para terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos para determinar cuándo un convenio colectivo podrá considerarse vencido y habilitar una nueva negociación. “En los casos en que no exista una fecha de expiración expresamente establecida, la autoridad laboral podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para iniciar el procedimiento de renegociación”. Este punto le ha valido al Sindicato de Empleados de Comercio el veto a la homologación de su último convenio, por excederse en el límite de los plazos de ultraactividad. 

 Delegados sin crédito horario 

También se reglamentó el corset a la actividad gremial de los delegados de los lugares de trabajo, al establecer las condiciones para el uso del crédito horario sindical. Los representantes gremiales, según el decreto, deberán comunicar al empleador con al menos 48 horas de anticipación el uso de esas horas y su ejercicio deberá compatibilizarse con la continuidad de las actividades de la empresa. 

 Control de las licencias médicas 

La Ley estableció todo un régimen de control favorable a la patronal de las licencias. A partir de la reglamentación, las certificaciones médicas que indiquen reposo deberán emitirse por medios electrónicos mediante plataformas registradas y profesionales habilitados. En caso de diferencias entre el diagnóstico del trabajador y el control médico dispuesto por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o a instituciones especializadas, favorables a las patronales. 

 Beneficios para evasores

 A través del Decreto 409/2026, el Ejecutivo reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), destinado a beneficiar a los evasores que decidan avanzar en el registro de trabajadores no registrados o registrados de manera deficiente. El esquema contempla una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro. El beneficio será del 80% para medianas empresas y del 70% para el resto de los empleadores. Asimismo, las deudas vinculadas con obras sociales, riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio quedarán condonadas en un 100%. El saldo remanente podrá abonarse mediante planes de facilidades de pago o al contado con una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses no alcanzados por la condonación. 

 Esta modalidad, debe decirse, de condonación en condonación de deuda a los evasores, lejos de favorecer una mayor tasa de registro favorece la posición de los capitalistas que continúan evadiendo, a la espera de condonaciones de deuda mejores. 

 Pablo Busch

 02/06/2026

La historia desconocida de la madre del Che detenida

Celia de la Serna detenida es entrevistada por un periodista del diario La Calle de Concepción

 En abril de 1963

 El expediente que cuenta el encierro de Celia de la Serna de Guevara en una cárcel entrerriana. Para los jueces, era la “madre de un notorio comunista mundialmente conocido”. Los interrogatorios por sus viajes y por “abandonar sus ocupaciones”.

 “A poco que se analice aquella conducta, puede verse con claridad que la indagada abandona sus pretendidas ocupaciones habituales durante largos meses viajando”. Eso escribió en 1963 el juez Daniel Albornoz Suffern, para decidir qué hacer con Celia de la Serna de Guevara, la madre del Che, detenida en Concepción del Uruguay cuando regresaba de su último viaje a la isla con fotos, libros y una bandera cubana. 

 “Cuando me preguntan a qué tipo de feminismo pertenecía ella digo que era feminista de hecho. No porque tuviera militancia. Sencillamente, desde muy joven montaba caballo con pantalón y botas, fumaba, usaba pelo corto, manejaba automóvil. Dentro de lo que era esa familia, era una persona totalmente rupturista”. Juan Martín Guevara habla de Celia, su madre y madre del Che. 

 La semana pasada él viajó a Concepción del Uruguay donde se encontró con la historia del expediente judicial que casi no conocía. A pedido suyo el juzgado federal buscó el archivo que sobrevivió casi milagrosamente. Durante los años 70 se ordenó la destrucción pero un trabajador vio el expediente, lo guardó en un cajón y lo conservó. Hoy esas páginas guardan varias historias. La detención de la madre del Che, el interrogatorio al que fue sometida, la conmoción que causó su llegada al pueblo y finalmente la historia de su pasaporte: un documento lleno de sellos que su hijo nunca había conocido.

 

Juan Martín Guevara con el pasaporte recuperado de su madre. 

“La primera fecha que aparece en el pasaporte es 5 de enero del 59″, dice Juan Martín. “Es decir: ¡la vieja lo sacó para viajar a Cuba! El aeropuerto de La Habana se llamaba Boyeros. Todavía me acuerdo cuando llegamos. Estaba Ernesto. El abrazo con ella es una foto, pero en realidad el abrazo también fue una foto: no se desprendían más. Ella le da un abrazo que parecía eterno. ¡Largá vieja!, le dije yo".

 La columna del Che había entrado en La Habana el 1° de enero de 1959. Y ella sacó el pasaporte inmediatamente después, agrega Darío Fuentes, creador de La Pastera, museo del Che en San Martín de los Andes y de Mundo Che. Ambos viajaron a buscar el pasaporte de Celia. Revisaron páginas y descifraron los datos de un visado de la Embajada de Cuba en Argentina. 

 “El visado tiene un texto escrito a mano con fecha 7 de enero del 59”, dice Fuentes. “Eso significa que ellos están en Cuba el 8 o el 9 de enero, en un avión preparado para llevar exiliados, pero en el que Camilo Cienfuegos decide cargar a la familia sin avisarle al Che. Ellos llegan así”.

 Con ese primer viaje, Celia empieza la historia que termina con el expediente en el que muchos años después iba a ser detenida.

El interrogatorio.

 A veces un expediente tiene preguntas que en realidad no son preguntas sino reproches.

 --¿Cuál fue el motivo del viaje? --le preguntaron a Celia. 

 --En Europa, ¿se entrevistó con alguna persona?

 --¿Viajó sola?

 --¿Actúa dentro de una organización legalmente reconocida? 

 --¿Cuáles son sus medios de vida? ¿Cómo se proporciona los mismos? 

 Celia tenía 56 años. Había iniciado otro viaje seis meses antes, en octubre de 1962. Después de pasar una larga estadía en Cuba, visitó varias ciudades europeas en un modesto viaje que, según su biógrafa Julia Constela, le pagó el Che. Estuvo en Praga, París, Florencia y Roma. Desde allí después tomó un vuelo a Río de Janeiro, siguió en micro a Montevideo, luego a Salto y finalmente cruzó en lancha el paso fronterizo hasta Concordia. 

 Era el día 23 de abril, poco después de las once de la mañana, cuando la detuvieron. Una empleada de la Aduana revisó el equipaje y secuestró lo que llevaba por infringir el decreto 8161/62, que prohibía el ingreso de propaganda comunista.

 La escena quedó registrada en el expediente. “Al señor Jefe de la subprefectura del Puerto Local”, escribió el administrador de la Aduana. “De conformidad a lo dispuesto en Circular Secreta del 28 de marzo pasado, tengo el agrado de dirigirme poniendo a su disposición a la señora Celia de la Serna de Guevara y material de propaganda comunista que conducía en su equipaje y fue secuestrado por la empleada del Resguardo Principal Doña Alicia González de Grunvaldt, en circunstancias que pretendía ingresar al país procedente de Salto (ROU). Saludo, muy atentamente”. 

¿Qué le sacaron? Catorce fotografías, cuatro agendas con anotaciones, una insignia de papel con la foto de Fidel Castro, la bandera cubana, distintivos del Ejército de Alfabetizadores, el diario Marcha, tres cartas, la revista Panorama Económico Latinoamericano y libros: La reforma agraria en Uruguay y El Plan Kennedy de Vivián Trías, Los caminos del hambre de Jorge Amado, una autocrítica de Fidel Castro y dos folletos de Andrés Framini y John William Cooke. 

 A Celia la indagaron varias veces. Los interrogatorios empezaban siempre con la formalidad de pedirle su nombre, pero en su caso incluían: “nombre, sobrenombre o apodo si lo tuviera”. 

 Cuando respondía, respondía con ganas. Dijo que ninguno de los libros que llevaba eran de carácter extremista. Que los trajo para conservar “interesantes estudios económicos” de Latinoamérica, artículos de su hijo y publicaciones de interés personal. Que de ninguna manera podían constituir propaganda subversiva ni las cartas particulares, ni sus agendas, “ni la cara del hijo apareciendo en una fotografía” porque entre los efectos secuestrados como “propaganda subversiva” se encontraban numerosas “fotografías familiares íntimas, de su hijo Ernesto, acompañado de su señora, de los nietos de la declarante y suyas”. 

 Y agregó que “todo este material secuestrado por su pequeña cantidad, no puede en ningún momento, ser considerado propaganda, ni pensar que pueda ser utilizados para ello”.

El expediente

 Josefina Minatta, fiscal federal de Concepción del Uruguay, desarchivó ese expediente a pedido de la familia.

 “Una de las cosas que a mi más impresionó fueron las preguntas que le hacen y los criterios machistas que aparecen en la resolución judicial. El juez finalmente la sobreseyó, pero nunca dejó de clasificarla”.

 Los reproches

 El juez firmó personalmente el sobreseimiento pero no dejó los reproches.

 “Puede verse con claridad que la indagada abandona sus pretendidas ocupaciones habituales durante largos meses viajando a Centro América –dice- (único viaje no sospechable, teniendo en cuenta que tiene un hijo viviendo en Cuba), a Europa, donde confiesa haber visitado Checoslovaquia, Francia e Italia, trasladándose siempre en avión, a Brasil, Uruguay, viajes para solventar los cuales cuenta como sola fortuna, la casa donde vive en Buenos Aires, unas clases de idioma francés que no dicta durante ocho meses y la inasistencia económica de su marido de quien se halla distanciada”. 

 Y en otro párrafo dice: “Las largas listas de nombres y direcciones, los escritos de puño y letra, con exteriorización de claros objetivos, algunos detalles de sus declaraciones, permiten inducir la existencia de una determinada conducta, característica de aquellas personas que sin una ocupación seria y regular, y aparentando un turismo oneroso en el uso de los más modernos y eficientes medios de transporte, recorren lugares y países sin otro fin exteriorizado que el solaz del espíritu”. 

 La defensa 

 La llegada al pueblo causó revuelo. Malisa Grianta tenía 16 años cuando vio llegar hasta la puerta de su casa una combi con dos hijos de Celia y el escritor Ismael Viñas.

 “Bueno, mirá, no éramos muchos en mi ciudad, pero la revolución cubana yo la escuchaba por onda corta”, dice. “Recuerdo el día que llegaron. Ismael militaba en El Malena, Movimiento de Liberación Nacional y evidentemente tenía contactos con Celia. Todos se pusieron a ver cómo hacer la defensa: cómo protegerla, desde lo legal y lo afectivo. Era así, imagínate: conmocionante”. 

 Entre los que llegaron en la combi estaba el hijo de Celia que era abogado, Roberto Guevara, que viajaba para asumir la defensa. Pero en el pueblo se encontró con un grupo de abogados reconocidos y numerosos, listos para presentarse en la causa. Entre ellos estaban dos personas que con el tiempo iban a ser muy conocidas, Miguel Ángel Marsiglia y Roberto Uncal, ya defensores de presos políticos peronistas y comunistas. 

 “Me acuerdo que armamos una ronda para ir a la cárcel y que el jefe de la Unidad Penitenciaria cuando vio tanta gente dijo: ‘¡Bueno!’ Y terminó prestando su escritorio. Ella terminó sentada en la silla, en el escritorio del alcalde. Me acuerdo de su cara, sus ojos, una mujer menudita pero imponente. ¿Cómo decirte? Muy de llevar las cosas adelante”. 

 Celia estuvo en total unos diez días en la UP4 hasta que la sobreseyeron y la pusieron a disposición del PEN con traslado a la cárcel del Buen Pastor en Buenos Aires. GENTILEZA familiares che guevara El expediente de Celia de la Serna Guevara. GENTILEZA 

“Ya no tenía una causa”, dice su hijo Juan Martín. “Evidentemente la causa era ser la madre del Che. No había ninguna duda. Además, ella repetía todo el tiempo que lo que tenía eran cosas que le regaló su hijo: no había posibilidad ninguna de inventar algo, por eso el juez le dio la libertad pero no la dejó libre, la puso a disposición del PEN”.

 ***

 Después de poco más de un mes, Celia salió del país con opción de exilio y volvió con la asunción de Ilia. Murió poco después, cuando el Che estaba en el Congo. Hoy su pasaporte está en manos de Juan Martín, que no quiere tenerlo porque no quiere perderlo.

 Con Fuentes discuten dónde llevarlo: si al Museo de Alta Gracia o a San Martín de los Andes. El pasaporte llegó a la familia. Pudo haber llegado antes, dice Fuentes. O pudo no haber llegado. Contribuyó aquel trabajador homenajeado la semana pasada, Cacho Botti, y hasta la secretaría de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, a cargo de Darío Barón, que motorizó el homenaje.

Alejandra Dandan

Página/12

El gobierno y el CIN negocian para levantar el conflicto universitario

El gobierno viene avanzando en una negociación con los Rectores, y según trascendió, irían camino a cerrar un acuerdo entre miércoles y jueves, antes de que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo sobre la ley de financiamiento. 

 La semana pasada, el CIN informó al Frente Sindical que el Gobierno, sin convocar a paritarias, habría ofrecido un reajuste del 21% para los salarios de docentes y no docentes, y alguna suma para becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Se trataría en cualquier caso de montos muy inferiores a lo contemplado por la ley de financiamiento, que constituye un mínimo. El gobierno insiste con un nuevo ofrecimiento a la baja, tras el fracaso en el mes de febrero de su proyecto para reemplazar la ley de financiamiento por otra que establecía un aumento del 12% en tres cuotas.

 La ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre del 2025 plantea, en el artículo 5, que los salarios deben actualizarse por un porcentaje no inferior al IPC acumulado desde diciembre de 2023 hasta la sanción, y luego continuar con actualizaciones periódicas. Entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios universitarios aumentaron 128,49%, mientras que, en el mismo período, la inflación acumulada (IPC-INDEC) fue del 220,45%. Para igualar la inflación acumulada, se requería una recomposición adicional de 40,25% sobre los básicos de julio de 2025. Por eso se hablaba de una recomposición total cercana al 52% para recuperar completamente el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Lo que implicaría que el gobierno gire entre 2,5 a 3,1 billones a las universidades para cumplir la ley. 

 Que el gobierno haya abierto una negociación con los Rectores, con una cifra muy por debajo de lo que marca la ley y que tampoco contempla la pérdida del 2026, implica que intentará que el CIN levante su presentación en la Justicia para evitar de esta manera un fallo desfavorable de la Corte Suprema. ¿Podría el gobierno entrar en desacato con un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ley de Financiamiento Universitario? 

 Del 26 al 30 de mayo tuvo lugar un nuevo paro de la docencia universitaria convocado por las dos CONADUs, en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La medida tuvo una adhesión importante en distintas partes del país, aunque no con los niveles de comienzos del cuatrimestre. La política de desgaste de los paros intermitentes y sin perspectiva promovidos por las federaciones sindicales, sumado a la cercanía del cierre del medio año lectivo, tuvieron como resultado una adhesión dispar o más modesta en algunas unidades académicas. 

 El hecho más impactante de la semana de paro, que rompe el inmovilismo de las burocracias, fue la toma por parte de los estudiantes de los colegios universitarios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires. Para los gobiernos y las autoridades universitarias, siempre es potente y peligroso que los secundarios ganen protagonismo. Sólo en Tucumán, una toma por parte de los estudiantes de la Escuela Normal reclamando por condiciones de infraestructura, mobiliario y cobertura de materias, generó que Jaldo, el gobernador, tuviera que abrir paso a una reunión con los estudiantes. 

 Con esta negociación, el gobierno y los rectores buscarán dar por concluido el conflicto universitario. Procuran que el segundo cuatrimestre comience y se desarrolle sin medidas de lucha. La premura con la que las federaciones ligadas a la CGT (FEDUN y FATUN) han convocado a reuniones “de urgencia” para analizar el nuevo ofrecimiento del gobierno, denota que están dispuestas a firmar un acuerdo a la baja en contra de las bases. 

 Será clave esta semana impulsar asambleas y debatir a fondo el escenario universitario. Por la aplicación inmediata de la ley de financiamiento como piso. Salarios no menores a la canasta familiar. Aumento de emergencia de las becas, los salarios y el presupuesto indexados por inflación. 

 Patricia Lambruschini y Anahí Rodríguez

 01/06/2026

Las mujeres son asesinadas mientras el estado protege a los femicidas

En las vísperas del 3J, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba mostró obscenamente, una vez más, cómo opera la red de complicidades de todos los estamentos del estado para garantizar la impunidad de los asesinos. Unas horas antes, en Misiones, otra adolescente, Dulce María Candia, de 17 años, fue encontrada ahorcada en una obra en construcción. Según la versión policial, la buscaban “intensamente” desde el 17 de mayo. Pero nunca divulgaron su desaparición ni pidieron colaboración de los vecinos, que fueron los que la encontraron (Agencia Hoy). Este sábado, Noelia Carolina Romero (30 años) llamó al 911 desde su casa en Temperley, y dijo que su pareja la tenía de rehén. La policía fue, ella gritó que no podía salir; él dijo que estaba todo bien. La policía no entró hasta que llegó la autorización judicial. Cuando entraron, estaba muerta. 

 Agostina tenía 14 años y su madre fue a la fiscalía la misma noche que la nena no volvió. El fiscal consideró prematuro tomar la denuncia. Al día siguiente un remisero avisó que había llevado a la nena a la casa de Claudio Barrelier, El fiscal se tomó tres días para allanar la vivienda y una semana para declarar el Alerta Sofía, un protocolo de búsqueda intensiva de menores. Tampoco se apuró en detener a Barrelier, un barrabrava protegido del concejal Ricardo Moreno, líder de la 62 Organizaciones Peronistas. 

 El año pasado, Moreno defendió a Barrelier cuando secuestró e intento violar a una mujer que huyó, desnuda y con precintos en las muñecas de la misma casa donde fue muerta Agostina. Esa causa está dormida por la Justicia cordobesa. 

 Después de que apareció el cadáver de Agostina, la policía reprimió con saña la movilización de la familia y las organizaciones de mujeres que pedían la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, un fascista clerical del partido Encuentro Vecinal, vinculado al Portal de Belén, una organización que obstruyó judicialmente el aborto legal en Córdoba. 

 Los medios y las redes siguieron el juego de la Justicia y la policía, haciendo foco en la víctima –“una nena hipersexualizada”, dijeron- y su madre -supuestamente una adicta. 

 Javier Milei predica que el femicidio vulnera la igualdad ante la ley. "Llegamos al ridículo de normalizar que en muchos países si uno mata a una mujer se llama femicidio y tiene una pena más grave que si mata a un hombre. Legalizando que la vida de la mujer vale más que la del hombre", dice el farsante. ¿De qué igualdad hablará? En todos los países del mundo hay muchos más hombres asesinados que mujeres. La diferencia radica en que a las mujeres las matan, en general, sus parejas o exparejas, y el asesinato viene acompañado de violencia sexual.

 En los últimos años se habían sumado las mafias del narcotráfico y la trata, que reclutan niñas para el narcomenudeo por la vía de la seducción, las prostituyen y las retienen bajo amenazas de matarlas a ellas o a sus familiares. 

 Las estadísticas oficiales dicen que, a contramano de lo que ocurre en todo el planeta, en la Argentina los femicidios descienden. El Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema afirma que en 2025 disminuyeron sensiblemente, pasando de una muerta cada 31 horas a una muerta cada 44. Se puede decir de otra manera: en la Argentina, cada 44 horas un hombre se convierte en femicida. 

 Los observatorios de mujeres consideran que el número se mantiene estable en más o menos 260 y explican algunos factores que inciden en las diferentes estadísticas. La Corte solo registra femicidios informados como tales por las jurisdicciones judiciales. Las causas con carátula de asesinato, en consonancia con la prédica del gobierno, quedan afuera. Eso ocurrió, por ejemplo, con el femicidio (asesinato para el juez de primera instancia) de tres mujeres en una pensión de Barracas por ser lesbianas. Y va a ocurrir con el de Agostina si permanece el fiscal de la causa, Raúl Garzón, que ya tiene un prontuario en encubrir femicidas y violadores, y es el ufano castigador de las movilizaciones y protestas callejeras de Córdoba.

 Los observatorios del movimiento de mujeres dicen que el cierre de Télam los privó de la fuente de información nacional más fidedigna y que existe mucha presión en la Justicia para borrar el femicidio de las carátulas.

 La violencia contra la mujer es parte de la opresión social de un régimen de explotación en decadencia vertical. En algunos países, como Rusia, está despenalizada e incluso reglamentada: se permiten cierto número de golpizas anuales siempre que no superen una gravedad estipulada. 

 La idea de que ese mismo estado puede crear los resortes para combatirla ha sido una fuente de desmoralización para el movimiento de mujeres, que perdió su energía en la redacción de miles de protocolos y campañas de sensibilización a funcionarios que no frenaron ni sensibilizaron nada. 

 Es imperioso retomar el camino de la organización independiente de las explotadas, que enfrente al gobierno de turno y desenmascare las imposturas de un régimen social tanto en sus variantes “progresistas” como en la barbarie mileísta. 

 Es imperioso también sostener este debate dentro de la clase obrera, promover la unidad de clase e invitar a los compañeros a considerar la lucha por la emancipación de las mujeres como parte de la revolución obrera.

 Olga Cristóbal

 01/06/2026

La cruzada de Trump contra los Republicanos “infieles”

Mientras crece el costo de vida, se prolonga la guerra en Irán, cae la popularidad del gobierno y se aproximan cada vez más las elecciones de medio término del 5 de noviembre, Trump ha emprendido una campaña contra legisladores que lo han criticado o incluso no le fueron del todo fieles. A fines del año pasado, la liberación de los archivos del caso Epstein había mostrado un riesgo de disgregación de la bancada Republicana. En este cuadro, el aspirante a dictador ha utilizado las elecciones primarias (donde se eligen los candidatos al Congreso) para disciplinar aún más a la bancada de su partido, donde la mayor parte carece de peso político propio. 

 Uno de los primeros enfrentamientos ha sido con el senador Thom Tillis (Carolina del Norte), que se opuso a la Ley de Presupuesto pomposamente denominada “Gran y Hermosa Ley” (BBBA), en cuanto a los recortes al programa de salud Medicaid. Cuando Trump amenazó con promover un candidato alternativo en las primarias de 2026, Tillis anunció que no buscaría su reelección. Continuó los choques con Trump a propósito de varios temas - los aranceles a Canadá y México, la guerra contra Irán y en particular contra los ataques a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por parte del gobierno. Tillis ocupa un lugar en el estratégico Comité de Bancos del Senado, desde el cual obstaculizó el nombramiento de Kevin Warsh en la Reserva Federal, el candidato de Trump. El nombramiento de Warsh teóricamente facilitaría un proceso de baja de las tasas de interés en un contexto financiero completamente adverso (inflación, desvalorización de la deuda pública). Powell se mantendrá en el Directorio de la FED, donde Trump no tiene mayoría; los bancos y el capital financiero rechazan una rebaja de los tipos, a pesar del golpe que una suba causaría al socialmente sensible mercado hipotecario.

 Otro caso muy conocido es el divorcio político entre Trump y la congresista de ultraderecha Marjorie Taylor Greene, como consecuencia del apoyo por parte de ésta a la publicación de los archivos del caso Epstein. Trump la acusó de “traidora”; la congresista ha denunciado que había recibido amenazas de muerte contra ella y su familia, y renunció a comienzos de este año. La excongresista es ahora una figura recurrente en distintos medios de comunicación, desde donde cuestiona la guerra de Trump contra Irán desde la ultraderecha. 

 En Indiana, Trump “castigó” a un grupo de senadores que había desobedecido su orden de modificar los distritos electorales para favorecer la elección de dos congresistas republicanos más en noviembre de este año; una tramoya que impulsa en todos los Estados dominados por el trumpismo. En el Senado de Indiana, 21 republicanos se unieron a la bancada Demócrata para rechazar el proyecto de redistribución de distritos. Algunos de estos senadores buscaban la reelección, y en el caso de 7 de ellos el presidente impulsó un candidato alternativo y logró la derrota de 5 senadores “desleales”. 

 El caso más sonado es el del congresista Thomas Massie, un Republicano “libertario” que ha confrontado a Trump en varios temas. Lideró en el Congreso el proceso para ordenar la liberación de los archivos Epstein, junto a otros parlamentarios Republicanos y Demócratas, votó en contra de la “Gran y Hermosa Ley” de gastos e impuestos, y cuestionó el ataque de EEUU e Israel contra Irán. Las primarias del distrito 4 de Kentucky en las cuales Massie intentaba la reelección se convirtieron en una acción ejemplarizante por parte de Trump, que no solamente lo llamó “el peor congresista Republicano” y “desleal a EE.UU.”, sino que incluso viajó al Estado a dar un apoyo público al retador (Ed Gallrein). Tanto Trump como los lobbies pro-Israel (AIPAC, United Democracy Project, Republican Jewish Coalition, Miriam Adelson, entre otros) gastaron 20 millones de dólares para apoyar al candidato desafiante, convirtiéndose las primarias de KY-4 en las más caras de la historia en una elección al Congreso (entre ambos contendientes gastaron unos 36 millones en publicidad). Menos del 6 % de las donaciones a ambos candidatos correspondían a residentes en Kentucky. La elección la ganó el retador por 55 % a 45 %, siendo un caso paradigmático de cómo funcionan esas primarias: son elecciones “cerradas” para los registrados como Republicanos, en las cuales participa un tercio del padrón -mayoritariamente mayores de 60 años-. Los analistas coinciden que los menores de 50 años apoyaban mayoritariamente a Massie (contra el candidato de Trump) pero su participación fue menor. 

 En Texas, fue derrotado el senador John Cornyn, que se jactaba de haber votado el 99 % de las iniciativas de Trump. Pese a ello, el presidente decidió una semana antes de la segunda vuelta apoyar a su desafiante, Ken Paxton (Fiscal General de Texas). Cornyn no había apoyado la intentona golpista del 6 de enero de 2021, ni respaldado con suficiente rapidez la candidatura de Trump en 2024. Paxton, por su lado, tiene un prontuario gigantesco de denuncias de corrupción, sobornos, obstrucción a la Justicia, entre otros, al punto que en 2023 la Cámara de Representantes de Texas -dominada por los propios Republicanos- le inició un juicio político por abuso de poder, el que lo salvó el Senado estatal. El fiscal acumulaba acusaciones muy similares a las del propio Trump, lo que no impidió que triunfara en la primaria por 64 % a 36 % contra el actual Senador Cornyn, en el más llamativo caso de “venganza” o “castigo” de parte del matón de la Casa Blanca.

 Otro derrotado fue el senador Bill Cassidy (Louisiana) que en 2021 votó a favor del impeachment contra Trump y ahora fue castigado con el apoyo presidencial a su adversaria Julia Letlow. 

 El disciplinamiento de los Republicanos, desplazando a los que no son suficientemente “M.A.G.A.” (Make America Great Again), no garantiza un triunfo en noviembre. Trump viene impulsando la modificación de los distritos electorales (algo que sólo está permitido cada 10 años). La manipulación de los distritos para asegurar una mayoría propia (los políticos eligiendo a sus votantes, en lugar de los votantes a los políticos) refleja el temor a una derrota electoral y tampoco resuelve los problemas políticos del gobierno. Los Demócratas han respondido con medidas similares en otros Estados, que igualan o incluso pueden superar en caudal electoral a los cargos que obtendrían los Republicanos con esta maniobra. Por otra parte, los cálculos en estas redistribuciones de votantes se realizan bajo la hipótesis de que se mantengan las tendencias electorales, pero hay indicios de cambios entre los jóvenes; también pueden surgir candidaturas independientes. El rediseño electoral puede resultar en una pérdida de escaños.

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 30/05/2026

La bomba ecológica del Río de la Plata

A raíz de la audiencia del 9 de enero, en la que la empresa estatal ABSA solicitó un aumento del 40 % en las tarifas de agua y una modificación en el régimen de incrementos (pasando a un esquema bimestral), ha cobrado relevancia mediática la grave situación del Río de la Plata en las costas de Berisso y Ensenada. Un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, elaborado en 2022 a pedido del Municipio de Berisso, encendió las alarmas: de los 13.000 m³/h que llegan a la planta de tratamiento del Gran La Plata, solo 5.000 son procesados; los 8.000 restantes son arrojados sin tratamiento a la costa del río. 

 Una planta que nació mal y nunca terminó

 La planta de ABSA en Berisso, ubicada a 5.000 metros del Río de la Plata, fue fundada en 1999. Pero el problema viene de atrás: originalmente (1905), el sistema de cloacas del Gran La Plata solo conducía los efluentes sin tratamiento, vertiéndolos por un tubo que se internaba 600 metros en el río. La ley provincial 2797 de 1891 ya exigía un procedimiento de purificación previo al vertido. Sin embargo, actualmente el tubo está deteriorado y el vuelco se realiza directamente sobre la costa. 

 La planta nunca fue terminada. Consta solo de dos instancias de pretratamiento (tratamiento primario). Primero, los efluentes pasan por un enrejado que retiene grandes objetos (pañales, etc.). Luego, el líquido pasa por tamices giratorios de origen alemán con un entramado de 3 mm. Lo filtrado cae en un contenedor y es trasladado al CEAMSE (entre 4 y 5 contenedores por semana). El problema de fondo: la planta tiene capacidad máxima de procesar 5.000 m³/h, pero recibe 13.000 m³/h. Además, solo funciona 46 horas semanales. El resultado es que apenas se trata el 10 % de los efluentes que llegan. Una parte importante de los efluentes de Ensenada y Berisso que provienen de zonas aguas abajo de la planta se vuelcan al tubo colector sin ningún tratamiento, aunque no se ha cuantificado ese volumen. 

 Contaminación letal en playas y peces 

El vertido se realiza directamente sobre las costas de Berisso, especialmente entre los balnearios Palo Blanco y Bagliardi, que reciben entre 100.000 y 120.000 bañistas por temporada (diciembre a marzo). Esa zona también es clave para la pesca artesanal de dorado, boga, surubí y pejerrey, y recientemente también de sábalo con fines comerciales, concentrándose la pesca justo sobre la descarga cloacal. 

 Los resultados del estudio del CONICET son escalofriantes. La legislatura bonaerense (disposición ADA 336/03) admite como máximo 2.000 coliformes fecales por cada 100 ml de efluente vertido a un cuerpo de agua superficial. Las muestras tomaron 7.100.000 coliformes por 100 ml. En la arena de los balnearios, el canal aliviador registró 2.600.000 coliformes/100 ml; Palo Blanco, 8.300; Bagliardi, 120.000. 

 Enfermedades aseguradas

 El informe calcula la cantidad esperada de enfermos por temporada según la densidad de parásitos y bacterias. 

En Bagliardi y Palo Blanco, por cada 100.000 bañistas: 

 7.380 contraerían shigelosis 

 22.210 salmonelosis 

 790 diarreas por Escherichia coli 

 2.600 gastroenteritis por norovirus 

 Además del problema sanitario, el informe señala niveles alarmantes de materia orgánica en descomposición y bajos niveles de oxígeno, lo que daña gravemente el ecosistema. También se han encontrado microplásticos y fármacos humanos en los peces analizados.

 Breve historia de un descuido estructural 

Desde la Cloaca Máxima romana (siglo VI a.C.) hasta el siglo XIX, la humanidad solo supo alejar las aguas servidas y verterlas en cuerpos de agua sin tratamiento. Fue recién durante la epidemia de cólera de 1854 en Londres cuando el médico John Snow demostró que la enfermedad se transmitía por el agua contaminada con cloacas. Desde finales del siglo XIX se desarrollaron tratamientos primarios (sedimentación) y secundarios (lechos percoladores, tanques Imhoff, barros activados). La abrupta disminución de la mortalidad infantil durante el siglo XX está directamente relacionada con el mejor tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, hoy las enfermedades diarreicas siguen siendo la principal causa de muerte en niños menores de 5 años en el mundo, y en Argentina la cobertura cloacal alcanza solo al 57,7 % de las viviendas (censo 2022). 

 Capitalismo y enfermedad: daños colaterales estructurales 

El problema del tratamiento cloacal se conoce hace más de un siglo y medio. Pero el sistema capitalista ha sido incapaz de garantizar las obras necesarias. La contaminación masiva de la población no es un accidente: es parte estructural del capitalismo, desde el plomo y la radiación hasta los agroquímicos. Las enfermedades derivadas de estas actividades son daños colaterales que los trabajadores absorbemos de forma aislada e individual.

 Los obstáculos que impone un sistema basado en la reproducción del capital son incompatibles con el desarrollo de todo el potencial tecnológico que la humanidad ya ha alcanzado. El derecho a un ambiente saludable es una tarea que los trabajadores tenemos que pelear en el camino hacia la disputa por el poder y el socialismo.

Sergio Yeti

 30/05/2026

 

BOLIVIA: momento CLAVE de definiciones tras un mes de REBELIÓN

Día Nacional de la Defensa fortalece preparación militar en Cuba

Gemelo Digital Social, “Súper RIGI” y memorándums con Israel: las andanzas de Peter Thiel a la Argentina

Los engranajes de una arquitectura para el "control social". 

 El Gobierno anunció el lanzamiento del Gemelo Digital Social. El título podría generar sorna si no estuviese metida Palantir, la empresa tecnofascista que secunda a Israel en el genocidio en Gaza y que le está ofreciendo mecanismos de control social a gobiernos de todo el mundo. 

 La idea es construir una réplica computacional del funcionamiento social y económico del país (incluso grupos poblacionales) usando grandes bases de datos del Estado y modelos predictivos, con la excusa de mejorar la toma de decisiones. La cuestión es qué clase de decisiones pretenden tomar y cuáles son los objetivos. Para los especialistas, se trata de "social scoring", un sistema de puntuación social a partir del cruce de datos personales recopilados. Es un mecanismo que permite determinar la entrega de asistencia, beneficios sociales, créditos, etcétera. Este es un mecanismo que se utiliza en China, en la India y en las monarquías árabes para el control social, que solía ser criticado por los gobiernos occidentales. En Europa, supuestamente, todavía está prohibido, pero se utilizó para identificar a militantes propalestinos y encerrarlos antes de que pudieran siquiera movilizarse. Trump ya firmó múltiples acuerdos con Palantir. Uno de los usos fue identificar migrantes para encarcelarlos y deportarlos. 

 Además, en el anuncio que hizo el Gobierno para informar la novedad, convoca a “los principales actores del mundo” para construir “el primer modelo global”. Ahí hay otra cuestión, porque no informa quiénes son esos otros actores que tendrán a su merced todos los datos personales del país. Tampoco se sabe de dónde sacarán los datos. El proyecto incluye al Ministerio de Capital Humano y al Ministerio de Defensa. Aparte de los datos que brindará Capital Humano -que tiene una cantidad inmensa de información personal de los habitantes de la Argentina-, no se sabe qué otras bases de datos usarán. 

 El Gobierno no confirmó las empresas que se harían cargo de la tarea, pero todos los indicios apuntan a Palantir, porque se reunió con el Gobierno días antes del anuncio y es una empresa que se ocupa justamente de gestionar bases de datos para anticipar comportamientos y tomar decisiones, tanto en el ámbito de la guerra -para diseñar un algoritmo que señala sistemáticamente blancos civiles para los misiles y los drones- como en el ámbito civil, para detectar activistas. 

 El ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, presentó el Gemelo Digital en el marco de una demostración de sistemas de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas, como parte de la “cooperación con los Estados Unidos” a través de las empresas Arsoft US, MeetKai, XRF.IA y el grupo Arecco. La cuestión es que las armas y los sistemas de defensa, además de ser más sofisticados, son más cerrados, lo cual los vuelve totalmente dependientes del país proveedor. Esto significa una entrega completa de soberanía ante el país que vende y administra los sistemas, llámese Estados Unidos o Israel.

 El año pasado, Milei habilitó por decreto la ampliación del intercambio de datos entre organismos estatales y estructuras de inteligencia, lo cual le va dando un encuadre legal a esta estructura de espionaje masivo. 

 El otro marco legal que colabora con este esquema es la reciente presentación del proyecto de “súper RIGI” en el Congreso, el cual estipula aún mayores beneficios que el RIGI, orientado a fomentar a las tecnológicas. El proyecto de ley incluye incentivos tributarios y aduaneros, incluso ambientales. Para las empresas de IA esto es fundamental, ya que requieren de grandes cantidades de energía y agua para enfriar sus poderosos servidores. Esto forma parte del vínculo de Thiel con el régimen liberticida.

 Israel 

Previamente, el 19 de abril, el Gobierno firmó dos memorándums de entendimiento con Israel: uno de colaboración en la “lucha contra el terrorismo”, y otro para la implementación conjunta de herramientas de inteligencia artificial aplicadas en sectores civiles de “misión crítica”. Hubo un anuncio sobre un tercero “para potenciar la actividad de compañías israelíes en Argentina” (vinculado directamente a un crédito de 150 millones de dólares), que el Gobierno se niega a identificar. 

 Hay que considerar el lanzamiento del Gemelo Digital, los memorándums con Israel y la intervención de Palantir, con la llegada de Peter Thiel a Buenos Aires, como parte de una misma maquinaria de seguridad, inteligencia y control social. Junto con los software, Israel y Palantir importan una doctrina de vigilancia total para lograr sistemas de decisión automatizada.

 El término “terrorismo” ya quedó definido en la ley argentina en nuestro pasado reciente gracias al kirchnerismo, que sancionó la Ley Antiterrorista y luego se la utilizó para perseguir ambientalistas y pueblos originarios en las provincias cordilleranas. Con la colaboración de Israel, la cuestión se torna más oscura. En la parte en que el acuerdo con Israel detalla las actividades "terroristas", menciona a la “Yihad global” y “el uso inadecuado de herramientas informáticas”. En Europa ya se ensaya esta concepción de "terrorismo" cuando encarcelan a usuarios de redes que opinan en contra de la guerra de Ucrania o a favor de Palestina. El delito de opinión podría agravarse al encuadrarse como acción terrorista. 

 Otra cuestión que incluye este memorándum es la cooperación en la formación de las fuerzas de seguridad. Es decir que las fuerzas de seguridad argentinas van a ser formadas por el MOSSAD u otras fuerzas de seguridad israelíes acostumbradas al espionaje y a tratar a una parte de su propia población como subhumanos. 

 La implementación conjunta de herramientas de inteligencia artificial aplicadas en sectores civiles de misión crítica -desarrollada en el segundo memorándum- está vinculada al espionaje, pero también al suministro de los recursos que necesita la IA y a la promoción del establecimiento local de empresas de IA. Explícitamente, el memorándum habla del desarrollo seguro y protegido de la IA en toda su cadena de valor. Acá entra el súper RIGI. Estados Unidos impulsó un nuevo bloque llamado Pax Silica -del que participa Israel en primera fila- para llevar adelante un control de la cadena de valor de la IA, desde las materias primas, las fuentes de energía y las rutas marítimas hasta los flujos de datos y la fabricación de chips. En este aspecto, el memorándum compromete a la Argentina a facilitarle recursos a Israel para el desarrollo de la IA. 

 Otra cuestión es que el mismo memorándum se considera inmune a cualquier consideración legal, ya que establece que no podrá someterse a la jurisdicción de ningún tribunal judicial o arbitral, ya sea nacional o internacional.

 Los tentáculos de Palantir en América Latina 

Aprovechando su estadía en la Argentina, Peter Thiel viajó a Paraguay y se reunió con el presidente Santiago Peña para discutir sobre inversiones en data centers e infraestructura para IA. Paraguay se perfila como un buen país para Palantir debido a la energía hidroeléctrica barata de Itaipú, la “estabilidad” macroeconómica y la apertura del gobierno hacia la nueva economía digital. También estuvo en Chile, indagando sobre productos mineros necesarios para el desarrollo de la IA.

 Palantir está relacionado con las “ciudades inteligentes” que se crearon en Honduras y que funcionan como un enclave privado fuera de toda ley hondureña, con gobernanza digital y transacciones en criptomonedas. Son las llamadas “ZEDE” -Zona de Empleo y Desarrollo Económico-. Es otro experimento tecnofascista como el del gemelo digital.

 A medida que se va agotando la “democracia” como forma velada de dominación, una parte de la burguesía va armando toda una arquitectura de espionaje global para predecir las respuestas de la clase obrera y de toda la población a la que pretenden someter. Es un reflejo de preparación ante la certeza de que la represión no va a ser suficiente para hacer frente a las contradicciones desatadas por el capitalismo. Sin embargo, a medida que estas se tornan más explosivas, cada intento de espionaje y control social también se mostrará vano. Ni hablar cuando se ponga en marcha la organización de las masas con el objetivo determinado de superar un sistema obsoleto. 

Aldana González 

 27/05/2026

“Súper-RIGI”: al servicio de las corporaciones digitales, la represión y la guerra

El gobierno ha presentado un proyecto de ley para crear un “súper RIGI”, es decir, un nuevo régimen especial para grandes inversiones que supone mayores concesiones impositivas, aduaneras, cambiarias y jurídicas de las ya previstas con el RIGI existente.

 Los requisitos establecidos son: inversiones mínimas de US$ 1.000 millones en sectores que actualmente “no tienen actividad operativa en el país” y la ejecución de al menos el 20 % de ese monto durante los dos primeros años. A cambio, los beneficios son estrafalarios: se otorgará una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15 %, mayor disponibilidad para el reparto de dividendos y utilidades, un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. Exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto y a los productos exportados bajo el régimen. Habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.

 En materia laboral, se establecen condiciones particulares peores que las sancionadas en la contrarreforma laboral más reciente. Lo fundamental es que prohíbe en forma completa el derecho a huelga, consagrando un nuevo régimen de fuerza de trabajo esclavo. En las cargas patronales, hay rebajas al 10 % para los nuevos empleos. El Fondo de Afectación Laboral (FAL) permanece obligatorio. 

 El proyecto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos localizados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales. Más aún, limita a un máximo del 0,5 % la alícuota para Ingresos Brutos (de recaudación provincial) y prohíbe el cobro de otros impuestos provinciales como Sellos, regalías y cánones administrativos. Los gobernadores, fieles defensores de los intereses capitalistas asentados en sus territorios, han mostrado cierta disconformidad, pero no irán a ningún choque de fondo con este proyecto. Kicillof presentó en su momento su propio RIGI en ocasión de un proyecto para una planta regasificadora de gas que finalmente se asentó en Rio Negro, pero “off-shore”, es decir, con buques regasificadores. 

 A sabiendas de que todas estas imposiciones y concesiones son abiertamente inconstitucionales, el proyecto garantiza por sí mismo un plazo de ¡30 años! de “estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social”. Una inconstitucionalidad amparando otras inconstitucionalidades. También prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional. 

 En su presentación, el ministro Luis Caputo clarificó que el proyecto tiene beneficiarios con nombre y apellido: inversiones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Incluye por ejemplo la estratégica cadena de valor del litio y la manufactura de baterías (acceso a minerales y tierras raras). Para muchos especialistas, con este súper RIGI se facilitaría que se monten los grandes “datacenters” que requieren ingentes cantidades de energía, (involucran un gran pasivo ambiental del cual también estarían eximidas las empresas) e insumos importados. 

 No es coincidencia entonces que este proyecto haya sido presentado luego de la visita a la Argentina, reunión de por medio en la Casa Rosada, del empresario alemán Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir (emprendimiento conjunto con la CIA norteamericana), con sede en Silicon Valley. Como contratista del Estado Norteamericano, sus servicios de Inteligencia Artificial se utilizan para las masacres militares perpetradas en Gaza, Irán, en las acciones de guerra en general y también en la persecución de inmigrantes y personas calificadas como “terroristas” como es el caso de activistas propalestina. Recientemente, el gobierno de Milei anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, un gigantesco software al servicio del espionaje y la represión cibernética diseñado por Palantir a distintos gobiernos del mundo, mientras que tiene en carpeta una posible asociación con la SIDE para conformar un “ICE” argentino. 

 Este proyecto colonial ha sido entonces redactado en todos sus detalles con esta oligarquía tecnológica, de manera de avanzar en la alianza estratégica con Trump y su gobierno. No fue suficiente el “RIGI” previamente establecido, que ha resultado un rotundo fracaso. A pesar de todo el servilismo de Milei, Argentina ocupa el último puesto en la región en ingreso de inversiones extranjeras. Los únicos proyectos que se valieron del RIGI son relativos a la energía y minería, ya existían antes de la ley y simplemente se reciclaron para capturar beneficios fiscales y cambiarios. Según el Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo en el último trimestre de 2025 un saldo negativo de US$ 4.687 millones. 

 Emiliano Fabris 

 29/05/2026

Brote de Ébola en África: el virus se expande al ritmo de la guerra

El Ébola se continúa propagando en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. Al 27 de mayo, se han notificado 1077 casos sospechosos, 121 casos confirmados, 246 muertes sospechosas y 17 fallecimientos informados en RDC (Brote de ébola: situación actual | Ébola | CDC). La situación afecta principalmente a las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Mientras que Uganda anunció el cierre “con efecto inmediato” de su frontera con la RDC para intentar evitar una expansión del virus dentro de su territorio. Este país registró siete casos confirmados y una muerte confirmada. El 22 de mayo de 2026, la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés) evaluó el riesgo para estos Estados Partes como "Muy alto" para la República Democrática del Congo y "Alto" para Uganda. 

 Detrás de la epidemia del ébola se encuentran las condiciones sociales a la que está sometida la población que habita la RDC y la guerra. La OMS sostiene que los enfrentamientos armados en Ituri, provocan desplazamientos masivos de población y favorecen la expansión del virus en campamentos superpoblados. La provincia de Ituri está ocupada por alrededor de 100 grupos armados. Más de 7 millones de personas son desplazados internamente, muchos de ellos hacinados en campamentos sin agua potable ni saneamiento; unos 27 millones enfrentan hambre aguda. El cólera, el sarampión y la viruela símica circulan de forma continua. El director general del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África CDC), afirmó que estaba en “modo de pánico” ante la ausencia de medicamentos, vacunas y equipos de protección y afirmó “No tenemos fabricación de EPP.” (WSWS, 23/05/2026). 

 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, pidió un alto el fuego inmediato. “El este de la RDC se enfrenta ahora a una colisión catastrófica entre la enfermedad y el conflicto”, afirmó y sostuvo que el brote “está superando la capacidad de respuesta” sanitaria en la provincia de Ituri. Además, señaló a través de su red X que “No podemos ganarnos la confianza de la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen las bombas”. El director de la OMS, viajó esta semana con una delegación a Bunia (capital administrativa de Ituri) para seguir la evolución de la epidemia. 

 Otro de los problemas es el del financiamiento para el abordaje de la epidemia. El 25 de mayo de 2026, se realizó una sesión informativa ministerial virtual convocada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) y la Unión Africana, donde alertaron acerca de los retrasos en la movilización de recursos y en la ampliación de la respuesta al brote de ébola en curso. Afirmando que esto podría provocar una transmisión regional más amplia y una mayor pérdida de vidas. En dicha reunión, la directora ejecutiva de Gavi (Alianza Global para la Vacunación), mencionó que se están llevando a cabo esfuerzos para acelerar la investigación y preparación de vacunas para la cepa Bundibugyo. Mientras que el Ministro de Salud de la RDC, el Dr. Roger Kamba, pidió una mayor coordinación regional y un apoyo sostenido a los equipos de respuesta de primera línea. Los presentes respaldaron un plan continental de preparación y respuesta que requiere al menos 319 millones de dólares entre junio y noviembre de 2026 para reforzar el control de brotes en los países afectados y la preparación en al menos 11 estados miembros de alto riesgo de la Unión Africana. Pese a que en dicha reunión se mencionó que Estados Unidos comprometió 500 millones de dólares, la administración de Trump viene llevando adelante recortes a la ayuda económica que el país destina a la colaboración internacional para la prevención, investigación y tratamiento de enfermedades. Ha dado por terminado el programa STOP Spillover de 100 millones de dólares, financiado por USAID encargado del abordaje de infecciones producidas por animales. Desmanteló la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, siglas en inglés), desarticuló las redes del PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA) que formaban la columna vertebral de la vigilancia de enfermedades en África, se ha retirado de la OMS con el financiamiento que aporta el país y realizó con un feroz ajuste en el Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) , incluyendo despidos y renuncias de profesionales que manifestaron diferencias con la política que lleva adelante el Secretario de Salud estadounidense antivacunas, Kennedy. 

 En nuestro país, la madrugada del día miércoles se encendieron las alarmas cuando una embarcación extranjera atracó en el Puerto de San Lorenzo (Santa Fe) con un tripulante que presentaba síntomas compatibles con el Ébola, posteriormente descartado por los ministerios de salud nacional y provincial. 

 La expansión del virus del Ébola en África es la demostración más cabal de que el sistema capitalista lleva a la clase obrera a la barbarie mediante la guerra y la propagación de enfermedades. La defensa de la salud y de las condiciones de vida vendrán de la mano de la clase obrera que en distintos puntos del mundo se levantan contra los gobiernos de la guerra. 

 Daniela Magoc

 29/05/2026

El “acuerdo provisorio’ de Trump para reforzar la guerra

No solamente en el Medio Oriente. 

 No existe nada más peligroso que el impasse en una guerra internacional. El imperialismo norteamericano junto al estado sionista no ha podido doblegar la resistencia de Irán, donde han dejado un tendal de destrucción impresionante. Sin condiciones para lanzar un desembarco de decenas de miles de tropas en el terreno, el impasse se ha convertido para Trump en una crisis política. La incertidumbre acerca del mercado de la energía fósil mantiene a la economía mundial en vilo. Trump ha comenzado a liberar las reservas estratégicas de combustible. El crecimiento de la inflación impacta en el conjunto de la población y se ha convertido en una amenaza de derrumbe de la deuda pública. Para agravar la situación, en los últimos días se ha producido un retroceso persistente en las acciones de un puñado de empresas de Inteligencia Artificial, que los analistas interpretan como la consecuencia de una prematura obsolescencia de sus modelos. Esto significa un retiro de capitales de los mercados privados. Sólo la creciente valorización accionaria de un puñado de enormes empresas (alrededor de un 13 %) mantiene elevado el mercado de Wall Street y los índices pasivos de inversión financiera. Estados Unidos ha sufrido un revés estratégico. La guerra ha dejado expuesta la crisis de dominación política internacional del imperialismo.

 El impasse de la guerra se manifiesta asimismo en la guerra entre la OTAN y Rusia, que ha superado los cuatro años. El resultado de este prolongado estancamiento es clarificador: la OTAN ha capacitado a Ucrania para bombardear territorio ruso, incluso Moscú, con miles de drones y con misiles. Putin ha lanzado la semana pasada un ataque con el misil hipersónico Oreshnik, capaz de portar ojivas nucleares, que la OTAN ha calificado como una amenaza de guerra contra Europa occidental y el Báltico. Rumania ha denunciado en las últimas horas bombardeos de drones rusos. La OTAN y Rusia han respondido a los distintos estancamientos que han caracterizado a esta guerra, con un rearme acelerado y un escalamiento militar. Israel, por su lado, ha aprovechado el pseudocese del fuego temporal en el Golfo Pérsico para lanzar ataques masivos contra Líbano y para extender la ocupación militar a la ciudad de Tiro, la segunda en importancia, más allá del río Litani y alejada de la frontera norte de Israel. La incapacidad para derrotar a Hezbollah ha desatado una crisis entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del ejército sionista, Eyal Zamir. Israel, por otro lado, ha desalojado a los palestinos del 70 % del territorio de Gaza. La guerra contra Líbano y la ocupación de Gaza es una continuación de la guerra contra Irán. La guerra viene acompañada con el desarrollo de una crisis de los regímenes políticos que la promueven. 

 Las negociaciones para arribar a un principio o borrador de acuerdo entre el gobierno norteamericano y el iraní no han prosperado; las divergencias estratégicas, como no podría ser de otro modo, son insalvables. “El establecimiento de los fundamentos de un acuerdo de paz”, como reclama un editorial del Financial Times, es inviable; desataría crisis políticas terminales en uno y otro bando. El propósito de Trump es alcanzar alguna ficción de acuerdo temporal, hasta las elecciones de medio término en Estados Unidos, a principios de noviembre, pero, por, sobre todo, para reestructurar la guerra en nuevos términos. Ha rechazado la posibilidad ofrecida por Irán para gestionar el Estrecho de Ormuz con Omán, e incluso amenazado con un ataque militar apocalíptico al emirato. Irán no puede entregar el control del estrecho de Ormuz, su principal instrumento de defensa. China, sin embargo, reclama la ´libre navegación´ en el Estrecho, sin que se conozca qué le ha ofrecido Trump a cambio. Trump ha rechazado también la propuesta de Qatar de liberar los activos congelados a Irán en tandas sucesivas, para favorecer las negociaciones hacia un acuerdo. Irán exige una indemnización multimillonario por los dańos causados por los bombardeos salvajes de Estados Unidos e Israel, Las llamadas negociaciones para “sentar las bases de un acuerdo de largo plazo”, no son otra cosa que un intento de ganar tiempo para reunir las condiciones para una reanudación de la guerra.

 En declaraciones recientes, Trump ha reiterado la intención de ocupar Groenlandia y establecer un gobierno títere en Cuba. Tiene pendiente el envío a Taiwán de armamento por 11.000 millones de dólares, lo cual, según los analistas, convertiría al mar de China en un territorio de guerra. El impasse de la guerra ha acentuado el antagonismo de Trump contra la Unión Europea, dispuesta a concesiones a Irán (volver al método de controlar el enriquecimiento de uranio por medio de la Organización Internacional de Energía Atómica) para congelar el conflicto. La guerra imperialista internacional no ha sido abandonada, sino que se ha extendido en el tiempo. Trump acaba de agregar a Brasil al arrogarse para el Pentágono y la CIA el combate contra el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, las dos organizaciones más poderosas del narcotráfico. El año pasado, el intendente de Río de Janeiro organizó un asalto a las favelas con el pretexto de la ‘lucha contra el narcotráfico’, a espaldas del gobierno nacional, la Justicia y las Fuerzas Armadas, equivalente a un semigolpe de estado con el apoyo de gobernadores de ultraderecha. 

 El impasse en la guerra es, de otro lado, una manifestación de que no hay retorno al estado de situación previo. La lucha contra la guerra imperialista y contra los gobiernos imperialistas y sus secuaces debe ocupar la prioridad en la agenda de la clase obrera. Todas las reivindicaciones de la clase obrera están ligadas a la derrota del imperialismo.

 Jorge Altamira 

 29/05/2026

"El Frente de izquierda es una alternativa a Milei y al peronismo" // Pitrola y Solano en El Nueve

Mesa Redonda, General de Ejército Raúl Castro Ruz: Liderazgo histórico y pensamiento revolucionario

CON FILO | ¿Quién quiere una invasión contra Cuba?

¿Los derechos humanos, en el último barril?

Una obra que critica la subordinación de la vida humana, a los intereses económicos y bélicos. 

 El artista plástico Eugenio Merino es reconocido por sus polémicas obras de fuerte contenido político e irreverente. Por ejemplo, por “Always Franco”, Siempre Franco es una escultura hiperrealista que presenta al dictador español envestido con todos los atributos de Generalísimo, ya viejo y de tamaño natural, es conservado dentro de una heladera exhibidora con insignias de Coca-Cola. Recientemente, el autor preparó otra pieza controversial que condensa en su metáfora una polifonía de críticas al mercado y a la ruptura del marco legal internacional. 

 Presentada en la feria de arte ARCO de Madrid, la obra titulada The End of History (El fin de la historia) consiste en un barril petrolero pintado de negro brillante sobre el cual se inscribe, en letras blancas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

 Desde el título, el autor ironiza directamente sobre la tesis de Francis Fukuyama, quien, tras la caída del Muro de Berlín, postuló que la democracia y el libre mercado constituirían el punto final de la evolución sociocultural humana. La pieza golpea esa narrativa que anunció el fin de la lucha de clases y celebró al capitalismo como el horizonte definitivo de la humanidad; una teoría que durante décadas ocupó los anaqueles de las librerías y entretuvo a la academia mientras la realidad acumulaba evidencias en sentido contrario.

 Frente al barril, el espectador no puede más que concluir que lo único definitivo es el fin de la supuesta globalización, a la vez que reflexiona inevitablemente sobre los horrores de la guerra. La destrucción de regiones enteras en Ucrania, Gaza e Irán -donde, lejos de objetivos militares, los bombardeos caen sobre la población civil- demuestra que este horror es el verdadero motor del desarrollo de los intereses económicos ligados al negocio bélico. 

 La propuesta de la obra disparó numerosas críticas por parte de los patrocinadores del evento, quienes salieron en defensa de los intereses vinculados al petróleo que el barril cuestiona. Para agudizar la provocación, el artista presentó una variante de la obra cuyo precio fluctuaba en tiempo real según la cotización del crudo en el mercado internacional. Este dispositivo de fluctuación del valor es una ironía que condensa el filo crítico del autor: por un lado, evidencia que los derechos humanos se han subordinado al mercado; por el otro, denuncia la especulación financiera y expone los vínculos de las instituciones artísticas con empresas estrechamente entrelazadas con las tragedias humanitarias en curso. 

 Mediante esta metáfora, el escultor expone una contradicción: los derechos humanos aparecen como una mercancía y, a la vez, como un bien escaso, al ser presentados bajo su concepto alternativo de "el último barril". Subyace aquí una verdad indiscutible: la guerra por los recursos que libran los Estados y el capital arrasa sin consideración alguna por la vida humana y el ecosistema del planeta. 

 En esta línea, los Estados beligerantes, como Estados Unidos y sus países asociados -entre ellos, la Argentina-, no cejan en sus esfuerzos por instaurar regímenes de excepción política y económica. Estos mecanismos permiten la reasignación de recursos públicos hacia el rearme militar, mientras se arremete contra las libertades democráticas fundamentales. Asimismo, las élites aprovechan la recesión económica como excusa para liquidar derechos laborales, un proceso que avanza obligatoriamente junto a la regimentación política de las clases trabajadoras, algo que resulta incompatible con la vigencia efectiva de cualquier declaración de derechos. 

 Piezas como la de Merino dan la pauta de que las consecuencias de la guerra imperialista han empezado a erigirse como el canalizador central de las preocupaciones de los artistas. Ellos con sus obras actúan como catalizadores de la percepción de los tiempos que corren y, a través de su producción estética, expresan un rechazo de las políticas de barbarie. 

Nicolás Cadabón 

 26/05/2026

La Asamblea Plurinacional de Bolivia sale al salvataje de Rodrigo Paz y allana el camino para el estado de excepción contra la rebelión obrera y campesina

Este miércoles a primera hora, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira promulgó la ley que deroga las regulaciones para decretar el estado de excepción en su país. En una alianza con los bloques derechistas de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionaron el domingo y el martes, Paz Pereira consiguió por abrumadora mayoría la derogación de la norma que lo obligaba a tener el aval del Parlamento para su declaración, establecía un plazo máximo de 60 días de duración, restringía el uso de las fuerzas armadas y de armamento letal, y establecía responsabilidades penales individuales para policías y militares ante cualquier “exceso”. Horas antes de su aprobación, un tribunal constitucional ordenó al gobierno el despeje de todos los bloqueos y el restablecimiento del “orden público” (La Razón, 26-05-26). 

 La ley derogada, conocida como Eva Copa, fue aprobada en julio del 2020 por la mayoría masista de la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo el gobierno de facto de Jeanine Añez, surgido del golpe que derrocó a Evo Morales en 2019, después de que el ejército y la policía perpetraran las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), a finales de 2019. Los responsables policiales y militares fueron juzgados hasta que, en agosto y setiembre de 2025, jueces de El Alto y Sacaba determinaron la nulidad de los procesos por supuestos “vicios de incompetencia” en el trámite judicial. Las organizaciones de familiares de las víctimas de estas masacres denunciaron el carácter inconstitucional de la derogación de la ley Eva Copa, así como que varios de los perpetradores de aquellas masacres siguen en actividad y hasta fueron nombrados en cargos públicos bajo el gobierno de Paz Pereira (ANF, 26-05-26). 

 El operativo parlamentario para allanar el camino al llamado de un estado de excepción por Paz Pereira se puso en marcha justo después del monumental fracaso de la represión militar y policial, llevada a cabo el sábado pasado, pérfidamente llamada “corredor humanitario banderas blancas”, con la que se intentó despejar los bloqueos que se concentran entre La Paz y Oruro. Los bloqueadores enfrentaron la represión y armaron nuevos bloqueos, obligando al repliegue de las fuerzas represivas, con el saldo de cientos de detenidos y heridos y un manifestante asesinado. Por otro lado, las represiones diarias sobre las multitudes que marchan sobre la plaza Murillo no han logrado quebrar la tenacidad de los manifestantes. 

 Las medidas de “lastre” anunciadas por el presidente Paz tampoco han quebrado la rebelión en curso. El nuevo intento de poner en pie su consejo económico social para repartir prebendas con los 8.000 millones de dólares otorgados por el BID, Fonplata y la CAF (El Mundo de Bolivia, 14-01-26), busca más bien presentar algunos acuerdos para aislar a la COB y así poder avanzar en una represión mayor al movimiento. Con este mismo objetivo ha llamado nuevamente al diálogo a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Túpac Katari y a sus “bases” (La Razón, 27-05-26). 

 La oligarquía fascista cruceña ha suspendido su amenaza de desbloquear ellos mismos el bloqueo de San Julián y ha convocado a Paz Pereira a una reunión nacional de los cívicos de los nueve departamentos de Bolivia. Insistirá en esa instancia con su exigencia de un estado de excepción, aunque sea regional, como vía para evitar el accionar fascista contra los manifestantes en Santa Cruz. En esta reunión, además, disputarán los recursos y obras con las que el presidente boliviano intenta cooptar a los sectores que participen en su consejo económico y social (El Deber, 26-05-26). Los comités cívicos ofician como una mesa donde los gremios empresariales, profesionales y del comercio negocian sus reivindicaciones con los gobiernos de turno. Particularmente, el comité cívico pro Santa Cruz ha sido históricamente un cuartel de la reacción política y hoy capitanea a los dirigentes de los demás comités cívicos, para que cierren filas contra los obreros y campesinos rebelados. 

 Ante el allanamiento del camino legal para que Paz Pereira declare el estado de excepción, las organizaciones campesinas e indígenas ya han advertido que están dispuestas a enfrentarlo y proseguir su lucha. Los dirigentes de la COB se han limitado a denunciar la posibilidad de su establecimiento. Por lo pronto, las mujeres bolivianas nucleadas en la organización Bartolina Sisa han hecho de su marcha por el día de la madre, el 27 de mayo en Bolivia, una multitudinaria manifestación exigiendo la renuncia de Paz Pereira y rechazando un eventual estado de sitio. 

 Mientras crecen las manifestaciones y bloqueos, las reivindicaciones fundamentales de las masas, concentradas en el desabastecimiento de combustible y su calidad, la necesidad de un aumento general de salarios y jubilaciones contra la carestía generalizada, y la defensa de la pequeña propiedad agraria, que agrupa a casi un millón de campesinos, han sido postergadas hasta un eventual nuevo gobierno que suceda al actual presidente ante su probable renuncia. Rodrigo Paz, junto a la burguesía y los terratenientes bolivianos, en cambio, no abandonaron su agenda de apertura al capital extranjero internacional de la explotación de los recursos estratégicos del país, particularmente el litio y el gas. Para ello necesitan derrotar a las masas obreras y campesinas en lucha y evitar el default del país, que debe afrontar vencimientos por 2800 millones de dólares durante el 2027, en el marco de una quiebra del comercio exterior por la caída fenomenal de la producción nacional de hidrocarburos. Para hacerse de los recursos para pagar la deuda pública boliviana, es que Rodrigo Paz tramita un préstamo del FMI, contrariando sus promesas electorales y profundizando la brecha con los sectores movilizados. El recurso del estado de excepción ha quedado a la mano del presidente boliviano, para cumplir sus propósitos estratégicos.

 Julio Quintana

 27/05/2026

Milei apuesta su cabeza con el impuestazo a la cuarta categoría y a factureros y monotributistas

El informe que elaboró el Fondo Monetario Internacional para habilitar el envío de 1000 millones de dólares al Tesoro argentino ha puesto bajo la lupa al gobierno de Milei-Caputo. La burocracia del FMI ha tomado nota del derrumbe de la recaudación fiscal y de que la “acumulación de reservas” se ha ubicado por debajo de los compromisos asumidos. Aun con estas falencias reclama la “libre flotación” cambiaria con la intención de llevar la devaluación del peso al tope de la banda cambiaria. El FMI ha puesto el ojo en la ficticia estabilidad de precios, reclamando “estadísticas confiables”, algo que Caputo rechazó en varias oportunidades. El Fondo desaconseja la concesión de préstamos en dólares por parte de inversores privados para “evitar el descalce de monedas”, lo que significa revertir el ‘carry trade’ que ha inflado las reservas internacionales brutas del Banco Central.

 Pero el gran reclamo del informe es una reforma impositiva para antes de fin de año. El eje de ella es la extensión del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. El régimen de la “cuarta categoría”, que hoy grava al 1% de los asalariados, debería volver a los términos anteriores a 2019, e involucrar al 20% de los trabajadores. Teniendo en cuenta la pirámide de ingresos, aquellos que superen la canasta familiar -unos dos millones y medio de pesos- entrarían en el impuesto. El planteo es una invitación a la rebelión popular y a la huelga general. 

 Pero también exige equiparar las alícuotas del monotributo con las contribuciones de los “autónomos –“régimen general”-, que son más elevadas. La norma implica, en los hechos, la desaparición del monotributo como régimen simplificado, dedicado a trabajos con ingresos menores y relacionados al trabajo propio. Todos ellos deberán pagar una contribución superior, equivalente a la que abonan actividades independientes de mayor facturación. La ‘reforma impositiva’ no exime a ningún trabajador de un ataque profundo y generalizado. Políticamente, el gobierno ha decidido poner la cabeza en juego. 

 Este impuestazo es inseparable de la contrarreforma laboral, que reformula la relación laboral como una “facturación de servicios del trabajo”. El trabajo con factura, sostiene la contrarreforma, “no presupone relación de dependencia”. De este modo, convierte a la “prestación de servicios” con un mismo empleador en una práctica vitalicia. En lugar del impuesto a la cuarta categoría en su totalidad, una parte del impuestazo revierte sobre el ‘facturero’; Ahora, ese mismo trabajador precarizado soportará un doble atropello: el de carecer de derechos laborales y el de pagar una cuenta abultada por su previsión social y por impuestos. La unificación con el “régimen general” abre la puerta para otras exacciones: por caso, el (ex) monotributista será obligado a inscribirse, por cuerda separada, en el pago de ingresos brutos correspondiente a su provincia. 

 La reforma fondomonetarista lleva hasta el final la mistificación que convierte al trabajador en “capital humano”: una parte importante de la clase obrera es convertida en “emprendedora”; sin derechos, pero con las mismas obligaciones impositivas de un pequeño empresario o profesional independiente. La magnitud de la confiscación, sobre ingresos deprimidos y una inflación creciente de precios es monstruosa. El ‘maldito estado’ es usado por los ‘libertarios’ que lo execran en un super verdugo. Estamos ante el mayor asalto a los trabajadores de distintas categorías perpetrado en el trienio de Milei. 

 Las ‘recomendaciones’ fondomonetaristas, finalmente, vuelven sobre la exigencia de la reforma previsional: aumento de la edad jubilatoria, eliminación de los “regímenes especiales” -docentes universitarios y nacionales-, unificación (hacia abajo) de las cajas provinciales con las prestaciones del ANSES.

 Pero el propósito del FMI no es aumentar la recaudación, porque apunta a “aliviar la carga impositiva al comercio y la industria”, es decir, promover nuevas reducciones de impuestos al capital. Al mismo tiempo, el FMI ha informado públicamente que la inversión extranjera en Argentina, en 2025, ha sido la más baja de América del Sur, unos 4 mil millones de dólares, frente a 57 mil millones en Brasil, 40 mil millones en Colombia y 31 mil millones en Chile. El capital advierte que el ‘ajuste’ liberticida se pisa la cola a sí mismo, porque con la caída del consumo masivo, debido a menores ingresos personales, golpea la recaudación impositiva y las cuentas del Tesoro. Lo que se llama un “tormento de Sisifo”, donde la roca que llevaba a la cima de la montaña volvía a caer, repitiendo el ejercicio hasta el infinito. 

 La extensión del impuesto a las ganancias (salarios) ha sido, en el pasado reciente, un detonante político excluyente de la reacción popular. 

 Marcelo Ramal 

 28/05/2026