jueves, noviembre 19, 2026

El caso Nvidia fractura al gobierno de Trump


Estado nacional y fuerzas productivas internacionales. 

 La destitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia ha expuesto una fuerte disputa interna del gabinete trumpista. Dos estrategias en materia del desarrollo de la Inteligencia Artificial y de la venta de chips a China compiten en el propósito de asegurar la hegemonía estadounidense contra su principal competidor. 
 Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha impugnado la venta de microprocesadores a empresas chinas o de países del sudeste asiático, como Malasia y Singapur, como promueve Edward Lutnick, el secretario de Comercio. Bessent ha presionado a Lutnick para que presente su renuncia. Lutnick, por su parte, apoya la venta de tecnología a países competidores, principalmente China, para mantener, según dice, la dependencia tecnológica del gigante asiático. Contaba con el apoyo de Jensen Huang, como también de Trump; hay una necesidad perentoria de generar ingresos para la industria de la IA. 
 Nvidia es el mayor proveedor de chips de última generación, imprescindibles para el entrenamiento de la IA: su planta principal se encuentra en Taiwán, país de origen de Huang. Allí, Huang es considerado poco menos que un héroe nacional. Acaba de ser destituido de la conducción de la empresa que él mismo fundó en los años 90, por mantener una relación extramatrimonial con una no comprobada espía china. La mujer, Alice Huang, trabajaba en una empresa, Megaspeed, radicada en Singapur, que ofrecía servicios al gigante chino Alibaba para el desarrollo de su propio modelo de IA.
 Donald Trump había decidido mantener una posición conciliadora entre ambas alas de su gabinete, habilitando la venta de chips a China con restricciones. Huang se convirtió en fuente de consulta permanente para tomar decisiones en el área de la Inteligencia Artificial. La habilitación para la venta de chips H100 y H200 -dos modelos diseñados especialmente para el mercado chino, sin algunas de las prestaciones que ofrecen los modelos de última generación- fue negociada por el CEO de Nvidia y ratificada por Lutnick, con un arancel especial de exportación del 25 por ciento. Bessent denuncia sobre filtraciones de chips de mayor categoría, como los denominados H800, desde empresas asentadas principalmente en Malasia, Indonesia y Singapur. En apoyo de Bessent se ha expresado Marco Rubio, secretario de Estado. Su informe interno sobre las actividades de Alice Huang, como agente de las empresas chinas, fueron filtradas a la prensa. 

 Nvidia y China

 Un informe de The Wall Street Journal (14/11) expone la red montada por Huang desde finales de 2022 para vender sus chips de última tecnología a diversas empresas chinas mediante filiales en otros países de Asia y de ese modo esquivar las restricciones impuestas por el entonces presidente Joe Biden. Estas empresas recibían los chips y luego alquilaban a las empresas chinas sus centros de cómputos, permitiendo así evadir las restricciones. Según registros que vio el WSJ, Megaspeed, la empresa de Alice Huang, “arregló envíos de chips de punta a empresas de China por casi USD 12.000 millones entre marzo de 2024 y junio de 2025” (Infobae, 14/11). 
 Estas operaciones en Asia funcionaron como una vía de financiamiento para Nvidia. Según las declaraciones semestrales de la empresa, sus negocios ´en blanco´ con China, hasta julio de este año, habían alcanzado los 12.400 millones de dólares, un 7 % del total de sus ingresos. Sin embargo, el fondo de inversión Culper Research, en mayo pasado, estimaba que "más del 20 % de los ingresos del último año fiscal vienen de clientes chinos, en forma directa o a través de terceros” (Infobae, ídem).
 En diversas apariciones públicas, Huang defendió su posición de continuar con la venta de chips a China para evitar que esta lograra un desarrollo autónomo por medio de empresas como Huawei, cuya performance tecnológica sigue muy de cerca de Nvidia y otras empresas de punta norteamericanas.
 La crisis ha obligado a Trump a dar una respuesta a quienes piden endurecer los controles. Como consecuencia, se han implementado mayores restricciones a la venta de chips a países donde se encuentran radicadas empresas que puedan ofrecer servicios a las empresas chinas de manera directa e indirecta. En esa lista de naciones figuran Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y nada menos que Brasil. En su discurso tras la victoria en el balotaje, Lula anunció que impulsaría el desarrollo de una IA propia. 
 El centro de las inversiones chinas para centro de datos se encuentra en Malasia, donde convive con importantes inversiones norteamericanas. Han alcanzado los 34.000 millones de dólares, según un informe de James Chai, investigador del instituto Iseas-Yusof Ishak de Singapur. Empresas que operan como centro de datos en Malasia, socias de Nvidia, serían proveedoras de empresas chinas como ByteDance, la dueña de TikTok (Infobae, 14/11).

 ¿Se pincha la burbuja? 

Esta dependencia de Nvidia de China resultaba vital para lograr ventas que no dependieran del financiamiento de la propia compañía de chips a sus clientes norteamericanos, entre ellos, pesos pesados como Antrophic, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft. La venta de chips financiada con la entrega de recursos propios a sus clientes sembraba serias dudas sobre la calidad de la ganancia obtenida. Los niveles de inversión han resultado altísimos. Sólo en los últimos programas promovidos por Huang, el desembolso orillaba los 500.000 millones de dólares. La crisis con Huang no hizo otra cosa que agitar la incertidumbre sobre la viabilidad de obtener ganancias de la IA: en 45 días, la cotización de Nvidia ha perdido el 30 % de su valor, equivalente a más de un billón de dólares.
 La reemplazante interina de Huang, Colette Kress, ha esgrimido desacuerdos con la inversión creciente en compañías de IA sostenidas, principalmente, con deuda. Sin embargo, una desaceleración de las inversiones en las empresas que adquieren los chips de Nvidia podría provocar una caída generalizada de la Bolsa, la cual ha sustentado su tendencia alcista. Hasta ahora, mediante ese juego contable, Nvidia era consideraba la única empresa del rubro que acusaba ingresos en sus balances. La caída de Nvidia ha tenido fuertes repercusiones en las bolsas de Tokio (Japón), Singapur y Seúl (Corea). 
 La presencia de Huang al frente de la compañía se consideraba una garantía para las inversiones. Para Huang, el costo de interrumpir ese proceso significaría una caída abrupta de la capitalización bursátil y alejaría la meta de obtener ganancias de los sistemas de IA operativos. China ha logrado, mediante sistemas de código abierto de menor inversión, obtener ganancias relativamente modestas: precios (tokens) más bajos, pero mayor volumen de venta. Las compañías norteamericanas han optado por un sistema integral, que asciende exponencialmente la inversión inicial, pero, por el momento, no ha otorgado retornos significativos. 
 En una carta abierta, importantes CEO de Silicon Valley, como Elon Musk, Amjad Masad (Replit) y Tim Sweeney (Epic Games), 9.600 empleados de Nvidia y cerca de 100.000 inversionistas exigieron el retorno de Jensen Huang a la dirección de la empresa. Sostienen que su salida puede generar el colapso general de todo el sistema financiero que se ha montado alrededor de la IA. El ´operativo clamor´ tuvo réplicas en Taiwán. El propio Donald Trump ha comentado ante la prensa que no pondría objeciones a esta tentativa.
 El consejo directivo de Nvidia, por lo pronto, ha descartado el retorno de Huang y decidido conformar un comité que supervise el cumplimiento y acatamiento de todas las medidas legales para que la tecnología de punta de Nvidia no sea dirigida por ninguna vía hacia empresas chinas. 
 La división en el seno del gabinete trumpista expone una divergencia que se extiende entre las diversas alas de la burguesía imperialista, incluida la oligarquía de Silicon Valley. Pero estamos ante un conflicto entre Estados capitalistas, no entre firmas privadas, que es lo que determina la guerra. La colaboración internacional en Inteligencia Artificial está bloqueada por el conflicto entre el desarrollo internacional de las fuerzas productivas y el carácter nacional de los Estados protagonistas.

 Joaquín Antúnez 
 18/11/2026

“No saber cómo vivir”: acerca del aumento de los suicidios en el país


Así caracterizó una especialista el aumento de la tasa de suicidios en Argentina. Es una forma de expresar de que no se trata de la voluntad individual de quitarse la vida, atribuyéndole que su deseo sea dejar de existir. Sugiere, en cambio, que las condiciones vida han llegado a un punto crítico, a un deterioro que se presenta como imposible de superar. 

 Estadísticas 

El suicidio en Argentina ha escalado a la primera posición como causa de muerte violenta entre los jóvenes, superando a los accidentes de tránsito y los homicidios dolosos, al punto de que la sumatoria de ambas no alcanza para igualarla. 5.200 suicidios sucedieron en el país durante 2025. La tasa indica que el 11,8 % de cada 100.000 habitantes decide quitarse la vida, un incremento del 45 % respecto de periodos pasados. No hay cifra que hoy en día se considere “estable” o reputada dentro de lo tolerable. Estamos frente a un aumento descomunal de casos cuyas raíces y explicaciones son enteramente sociales. 
 No puede escindirse la conducta individual de una persona con el medio que habita, con las condiciones en las que desarrolla su existencia y la perspectiva que esta misma se construye de su futuro, en un período marcado por la crisis y la guerra.

 ¿"Multicausalidad" o capitalismo en decadencia?

 Prácticamente todo el arco especialista en la temática advierte que no estamos frente a un fenómeno “unicausal”. En su lugar, advierten que es un fenómeno con multicausalidad, poniendo en pie de igualdad condiciones económicas, culturales, sociales, familiares, entre otras. Este abordaje relega a un plano secundario la decadencia capitalista y las consecuencias que esta conlleva sobre la vida social y familiar y la psicología de las personas. El antagonismo de clases y la explotación asalariada es la piedra basal, la plataforma o el escenario sobre el cual se construye el cúmulo de violencia contra los explotados. La información relevada pinta de cuerpo entero esta afirmación.
 En el Observatorio de Psicología Social, los jóvenes que fueron encuestados han atribuido en gran medida los problemas de depresión y ansiedad a los salarios de pobreza o la desocupación. En el mismo plano ubican el endeudamiento descomunal que todas las aplicaciones financieras permiten ejecutar con un celular. En un eslabón por debajo, la ludopatía. Con estas afirmaciones, podemos trazar la línea directa con el programa del gobierno libertario que mediante reforma laboral, deflación, desregulación financiera y abierta promoción de las apuestas online ha convertido a la juventud en una población extremadamente vulnerable en el periodo más auspicioso de la vida. En concreto, los jóvenes adultos de entre 19 y 35 años son aquellos en los que más se proyecta la idea de quitarse la vida. Es una generación que solo conoce el trabajo de las aplicaciones de delivery, de Uber, y desconocen lo que es el empleo registrado con un salario de convenio, vacaciones pagas y licencias por enfermedad. 
 La violencia tiene su “génesis” en la sociedad de clases y la explotación de una minoría sobre la mayoría. Quienes abogan por la multicausalidad no suponen la superación de la sociedad capitalista, sino su emparche mediante políticas públicas de contención. Las que existían, endebles, se derrumbaron como un castillo de naipes con el gobierno de Milei. No solamente aquellos programas destinados a la prevención del suicidio, sino en modo general todas las prestaciones referidas a salud, educación y niñez y minoridad. A modo de ejemplo, en el caso de Santa Fe, el presupuesto que presentó Pullaro para el año entrante destina tan solo 0,015 % a salud mental, mientras el 12 % se destinará a la seguridad pública. En Santa Fe, al igual que a nivel nacional, el suicidio es la causa de muerte violenta que más se extiende. 
 No puede considerarse este fenómeno sin advertir las características la sociedad en la que se produce. En otros términos, tiene un carácter de clase: el marco de la decadencia capitalista, que arrastra la humanidad a la barbarie (capitalista). Un programa de emancipación política no puede obviar este punto.

 Agustín Fernández 
 18/11/2026

Veinte millones de pobres


A lo largo de décadas de gobiernos patronales. 

 La frase que más repiten Milei y a Caputo -“sacamos a 12 millones de la pobreza”- es una mentira.
 El Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicó un estudio lapidario: entre el segundo trimestre de 2023 y 2026, la pobreza no se redujo, sino que aumentó. 
 Hoy llega al 42,6 % de la población, o sea, a 20 millones de personas. Para la Universidad Di Tella, sólo en el mes de septiembre el número de pobres aumentó en 500.000 personas. 
 Los informes oficiales no toman en cuenta el verdadero peso de las tarifas de servicios públicos en el gasto familiar. En estos tres años, las tarifas crecieron 3,5 veces más que la inflación general.
 Pero estos datos asumen una “canasta básica” de 1.690.000 pesos, que no incluye los gastos de vivienda. Para una familia de inquilinos, por lo tanto, esa línea de pobreza no baja de los 3 millones. 
 Según la estadística de avisos de empleo, el promedio de salarios ofrecidos en octubre de este año fue de… 1.200.000 pesos. ¡Una familia no dejaría de ser pobre con el salario de los dos jefes de hogar!
 La burocracia sindical ha avalado la destrucción de salarios y jubilaciones, la liquidación del derecho laboral y los convenios colectivos. 
 El proyecto de Presupuesto de 2027, enfocado en el pago de los vencimientos de la deuda usurera y fraudulenta, agrava la miseria social.
 Enfrentemos este derrumbe social con autoconvocatorias, plenarios y coordinaciones de lucha.
 Por un salario y jubilación mínimo igual a la canasta familiar, hoy en 4 millones de pesos. 
 Desconocimiento de las deudas personales y de trabajadores con la banca y las billeteras usurarias. 
 Financiamiento universitario y a la discapacidad. 
 Huelga general por estas reivindicaciones. 

 Nota de tapa de Política Obrera N° 157 edición impresa.

miércoles, noviembre 18, 2026

Hart, medio siglo de una voluntad cultural


Armando Hart, el intelectual que fundó y condujo el Ministerio de Cultura de Cuba durante más de dos décadas. 
 A propósito del venidero aniversario 50 del Ministerio de Cultura, y el cierre de la Jornada por la Cultura Cubana, ofrecemos algunas ideas sobre el destacado intelectual 

 Especial significación adquiere esta Jornada por la Cultura Cubana que –celebrando efemérides de especial relevancia, como los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz, el Centenario de Fidel Castro Ruz y los 65 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entre otras– alcanza su cúspide hoy 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional. 
 Uno de los leitmotiv de esta jornada lo constituye el aniversario 50 del Ministerio de Cultura, creado en 1976 y cuyo ministro fundador fue Armando Hart Dávalos. 
 El destacado intelectual, cuyo accionar se vincula a la Campaña de Alfabetización y al desarrollo cultural de la Isla, desempeñó ese cargo desde inicios de 1976 hasta 1997; periodo en el que organizó las instituciones que hoy garantizan el desarrollo artístico, e impulsó el sistema de premios nacionales, casas de cultura, bibliotecas y museos municipales.
 A decir de Hart, en sus inicios la Revolución Cubana significó un suceso cultural por excelencia que representó un despertar para una gran parte del pueblo, tanto en la calidad de vida como en el devenir creativo.
 Sin embargo, el proceso no estuvo exento de errores, que impulsaron el periodo que hoy conocemos como Quinquenio Gris (1971-1975), término acuñado por Ambrosio Fornet, en el cual imperó una desviación de la política cultural de la Revolución que había sido enunciada por Fidel en su discurso conocido como Palabras a los intelectuales. La rectificación, en gran medida, es obra de Hart. 
 Relata el historiador Luis Toledo Sande que fue grande la ovación escuchada en la Asamblea Nacional durante el surgimiento del Ministerio, no solo porque «reveló públicamente la conciencia de lo que significaba fundar un ministerio para reencaminar una política que había tomado rumbos indeseables», sino porque «Hart no se dedicó a pasar factura a quienes se habían desempeñado antes que él en la atención política al quehacer artístico y literario del país». 
 Así contribuyó, por ejemplo, a desmontar con argumentos lo que se entendía por «realismo socialista», un movimiento que no halló en Cuba terreno suficiente para arraigarse, y procuró observar de cerca la naturaleza de la creación artística.
 Con la asunción del naciente Ministerio, se declaraba una nueva concepción de las políticas culturales, y el entonces ministro, alejado de doctrinas, impulsó el diálogo y la apertura de espacios que propiciaron a los jóvenes más libertad en su desarrollo artístico. 
 Ha dicho Fornet que «Hart ni siquiera esperó a tomar posesión del cargo para empezar a reunirse con la gente. Viejos y jóvenes. Militantes y no militantes. No preguntó si a uno le gustaban los Matamoros o los Beatles, si apreciaba más la pintura realista que la abstracta, si prefería la fresa al chocolate o viceversa; preguntó si uno estaba dispuesto a trabajar».
 En tanto, llamó la atención sobre la urgencia de desterrar prácticas intervencionistas y voluntaristas y, por el contrario, favorecer los más altos valores de la creación cultural, ya fuesen los de la tradición, o los nuevos que implicaba el desarrollo de la nación.
 Cabe destacar que el ideario de José Martí fue constante en toda su obra, a quien consideró como fundador de la nación cubana y guía espiritual de la Revolución. De él destacaba su capacidad de asimilar y sintetizar diversas fuentes de pensamiento; su amor a la justicia y lucha por la independencia, soberanía y dignidad de Cuba.
 He aquí la motivación por la cual, cuando cesó en sus funciones como ministro de Cultura, en 1997, fundó la Sociedad Cultural José Martí, de la cual fue su primer presidente, y dirigió la Oficina del Programa Martiano de Cuba. En esta nueva responsabilidad, el intelectual continuó su incansable labor de promover el pensamiento martiano como brújula ética de la nación, convencido de que sin cultura no hay libertad posible. 
 Como él mismo concluyera tras dos décadas al frente del Ministerio, «la cultura se promueve, no se dirige». Esa máxima, que resume su ruptura con los dogmas y su apuesta por el diálogo, es quizá el legado más valioso que Hart dejó a los creadores cubanos. 

 Redacción Cultural Granma| cultura@granma.cu 
 20 de octubre de 2026 18:10:08

La Corte del 2x1 avanza en la impunidad de los genocidas


Con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Corte Suprema aprobó el “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”. Por su parte, el tercer integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti, devolvió el proyecto sin su firma. El protocolo unifica los criterios para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias, lo que fue recibido con beneplácito por los miembros de la “familia militar”, ya que abriría una instancia para que los represores que aún continúan presos, accedan al beneficio. 
 "En el Palacio de Talcahuano le atribuyen a Rosatti haber motorizado el tema desde marzo de este año, pocos días antes de que se conmemoraran los 50 años del último golpe de Estado y mientras arreciaban las versiones sobre una posible jugada del Gobierno para favorecer a los detenidos por crímenes aberrantes" (Página 12, 13/11). En vísperas del último aniversario del golpe que dio inicio a la dictadura militar, corrió fuerte la versión de que los liberticidas preparaban un nuevo indulto. 
 En la resolución aprobada por Rosatti y Rosenkrantz se puede leer que “el protocolo no establece causales de procedencia ni de denegación de la detención domiciliaria. La decisión corresponde al órgano jurisdiccional, el informe técnico-pericial aporta el fundamento en salud de la misma”. De este modo, el “protocolo médico” se convierte en un instrumento metodológico que se pone a disposición de los jueces para su uso a discreción. 
 Según los reportes estadísticos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, más del 85% de los presos por crímenes de lesa humanidad se encuentran con prisión domiciliaria. Las cifras oficiales dan cuenta de que, sobre un total de 509 represores detenidos, 436 cumplen pena en sus domicilios, un beneficio que suele otorgarse por razones humanitarias vinculadas a la edad avanzada (mayores de 70 años) o por problemas de salud. Mientras que en la Unidad Penitenciaria Nº 34, ubicada en Campo de Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se encuentran detenidos 59 represores. La Unidad 34 es una cárcel VIP para los genocidas. Solo 14 se encuentran detenidos en cárceles comunes, en distintos puntos del país.
 El protocolo será girado a las cámaras con competencia penal, a la dirección que se ocupa de la ejecución de la pena y a distintas dependencias del gobierno nacional, como los ministerios de Seguridad y de Defensa (Página 12, ídem). Como antesala de esta instancia, los cortesanos instruyeron, por medio de la acordada 21/2026, al Cuerpo Médico Forense (CMF) en agosto pasado, para que en un período de 30 días elaboraran un protocolo y que el mismo contemplara al Servicio Penitenciario, que se encuentra bajo control de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo de este último era constatar si el SPF cuenta con las "condiciones necesarias" para brindar tratamiento a determinados internos. Monteoliva, al igual que su antecesora, Patricia Bullrich, viene insistiendo en que el SPF "no está preparado" para albergar a adultos mayores detenidos, un subterfugio para los genocidas de la última dictadura. Conocida esta acordada, Cecilia Pando,y otros videlistas se reunieron con el viceministro de Justicia, Santiago Viola, para insistir por las domiciliarias para los genocidas.
 El mando político del SPF es fundamental en este entramado de impunidad, porque el “protocolo” establece que las autoridades federales son los que deben determinar si están garantizadas la atención médica en contextos de encierro. Tiempo atrás se había dado una discusión acerca de si la Unidad 34 de Campo de Mayo tenía efectivamente una ambulancia disponible las 24 horas por si era necesario un traslado. Según lo que establece la ley para presos mayores de 70 años, la prisión domiciliaria debe habilitarse si una persona está enferma y no puede recibir el tratamiento adecuado en su lugar de encierro, si atraviesa el período terminal de una enfermedad o en caso de discapacidad. Es en este punto en el que los responsables políticos del SPF cumplirán un rol fundamental en la impunidad de los genocidas, ya que “deberá informar sobre el estado de la unidad penitenciaria en una declaración institucional, que se contrasta con los relevamientos que hacen distintos mecanismos de control, como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) o la comisión de cárceles” (ídem). En última instancia, quienes se encuentran al mando del SPF están subordinados a los designios del negacionista gobierno liberticida.
 Bajo la fachada de un “protocolo médico”, Rosenkrantz y Rosatti le brindan un instrumento para alcanzar la prisión domiciliaria a los represores, responsables de un plan sistemático de exterminio durante la última dictadura. Ambos jueces fueron también quienes, en 2018, dictaron una resolución que aplicaba el beneficio del 2x1 a los represores presos. Esto desató una movilización histórica que forzó al Congreso a sancionar de apuro una ley para excluir a los autores de crímenes de lesa humanidad.

 Lucas Giannetti 
 17/11/2026

Comienza el juicio oral a Néstor Montezanti, represor de la Triple A


Néstor Luis Montezanti, ex juez y ex agente de inteligencia del Ejército, irá a juicio oral acusado de participar en la toma armada de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ocurrida entre agosto y noviembre de 1974. Los cargos son por asociación ilícita en calidad de autor e intimidación pública como coautor en concurso real. Montezanti fue miembro de la Alianza Anticomunista Argentina en Bahía Blanca. Es la primera vez que será juzgado por estos hechos, como anexo del juicio central por la Triple A desarrollado en 2021. Llega a esta instancia tras ser imputado en 2015, indagado en 2018, procesado en 2020 y elevado a juicio el 21 de diciembre de 2024. Más de 50 años de impunidad. 
 Según lo reconstruido, en 1974, al terminar el acto eleccionario de renovación de autoridades del Centro de Estudiantes, un grupo armado ajeno a la Universidad irrumpió por la fuerza y retiró las urnas. Varios estudiantes testimoniaron haber visto a Montezanti entre ellos. Era reconocible porque entonces era docente de esa universidad. Su presencia en el operativo represivo fue constatada por primera vez en sede judicial en 2007. Cinco testigos declararon que, en 1974, vieron a Montezanti en medio del grupo de matones que, a punta de pistola, ocuparon la UTN y que a fines de 1975 conformaron la Triple A bahiense. Entre otras cosas, se acreditó la existencia de un papel tipo diploma que habría sido entregado a Montezanti por el general Guillermo Suárez Mason por su participación en el grupo parapolicial. 
 La Triple A comenzó a actuar en Bahía Blanca en 1974. Se le atribuyen 24 homicidios entre 1974 y 1975. En 2021, cuatro de sus integrantes (Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio) fueron juzgados y condenados en primera instancia, aunque dos de ellos fueron absueltos después por Casación. A Montezanti se le atribuye el rol de inteligencia dentro de la Triple A: es decir, espiar, identificar y señalar a quienes después atacaba el grupo operativo. También fue abogado de confianza de uno de los acusados por el crimen de David Hover Cilleruelo, estudiante oriundo de General Roca, que estaba por asumir como secretario de la Federación Universitaria de Bahía Blanca cuando fue asesinado en un pasillo de la UNS el 3 de abril de 1975.

 Espionaje en la Universidad

 En la Universidad Nacional del Sur, Montezanti fue docente desde principios de la década de 1970, contratado por el interventor Remus Tetu. Fue titular de tres cátedras en el Departamento de Derecho de la UNS y representante de la Unión Obrera Metalúrgica. 
 Tras el golpe, Montezanti fue "personal civil" de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura cívico-militar. Se desempeñó entre el 1 de enero de 1981 y el 1 de junio de 1982, como asesor universitario del Destacamento de Inteligencia 181, dependiente del Batallón 601, según datos aportados por el propio Ejército. El Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca era el lugar donde prestaban servicio los interrogadores del centro clandestino La Escuelita y varios de los condenados a prisión perpetua en el primer juicio a represores de la ciudad. 
 Según la Fiscalía, Montezanti habría actuado en coordinación con organismos como el Destacamento de Inteligencia 181 y la Comunidad Informativa local. El expediente incorpora además correspondencia entre Montezanti y Rolando Teolino Funes, a quien la Fiscalía vincula con la provisión de armas al grupo en Neuquén y con su posterior ingreso como Personal Civil de Inteligencia.
 Montenzanti fue objeto de un juicio académico de la UNS, por su participación en tareas de inteligencia. Se lo acusó de haber colaborado con la intervención a los institutos de la UNS en 1975 y de haber realizado tareas de inteligencia sobre profesores, no docentes y alumnos de la casa en tiempos de la dictadura. 
 Montezanti intentó minimizar esa pertenencia. Sin embargo, como quedó expresado en los juicios de lesa humanidad, haber actuado como personal civil de inteligencia durante parte de la dictadura militar significó haber participado del plan sistemático represivo que actuaba desde distintos organismos del Estado. 

 Décadas de impunidad 

El juicio comienza en pocos días. Las audiencias serán públicas: habrá proyección en directo en el hall, como ocurrió en la Megacausa Zona 5, y transmisión por streaming. La Secretaría de "Derechos Humanos" del Ministerio de Justicia de la Nación no será parte del proceso. 
 Este juicio llega luego de un extenso período de impunidad, con la complicidad del Poder Judicial que lo colocó en jerarquías elevadas, y de las autoridades universitarias. En este periodo, Montezanti fue defensor y asesor dell militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, del interventor de la UNS Remus Tetu, al general Adel Vilas y del médico acusado de prestar servicios en el centro clandestino La Escuelita, Humberto Adalberti, entre otros represores. 
 En 2015, cuando los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia lo denunciaron como integrante de la Triple A, Montezanti era presidente de la Cámara Federal bahiense, cargo que ocupó por 15 años, hasta 2016. Como camarista, presidió el tribunal que tenía a su cargo la revisión de decenas de causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Durante su gestión, Montezanti suprimió la Secretaría de Derechos Humanos del tribunal. 
 El juez federal Alejo Ramos Padilla lo citó a prestar declaración indagatoria, pero Montezanti no se presentó. Faltó tres veces en una semana sin alegar motivos razonables. Fue declarado en rebeldía, se le prohibió salir del país y se corrió vista al Consejo de la Magistratura. Tampoco dio la cara cuando lo citó el Consejo de la Magistratura. En 2016, después de renunciar al cargo de camarista, logró la suspensión y postergación de su indagatoria, a partir de un fallo de la Cámara Federal local que puso en duda la imparcialidad del juez Ramos Padilla. 
 Las denuncias de estudiantes, trabajadores judiciales y miembros de la fiscalía y la propia Cámara lo dibujan como una figura autoritaria que llegaba a calificar a sus empleados bajo el rótulo de “ITS”, que en la jerga militar refiere al recluta "inútil para todo servicio", establecer sistemas de espionaje y delaciones y hacer de la persecución por vía judicial un modo de amedrentamiento. 
 En la Universidad, el 3 de octubre de 2011, el profesor Dante Patrignani promovió el Juicio Académico contra Montezanti para que sea separado de sus cargos docentes, fundado en falta de ética. El pedido hibernó en el Consejo Departamental de Derecho de la UNS, controlado por abogados cercanos al magistrado. Montezanti recurrió a la Justicia Federal impugnando la resolución de la Asamblea Universitaria y solicitó una cautelar que mantuvo suspendido el trámite de juicio académico durante dos años y medio. Finalmente, la Corte Suprema de la Nación, en mayo de 2015, rechazó la impugnación y dejó sin efecto la cautelar.
 El 18 de agosto de 2015, el Consejo Superior de la UNS votó por unanimidad, con 27 consejeros, la suspensión y el juicio académico a Montezanti. Se lo suspendió de sus tres cátedras por falta de ética. Después, Montezanti obtuvo el amparo de un juez subrogante y de la misma Cámara bahiense, que ordenó restituirlo en la cátedra. Sin embargo, para las autoridades de la UNS, la suspensión sigue en vigencia. Contra los denunciantes, Montezanti inició juicios por calumnias e injurias. 

 Perpetua para Montezanti 

Organizaciones de Derechos Humanos convocaron para el 18 de noviembre a las 8 horas, en el Tribunal Oral Criminal N°1, Chiclana y Lavalle, a una vigilia ante el inicio del juicio. Convoca también el sindicato de docentes universitarios, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur. Política Obrera convoca a participar y movilizar para exigir la perpetua a Montezanti. 
 El derrotero de Montezanti refleja la enorme impunidad respecto al conjunto de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura militar, enfrentada únicamente mediante el enorme esfuerzo y sacrificio de quienes afrontaron dicha época, familiares de las víctimas y la movilización independiente del Estado y todos los gobiernos a la fecha. Los Montezanti son reivindicados hoy por los Milei, Villarruel y compañía, quienes están embarcados en poner en pie un Estado Policial, una militarización y reforzamiento del aparato de espionaje del país, contra las reacciones obreras y populares en curso y las que el plan liberticida generará. No pasarán.

 Manuel Martín Rodríguez y Emiliano Fabris 
 17/11/2026

martes, noviembre 17, 2026

Se expande el sarampión en los Estados Unidos


Como consecuencia de la política sanitaria criminal de Trump y Kennedy.

 Los casos de sarampión en Estados Unidos están en aumento, superando los registrados en 2025 y cualquier otro año desde 1991. Esto sucede al ritmo en el que desciende la cantidad de personas vacunadas en el país, producto del aumento de las exenciones para la vacunación habilitadas por el propio gobierno y el recorte en el sistema de salud. 
 Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC por sus siglas en inglés), al 5 de noviembre de 2026 se notificaron 5.182 casos confirmados, distribuidos en 47 jurisdicciones y un total de 18 casos entre visitantes internacionales al país. De esta forma, supera ampliamente el total de casos reportados durante 2025 (2.289). 
 El sarampión fue declarado erradicado en los Estados Unidos en el 2000. Del 10 al 13 de noviembre se encuentra reunida una comisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, PAHO por sus siglas en inglés) para determinar si ese estatus ya se ha perdido. En cuanto a la región de las Américas, perdieron su estatus cuando el sarampión fue declarado endémico en Canadá en noviembre de 2025. El continente lleva registrados 57.666 casos este año en 17 países y territorios, lo que supone un aumento de 4,7 veces en comparación con el mismo periodo del 2025 (PAHO, 6/11/2026), con 53 muertes en Guatemala, 23 en México, 1 en Perú, 1 en Bolivia y las reportadas por Estados Unidos, que suman 81 muertes en lo que va del año.

 La caída de la tasa de vacunación

 El aumento de los casos de sarampión está relacionado con la caída de la tasa de vacunación: de los casos registrados, el 96 % responde a personas no vacunadas o se desconoce al respecto. Según los registros, los grandes brotes ocurrieron o siguen ocurriendo en Pensilvania, Utah, Carolina del Sur, Wisconsin y Nueva York, afectando principalmente a comunidades infravacunadas como los amish, menonitas, miembros de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y comunidades de migrantes. Estas comunidades presentan barreras para la atención médica, como la falta de seguro médico y de contacto regular con profesionales de la salud, junto con creencias religiosas respecto a la intervención médica. Pero, aunque se intente apuntar a estas comunidades como chivos expiatorios, los brotes también se han ido extendiendo a otras poblaciones, donde la cantidad de personas no vacunadas y las exenciones de vacunación han alcanzado nuevos máximos. 
 La cobertura nacional en los jardines de infantes con dos dosis de la vacuna triple vírica viral se situó en el 95,2 % en el curso 2019/20 y, desde entonces, se registra una caída cada año, hasta el 92,4 % en 2025/26. Por su parte, las exenciones alcanzaron un récord del 4,2 % de niños frente al 3,6 % del año anterior. Esto significa un estimado de 155.000 niños sin vacunar en todo el país durante el ciclo escolar 2025/2026. Todos los estados permiten exenciones para niños con afecciones médicas que les impidan recibir ciertas vacunas. Y la mayoría también permite exenciones por motivos religiosos u otras razones no médicas. En la última década, el porcentaje de niños con exenciones médicas se ha mantenido estable, en torno a 0,2 %, mientras que el porcentaje con exenciones no médicas ha aumentado (Clarín, 17/08/2026).

 La política criminal de Kennedy y Trump

 La responsabilidad de Kennedy y Trump está a la vista. En agosto de 2026 Kennedy sugirió que las dos primeras muertes en Pensilvania "incluso podrían haber sido completamente inventadas". Luego pidió al director de los CDC que los eliminara del recuento en línea de la agencia, después de que el personal del CDC ya hubiera aceptado la conclusión del estado. (WSWS, 8/11/2026). El discurso antivacunas es el fundamento ideológico para aplicar un ajuste brutal en el sistema de salud y está ligado al ataque a las condiciones sociales de la clase trabajadora en su conjunto. 
 En agosto de este año, Trump firmó un decreto en el que se pedía una reducción de las vacunas infantiles incluidas dentro del calendario de vacunación de 17 a 11 y espaciar las dosis. Previamente, en diciembre del 2025, Trump había ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que revise cómo abordan las naciones pares las recomendaciones de vacunación y que considere la posibilidad de revisar las directrices de Estados Unidos, aplicando un recorte en el número de vacunas que recomienda para cada niño. Esta medida desde entonces se encuentra bloqueada en los tribunales. En octubre de este año, el Gobierno aplicó un recorte de Medicaid, el programa de salud pública de Estados Unidos destinado a personas con ingresos bajos y más precarizada, restringiendo el acceso a ciudadanos migrantes con impacto en varios estados como Washington, Maine, Arizona y Florida. Mientras tanto, se engrosa el presupuesto destinado a la guerra. Como desarrollamos en la declaración de la agrupación Tendencia Clasista en salud, la incompatibilidad entre el capitalismo decadente responsable de la expansión de las enfermedades y el acceso irrestricto a la salud plantea el desafío de desarrollar una corriente socialista y clasista entre los trabajadores de la salud. Plantea una lucha de carácter internacional. 

 Daniela Magoc 
 16/11/2026 

Fuentes:

 Casos y brotes de sarampión | Sarampión (Rubeola) | CDC 
 Chart: U.S. Measles Cases See Massive Surge | Statista 
 Tasas de vacunación escolar en EEUU bajan ligeramente y las exenciones alcanzan máximo histórico
 Gráfico: Conducción sin vacunas Peor brote de sarampión en EE. UU. desde 1990 | Statista 
 The return of measles in the US and the bipartisan dismantling of public health - World Socialist Web Site 
 Miles de inmigrantes pierden Medicaid: estados donde ya comenzaron los recortes - La Opinión
 Informe de situación #15 Sarampión en la Región de las Américas. 6 de noviembre de 2026 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud

Trump, Putin, Xi


La próxima semana Trump, Putín y Xi Jinping coincidirán en una cumbre de relieve internacional que tendrá lugar en Shenzhen, China. Washington, el Kremlin y el Ministerio de Exteriores de China han confirmado la reunión trilateral al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un encuentro anual habitualmente anodino. 
 Los trascendidos excluyen la guerra en Ucrania del orden del día. 
 Funcionarios estadounidenses explícitamente han dicho que no esperan discutir Ucrania en el formato trilateral, porque se maneja por “otra vía” separada. 
 La Casa Blanca ha enmarcado la reunión en torno a la no proliferación nuclear y, en menor medida, la guerra en Irán. El Partido Comunista chino sostiene desde hace años que no entrará en conversaciones sobre reducción de arsenales nucleares mientras el de Pekín -en rápido crecimiento- siga siendo considerablemente inferior a los de Moscú y Washington. 
 A medida que Moscú ha redoblado sus ofensivas contra las instalaciones energéticas ucranianas en los meses recientes, el empleo de drones conectados por fibra óptica se ha generalizado. Estos aparatos se valen de delgados cables para conservar un vínculo directo con sus operadores, les confiere una elevada inmunidad frente a las interferencias electrónicas y los convierten en herramientas fundamentales para las dos partes en el conflicto. El despliegue de estos dispositivos por parte de Rusia experimentó un fuerte contratiempo en 2025, tras el impacto de un dron ucraniano de gran alcance en la única fábrica de fibra óptica del país, que debió suspender sus actividades. Los productores chinos respondieron con rapidez para satisfacer la necesidad, lo que permitió a Rusia sostener sus operaciones. Los cables de fibra óptica figuran entre los diversos equipos chinos de doble uso y carácter especializado que aparecen en los drones rusos. Además de entregar drones comerciales listos que luego pueden modificarse para fines militares, las empresas chinas suministran numerosos componentes destinados a los modelos fabricados en Rusia, como microchips, motores, baterías de iones de litio, tecnología 5G. Según un estudio de la Escuela de Economía de Kiev, China concentró cerca de las tres cuartas partes de las importaciones rusas registradas de bienes prioritarios de uso general, entre ellos circuitos integrados, microelectrónica, equipos de comunicación y dispositivos ópticos. 
 Esta dinámica también se ha visto en Medio Oriente: “Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra la infraestructura de misiles iraní a lo largo de 2026, Rusia ha coordinado reconstrucciones utilizando centros de mecanizado CNC chinos y giroscopios de guiado inercial" (Asia Times 4/11). 
 Rusia es estructuralmente dependiente de la cadena imperialista mundial y es presionada hacia una semicolonización, control de recursos energéticos por EE.UU. y una dependencia creciente de China. Putin busca concesiones prácticas, energía, legitimidad. 
 Trump llega a la reunión visiblemente debilitado, sus homólogos “saben que el tiempo de Trump se está agotando incluso más rápido que su influencia, y que será irrelevante en apenas 26 meses” (brookings.edu). 
 China es un rival capitalista dentro del sistema imperialista mundial, no un polo “antiimperialista” genuino. Busca consolidar su posición en un “orden multipolar” retórico, evitar que EE.UU. le imponga restricciones nucleares o tecnológicas, mediar o influir en crisis que afecten sus cadenas de suministro y proyectar centralidad sin asumir costos militares directos. 
 Un punto subyacente, que cobró relevancia con la salida del CEO de Nvidia, será si China y EE. UU. acuerdan extender su tregua comercial más allá de su fecha límite actual, que es en enero. Los chips avanzados, la materia prima de la carrera por la IA, han sacado a la superficie la “guerra civil” entre Scott Bessent (secretario del Tesoro) y Howard Lutnick (secretario de Comercio), sobre cómo ganar la competencia entre grandes potencias. En apretado resumen, el primero es partidario de cortar todo acceso de China a la tecnología avanzada estadounidense, mientras Lutnick ve esa tecnología como una herramienta de dependencia: “engancha a tus competidores para que dependan de ella”. 
 Los “acuerdos” o contactos no resuelven esas rivalidades ni detienen la dinámica de guerra; buscan administrarlas temporalmente a costa de terceros: Ucrania, Irán, Medio Oriente y, potencialmente, Taiwán. 
 La cumbre de Shenzhen es un episodio de ese proceso, no un punto de inflexión. 

 Camilo Márquez
 16/11/2026

La explosión en Remedios de Escalada tiene responsables políticos: el gobierno nacional, municipal y la burocracia sindical


Los vecinos de Remedios de Escalada, distrito de Lanús, se encuentran conmovidos por la explosión de un caño de gas que derivó en un muerto, 30 heridos y decenas de vecinos evacuados. La magnitud del daño en la infraestructura de la zona todavía resulta incierto, contemplando la destrucción de inmuebles, vehículos y pérdidas ocasionadas a los comerciantes afectados. 
 Los vecinos habían denunciado que la pérdida de gas era conocida por la empresa que realizaba la obra, Exgadet, una tercerizada de Metrogas, y autoridades municipales de Lanús. 
 Las obras que realizaba Exgadet en la zona habían sido anunciadas por Metrogas como una renovación de caños, equivalente a 390 km de tuberías, en siete distritos del conurbano bonaerense. La fuga de gas se habría originado mientras los operarios maniobraban una tuneladora para lograr colocar los nuevos tubos y, por error, rompieron un caño en funcionamiento que derivó en la explosión. Las tuberías de gas tienen cerca de 60 años. 
 Al reconocer la existencia de una fuga de gas, los operarios se comunicaron con la empresa Metrogas para dar inicio al protocolo de emergencia ante estos casos. Sin embargo, desde Metrogas omitieron este paso y decidieron enviar una cuadrilla propia, integrada por cinco operarios, para controlar la situación. Mientras el trabajo se realizaba, el gas se fue alojando en el pequeño depósito subterráneo de un comercio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494, pleno centro comercial de la zona. Los protocolos de emergencia fueron activados recién una vez sucedida la explosión. 
 Los trabajadores se encontraban sin ropa ignífuga. Los vecinos han relatado haberlos visto correr envueltos llamas. Varios de los operarios sufrieron quemaduras graves. Uno de ellos, Marcelo García, de 47 años, figura como desaparecido. Podría tratarse de la persona fallecida, que aún no pudo ser identificada. 
 La tercerización laboral ocupa un lugar central en la precarización de las condiciones de trabajo y la seguridad laboral elemental. 
 La reacción de los vecinos fue inmediata. No sólo se movilizaron para asistir a los heridos y actuar ante la emergencia, se organizaron cortes de calle y grupos de WhatsApp para organizar piquetes y movilizaciones que se han sostenido desde el viernes 14. Los vecinos han apuntado inmediatamente contra Metrogas. 
 En diversas entrevistas y testimonios de los propios vecinos, se define el hecho como un “acto de negligencia”. Las denuncias y reclamos por el fuerte olor a gas se habían reiterado al menos durante dos días previos. En la mañana del propio viernes, los vecinos notificaron en varias oportunidades a Metrogas y al municipio de Lanús sobre la situación. La respuesta de la empresa fue que la situación se encontraba "controlada".
 El municipio de Lanús, dirigido por el camporista Julián Álvarez, ha responsabilizado a Metrogas por su “negligencia”, pero la obra fue adjudicada a una empresa tercerizada con la aceptación del propio municipio, según figura en los expedientes. Los vecinos que se comunicaban con la Municipalidad de Lanús recibían la misma la respuesta que enviaba la empresa: “todo controlado”. En ningún momento se puso en funcionamiento el protocolo de seguridad. Álvarez ha anunciado que será querellante en la causa contra Metrogas, a la que exigirá resarcimiento económico por las pérdidas materiales. Es una manera de autoencubrirse. Por otro lado, la reparación a las familias afectadas no puede esperar los largos tiempos judiciales. Los empresarios de Metrogas deben responder inmediatamente con su patrimonio, ad referéndum de sus responsabilidades penales. 
 Por su parte, las medidas anunciadas por el municipio para resarcir a los vecinos son menores (exenciones impositivas y algunos subsidios con montos y fechas inciertas). La exención de impuestos provinciales, asimismo, fue supeditada a un proyecto de ley provincial.
 El camporismo ha reducido la responsabilidad de los hechos a Metrogas y al gobierno de Javier Milei. La venta de acciones de Metrogas por parte de YPF fue estimulada mediante el reparto de dividendos, en lugar de apuntalar inversiones en materia de seguridad. Los beneficiados de su privatización fueron los empresarios Vila, Manzano y Filiberti, accionistas de Edenor. Las privatizaciones de Menem fueron preservadas por el matrimonio Kirchner. 
 El sostenimiento de las privatizaciones fue acompañado por el crecimiento exponencial del trabajo precario y tercerizado, convertido en política de Estado por los K. La burocracia de los sindicatos está integrada completamente a este circuito. Ha abandonado cualquier lucha por el pase a planta permanente e incluso participa del negocio por medio de empresas y ´cooperativas´ truchas. La CGT no ha convocado ni un paro contra las masacres laborales y esta vez tampoco fue la excepción. 
 Los vecinos han tomado la iniciativa ante esta masacre. Los cortes y piquetes han obligado a controles y mediciones, que de otra manera son ignorados sistemáticamente. Las responsabilidades políticas del caso llevan hasta el propio Estado. Ese es el camino que han marcado los vecinos movilizados. 

 Joaquín Antúnez 
 16/11/2026

Reforma politica: abajo el engendro proscriptivo, ilegal y continuista


El proyecto que el gobierno presentará en el Senado en la tarde de hoy no es una ley electoral. Es un rejunte de maniobras dirigidas a promover el continuismo de la camarilla de gobierno y establecer un régimen de proscripciones políticas con carácter permanente. El ´borrador´ en cuestión ´suspende´ las PASO y ha resucitado el corrupto régimen de colectoras. Las colectoras falsean la representación política: el candidato a Presidente recibe votos políticos contradictorios con el único propósito de llegar a la Rosada. En el caso de los Senadores, una provincia podría consagrar tres candidatos del mismo “lema” encubiertos en diferentes colectoras, cuando la Constitución nacional obliga a respetar un régimen de mayoría y minoría en la Cámara Alta. La “reforma” no vacila en violentar la Constitución.
 La ley prevé la sanción de la Ficha Limpia, prohibiendo la postulación de candidatos sin condena firme, sólo en segunda instancia judicial. El aparato judicial, que es inamovible y vitalicio, queda como árbitro de las candidaturas válidas. El periodista Carlos Pagni ha revelado que varios gobernadores “dialoguistas” estarían dispuestos a votar la reforma si los Milei les dan a cambio la posibilidad de obtener otra reelección en sus provincias, algo que conseguirían con una composición afín de la Corte Suprema. La llamada Reforma Política establece un régimen de camarilla de gobierno. 
 El borrador coloca condiciones leoninas para la legalización de los partidos políticos y de sus candidatos. Propugna un sistema de “avales” para la oficialización de listas, en número equivalente a los afiliados que le exige a cada partido. Pero además, dispone la verificación “biométrica”, que pone en manos del Estado -o de quien manipule los registros estatales- toda la información personal, familiar o incluso bancaria de cada ciudadano. El mismo Estado y gobierno que han soldado a sus servicios de inteligencia con los del Pentágono, a través del Escudo de los Américas (fuga de Bolsonaro), dispone ahora la construcción de una gigantesca base de datos con la filiación política de los electores.
 La reforma oficial privatiza por completo las campañas electorales. Abole el debate presidencial y los espacios televisivos obligatorios, mientras, por otro lado, “libera” la difusión privada de propaganda electoral en medios y redes. También circunscribe el financiamiento de los partidos a los aportes privados. Pero la supuesta abolición del financiamiento estatal es otra mentira: por medio de las innumerables cajas paralelas y fondos reservados, los fondos del Estado se convertirán en un cerrado monopolio de los partidos que gobiernan el país y las provincias. 
 El proyecto reaccionario que será llevado al Senado es un remiendo a la medida de un régimen en bancarrota financiera. Insólitamente, el principal interesado en la “reforma electoral” es el ministro de Economía: las entidades patronales y los acreedores internacionales quieren imponer la reelección de Milei a como sea, para cobrar los gigantescos vencimientos de deuda en puertas. 
 El gobierno que impulsa esta reforma electoral es el que promueve la represiva ley de “Seguridad Nacional”; el socio del Escudo de las Américas; el promotor de un directorio vitalicio en el Banco Central y de una camarilla también vitalicia de jueces y fiscales para blindar a los liberticidas. 
 Política Obrera repudia la reforma política reaccionaria de Milei y sus cómplices, e impulsa una enérgica movilización para impedir su sanción. Por la libre participación electoral de todos los partidos; acceso igualitario a los medios de comunicación, abolición del balotaje, derecho a discutir programas y plataformas en empresas, centros de estudios y cuarteles. Cuando el imperialismo impulsa, mediante la guerra, regímenes totalitarios llamamos a movilizarnos por los derechos democráticos de la mayoría trabajadora. 

 Marcelo Ramal 
 17/11/2026

lunes, noviembre 16, 2026

Trotsky: literatura y revolución | Presentación del libro

¿Cuba detrás de la derrota electoral del trumpismo?

Milei y Presti se ´rearman´ bajo secreto militar


El ministro de Defensa Carlos Presti, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, teniente general Oscar Santiago Zarich, firmaron la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) para la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, destinados al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y más precisamente a lo que se refiere a "protección, interoperabilidad y capacidad de respuesta en operaciones militares, rescates y emergencias". 
 Estas compras se dan luego de que el gobierno liberticida, en octubre, promulgara el DNU 1205/2026, por el cual se restringe el acceso público a la información sobre equipos o materiales que se pretenden adquirir, cantidades, proveedores, países de origen, montos presupuestarios, ni la fuerza que recibirá el equipamiento. De esta manera los organismos contratantes quedan eximidos de cumplir con las normas habituales de publicidad y difusión de las actuaciones administrativas en los procesos de compra. Los liberticidas se amparan en un decreto de 1963 del gobierno de Arturo Illia, que clasificaba como secreto militar asuntos vinculados con la preparación y empleo de las FF. AA. El DNU, firmado por Milei y Presti, establece que la información será conocida por personas autorizadas porque su divulgación podría comprometer la "seguridad nacional".
 Según fuentes castrenses coincidieron que el secreto militar "es importante para 'pertrechar' a las Fuerzas Armadas" porque "el contexto regional y la conflictividad internacional lo ameritan" (Letra P, 19/10). 
 Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei impulsa un programa de reequipamiento militar y su hoja de ruta incluye aviones, blindados, helicópteros, patrulleros, infraestructura naval, proyectos de submarinos y fragatas. El Ejecutivo lo presenta como la "recuperación de capacidades perdidas y como una defensa de la soberanía", pero lo que subyace es un reordenamiento del aparato militar al servicio del alineamiento con Estados Unidos y de la preparación de las FF. AA. para la represión interna, esgrimiendo la cantinela de las "nuevas amenazas" -el ´narcorterrorismo´- y para oficiar de segundo violín en el Cono Sur de la alianza militar "Escudo de las Américas", promovida por el imperialismo norteamericano. Este recorrido realizado por el gobierno de Milei encuentra su punto álgido en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, que estipula la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el cual incluye medidas de integración transversal de los aparatos represivos. La "causa nacional" de Malvinas no es más que el mascarón de proa del desarrollo de una variante fascista, atada a un acuerdo con el trumpismo para militarizar el Atlántico Sur. 
 En esta línea de acción Milei instruyó que las FF. AA. estén "adiestradas, alistadas, capacitadas y equipadas", mientras que el ministro de Defensa, Carlos Presti, presenta el reforzamiento del área como la "defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos". Para financiar el proceso de rearme, el gobierno lanzó el Plan ARMA, el cual se fondea de privatizaciones, concesiones y licitaciones de predios de las FF. AA. A su vez, en el Presupuesto 2027, las FF. AA. figuran entre los sectores más favorecidos, con aumentos de los recursos para Defensa y habilita endeudamiento por U$D 3.500 millones para reequipamiento naval y sostenimiento de la modernización del sistema militar. Una parte importante del endeudamiento estaría destinado a la compra de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión. Las partidas para defensa aumentaron en relación al 2026 en un 24 %.
 El proyecto de Presupuesto también establece el financiamiento para la adaptación de la VI Brigada Aérea de Tandil y del Área Material Río Cuarto para recibir los 24 F-16 comprados a Dinamarca. Para 2027 fija como meta incorporar seis cazas, completar treinta ejercicios y alcanzar 98.300 horas de operación, asignar recursos para recuperar pistas, helipuertos y servicios de rampa en quince brigadas, bases y destacamentos. El Presupuesto estipula fondos para ciberdefensa, radares y equipamiento destinado a fuerzas especiales. Así las cosas, el proyecto de Presupuesto, que sería tratado por el Congreso a finales de noviembre, vuelve a ubicar al área entre las excepciones del ajuste. Mientras otras dependencias del Estado siguen bajo la lógica de la motosierra, Defensa mantiene una trayectoria ascendente en recursos y equipamiento, no así en remuneraciones y prestaciones sociales, acentuando la situación de precariedad, generando malestar entre las bases y la oficialidad de las tres fuerzas. 
 Los liberticidas han convertido la alianza político militar (y comercial) con Estados Unidos en "política de Estado". La compra de los F-16, la Base Naval Integrada de Ushuaia, el memorándum entre fuerzas especiales de ambos países y la presencia de infantes de marina estadounidenses en Ushuaia y en el Río Paraná, que operan sin autorización del Congreso, muestran un rearme concebido como integración subordinada a la estrategia militar de Washington, que avanza en poner bajo su control total al hemisferio occidental.
 Con el secreto militar de por medio, el gobierno avanzará en el rearme sin tener que rendir cuentas, dotándolo de una discrecionalidad y opacidad en momentos en los que la guerra internacional se extiende y la conflictividad social en la Argentina va en aumento de la mano del plan de guerra que Milei y Caputo siguen descargando contra las masas en pos de hacer frente a los vencimientos de deuda. En este cuadro de situación, el Estado policíaco se presenta como un complemento necesario y el gobierno cívico militar que inauguró Milei con la designación de Presti comienza a tomar otra relevancia.

Lucas Giannetti
13/11/2026

Lula mete su propio "tesouraço" (tijeretazo) sobre el presupuesto brasileño


Este miércoles, el líder del bloque de senadores de la coalición lulista, Jaques Wagner, presentó formalmente ante el Senado brasileño un paquete de ajuste sobre el proyecto de presupuesto 2027 que aun se encuentra bajo tratamiento legislativo. 
 La propuesta reduce el límite de crecimiento del gasto federal por encima de la inflación, de un 2,5 % a un 2 %; lo que implicaría un ajuste de 12.800 millones de reales en gastos para el 2027 (Jornal do Comercio, 11/11). También se reducen incentivos tributarios y exenciones y se restringe el uso de créditos fiscales para la cancelación de impuestos. Por otro lado, extiende hasta 2030 la prohibición para el uso de los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo y el gas para los cálculos de los gastos mínimos en salud. La prohibición permite que el Tesoro se quede con la renta petrolera extraordinaria, que por ley debería ir para garantizar la atención sanitaria de la población, reduciéndola al mínimo impuesto por la Constitución brasileña. El recorte en esta área sería como mínimo de 6.000 millones de reales en 2027 (ídem). Con estas medidas se estima un ajuste total de entre 70.000 y 80.000 millones de reales – entre 12.000 y 14.000 millones de dólares a la cotización actual. Las restricciones no alcanzarían solamente a gastos discrecionales, sino también a gastos obligatorios, hasta hoy en día exentos de este tipo de límites. Este esquema se extendería a futuros presupuestos. 
 Con este "tesouraço" (tijeretazo), Lula y su gobierno intentan dar señales claras a la burguesía brasileña. En el último período, el capital ha presionado para saber qué medidas tomaría el Frente Brasil Popular para garantizar el tan mentado “equilibrio fiscal” en el cuarto gobierno de Lula. Este paquete viene a compensar el aplazamiento de la definición sobre quién ocupará el cargo de Ministro de Hacienda Brasileño desde enero próximo, otra exigencia del gran capital. El amague expuesto en su última cadena nacional del domingo pasado, de llevar adelante un ajuste, no sobre el presupuesto, sino sobre la tasa de interés (Selic) de referencia, que causó controversias al interior de la coalición gobernante, se ha definido momentáneamente bajo la forma de un ajuste clásico del gasto público, con sus previsibles consecuencias recesivas, a menos que Lula lo considere una premisa para “crear las condiciones” para una baja de la Selic.
 Los ajustes sobre el proyecto de presupuesto no fueron una sorpresa. Fue discutido este lunes con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), quien ya incluyó el proyecto para su tratamiento en la sesión del jueves 12. También habría sido conversado con “interlocutores del mercado financiero” (Jornal do Comercio, 11/11), es decir, con los principales beneficiarios de las altas tasas de interés que ofrece el sistema financiero brasileño. Por su parte, entidades empresariales han criticado el ajuste petista, no en lo que hace al gasto social, sino por la limitación que establece para la compensación fiscal en su favor (Folha do Sao Paulo, 12/11). Julio Quintana 13/11/2026 
 El plan de ajuste, llamado por los medios Plan Moretti, en alusión al Ministro de Planificación y Presupuesto de Lula, es presentado pérfidamente por los funcionarios gubernamentales como una medida necesaria para garantizar la “sostenibilidad” de las políticas sociales (Jornal do Comercio, 11/11). La confiscación social que producirá este plan de ajuste irá directamente a cubrir un déficit fiscal nominal del 9 % del PBI, compuesto integralmente por los intereses de la deuda pública.
 El presidente brasileño buscaría evitar, durante su cuarto mandato, el error que cometió Dilma Rousseff, evitando el “shock” por la “gradualidad”, lo que es una confesión de que este paquete es el inicio de un plan de ajuste bastante más amplio. La agencia Bloomberg (11/11) advierte que “los elevados precios del petróleo podrían complicar los esfuerzos por eliminar las subvenciones a los combustibles, que le cuestan al gobierno unos 15.000 millones de reales al mes, mientras que un crecimiento económico más lento podría lastrar los ingresos fiscales y dificultar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios”. A la inflación y el endeudamiento, los trabajadores de Brasil ahora deberán cargar también con este ajuste.
 Lula IV, como lo llaman los medios brasileños, enfrenta una contradicción explosiva entre el peso creciente de las altas tasa de interés en las cuentas públicas y el consumo privado, que plantea en perspectiva una bancarrota generalizada; y los negocios y beneficios de la burguesía nacional e internacional atados al carry trade, los títulos de deuda pública o los llamados Fondos de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC). El monto de estos últimos se ha duplicado en los últimos 3 años y no para de crecer, incluso a pesar del crecimiento de la morosidad (Bloomberg, 11/11). Para el Banco Central de Brasil y su Comité de Política Monetaria (COPOM), es claro que las altas tasas de interés están lastrando la actividad económica, pero en sus análisis concluyen que la aceleración de la inflación y el deterioro de la actividad económica exigen que la política monetaria se mantenga restrictiva (Bloomberg, 10/11), ya que la demanda crece más que la oferta. En su último informe, el BCRB elevó su pronóstico de inflación para el 2027 a un 4,7 % anual (ídem). Este análisis omite el costo de financiación de esa demanda y de la producción misma, que se imponen por las altas tasas de interés.
 En víspera del inicio formal de su cuarto mandato, Lula cuenta a su favor con la diáspora de la derecha hasta hace poco encolumnada detrás de la candidatura de Flávio Bolsonaro; del otro lado, también cuenta con la ausencia de una dirección política independiente de las clases laboriosas que se movilizaron masivamente contra el fascismo durante la segunda vuelta y que la coalición lulista se esforzó por encorsetar electoralmente. La crisis en curso y la guerra internacional, sumados a este programa de ajuste adoptado por Lula y avalado por sus socios de izquierda y derecha, serán la base de crisis y convulsiones políticas y sociales cada vez mayores. La defensa de todas las reivindicaciones de la clase obrera y las masas, con sus propios métodos y con una orientación política independiente es fundamental. La construcción de un partido obrero revolucionario y socialista en Brasil está en el orden del día.

Julio Quintana
13/11/2026

España: La clase obrera sacude el bloqueo de la burocracia sindical


La huelga general en España -la primera en 14 años- estuvo precedida por un ascenso de luchas sindicales y políticas. Los combativos piquetes del 11N se gestaron al calor de las huelgas de los trabajadores metalúrgicos, de la sanidad y la educación; de los empleados de comercio, los pilotos de aerolíneas, los empleados del sector público y el explosivo conflicto ferroviario desatado tras la tragedia de Urda. Y por supuesto desde los plantones (acampes), asambleas de barrio y movilizaciones por la vivienda que disparó el desalojo de Maricarmen Abascal.
 La burocracia de las CCOO y UGT, que se encargó sistemáticamente de aislar los reclamos, le impuso "marco legal e institucional" a una huelga que fue creciendo desde abajo. Fue un operativo para controlar sus alcances. Pedro Sánchez se embarcó en un audaz operativo para capitalizar la protesta, a pesar de que gobierna desde hace 8 años. La última huelga general fue contra la reforma laboral de Rajoy. El "progresista" Sánchez dejó su núcleo en pie: el despido barato, la flexibilización laboral y los acuerdos por empresa. Bajo su gobierno, además, la cuestión de la vivienda y la carestía se agravaron en extremo. 
 Por sobre todo, el 11-N emergió como respuesta de las masas al ascenso electoral de la derecha reaccionaria y la ultraderecha de Vox, favoritos para los comicios adelantados del próximo 29 de noviembre. 

 El vigor de los piquetes 

La huelga tuvo un alcance desigual en todo el país pero fue especialmente fuerte en todos los centros urbanos e industriales. Alcanzó el 90 % en la industria automotriz (con bloqueos de turno desde la madrugada en plantas clave como Seat en Martorell) y en los principales puertos; superó el 85 %-95 % en la industria alimentaria y cárnica, el 85 % en el transporte ferroviario y las comunicaciones, el 80 % en la siderometalurgia y el 75 % en el sector energético. Piquetes autoorganizados actuaron desde la noche previa en los grandes nodos logísticos: en Mercabarna (Barcelona) bloquearon los accesos de camiones y la Zona Franca con quema de neumáticos; en Mercamadrid, cerca de un millar de trabajadores levantaron barricadas en los accesos de abastecimiento; y en las grandes arterias comerciales como la Gran Vía madrileña o el centro de Sevilla obligaron a bajar las persianas de los comercios. Por la tarde, cientos de miles desbordaron las calles (400.000 en Madrid y cifras similares en Barcelona, según el Sindicato de Inquilinas, y más de 3 millones en todo el Estado según el cómputo global) bajo el grito unánime de "queremos vivir, no sobrevivir" y pancartas propias que desplazaron por completo a las banderas oficiales de CCOO y UGT. 
 El manifiesto oficial de UGT y CCOO vació deliberadamente las demandas de las calles con consignas difusas. Allí inscribía que su propósito era "desbloquear la negociación colectiva para subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de las personas trabajadoras y erradicar la precariedad", sin especificar ninguna demanda, como la derogación integral de las reformas laborales de 2010 y 2012, la expropiación de las viviendas en manos de bancos y fondos buitre o la ruptura con la OTAN. 

 El gobierno de Sánchez 

Pedro Sánchez intentó capitalizar electoralmente la huelga. Desde La Moncloa, sus funcionarios salieron a expresar su "máximo respeto" y respaldo discursivo hacia una huelga que dijeron que "no es contra nadie y sí a favor de derechos", buscando presentarse como los intérpretes institucionales del malestar callejero frente al "bloqueo parlamentario de la derecha" y llamando a traducir esa bronca en votos para el PSOE. La patronal (CEOE) y los medios de la derecha, por su parte, atacaron a la huelga y la tacharon de "fracaso". 
 El gobierno "progresista" del PSOE, mientras Sánchez decía "comprender" los reclamos, desplegó un operativo represivo brutal contra los piquetes y para garantizar "servicios mínimos". Hubo detenidos y choques con la policía, más de mil incidentes. 

 La furia de la derecha

 Las cámaras empresariales, la derecha tradicional y la ultraderecha fascista descargaron toda su furia contra la huelga. 
El presidente de las cámaras patronales (CEOE y Cepyme), Antonio Garamendi la calificó de "fracaso". No pudo evitar, sin embargo, dar cuenta de la importancia de los piquetes, al quejarse del cierre masivo de comercios en la Gran Vía madrileña asegurando que "no creo que les hayan convencido de una forma muy tranquila".
 Alberto Núñez Feijóo, del PP, la tildó de "error histórico". Advirtió en tono amenazante "el 29 de noviembre no hay huelga y la gente va a votar". El secretario general del PP, Miguel Tellado, tildó a los sindicatos de "mafia" y acusó al paro de ser "el último servicio de los sindicatos a Sánchez". La jefa de gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió erradicar lo que denominó la "basura sindical". 
 Por su parte, Santiago Abascal, de VOX, prometió "acabar con los piquetes" e impulsar la prohibición o restricción severa del derecho constitucional de huelga. 
 Con el inicio formal de la campaña electoral a la medianoche de este jueves, todos los aparatos institucionales intentan desesperadamente reinstalar el eje de las urnas para encauzar el desborde callejero.

 La lucha sigue 

La tragedia de Urda y el colapso ferroviario han abierto una crisis política y operativa sin precedentes en el Ministerio de Transportes, dejando en la cuerda floja a la cúpula de Renfe y obligando a recomponer la dirección de Adif. Aunque el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf) aceptó aplazar los paros previstos tras arrancar un decreto ley de emergencia que limita las horas de conducción continua, amplía la jubilación anticipada por penosidad y faculta a los maquinistas a detener trenes ante riesgos en las vías, el conflicto estructural sigue completamente abierto. Este sábado 14 de noviembre el Sindicato Ferroviario marcha del Ministerio de Transportes al Congreso bajo la consigna de exigir "un ferrocarril seguro"; el lunes 16 realizan una concentración frente al Parlamento y el martes 17 de noviembre -coincidiendo con la huelga general en Francia- van a protagonizar una huelga general ferroviaria de 24 horas los trabajadores de Adif junto a los maquinistas de Renfe, Iryo, Ouigo y todas las operadoras de mercancías exigiendo personal, el fin de la tercerización y seguridad real frente al modelo privatizado. El 23 de noviembre -a seis días de las elecciones- habrá un nuevo paro nacional si el Gobierno no cumple con el resto de los compromisos pendientes. 
 Con huelgas docentes y universitarias en curso en comunidades clave como Madrid y Andalucía contra los recortes presupuestarios y los "servicios mínimos" que restringen el derecho a huelga, el movimiento estudiantil prepara una huelga general educativa para el viernes 20 de noviembre con manifestaciones en Madrid , Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y decenas de ciudades, coordinada con movilizaciones juveniles en Francia, Bélgica, Grecia, Italia y Alemania. La consigna apunta al corazón del régimen: "Dinero para educación y políticas sociales, no para el rearme y la economía de guerra de la OTAN". El Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres, por otra parte, avanzan en la organización de comités de edificio y bloques en lucha para preparar una huelga de alquileres contra los fondos buitres y grandes tenedores. 
 La huelga del 11N deja plantada la formación de comités de acción desde la base. 

 Silvia Jayo
 13/11/2026

sábado, noviembre 14, 2026

Israel continúa su política de exterminio en Gaza


Sirviéndose de los bombardeos pero también del frío y las inundaciones. 

 La ferocidad de Israel contra los palestinos no tiene pausa. En pleno invierno, las fuertes lluvias destruyeron más de 70.000 carpas de los campamentos de desplazados. En sólo 12 horas de aguacero, más de 100.000 personas perdieron todas sus pertenencias, quedaron con el agua a la cintura y sin siquiera una carpa para guarecerse. Los adultos intentaban desesperadamente llevar a los niños a lugares más altos y bloquear el ingreso del agua con arena. Cuatro personas, entre ellas tres niños pequeños, perdieron la vida ‌cuando un terraplén de arena se derrumbó sobre sus tiendas de campaña, en un incidente que puso de relieve los riesgos que se avecinan de cara a la temporada invernal de lluvias.
 La tormenta también destruyó letrinas y refugios. En el barrio de Rimal, en la Ciudad de Gaza, “el agua llegó hasta las rodillas, y la gente intentaba por todos los medios canalizarla hacia el mar”. 
 Los sistemas de alcantarillado y las infraestructuras hidráulicas son inexistentes en Gaza porque fueron deliberadamente destruidos por el ejército sionista. También los ⁠vehículos utilizados para bombear agua.
 Unicef recordó que Israel destruyó la cuenca de aguas pluviales en la Ciudad de Gaza, que está contaminada por aguas residuales, y corre el riesgo de desbordarse poniendo en peligro la salud de quienes viven en la zona. 
 El carnicero israelí, Benjamín Netanyahu, negó que Israel fuera responsable del empeoramiento de las condiciones de los palestinos en estos campos e insistió en que Hamas se roba la ayuda humanitaria “sin ninguna prueba que respaldara su afirmación sobre la incautación de la ayuda” (LN, 12/11). Las carpas son extremadamente precarias y tienen una vida útil de 6 meses; muchas están hechas jirones. Israel las deja entrar con cuentagotas y tiene prohibido el ingreso de materiales que posibilitarían construir viviendas más estables. 
 El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat), la dependencia del ejército sionista que regula el ingreso de ayuda humanitaria, trató de minimizar las críticas diciendo que en los últimos meses, como parte de un plan de invierno gestionado con la Junta de Paz y las agencias humanitarias, ha introducido en el enclave “más de 91.000 tiendas de campaña y más de 8.200 camiones con lonas, mantas, ropa de invierno y equipos para el bombeo de aguas residuales”. Una cantidad irrelevante si se considera que según un reporte de UNICEF, 950.000 personas desplazadas viven en zonas expuestas a inundaciones.
 Esta semana, las agencias de ayuda humanitaria reiteraron su llamado a Israel para que permita el ingreso de más tiendas de campaña y suministros esenciales a Gaza tras las primeras lluvias intensas del invierno, y advirtieron que más de un cuarto de millón de familias necesitan ayuda urgente para encontrar refugio. 
 "Vamos a perder vidas este invierno. Niños, familias enteras morirán", afirmó Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). 
 Millones de artículos de ayuda humanitaria están retenidos en Jordania, Egipto e Israel a la espera de la aprobación de las autoridades de ocupación israelíes, aseguró Egeland en su cuenta en X. Y amplió: "Esto deja a unas 260.000 familias palestinas, lo que equivale a casi 1,5 millones de personas, expuestas al deterioro de las condiciones invernales". Egeland señaló que desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, "las autoridades israelíes rechazaron 23 solicitudes de nueve agencias de ayuda para el envío urgente de suministros para refugios, como tiendas de campaña, kits de armazón, ropa de cama, utensilios de cocina y mantas". 
 En realidad, mientras oficialismo y oposición discuten quién va a gobernar Israel en el contexto de la crisis política generada tras las elecciones, el gobierno sigue con su política de exterminio con el beneplácito de sus adversarios. 
 No hay objeciones al uso de las lluvias, el frío, la falta de alimentos y de agua potable, las epidemias de varicela y sarna, como armas contra los palestinos. El mismo jueves, mientras las fotos de niños empapados y ateridos sentados sobre matas mojadas daban la vuelta al mundo, Israel volvió a bombardear el Hospital Nasser, en la ciudad de Khan Yunis. Un comunicado de Médicos Sin Fronteras informó que el ataque aéreo alcanzó el edificio de cirugía, causando la muerte de seis personas -entre ellas, un niño y un cirujano- y dejando 52 personas heridas. “Entre los heridos, hemos atendido a dos médicos y a un tercer paciente, todos ellos con necesidad de intervención quirúrgica, en un edificio independiente. El servicio de hospitalización del centro ha sufrido daños importantes, y los servicios de urgencias, radiología, laboratorio y quirófano se encuentran actualmente fuera de servicio”, agregaron. 
 El Complejo Médico Nasser es el principal hospital de referencia del sur de Gaza, atiende a una población estimada de 1,3 millones de personas y proporciona atención esencial de urgencias, quirúrgica y especializada. 
 No es la primera vez que el Hospital Nasser es atacado. Desde octubre de 2023, fue blanco de al menos seis ataques aéreos, además de repetidas incursiones terrestres, bombardeos y disparos. Un ataque en 2025 mató a cinco periodistas, entre ellos una de la agencia AP. En enero, MSF denunció la presencia de hombres armados en diferentes zonas del hospital. 
 El ejército israelí afirmó en un comunicado que su “objetivo” era Muhamad Abu Ismail, supuesto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamas, y otros milicianos que, según su versión, operaban dentro del complejo. Sin embargo, su nombre no figura entre los seis fallecidos identificados por el hospital. 
 El mismo día del ataque a Jan Yunis, un hombre y una mujer murieron en un bombardeo de Israel contra un vehículo estacionado en la entrada del hospital Shifa, según afirmó el complejo médico en un comunicado. Además, denunció que un dron israelí atacó un edificio residencial en el mismo barrio en el que se encuentra el centro, hiriendo a un número indeterminado de personas. 
 MSF sostiene que solo entre el 30 de agosto y el 12 de noviembre de este año, se registraron al menos 567 incidentes de ataques aéreos, en los que participaron aviones de combate, drones y helicópteros, en toda Gaza. 

 Olga Cristóbal 
 13/11/2026

Nvidia: la caída de Jensen Huang aviva la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China


La renuncia del CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha disparado una cadena de acusaciones y críticas del Congreso norteamericano al gobierno de Donald Trump y a la propia empresa. El eje de las críticas apunta a la vulneración de información sensible para la seguridad nacional y la filtración de tecnología de punta a empresas chinas. La cotización bursátil de Nvidia ha caído casi el 20 % en el último mes.
 Diversas investigaciones periodísticas han ampliado el alcance de las relaciones extramatrimoniales de Huang con una supuesta espía china, al explicar el mecanismo de filtración de tecnología de punta a empresas chinas. Bloomberg ha notificado que “servidores con chips H800 de Nvidia -cuya venta a China fue restringida por EE.UU. en 2023- se vendieron a la empresa singapurense Aperia Cloud Services, pero acabaron en manos de una filial de Shanghai Longteng Intelligent Computing, empresa creada por Alice Huang, la supuesta espía, hace más de una década en la megalópolis oriental de Shanghái” (Clarín, 13/11). No existen registros que acrediten la compra legal de ninguno de dichos productos.
 Entre otras pruebas, aportadas por Bloomberg, figura que Megaspeed, la empresa de Singapur en la cual Alice Huang desempeñaba un cargo jerárquico en el cuerpo directivo, “utilizó imágenes de ese centro de datos en una presentación para inversores en 2024, y que su empresa hermana en China, Shanghai Shuoyao, publicó ofertas de empleo para ingenieros especializados en chips H100 o H200 en una dirección cercana a las instalaciones” (idem). De esta manera, Bloomberg concluye que, independientemente de la relación de Alice Huang con el gobierno chino, existe una amplía red de empresas para filtrar y recibir tecnología de punta estadounidense de contrabando. 
 El lugar de Nvidia es central en el desarrollo de la tecnología de IA. Concentra el 90 % del suministro de chips y otros microprocesadores vitales para el entrenamiento y desarrollo de los distintos modelos existentes de IA. Diversas iniciativas bipartidistas en el Congreso aseguran que la venta de chips de Nvidia debe ser supervisada como un elemento de seguridad nacional por su lugar en el desarrollo tecnológico y su aplicación militar, cuyas consecuencias comienzan a conocerse en las guerras que libra el imperialismo a lo largo y ancho del globo. Huang fue siempre reacio a estas restricciones. Huang es partidario de vender cualquier tipo de tecnología a China bajo el argumento de que dicha orientación refuerza una dependencia tecnológica de China, no lo contrario. Mientras que las restricciones obligan a China a buscar un desarrollo autónomo y no controlado por Washington en todos los tramos de la cadena de producción. Los servidores de IA de China, que son de código abierto, han generado un verdadero dolor de cabeza a las empresas estadounidenses y a Wall Street, porque ofrecen token (costo) más barato por el servicio que el que reclaman los monopolios (cerrados). 
 Huang ha sido citado a declarar ante la Cámara de Representantes, en una sesión privada. Fue promovida por legisladores republicanos partidarios de endurecer las relaciones con China y prohibir cualquier venta de tecnología de punta al país asiático. Por su parte, senadores demócratas han reclamado que la Casa Blanca conserve y ponga en conocimiento de la Cámara la relación del Ejecutivo con el exCEO de Nvidia. La relación entre Trump y Huang es ampliamente conocida y ha tenido efectos directos en la política del magnate sobre la venta de microprocesadores a China: flexibilizó el comercio de algunos modelos a cambio de que el Estado norteamericano perciba el 25 % de los ingresos que generen las operaciones. La principal denuncia a Trump es su inmovilismo ante la difusión de los archivos de Seguridad que advertían sobre la relación entre Huang y la empresaria china. 
 Los demócratas exigen ampliar la lista de empresas chinas vetadas para acceder a tecnología norteamericana. 
 El efecto de la caída de Huang no ha terminado de procesarse en Wall Street. La caída de la valorización de Nvidia en la bolsa ha puesto en alerta a los inversores sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Hasta el momento, Nvidia era la única empresa que registraba ingresos positivos en sus balances, mientras que Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta registran pérdidas. La liquidación de bonos de Nvidia acompaña la caída de su cofundador,. Los directores de Nvidia han colocado a Colette Kress, directora financiera, como directora interina hasta el nombramiento de un nuevo CEO. Es una medida para contener a los clientes y mostrar una continuidad en la política sostenida hasta el momento. Entre bastidores, la sucesión de Huang ha llegado a plantearse como un problema de Estado. Donald Trump ha comentado que el actual CEO de Apple, Tim Cook, sería el hombre indicado para el puesto. 
 La disputa entre China y los Estados Unidos en el desarrollo de la IA ha alimentado una burbuja financiera sin precedentes. Su estallido estaría siendo anticipado por las caídas estrepitosas de las bolsas de Seúl, Shanghái y Tokio en los últimos días. Huang era consciente, en cierta medida, de que la burbuja financiera creada alrededor de la IA en los Estados Unidos precisaba de un mercado expansivo para sostenerse en el tiempo. La pretensión de invadir China con sus chips buscaba mantener el monopolio internacional y colocarse como garante último del desarrollo a una escala planetaria. Su caída abre un interrogante respecto del suministro de chips a China, en momentos que la tensión comercial y militar con Estados Unidos escala.

 Joaquín Antúnez
 13/11/2026