martes, febrero 03, 2026

El trumpismo maniobra para mantener la represión y las deportaciones masivas


La lucha de clases en las calles de Minneapolis.

 La campaña de terror llevada adelante por el gobierno trumpista en Minneapolis (Minnesota) ha entrado en un impasse. Pese al envío de miles de policías militarizados, la detención de activistas y el asesinato de dos personas que protestaban contra la persecución de inmigrantes, la brutal represión no ha logrado sacar a las masas de las calles. Por el contrario, las protestas crecen en todo el país y en la propia Minneapolis. El viernes 30 de enero se desarrollaron marchas masivas y huelgas -incluyendo movilizaciones estudiantiles en las Universidades- en contra de la represión y exigiendo justicia para Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos tiroteados por el ICE (policía migratoria). 
 El repudio a la campaña anti-inmigrantes condujo a la organización de cada vez mayores grupos de activistas que hostilizan a los represores y advierten a los indocumentados tocando silbatos y avisando a través de aplicaciones telefónicas sobre la presencia del ICE. El activismo es el que ha filmado la represión y en particular los asesinatos de Good y Pretti, lo cual ha permitido desmontar las mentiras del gobierno respecto a las víctimas, que habían sido acusadas de ser “terroristas domésticos” por Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) y Stephen Miller (asesor de Seguridad Nacional y subdirector del gabinete de la Casa Blanca).
 La política migratoria de Trump está en la picota en la opinión pública: según algunas encuestas, un 46% de la población es partidaria de la disolución del ICE, contra un 43% que rechaza esta medida. Se trata de un viraje impactante, que contrasta con la votación de la bancada Demócrata en el Senado, que otorgó nuevo financiamiento al DHS (Departamento de Defensa Nacional) con la excusa de que impondría “condiciones” al funcionamiento del ICE, es decir, perpetuaría a la Gestapo anti-inmigrantes, pero “con rostro humano”.
 En las cadenas de televisión y en la cultura popular el repudio al ICE y a Trump es creciente. Grandes estrellas como Bruce Springsteen, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lady Gaga, han alzado la voz para rechazar la represión y los asesinatos policiales en Minnesota. En la reciente entrega de los Grammys, el cantante boricua Bad Bunny fue el gran ganador de los premios, y comenzó su ovacionado discurso diciendo: “antes de dar gracias a Dios, debo decir: fuera ICE”. Por su parte, Billie Eilish ganó el premio a la mejor canción y afirmó “Nadie es ilegal en tierra robada”. 
 Bruce Springsteen compuso una canción protesta (“Streets of Minneapolis”), bajo la impresión de la muerte de Renée Good y Alex Pretty, y de las protestas y huelgas del 23 de enero en Minnesota. En ella describe cómo “una ciudad en llamas lucha contra el fuego y el hielo / bajo las botas de un invasor”, y denuncia la represión fascista de Trump: “Pues dicen que están aquí para mantener la ley / Pero pisan nuestros derechos / Si tienes la piel negra o morena, mi amigo / Puedes ser interrogado o deportado a primera vista / En nuestros coros de ‘ICE fuera ahora’ / Persisten el corazón y el alma de nuestra ciudad”. La canción homenajea a quienes cayeron en esa lucha: “Había huellas ensangrentadas / Donde debía de haber habido misericordia / Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve”. Springsteen llama a seguir la lucha: “Vamos a luchar para esta tierra / Y [por] el extranjero entre nosotros”, “Recordaremos los nombres de los que murieron / En las calles de Minneapolis”. El eslogan “fuera ICE” cierra esta canción protesta, que seguramente se convertirá en un himno de la ciudad, y que expresa la voluntad de continuar la lucha pese al temor que busca imponer la barbarie represiva. El tema fue presentado públicamente por Springsteen el viernes 30 en la propia ciudad asediada por el ICE, siendo sintomáticas las palabras del presentador del espectáculo: “lo que vemos en este país no será decidido en las cortes de justicia, no será decidido en el Congreso, no será decidido en las redes sociales, el futuro será decidido aquí en las calles de Minneapolis”. 
 En medio de esta rebelión popular contra los matones fascistas del ICE, la bancada demócrata busca un acuerdo con Trump, poniendo condiciones a sus redadas contra los inmigrantes: que los represores deberán utilizar cámaras para grabar los operativos y no podrán tapar sus rostros con máscaras, y deberán contar con una orden judicial antes de irrumpir en un hogar. Es decir, deberían actuar con la brutalidad “normal” de los policías que asesinaron por ejemplo a George Floyd en la propia Minneapolis en 2020, un crimen que desató la masiva protesta conocida como “Black Lives matters”. No se puede olvidar que los Demócratas Tim Walz (gobernador) y Jacob Frey (alcalde de Minneapolis) eran los que gobernaban en aquella oportunidad. Walz sacó a las calles de Minnesota a la Guardia Nacional ante el levantamiento provocado por el asesinato de Floyd, cuyos responsables fueron expuestos no por las cámaras policiales sino por los testigos que filmaron con sus celulares, exactamente lo que sucede actualmente con el ICE. 

 Deportaciones y militarización 

Trump prometió que expulsaría al menos a diez millones de indocumentados en su mandato, asegurando que crearía empleos para los ciudadanos estadounidenses a través de esta depuración racista de la población y de los aranceles contra otros países. El primer año ha culminado sin embargo con un aumento del desempleo que está en 4,6%, el más alto desde 2021. La caza de los inmigrantes ha provocado terror en los indocumentados, pero se discute cuál ha sido su resultado. El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) se “jacta” de haber realizado unas 675 mil deportaciones formales más un estimado de 2.2 millones de “auto-deportaciones” (“voluntarias”, bajo el riesgo de ser detenidos). En total, según el gobierno trumpista el total estaría cerca de 3 millones de personas, aunque estas cifras son cuestionadas por diversos analistas que afirman que el gobierno infla las cifras sin mostrar evidencias, y que aún no ha llegado al nivel de deportaciones de Obama en los años 2013 y 2014.
 Obama era llamado “Deportador en Jefe” por las organizaciones defensoras de los inmigrantes. El presidente “progresista” mantiene el récord de “deportaciones formales”, superando las 432 mil en 2013 (y 434 mil el año siguiente), un 69% de las cuales eran detenciones en la frontera y un 31% en el interior del país. Trump 2.0 tiene “apenas” 350.000 expulsiones “formales” (con orden de deportación) en su primer año de gobierno. Lo que ha cambiado drásticamente es que ahora el porcentaje de deportados en la frontera son menos de la mitad del total, en gran medida porque hay menos intentos de ingresar por parte de indocumentados, y también porque Trump ha utilizado sistemáticamente las deportaciones sin orden (“rechazos en la frontera” y “expulsiones rápidas”). Las deportaciones del “interior” no solamente han crecido en porcentaje sino en números absolutos. Según fuentes independientes del gobierno (como el NYT y el Migration Policy Institute) las deportaciones de personas detenidas en el interior rondan los 230.000 contra los 133.551 expulsados bajo Obama en 2013.
 Con independencia de los resultados numéricos de su campaña anti-inmigrantes, Trump persigue principalmente producir un cambio en el régimen político, a través de la represión militarizada de sus opositores -en particular en las grandes ciudades, donde el Republicano es ampliamente rechazado por la población. El presidente Republicano inició su mandato reforzando la militarización de la frontera y pasó luego a enviar tropas a las ciudades que protestaban contra las redadas, comenzando por Los Ángeles y continuando con Chicago, Portland, Washington y por supuesto Minneapolis. 
 El Estado de Minnesota fue elegido para la represión del ICE pese a que no es ni por lejos el que tiene más cantidad de inmigrantes ni de indocumentados. En Minneapolis la proporción de inmigrantes ronda el 10%, una cifra pequeña comparada con Los Ángeles, Nueva York, y especialmente con Estados republicanos como Texas y Florida. Estos últimos no son el epicentro de la campaña de militarización y deportaciones pese a que allí Trump cuenta con el apoyo de los gobernadores Republicanos y podría utilizar la Guardia Nacional en forma más sencilla. Stephen Miller y Trump decidieron convertir a Minneapolis en un ejemplo contra las “ciudades santuario”, es decir, aquellas que han resuelto formalmente no colaborar con el ICE y sus redadas, y porque se trata de una ciudad más pequeña y con un gran activismo de izquierda. El gobierno aprovechó un escándalo (amplificado por influencers de extrema derecha) en torno a un caso de fraude en fondos alimentarios (“Feeding Our Future”) y otras ayudas estatales, donde se culpabiliza especialmente a inmigrantes somalíes (la mayoría ya naturalizados como ciudadanos legales). La administración Trump ha lanzado acusaciones genéricas contra la inmigración somalí, y el Departamento del Tesoro y el FBI iniciaron investigaciones -como parte de esta agitación política- para verificar si estos fondos fueron desviados a “grupos terroristas en Somalia” o si hubo aportaciones a campañas de políticos Demócratas locales “a cambio de protección”. Con este discurso alimentaron la campaña racista y ejemplarizante que dio pie a la represión del ICE en la principal ciudad de Minnesota. 
 Trump ha recibido varios reveses judiciales respecto a varias de sus medidas contra la inmigración. Por ejemplo, el gobierno decretó la caída del TPS (un estatus migratorio que amparaba a millones de indocumentados de diversos orígenes) para permitir la deportación rápida de cientos de miles de personas fácilmente ubicables, lo cual fue anulado en varios tribunales. Más importantes aún son las decisiones judiciales en cuanto al envío de militares a realizar tareas de represión interior. Un fallo de la Corte Suprema (que tiene mayoría trumpista) le quitó fundamento al envío de la Guardia Nacional cuando el gobierno entiende que la policía está superada (en base al supuesto aumento de los delitos), sentenciando que la interpretación que hacía el gobierno de la legislación estaba equivocada. Trump puede invocar la “Ley de Insurrección” -que le permitiría legalizar el envío masivo de tropas- pero hasta ahora ha evitado ese recurso extremo, que generaría mayores resistencias. 

 Recule parcial

 Es posible que en el plan de Miller y Noem estuviera previsto utilizar este mecanismo en caso de un levantamiento popular en Minneapolis. La utilización recurrente de la acusación de “terrorismo doméstico” y de “agitadores” o “amotinados” alimentan esta hipótesis. Sin embargo, el repudio mayoritario tras los asesinatos de Good y Pretti no ambientan por ahora este recurso a la Ley de Insurrección. Por el contrario, el gobierno ha debido recular parcialmente, retrocediendo en estas acusaciones contra las víctimas de la represión. Los Demócratas y algunos Republicanos han apuntado las críticas (y la exigencia de renuncia) contra Kristi Noem, la que se defendió afirmando que había cumplido las órdenes de Miller y del propio Trump. Stephen Miller, un elemento abiertamente fascista, también tuvo que echar lastre, justificando que sus afirmaciones calumniosas contra las víctimas de la represión se habían basado en la información que le había enviado el jefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino. Este último se ha convertido en el chivo expiatorio y fue enviado nuevamente a California, donde “se espera que se jubile próximamente” (The Atlantic, 26/1). En sustitución de Bovino fue enviado Tom Homan, conocido como “el Zar de la Frontera”, supuestamente para “desescalar” los enfrentamientos con los manifestantes. Homan ha declarado que focalizaría la persecución en los indocumentados que hayan cometido delitos, buscando hacer más aceptable la caza de los inmigrantes. Homan, digamos de pasada, es un “funcionario de carrera” del ICE, que recibió un “Premio de Rango Presidencial” de manos de Barack Obama en 2015 por su “eficacia” en la expulsión de indocumentados (920.000 deportaciones). 
 Los jerarcas demócratas (y la bancada del Senado) presentan la remoción de Bovino como una victoria y alientan la posibilidad de una negociación con Trump para “desescalar” su ofensiva. Esa postura es recibida con escepticismo por la población, según recogen los medios. La maniobra política trumpista no detendrá la lucha en las calles de Minneapolis, donde se levanta con fuerza la demanda “que se vaya el ICE” y que se juzgue a los culpables de la represión y los asesinatos. Más ampliamente, viene creciendo la demanda de desmantelar el ICE. 

 Retroceso electoral trumpista 

El reciente triunfo de un candidato Demócrata en las elecciones a Senador en un distrito del Estado de Texas por un amplio margen (más del 57%) es sintomático. En ese mismo distrito Trump había triunfado cómodamente con un 58% de los votos en 2024. El viraje del electorado llega a un desplazamiento de 31 puntos a favor de los Demócratas en apenas un año, lo cual es un indicador muy claro de retroceso del trumpismo e incluso de distanciamiento de parte de su base respecto a la campaña anti-inmigrantes. Muchos votantes Republicanos afirman que apoyan el objetivo de Trump, pero no sus métodos, o que habían interpretado que se perseguiría únicamente a los delincuentes y no a indocumentados que son trabajadores y no tienen antecedentes criminales, pese a que el discurso trumpista fue claro en cuanto a la persecución de millones de inmigrantes. Ya en diciembre una elección a la alcaldía de la Ciudad de Miami (Florida) había indicado algo similar. Allí triunfó en un balotaje la candidata Demócrata Eileen Higgins con el 59,3% de los votos, quebrando tres décadas de dominio republicano en la ciudad. 
 Frente a los retrocesos Republicanos en los últimos ciclos electorales, Trump declara que “su nombre no estaba en la boleta”. El presidente afirma que las próximas elecciones de medio término (en noviembre) deben ser “nacionalizadas”, es decir, convertidas en un plebiscito sobre Trump y su política, en un contexto en que los candidatos de su partido intentan por el contrario tomar distancia de la Casa Blanca.

 La crisis en MAGA 

Por el contrario, otros sectores trumpistas se enojaron con el recule parcial del presidente, como por ejemplo el ultra reaccionario Steve Bannon (ex asesor de Trump durante su primer mandato). Bannon declaró en su podcast que el envío de Tom Homan (“el zar de la frontera”) en sustitución de Gregory Bovino era una señal de debilidad, y que el gobierno debió enviar a Homan junto a más tropas para reforzar la represión y a Bovino, no para “desescalar”. También rechazó declaraciones de Homan en cuanto a focalizar en inmigrantes indocumentados que hubieran cometido delitos. Bannon subrayó que eso iba en contra de las declaraciones de Trump de expulsar “10 o 20 millones” de personas, afirmando que todo inmigrante sin papeles era un criminal. Estas críticas derechistas son aún más frecuentes entre los denominados “groypers”, elementos fascistas (“nacionalistas blancos”) que apoyaron al trumpismo y participaron del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Los groypers afirman que la inmigración obedece a un plan (“marxista”, “woke” o incluso “judío”) para reemplazar a los blancos por “marrones” (cualquier etnia que no sea blanca). Uno de sus principales referentes, el streamer Nick Fuentes -quien declaró que “Hitler era cool”- ha criticado a Trump muchas veces, despreciando que “apenas expulsó 300.000 al año” en lugar de millones como había prometido. 
 La base del movimiento “MAGA” está dividida también respecto a la política exterior, en particular el bombardeo contra Irán en junio pasado y la acción militar en Venezuela y Latinoamérica. Un sector defiende una política más aislacionista en base al eslogan trumpista de “America First” (“Estados Unidos primero”), como lo sostienen la ex congresista Marjorie Taylor Greene (que rompió públicamente con Trump) o el influyente periodista de derecha Tucker Carlson (que aún sostiene a Trump y defiende su agenda migratoria) o incluso hasta cierto punto el propio Steve Bannon. El asesinato de Charlie Kirk quitó a Trump un activo político que era capaz de organizar a la juventud de derecha y colaborar en mantener unida a esa base heterogénea. Una parte de la base MAGA cree que Kirk fue asesinado por el Mossad. Una virtual guerra civil se ha instalado en ese movimiento en torno a la política respecto a Israel, al punto que algunos referentes sionistas del trumpismo han acusado a Carlson y Bannon de antisemitas, y estos devuelven el ataque diciendo que sus acusadores (y buena parte de los Republicanos y del gobierno) han sustituido el eslogan trumpista por el de “Israel First”. El trasfondo no es solamente la resistencia a intervenir en guerras en el exterior, sino también la caída en picada de la imagen del sionismo a partir del genocidio en Palestina. 

 Huelga general 

Trump enfrenta una contradicción en su base electoral, y parece estar perdiendo cada vez más apoyo entre los sectores latinos y juveniles. Una política de recule lo llevaría a un empantanamiento total y lo convertiría tempranamente en un “pato cojo”, tres años antes del fin de su mandato. El presidente ya ha declarado que el nombramiento de Homan no significa que el ICE se retirará de Minnesota. Trump está obligado a redoblar la apuesta en la ofensiva migratoria y la represión de la izquierda y el movimiento obrero.
 Mientras tanto, la movilización popular viene creciendo incluso en el gélido invierno, así como se va popularizando la consigna de la “huelga general” entre los manifestantes, pese a los burócratas sindicales y al Partido Demócrata. Esta consigna fue coreada por activistas en Minnesota, pero también en demostraciones en decenas de manifestaciones en otros Estados. Lo que ocurre en Minnesota expresa en forma concentrada lo que espera a todo el país. En las “Calles de Minneapolis” se desenvuelve una tendencia a la guerra civil, que muestra las perspectivas de la lucha de clases en todo el país. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
 03/02/2026

La amnistía de Delcy Rodríguez


El anuncio de una Ley de Amnistía, que el Parlamento de Venezuela tratará perentoriamente, ha despertado expectativa. Desde el asalto de las fuerzas especiales norteamericanas, el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez excarceló a unos 200 detenidos. Los “Foros” que en Venezuela siguen esta cuestión calculan que las cárceles bolivarianas albergan todavía a unos 1200 presos. Aunque los casos más resonantes se relacionan con personeros ligados a la oposición derechista, en los últimos años el número de presos se ha engrosado fuertemente con militantes y organizadores sindicales. Después de las protestas de 2024, fueron encarcelados dirigentes del sindicato de maestros en varios puntos del país y también delegados de la siderúrgica SIDOR, que encabezaron luchas por el cumplimiento del convenio colectivo, entre muchos otros casos. La decisión de cerrar “El Helicoide”, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), confirma las múltiples denuncias que lo identificaron como un centro de vejámenes y torturas. Entre varios otros, en el Helicoide encontró la muerte el exgeneral Baduel, quien encabezó a los cuerpos de paracaidistas que defendieron a Chávez en el golpe militar de 2002 y años después cayó “en desgracia” cuando se opuso a una reforma constitucional, que Chávez de todos modos perdió. Aunque los voceros del SEBIN informaron que Baduel falleció de Covid 19, sus familiares atribuyeron su muerte a torturas. 
 Delcy Rodríguez señaló que la amnistía debía cubrir a “todo el período de violencia política desde 1999 al presente”, o sea, desde la asunción de Chávez a su primera presidencia; el perdón incluiría, entonces, a los opositores exiliados que participaron del golpe de Estado de abril de 2002 y del ‘lock out’ nacional de diciembre de ese mismo año. Pero este período de más de 26 años podría cubrir también a los miembros del SEBIN y a los funcionarios del Helicoide. En este caso, estaríamos ante una autoamnistía. En las negociaciones previas entre el todavía presidente Nicolás Maduro, de un lado, y los emisarios de Trump, del otro, el resguardo jurídico del personal oficialista fue un punto sustancial. 
 María Corina Machado ha celebrado el anuncio de la amnistía, que atribuyó a la “presión real de los Estados Unidos”; Trump dio su acuerdo, sin ponerlo en su red social. La transición que diseña Trump contempla la privatización petrolera, que el Parlamento venezolano acaba de votar en segunda instancia. La reforma de la ley de hidrocarburos habilita a las empresas privadas a producir y exportar petróleo por su cuenta, sin restricciones para remesar utilidades y pagar dividendos sin previa liquidación de divisas. El otro pilar, político, de la “transición”, es el inicio de una articulación entre el ejército y los servicios venezolanos con la CIA. 
 El “Protectorado de facto”, impuesto por Trump, cuenta con la colaboración estratégica del gobierno “bolivariano”. En un cuarto de siglo, el nacionalismo venezolano y sus aliados internacionales han dado un giro de 180º por unanimidad. 

 Marcelo Ramal 
 02/02/2026

Seis décadas de asedio: el arsenal de maldad contra Cuba


El 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy emitió la Proclama 3447, con la cual oficializó el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla.
 Como agoreros del inframundo, Donald Trump y su camarilla lanzan mensajes de desolación y muerte contra el pueblo cubano. La Orden Ejecutiva del 29 de enero dictada por el mandatario exhala esos aires; para los émulos de Tánatos, el objetivo es claro: convertir a Cuba en una Numancia moderna.
 Para la Isla, este asedio no es nuevo. Convencidos del apoyo mayoritario del pueblo a la Revolución, desde sus albores Estados Unidos se dio a la tarea de socavar los cimientos del nuevo poder e inducir la rebelión.
 La estrategia ha sido invariable: debilitar la vida económica para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno. Una política fríamente concebida para sumir al pueblo cubano en la miseria. Así, el 6 de abril de 1960, el memorándum de Lester D. Mallory, entonces vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, definió el alma de esta guerra. 
 Poco después, en junio de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz compareció ante la televisión cubana para denunciar que, por instrucciones de Washington, las compañías extranjeras pretendían boicotear el procesamiento de petróleo. 
 La reducción del suministro de combustible, el rechazo a refinar crudo soviético y la eliminación de la cuota azucarera fueron solo el preámbulo de lo que se convertiría en el genocidio más prolongado de la historia. El 7 de febrero de 1962, entró en vigor la Orden Ejecutiva 3447, firmada por el presidente John F. Kennedy el día 3, que oficializó el bloqueo invocando la «Ley de Comercio con el Enemigo» de 1917. 
 Aquello era solo el inicio. Al repasar la historia de esta guerra unilateral, parece que el arsenal de maldad de Washington es inagotable. Administración tras administración, se perfeccionaron los mecanismos de coerción y cerco: de las 32 tareas de la «Operación Mangosta» –el vasto plan terrorista diseñado tras la derrota en Playa Girón–, 15 estaban dirigidas específicamente contra la economía de la Isla.
 De la frustración, la soberbia y el odio nacieron leyes como la Torricelli y la Helms-Burton, o el Plan Bush, que las reforzó. Durante su primer gobierno Trump dictó más de 243 medidas hostiles, una política a la que Joe Biden dio continuidad a pesar de sus promesas electorales. 
 Ahora, la Casa Blanca se propuso llevar la agresión a la economía y la vida de la nación a una perfección quirúrgica, pretendieron no dejar espacio sin cerrar; pero no es tan fácil vencer a los cubanos, una frase reciente del mandatario estadounidense lo dice todo: «La única opción que queda es entrar y destruir Cuba».
 Durante más de seis décadas de guerra económica impuesta por la potencia más grande del mundo, el proyecto cubano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, cosechando conquistas en todos los ámbitos que desafían la lógica del asedio.

 Raúl Antonio Capote 
 Granma

Sobreprecios en Nucleoeléctrica: Reidel recula e intenta contener su salida de la empresa


Luego del escándalo de los sobreprecios en las licitaciones del servicio de limpieza, denunciada por el gerente general de Atucha I-II, el Directorio de NASA resolvió remover al gerente de Coordinación Administrativa, Pantuso y al Gerente General, Fama. El Directorio, si bien designado por el propio Reidel cuando fue nombrado presidente, expresó en la votación la interna del gobierno, con tres votos a favor y dos en contra. Los votos del vicepresidente Guido Lavalle y el director Diego Chager, hombres de Santiago Caputo, dejaron en minoría a Reidel, hombre de Karina y Javier Milei. 
 Previo al avance de la denuncia en los medios, al interior de la empresa, en el sector técnico la noticia se vivió con mucha bronca, más aún con el intento de Pantuso de tapar el escándalo sumariando a dos empleados con importante trayectoria en la empresa. 

 Atrapado en el fuego

 A través de la resolución 2/2026 firmada este lunes, Reidel tuvo que levantar los sumarios contra los empleados Martin Reina (Subgerente de Producción de Atucha I-II) y Gabriel Brejer (jefe del Departamento de Producción). Ambos formaron parte de la revisión corporativa 2025 a pedido del Área de Supervisión Independiente. La revisión corporativa se trata de un procedimiento que está en línea con las mejores prácticas promovidas por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y consiste en entrevistas a personal de la empresa. Reina y Brejer participaron en la realización de entrevistas al personal que desnudó, en parte, las licitaciones con sobreprecios. 
 Según distintas fuentes hay una interna entre el área profesional (trabajadores y empleados de planta con carrera en la NASA) y la mesa política (el directorio de turno y sus segundos mandos desplegados en la empresa), Reidel tendría que estar cediendo, no sólo en la interna con Caputo sino con la propia presión interna de la NASA. La resolución 3/2026 designa a Daniel Monserrat al frente de la Gerencia General (en reemplazo de Marcelo Fama), y a Ricardo Matuk Herrera al frente de la Gerencia de Coordinación Administrativa. Ambos con trayectoria profesional dentro de Nucleoeléctrica. 
 El área de la Gerencia General es considerada la segunda más importante dentro de la empresa, por detrás de la Presidencia. Hay preocupación por las medidas que pueda tomar Monserrat. Trabajadores entrevistados por Infobae señalan: “No tengo dudas de que algunos gerentes o subgerentes que pusieron Fama y Pantuso estarán en la mira. También se podrían iniciar auditorías complementarias y correspondientes, según el caso; y frenar las compras que suenan a negociados propios”. 
 El fuego iniciado por los sobreprecios tiene en frente amplias hectáreas para desarrollarse. Están pendiente la denuncia de ATE-Zarate del sobreprecio en 1066,7% por la compra de un software. La misma está siendo tratada por el Comité de Integridad dirigido por Axel Larreteguy, quién responde al vicepresidente Lavalle. Ambos impulsaron la investigación y la remisión de Pantuso y Fama. 
 Reidel, postulado por Javier Milei para el premio Nobel de Economía, tiene por delante el desarrollo de tareas fundamentales en dos centrales: la extensión de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II), dos proyectos que implican una inversión global de US$ 700 millones. La suspensión de licitaciones por corrupción y la deuda a más de 200 proveedores en 2025 podría retrasar estos trabajos de máxima prioridad.
 La interna desarrollada entre los buitres del gobierno pareciera no conmover a los profesionales de la NASA. Uno de ellos expresó a Infobae: “Esto solo pone justicia con quienes los quisieron despedir como perejiles sin tener ninguna culpa. Eso fue el detonante. Fue la nafta en el fuego. Desde nuestro lugar no pararemos hasta que se vaya toda esa junta.

 Sergio Yeti
 29/01/2026

Marco Lavagna renuncia a la dirección del INDEC


El alza de la inflación de enero pone en crisis la actualización de los índices 

 Marco Lavagna renunció al INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) a días de la publicación del índice de inflación para el mes de enero de 2026. Luis “Toto” Caputo en entrevista radial anunció que será del 2,5 %, una nueva alza. Lavagna fue nombrado director en 2019 al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, estuvo en el cargo durante toda la administración peronista y Javier Milei lo renovó al comienzo de su mandato en diciembre de 2023. Tras seis años hoy les anunció su salida a los técnicos del organismo.
 El gobierno liberticida tomó la noticia con sorpresa, en días donde el índice de enero dará una continuidad en el alza confirmando una escalada de subas del IPC (índice de precios al consumidor). Al mediodía en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía dijeron no estar al tanto de la renuncia del director del INDEC.
 Los números de enero estarían marcados por la implementación de los nuevos parámetros para el IPC con la encuesta de hogares ENGHo 2017-2018, reemplazando la ENGHo 2003-2004, que ajustan mejor el consumo de las familias, una medida largamente dilatada que incluso de hacerse arrastrara también una rémora. 
 Se dejó trascender que los datos están listos hace un año, pero el Gobierno no quería interferir los meses de elecciones con números de inflación incómodos para el relato mileista. El periodista afín al gobierno Luis Majul explicó: “Lavagna quería actualizar la medición, como habían dicho, el gobierno al final no quiere porque se viene la quita de subsidios de tarifas que van a tener mucho impacto en el dato de inflación”.
 El INDEC tuvo a mediados del año pasado una fuerte interna tras la publicación de índices que no reflejaban la evolución de la canasta de gastos, esto derivó en la salida de dos funcionarios de importante carrera en la institución, como lo eran Georgina Giglio, directora de índices de precios de consumo, y Guillermo Manzano, director de estadísticas de condiciones de vida. Ambos en un contexto de renuncias por el congelamiento salarial sumaron la cuestión de las “diferencias de criterios” y de “formas sobre la gestión de equipos”. 
 Sin embargo, mientras se escribía esta nota, Caputo afirmó en una entrevista televisiva que se suspende la aplicación de la Encuesta de Hogares 2017/18, dando continuidad a la manipulación de la inflación a favor del gobierno. 

 El “legado” de Marco Lavagna 

La manipulación de los índices fue denunciada por especialistas de diferente extracción política, como una vuelta a los métodos de Guillermo Moreno que en 2007 bajo el gobierno kirchnerista intervino el INDEC. En medios sostienen que el “legado” de Marco Lavagna será mirado bajo la lupa de los datos oficiales de enero 2026, que se publicarán este 10 de febrero. De no haber un cambio de rumbo, allí por primera vez aparecerían gastos como servicios de conectividad, plataformas digitales y cambios en el consumo de alimentos que sucedieron entre el 2003 y el 2018. 
 Este tipo de cambios, obviamente, no son retroactivos, con lo que los índices arrastrarán por un periodo un desfasaje del lado de los ingresos de las familias. Producto de la devaluación del 100% de diciembre del 2025 al poco de asumir Milei como presidente y Caputo como ministro de economía.
 Con respecto a este cambio, que es reclamado hasta por el FMI, el Gobierno arguye que el proceso de estabilidad de precios en particular por el volumen de los subsidios volcados al sistema tarifario requiere más tiempo antes de pasar a un esquema de sinceridad en los índices. En contraste con lo dicho, la cuestión central es que el índice de inflación se tomó como patrón para planchar o liquidar las paritarias que los sindicatos pactaron al 1 % mensual o menos, política a la que la inflación de 2,8 % de diciembre le cortó toda expectativa de sostenibilidad.
 Al salir la noticia, la Junta Interna de ATE-INDEC convocó a conferencia de prensa en reclamo por la independencia del organismo respecto a los gobiernos: “Nos llama poderosamente la atención, nos pone en alerta, la renuncia de ML a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político” y cerraron: “nos parece un ‘deja vu’ porque en una fecha parecida del 2007 se intervino políticamente nuestro organismo porque no gustaba el dato del IPC de enero 2007. Esperamos que el próximo 10 de febrero salga el IPC con las nuevas ponderaciones de la ENGHo 2018/18”.
 En estos días Marco Lavagna tenía una disputa con otro funcionario de filiación peronista en las filas de los liberticidas, Daniel Scioli, que había criticado las estadísticas que reflejaban una floja temporada veraniega. La pelea llevó a que la Secretaría de Turismo y Deportes diera por finalizado un convenio con el instituto que tenía más de 20 años de implementación. 
 Según el diario Ámbito Financiero el próximo titular será alguien cercano a “Toto” Caputo. En ese caso la duda estará en si el Ministro de Economía interviene o no los datos del IPC a publicarse el 10 de febrero y nuevamente discutirá si se implementa la Encuesta de Hogares de 2017. Los liberticidas y mesa-dineristas de la Rosada con el pretexto de que los servicios seguirán calentando la inflación y que un sinceramiento profundizará el problema, continuarán esta manipulación de facto de las estadísticas, pateando hacia adelante el uso de una encuesta que tiene ocho años de realizada. 
 Marco Lavagna en su mensaje de despedida dijo: “quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente" y agregó que “los trabajadores son el principal activo que sostiene el organismo”; así lo indicó sin referencia a la salida de una importante cantidad de trabajadores por la caída de salarios. 
 El exfuncionario mileista, albertista y kirchnerista deja un INDEC en crisis, con renuncias de directores en áreas clave y con sus principales índices manipulados en favor de los tiempos políticos del Ejecutivo nacional. 

 Leonardo Perna 
 02/02/2026

69 años del primer número de El Popular


Hoy, 1 de febrero, se cumplen 69 años de la salida del primer número del diario El Popular. Precisamente, un 1 de febrero de 1957, comenzó una verdadera epopeya de comunicación, periodismo comprometido, coherencia y dignidad, que hoy llega a los 69 años.
 Este lunes 2 de febrero a las 18 horas, la Asociación de ex Trabajadores del diario El Popular 1957-1973, convoca a un acto homenaje en la puerta de la histórica primera imprenta, ubicada en la calle Justicia entre Miguelete y Lima. 
 Como ya hemos escrito, El Popular, continuador del histórico diario Justicia, surge a partir de una resolución del XVI Congreso del PCU, en el marco de lo que Rodney Arismendi definió como “una línea unitaria y de masas”. Luis Mendiola, distribuidor de El Popular en Montevideo, luego asesinado en la 20, definía a El Popular como: “El cañón de largo alcance del pueblo”.
 Desde su primer número tuvo el lema artiguista que se mantiene hasta hoy: “No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad”. Los directores de esa primera edición fueron Enrique Rodríguez, César Reyes Daglio y Eduardo Viera. 
 El Popular desarrolló un periodismo comprometido, de cobertura de las luchas obreras y populares, de solidaridad internacionalista y antimperialista. Inauguró en la prensa uruguaya la práctica de los suplementos, sindical, internacional, juvenil y uno muy especial, el primer suplemento para niños, Churrinche.
 El Popular jugó un papel enorme para apoyar y construir la unidad de la clase obrera en la CNT y de la izquierda, primero en el FIDEL y luego en el Frente Amplio. También en la solidaridad internacionalista, con Vietnam, con Cuba, con Palestina, con las luchas de liberación en nuestro continente y en África, con la difusión de la construcción del socialismo y sus avances.
 Por todo eso fue duramente perseguido, censurado y clausurado en múltiples oportunidades, de hecho, es uno de los medios de comunicación que más clausuras ha sufrido en la historia.
 El 9 de julio de 1973, en medio de la Huelga General que enfrentó el golpe de Estado, de la cual fue el vocero principal, el fascismo asaltó su redacción y sus trabajadores fueron apaleados y encarcelados, fue clausurado definitivamente en noviembre de 1973. Todos sus trabajadores y trabajadoras fueron perseguidos, muchos encarcelados y torturados. Norma Cedrés, asesinada en prisión y Juan Manuel Brieba aún desaparecido, son dos trabajadores de El Popular, mártires de nuestro pueblo en la lucha por la libertad, la democracia y la emancipación social.
 Su prédica obrera y combativa se continuó en Carta y Liberarce clandestinos y al final de la dictadura en Cinco Días, clausurado y La Hora, luego en el semanario El Popular, Carta Popular y de nuevo, a partir de 2008, en el semanario El Popular. 

 El Popular, febrero 1, 2026

El tubo de oxígeno de Bessent y Trump a Milei y Caputo


Por tercera vez en los últimos meses, el Tesoro norteamericano ha salido al rescate de Milei y Caputo. El pago de 870 millones de dólares al FMI, por intereses de deuda, será cubierto a través de otro préstamo. Scott Bessent acaba de otorgarle a Argentina “derechos especiales de giro” (DEG) por esa suma a cambio de pesos. Los DEG son la unidad de cuenta que ha repartido el FMI entre las Tesorerías de sus socios. Si el gobierno argentino hubiera pagado con dólares de las reservas, habría perdido todo lo acumulado en meses recientes e infringido un acuerdo con el FMI. Caputo tiene el propósito de devolver el ‘swap’ (canje de monedas) con Bessent (más los intereses correspondientes) con los dólares que espera recibir del FMI como parte de un nuevo acuerdo de ajuste fiscal y financiero. Esta ruta del dinero, diseñada para evitar un default, no cubre los vencimientos de 2026, por algo menos de 20.000 millones de dólares. El Tesoro de Argentina sigue en terapia intensiva con la asistencia de un respirador.
 En un reportaje de hace unas horas, Luis Caputo intentó desmentir que contrajo nueva deuda para pagar deuda. Según Caputo, los fondos para “comprar” los DEG salieron de la cuenta del Tesoro en el Banco Central, pero la cancelación del “swap” se hará con dólares que se obtendrán a préstamo. Lo importante es que el ‘caputísimo’ no tenía la plata para pagar los intereses con el FMI, y se ha visto forzado a armar un 'puente’ caro con Estados Unidos, aunque el ministro se niega a informar acerca de la tasa de interés que le cobra Besssent por ese ‘puente’. El Tesoro estadounidense se ha convertido en el prestamista de última instancia de Argentina. Así ocurrió con el ficticio “intercambio” de 2500 millones que tuvo lugar antes de las elecciones de octubre pasado y que Caputo tuvo que devolver dos meses después, en dólares contantes y sonantes, por medio de otro préstamo con bancos internacionales, a altas tasas de interés. Caputo cancelará estos 800 millones en DEG cuando reciba los 1000 millones de dólares… del FMI, que están asociados a la segunda “revisión” del acuerdo de abril del año pasado. O sea que el Fondo le prestará a la Argentina los DEG necesarios para que Argentina le pague a Estados Unidos en dólares los DEG que le prestó… para pagarle al Fondo. Esta “puerta giratoria” cobra un elevado peaje. El Gobierno, además, enfrenta en febrero otro compromiso, la cancelación de casi 1000 millones de dólares a privados por el vencimiento del Bono Bopreal (con importadores). 
 Una noria sin salida de la que vive una oligarquía de parásitos. 

 Marcelo Ramal
 02/02/2026

lunes, febrero 02, 2026

Con Milei los jubilados siguen perdiendo


El haber mínimo registra una caída del 7,3% en términos reales desde que asumió, en un cuadro de vaciamiento de la Anses y del Pami.

 Los jubilados constituyen uno de los sectores del pueblo argentino más atacados por Milei. El haber mínimo, que percibe alrededor del 60% de ellos y será en febrero de aproximadamente $429.000 con el bono incluido, registra una caída del 7,3% en términos reales desde que asumió. Semejante ataque se complementa con el desfinanciamiento de la Anses y la eliminación de prestaciones del Pami. El cuadro, dantesco, se agravará si el gobierno logra hacer pasar la reforma laboral. 
 El dato se desprende de un estudio realizado por CP Consultora, que señala que la licuación del bono –congelado en $70.000 desde marzo de 2024– explica la caída. El haber mínimo acumula una caída del 3,1% desde junio y “el resto de las jubilaciones (medias y altas) una del 0,4 por ciento debido al aumento de la inflación”, indica (Página 12, 30/1). En 2025, según Chequeado (15/1), los jubilados que perciben el haber mínimo perdieron un 4,6% de su poder de compra. 
 Más en general, con respecto a noviembre de 2015, la mínima acumula una caída del 34% y el resto de las jubilaciones una del 28,3%. Los gobiernos que se alternaron en el poder fueron atacando de distintas maneras a los jubilados: modificando la fórmula de cálculo de los haberes, impulsando aumentos a la baja por decreto, negando el 82% móvil o usando dinero de la Anses para pagar deuda externa y subsidiar a la clase capitalista. 
 El gobierno de Milei modificó en abril de 2024 la fórmula de cálculo, indexando las jubilaciones a la inflación –con dos meses de rezago– en momentos en que esta comenzaba a bajar y tras haber devaluado el peso en más de un 50% al comienzo de su mandato. Así, consolidó la pérdida que trajo consigo la fórmula aplicada por el gobierno peronista de los Fernández. Con los aumentos previstos para febrero, la mínima quedará en $429.000 con el bono incluido, la Puam en $287.000 y la máxima en $2.400.000. 
 Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, una pareja de jubilados con vivienda propia necesitó en noviembre pasado unos 1,3 millones de pesos para poder vivir, mientras que aquellos que pagan un alquiler precisaron unos 2 millones. Como se ve, la mayoría de los jubilados en Argentina vive en condiciones de pobreza. Esta situación es la que ha llevado a que el 17,1% de las personas que están en edad jubilatoria tengan un empleo, como señala un trabajo publicado hace poco por el Indec. 
 A esto se suma que a cada vez más jubilados les cuesta acceder a medicamentos, debido a la política desregulatoria del gobierno. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, el gasto en esta materia, que insume gran parte de los ingresos de los adultos mayores, aumentó un 382%, y las dispensas cayeron un 26% como consecuencia de la escalada de los precios y de los recortes en el Pami (Fundación Soberanía Sanitaria, 6/5/2025). Ese porcentaje es mayor al aumento de la inflación en el mismo período (186%) y al de los haberes (176%).
 Asimismo, Milei desfinancia la Anses promoviendo el trabajo en negro y a veces usando su dinero para pagar deuda externa o calmar las tensiones cambiarias. Con la reducción de los aportes patronales que incluye la reforma laboral, la crisis de los haberes, la Anses y el Pami se agravará. A esto se le añade la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para que los trabajadores se paguen sus indemnizaciones y el dinero recaudado pueda ser utilizado por los capitalistas para hacer dinero en la timba. 
 Y ni hablar de la tentativa del gobierno, que se hace eco de un viejo reclamo de la burguesía argentina e internacional, por imponer una reforma jubilatoria que aumente la edad de retiro, termine con los regímenes especiales (docentes, por ejemplo) y cree una prestación universal similar a la Puam. El fin último de los libertarios es ir hacia una privatización a lo Menem y sus AFJP.
 Es por todo esto que los jubilados salen todos los miércoles a las calles del Congreso a repudiar la política mileísta, reclamando la recomposición de los haberes y la devolución de los medicamentos del Pami. Milei y Bullrich les responden con represión, pero resisten peleando junto a sectores combativos e independientes del movimiento obrero y la juventud mientras la burocracia sindical de la CGT y las CTAs los dejan en banda. 
 La política previsional del gobierno libertario está subordinada a los intereses de los capitalistas y los acreedores de la deuda externa. Hay que salir a pelear por la recomposición de los haberes, la implementación del 82% móvil, por el control por parte de trabajadores y jubilados del Pami y de la Anses –así como también por un aumento presupuestario para esos organismos. Esto debe financiarse con impuestos extraordinarios a los capitalistas y con el cese del pago de la deuda externa. Y es clave que esa lucha tenga como norte la derrota del gobierno de Milei y toda su política de reformas reaccionarias antiobreras.

 Nazareno Suozzi

La defensa vital de los humedales contra la destrucción capitalista


Movilización en Rosario por la Ley de Humedales. 
2 de febrero, Día Mundial por los Humedales.

 En este 2 de febrero, Día Mundial por los Humedales, desde Tribuna Ambiental volvemos a reclamar la urgente necesidad del reconocimiento, restauración, saneamiento y preservación de los humedales en todo el país. 
 El 2 de febrero de 1971 se creó la Convención de Ramsar en Irán, con el objetivo de identificar y concientizar la importancia de la preservación de los humedales, entendiendo la importancia de su cuidado debido a los servicios ecosistémicos que brindan: regulación de caudal hídrico (mitigan inundaciones), retención de humedad y por lo tanto regulador de temperaturas (imprescindible para combatir el calentamiento global), áreas de recarga de acuíferos y contenedores del 60% de la biodiversidad.
 Desde 2020 en Argentina cientos de organizaciones socioambientales, territoriales y comunidades indígenas venimos exigiendo la sanción de una Ley de Humedales para su preservación, especialmente ante las quemas para el avance de los agronegocios, la minería y la especulación inmobiliaria.
 Fieles al lobby capitalista agroindustrial, minero e inmobiliario, los bloques políticos gobernantes de peronistas, radicales hasta el PRO y LLA, los proyectos siguen cajoneados. Incluso fue bloqueado por el gobierno del Frente de Todos que hacía campaña "sí a la Ley de Humedales"; un retrato del oportunismo del kirchnerismo.
 Por eso las organizaciones ecologistas ligadas al kirchnerismo, como Jóvenes por el Clima, terminaron justificando la continuidad de proyectos extractivistas en provincias y municipios gobernadas por el peronismo, en nombre de un "ambientalismo popular" que no es más que el aval al saqueo capitalista de los territorios pero cubierto de verde.
 Con Milei las políticas extractivistas se profundizaron más que nunca. Vale mencionar el Rigi, el ajuste en el Sistema de Manejo al Fuego mientras la Patagonia arde, el ataque a la Ley de Glaciares para permitir el avance minero, la privatización de AySA, entre tantos otros atropellos. 
 Desde Tribuna Ambiental sostenemos la lucha contra la expansión sojero ganadera, ola megaminería y la especulación inmobiliaria sobre estos espacios tan vitales. Esto cuando impulsamos junto a numerosas organizaciones y coordinadoras socioambientales la movilización contra la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el presupuesto necesario para combatir el fuego en la Patagonia. 

 Secundino Cardozo

La crisis de “los de arriba” en la Argentina de Milei y la lucha de los trabajadores


El dueño de Techint, Paolo Rocca, junto a la senadora Patricia Bullrich 

La pelea de buitres que estalló entre el gobierno y Techint en torno a la licitación para la provisión de caños para el gasoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada es una muestra de la Argentina que se está gestando de la mano de Milei. Mientras el país se hunde sin reactivación económica, los salarios caen sistemáticamente, el trabajo se precariza día a día, el gobierno arbitra e interviene en las disputas de los grandes negocios dominados por un puñado de pulpos petroleros, mineros y agrarios, a los que hay que sumar, por supuesto, el sector financiero alimentado por la política de endeudamiento de Caputo. 
 El consorcio indio Welspun le ganó a Techint la licitación ofertando 200 millones de dólares por la provisión de caños para la exportación de gas licuado. Es un negocio que va en vías de dispararse, con la habilitación de buques licuefactores y la adquisición de dos buques que van a permitir exportar el 18% de la producción local. La asignación a la empresa india por parte del consorcio Southern Energy, integrado por YPF, los Bulgheroni (PAE) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), fue festejada por el ministro Federico Sturzenegger por “abaratar costos”. “Rebaja de costos” que jamás llegará a los usuarios, sino que irá a engrosar los márgenes de beneficio de las petroleras. Del lado de Techint denunciaron dumping de China (que proveería el acero a Welspun) y amenazaron veladamente con el cierre de su planta en Valentín Alsina, que emplea 450 obreros. Extorsionando en nombre de una “industria nacional” a la cual el gobierno le impide en este caso ser siquiera una socia menor proveedora de la cadena petrolera. El gobierno redobló la apuesta sosteniendo que Techint jugó fuerte en el proceso electoral para forzar una devaluación, contra el gobierno. La burguesía nacional presiona para una megadevaluación que le permita bajar sus costos, pulverizando aún más el salario. El gobierno se opone a sabiendas que en el cuadro actual provocaría una escalada de los precios internos desatando las condiciones para una rebelión generalizada. 
 Mientras se desarrolla este choque público, la misma Techint se prepara para disputar, junto a Mindlin de Pampa Energía, la licitación por la construcción del mismo gasoducto, con los tubos provistos por la empresa india. En esta licitación, de nuevo, la oligarquía local intenta preservar sus posiciones frente a la presión del capital internacional. Según La Nación, la inversión total en infraestructura en el proyecto alcanza los 1.300 millones de dólares. El gobierno juega un rol de arbitraje en todos estos negocios a través de YPF, y del conjunto de regulaciones que el Estado nacional pone en pie para garantizarlos, que incluyen fuertes exenciones impositivas, a través del Rigi, la legislación minera, y diversos mecanismos, actuales o heredados del kirchnerismo. Y busca ampliar el campo de negocios (mineros) con la entrega de los glaciares que proyecta junto con los gobernadores cordilleranos de todos los signos políticos. En oposición a los meganegociados y la entrega de los recursos naturales, levantamos un programa de nacionalización de la industria petrolera bajo control obrero, en resguardo de los puestos de trabajo y los recursos nacionales, y como parte de un programa de reorganización social de la mano de los trabajadores. 

 La extorsión de la reforma laboral 

Por supuesto que no tardaron en saltar los comentaristas que atribuyen el costo de los tubos de Techint a las “regulaciones laborales” e impositivas, que el gobierno estaría abordando a través de la reforma laboral. De manera tal que esta guerra de buitres por la confiscación de la riqueza nacional deberían pagarla los trabajadores poniendo el lomo para la competitividad de los Techint y sus socios de la “burguesía nacional”. Los choques de negocios que separan al gobierno de Rocca y otros sectores de la burguesía nacional se saldan cuando se trata de liquidar derechos laborales.
 De todas maneras, el choque con Techint tiene otra implicancia para la clase trabajadora: la política del gobierno agrieta permanentemente el frente patronal por la propia crisis capitalista que enfrenta la Argentina, donde los beneficios y la entrega al capital internacional son el soporte de un gobierno que de no contar con esto entraría en colapso inmediato. El método de Milei de crisis y choques revela las contradicciones enormes de la política de ajuste y entrega del gobierno. Es lo que hace al mismo tiempo con los gobernadores, cuando incluye en el proyecto de reforma laboral una rebaja sustancial del impuesto a las ganancias que golpea fuertemente la coparticipación federal. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora (firmes defensores de esta “modernización” esclavista), salieron a cuestionar estos aspectos y la negociación de la reforma se puede empantanar en el Congreso si el gobierno no encuentra una respuesta a los reclamos de las arcas provinciales o bien retrocede en estos artículos. 
 Las grietas y choques en el frente patronal solo pueden explotar en favor de los trabajadores con una política independiente: con un paro nacional y un plan de lucha, para derrotar la reforma laboral y poner en primer plano la lucha por todos los reclamos del movimiento obrero: el salario, las fuentes de trabajo, las condiciones laborales, etc. Es decir, promover la huelga general contra todos los ataques a los trabajadores para quebrar el avance antiobrero del gobierno y poner en jaque el conjunto de su política. Pero la política de todas las alas de la burocracia sindical se opone a esta línea. La última expresión la tuvimos con la reunión de la UOM, de la cual participaron Aceiteros, ATE, APA, y Yasky, entre otras expresiones del sindicalismo crítico de la posición del triunvirato.
 Este sector resolvió impulsar movilizarse en Rosario y Córdoba para plantearle a los gobernadores “que no nos entreguen”. Una línea suplicante de presión sobre sectores que están aplicando en sus propias provincias reformas antiobreras violentísimas (sobre todo en el terreno jubilatorio) y que apoyan claramente la entrega de los derechos laborales. Nada de largar un paro nacional con movilización a Congreso, que sería el primer paso real para enfrentar la reforma laboral. Se trata de una vía segura a la derrota, a través de la adaptación a una oposición patronal paralizada y cómplice de la monumental transferencia de ingresos contra los trabajadores que promueve el mileísmo. 

 Todos a la autoconvocatoria el 2 

Bien visto, el debate en el Frente de Izquierda tiene mucho que ver con este cuadro político. Porque de lo que se trata es de explotar las crisis al interior de la burocracia y en el frente patronal para desarrollar una política de independencia de clase y llamar a movilizarse e intervenir con asambleas, paros y movilizaciones para enfrentar la reforma laboral, de ninguna manera de adaptarse a una oposición patronal y una burocracia sindical totalmente paralizadas. Esta orientación de lucha e independencia política es la que levanta el Plenario del Sindicalismo Combativo, los movimientos piqueteros independientes y las agrupaciones de jubilados, que convoca este 2 de febrero a una autoconvocatoria en Parque Lezama para enfrentar la reforma laboral. Estarán presentes el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste, Ademys, la AGD UBA, la Junta Interna de ATE Garrahan, y las principales luchas de la etapa.
 Un sector del FIT-U (el PTS y el MST) tiene por política hostilizar un reagrupamiento común del clasismo y todos los sectores independientes, esta hostilidad tiene que ver con una política de sembrar expectativas en una “gran coalición” (PTS) con sectores que hoy se agrupan con la UOM: tanto aceiteros como diferentes alas y sectores de la CTA. Es una línea de franeleo con sectores que no sacan los pies del plato de la política de la burocracia. Al contrario, lo que corresponde es clarificar que la parálisis de estos sectores nos lleva a una derrota segura. La única forma de enfrentar esta reforma es con un paro activo y movilización con la perspectiva de las grandes puebladas que frenaron este tipo de intentos: la más reciente es la del 14 y 18 de diciembre de 2017 enfrentando al gobierno de Macri. En ese momento, el gobierno pudo hacer pasar su reforma jubilatoria, pero debió archivar la reforma laboral por la enorme fuerza de la movilización popular. 
 La tarea de la hora es organizar el amplio rechazo popular a la reforma laboral para transformar esta inquietud en una movilización contundente. Con esa orientación apoyamos el plenario del 2 de febrero que convoca el Plenario del Sindicalismo Combativo, el movimiento piquetero independiente y los movimientos de jubilados y vamos a redoblar la campaña ganando las calles y los lugares de trabajo, reclamando un paro nacional y plan de lucha hasta la huelga general y llamando a movilizar para derrotar a Milei.

 Juan García

domingo, febrero 01, 2026

A un año de la estafa $Libra, se conoce el acuerdo “confidencial” que firmaron Milei y Hayden Davis


Sigilo, coimas y una estafa. 

 El diario Clarín reveló el texto del acuerdo confidencial que firmaron el presidente argentino Javier Milei con el “empresario” estadounidense Hayden Davis apenas 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda $Libra. La noticia ya había sido informada por el mismo diario, hace un mes atrás, pero recién ahora sale a la superficie ese documento. El texto en cuestión se firmó en la Casa Rosada hace exactamente hoy un año, el 30 de enero de 2025. Allí concurrió Davis acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos lobistas que organizaron el Forum Tech, en octubre de 2024, donde Milei -orador de fondo del evento- y Davis mantuvieron una reunión apartada en un salón VIP. Junto a Davis, Novelli y Godoy, llegaba con ellos el entonces diputado José Luis Espert. Pesquisas en la causa abierta por los pagos recibidos del contador narco “Fred” Machado revelaron facturas de una empresa de Espert a nombre de la hermana de Novelli, ahora involucrada en el “caso $Libra”, en 2021 y 2022. 
 El acuerdo por “asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial” suscripto entre el empresario de 28 años y Milei establece que Davis renuncia expresamente “a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración”. “A su vez, agrega, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”.
 Inmediatamente después de la firma, ese mismo 30 de enero, dos billeteras cripto atribuidas al ´desinteresado´ Davis enviaron, cada una, 507.000 USDC (dólar cripto) a otra identificada como perteneciente a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años que, menos de tres horas después, envió todo ese dinero a otra billetera señalada como perteneciente a una presunta cueva cripto de acuerdo a la fiscalía que investiga el escándalo. Esos serían los ´peajes´ gatillados por el joven norteamericano para llegar a Milei. Davis viene de una familia de aventureros con un largo historial de maniobras turbias y estafas. En Estados Unidos, la misma empresa con la que operó en Argentina estuvo detrás del lanzamiento de la meme coin de Melania Trump. 
 Hayden Davis entró en contacto con el círculo íntimo de Milei en julio de 2024 por intermedio de Novelli y Godoy. Entre fines de 2024 y principios de 2025, en un mensaje que reveló The New York Times, Davis se jactaba de que “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga. Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Es loquísimo”. El 30 de enero de 2025, Davis se reunió en Casa Rosada con Milei y firmaron este “acuerdo confidencial” de “asesoramiento” y luego emitió pagos cripto a billeteras locales. El 14 de febrero fue el lanzamiento de $LIBRA. Veintitrés minutos después del lanzamiento, Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de X como una iniciativa para fondear pymes argentinas. Con su apoyo, el precio se disparó de US$ 0,3 a US$ 2, pero menos de dos horas después se desplomó a casi cero. La oferta estaba concentrada en unas pocas manos, que embolsaron millones. Al día siguiente, cuando la estafa era evidente, Milei borró el tuit y afirmó que no estaba al tanto de los detalles; finalmente, negó haber fomentado la compra de $Libra, a pesar de haber publicado en su tuit el código alfanumérico de 44 caracteres del contrato, hasta entonces no disponible en la web. Al día de hoy, Milei no ha revelado quién se lo proporcionó. Días más tarde, Davis afirmó en una entrevista que le habían quedado US$ 110 millones que pertenecían a la Argentina y esperaba “instrucciones”. 
 Hay dos causas judiciales abiertas. Además de la argentina, que entre otras cosas investiga el rol de Milei, hay otra radicada en los tribunales de Nueva York. 
 Toda la operatoria de esta estafa resulta palmaria, pero la investigación judicial marcha a paso lento. No hay reproches por parte de la burguesía ni mucho menos del imperialismo. El liberticida es considerado un activo político propio por Trump y su camarilla y la clase capitalista apoya su “contrarreforma laboral” que se apresta a arrasar con todos los derechos conquistados por los trabajadores. En definitiva, razonan, un desliz lo tiene cualquiera. 

 Jacyn
 30/01/2026

Milei suma a la Argentina al dispositivo fascista de persecución a los migrantes


El New York Times acaba de revelar las tratativas en curso -y próximas a concretarse- entre los gobiernos de Milei y Trump para que Estados Unidos “pueda deportar migrantes de otros países” a la Argentina. El diario agrega que “las conversaciones ponen de relieve el afán de Milei por reforzar su alianza con Estados Unidos y apoyar las medidas de represión del presidente Trump”. 
 El NYT advierte que el acuerdo implica para Milei el “riesgo de chocar con su propia campaña antiinmigración en su país” -esto, porque traería migrantes a la Argentina-. Pero según el acuerdo en discusión, Argentina recibiría a los deportados con el propósito posterior de “ofrecerle vuelos para regresar a sus países de origen”. Lo que está en discusión, por lo tanto, es el montaje de un sórdido campamento de deportados en Argentina, como estación intermedia para la remisión a sus países. Naturalmente, ello no sería contradictorio con la política de persecución a migrantes del propio Milei, sino que la potenciaría. En las últimas semanas, se han multiplicado las operaciones de persecución a migrantes en diferentes puntos de Argentina. Ese reforzamiento represivo no es ajeno al plan que se discute con Trump y Rubio.
 El diario neoyorquino señala que el subsecretario argentino de Política Exterior, Juan Navarro, ha presentado un plan concreto de recepción de deportados a la administración de Trump. Pero el “factótum” del plan sería el canciller y antes secretario de Finanzas Pablo Quirno, quien encabezó las negociaciones para el rescate financiero de Argentina semanas antes de las elecciones de octubre. Las condiciones políticas del “swap” de Scott Bessent comienzan a tomar estado público. 
 El viernes 30, en algunas avenidas de la Ciudad, se ha visto a la policía de Jorge Macri abordando ómnibus de pasajeros para pedir el DNI a los viajantes y recabar información digital acerca de ellos. Nunca visto con anterioridad, salvo bajo las dictaduras, se emparentan a las medidas en las ciudades santuarios de Estados Unidos para detectar inmigrantes y expulsarlos.
 El acuerdo por los deportados integra al Estado argentino a la cadena de acciones criminales que protagoniza el fascista Trump en su propio país -por caso, las razzias que la Gestapo trumpista, el ICE, perpetra en Minneápolis y otros Estados-. La integración de Argentina a ese dispositivo de represión masiva es un principio de cambio de régimen, en dos sentidos: por un lado, hacia un estado policial; por el otro, a la conversión de Argentina en otro Protectorado “de facto” del imperialismo norteamericano en el continente. El DNU que habilita a detenciones sin intervención judicial a los servicios de inteligencia, y la reciente intervención del puerto fueguino, un punto codiciado por la IV Flota del Pentágono, son inseparables del acuerdo que toma estado público en el mismo día en que se destaparon los arreglos económicos entre Milei y el creador de la criptoestafa Libra. 
 Preparemos una huelga general para derrotar la tentativa de convertir a la Argentina en un brazo de la Gestapo antimigrantes de Trump y poner fin al gobierno de la contrarreforma laboral. 

 Marcelo Ramal 
 30/01/2026

¿Se viene la HUELGA GENERAL en EE.UU.? Minneapolis le pone freno a TRUMP y a ICE | Red Internacional

Cuba frente al fascismo global y la guerra contra los pueblos | Entrevista a Abel Prieto

viernes, enero 30, 2026

Milei baila sobre una Patagonia en llamas


Unamos las luchas en una huelga general.

 En un mes de incendios devastadores Milei no puso un pie en la Patagonia, pero encontró tiempo para correr como un loco en el escenario de un teatro en Mar del Plata y enseguida salir de farra con sus compinches fascistas. 
 Milei no pisa la Patagonia porque tiene toda la intención de reforzar su política de ajuste y sabotaje a la lucha contra los incendios, como lo viene haciendo contra el conjunto de los trabajadores. La inversión pública ha caído un 27 % en 2025. Imitando a su tutor, Donald Trump, rechaza sumar a Argentina a la lucha contra “el cambio climático”. Los incendios en la Patagonia tampoco afectan a los ricachones nacionales e internacionales que han acaparado propiedades fabulosas en el sur del país; al contrario, la quema de bosques favorece la instalación de nuevos depredadores y usurpadores. La Patagonia representa, para Milei y sus secuaces, la posibilidad de lanzar la minería a cielo abierto y la destrucción de los glaciares. 
 ¿Y qué celebra? Celebra el éxito de la operación del secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, que le permitió esquivar el derrumbe financiero de Argentina en octubre pasado, y el pasaje a mejor vida de su gobierno antiobrero. Celebra también el reinicio de la bicicleta financiera que le permite a él y sus socios acumular ganancias enormes en un espacio corto de tiempo; esto significa, al mismo tiempo, el endeudamiento mayor de un Estado en default virtual. El problema es que ahora es Scott Bessent quien necesita un rescate, como consecuencia de la fuga de acreedores de la deuda pública norteamericana. El dólar va barranca abajo, el oro se ha ido por encima de los 5.000 dólares la onza y Trump se ve obligado a imponer un control estatal de las operaciones en Wall Street. Cuando la bicicleta financiera se termine, hacia fines de marzo, Milei no encontrará bomberos que lo rescaten. Mientras tanto, los despidos, suspensiones, parates y ajustes de salarios van englobando a un número enorme de los obreros de la gran industria y de la mediana. 
Como consecuencia, crecen las luchas, los bloqueos de fábrica, las ocupaciones de los lugares de trabajo. La tensión en los lugares de trabajo crece. Milei y Luis Caputo impulsan un ‘industricidio’ que favorezca la concentración de la industria en menos manos y, por sobre todo, el control de ella por el capital financiero. Este es el propósito estratégico del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y del acuerdo que está a la firma con Estados Unidos.
 En estas condiciones, el gobierno liberticida está preparando la madre de todos los asaltos: la contrarreforma laboral y la liquidación del sistema de jubilaciones; el aumento de la edad para jubilarse, la eliminación de la pensión por viudez y haberes de acuerdo a los años aportados ¡en un país con la mitad de la fuerza de trabajo en negro! Milei ha puesto en marcha la liquidación del régimen previsional de los docentes de todos los niveles. 
 La guerra de clase que Milei se apresta a llevar hasta sus últimas consecuencias sólo puede ser combatida (y abatida) por una lucha de conjunto. Este es el punto de partida para la comprensión de la situación política. Una lucha contra el Gobierno y el Estado. Una lucha política. 
 Estamos dando una batalla para alcanzar una comprensión común de esta situación, para preparar la huelga general contra el incendiario de la Patagonia.

 Nota de tapa de Política Obrera N° 136 edición impresa. 
 28/01/2026

La única amenaza contra la paz en la región la ejerce el Gobierno de Estados Unidos


El Canciller cubano denunció el brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, que ahora el Gobierno de Estados Unidos pretende someter a condiciones de vida extremas El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó «en los términos más firmes», mediante una publicación en X, la nueva escalada del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
 «Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país».
 «Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de EE. UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia». 
 Rodríguez Parrilla expresó, además, que la Casa Blanca «recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio». 
 En ese sentido, denunció ante el mundo el brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación, y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas, remarcó.

 Redacción Internacional | internacionales@granma.cu
 30 de enero de 2026 00:01:43

Choque de trenes y tragedia en España: la desidia capitalista a “máxima velocidad”


Una seguidilla de choques y descarrilamientos de trenes ha conmocionado a España y el mundo entero. El primer incidente y el de mayor magnitud fue un choque frontal de trenes de alta velocidad en Adamuz, causando 42 muertes, 40 personas que siguen desaparecidas y más de 150 heridos. A los dos días, en Gélida, un tren de corta y media distancia chocó contra un talud originado la muerte del maquinista y 37 heridos. Otro accidente sucedió también dos días después de éste, en Cartagena, cuando un tren de vía chocó contra un camión grúa, resultando en al menos seis heridos. Finalmente, en Catalunya descarriló un tren de cercanías tras impactar contra una roca en la vía. 
 El gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dicho que las causas de estos terribles accidentes se están investigando y que se "llegará a la verdad". Ya se ha descartado un ‘error humano’. En el choque de Adamuz, se presume que hubo una rotura de las vías y fallas en los sistemas de seguridad que no detectaron a tiempo la anomalía. Las primeras pesquisas de los expertos hallaron una junta rota en la vía cuyo desgaste indicaría que la falla llevaba tiempo presente y que se fue agravando con el paso continuo de los trenes por ese tramo de la vía. En el caso de Gelida, se desmoronó un muro de contención en un cuadro de fuertes lluvias, cuyos escombros fueron colisionados por el tren. En Cartagena, fue una grúa la que se encontraba en medio de la vía pero aun así se investiga posibles fallos en la señalización. 
 La oposición del Partido Popular (PP) denuncia a Sanchez por una supuesta “falta de transparencia” en la gestión del sistema ferroviario y señalan un "deterioro constante" del servicio. El derechista VOX ha responsabilizado directamente a Sanchez por los accidentes. 
  En el sistema ferroviario del Estado español, el tráfico de mercancías y la alta velocidad se encuentra bajo gestión de grupos privados que concentran el grueso de las inversiones de infraestructura a cargo del Estado. Esta modalidad es defendida por supuesto tanto por el PSOE como por el PP y VOX. Los servicios denominados de ‘cercanías’, por el contrario, llevan años de retraso en inversiones, mantenimiento y reparaciones, lo que ha llevado a una situación crónica de mal funcionamiento, retrasos y accidentes que afectan cotidianamente a millones de personas, en especial a los trabajadores. 

 Advertencias previas 

Ante lo sucedido, y por la muerte de tres maquinistas en total, el principal sindicato de maquinistas, el SEMAF (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios), ha decidido convocar a un paro los días 9, 10 y 11 de febrero. No es, como puede apreciarse, una acción inmediata ni una huelga general hasta que se garantice la seguridad completa del sistema. Responsabilizan al Estado por permitir un "deterioro constante" de la red y que cientos de reportes previos sobre el mal estado de las vías fueron ignorados "durante meses o incluso años". Un documento elaborado con anterioridad por el SEMAF detallaba que baches, desperfectos y desequilibrios en las líneas eléctricas aéreas provocaban averías frecuentes y daños en los trenes. También se señalaba que los conductores habían comunicado reiteradamente estas irregularidades sin que se adoptaran medidas correctivas. Estas advertencias se habrían limitado a reclamos formales que, como en todo el mundo, caen en saco roto. El SAMEF ya ha definido la culminación de esta huelga, señalado que luego se tomarían la atribución de disminuir la velocidad en los tramos que consideren inseguros. 
 En las últimas horas, el gobierno español anunció ‘mayores controles de la infraestructura ferroviaria’ y se ha reducido la velocidad en algunos trayectos, como los de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y entre la capital y Valencia. Esta incidencia ha provocado graves problemas de movilidad, pues cerca de 200.000 personas utilizan cada día este servicio, la mayoría trabajadores. La compañía ferroviaria Renfe puso en marcha un sistema alternativo de colectivos, pero es incapaz de absorber tal volumen de pasajeros. Desde el ministerio de transporte español defendieron la “infalibilidad” general del sistema de alta velocidad y afirmaron que “asumirán las responsabilidades necesarias si se demuestra una omisión en el mantenimiento de las vías”. La realidad es que luego de los accidentes, están presionando junto con las empresas para que se levante la huelga ferroviaria y se vuelva a la “normalidad” en el sistema de transporte que amenaza con caer en el colapso. 
 El sistema de alta velocidad de trenes Español es uno de los más modernos y utilizados en el mundo, luego de China. Sin embargo, todo el asunto se reduce a que el sistema otorgue mayor rentabilidad a costa de la falta de inversiones en infraestructura y seguridad necesarias. Es decir, a costa de la vida de los trabajadores ferroviarios y de los millones de usuarios. Bajo estas mismas condiciones sociales, aunque con trenes de última generación, España ha tenido su Once argentino. Solo una gestión del transporte, y de la economía en su conjunto, bajo el control directo de clase obrera puede garantizar un servicio de transporte seguro para la población.

 Emiliano Fabris 
 24/01/2026

Bolivia: Rodrigo Paz mantiene la iniciativa política y busca ilegalizar los bloqueos de carreteras y calles


Después de una gran lucha de los explotados bolivianos contra el decreto supremo 5503, que se extendió durante varias semanas con grandes movilizaciones y más de 65 bloqueos permanentes de las principales rutas del país, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira ha considerado oportuno que la asamblea nacional boliviana de a luz una ley antibloqueos. 
 En este momento existen alrededor de cinco proyectos con ese fin en el fragmentado congreso boliviano, por lo que el Senado ha creado una comisión “integral” para unificarlos y darle un tratamiento exprés. Si bien el Código Penal ya establece penas contra los piquetes y la presencia de dinamita en los mismos, no establece al bloqueo como delito, uno de los objetivos centrales del gobierno. Además, se busca subir las penas que ahora podrán ir desde tres a 20 años de prisión, imponer resarcimientos económicos a quienes se consideren afectados; y liberar de responsabilidades penales a las fuerzas represivas que actúen en los despejes.

 Maniobras

 La intentona fue rechazada por la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari (CSUTCB) junto a otras organizaciones sindicales y campesinas, pero hasta el momento ninguna ha decretado una medida de fuerza o paro de advertencia sino apenas un estado de alerta, sin abandonar su predisposición al “diálogo” con el gobierno. Paz Pereira no descarta poder tener su aval, como ya sucedió con los decretos que han impuesto el gasolinazo y otras medidas reaccionarias. El viceministro de Cooperativas, Pánfilo Marca, proveniente del sector de las cooperativas mineras, ha declarado “injusta” una ley antibloqueos (Visión 360, 20/1).
 El vicepresidente Edmand Lara, a través de sus redes sociales, denunció la iniciativa como una “trampa” que busca perseguir a opositores y reforzar la tendencia al gobierno por decreto por parte de Paz Pereira. Las relaciones entre uno y otro se encuentran totalmente rotas después de la exclusión del vicepresidente en el armado del gabinete y de la salida del decreto 5515, que habilita al presidente a seguir gobernando estando fuera del país, mediante vías tecnológicas. 
 Se han presentado distintas maniobras para hacer pasar la ley. El autor de uno de los proyectos, Carlos Alarcón, diputado de la alianza Unidad (un conglomerado derechista), ha propuesto la realización de un referéndum o consulta popular antes de su promulgación por el Ejecutivo (El Deber, 21/1). Paz ha instruido al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, del partido Demócrata Cristiano, a convocar “a todas las organizaciones sociales para socializar el proyecto, una vez que surja un dictamen único” (Ídem). 

 El MAS, ausente 

Ante este debate, nuevamente los restos del MAS no tienen protagonismo alguno. Evo Morales, que se encontraba desaparecido de la escena pública en las últimas tres semanas por encontrarse con dengue, dio un reportaje a TeleSUR denunciando la imposición de un “régimen autoritario” por parte de Paz Pereira por haber eliminado de la grilla estatal los canales RT y TeleSUR, pero sin decir una palabra sobre la ley antibloqueo u otros temas de choque entre las masas y el gobierno (TeleSURtv.net, 21/1). La ausencia de Evo Morales del escenario público alimentó los rumores de una posible fuga del país, como ya pasó con el ex presidente Arce y otros funcionarios del gobierno del MAS. Esto fue desmentido por sus allegados, quienes mantienen en el trópico de Cochabamba una guardia para evitar un intento de arresto, que habría sido exigido por el departamento de Estado norteamericano después de la invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Los lazos entre la Justicia boliviana y el imperialismo yanqui crecen día a día. El martes pasado, la sala plena del Consejo de la Magistratura sostuvo una reunión con la asesora de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para establecer “mecanismos de cooperación” entre ambos (La Razón, 21/1). 

 Guerra contra los trabajadores bolivianos 

Rodrigo Paz Pereira ha tomado nota de la necesidad de liquidar las respuestas de lucha de la clase obrera y los explotados bolivianos, después de que éstas le impusieron la abrogación de su decreto 5503 y por eso intenta ilegalizar los bloqueos, encarcelar manifestantes y dar la impunidad necesaria para ello a las fuerzas represivas. El quiebre de las luchas sociales es exigido por el gran capital extranjero en nombre de la seguridad jurídica para invertir y por los organismos multilaterales como el BID y el BM, que ya han aprobado una línea de créditos de hasta 8 mil millones de dólares con el condicionamiento de que no se destinen ni a gastos corrientes ni a la importación de hidrocarburos. 
 Paz Pereira tiene en vistas un ajustazo del 30% sobre el gasto en salarios estatales para reducir el “déficit fiscal”, en nombre de “planillas” e “ítems” “irregulares” (Opinión, 20/1), justo en el momento en que trabajadores de la salud se encuentran en un plan de paros intermitentes y la federación de Maestros Urbanos de La PAZ inicia una lucha por un salario equivalente al salario mínimo recientemente establecido en 3.300 pesos bolivianos. Por otro lado, insistirá, ahora por medio de proyectos parlamentarios, en su intento de avanzar en la explotación litera e hidrocarburífera por parte de capitalistas internacionales, mediante la eliminación de las consultas previas y la aprobación de la asamblea boliviana. 
 Paz Pereira asumió hace menos de dos meses prometiendo un rápido crecimiento económico, el fin del desabastecimiento de divisas e hidrocarburos y la drástica reducción del déficit fiscal y la inflación en tan solo tres meses. Por lo pronto, su gasolinazo ha oficiado como un acicate de la inflación y el desabastecimiento, que sólo en el 2025 ha reducido en un 50 % el valor adquisitivo de los ingresos de los trabajadores bolivianos, lo que ha llevado la pobreza por arriba del 40%, y la indigencia por arriba del 11%. Los grandes especuladores con la escasez de combustible y divisas -que incluyen a empresarios expendedores, bancos y sojeros- han encontrado nuevas formas de enriquecimiento con la medida del gobierno, mientras las masas sufren la carestía desatada.

 Julio Quintana
 22/01/2026

jueves, enero 29, 2026

Del “Rock del gato” a la “Derecha Fest”: el gobierno baila en el Titanic


El “tour de la gratitud” de Milei en Mar del Plata. 

 Milei está de gira. Luego de su paso por Davos, el presidente retomó su “tour de la gratitud” por distintas ciudades del país. El ministro de Interior, Diego Santilli, acompañando el tour, dijo que Milei “tiene que tener cuatro años más para hacer grande a la Argentina otra vez”. El “tour” no tiene previsto en su itinerario acercarse a las llamas que devoran parte de la Patagonia. 
 Con un enorme operativo de Gendarmería Nacional y del aparato del intendente del PRO, Guillermo Montenegro, Milei se instaló por dos días en Mar del Plata. Participó de algunos actos callejeros, recorrió la fábrica de helados Lucciano´s, se subió a un escenario teatral para compartir un show musical con su exnovia Fátima Flórez y cerró con su participación en el denominado La Derecha Fest. Las manifestaciones de repudio alcanzaron a superar en número a sus seguidores. Mientras Milei y Flórez arruinaban “El rock del gato” -hit de Los Ratones Paranoicos-, miles de hectáreas ardían en Chubut, a pesar del esfuerzo sobrehumano de brigadistas y pobladores por sofocar el fuego, sin recibir ningún apoyo del gobierno nacional. 
 Los organizadores de La Derecha Fest, el evento realizado por el sitio “La Derecha Diario”, esperaban, dijeron, cerca de 8.000 personas, pero llegaron menos de 2.000. A diferencia de otras ediciones, esta vez fue con entrada libre y gratuita, salvo para el periodismo que quiso cubrir el evento, al cual se lo confinó, nuevamente, a un “corralito”. 
 El evento, como es usual, no careció de grosería y momentos bizarros, como cuando la diputada libertaria Lilia Lemoine aseguró que “el fuego en la Patagonia lo empezaron los zurdos”. Sin embargo, el principal blanco de ataque del discurso presidencial en La Derecha Fest fue Paolo Rocca. 
 Rocca, CEO de Techint, fue un entusiasta sostén de Milei desde el inicio de su mandato, pero la política “aperturista” del gobierno ha plantado contradicciones insalvables. El empresario fue mencionado por Milei como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”. “La escalada contra Rocca sorprende porque al principio del mandato de Milei el vínculo era muy aceitado y permitió la llegada a la presidencia de YPF de Marín, que trabajó durante 35 años para el Grupo Techint” (LPO, 27/1). Este portal agrega que “la buena relación fue tal que el gobierno de Milei miró para el otro lado cuando, a finales de 2024, Marín le adjudicó al grupo de Rocca la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur, un negocio de USD 2.500 millones, en el marco de una licitación pública cargada de polémica”. La influencia del think tank de Techint también fue decisiva en el diseño de la contrarreforma laboral. Ahora, en cambio, Milei habló de los “empresarios prebendarios” que quieren “perjudicar a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos y pedir precios más altos”, en referencia a la licitación del gasoducto de GNL, que Techint perdió a manos de una empresa india. Milei sostuvo que "aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra". El discurso de Milei complementó los posteos de Federico Sturzenegger contra el empresario. 
 En lo que se refiere al ´costo laboral´, Siat Tenaris, del grupo Techint, impuso un régimen de turnos americanos para producir en el menor tiempo posible los caños sin costura para el Gasoducto Néstor Kirchner, todavía bajo el gobierno de los Fernández y Massa. Ahora, con la excusa de la competencia china, a la cual acusa de dúmping, viene llevando adelante una importante reducción de trabajadores precarizados y contratistas. Milei y Rocca habían sellado al parecer una alianza estratégica en la campaña electoral presidencial, cuando el actual presidente prometió en campaña que no iba a comerciar con “comunistas” -una referencia fantasiosa a China-. Del otro lado, Techint ha sufrido el impacto del ´arancelazo´ de Trump.
 En el escenario de La Derecha Fest, los choques con Rocca no fueron la única expresión de las contradicciones que atraviesa el gobierno. Además de Milei, Santilli y Montenegro, hablaron Patricia Soprano, empresaria “antiaborto”; Gabriel Ballerini, pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Bautista Vida y Esperanza; Agustín Laje y Nicolás Márquez, de la Fundación Faro, vinculados a la derecha norteamericana. Cuando tocó el turno al armador bonaerense Sebastián Pareja, fue recibido con chiflidos e insultos por parte de un sector del público. “Si bien los insultos fueron adjudicados a 'Las Fuerzas del Cielo', espacio que comandan Daniel Parisini, conocido en redes como 'Gordo Dan', y el diputado bonaerense Agustín Romo, desde ese sector le aseguraron a Clarín que no estuvieron vinculados con lo sucedido” (Clarín, 27/1). Pareja respondió a los cánticos en su contra, diciendo: "No se confundan muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera”. La “tropa digital” de Milei le respondió por las redes: donde continuaron los ataques (“El enemigo también sos vos, Pareja. No nos confundimos. Lo tenemos bien claro”. 
 Entre orador y orador, además de las imágenes de carros hidrantes reprimiendo manifestantes en el Congreso, se reprodujeron imágenes de los aviones F16 que compró el ministerio de Defensa, fotos de Nicolás Maduro que decían “vivo o muerto” y otras referencias a Venezuela. 
 La pobre concurrencia para el show de Milei en Mar del Plata refleja el escaso ascendiente actual del gobierno en la población. 

 El Be
 28/01/2026