Mientras tanto, otros soldados relatan más crímenes de guerra a la prensa.
Benjamín Netanyahu ordenó el domingo al jefe de Estado Mayor del Ejército, Zamir, al Shin Bet y al fiscal general que revelen “con urgencia” las identidades de los soldados y oficiales entrevistados en el documental "NAZA" y que los procesen por "graves delitos contra la seguridad de la información, difamación penal y daño a los intereses diplomáticos y de seguridad de Israel". El carnicero de Tel Aviv ya no miente que la película dé información falsa, ahora dice que difunde “información clasificada” y cuestiones que comprometen la seguridad nacional.
A menos de dos semanas de las elecciones, el hombre que se negó a formar una comisión investigadora de los sucesos del 7 de octubre, azuza el odio contra los militares que confiesan sus crímenes de guerra y postula la posibilidad de que "hayan cometido graves delitos penales al exponer información altamente clasificada y crear una brecha en la seguridad de la información de una unidad de inteligencia altamente sensible".
Es un intento de manipular a la población y volcar a su favor unas elecciones de suerte incierta, ya que hasta el fiscal general militar, Itai Ofir, puso en dudas la viabilidad de los procesamientos. Un proceso penal, dijo, “requeriría pruebas de violaciones de la seguridad o de divulgación de material clasificado”, sobre las que no hay ninguna certeza.
NAZA ganó el premio especial del jurado tras recibir la ovación más prolongada de la historia del Festival Internacional de Cine de Venecia. Su nombre proviene de un acrónimo utilizado por los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo.
El documental, dirigido por los cineastas ganadores de un Óscar, Yuval Abraham y Rachel Szor, y producido por The Guardian, detalla la matanza masiva de civiles en Gaza. La película, que se exhibirá en más de 50 países, se está proyectando en Europa y Estados Unidos, donde a pesar de no tener un distribuidor importante ya se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de medio millón de dólares en menos de dos semanas.
El gobierno israelí arremetió contra Abraham y Szor, amenazando con quitarles la ciudadanía y acusándolos de traición. También recibieron infinidad de amenazas de muerte en las redes y los partidarios del gobierno, que prometen impedirles regresar a Israel, organizaron piquetes frente a la casa de los padres de Szor en Savyon, coreando: "Pena de muerte para los traidores".
The Guardian aseguró que “en los últimos tres años, el equipo responsable de la película ha entrevistado a más de 100 fuentes familiarizadas con los sistemas de las FDI utilizados en la guerra de Gaza, incluidos comandantes de alto rango directamente implicados en la autorización de los ataques” y opinó que “el gobierno israelí intenta desviar la atención de las preguntas urgentes que plantea la película sobre los asesinatos en masa de civiles palestinos en Gaza".
NAZA se basa en revelaciones publicadas por primera vez por la revista israelo-palestina +972 Magazine, el medio en hebreo Local Call y The Guardian entre 2023 y 2025. En los últimos días, rozando el ridículo, el gobierno sionista ha promovido un proyecto cinematográfico que imita el estilo de NAZA, en un intento de cuestionar las conclusiones de la película original.
Los directores de NAZA afirman que “los ataques de Netanyahu contra nosotros son incitación al asesinato”. Efectivamente, el voltaje de las agresiones a judíos antisionistas en Israel crece exponencialmente, avalado por un gabinete fascista que impulsó (y aprobó) la pena de muerte exclusivamente para palestinos.
Pero la barbarie ya no se limita a los palestinos: la policía y los colonos apalean tranquilamente a los judíos antisionistas. El 9 de octubre dieron un paso más: una turba de colonos incendió la vivienda de un activista judío en Mea Shearim, un barrio judío de Jerusalén, mientras su familia estaba dentro de la casa.
Esta semana, la Comisión de Inmigración del Parlamento abrió una investigación sobre el caso de dos jóvenes judíos, de Estados Unidos y Reino Unido. Aunque reunían las condiciones para emigrar a Israel, el Ministerio del Interior rechazó la petición, vulnerando el hasta ahora intocable “derecho al retorno”, que otorga la nacionalidad a cualquier judío que quiera vivir en Israel. Los dos rechazados han participado como voluntarios en organizaciones de izquierda que apoyan a comunidades palestinas en Cisjordania.
Pero las amenazas han perdido su poder intimidatorio. Los soldados que reconocen los crímenes de guerra saltan por todos lados. Este domingo 12 de octubre, en un largo reportaje del diario Haaretz, soldados de los servicios de inteligencia y de drones detallaron los vertiginosos cambios de política a posteriori del ingreso de las milicias palestinas a Israel.
El gobierno ordenó una búsqueda frenética de datos sobre Hamas, por ínfimos que fueran, y para eso se decidió “la flexibilización de las normas de selección de objetivos, flexibilización de los criterios para clasificar a alguien como 'terrorista', se aprobaron ataques, aunque tuvieran el riesgo de generar cientos de bajas civiles y bajaron órdenes de que no se podía cuestionar las misiones” (Haaretz, 12/10). “Incluso el objetivo de menor rango justificó las bajas civiles”, dicen los informantes.
Otro cambio fue que “llegó a Inteligencia Militar gente que no pertenecía a la unidad, reservistas que ni siquiera habían servido nunca en inteligencia, traídos de todo tipo de lugares”, dice A. “Se sentaban buscando los objetivos más insignificantes, los peces pequeños, para poder matarlos. Cualquiera que mostrara símbolos de Hamás en Facebook o se identificara como miembro de Hamás era marcado como objetivo”.
Un tema recurrente en los testimonios es la diferencia entre la importancia de un objetivo, la magnitud del ataque y el número de víctimas civiles que se considera aceptable. Por ejemplo, para asesinar a un jefe de Hamas demolieron varios edificios con un saldo que superó los 300 muertos. “Me quedé atónito al ver que estábamos derribando varios edificios densamente poblados, matando e hiriendo a cientos de personas, para acabar con la vida de un comandante de batallón que, apenas unas semanas antes, ni siquiera era alguien sobre quien se suponía que debíamos recabar información”, dice un oficial de inteligencia.
Los palestinos que entraban a casas abandonadas o edificios dañados a buscar mantas, camas, sillas y comida fueron considerados una amenaza potencial y definidos como “objetivos”. “Sabemos que matamos a civiles inocentes durante la guerra. Son cosas que pasan. Pero en este caso, viste a un padre en el jardín bañando a sus hijos con una manguera, segundos antes de disparar. Sentí que estábamos llegando a nuestro límite moral”, confiesa otro entrevistado.
“Ya es hora de que las personas que redactaron esas órdenes asuman su responsabilidad, en lugar de intentar arrojar a los lobos a los soldados que, con valentía, contaron al público la verdad sobre cómo luchábamos”, afirma Nadav Weiman, director ejecutivo de Breaking the Silence, una ONG de exsoldados y reservistas que recoge testimonios sobre sus experiencias en los territorios ocupados.
Antes que se acallara el escándalo por las nuevas revelaciones, Der Spieguel, el mayor semanario de noticias de Europa, entrevistó a otros 10 soldados que estuvieron en Gaza. “La orden era: disparen a todo el que vean”, cuentan, y dicen que al principio les ordenaban derribar un edificio y después zonas enteras. Todos, excepto uno, pidieron permanecer en el anonimato y la mayoría se niega a volver a servir en Gaza.
El costo político de la masacre palestina, que ha convertido a Israel en el país más repudiado del mundo, comienza a carcomer a sus ejecutores.
Olga Cristóbal
