martes, febrero 24, 2026

El operativo contra el "El Mencho" en México, un salto en la injerencia yanqui


La "política antidrogas" como pantalla de la Casa Blanca. 

 El operativo en que fue abatido el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes (famosamente conocido como “El Mencho”) tiene todas las huellas de la injerencia estadounidense en México. 
 "Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia", señaló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas (sic) que envían drogas mortales a nuestra patria se enfrenten a la ira de la justicia (sic) que se merecen desde hace tiempo", se explayó. 
 Poco después de la operación del ejército mexicano, el propio Trump exhortó a México a "intensificar" sus esfuerzos contra los carteles. Léase: una mayor injerencia de la DEA y del imperialismo yanqui en territorio azteca.
 En febrero de 2025, Trump designó a los cárteles como organizaciones terroristas, con el propósito de justificar potenciales operaciones militares en territorio mexicano. Esto, en un contexto en el que Estados Unidos viene de invadir Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro, y cuando amenaza a Cuba y otros países como Colombia.
 Trump no es, de todos modos, el pionero en el uso de la política antidrogas como pantalla para afianzar la injerencia del imperialismo. Desde 2006, por auspicio de Washington, se aplica en México una militarización de la seguridad interna (la llamada guerra contra el narcotráfico), que tuvo consecuencias calamitosas. Las desapariciones de personas se estiman en decenas de miles y los abusos contra los derechos humanos fueron incontables. 
 En cuanto a los carteles del narcotráfico, en cambio, la militarización fue un fracaso rotundo, ya que lo único que consiguió fue una atomización de los grupos criminales, lo que creó, en muchos casos, una situación aún más conflictiva y violenta que la precedente.
 La presencia del Ejército en la mal llamada guerra contra las drogas solo terminó por profundizar las relaciones entre el narco y los militares, siendo estos incluso un factor de regimentación y represión de los trabajadores: el Ejército ha atacado protestas obreras y realizado maniobras de inteligencia contra periodistas y activistas. En 2014, estuvo involucrado en la desaparición de los 43 alumnos de la escuela rural de Ayotzinapa, caso emblemático del carácter de esta militarización.
 Los gobiernos "nacionales y populares" de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, del Morena, mantuvieron la militarización de México -instaurada por los gobiernos neoliberales- y se adaptaron a las presiones múltiples del imperialismo yanqui, como se observa, notoriamente, en la política migratoria.
 En el caso del operativo contra "El Mencho", Sheinbaum reconoció abiertamente una coordinación con Washington. Pocas semanas antes, le había dado a Trump otra alegría: cortó el suministro de petróleo a Cuba.

 Consecuencias 

México se convirtió en un terrorífico escenario de choques entre las fuerzas represivas del Estado y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el abatimiento de “El Mencho”. El gobierno de Sheinbaum desplegó alrededor de 10.000 militares en Jalisco y sus alrededores, ante la contraofensiva del cartel.
 El Mencho, quien era el criminal más buscado del mundo y ofició como policía jalisciense durante un tiempo, murió junto a otros tres miembros del CJNG en el marco de la intervención llevada adelante por el Ejército en la sierra de Jalisco. Otros dos resultaron detenidos. Asimismo, se incautó armamento de uso exclusivo militar, incluyendo lanzacohetes. Según dejó trascender un funcionario estadounidense en una entrevista con The Washington Post, una unidad de inteligencia de Estados Unidos que opera en una base aérea del estado de Arizona aportó los datos que permitieron dar con la ubicación del criminal (RT, 23/2). Su caída es la más importante desde la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, otrora líder del Cártel de Sinaloa, en el año 2016.
 La DEA opera en México realizando tareas de inteligencia, infiltrando espías y realizando acuerdos con los grupos criminales (Periodismo Internacional Alternativo, 23/2). Muchas de las armas que poseen llegan desde Estados Unidos, que es el principal receptáculo de la droga que se produce en México. También se sabe que el propio Ejército de México ha suministrado pertrechos a ciertas bandas. Bajo el reinado de El Mencho, el CJNG se especializó en drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas, convirtiéndose en el mayor proveedor de fentanilo para EE.UU. mientras se multiplican los “zombis” en sus calles. El narcotráfico es uno de los negocios ilegales más redituables bajo el capitalismo, junto a la trata de personas y la venta de armas. La connivencia entre los Estados capitalistas y los grupos narco se basa en su defensa. El dinero que surge de allí es blanqueado en el sistema financiero internacional, con los bancos jugando un papel clave. 
 La respuesta del CJNG ante la captura de su jefe consistió en disparos y detonaciones que han ido configurando un clima de terror en el país. Hubo alrededor de 250 bloqueos en las vías urbanas y carreteras de veinte ciudades, entre ellas Michoacán, Colima y Aguascalientes. Narcotropas tomaron el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y terminales de autobuses. Autoservicios, bancos, farmacias y comercios fueron incendiados. Familias se vieron violentadas a punta de pistola en la calle. Algunos gobiernos como los de Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México convocaron a sus gabinetes de seguridad. 
 El periodista mexicano Edgar Flores indicó, en diálogo con La Voz, que las bandas narco asesinaron a 25 efectivos de seguridad (de los cuales el 90% forman parte de la Guardia Nacional) y que incluso la violencia alcanzó a civiles. “La ciudad (en referencia a Jalisco) ha sido una auténtica zona de guerra; en 20 años que tengo en esto jamás había vivido un episodio tan terrible”, señaló. En muchos lugares se suspendieron las clases y la Cámara de Transporte convocó a los conductores a resguardarse. 
 El CJNG, cuya influencia en México ha estado creciendo desde 2010, sobre todo tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la caída del Cártel del Milenio, opera en 28 de los 32 estados de México y en más de 100 países, incluido Estados Unidos. En México operan otros grupos como el Cártel de Sinaloa, que funciona en Sinaloa y es el que posee mayor presencia en Estados Unidos; el Cártel del Golfo, cuya actividad se destaca en el Caribe Mexicano; y el Cártel del Noroeste, con base en la ciudad de Nuevo Laredo; entre otros. 

 Salida 

Solo una intervención de los trabajadores puede terminar con el narcotráfico en México y en la región, con medidas que ataquen la raíz del problema: desmantelamiento de las fuerzas represivas, expropiación y nacionalización bajo control obrero de la banca y los puertos (donde se lava el dinero narco, y por donde ingresan las drogas), y la expulsión del imperialismo. 

 Nazareno Suozzi

Sáenz, un promotor público de la contrarreforma laboral


Solo unas horas después de que el bloque de diputados salteños en su totalidad, los oficialistas de Sáenz y los oficialistas de Milei, votaran a favor de la contrarreforma laboral en el Congreso, el gobernador de Salta aprovechó los festejos oficiales por los 213 años de la Batalla de Salta, para reconocer que "el gobierno nacional se anima a tratar temas que nunca se trataron". 
 Oculto detrás del poncho, Sáenz se confiesa más papista que el papa, aunque de todos modos resulta por lo menos confuso, para una parte de los trabajadores, porqué los legisladores salteños que responden al saencismo critican la ley, pero de todos modos la aprueban. 
 Ya en la sesión de senadores de la semana pasada, la representante de Sáenz y de los capitales mineros, Flavia Royón, había votado a favor del proyecto de ley criticando la ley. Dijo en su alocución que: "con esta reforma no se solucionan los problemas y tampoco se genera empleo". Votó a favor pero también cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral, que representa un vaciamiento a los recursos previsionales, un punto de apoyo para una nueva privatización de las jubilaciones. En sus términos, representa un golpe a la recaudación del estado y en particular de las provincias. El mandato del gran capital es superior, ya que, "las reglas claras" que le atribuye a la contrarreforma laboral son la luz verde para que las patronales impongan condiciones de mayor precariedad contra la clase obrera para abaratar sus costos, sobre todo las empresas mineras, que en Salta gozan de un régimen de tercerización que las exime de responsabilidades patronales. Cuando se produjo la crisis del artículo 44, que ingresó por la ventana al proyecto de contrarreforma laboral, Sáenz, y después Royón, esperaron a que el gobierno nacional aceptara quitarlo del articulado para recordar que descontarles el salario a los trabajadores que solicitan licencias por enfermedad y accidentes no sería "saludable". 
 Públicamente el gobernador de Salta salió al rescate de la Ley, justificó el conjunto del articulado reaccionario y antiobrero en nombre de retirar el artículo 44. La abolición de la jornada de 8 horas y la eliminación de las indemnizaciones no serían un problema para Sáenz y sus legisladores. 
 Ya no es un secreto que el salteño se haya convertido en un pilote de la política liberticida de Javier Milei en el Congreso, como un representante de los intereses capitalistas del norte del país, una especie de caudillo federal de la burguesía. Durante la última sesión de diputados que terminó por aprobar la contrarreforma laboral, el salteño hizo gala de la arquitectura legislativa que ha conformado con el bloque Innovación Federal, que integran diputados de Misiones, San Luis, Formosa y Salta, para facilitar el quórum y luego sumar votos positivos. 
 En el caso de Diputados, fue Pablo Outes, exfuncionario del riñón del saensismo, quien tomó la palabra, con dificultades para hablar de hecho, para defender la contrarreforma laboral en nombre de la abrumadora precariedad laboral que reconoció existe en Salta. En su alocución dijo que el modelo de reforma que estaban votando sirve para las provincias del interior en donde el 50 % de los trabajadores está en la informalidad. 
 Outes se equivoca, según los últimos relevamientos oficiales, en Salta, el 60 % de los trabajadores se encuentra en la informalidad: tres mil de ellos por lo menos, son ordenanzas de escuela bajo los programas "volver al trabajo", contratos firmados con municipios, para tareas de limpieza y mantenimiento de las escuelas por $100,000; trabajadores de la salud, agentes sanitarios, enfermeros y médicos que el gobierno de Sáenz contrata como monotributistas; ocurre lo mismo con la totalidad de la planta de docentes de la UPATECO, solo por mencionar algunos en el estado.
 El gobierno de Salta se valió, al igual que las patronales, de todos los mecanismos que habilitaron los gobiernos capitalistas, para precarizar a los trabajadores. Las estadísticas que usan Sáenz y Outes para justificar sus votos en el Congreso, son su propia responsabilidad. Su defensa común con el bloque de LLA de la contrarreforma laboral tiene el propósito de legalizar la situación de informalidad que antes los condenaba. 
 En los últimos años han crecido en Salta los accidentes laborales, sobre todo en sectores de construcción e industria; sin embargo el gobierno se jacta de haber reducido la litigiosidad. A propósito del debate de la contrarreforma laboral en el senado en diciembre pasado, Flavia Royón reivindicó que en Salta se haya incorporado a un cuerpo de médicos forenses para los juicios por accidentes de trabajo. A la senadora saencista no la entusiasma que hayan bajado los accidentes sino lo contrario, que en una tendencia al alza de los accidentes laborales, las denuncias se desmantelen antes de llegar al juicio. Entre patrones se cubren las espaldas. Anoche en la sesión, otro peronista como Outes, le revoleó el carpetazo de un juicio laboral que el saencista perdió contra un obrero, que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en su empresa de adoquines; el hombre perdió la movilidad en el 84 % de su cuerpo, Outes jamás cumplió con el pago de la indemnización. Sáenz y sus legisladores defienden la contrarreforma laboral porque representa una defensa de los intereses de su propia clase social, contra los trabajadores. 
 La preocupación mayor del gobernador salteño es en lo inmediato, su reelección como gobernador en dos años o eventualmente su incursión en algún cargo nacional. Con el libreto liberticida, Sáenz viaja a Nueva York la próxima semana para no perder terreno en la disputa por el protectorado de Estados Unidos sobre Argentina, sus recursos naturales y particularmente el litio. 
 La masa de trabajadores en Salta, los más y menos precarizados, tienen algo en común: un empobrecimiento galopante que los fuerza a recorrer una experiencia acelerada contra los gobiernos patronales. En la tierra de los autoconvocados docentes, esa profunda tendencia de lucha, tiene que discutir con qué dirección política enfrentará la próxima etapa, marcada por giros, contragiros, crisis y revoluciones.

 Violeta Gil 
 22/02/2026

Galeno ART: cierre y despidos


La aseguradora de riesgo de trabajo Galeno ART, el mismo día en el que FATE despedía a 920 trabajadores, entró en liquidación forzosa, dejando como saldo 600 trabajadores sin empleo. 
 Luego de que Galeno no presentara el plan de regularización exigido para revertir un déficit de capital mínimo de $ 12.954 millones, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sentenció la disolución de la empresa aseguradora. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996. 
 El grupo liderado por Julio Fraomeni inició a finales del 2025 un proceso de liquidación que terminó de efectivizarse con la revocatoria de su autorización para operar por la SSN. 
 La caída en desgracia de Galeno se da en un marco de record de juicio laborales, que en 2025 superó holgadamente los 130.000, dando cuenta de las condiciones de higiene y seguridad de las fábricas y lugares de trabajo. En 2017, cuando también se registraron más de 130.000 juicios, el gobierno de Mauricio Macri, con el aval de la UIA y de la burocracia sindical, reformó la Ley de Riesgo del Trabajo fijando parámetros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada provincia, pero en la práctica no han sido puestos en funciones, una de las demandas de las ART, y denuncian, en términos de sus intereses, un “abuso” de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol, presidente de la cámara empresarial señala que "el Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses". Al día de hoy las ART le dan cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país.
 En este cuadro de situación, las ART miran de reojo la contrareforma laboral, ya que, especialistas en la materia señalan que de la ley se desprenden “ambigüedades” en algunos artículos, como los relacionados con la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de cálculos indemnizatorios que generarán un gris que terminará resolviéndose en los tribunales, incrementándose la litigiosidad. Desde las ART claman para que la reforma laboral incluya medidas que terminen con “el flagelo de juicios por riesgos del trabajo". Desde LPO señalan que “una de las ART líderes se contactó con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad. ‘Las ART ya fueron’, fue el mensaje que se escuchó en el Ministerio de Modernización” (LPO, 19/2). Ante la avanzada “modernizante” de los liberticidas contra las condiciones de trabajo, para terminar con la mercantilización de la salud de los trabajadores es imprescindible un seguro del Estado bajo control de los trabajadores, por medio de comisiones obreras electas y con derecho a veto sobre condiciones laborales. A su vez, la cuestión seguridad e higiene debería formar parte de las paritarias, por medio de representantes electos por los trabajadores. La mejor “ley” sobre enfermedades y accidentes laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general de 1975. Allí, se impusieron en los convenios de ese año, las mejores condiciones laborales de la historia de la clase obrera argentina: la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores y las cláusulas gatillo frente a la inflación; además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que reducían accidentes. Desde la dictadura militar, pasando por los sucesivos gobiernos sólo se actuó destruyendo los convenios del ’75. 

 Lucas Giannetti
 22/02/2026

Los trabajadores de FATE dan la pelea


Por una asamblea general de todo el Neumático, para derrotar a la patronal y al gobierno. 

 Ya transcurrieron cinco días del cierre de la planta de FATE por parte de su patronal, y de la determinación de una vanguardia de la fábrica de ocupar su predio en rechazo al cierre y a los despidos.
 Desde entonces, la patronal y el gobierno han desplegado una escalada de maniobras contra los trabajadores. El propósito es desmontar la ocupación de la planta, consumar el cierre y asestarle una derrota al conjunto de la clase obrera del Neumático. 
 El gobierno ha dictado una conciliación obligatoria que sigue la ruta de otras “conciliaciones” recientes, en el Neumático y en otras industrias: apunta a desmovilizar a los trabajadores, mientras la patronal desconoce sus términos aparentes y prosigue con su ofensiva. En FATE, la empresa no ha tomado la menor iniciativa para reabrir la planta: adujo, primero, falta de “materias primas”, lo que los trabajadores desmintieron; la planta se encuentra en perfectas condiciones de producir de inmediato. La verdad es otra: en estas horas, la gerencia patronal está lanzada a una ofensiva de ofrecimientos económicos a los trabajadores -muchos todavía se encuentran dentro de su periodo de vacaciones- para que se desvinculen. 

La patronal y el gobierno 

 La patronal de FATE ha protagonizado diferentes choques con los gobiernos de turno, en torno al comercio exterior (exportación-importación). Esas divergencias existen también con el gobierno de Milei. Pero a Madanes y a Milei los une un objetivo estratégico: destruir a la vanguardia de trabajadores que se ha desarrollado en FATE. La escalada de “retiros” o arreglos no tiene el propósito de reanudar la fábrica con un efectivo de trabajadores menor - el “núcleo duro” rechaza los resarcimientos. Madanes quiere consumar el cierre de FATE; el gobierno también. Por un lado, para reemplazar al personal actual por otro encuadrado en la contrarreforma laboral y sin la misma tradición de lucha. Del otro, para llevar la presión política al límite; el activo industrial de la planta no se encuentra en venta, ni hay acreedores defaulteados. Las patronales de Pirelli y Bridgestone miran con expectativa a FATE: esperan su desenlace para avanzar en su propio “industricidio”. La propaganda oficial y patronal envenena las pantallas de la tele y las páginas de los diarios culpando a los trabajadores de la crisis industrial. Esa crisis, por donde se la mire, es resultado del parasitismo capitalista: Madanes, como toda la gran patronal nacional, ha lucrado con los intereses de la deuda pública y se propone poner a la planta a producir bienes relacionados con la “energía” (paneles solares, baterías), o sea llegar a un acuerdo con los productores de China. 

 Los trabajadores 

 El “desacato” de la patronal a la conciliación es completo. La vanguardia de la lucha que el miércoles pasado se subió a los techos de la fábrica no se ha movido de allí, y lo mismo ocurre con la presencia de compañeros en el predio exterior a la planta. La directiva del Sutna se encuentra a la retaguardia, entre festivales y audiencias. Reúne asambleas erráticas e informativas, o sea sin debate ni resoluciones, ni tampoco del conjunto de las fábricas del gremio, o coordinadoras de la zona norte del conurbano.
 Una parte sustancial de los trabajadores de FATE permanece a la expectativa de los acontecimientos. La gran mayoría no se ha acogido a los arreglos. Muchos compañeros se acercan a la planta ocupada. Está ausente un camino de lucha que envuelva al conjunto del sindicato del Neumático. O los trabajadores quiebran la voluntad de cierre de la patronal por la vía de la ocupación y de la lucha, o la patronal cierra y despide a los 920 efectivos y al conjunto de los tercerizados. 
 El reclamo por la reapertura de FATE no puede quedar en la denuncia del “no acatamiento de la conciliación” por parte de la patronal, cuyo plazo, por otra parte, es de diez días. 
 En momentos en que la patronal está empeñada en dividir con maniobras a la base de trabajadores, se impone la convocatoria a una asamblea general de trabajadores del Neumático en las puertas de FATE; acompañadas por un paro general del Neumático garantizado con piquetes en las tres plantas. La decisión de la base de volcarse a la ocupación no ha sido una suma de actitudes individuales - es una consciencia colectiva y responsabilidad de la dirección. Un plan de lucha del Neumático, resuelto en asamblea general, puede convocar y conquistar el apoyo y piquetes de las fábricas de la zona, de las otras fábricas del grupo, como Aluar, y de toda la clase obrera.
 La primera gran batalla contra la reforma laboral se libra en San Fernando.

 Comité de Redacción Política Obrera
 23/02/2026

lunes, febrero 23, 2026

La ley de amnistía absuelve al aparato represivo cooptado por la CIA


Deja afuera a los dirigentes de la oposición en Venezuela. 

 La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que permite la liberación de una parte de los presos políticos que permanecen detenidos o condenados. 
 La presidenta Delcy Rodríguez promulgó la ley dos horas después y pidió revisar los casos no contemplados en el texto para beneficiar a más personas, en un intento de lograr una absolución para los propios. “Hay que saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón”, dijo en una alusión a un borrón y cuenta nueva para todas y todos, chavismo incluido. “Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, reclamó Nicolás Maduro desde la cárcel en Nueva York, según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ante manifestantes chavistas reunidos la semana pasada. 
 La oposición remarcó que no se trata de una amnistía verdadera. María Corina Machado declaró que no puede haber perdón sin memoria, en clara alusión a la falta de juicios y condenas de la represión por parte del gobierno. La ley fue aprobada después de semanas de discusión. Una de las disputas fue provocada por la inclusión, entre los amnistiados, de los acusados por violaciones a los derechos humanos. Esta inclusión explícita finalmente fue abortada debido a la presión internacional. La Corte Penal Internacional tiene procesos iniciados contra el gobierno venezolano. Es el mismo argumento que utilizan los genocidas de Argentina para evitar las extradiciones a Europa. En el caso de Venezuela, el gobierno español no se dio tiempo ni a respirar antes de reclamar que se le quiten las sanciones a Venezuela no bien fue sancionada la ley. El consenso internacional ya no le reclama elecciones libres al chavismo residual. Basta con que haya entregado el manejo de los hidrocarburos y esta “amnistía” que no autoriza la oposición política activa.
 El otro gran cuestionamiento es el alcance para los exiliados. Esto fue salvado permitiéndoles ser representados por un abogado pero, como la ley contempla que tienen que comparecer en el país, hay duda sobre las garantías de no ser apresados cuando retornen. Además, quedan fuera de la ley los acusados que promuevan una invasión extranjera en Venezuela, en clara alusión a María Corina Machado y Leopoldo López, y el texto exige que los beneficiados “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una condición que deja afuera a quienes continúan su activismo desde el extranjero. 
 En una sincronía que parece pautada, Donald Trump le revocó el Estatus de Protección Temporal a 600.000 venezolanos exiliados y se ha apresurado a expulsarlos. Es el caso de Carlos Roberto García, exalcalde de Mérida, quien fue acusado por el gobierno de Maduro por no reprimir las movilizaciones opositoras en 2017. 
 Delcy Rodríguez ordenó la liberación de presos políticos desde los primeros días de ejercer el protectorado. No obstante, la mayoría recibió medidas de libertad condicionada. Hubo familiares de presos políticos en huelga de hambre hasta que se promulgó la ley. Juan Pablo Guanipa, uno de los primeros liberados, fue nuevamente encarcelado por iniciar una manifestación reclamando la liberación de la totalidad de los opositores. Por presión internacional fue nuevamente liberado y cuestionó con dureza la ley aprobada por la Asamblea Nacional, y sostuvo que no constituye una amnistía real. “Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, afirmó. El opositor aseguró que la liberación de los presos políticos no constituye un acto de clemencia. “Ninguno de ellos debió estar preso”, indicó y denunció que persisten violaciones a los derechos humanos en el país. “Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”, afirmó.
 La ley, compuesta por 16 artículos, no especifica de manera detallada los delitos alcanzados por la amnistía ni prevé la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación, aspectos que habían sido considerados en versiones anteriores. 
 Mientras funcionarios oficiales aseguran que cerca de 900 personas fueron liberadas en el último año, la organización Foro Penal contabiliza 450 excarcelaciones de los considerados presos políticos desde el 8 de enero. Resta todavía liberar a 644, según estos datos. 
 El protectorado de facto que inauguró Donald Trump el 3 de enero, lejos de abrir un período de primavera política, precisa de un reforzamiento del aparato represivo del chavismo residual, al cual tiene pensado mantener regimentado, articulándolo con la CIA.
 Mantener encorsetada cualquier oposición popular al protectorado de Trump es necesario cuando, según datos de las mismas autoridades venezolanas, se espera para 2026 una inflación superior al 800 %, la deuda pública supera el 180 % del PBI y la pobreza sigue en aumento. 

 Aldana González 
 22/02/2026

Un fallo de la corte derechista de Estados Unidos golpea el orden imperialista internacional


Cómo se forma un período de guerras y revoluciones. 

 Desde el inicio de su segundo gobierno, Donald Trump ha convertido a los aranceles de importación en un arma de la guerra imperialista mundial. Estados Unidos no es solamente el mayor mercado internacional para las mercancías extranjeras, sino que registra también el mayor déficit de comercio exterior. La absorción de los excedentes de la producción extranjera lo ha convertido en un pulmotor de la economía mundial. El balance de estas cuentas contradictorias ha sido establecido por el incremento de la deuda pública norteamericana, que supera los 38 billones de dólares y paga intereses anuales de 1 billón. Los países con superávit comercial con Estados Unidos han financiado la salida de sus excedentes mediante la compra de la deuda estadounidense. El mecanismo de la deuda pública ha inundado a los mercados internacionales de un creciente capital ficticio, que está compuesto por las deudas públicas, por las deudas privadas que se pueden obtener ofreciendo un bono del estado, por la capitalización de los intereses de esas deudas y por las deudas generadas en cada uno de los mercados nacionales. El capital ficticio, a ojos de buen cubero, es veinte veces superior al PBI internacional, que supera los 120 mil billones de dólares. 
 Dicho esto, el viernes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales los decretos de Trump que han impuesto aranceles extraordinarios al resto del mundo en los últimos casi diez meses. A la Bolsa de Nueva York le llevó solamente un día hacer algo parecido el 4 de abril del año pasado, al derribar una suba de aranceles fuera de toda proporción, con un derrumbe de acciones y títulos públicos, conjuntamente. Trump se vio forzado a rebobinar y bajar considerablemente las tarifas, con algunas excepciones relevantes (China, Vietnam, Brasil). El propósito de esa suba estrafalaria aranceles era reequilibrar el comercio exterior de EEUU (en especial en cuanto a manufacturas) y recaudar un dinero suficiente para reducir la deuda pública mediante el pago en efectivo de los intereses. De acuerdo a cálculos oficiales, habría obtenido un adicional de 180 mil millones de dólares en estos meses –un 80 % del aumento de la recaudación en el período-. El financiamiento del estado mediante derechos de exportación era una práctica corriente en el siglo XIX, cuando los sistema financieros e impositivos internos aun tenían escaso desarrollo. Como lo acaba de hacer valer la Corte norteamericana, sólo el Congreso tiene la facultad de legislar sobre esos derechos. Lo singular del caso no es esto, sino que esta misma Corte, con amplia mayoría de derecha y ultraderecha, no ha hecho respetar el mismo precepto constitucional cuando se trata de la guerra o de la deportación sin proceso de personas, y es responsable de la derogación del derecho al aborto, que en Estados Unidos es de jurisdicción de los estados federales. Tampoco ha intervenido para juzgar a Trump por el intento de golpe del 6 de enero de 2021, como lo ha hecho la Corte brasileña con Bolsonaro o lo acaba de hacer, a cadena perpetua, la Corte de Corea del Sur con el destituido presidente, culpable de organizar un golpe militar. En cualquier caso, la declaración de inconstitucionalidad de los aranceles de Trump habría sorprendido a la camarilla de gobierno, porque las audiencias judiciales del caso parecían indicar una tendencia a reconocer esa facultad al poder ejecutivo. 
 La sentencia de la Corte, obviamente, ha sido saludada por aquellos que quieren creer que Trump es una pesadilla nocturna, que se disiparía en las elecciones parlamentarias de fin de año y en las presidenciales de 2028. Frente al ‘autoritarismo’ y el estado de excepción, incluso con jueces de derecha, triunfa el estado de derecho y la división de poderes; los moros fascistas por la costa son un espejismo de políticos catastrofistas. Pero dimes y diretes aparte, la cuestión es si el imperialismo norteamericano se encuentra en declinación o no, en el marco de una decadencia histórica del capitalismo y en un período de guerra mundial. La conversión de Estados Unidos en una nación en guerra no se va a transitar en línea recta; los tropiezos, reversiones y rebeliones están claramente inscriptos en una crisis de naturaleza histórica. Trump ha sufrido un duro revés en Minnesota, y se ha visto obligado a reacomodar el juego. Es muy probable que el fallo de la Corte constituya una respuesta preventiva al intento declarado de Trump de copar la Reserva Federal. Que la oligarquía financiera norteamericana apoye el ajuste fiscal, el despido masivo de funcionarios estatales y los subsidios a las compañías de Inteligencia Artificial (algo que había empezado Biden), no significa que esté dispuesta a entregarle las llaves del Banco Central, el sistema cardíaco del capitalismo. Ni Hitler pudo lo que quiere Trump; Hjalmar Schacht, un ‘liberal’, mantuvo el control de Banco Central de Alemania (1934-39) para financiar el veloz rearme alemán con una política monetaria ‘creativa’ pero ‘ordenada”. Las contradicciones del trumpismo norteamericano son tan explosivas como infinitas.
 El fallo de la Corte ha creado contradicciones insolubles en la práctica. Habilita el reclamo de la devolución de los aranceles pagados por los importadores, lo que lleva a cuestionamientos judiciales sin términos. Por otro lado, los importadores trasladaron el impuesto a sus clientes, que se cuentan por millones. La legislación arancelaria norteamericana es tan diversificada que autoriza el establecimiento de tarifas por parte del Poder Ejecutivo, por distintas razones y emergencias; los altísimos gravámenes al acero, aluminio, medicinas y otros rubros siguen en pie. Mediante la invocación a una ley de 1974, Trump ha respondido con la imposición de una tarifa generalizada del 15 %, por al menos cinco meses. Esta decisión ha desatado una crisis político comercial internacional verdaderamente inusitada y por demás explosiva. 
 Ocurre que esta tarifa del 15 % altera acuerdos ya firmados con una gran mayoría de países. Trump ha advertido que cualquier revisión de esos acuerdos sería declarada hostil por parte de Estados Unidos. Argentina, por caso, ha firmado un acuerdo leonino a favor de EEUU, pero que incluye el nuevo arancel general del 15 por ciento, que ahora deberá pagar. China y Brasil, dos adversarios comerciales de Trump, salen beneficiados, porque los aranceles que ahora se derogan son más costosos para ellos que ese 15 por ciento. Lo contrario ocurre con los ‘aliados’ europeos; Gran Bretaña acordó con Trump tarifas bajas, que integran el paquete derogado por la Corte, y pasará a tener que pagar el nuevo arancel general. La encrucijada política del resto del mundo es sencillamente brutal: o reclaman la vigencia de lo establecido por la Corte, que beneficia a una mayoría de otros países, o se someten a una orden inconstitucional de Trump, lo cual los convierte en semicolonias. Peor aún, debería desatar una crisis constitucional en cada país entre los poderes legislativos y ejecutivos. El Congreso de Argentina no podría aprobar el acuerdo que Milei firmó con Trump, porque sencillamente ha dejado de estar vigente. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump, ha declarado que el nuevo 15 % recaudaría la misma suma que lo que aportaron los aranceles derogados. 
 De las numerosas enseñanzas que se desprenden de esta crisis, hay una que prevalece: la crisis irreversible de la dominación imperialista internacional pone en crisis a los regímenes políticos de cada uno de los estados y representa un obituario para el estado de derecho que reivindica el orden capitalista. El antagonismo entre el desarrollo de las fuerzas productivas, por un lado, que solamente puede ser internacional, y los estados nacionales y las relaciones de producción capitalistas, del otro lado, ha llegado a un paroxismo histórico. 
 Acorralado por la crisis política norteamericana, Trump se apresta a lanzar una guerra contra Irán y el Medio Oriente. 

 Jorge Altamira
 22/02/2026

domingo, febrero 22, 2026

Comienza el segundo juicio de lesa humanidad contra la CNU La Plata


Por secuestros y asesinatos cometidos entre 1975 y 1976. 

 El próximo lunes 23 de febrero, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad a Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio de Jesús, este último sin condena previa, todos integrantes de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), una organización paraestatal de la derecha peronista que operó en la capital provincial entre 1974 y 1976.
 Formarán parte 13 casos: Jorge Rosendo Ruda , Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz , Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera, cuyas víctimas fueron trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra ciudad durante esos años.
 Desde la querella colectiva Justicia Ya! La Plata –de la cual forma parte la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)– venimos denunciando desde el 2006, cuando comenzó el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, que este tipo de juicios fragmentados y demorados son funcionales a la impunidad y al objetivo de reconciliación y negación del genocidio.
 La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables. 
 Si con la intervención de las organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado hemos podido hacer que la justicia reconozca el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio –es decir, la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen–, mucho falta por avanzar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe. 
 Castillo y Pomares operaron como jefes de la CNU La Plata antes de la dictadura, reportando directamente al gobernador peronista Victorio Calabró, y siguieron actuando al mando de los grupos de tareas luego del golpe. El “Indio” Castillo en los 80 participó como apoyo en los levantamientos de los carapintadas y en la década de los ’90 estuvo a las órdenes de Aldo Rico en el Modin. Trabajó en el Congreso Nacional como asesor del diputado carapintada Emilio Morello.
 “Tony” Jesús, a la vez que trabajaba en el Hipódromo, hacía lo propio como preceptor en el Colegio Nacional. En febrero de 1984 entró como empleado a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde fue nombrado director de Referencias Legislativas en diciembre de 2003, cuando el presidente de la Cámara era el duhaldista Osvaldo Mércuri. A raíz de las publicaciones de Miradas al Sur sobre la CNU, la Secretaría Legislativa le pidió la renuncia.
  Pormares entre 1974 y 1976 tuvo un cargo en el Ministerio de Economía provincial y estuvo ligado también a la Juventud Sindical Peronista. Lo detuvieron junto a Castillo el 29 de abril de 1976.Se recicló en democracia como asesor del bloque del FpV en el senado provincial y en cargos municipales en las gestiones de Julio Alak, actual intendente de La Plata, y Pablo Bruera, fue congresal del Justicialismo bonaerense. Trabajaba en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde pocos días antes de su detención había sido nombrado en la Planta Permanente con la categoría 13.
 Castillo es el único que se encuentra cumpliendo condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Jesús y Pomares gozan del beneficio de arresto domiciliario. Sobre Pomares, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al TOF 1 de La Plata revisar el criterio por el cual fue absuelto por los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli por el beneficio de la duda en el juicio previo que se realizó en 2017. 
 Este juicio se desarrolla en un contexto de un brutal ataque contra las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores, pronto a cumplirse 50 años del último genocidio, es necesario formar parte de los juicios de lesa humanidad como se hizo en los tribunales federales de calle 8, entre 50 y 51ª las 9.30
 ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas! Fue genocidio, con 30.000 desaparecidos. 

 Pía Garralda

"No son peronistas traidores, es una disidencia articulada para que salga la reforma laboral"


Los diputados del Frente de Izquierda denunciaron la complicidad peronista en la aprobación de la reforma esclavista. 
 El gobierno logró el quórum gracias a legisladores peronistas.

 La aprobación de la reforma laboral en Diputados volvió a contar, como ocurre con todas las leyes troncales del gobierno de Milei, con la colaboración de la cantidad necesaria de peronistas.
 En una jornada de contundente paro nacional en rechazo a la reforma esclavista, el oficialismo pudo sesionar gracias a que dieron quórum los legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, además de los de Gustavo Sáenz de Salta, y el santacruceño Claudio Vidal que mandó a José Garrido a sentarse en su banca.
 A la hora de la votación, mientras sonaban cacerolas en todos los barrios porteños luego de la represión a los manifestantes que quedaban por la tarde en Congreso, aportaron votos desde Provincias Unidas y también de La Neuquinidad. 
 "Nosotros no creemos en esto de los peronistas traidores. Ya son muchas veces. Esta es una disidencia articulada. ¡Hay que poner los huevos y los ovarios para salir ahora millones de argentinos contra esta reforma esclavista y contra toda la política entreguista del gobierno de Milei!".
 Fue Néstor Pitrola quien, con esas palabras, denunció todo esto en plena sesión, cuando intervino para la presentación del dictamen del Frente de Izquierda en rechazo a la reforma laboral. Después de impugnar punto por punto los ataques a los derechos de los trabajadores y acusar que se empuja al movimiento obrero al siglo XIX, cuestionó también el carácter dominguero que la CGT le dio al fuerte paro nacional. 
 Contra ese colaboracionismo de la burocracia sindical peronista, que viene negociando solo salvar sus cajas mientras barren las conquistas obreras, resaltó la importancia de la movilización del sindicalismo combativo para abrir la perspectiva de un plan de lucha hacia la huelga general. 
 Romina Del Plá fue otra diputada del Frente de Izquierda que señaló, además de a quienes dieron quórum y votaron la ley, que "también son cómplices los que han permitido que avance el trabajo precario y el monotributo en el empleo público y privado, que ahora es el argumento para arrebatarle derechos a los trabajadores que han podido defenderlos". 
 Así, dio una significación profunda a la complicidad peronista con esta reforma antilaboral, bajo cuyos gobierno se generalizó la evasión de los convenios colectivos de trabajo y los derechos de una enorme masa de trabajadores que sufren el fraude laboral y la tercerización, que se quiere legalizar con la ley esclavista. Es por su carácter de fuerza política capitalista que el peronismo no se plantea voltear esta ofensiva del gobierno de Milei.
 Como agregó también Romina, en la vereda de enfrente estamos los compañeros de Mariano Ferreyra, asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria cuando acompañaba la lucha de los tercerizados por el pase a planta; los compañeros del Polo Obrero, que organizan la lucha contra la desocupación y la precarización laboral; y quienes avanzan con este ataque no saben que se enfrentan a un movimiento obrero que se empieza a rebelar contra semejante atropello.
 Al calor de las peleas que se vienen, se va a forjar una nueva dirección política de los trabajadores, para dejar atrás las "traiciones" del nacionalismo burgués. 

 Prensa Obrera

Perú: el Congreso destituye al presidente del “Chifagate”


Estados Unidos pide “cambiar el menú”. 

 La presidencia de José Jerí concluyó en tan solo cuatro meses. Ninguno de los escándalos previos a su asunción como presidente interino -corrupción, abusos sexuales- generó el menor revuelo político dentro del Congreso. Fue un evento casi menor el que disparó su rápida destitución. El término “Chifagate” hace referencia a sus reuniones clandestinas con empresarios chinos ligados a los contratos estatales. Las relaciones sino peruanas han crecido exponencialmente desde el año 2010, en detrimento de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. El presidente, cruzado por diversas causas judiciales desde su asunción como diputado, sólo aceleró la censura en su contra “por inhabilitación moral”. Será reemplazado por un diputado del partido Perú Libre, José María Balcázar, exjuez de 83 años, que ha prometido una “transición pacífica”. Perú elige presidente y renueva sus cámaras legislativas el próximo 12 de abril.
 Renovación Popular, partido de la derecha católica, ha estado al frente del pedido de censura a Jerí. Su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, buscó centrar los motivos de la destitución en el alineamiento con China del presidente interino: “Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a palacio en masa” (LN, 18/02). 
 En las jornadas previas, la Subsecretaría para América Latina de Trump, había condenado el fallo de la Justicia peruana para que la empresa naviera estatal china COSCO Shipping Lines pueda operar sin supervisión del Estado. Dicho fallo fue acompañado por la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado viernes 13 de febrero. Las empresas chinas están íntimamente ligadas a los contratos estatales, incluyendo la distribución eléctrica en Lima. Lo mismo ocurre con el control de las empresas chinas sobre la extracción y comercialización del cobre. El 70 % del cobre peruano se exporta directamente a China a través del puerto de Chancay, en manos de COSCO. 
 El gobierno de China ha denunciado la injerencia de Estados Unidos en las decisiones soberanas del Perú. El embajador estadounidense, Bernie Navarro, nombrado hace solo semanas en el puesto, un íntimo colaborador de Marco Rubio, fue visto con el destituido Jerí para discutir sobre la influencia de las empresas chinas.
 En los medios peruanos se informa que Estados Unidos está dispuesto a invertir cerca de 1.500 millones de dólares en la modernización y ampliación de la Base Naval del Callao en Perú. Al mismo tiempo, propicia la firma de un acuerdo para la venta de aviones F16 a la Fuerza Aérea peruana. El gobierno de Donald Trump ha renovado a Perú como un aliado extra OTAN en la conferencia guerrerista de Múnich, .
 Los Estados Unidos no esconden su pretensión por desplazar a China del lugar que ocupa en Perú y el conjunto de América Latina. La diferencia es que mientras China se centra en las inversiones productivas o de servicios, Estados Unidos prefiere el despliegue militar y una asociación con las Fuerzas Armadas. Las presiones para tutelar el puerto de Chancay son crecientes.
 En este cuadro político general, el país se encamina a unas elecciones generales marcadas por la fragmentación política más grande de su historia moderna. Se han oficializado 36 candidatos presidenciales y 38 listas parlamentarias. El punto central está colocado en la restauración del Senado, que había sido abolido por el dictador Alberto Fujimori en 1993. 
 El principal candidato, según las encuestas, es el derechista Rafael Lopez Aliaga, que ha buscado obtener, sin éxito por el momento, el apoyo del gobierno norteamericano. Sus denuncias sobre los contratos estatales con empresas chinas ha sido un eje de la campaña. La guerra comercial de Estados Unidos contra China se ha colocado como un primer punto en la campaña electoral peruana. 

 Joaquín Antúnez
 20/02/2026

Cascos Blancos argentinos a Gaza, el compromiso de Milei en la Junta de Paz


Javier Milei viajó a Washington para asistir el jueves a la primera reunión de la llamada “Junta por la Paz para el gobierno y la reconstrucción de Gaza”, un organismo creado por Donald Trump con el objetivo declarado de apropiarse de la Franja de Gaza e intervenir -a modo de unas Naciones Unidas de uso personal- en cualquier conflicto del planeta. 
 Este decimocuarto viaje es una nueva muestra de la subordinación incondicional de Milei a Trump y al criminal de guerra Benjamín Netanyahu. El mandatario argentino busca alinear a la Argentina con la política belicista y crecientemente fascistizante del presidente yanqui, pidiendo pista para integrarse activamente a su agenda internacional.
 La reunión de la Junta por la “Paz”, que supuestamente trazará la hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza, coincide con un despliegue militar estadounidense descomunal en Medio Oriente y con promesas de un ataque inminente contra Irán, una exigencia persistente del sionismo. 
 El formato del encuentro fue, en sí mismo, una demostración de vasallaje: Trump y sus socios se dirigieron largamente a los presentes, quienes contaron con apenas dos minutos “estrictos” (sic) para saludar y detallar cómo colaborarían con la Junta. Ni los feroces jeques árabes —expertos en eliminar opositores— ni el presidente turco Erdoğan, con miles de presos políticos en sus cárceles, se apartaron del libreto.
 Sin límite de tiempo hubo presentaciones de Marco Rubio -secretario de Estado- Jared Kushner - yerno de Trump-, Steve Witkoff -enviado especial de la Casa Blanca a Medio Oriente-; del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz; del ex primer ministro británico, Tony Blair; y del Alto Representante de la Junta para la Paz en Gaza, Nickolay Miadenov. 
 “La costa de Gaza tiene 42 kilómetros de longitud y podemos convertirla en una nueva Riviera mediterránea con 200 hoteles turísticos”, se ufanó el multimillonario sionista Yakir Gabay, uno de los integrantes del gobierno colonial que Trump proyecta para Gaza. La propuesta es hacer negocios con el genocidio: construir hoteles sobre los cadáveres palestinos y convertir a los sobrevivientes en mano de obra esclava. 
 Durante el discurso de apertura, Trump elogió reiteradamente a Milei y lo buscó entre los presentes. “¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó con una sonrisa antes de destacar su desempeño electoral. Y se felicitó a sí mismo por el apoyo brindado a Milei en las elecciones legislativas de octubre. 
 “No se supone que deba apoyar a nadie, pero lo hago cuando me gusta…”, se explayó Trump, y agregó: “Tengo muy buenos antecedentes apoyando candidatos en Estados Unidos, pero ahora respaldo líderes extranjeros. Apoyé a Orban y a este caballero, Milei, que estaba un poco atrás en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”. (El fascista Viktor Orbán busca su reelección en abril). 
 Cuando volvió a dirigirse a Orbán, Trump reiteró los elogios a Milei y destaco que Estados Unidos desembolsó unos 20.000 millones de dólares del Tesoro para “contener las turbulencias financieras” en Argentina y rescatar al gobierno de una posible derrota electoral. 
 Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras su hermana Karina Milei permaneció en Buenos Aires siguiendo de cerca el debate por la contrarreforma laboral en la Cámara de Diputados. 

 Ausencias elocuentes 

A pesar de la música de los Village Voice y de Elvis, y el repugnante aire festivo de los genocidas y sus cómplices, a la fiesta de Trump faltaron muchos invitados. 
 Washington esperaba por lo menos que acudieran 45 jefes de estado de los 60 países invitados. Fueron 27. Se ausentaron los aliados atlánticos de Estados Unidos en la OTAN y también Japón. De Europa, solo participaron Hungría y Bulgaria, mientras que Italia se limitó a enviar un observador. 
 Netanyahu, que se encontraba en el congreso del AIPAC, prefirió regresar a Israel y envió a su canciller en señal de protesta por la presencia de Turquía y Marruecos, países que considera aliados de Hamas. 
 Por América, solo asistieron Paraguay, El Salvador y Argentina. México envió un observador. 
 China y Rusia no fueron invitadas, una señal inequívoca de que la Junta por la Paz funciona como un ensayo general de un nuevo bloque bélico. 
 Trump debió conformarse con aliados asiáticos como Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Qatar, pero minimizó el desaire: “En términos de poder y prestigio, nunca hubo nada igual, porque estos son los líderes más destacados”, afirmó. 

 Una alianza imperial

 La Junta de Paz fue creada por Trump, quien se autonombró presidente vitalicio. Es el único con potestad para designar miembros y ejercer poder de veto. Aunque al principio la presentó como creada para supervisar su plan de paz en Gaza, luego amplió su alcance a otros conflictos internacionales, en un intento explícito de reemplazar a las Naciones Unidas.
 Ahora dio un paso más: anunció que la Junta “va a supervisar a las Naciones Unidas y asegurarse de que funcionen correctamente” y prometió un aporte estadounidense de 10.000 millones de dólares, sin precisar su origen. También afirmó haber reunido otros 7.000 millones de dólares de países árabes y asiáticos.
 Argentina fue eximida de pagar el aporte obligatorio de 1.000 millones de dólares para integrar el organismo. 
 Al tomar la palabra, Milei se declaró “listo” para contribuir en la etapa inicial de “estabilización” en Medio Oriente. Destacó la experiencia argentina en misiones de paz y destacó el liderazgo internacional de Trump. 
 Afirmó que la paz solo puede construirse sobre “derechos innegociables” como la vida, la libertad, la propiedad privada y la libertad de expresión, principios que definió como “base de la nueva política exterior argentina”. 
 Aunque no ofreció aportes económicos, Milei anunció el envío de Cascos Blancos -una fuerza civil humanitaria dependiente de Cancillería- y dejó abierta la posibilidad de una participación con Cascos Azules, aunque eso requeriría autorización del Congreso Nacional. 
 El gobierno dio un paso más de integración a la política genocida de Trump y el sionismo. 

 Olga Cristóbal 
 20/02/2026

sábado, febrero 21, 2026

Trump se apresta al asalto militar de Irán


Va por “el cambio de régimen’. El bandido Donald Trump ha reunido una fuerza militar colosal en el Asia oriental para desatar una guerra largamente preparada contra Irán junto a su compinche, el genocida Benjamín Netanyahu. En el mar Arábigo operan dos de los mayores portaviones del mundo, una flota enorme de destructores, un vasto sistema de radares y espionaje electrónico y renovado el personal y el armamento de las decenas de bases que Estados Unidos tiene instaladas en la región. Para un número considerable de medios informativos, que exhiben consultas a funcionarios de Washington, el asalto contra Irán no pasará de este fin de semana. 
 La reanudación de la guerra contra Irán a una escala no vista en el pasado reciente está inscripta en los términos mismos de las llamadas ‘negociaciones’ con el gobierno iraní, que son desde cualquier punto de vista un ultimátum. Irán debería abandonar por completo su programa de enriquecimiento de uranio, desmantelar su sistema de misiles balísticos, destruir su fuerza antiaérea, sin recibir a cambio ni siquiera el fin de las sanciones contra su comercio internacional ni el abandono, por parte de Estados Unidos, del cerco militar que ha establecido. Irán es invitada a abrir las puertas a una ocupación militar de su territorio. El gobierno de Irán había ofrecido negociar el grado de enriquecimiento de uranio dentro de las posibilidades para su uso civil y hasta, como último recurso, proceder a ese enriquecimiento en un tercer país para su reingreso controlado a su territorio. El régimen clerical de los Ayatollahs ha advertido todo el tiempo adónde llevaban las concesiones draconianas que se le pretendían imponer, y se prepara para una resistencia militar. En la agenda de guerra de Trump se encuentra también la liquidación física de las mayores autoridades civiles y militares del gobierno. La agenda de Trump contra el enriquecimiento nuclear y la eliminación de los misiles balísticos constituyen un reconocimiento de que los bombardeos norteamericanos contra los centros atómicos de Irán y contra su fuerza antiaérea, en junio pasado, han fracasado.
 El fascista Trump va por la imposición de la dominación política del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente y la apropiación de los recursos petroleros y energéticos de la región. Establecería un cerco político y económico contra todos sus rivales internacionales, en primer lugar, China y Rusia, pero también contra sus ‘aliados’ de la Unión Europea. Las capacidades defensivas de Irán, infinitamente menores a las de sus enemigos, no son sin embargo despreciables. Ya demostró, en 2024, en la guerra de “doce días”, que podía penetrar la “cúpula de hierro” del régimen sionista en Israel. Lo mismo vale para las bases norteamericanas en Irak, por ejemplo. Los propósitos ‘secundarios’ de la guerra, el debilitamiento de Turquía frente a Israel o el avenimiento de Putin a “un cese del fuego” en Ucrania, sólo sumarían a una convulsión política que podría incendiar a toda la región. El genocidio contra la población de Gaza y la expulsión de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, siempre estuvieron inscriptos en esta perspectiva de demoler políticamente a Irán. El asesinato selectivo de sus mayores líderes políticos y de la comunidad científica, por parte Estados Unidos e Israel, se han venido desarrollando durante años. 
 Trump encara este nuevo crimen de guerra cuando la ‘comunidad internacional’ ha avalado la escalada de agresiones contra Venezuela y contra Cuba, e impuesto esta política al resto de las grandes y medianas potencias. En la reciente Conferencia de Seguridad que tuvo lugar en Munich, con una platea de 63 dirigentes de Estado, se escucharon sesudas admoniciones sobre el “desorden del mundo”, pero ninguna advertencia contra el asalto contra Irán. Trump pretende comparecer a la reunión programada con Xi Jinping, en abril próximo, como Hitler lo hizo en Munich, con Francia y Gran Bretaña en 1938. La decisión de la Corte de Panamá que anuló el contrato con una empresa china a cargo del manejo de los dos puertos del Canal, naturalmente por órdenes de Trump, apenas ha sido respondida por China con la amenaza de una apelación judicial internacional. 
 Entre el 60 y el 70 % de la población de Estados Unidos se ha manifestado en contra del asalto militar a Irán, en los sondeos de opinión. Trump y su camarilla quieren salirse con ‘una victoria’ para doblegar a la oposición popular que se desarrolla en Estados Unidos contra su gobierno. Trump no ha requerido el aval del Congreso para esta guerra y, de un modo, general, choca con todas las instituciones del país en una manifiesta intención de instaurar un régimen de excepción y una dictadura en Estados Unidos. Trump, sin embargo, podría sufrir una derrota político militar en Medio Oriente, si el asalto a Irán desata movilizaciones de masas y rebeliones e insurrecciones en la región y en el resto del mundo. 
 Javier Milei es un protagonista activo en esta guerra. Se ha hecho inscribir en la Junta de Paz encargada de convertir a Gaza en un paraíso turístico inmobiliario internacional y respaldar la expansión imperialista en el Medio Oriente y Asia. Argentina es, extraoficialmente, un país en guerra, una aberración jurídica y política que cuenta con la complicidad del ‘honorable Congreso’. La camarilla de Milei y el conjunto de la burguesía local está agarrados al “swap” de Scott Bessent para evitar el default y la caída del gobierno. Pero toda la guerra mundial en desarrollo obedece a razones semejantes, porque su propósito es contener un derrumbe financiero internacional o descargarlo sobre los trabajadores del mundo entero. La humanidad no atraviesa una crisis ‘geopolítica’ sino el estallido histórico de todas las contradicciones capitalistas. 

 Jorge Altamira
 20/02/2026

¿Retroactiva? La contrarreforma laboral es un desafío para todo el movimiento obrero


Ante la inminente sanción definitiva de la contrarreforma laboral, se ha encendido el debate sobre el alcance de su aplicación. Entre otros, se discute si su efecto será retroactivo o sólo aplicará a los nuevos empleos. 
 Voceros calificados del gobierno, como Federico Sturzenegger, aseguran que se aplicará a todos los empleos, y no sólo a aquellos que se generen luego de la entrada en vigencia de la nueva legislación.Entre los abogados laboralistas, en cambio, se señala que, si bien el Código Civil y Comercial vigente establece el principio general de que toda ley se aplica a partir de su entrada en vigencia, sin efecto retroactivo, pero admiten que existe una diferencia entre derechos adquiridos y derechos en expectativa. Este último sería el caso de las indemnizaciones por despido, que se calculan de acuerdo a las disposiciones de la ley vigente al momento de la desvinculación, no del inicio del contrato, por no constituir derechos hasta su cumplimiento efectivo. Éste y otros aspectos de la contrarreforma laboral, admiten, serán materia de debate en los tribunales y, en última instancia, la decisión reposará en la Corte Suprema. Para que ello ocurra, primero deberá aplicarse la nueva norma a un caso concreto. El desenlace jurídico demorará varios años en arribar. 
 Sin embargo, el gobierno tiene la determinación de hacer tabla rasa con los derechos laborales. Lo prueba el hecho de que ha logrado liquidar la ultraactividad de los convenios, vigente desde 1975, en la expectativa de propiciar nuevas negociaciones a la baja. La ultraactividad fue un hito de las grandes movilizaciones que acompañaron la huelga general de junio y julio de aquel año. Por otro lado, la nueva ley prioriza los convenios por empresa, no por rama, también con el propósito de propiciar acuerdos a la baja; la ley vigente hasta ahora solamente los habilitaba cuando incorporaban mejoras respecto al convenio colectivo de la industria. La expectativa del gobierno es liquidar, en todos los casos, los “derechos adquiridos”. En el derecho laboral, al menos hasta ahora, estos eran considerados irrenunciables, por el carácter asimétrico de la relación entre el trabajador y la patronal. Todo el dispositivo de la contrarreforma laboral apunta a forzar a los trabajadores actuales a renunciar a sus condiciones vigentes y aceptar las condiciones establecidas en la nueva legislación, en un cuadro de depresión industrial y despidos y de abaratamiento de las indemnizaciones. En la lista de acuerdos ´voluntarios´ ingresan el fraccionamiento de las vacaciones y los cambios en la jornada laboral (banco de horas), entre otros. 
 En cuanto a las indemnizaciones, el director del BICE, Fabián Núñez, considerado un vocero de “Toto” Caputo, apunta más allá de las ´expectativas´ y sostiene que el propósito del llamado “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL) es “aliviar la carga de la industria del juicio pasado".
 Simultáneamente, el gobierno avanzó con el traspaso del fuero laboral de la Justicia Nacional al poder Judicial de CABA, dominado por el macrismo. Tanto la Corte como la Justicia porteña han coincidido en establecer índices de actualización acotados para las indemnizaciones. 
 El propósito de la contrarreforma laboral es barrer con las condiciones laborales actuales, con la complicidad de la CGT y de los gobernadores peronistas. 

 Jacyn 
 20/02/2026

La “industria del despido”, el jugoso negocio que abre la contrarreforma laboral


La expectativa de que se profundice la baja del dólar y una suba en la cotización de la deuda pública es atribuida por algunos al “favorable clima de negocios” que crearía la sanción de la reforma laboral. Ese “clima”, en verdad, sólo existe en algunos titulares de los diarios, pues la agenda económica se encuentra dominada por los cierres de empresas y la venta de grandes cadenas comerciales o de yacimientos, principalmente por parte de accionistas externos. En cuanto a la reforma laboral, el optimismo financiero sólo obedece a una razón contante y sonante, y nada tiene que ver con los boatos acerca de la “creación de empleo” o la “atracción de inversiones”. 
 La razón que lleva al festejo de los especuladores es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimentará con una deducción de los aportes previsionales de todos los trabajadores: 1 % en caso de las grandes empresas y 3 % para las pequeñas y medianas. Según algunas estimaciones, el Fondo aportará unos 4000 millones de dólares anuales, y será administrado por la Comisión Nacional de Valores. Analistas financieros estiman la formación de un “stock institucional” que podría llegar en unos años a representar unos 15.000 millones de dólares. El destino principal del FAL es el mercado de deuda pública, al punto que el propio Caputo le atribuyó trascendencia para “no depender de Wall Street”. 
 Naturalmente, la proporción en que el Fondo podrá volcarse a rescatar al Tesoro y los acreedores depende de la llamada “tasa de cobertura”, es decir, la relación entre el fondo acumulado y las indemnizaciones a cubrir. Pero el régimen laboral instituido en la contrarreforma apunta, precisamente, a facilitar los despidos del personal con mayor antigüedad, reducir el valor de las indemnizaciones -al no computar pagos extras- y, en general, aumentar la rotación laboral. Por lo tanto, es un horizonte de indemnizaciones cada vez más “baratas”. Si se mantienen los actuales porcentajes de aportes al FAL, cada vez será menor la necesidad de previsionar recursos para las indemnizaciones y mayor el stock de dinero que quedará disponible para la deuda pública y otras colocaciones financieras. 
 Se ha montado una confiscación colosal de los recursos previsionales para salir en rescate de una deuda pública argentina que, con excepción de Trump y Scott Bessent, nadie quiere bancar. Toda la “modernización laboral” se circunscribe a este delito común. 

 Marcelo Ramal 
 20/02/2026

Lorca en La Habana

viernes, febrero 20, 2026

Millonarios del algoritmo


No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía 

 La semana pasada, en un tribunal de Los Ángeles, un dato atravesó el debate sobre el llamado «diseño adictivo» de las redes sociales. El director de Instagram, Adam Mosseri, reconoció bajo juramento que cobra alrededor de 900 000 dólares anuales, más bonificaciones ligadas al desempeño, y paquetes de acciones que algunos años han alcanzado «decenas de millones de dólares». La cifra surgió durante el juicio colectivo por daños a menores contra su empresa matriz, Meta Platforms. 
 El momento fue revelador porque puso sobre la mesa algo que suele quedar fuera del debate público. Las grandes plataformas digitales no son servicios neutrales, sino negocios privados cuya lógica central es maximizar tiempo de uso, datos y segmentación publicitaria. Cada minuto que una persona pasa deslizando el dedo se traduce, directa o indirectamente, en valor bursátil. Y ese valor acaba concentrándose en salarios ejecutivos, acciones y patrimonios personales. 
 Mosseri negó que Instagram sea «adictivo» en sentido clínico, y defendió una distinción entre adicción médica y uso problemático. También aseguró que proteger a los menores es «bueno para el negocio a largo plazo». Sin embargo, los documentos internos exhibidos por la acusación mostraron que la propia empresa conocía los efectos nocivos de ciertos filtros sobre la autoestima de jóvenes, y que eliminarlos podía restar competitividad en mercados claves. Es decir, el conflicto entre bienestar social y rentabilidad no es abstracto: aparece en correos corporativos y decisiones de producto. 
 Su testimonio sirve como antesala de la comparecencia del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, cuyo patrimonio personal se cuenta en decenas de miles de millones de dólares. El modelo de plataformas ha producido una nueva élite económica basada en la captura de atención a escala planetaria. A diferencia de la industria clásica, aquí el «recurso» principal no es una materia prima física, sino el tiempo y la conducta de millones de usuarios.
 La concentración es aún más visible si se amplía el foco. Google, propietaria de YouTube, ha construido uno de los imperios publicitarios más grandes del mundo apoyándose en datos de navegación y consumo audiovisual. X (antes Twitter), ahora en manos de Elon Musk, ilustra cómo incluso plataformas deficitarias pueden convertirse en herramientas de poder político y mediático, además de activos financieros estratégicos. 
 Lo que está en juego en los tribunales estadounidenses es un precedente legal. Las demandas ya no se centran únicamente en contenidos publicados por terceros, sino en el diseño mismo del producto. Eso que motiva el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes, los sistemas de recomendación. Es un intento de señalar que el daño no proviene solo de lo que se ve, sino de cómo se induce a mirar sin parar. 
 Las plataformas privadas operan con un incentivo estructural: cuanto más tiempo pasamos dentro, más ganan. Lo que hacemos allí se traduce en fortunas personales que crecen mientras se externalizan los costos sociales, desde la ansiedad juvenil hasta la polarización política. El juicio de Los Ángeles abre una grieta en ese relato de éxito tecnológico. Obliga a preguntar quién se beneficia realmente del ecosistema digital y quién paga sus efectos. 
 Entender esta relación entre algoritmo y riqueza es un primer paso para un debate más amplio. No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía. Detrás de cada experiencia en las grandes plataformas globales hay accionistas, ejecutivos y patrimonios colosales, y del otro lado millones de personas cuya atención sostiene ese edificio financiero. 

 Emilia Reed, especial para Granma | internet@granma.cu 
 19 de febrero de 2026 22:02:28

¿Cómo parar al Monstruo?

La contundencia del paro y algunas lecciones para Adorni


El paro nacional se hizo sentir fuerte en el transporte y la industria, los puertos y los bancos, escuelas y ministerios, en las calles vacías, y más aún en el golpe que acusó el gobierno. Aún con una CGT que sembró intrigas hasta último momento y se dedicó meses a negociar sus cajas en lugar de deliberar con los trabajadores, el acatamiento masivo muestra la presión desde abajo y que en los lugares de trabajo crece el rechazo a la reforma laboral. Cuando el cierre de Fate sintetiza la pulseada por llevarnos a una Argentina donde la clase obrera sea descartable, el paro vuelve a demostrar que son los trabajadores los que mueven la economía, y que sin sus músculos y sus nervios el capital no es nada. 
 La contundencia de la medida de fuerza fue destacada hasta en los medios de comunicación más embanderados con la reforma laboral, pero desde el gobierno trataron de mostrarse indemnes. Con Milei otra vez haciendo de lustrabotas de Trump en Washington, el que tuvo que salir a decir algo fue el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien como no pudo desestimar el impacto adujo que “el paro es perverso porque, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar no podés hacerlo”. Lección 1: si todos los días la gente va a laburar es porque hay un conjunto de trabajadores que hace funcionar el transporte; sin esa fuerza de trabajo, nada sería como es. 
 Según sus estimaciones, “hoy probablemente tengamos una pérdida de $600 millones de dólares”. Es cierto que las cifras que tira Adorni no sirven mucho para tener en cuenta, pero más allá del número nos lleva a la lección 2: otra vez, la riqueza del país solo se produce si la clase obrera está dispuesta a poner su fuerza de trabajo; sin ese trabajo, las máquinas, rieles, puertos, barcos, energía y computadoras no podrían valorizar ni un centavo el capital invertido.
 También afirmó que van a demandar a los sindicatos del transporte por la medida de fuerza (un derecho consagrado que precisamente se busca liquidar con esta reforma laboral esclavista), y lo fundamentó diciendo que los gremios “nos contestaron que el paro no se hacía por un reclamo salarial sino por la oposición a la reforma. Están reconociendo que es un paro político”. Lógicamente, la ley que quieren sancionar afecta el salario, además de una larga lista de derechos laborales colectivos que los trabajadores están defendiendo con esta acción. Pero además los "paros políticos" del movimiento obrero modelaron la historia de este país, empezando por las huelgas del Centenario que antecedieron a los derechos políticos, el 17 de octubre, el Cordobazo, contra el Rodrigazo en el '75, o el Argentinazo de 2001. En menor medida, pero más fresco, las movilizaciones de aquel diciembre de 2017 enterraron la reforma laboral de Macri, a pesar de la sanción del robo jubilatorio. Lección 3: la huelga política de masas es la perspectiva que tenemos que desarrollar para aplastar la reforma esclavista y a este gobierno antiobrero. 
 El paro, que la CGT se resistió a convocar hasta que la indignación era generalizada y se rehusó a darle un carácter activo, vuelve a poner sobre la mesa quiénes hacemos funcionar al país todos los días. Con este intento de legalizar la superexplotación laboral buscan que el capital se apropie de una porción mayor del valor que producimos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y eso no para un crecimiento económico, sino para seguir fugando capitales y hundiendo al país en la decadencia. Como quedó al descubierto con las críticas de Caputo a la centrales empresarias por la falta de entusiasmo y con el cierre de Fate, esto solo mejora las condiciones para que descarguen la crisis sobre los trabajadores. Los parásitos son los capitalistas. 
 La conclusión del paro nacional es que para derrotar al gobierno antiobrero de Milei y la destrucción masiva de puestos de trabajo necesitamos un plan de lucha hasta la huelga general. Es el camino que planteó una vez más el sindicalismo combativo frente al Congreso, y que el Sutna pone en práctica junto a los mil obreros del neumático que se plantan en Fate.

 Ivan Hirsch

"Nos quieren llevar a la barbarie sin sindicatos y sin derechos" // Néstor Pitrola Diputado Nacional

Cierre de FATE: un golpe de Estado patronal


Por la reapertura de la planta, la reincorporación de todos los trabajadores y la apertura de cuentas de toda empresa que suspenda o despida. 

 Desde el fin de semana del Carnaval se había instalado del rumor de un posible cierre de FATE, al tomar estado público un aviso que la empresa hizo a los administrativos de que no se presenten a trabajar. En la madrugada de hoy, un sector que debería haber ingresado en el día de la fecha, luego de las vacaciones, la parada técnica de la fábrica y la puesta a punto de las líneas, se encontró con cadenas y candados en los portones de ingreso y con un fuerte operativo policial. Por medio de un afiche, la patronal anunciaba el cierre de la planta y el despido de todos sus trabajadores. Otro sector de los trabajadores se anotició de su despido en vacaciones. 
 Poco después, los trabajadores presentes iniciaron una ocupación de la fábrica, luego de un choque con la policía bonaerense, que incluyó una tentativa de detener a Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. En horas del mediodía, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una ´mediación´. Durante la jornada, mientras contingentes de trabajadores de la zona norte iban llegando a la planta a traer su solidaridad, el Ministerio de Trabajo de la Provincia primero y luego la Secretaría de Capital Humano dictaron sendas conciliaciones obligatorias sin que mediaran audiencias. Plantea “retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales". Es una maniobra de enfriamiento en vísperas de un paro general, y con una crisis en la sanción de la reforma laboral como consecuencia del fraude del artículo acerca de enfermedades laborales. Los trabajadores anunciaron que sostendrán la permanencia dentro de la planta hasta su efectivo cumplimiento.
 El directorio de la empresa alega que "los cambios en las condiciones del mercado" son el motivo del cierre. La UIA salió a respaldarlo en un texto donde ´lamenta´ la pérdida de 65.000 puestos de trabajo; “FATE no es un caso aislado”, dice. La UIA apunta que “la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas”. La central patronal se sube al carro de las guerras arancelarias atrapada por sus contradicciones. El Gobierno, en cambio, observa razonablemente con suspicacia el anuncio del cierre de FATE. 
 FATE ha logrado obtener en los últimos dos años una considerable rebaja de los impuestos. Asimismo, impuso centenares de despidos y un congelamiento salarial que se prolonga desde hace 14 meses, incluso con acuerdos con el SUTNA. El cierre se produce a pesar de que la empresa forzó un cambio de régimen de trabajo que representó una verdadera reforma laboral. En la lista de próximos cierres de industrias hay anotados varios pesos pesados más. 
 El cierre de la fábrica es funcional a la contratación masiva de nuevo personal bajo las condiciones draconianas del nuevo estatuto patronal. Mientras otras empresas posponen los despidos para valerse de la nueva ley, FATE precipitó el cierre en medio de una semana convulsionada. Ha anunciado la compra de una parte del predio que ocupa FATE por 27 millones de dólares por parte de Aluar, del mismo grupo. “Según detalló Aluar, el sector comprado está vinculado a instalaciones que la compañía ya ocupaba hasta ahora como locataria y no afecta el área productiva de la planta” (El Cronista, 18/2). 
 “Las condiciones del mercado” que alega la patronal no son responsabilidad de los trabajadores, sino de los capitalistas. Su propósito estratégico es desvalorizar la fuerza de trabajo. La ´burguesía nacional´ de los Madanes, en medio del ´industricidio´, mantiene en su poder la mayor parte de la deuda pública, revalorizada por las manipulaciones financieras del gobierno. 
 Llamamos a acompañar la ocupación de FATE y al resto de los trabajadores de la industria del Neumático y a toda la clase obrera. A seguir el camino de la ocupación de todas las empresas que suspendan, despidan o cierren. Que los capitalistas abran sus cuentas. Con estos reclamos llamamos a intervenir en el paro que convoca la CGT.
 Impulsemos una huelga general en defensa del trabajo y de las conquistas de la clase obrera. 

 Pablo Busch 
 18/02/2026

Madanes Quintanilla: un emporio capitalista montado sobre la explotación de los trabajadores de Fate


La producción de neumáticos como puntapié de inversiones en aluminio y energía. 

 El cierre intempestivo de la empresa de neumáticos Fate, que es resistido por los trabajadores del neumático, expone nuevamente los negocios de uno de los empresarios más ricos del país, Javier Madanes Quintanilla, quien no solo se ha enriquecido durante décadas gracias al esfuerzo de sus trabajadores sino que ha montado un imperio local con inversiones en el aluminio y energía, dotándolo de la espalda suficiente para absorber cualquier circunstancia económica.
 La familia Madanes Quintanilla creció en el negocio de neumático gracias a su asociación con las grandes automotrices del país y con empresarios ligados a la política que jugarían un papel estratégico en el Estado, como la incorporación del luego ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard, y la colaboración de la dictadura de Juan Carlos Onganía para diversificar sus inversiones. 
 Las suntuosas ganancias con Fate, gracias a la riqueza generada por sus trabajadores, y los negocios con el Estado le valieron a los Madanes Quintanilla la posibilidad de extender sus horizontes al negocio del aluminio, fundando la primera (y única) planta productora de aluminio del país, con el apoyo de la dictadura de Onganía y posteriormente de Lanusse que se hizo cargo de la infraestructura y la obra necesaria para el emplazamiento de la planta de Aluar en el sur argentino.
 La patronal de Fate también incursionó en productos tecnológicos con la creación de la División Electrónica de Fate desde donde producían, entre otras cosas, las calculadoras Cifra. Negocio que terminó trunco luego de las oleadas importadoras.
 Los Madanes Quintanilla serían beneficiados de las negociaciones entre Gelbard y Lanusse para acceder en 1971 a contrataciones directas del Estado en favor de Aluar y la División Electrónica de Fate. 
 Aluar, adquirida con las ganancias de Fate, es actualmente el único proveedor nacional de insumos de aluminio para la industria, abasteciendo tanto a automotrices, construcción, fabricación de latas, bicicletas, envases, etc; con el 68% del capital en manos de la familia Madanes Quintanilla. Se trata de la misma empresa que en estos días ha adquirido 12,7 hectáreas del predio de Fate por 27 millones de dólares, para que todo quede en las mismas manos.
 Además, los tentáculos del negocio familiar, que luego sería acaparado por Javier Madanes Quintanilla, con la adquisición de las acciones de sus familiares, se extenderían al negocio de la hidroeléctrica Futaleufú, el transporte de energía con Genpat y los parques eólicos en la Patagonia con Infa. 
 Según la revista Forbes, la fortuna Madanes Quintanilla ascendía a los 1.500 millones de dólares en 2024, ubicándose en el puesto 12 del ranking de los más ricos de Argentina. 
 El grupo Madanes se benefició,a demás, por la estatización de la deuda durante la última dictadura cívico-militar, con la estatización de 80 millones de dólares de la época, equivalente a unos 250-300 millones de dólares en la actualidad. 
 Los Madanes Quintanilla se hicieron ricos explotando su negocio del neumático y a miles de trabajadores que pasaron por su planta de Fate. Esto con la colaboración de la burocracia sindical de Pedro Wasiejko y la derrota de la lucha de los trabajadores de Fate a principios de los 90, donde el sindicato violeta actuaba en conjunto con la patronal para introducir la flexibilización laboral, turnos rotativos y la rebaja salarial, firmando sucesivos anexos por fábrica al convenio colectivo de trabajo. Este fue el terreno en el cual el sindicalismo independiente y antiburocráticos e consolidó como oposición ganando la seccional San Fernando (Fate) contra este proceso y como punto de reagrupamiento para luego recuperar el Sutna Nacional. 
 Durante el kirchnerismo, Madanes Quintanilla fue aliado y participe del proceso de reconstrucción de los negocios de la burguesía nacional, con la flexibilidad y precarización laboral de por medio. Alianza que culminó con los planteos devaluacionistas de la patronal. 
 Más cerca de la actualidad, la patronal insistió frecuentemente con la presentación de recursos preventivos de crisis para forzar negociaciones salariales a la baja y recortes y despidos, llegando al punto de no acordar durante 14 meses la paritaria de la planta y el aumento salarial de los trabajadores. 
 Los Madanes Quintanilla deben todo su negocio a la explotación de los trabajadores de Fate, desde donde extrajeron sus ganancias para extenderse a otras inversiones, de la mano del Estado, las dictaduras militares y la alianza con los sucesivos gobiernos, con la colaboración a su paso de la burocracia sindical peronista. El intento de cierre, dejando a casi mil trabajadores en la calle para reconfigurar sus negocios sobre otras bases, responde a la dinámica de los capitalistas que teniendo espaldas suficientes para resistir cualquier coyuntura económica buscan descargar la crisis sobre los trabajadores.
 Viva la lucha de los trabajadores del neumático y de Fate por la continuidad laboral de la planta y la defensa de los puestos de trabajo. 

 Marcelo Mache