Derrotar a Bolsonaro en las calles y en las urnas

Las manifestaciones de masas crean un mejor cuadro para enfrentar los ataques e intentos de ajuste. 

 El 25 de octubre es el ballotage brasileño

 A menos de 48 horas de la segunda vuelta electoral presidencial en Brasil, las encuestas dan que habrían levantado un poco las intenciones de voto a Lula y descendido, también un poco, las de Bolsonaro. Algunas encuestas, la mayoría, siguen dando ganador a Bolsonaro; pero han aparecido algunas que le otorgan el triunfo a Lula. Todas por escaso margen: lo que se llama un “empate técnico”.

 Bolsonaro ganó en la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, por un escaso 1,87% de diferencia, cuando las encuestas previas daban que Lula se impondría por pocos votos. Esta reversión que se estaría produciendo, vendría a caballo de la semi espontánea movilización de masas que surgió, fundamentalmente, a partir de la juventud estudiantil (que ya hemos descripto en notas anteriores). La juventud ganó las calles apretada por el temor de que la lista fascistoide, reaccionaria y abiertamente pro-Trump de Bolsonaro, pudiera terminar ganando la elección presidencial. Los resultados de la primera vuelta dieron un amplio margen a las listas derechistas que conquistaron mayorías de diputados y senadores y en las gobernaciones provinciales.

 Uno de los factores que más influyó en la movilización juvenil y popular, fue que trascendió que Bolsonaro estaba haciendo todos las maniobras posibles para que la votación de la ley que eliminaba el régimen laboral del 6 x 1 (44 horas semanales en seis días de trabajo y uno de descanso) por otro de 5 x 2 (cuatro horas menos de trabajo semanal, sin reducción salarial, en cinco días de trabajo y dos de descanso) fuera postergada. Fue una de las consignas centrales coreada en las masivas manifestaciones realizadas. La gran radicalización juvenil/popular y su masividad, obligó al propio Bolsonaro a cambiar de posición y llamar a su bancada a votar a favor. Ha trascendido, sin embargo, que Flávio Bolsonaro, bajo cuerda, hizo llegar a las cámaras patronales la promesa de que si gana y con el nuevo parlamento que asumiría el 1° de enero, modificaría la ley votada, limitando sus alcances. Bolsonaro y los senadores derechistas se vieron obligados a votar la derogación de aspectos del régimen laboral superexplotador. 

 Pero… Lula le ha puesto un freno objetivo a la movilización social. El planteamiento político de la alianza frentepopulista (Frente Amplio de la Esperanza) giró en torno a la lucha contra la “corrupción” y en defensa de las instituciones constitucionales. Varios dirigentes de su alianza han planteado la necesidad de extender y profundizar la movilización por reclamos sociales postergados de las masas, para mantener e incrementar la lucha popular. Pero las nuevas medidas que adoptó Lula (presentar un proyecto de ley para imponer la gratuidad del transporte público los fines de semana y feriados) son aspirinas. El problema central de las masas es que con sus salarios (los que están en blanco) y sus ingresos (más del 40% de los informales) no llegan a fin de mes. Esto está siendo obviado por el lulismo. En su lugar Lula vuelve a competir con Bolsonaro en materia de “seguridad”. Anuncia la creación de un nuevo ministerio de Seguridad y envía un proyecto para bajar la edad de imputabilidad para la aplicación de la legislación penal de 18 a 16 años (Bolsonaro a su vez la baja de 16 a 14 años).

 El debate presidencial entre Lula y Bolsonaro, realizado el viernes 16/10 por la red Bandeirantes fue anodino. Lula no pudo ofrecer ninguna perspectiva real de cambio social, porque no la tiene. Representa un frente de colaboración de clases dirigido por la burguesía liberal, al cual se han subordinado las burocracias de las organizaciones obreras y de masas, borrando a las masas del escenario nacional. Hecho que ha sido aprovechado por la derecha fascistoide para avanzar. Este viernes 23 se realizará el último debate presidencial por la red nacional de O Globo, que en las condiciones de empate técnico puede, quizás, ayudar a definir tendencias. 

 Para las masas trabajadoras y explotadas aparece como fundamental impedir que el Bolsonaro de Trump y la derecha fascitoide mundial, apoyado por los Milei, llegue al poder. La oposición inicial de la derecha a la derogación del 6 x 1 superexplotador, evidencia -igual que su adaptación y promesa de hacer retroceder aspectos de la misma cuando Bolsonaro, eventualmente, asuma el poder- el rumbo que adoptará. 

 En la elección del 2022, Lula fue apoyado abiertamente por el imperialismo yanqui, representado por Biden. Este fue quien frenó el conato golpista de Bolsonaro para impedir que asumiera Lula el gobierno, disciplinando a las Fuerzas Armadas en ese momento. Ahora la situación cambió, el ascenso de Trump y su política de intervención militar en Latinoamérica lo ha colocado en forma ofensiva y provocativa del lado de Bolsonaro. 

 Tanto Lula/Alckmin, como Bolsonaro/Marco Rubio, representan a dos variantes burguesas patronales que no solo quieren mantener la explotación capitalista del pueblo, sino que pretenden descargar la crisis capitalista sobre las condiciones de vida de las masas. Bolsonaro se ha subordinado directamente al imperialismo trumpista en la ofensiva que este desarrolla en América Latina para encolumnarla bajo el Escudo de las Américas. Y amenaza con una acentuación de la represión y reacción política con tintes fascistoideos. 

 En una elección de balotaje solo se puede optar entre dos candidaturas. No hay en la elección del domingo 25/10, ninguna lista que represente algún tipo de posición obrera independiente. En estas condiciones es necesario llevar adelante lo que plantea la Resolución del Comité Nacional del PO: “Derrotemos a Bolsonaro y Trump en las calles y en las urnas”. Votemos contra Bolsonaro usando la boleta de Lula, sin dar ningún apoyo político al pasado, al presente y al futuro del lulismo frentepopulista. Los frentes de colaboración de clases se transforman en un freno de la lucha de las masas subordinándolas a la burguesía “nacional” y “liberal” y alientan las provocaciones y el crecimiento de la derecha y el fascismo. Tampoco se presenta en lo inmediato un ascenso revolucionario que plantee la huelga general y que a través del boicot electoral acelere las condiciones para una insurrección obrera/popular. 

 Por el contrario, el ascenso que se está protagonizando en Brasil gira, justamente, en la comprensión de las masas de reagruparse votando contra el bolsonarismo. Es más, Milei como portavoz del trumpismo-bolsonarismo ha salido a despotricar de que si Bolsonaro pierde la elección sería una demostración de fraude. Justifica, por adelantado, la posibilidad de un golpe. Si hubiera un golpe derechista contra el resultado electoral habría que movilizarse, apelando a la huelga general. Las actuales manifestaciones masivas de repudio a Bolsonaro, plantean un cuadro complejo para el golpe, que podría transformarse en una guerra civil. Pero si vamos a enfrentar el golpe, con más razón debemos llamar a votar contra Bolsonaro para que este no llegue al poder ni a través de la elección, ni a través del golpe. Una derrota de Bolsonaro el domingo 25 será un aliciente para la lucha de los trabajadores latinoamericanos y del mundo. Gane quien gane la elección, las masas deberán enfrentar los ataques e intentos de ajuste: el actual proceso de manifestaciones de masas crea un mejor cuadro para poder desarrollarlas. Para lo cual es prioritario trabajar para producir un reagrupamiento independiente del frentepopulismo lulista, un reagrupamiento político socialista independiente. 

 Rafael Santos

Trump enviará cientos de soldados a América Latina para entrenar a las fuerzas armadas locales

Una plataforma para guerra internacional. 

 El New York Times reveló que el gobierno de Donald Trump enviará cientos de soldados a América Latina destinados a entrenar a miembros de las fuerzas armadas locales, con la finalidad de reforzar la cruzada del Pentágono en su “lucha contra el narcoterrorismo”. Ya se han registrado movimientos en Panamá, con un batallón de 600 soldados pertenecientes a la 10ª División de Montaña, que están realizando ejercicios militares en la selva del país centroamericano. La envergadura de estos movimientos de tropas fue confirmada por Adam Isacson, director de Supervisión de la Defensa en la Oficina de Washington para América Latina, quien manifestó que no se tienen registros, desde finales de la Guerra Fría, de un despliegue de soldados norteamericanos en la región “que se acercara a los 600 efectivos, excepto en contingencias como invasiones o desastres naturales”. 

 Según han dejado trascender altos mandos militares, una parte de los soldados de la 10ª División de Montaña se trasladarán de Panamá a Colombia, en donde participarán del ejercicio denominado “Southern Vanguard”, mientras que otro contingente se dirigirá a Honduras para entrenar a las fuerzas armadas de ese país (Clarín, 15/10). Los funcionarios norteamericanos adelantaron que se está proyectando un nuevo comando de operaciones para el hemisferio occidental, con sede en Miami. 

 Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, abrió su propio mando de operaciones en la sede del Pentágono, desde donde monitorea las actividades militares contra los carteles en el hemisferio. Hegseth dio la orden de trasladar drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador, ampliando la injerencia norteamericana en la región, que se ve reforzada por los gobiernos derechistas electos recientemente bajo la tutela de Trump. 

 Las iniciativas se encuentran bajo el paraguas de la alianza militar “Escudo de las Américas”, que es utilizada por la administración trumpista para poner al continente en su conjunto bajo su protectorado con la cantinela del avance del narcoterrorismo. Si bien en su gran mayoría los países de América Latina se han sumado a la alianza militar, solo un puñado de gobiernos (Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Argentina) han habilitado la realización de operaciones conjuntas en sus territorios. En el caso de Milei, autorizó la entrada de tropas norteamericanas por DNU, que deberían haber pasado por el Congreso, que tampoco se ha manifestado ante la inconstitucional entrada de Argentina al “Escudo de las Américas”. Uno de los principales activos políticos de Milei es la “oposición legislativa” y sus aparatos, que han oficiado de “segundo violín” de las tropelías de la pandilla liberticida. 

 El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, adelantó que el gobierno de EEUU tiene en carpeta pasar de los ataques contra embarcaciones a la intervención terrestre. Los sistemáticos ataques a embarcaciones en el mar Caribe fueron utilizados como acicate para la posterior intervención militar sobre Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Por su parte, y dando cuenta del repliegue sobre América Latina que la administración trumpista está llevando adelante, el general Joseph A. Ryan, jefe del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el ejército estadounidense al regresar a una región que durante décadas no ha sido su principal objetivo, al señalar que “hemos cedido el dominio económico de la región a un adversario, y eso es un hecho”, y agregó que “ahora luchamos por recuperar terreno -marítimo y terrestre, humano y cognitivo- que en muchos casos habíamos abandonado”. Los dichos de Ryan apuntan a la presencia de capitales chinos en la región, y la militarización de América Latina, en medio de la guerra internacional y la lucha por el control de suministros, tiene como principal finalidad barrer con la injerencia de China en la región. Para cumplir con estos objetivos, el trumpismo ha echado mano de la injerencia en las elecciones que se han llevado adelante en el continente, apoyando a aquellos candidatos que aseguren esta iniciativa estratégica. Pero, a pesar de los cuantiosos esfuerzos realizados por el trumpismo, la injerencia china en la región crece, siendo la Argentina un caso testigo. Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó, en un encuentro organizado por el J.P. Morgan en Bangkok, que recurrirá al swap chino para hacer frente al pago de los vencimientos de deuda. Y si de comercio se trata, China es muy apreciada por la burguesía local y regional, como mercado de la soja, de la harina de soja, de petróleo y de minerales. 

 El entramado de la “lucha contra el narcoterrorismo” sumó en agosto pasado una nueva arista con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo el mando del general de división Kevin J. Jarred, del Cuerpo de Marines, que tuvo bajo su mando la campaña del Pentágono en el Caribe y el Pacífico Oriental, que dejó un saldo de 71 ataques a embarcaciones y 239 personas muertas, acusadas, sin prueba alguna, de estar traficando droga. Con este antecedente en la mano, expertos legales advierten que trasladar los ataques tierra adentro podría tener como correlato bajas civiles y el daño de infraestructura como escuelas, hospitales, caminos, etc. 

 Lucas Giannetti 

 24/10/2026

Nadie se salva solo

La salida colectiva: un debate fundamental en el movimiento obrero.

 En las fábricas y los lugares de trabajo se desarrolla un debate que expresa el complejo momento que atraviesa la clase obrera argentina. En medio de los despidos, el derrumbe salarial, el deterioro de las condiciones laborales, el pluriempleo, la ofensiva general de las patronales y la colaboración de las burocracias sindicales, ha ganado terreno entre sectores de trabajadores la idea de que “no queda otra que arreglárselas solos”. 

 No se trata de una tendencia generalizada ni mucho menos irreversible, pero sí de un fenómeno que merece nuestra atención. Esta situación es el resultado de una ofensiva capitalista que busca apuntalar los beneficios empresariales mediante la reducción del costo de la fuerza de trabajo. La reforma laboral constituye una pieza fundamental de esta ofensiva, que también apunta a quebrar la capacidad de resistencia de los trabajadores, debilitar nuestras organizaciones y promover la competencia individual allí donde debería prevalecer la solidaridad de clase. 

 La trampa consiste en que estas supuestas “salidas” individuales, lejos de ofrecer una solución de fondo, terminan debilitando al conjunto de los trabajadores y reforzando la posición de las patronales. Cada conquista que se resigna sin lucha, cada atropello que se acepta como inevitable, establece un nuevo punto de partida para profundizar la ofensiva. La experiencia demuestra que las patronales no se detienen frente a las concesiones obreras. Por el contrario, las utilizan como punto de apoyo para avanzar con nuevos atropellos.

 La responsabilidad de la burocracia sindical

 El avance de estas tendencias no puede comprenderse sin considerar el papel que viene jugando la burocracia sindical.

 Frente a la ofensiva del gobierno de Milei y las patronales, las burocracias de la CGT, las CTAs y de la inmensa mayoría de los sindicatos han desarrollado una política de colaboración, abierta o encubierta. En muchos casos, incluso, la justifican con el argumento de que “la gente votó a Milei, ahora que se la banquen”. Reproducen así, en el interior de las organizaciones obreras, la idea de que no existe otra alternativa que adaptarse a las exigencias patronales. Omiten señalar, desde luego, que Milei llegó al gobierno después del nefasto gobierno del Frente de Todos, que terminó su mandato con una inflación del 200 % y al que la burocracia sindical apoyó cerradamente, sin convocar a un solo día de paro. 

 Pero además, las burocracias sindicales han pactado con el gobierno de Milei la preservación de sus propios beneficios y prebendas. Por eso, en lugar de organizar una respuesta de conjunto, aíslan los conflictos y desmovilizan a los trabajadores, facilitando el avance patronal. En numerosos gremios y establecimientos, esta orientación se traduce en la aceptación de despidos, la firma de paritarias a la baja o la imposición de condiciones laborales regresivas. 

 Las consecuencias son profundas. El aislamiento o abandono de los conflictos alimenta la frustración, la desconfianza y la resignación. Es en este cuadro donde prosperan la desmoralización y las tendencias individualistas: cuando la organización colectiva deja de aparecer como una herramienta efectiva para defender el salario y las condiciones de trabajo, la búsqueda de una salida personal comienza a presentarse como la única alternativa posible. 

 Pero la traición de la burocracia sindical y la debilidad de la organización obrera no demuestra la inviabilidad de la lucha colectiva, sino, precisamente, la necesidad de reconstruirla.

 Reconstruir la organización obrera 

La ofensiva del gobierno y las patronales no es invencible. El reciente paro general de los trabajadores del subte, frente a la detención antisindical de dos delegados, logró hacer retroceder al gobierno de Macri y a la patronal Emova. Esta extraordinaria reacción obrera estuvo precedida por años de relativa pasividad, producto de la política de adaptación de su dirección sindical, y demuestra que pueden producirse giros bruscos en el movimiento obrero. 

 Los trabajadores de Fate, en este caso con su sindicato a la cabeza, el Sutna, llevan ocho meses librando una lucha ejemplar en defensa de la continuidad productiva de la fábrica y acaban de conquistar el cobro de las quincenas adeudadas. Son ejemplos contundentes de la fuerza de la acción colectiva. También lo muestran las huelgas y movilizaciones que recorren Francia y otros países europeos contra los ataques de los gobiernos y las patronales.

 Sin embargo, sería un error desconocer el retroceso producido en numerosos lugares de trabajo. La ofensiva patronal y la colaboración de la burocracia sindical han debilitado la organización obrera, erosionado los vínculos de solidaridad y, en muchos casos, instalado un clima de temor y resignación. 

 Revertir esta situación exige un trabajo político y organizativo paciente, que parta de las condiciones reales de los trabajadores. En muchas fábricas y establecimientos, antes de impulsar una asamblea o una medida de lucha, será necesario reconstruir los vínculos más elementales de confianza entre los compañeros. Promover conversaciones, abrir debates y organizar pequeñas reuniones, que en determinadas circunstancias deberán ser reservadas para evitar represalias patronales.

 Se trata de desarrollar un verdadero trabajo de orfebre para recomponer la solidaridad obrera, superar la desconfianza y recuperar la conciencia de que los problemas que enfrenta cada trabajador son parte de una situación común. Contra el individualismo que promueve la ofensiva patronal, es necesario recuperar un principio fundamental del movimiento obrero: si tocan a uno, nos tocan a todos.

 En este proceso será necesario sacar otra conclusión fundamental: necesitamos echar a la burocracia sindical traidora y patronal, para poner nuestras organizaciones -las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos- al servicio de la lucha por nuestros propios intereses. 

 Pablo Giachello

Sobreseimiento en $LIBRA: la Justicia le lanza otro salvavidas a Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros diez imputados en la causa por la memecoin $LIBRA. 

 El 14 de febrero de 2025, el empresario ‘cripto’ Hayden Mark Davis creó esta criptomoneda que el presidente promocionó en redes sociales. En minutos, el precio se disparó a lo cual le siguió un retiro masivo de millones de dólares desde distintas billeteras digitales que ocasionaron un derrumbe completo del precio. Se estima que fueron estafadas 40.000 personas por más de 280.000.000 de dólares. 

 El fiscal federal Eduardo Taiano fue el encargado de llevar adelante la investigación del caso. No citó a declaración indagatoria a ninguno de los investigados ni avanzó en la recolección de pruebas para determinar todos los alcances del acuerdo confidencial firmado entre Davis y Milei en la propia Casa Rosada. Tampoco avanzó sobre los chats entre Mauricio Novelli, intermediario de la operación entre los hermanos Milei y Davis, referidos a la secuencia de pagos destinados al clan Milei -en total, unos 5 millones de dólares- una vez realizada la promoción de la cripto por la cuenta del presidente en la red social X. Taiano demoró hasta donde pudo las pericias informáticas de estos chats y, una vez realizadas, las cajoneó durante meses. No investigó el destino de todos los fondos que intervinieron en la criptoestafa. Para sellar esta escandalosa impunidad, Taiano mismo pidió el cierre de la causa. 

 El juez Martínez de Giorgi determinó que lo actuado por Milei, Davis y los restantes involucrados, “no encuadra en una figura penal”; afirma que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta ni tampoco alcanzaba para demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas. Pero la publicidad y la "confianza" fueron los pilares de la maniobra Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de X como una iniciativa “para fondear pymes argentinas”, publicando un código alfanumérico de 44 caracteres para el contrato de la cripto (nunca se investigó quién proporciono ese código a Milei), hasta entonces no disponible en la web. Cuando la estafa era evidente, Milei borró el tuit y afirmó que “no estaba al tanto de los detalles” ocultando lo que fue luego acreditado: que sus contactos con Davis se remontaban desde hace años atrás y que suscribieron un ‘acuerdo de confidencialidad’. A pesar de todas las irregularidades de la investigación, Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal y también descartó para Milei los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El juez también jugó un rol importante al apartar como querellantes a varios de los damnificados por la estafa. A los pocos días de hacerlo, Milei firmó un decreto para designar como jueza a su esposa. 

 El sobreseimiento tiene lugar luego del fracaso rotundo de la comisión investigadora conformada en el Congreso Nacional. Ninguno de los funcionarios citados aceptó comparecer ante la comisión. En el informe final de esta comisión se señalaba que Javier y Karina Milei fueron “engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho” pero descartando por completo la posibilidad de motorizar un juicio político y apenas solicitando se evalúe al presidente por ‘mal desempeño’. La “comisión” fue un campo de negociación política entre los liberticidas y la “oposición” en torno a acuerdos presupuestarios y vacantes en el poder Judicial, a cambio de montar esta cortina de humo benévola con Milei. Este operativo contó con el apoyo político del FITU, que formó el interbloque ad hoc “Frente de Izquierda Nacional y Popular” con el peronismo para integrar a un kirchnerista y a Cristian Castillo a la comisión.

 Trump también hizo su contribución. Desde Estados Unidos no aceptaron los pedidos para acceder a los registros de las distintas plataformas y empresas tecnológicas involucradas en las operaciones de LIBRA. A su vez, la jueza federal de Nueva York, Jennifer Rochon, desestimó la demanda civil colectiva (“class action”) que los damnificados habían presentado contra Hayden Davis, sobre lo cual se amparó Martínez de Giorgi. 

 El sobreseimiento de Martínez de Giorgi tiene lugar cuando la Sala II de Casación todavía tiene pendiente una apelación de los damnificados que fueron apartados como querellantes. De ser favorable a estos, eso mantendría la causa abierta. Pero el sobreseimiento opera como un nuevo rescate político a Milei, en momentos en que naufraga el "plan económico" y su gobierno bordea un default, como lo ha caracterizado el propio capital financiero al que sirve sin cortapisas. 

 Emiliano Fabris 

 24/10/2026

Discapacidad al descarte

Presupuesto 2027: no más protección social y de salud.

 Al gobierno nacional, en sintonía con sus antepasados franquistas, le faltaría exclamar “¡Viva la muerte! ¡Muera la discapacidad!”.

 Su política hacia el colectivo revela que esta es su consigna. En el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 las partidas asignadas al sector son paupérrimas. A sabiendas de que no alcanzan para cubrir las erogaciones obligadas, el proyecto explicita que podrán usarse fondos previstos para otros destinos (servicios sociales), desfinanciando así otros programas para sectores vulnerados. 

 El proyecto de Ley de Presupuesto va más allá: habilita a que los “agentes obligados” (prepagas y obras sociales) definan el nivel de prestaciones que estén dispuestos a brindar. Sumado a la desregulación de las cuotas que cobran, la precariedad no sólo afectará a trabajadores con ingresos decrecientes, sino a sectores medios incapaces de afrontarlas. En los hechos, hacen desaparecer el carácter único del nomenclador de prestaciones. Con esto, las coberturas a las personas con discapacidad desaparecerán o se reducirán a una expresión inadmisible, y los agentes de salud tendrán plena libertad para hacer lo mismo con el resto de sus afiliados. Resumiendo, se profundiza la política de que las prestaciones dependan de la capacidad económica de las personas y familias. Se trata de un modelo que fragmenta el sistema solidario de salud y traslada los costos de atención directamente a los hogares. Los sectores de ingresos medios ingresan a un estado de mayor vulnerabilidad, ya que no califican para los programas estatales, pero carecen de la capacidad económica para financiar terapias particulares especializadas.

 En este contexto, el sistema judicial en su conjunto ha dejado de funcionar como garantía de los derechos violentados y amenazados. La caótica situación hace que haya cada vez más reclamos y esto retroalimenta la lentitud para resolver con eficacia. La respuesta judicial no llega a tiempo. Y la población afectada padece las consecuencias. 

 Con crudeza, se ha instalado que las personas con discapacidad no son merecedoras de atención, por la sencillísima razón de que se supone son incapaces de generarle a sus empleadores las ganancias que pretenden. Al igual que los jubilados, no aportan productivamente y por ende representan una carga fiscal a eliminar. Esto se evidencia en el valor de indigencia de las pensiones no contributivas para unos y de las jubilaciones para otros, y en el desguace de los servicios sociales y de salud pública, así como de PAMI. 

 Aunque el proyecto del oficialismo sobre discapacidad dice tener por objeto superar la emergencia y dar previsibilidad al sistema, deja a las personas con discapacidad desprovistas de toda protección social y de salud. Viola abiertamente el principio de no regresividad y pone en serio riesgo el principio de universalidad. Constituye una pantalla de humo para distraer de la Ley de Presupuesto y para encubrir el desfinanciamiento de la Ley de Emergencia del año pasado.Aun con sus serias limitaciones, prorrogar la Ley de Emergencia operaría como medida paliativa y parcial, hasta tanto se convoque a un debate con efectiva participación ciudadana para atender los reclamos del sector. Múltiples organizaciones que trabajamos en discapacidad reclamamos que el Poder Legislativo intervenga de manera propositiva y clara, rechazando tanto el proyecto de ley de presupuesto para 2027 como el proyecto del oficialismo sobre discapacidad. 

 Que la consigna que da nombre a esta nota no se torne realidad.

 Eduardo Joly

 23/10/2026

 Eduardo Joly es presidente de Rumbos Accesibilidad, un equipo interdisciplinario de profesionales activistas, con y sin discapacidad, a favor de un hábitat inclusivo. 

Publicado en El Cohete a la Luna, 18/10/26.

Hegel según Lenin

La juventud, en Europa, blande la guillotina

Contra los gobiernos liberticidas. 

 El pasado martes 20, una fiscal de la Justicia porteña ordenó la detención de delegados del subte que habían iniciado una medida de fuerza. “El que bloquea el servicio va preso”, posteó el fascista Jorge Macri, sindicándose como el verdadero autor del atropello contra los delegados. 

 La respuesta a esta provocación antiobrera fue la huelga general, que paralizó los subtes hasta que los compañeros fueron liberados. En el medio, la patronal y el Gobierno intentaron romper la huelga con carneros entrenados. Pero los piquetes obreros los hicieron fracasar.

 La réplica contundente de los trabajadores del subte es una poderosa señal para toda la clase obrera. Las agresiones de Milei a las condiciones laborales y sociales -salarios, jubilaciones, educación, salud, discapacidad- son brutales. Las movilizaciones -como ocurrió recientemente con la marcha de la universidad- son imponentes. 

 Pero la principal rueda de auxilio de los liberticidas son los aparatos políticos y burocráticos que temen mucho más a la irrupción de las masas que a los ataques del gobierno. 

 Condenan al movimiento de lucha a la reiteración de paros aislados, con el único propósito de desmoralizarlo. 

 La huelga general del subte es, en este sentido, una poderosa lección. 

 Se mira en el espejo de las rebeliones de la juventud que recorren a Europa, desde Francia, España y Bélgica hasta Albania e Italia. Un enorme levantamiento continental contra los brutales ajustes a la salud, a la educación y a los salarios que imponen los gobiernos “liberticidas” de Europa con un claro objetivo: financiar la sangría de la guerra imperialista. 

 Tomemos ese camino, el del subte, y el de toda la juventud europea, para hacerles morder el polvo a los “liberticidas” de Argentina con una huelga general. 

 Unamos a la clase obrera y a la nueva generación de luchadores en el combate contra los gobiernos ajustadores, contra la guerra y por el socialismo internacional.

Política Obrera 

 21/10/2026

El Congreso cierra filas con los liberticidas en medio del tobogán financiero

La sesión de Diputados de ayer puso de manifiesto el paraguas protector que los partidos del régimen le han suministrado al gobierno liberticida. La cámara aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en los términos votados por el Senado. Después de la medida cautelar provista por la Corte en relación a la Ley de Tierras, los libertarios acordaron votar con el macrismo y los bloques de los gobernadores un proyecto que legaliza un régimen de desalojos, e impide cualquier iniciativa de expropiación por razones de “utilidad pública” - la figura con la cual debieron legalizarse numerosas ocupaciones de fábricas que fueron vaciadas por sus propietarios.

 La sanción de este estatuto reaccionario quiso ser disimulada con la votación de una Ley de Discapacidad que aprobaron en consenso los libertarios, sus aliados y una amplia mayoría de diputados del pejotakirchnerismo. La norma reemplaza a la actual “emergencia en discapacidad”. En parte, legaliza las disposiciones de miseria asistencial de aquella emergencia, por ejemplo, una pensión por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima. Luego, establece una indexación mensual para los nomencladores de las prestaciones. Pero como ya ha ocurrido con los jubilados, deja afuera de ese ajuste a la confiscación perpetrada en 2024, cuando no se reconoció la desvalorización causada por la hiperinflación de comienzos de ese año. En consecuencia, la norma consensuada con el peronismo legaliza el despojo a la discapacidad, con un agravante: en el proyecto de Presupuesto 2027, los fondos previstos en este punto no aseguran de ningún modo las promesas de reajuste votadas ayer. Con solo dejar correr ese proyecto de Presupuesto, la Ley de Discapacidad sufriría un “veto” no declarado. En cuanto a las deudas del gobierno con prestadores, la ley aprobada le reclama al gobierno “establecer un cronograma”, una frase suficientemente difusa como para habilitar a nuevos bicicleteos.

 Para las organizaciones de discapacidad, la “emergencia” que se encontraba vigente era sólo un piso asistencial, después de un largo período de virtual liquidación de las prestaciones. Ahora, la ley mileo-peronista convierte a ese piso en un techo: permitirá que los libertarios se atrincheren en sus términos, con el argumento que la norma fue votada por “amplia mayoría”. La “oposición” del régimen replicó, con la discapacidad, la maniobra que consumaron los rectores universitarios en julio pasado: pactar con el gobierno un “vuelto” salarial, a cambio de enterrar a la Ley de Financiamiento Universitario. 

 Finalmente, en la madrugada del jueves se mandó de vuelta a comisión la cuestión del endeudamiento familiar, y probablemente por un largo tiempo. La bancarrota de seis millones de trabajadores será “un asunto privado”, como dice Milei y lo corroboran los bancos, que siguen tejiendo arreglos particulares con sus clientes, para convertirlos en deudores vitalicios. 

 La sesión de ayer puso de manifiesto una operación de rescate político en un momento preciso: cuando el capital financiero mira con lupa a Milei-Caputo, en vistas de que no cuentan con los recursos para afrontar los vencimientos de deuda. El jolgorio del Congreso pasó a segundo plano los datos de actividad económica de agosto publicados en el día de ayer: el “repunte” que se preveía después del retroceso de los meses anteriores, fue del… 0,1%. La caída frente al año anterior es del 1,7%. La expectativa de sostener la recaudación impositiva para pagar la deuda pública se viene abajo. Los “pagarés” de Milei y Caputo, incluso y sobre todo para con los discapacitados, son todavía más volátiles que los bonos del Estado. 

 Marcelo Ramal 

 22/10/2026

La sombra del default

La suba del “riesgo país” por encima de los 700 puntos enterró las habladurías del gobierno acerca de una incertidumbre financiera internacional. Los acreedores quieren saber cuáles son “las estrategias alternativas de financiamiento” (AF, 20/10) que maneja el gobierno argentino para pagar los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2027; saben que Caputo y Milei no tienen los recursos para afrontarlos. Recientemente, el Gobierno suspendió la emisión de bonos en dólares con vencimiento en 2029, al percibir que debía ofrecer intereses usurarios. 

 Milei ha festejado hace unos días las “exportaciones record” del mes pasado. Pero el ingreso de dólares es parte del problema, porque para sumarlos a las reservas el Tesoro tiene que comprarlos, acentuando el ajuste y la recesión. Un liberal, Aldo Abram, acaba de recomendar en La Nación (18/10) que el Gobierno deje de comprar reservas para que los pesos puedan circular como demanda hacia la industria. Caputo se encuentra atrapado en un rulo: si compra reservas, acentúa la depresión; si fomenta la demanda, tiene que declarar la cesación de pagos. La recesión disminuye los recursos fiscales y, con ello, la capacidad de pago de la deuda pública. Los dólares de las exportaciones serán un “montón”, pero la incesante fuga de capitales lo es también, orilla los 50.000 millones, aunque una parte se encuentra depositada en los bancos. El endeudamiento en el mercado local de capitales ha aumentado en 32.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Los vencimientos de capital e interés del próximo superan los 40.000 millones de dólares. La crisis mundial, en definitiva, no ha hecho más que agravar la crisis de financiamiento de los liberticidas. Políticamente, caminan por la cornisa. Política Obrera prevé que caerían al precipicio.

 Impasse político 

Este agujero negro explica el empantanamiento de los preparativos electorales. Temen a las PASO, porque una derrota en esa instancia dejaría al país sin gobierno. La suspensión de las PASO no necesariamente fragmentaría a la oposición y hasta podría sumar una candidatura de Patricia Bullrich contra Milei. Lo cierto es que los gobernadores desdoblarán las elecciones provinciales de las nacionales, salvo en Catamarca. De ese modo preservan a los intereses mineros bajo el paraguas local. La “banda” del RIGI -Sáenz de Salta, Figueroa de Neuquén, Jalil de Catamarca- confía en sostener los acuerdos leoninos con monopolios mineros o energéticos con independencia del gobierno que venga después de 2027. La letra del RIGI fue copiada de los acuerdos de Cristina-Kicillof con Chevron, en 2014, para iniciar la explotación de Vaca Muerta. La penetración subsidiada de algunas (pocas) inversiones extranjeras en el interior sellaron la alianza entre los libertarios y gobernadores. Pero, al mismo tiempo, sentaron las bases para la “independencia” política de estos últimos. 

 Peronismo 

El impasse de los preparativos electorales se extiende en buena medida al peronismo y, particularmente, a Kicillof. El exministro de Cristina no tiene ninguna respuesta para la crisis de deuda que él mismo renegoció bajo el ministerio de Martín Guzmán. Quien ha salido de las sombras es Sergio Massa, después del largo silencio que coincidió con su ingreso al Fondo de Inversión Greylock, un activo participante en la reestructuración de la deuda argentina bajo Martín Guzmán en 2020. Sergio Massa ensaya un tándem con Máximo Kirchner y con Cristina. En materia de definiciones económicas, Máximo insiste en que la deuda “no se puede pagar”, ofreciendo una nueva reestructuración. Las reestructuraciones no sólo son un esquema de esclavización financiera a perpetuidad, sino que dejan jugosas comisiones a los agentes financieros intervinientes. Como se ve, la salida “nac & pop” al desmadre Milei-Caputo es un rescate de los acreedores internacionales del país. Pero un reciclaje de la deuda argentina choca con la crisis financiera mundial en desarrollo. 

 Argentina, potencialmente, se mira en el espejo de las movilizaciones y crisis europeas. Una acción histórica independiente de las masas cortaría el nudo de este impasse catastrófico, y dejaría colgados del pincel a los Milei y sus “opositores” impotentes. 

 Marcelo Ramal

 21/10/2026

Un suizo solidario con Cuba

Una labor de amistad con entrega total a la causa de ayudar a Cuba la desempeña el médico suizo Beppe Savary-Borioli, quien asume esta tarea con mucha ternura por seguir el paradigma ejemplar de Ernesto Che Guevara y para desafiar al criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. 

En sus labores profesionales trabaja en el salvamento de personas en ambulancias y helicópteros, y sus conocimientos también lo desarrolla en acopiar medicamentos e insumos médicos donados por muchas personas de buena voluntad para enviar a la isla caribeña en contenedores marítimos. 

Pertenece a la organización Medicuba Suiza como miembro activo de la Asociación Suiza-Cuba y todas sus energías las vuelca en armar las cargas solidarias y coordinar toda su logística para que sean recibidas con toda la seguridad sanitaria que lleva, una labor silenciosa y anónima que todos los cubanos agradecemos. 

«Hacemos muchos proyectos de colaboración en el campo médico y en favor de energía fotovoltaica. Hemos contribuido con la electrificación solar de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y otros sitios. También tenemos coordinamos las maletas solidarias con ayuda en medicinas con turistas que viajan a la isla y la entregan en hospitales cubanos», relata el activista solidario. En estos momentos trabajan en completar otro contenedor del proyecto “Juntos se Puede” que será entregado a instituciones hospitalarias y en el que participan varias organizaciones de toda Europa como Medicuba, SODePAZ y la Asociación Paz y Solidaridad de Avilés. 

El anterior se envió el 17 de junio con equipos médicos y material sanitario donados por los hospitales de Barakaldo y Arrasate de la Osakidetza, dos sistemas fotovoltaicos de 5 kW con baterías para electrificar la editorial de la Mujer perteneciente a la Federación de Mujeres Cubanas y a una escuela sin amparo familiar del municipio Arroyo Naranjo en La Habana. También contiene mobiliario de oficina, jeringuillas y agujas.

 «El Centro Social de Onsernone en la municipalidad de Russo, donde trabajo mantiene un proyecto abierto con el Convento de Belen en la Habana Vieja que tiene en su instalación una residencia para ancianos», nos relata el activista solidarios y su mensaje lo concluye con la palabra “¡Venceremos!”. 

Nuria Barbosa

Juzgan a los directivos de Mercedes Benz durante la dictadura por la desaparición de dos delegados

Casi cinco décadas después, un exgerente de la automotriz será juzgado por la represión contra miembros de la comisión interna. 

 Llegan a juicio los casos de Héctor Ratto, sobreviviente, y Diego Núñez. 

Tras décadas de impunidad, finalmente comenzará el jueves 22 de octubre el juicio contra Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Mercedes Benz, por la responsabilidad de la empresa en la desaparición de dos trabajadores bajo la última dictadura militar. El juicio determinará el accionar de la patronal en las detenciones y desapariciones de dos miembros de la comisión interna de la automotriz alemana: Héctor Ratto, sobreviviente, y Diego Núñez, que continúa desaparecido.

 Los dos fueron secuestrados el 12 y 13 de agosto de 1977. Ratto denunció que Tasselkraut lo citó a una reunión donde lo estaban esperando militares, que finalmente se lo llevaron detenido y lo torturaron con el uso de picana. Fue liberado y secuestrado nuevamente. Ambos quedaron como prisioneros en Campo de Mayo.

 Mercedes Benz y la dictadura 

Los capos de Mercedes, cuya planta está ubicada en Buenos Aires (La Matanza), habrían entregado al régimen de Videla los nombres y las direcciones de otros 18 obreros y delegados sindicales (Tiempo, 21/10). Además de Ratto, sobrevivieron otros 2.

 Los milicos contaron también con la complicidad de personal del Smata, que confeccionaba “listas negras” con los nombres de trabajadores considerados “alborotadores”. Es que los trabajadores secuestrados habían protagonizado luchas por aumentos salariales y por mejoras en las condiciones laborales. 

 La dictadura se ensañó particularmente contra los trabajadores que en los 60 y 70 estuvieron a la vanguardia de los levantamientos obreros y juveniles de la época, como ocurrió en el Cordobazo y más tarde en la huelga general de junio y julio del 75. El régimen respondía así a la "guerrilla fabril" que acusaban los grandes grupos capitalistas. Otros casos conocidos de empresas que planificaron la represión dictatorial son Ford, Acindar, Techint, Ledesma o La Veloz del Norte. 

 Mercedes Benz suministraba a la dictadura los camiones Unimog, mientras que Ford, los conocidos Falcon de color verde. 

 La empresa había sido colaboradora y financista de la dictadura nazi en Alemania. Tuvo un campo de concentración en el que aproximadamente 800 judíos trabajaron en condiciones de esclavitud; 300 de ellos murieron de hambre y por agotamiento. En total, de 63.000 empleados, 32.000 constituían mano de obra esclava (La Tinta, 1/4). Así obtenía ganancias extraordinarias. 

 Los capitalistas y la impunidad

 Que el juicio comience tras años de demora se debe a la lucha que llevaron adelante militantes de derechos humanos como quienes integran la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. 

 La causa venía siendo demorada en el Juzgado 1 de Alicia Vence, que sobreseyó a Tasselkraut en 2022. En el medio, Raúl Cuevas, otro exgerente de la empresa, murió impune.

 Es lo que pasó con Carlos Blaquier, exdueño de Ingenios Ledesma, o con muchos militares del régimen genocida. Es la “impunidad biológica”, corolario de las políticas de Estado para garantizar la impunidad de los criminales. Milei busca retomar esta senda, a la vez que promueve la reintroducción de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.

 Cárcel común y castigo a todos los genocidas y colaboradores de la dictadura.

 Nazareno Suozzi

Milei en el Estado Español, un viaje marcado por protestas en su contra y rechazos

En la Universidad Rey Juan Carlos se concentraron estudiantes y profesores para repudiarlo. 

 El presidente argentino Javier Milei visitó, este miércoles 21, un Estado Español sacudido por el adelantamiento de las elecciones generales (previstas para el 29 de noviembre) y la lucha ante el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda propia.

 Milei se dedicó a hacer campaña como si fuera un candidato más. En su intervención en el Nueva Economía Fórum, por la mañana, frente a empresarios y políticos de derecha, llamó a “sacar a patadas a los socialistas” y calificó al presidente español, Pedro Sánchez, como un “dictador” y un “delincuente ladrón”. Posteriormente, se reunió con la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (del Partido Popular, de derecha), y sostuvo una videoconferencia con Santiago Abascal, dirigente de la ultraderechista Vox. 

 Sánchez confrontó con Milei, convencido de que, para la derecha española, quedar asociada al presidente argentino y su nefasto ajuste con motosierra es un dolor de cabeza. Sostuvo que, si el PP y Vox ganan en noviembre, “harán con España lo mismo que Milei en Argentina”. Además, publicó mensajes en redes sociales en los que dice estar orgulloso de ser “zurdo” y se lo ve escuchando a Lali Espósito, una de las artistas por las que el mandatario argentino siente aversión. 

 Sin embargo, la pose combativa de Sánchez es una impostura. Dice, por ejemplo, en uno de sus mensajes, que “si defender el ‘no a la guerra’ y el ‘sí a la paz’ es ser zurdo, soy zurdo”, pese a que el Estado Español viene incrementando en forma sostenida el gasto militar, para cumplir con los planes armamentistas de la Otan. Solo en 2025, el aumento en el presupuesto de defensa fue del 50%.

 Milei fue recibido con una protesta de profesores y estudiantes en la Universidad Rey Juan Carlos, en la que compartió una conversación con un economista de la Escuela Austríaca. Y visitó la Fundación Disenso, vinculada a Vox, desde la que se comunicó con Abascal, quien estaba de campaña electoral en La Coruña. Algunos medios interpretan que el líder de Vox evitó, deliberadamente, recibirlo. Por eso, Milei dijo, al comenzar la videollamada, con ironía: “dicen que no me querés más”, tratando, así, de desmentir aquella versión.

 Cómo enfrentar a la derecha 

El desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que no podía costear el aumento del alquiler de su departamento en Madrid, desencadenó, en septiembre, masivas movilizaciones y acampes en todo el Estado Español en defensa del derecho a la vivienda. En Puerta del Sol, aún se mantienen en pie las carpas. El movimiento se extendió, inclusive, a la vecina Portugal. La profundidad de esta lucha obligó a las dos principales centrales sindicales (UGT y CC.OO.), afines al gobierno, a convocar a su primer paro general en 14 años, para el 11 de noviembre. 

 Las políticas de ajuste, el militarismo y el fascismo no serán derrotados con los discursos demagógicos de un Sánchez, sino con los métodos históricos de la clase obrera: la organización y la huelga general. Esta conclusión es válida tanto para el Estado Español como para la Argentina. 

 Gustavo Montenegro

¿Y si hacemos como Francia?

Los estudiantes franceses marcan el camino. La radicalización estudiantil se extiende a varios países. Contribución al Plenario Nacional de la UJS Las movilizaciones en Francia 

El movimiento estudiantil francés se puso de pie. Hace varias semanas sostiene un proceso de movilización de masas que, por su radicalización, adquirió la forma de una verdadera rebelión en París. La chispa se encendió en la periferia, en los colegios secundarios al que asisten los hijos de inmigrantes (el sector más golpeado por el ajuste de Macron). Una explosión desde los márgenes. Pero la lucha de estos estudiantes se extendió por todo Francia y trascendió al movimiento estudiantil. Se sumaron a ella los chalecos amarillos y sectores del movimiento obrero. 

 Los estudiantes franceses destacan por sus métodos de acción directa radicalizados y por su enorme politización: ocupan colegios y bloquean universidades. Se organizan para enfrentar la represión de las fuerzas de seguridad. Son anti imperialistas: las movilizaciones se llenan de banderas palestinas en rechazo al genocidio criminal del sionismo israelí. Pese a que Macron retrocedió y parcialmente atendió alguna de las reivindicaciones de los estudiantes, el movimiento no se detiene y va a fondo contra todo el paquete de ajuste del gobierno. 

 La lucha de los estudiantes franceses contagió a otros países de Europa como Albania, Bélgica, Portugal e Italia. En España hay un potente movimiento que reclama la huelga general, también protagonizada por jóvenes, en defensa del derecho a la vivienda y contra los desalojos. Recientemente en Madrid comenzó una huelga educativa.

 Bien cerca de nuestras latitudes tenemos a los estudiantes secundarios chilenos que protagonizaron choques directos contra el gobierno ultraderechista de Kast ni bien asumió su mandato contra el paquete de ajuste educativo. El pasado 18 de octubre sucedieron enormes concentraciones y manifestaciones en conmemoración del 7mo aniversario del comienzo del estallido social que abrió un proceso de características revolucionarias. 

 En Brasil, de cara al ballotage, se han incrementado las movilizaciones contra el triunfo de la ultraderecha fascista representada por Flavio Bolsonaro. El movimiento estudiantil universitario es uno de los máximos protagonistas en esta pelea en las calles. Este proceso de movilización popular es el que puede lograr derrotar a los fachos en las urnas el próximo domingo 25 de octubre. La actitud del movimiento estudiantil brasilero es antagónica a lo que ocurrió en el ballotage argentino entre Massa y Milei, donde desde los centros y federaciones peronistas rechazaron cualquier movilización callejera para frenar a la ultraderecha y finalmente esta triunfó en un marco de pasividad autoinfligida.

 ¿Qué falta en Argentina?

 En Argentina muchos luchadores se preguntan genuinamente por qué en nuestro país el movimiento estudiantil no responde como los estudiantes franceses a las agresiones permanentes de Milei contra la juventud, la educación y el pueblo trabajador en general. No es correcto señalar apatía ni mucho menos que los jóvenes se volvieron de derecha. Es muy claro que el enorme apoyo que Milei tuvo entre los jóvenes antes de asumir la presidencia se fue disipando producto del rotundo fracaso de su plan económico. Los estudiantes secundarios, por dar un ejemplo, vienen de protagonizar un masivo 16 de septiembre en todo el país, particularmente en provincia de Buenos Aires y CABA con un claro contenido anti mileista. Los universitarios protagonizaron 5 marchas federales enormes, ocupaciones de universidades, clases públicas, muchos jóvenes estuvieron en primera línea resistiendo la brutal represión del pasado 15 de octubre frente al Congreso luego de la caída de la sesión para tirar abajo el DNU 70. Miles de estudiantes se organizaron y viajaron al encuentro plurinacional de mujeres y diversidades en Córdoba como respuesta a la política reaccionaria de Milei y a la responsabilidad del conjunto del Estado en los femicidios y en toda la violencia contra las mujeres y feminidades. 

 La respuesta correcta entonces parte de analizar qué dirección tiene hoy el movimiento estudiantil. ¿Es una dirección combativa e independiente o es una dirección integrada al Estado? La mayoría de los centros y las federaciones estudiantiles están en manos del peronismo y el radicalismo. Ambas fuerzas son antagónicas a la organización combativa de los estudiantes. Vaciaron conscientemente los espacios de organización y los convirtieron en meras oficinas de gestión. Los centros de estudiantes son cáscaras vacías. Veamos algunos ejemplos: La Federación Universitaria de La Plata (una de las más importantes del país) conducida por el peronismo/kirchnerismo fue un factor de desorganización de la 5ta marcha federal universitaria. No convocó a ninguna instancia de organización previa: ni asamblea interfacultades, ni reunión de centros, ni una sentada ni una radio abierta. Tampoco lo hicieron desde los centros de estudiantes que conducen. En la UBA, los centros en manos del peronismo tampoco fueron un factor de organización, al contrario vaciaron conscientemente las instancias de organización como ocurrió en Exactas, en Fadu, en Filo y Sociales. El radicalismo que dirige la mayoría de los centros y la Fuba (Federación Universitaria de Buenos Aires) trabajo permanentemente para que en sus facultades no ocurra absolutamente nada. Las columnas raquíticas de los centros de estudiantes de Medicina, Económicas, Derecho y Veterinaria son ilustrativas. Yacobitti, vicerrector y jefe político del radicalismo en la universidad, posterior a la 5ta marcha federal coincidió con la Ministra de Seguridad mileísta y llamó a encontrar e investigar a los supuestos violentos e infiltrados que no eran más que estudiantes y trabajadores defendiéndose de la brutalidad represiva del Estado una vez caída la sesión en el Congreso.

 No se trata de que los estudiantes somos pasivos, lo que ocurre es que al frente de nuestras organizaciones gremiales se encuentra la burocracia estudiantil cuya política es pactar con el gobierno y por ende mantener en un cuadro de relativa desmovilización a los estudiantes. Cuando por abajo se rompe la contención, por ejemplo mediante un proceso de ocupaciones de universidades y secundarios como ocurrió en 2024, son las direcciones burocráticas de los centros y federaciones las que se encargan de apagar el fuego para retornar a un estado de normalidad funcional a que la motosierra de Milei siga destruyendo la universidad y la educación pública en todo el país. 

 Para que en Argentina la respuesta estudiantil a las agresiones de Milei sea como en Francia, los estudiantes nos debemos un profundo debate sobre quién es quién en la lucha contra el gobierno. Quiénes de verdad queremos defender la universidad y por ende terminar con el gobierno libertario y quiénes buscan pactar con el gobierno para mantener sus privilegios de casta. ¿Qué tipo de organizaciones gremiales necesitamos? Centros y federaciones de estudiantes que tengan como principio la organización independiente y combativa contra el Estado y no renieguen de impulsar métodos de acción directa, u organizaciones vacías que solamente se encarguen de funcionar como la pata estudiantil del régimen universitario. La izquierda tiene el desafío de impulsar estos debates mediante una lucha política e ideológica a fondo en la propia experiencia viva de los estudiantes en sus combates contra el Estado.

 Sumate al Plenario Nacional de la UJS

 Finalmente, imitar el ejemplo de los estudiantes franceses es pelear por abrir un canal de organización independiente en la juventud. Ganar a miles de pibes y pibas a la lucha junto a la vanguardia del movimiento obrero por la huelga general para terminar con el gobierno de Milei. Dar una sistemática lucha en todos los terrenos contra los postulados reaccionarios de la ultraderecha pero también de la centroizquierda y/o el nacionalismo burgués que engañan a las masas planteando que un “capitalismo humano” es posible. Es mentira: el capitalismo es guerra y destrucción. Es el genocidio que sufre el pueblo palestino a manos del estado sionista y terrorista de Israel. Son las hambrunas generalizadas que azotan a los pueblos del mundo y las catástrofes naturales producto de la depredación capitalista. Son los millones de trabajadores que no tienen derecho a un techo y a una vida digna. Es el aumento exponencial de suicidios que afectan a los jóvenes en todo el mundo. Es la destrucción en todo el mundo de la educación pública. El verdadero rostro del capitalismo en su decadencia imperialista es el de la barbarie. No es posible salvarlo ni reformarlo. Lo único verdaderamente posible es destruirlo y reemplazarlo por el gobierno de los trabajadores, o sea por el socialismo. 

 Para dar estos debates, reflexionar y sobre todo impulsar una potente organización estudiantil de izquierda, revolucionaria y socialista para enterrar a los fachos y a sus cómplices, la Unión de Juventudes por el socialismo impulsa un plenario nacional abierto a todxs lxs luchadores y luchadoras el próximo 28 de noviembre en Caba.

 Santiago Sposito

Revolución Rusa: el comunismo al poder.

CON FILO | Isabel Monal y la cultura cubana

A 16 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra

La lucha por el castigo a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra, sin duda, ha quedado inscripta en la historia del movimiento obrero de nuestro país como una de sus grandes gestas. 

 Fue una lucha contra toda la oposición del gobierno kirchnerista, que intentó por todos los medios encubrir a los mentores del crimen. José Pedraza, el ´sindicalista constructivo´, como lo definió públicamente Cristina Fernández, seguiría siendo invitado a los actos oficiales desde el día siguiente, en una clara señal de respaldo político. Funcionarios, burócratas y empresarios del transporte eran socios en un negociado típicamente ´nacional y popular´ que se nutría de fondos públicos para la gestión de la red ferroviaria. La explotación de trabajadores ´tercerizados´, empleados por empresas subcontratistas que, fraude mediante, eran satélites de los mismos grupos concesionarios, era uno de los grandes filones del negocio. Los trabajadores cobraban un tercio que sus compañeros y no contaban con vacaciones ni aguinaldo. Los tercerizados del tren Roca decidieron dar pelea por el pase a planta y el reconocimiento de todos los derechos que les correspondían bajo el convenio ferroviario. El 20 de octubre de 2010, tenían previsto cortar nuevamente las vías en Avellaneda como parte de su plan de lucha. La burocracia sindical, hostil al reclamo que ponía en jaque sus prebendas, organizó una patota para ´aleccionarlos´ a tiros. La emboscada fue armada con premeditación. Los empresarios dieron asueto en los talleres de Remedios de Escalada para reunir a un grupo. El plan era presentar los hechos como un ´enfrentamiento´ entre trabajadores. Los tiradores irían camuflados entre ellos. La policía cercó la zona liberada y cubrió la huida de los agresores. Además de dar muerte a Mariano, los matones de Pedraza hirieron a varios compañeros. Entre ellos, a la delegada del Polo Obrero Elsa Rodríguez, dejándole secuelas irreversibles.

 El crimen de Mariano sacudió las conciencias y los corazones de miles de jóvenes y trabajadores. El país se paralizó con huelgas, asambleas y piquetes espontáneos. El Partido Obrero de aquel entonces -Política Obrera ahora- señaló inmediatamente a los responsables. Ante una movilización sin precedentes, el Estado, el gobierno y la Justicia actuaron para reducir daños. El movimiento que desató el asesinato de Mariano Ferreyra, finalmente, llevaría a la cárcel a buena parte de los responsables intelectuales y materiales, empezando por la cúpula de la Unión Ferroviaria. Empresarios, jueces y funcionarios, involucrados en los hechos y su encubrimiento, sin embargo, lograrían zafar impunemente.

 16 años después 

"Esta lucha sigue", dijimos cuando se conocieron las condenas. Con Pedraza no se acabó el fraude de la tercerización laboral. Por el contrario, el ministro de Trabajo del kirchnerismo, Carlos Tomada, siguió defendiéndola como "irreversible". Un anticipo, digamos, de la ´modernización laboral´ que CFK reivindicaría en una de sus cartas públicas más recientes. 

 Finalmente, el gobierno de Milei, con la complicidad del peronismo, sería el encargado de darle a la tercerización laboral y al monotributismo un nuevo status legal con su ´contrarreforma laboral´. La burocracia de la CGT -los laderos de Pedraza- entregó los convenios colectivos de trabajo y el derecho a huelga al fascismo libertario, a cambio de preservar sus privilegios. La CGT milita la aplicación la destrucción de la jornada de ocho horas y la flexibilización laboral. En Siderar, la UOM ´nac & pop´, anterior a la intervención, se ocupó de desactivar la lucha de los tercerizados. 

 A este bloque antiobrero y contrarrevolucionario, el FITU todavía le reclama ´planes de lucha´ y hasta la ´huelga general´. Pero los herederos de Pedraza están con Milei. La lucha de Mariano, en cambio, late en las huelgas autoconvocadas de la docencia y la Salud. En los paros y movilizaciones de los residentes de los hospitales porteños que reclaman un salario inicial de 3 millones de pesos. En las autoconvocatorias docentes -de Catamarca a la provincia de Buenos Aires- que desafían la declaración de ´servicio esencial´ contra el derecho a huelga, para salir de los salarios de hambre. 

 A 16 años del crimen de Mariano, enfrentamos a uno de los gobiernos más antiobreros de la historia argentina, al menos desde la última dictadura militar. Pero el sacrificio al servicio del capital financiero que éste les ha impuesto a los trabajadores, jubilados, discapacitados, no lo salvará de su propio e inevitable derrumbe.

 Hasta terminar con la explotación y la guerra. "Esta lucha sigue", dijimos, hasta la victoria de los trabajadores. 

 Mariano Ferreyra, hasta el socialismo siempre. 

 Jacyn 

 20/10/2026

Adónde va la alianza de Trump con Putin contra los imperialismos europeos

Donald Trump ha suspendido las sanciones económicas contra Rusia votadas por una mayoría bipartidaria en el Congreso norteamericano, alegando la necesidad de un libre abastecimiento de diésel para contrarrestar la suba de un 80% de su precio en el mercado internacional. En forma simultánea reclamó a Zelenski, el presidente de Ucrania, a que cesara los ataques contra las refinarías de Rusia que procesan ese carburante. La normalización de la provisión de diésel no depende de la producción de Rusia sino del cuello de botella que significa el Estrecho de Ormuz y los bombardeos contra Arabia Saudita de parte de los hutíes de Yemen. Zelenski ha desechado el reclamo de Trump, señalando que Ucrania es objeto de un ataque a la infraestructura eléctrica de parte de Putin, denunciando que el propósito del Kremlin es obtener la rendición incondicional de Ucrania mediante el sometimiento de su población a un invierno sin ninguna clase de energía. Llegado a este punto, Trump retomó un antiguo requerimiento para que Zelenski renuncie a la presidencia de Ucrania.

 El ofrecimiento de un libre tránsito a la flota de Rusia ha dejado expuesta la quiebra de la OTAN. El imperialismo norteamericano y los imperialismos europeos, incluida una mayoría de congresistas estadounidenses, tienen objetivos de guerra diferentes e incluso antagónicos. Europa se encuentra embarcada en una guerra de victoria contra Rusia, que supone la anexión de Ucrania a la Unión Europea y el desmantelamiento del proteccionismo económico de Rusia, y un eventual cambio de régimen político. Trump plantea, en cambio, el sometimiento incondicional de Ucrania a un acuerdo de paz con Rusia. Lo ha venido sosteniendo desde su primer mandato y repetido en sucesivas reuniones con Putin, sin consecuencias prácticas por la oposición de la oligarquía de Ucrania y de la Unión Europea. Se ha creado un estado de guerra entre Estados Unidos y sus aliados históricos, con la orden dada para reducir la asistencia de Starlink y StarShield a Ucrania, tanto en cuanto a ataques contra el territorio ruso como a lo que hace a la defensa antiaérea de Ucrania. La confrontación entre estos imperialismos ha estado presente desde el comienzo de la presente guerra, y se ha manifestado en la guerra comercial como en la bélica. Trump ha forzado a Europa a financiar el rearme militar norteamericano mediante la suba del porcentaje aplicado a las compras de armamento de Estados Unidos. Trump ha sostenido al régimen de Zelenski como elemento de presión para doblegar a Putin a llegar a un acuerdo por separado con Estados Unidos.

 Trump ha planteado el congelamiento de la situación militar en Ucrania, mientras se suscriben acuerdos de explotación de tierras raras con compañías norteamericanas, para integrarlas a sus cadenas internacionales. Ha anotado en el emprendimiento a BlackRock, el fondo internacional que ya se ha adueñado del agro ucraniano. Es enfrentado en este propósito por la UE y por Alemania, cuyas ambiciones históricas hacia Ucrania se manifestaron enseguida después de la unidad nacional del país. Estados Unidos se ha quedado con la petrolera rusa Lukoil; Trump ha hecho saber que pretende adueñarse del gasoducto NordStream 2, propiedad de la rusa Gazprom. para controlar el comercio de gas natural entre Rusia y Europa. Sujetaría a la dominación norteamericana no sólo a Ucrania sino a la misma Europa. No es una propuesta de paz sino una redefinición de la guerra imperialista. Putin, sin embargo, duda que Trump se encuentre a la altura de estas ambiciones; sigue, en consecuencia, una guerra de aniquilamiento de las estructuras de Ucrania.

 La guerra interimperialista ha asumido, entre tanto, nuevas dimensiones. La UE tiene secuestrados 260.000 millones de euros de Rusia, en un clearing de Bruselas, de donde retira intereses para financiar la guerra contra Rusia. La confiscación del depósito no progresa, sin embargo, por el temor de que se pueda convertir en antecedente de confiscaciones de guerra con capacidad de golpear al golpeado sistema financiero internacional. Trump acaba de reclamar el derecho de supervisión de ese fondo, con la intención de aplicarlo a los convenios económicos que acompañarían a un acuerdo de paz. Opera activamente para apropiarse del recurso en reuniones internacionales con la UE en Miami, por medio de sus agentes Witcoff y Kurchner. La disputa podría desatar una guerra entre ex aliados. La ultraderecha europea, que encabeza las intenciones de voto en España, Francia y Alemania, apoya un acuerdo de paz y un final de la guerra en Ucrania, pero en términos propios. La UE se encuentra dividida políticamente, mientras la ultraderecha se encuentra aún distante de disponer de su propia hegemonía. En las últimas horas, toda esta situación ha alimentado la versión de una reunión de Trump, Putin y Xi Jinping, que tendría lugar dentro de unas semanas en los márgenes de una reunión de la Asociación de Comercio de Asia. La UE y Alemania desencadenarán una guerra más determinante contra territorio ruso para neutralizar esta maniobra política. En Taiwán temen que un compromiso con participación de China por Ucrania lleve la guerra al Mar de la China.

 La guerra en curso tiene lugar cuando suenan las campanas de un inminente derrumbe financiero internacional, en el cual están comprometidas las compañías de semiconductores y la Inteligencia Artificial, ligadas entre sí por medio de mercados cautivos. Un estallido financiero tendría el alcance de una bomba atómica. Las elecciones norteamericanas, asimismo, pueden detonar una ruptura del frente interno de la burguesía y de la oligarquía tecnológica, con implicancias en la continuidad de Trump –sea por la vía de los hechos o por un juicio político. 

 En cuanto a las masas mismas, lo que ocurre en Francia, España e Italia señala el ingreso de ellas en la tormenta de la crisis social y la guerra. Los regímenes políticos más sólidos han entrado en fase de licuefacción. Comienza un aprendizaje acelerado en una clase obrera que ha entrado en la crisis y la guerra sin preparación política. Manos a la obra. Abajo la guerra. Por el cese de la guerra sin anexiones. Por la confraternización de los trabajadores de todos los países. Por una República socialista mundial de Consejos Obreros. 

 Jorge Altamira 

 20/10/2026

El negocio de Roni Kaplan: la hasbará israelí que cooptó a Yamandú Orsi.

El “octavo frente” de Netanyahu: millones para lavar el genocidio

 La revelación del semanario Brecha sobre la empresa Conexión Israel de Roni Kaplan no es un mero escándalo de “propaganda”. Es la exposición concreta de cómo el Estado sionista, brazo avanzado del imperialismo en Oriente Medio, compra voluntades, coopta dirigentes y fabrica “opinión pública” en América Latina con fondos públicos millonarios. 

 Kaplan, uruguayo de origen, capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y vocero en español de la ocupación, pasó del servicio militar activo al negocio privado de la hasbará (literalmente “explicación” o “esclarecimiento” en hebrero). En el contexto político e internacional se usa para referirse a los esfuerzos de diplomacia pública, y propaganda del Estado de Israel, y de organizaciones proisraelíes, destinados a justificar y promover las políticas y acciones del gobierno israelí ante la opinión pública mundial. Tiene una infraestructura propia dentro del gobierno, oficina del primer ministro, cancillería, ministerio de Defensa, y cuenta con presupuestos importantes, especialmente desde octubre de 2023.

 La firma de Kaplan ha recibido al menos 10 millones de dólares de la cancillería israelí entre 2023 y enero de 2026, con perspectivas de otros 5 millones en el año en curso. Desde 2017, el total supera los 16 millones. Este caudal de dinero estatal no financia turismo: organiza delegaciones de políticos, periodistas, e influencers para que “descubran las facetas más atractivas” de Israel y regresen convertidos en agentes de influencia. 

 Tras el 7 de octubre de 2023, Israel declaró abiertamente el “octavo frente”: la batalla por las conciencias. Según lo ha planteado Benjamín Netanyahu quien ha descrito repetidamente el enfrentamiento desde el 7 de octubre de 2023 como una guerra en siete frentes militares o físicos contra Irán y sus aliados. El “octavo” es el no militar: la guerra de la información, la diplomacia pública y la disputa por el relato mediático e internacional.

 Mientras bombardea Gaza y Líbano, multiplica el presupuesto de diplomacia pública hasta 730 millones de dólares solo para 2026. Kaplan es uno de los intermediarios privilegiados. Organiza itinerarios que muestran high-tech, playas de Tel Aviv y “convivencia” entre árabes y judíos, omitiendo sistemáticamente la ocupación, los checkpoints, los asentamientos y el genocidio en curso. El propio canciller Gideon Saar lo reconoce: se trata de un arma en la “guerra de conciencias”.

 En Uruguay, esta operación ha sido particularmente exitosa. Yamandú Orsi, actual presidente por el Frente Amplio, viajó en septiembre de 2023 invitado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Comité Central Israelita. La agenda la armó Conexión Israel. Orsi regresó entusiasmado: “disfruté tanto”, “no hay apartheid”, “convivencia normal”. Un año después, en privado, confesó que el viaje “cambió” su perspectiva. No es un caso aislado. 

 Brecha, vinculado estrechamente al Frente Amplio, viene desarrollando toda una campaña de denuncia contra el genocidio y las operaciones de encubrimiento que adopta en el país y la región. Una muestra de la crisis que atraviesa la propia centroizquierda. El semanario enumera una treintena de dirigentes de la oposición, periodistas de los principales medios (canales 12, 10, 4, VTV, El País, El Observador, el semanario Búsqueda), el pastor Jorge Márquez y su Iglesia Misión Vida, académicos y empresarios de la Cámara de Tecnologías de la Información también hicieron el mismo recorrido. Parte de estos viajes son financiados directamente por la cancillería israelí; otros, por organizaciones del lobby proisraelí. En todos los casos, la logística y el diseño propagandístico quedan en manos de Kaplan. 

 El Frente Amplio, que en la oposición denunciaba tímidamente los excesos de Netanyahu, en el gobierno absorbe a un presidente que ha sido moldeado por la hasbará. Más atrás en el tiempo el propio Fernando Pereira, hoy presidente del Frente Amplio, visitó Israel como representante máximo del PIT-CNT. Viajó invitado por la Histadrut (la principal “central sindical” israelí), junto a otros dirigentes sindicales uruguayos. Durante esa visita destacó aspectos de la organización sindical en Israel y la calidad de vida de los trabajadores. La complicidad con el sionismo viene de lejos. 

 No se trata de una “infiltración” misteriosa: Israel ofrece tecnología de vigilancia, armamento y, sobre todo, un relato que legitima la represión. Kaplan no es un simple emprendedor. Emigró, se enroló en las FDI, participó en la propaganda de la ofensiva de 2014 contra Gaza y luego monetizó esa experiencia. Su trayectoria ilustra la fusión entre el Estado sionista, el capital privado y la diplomacia imperialista. La hasbará no es un “exceso” ni una “desviación”: es inseparable del carácter colonial y genocida del Estado de Israel, fundado sobre la expulsión del pueblo palestino y sostenido por el imperialismo. 

 El incremento exponencial del presupuesto de propaganda israelí -de 25 delegaciones anuales a más de 400 en 2025- coincide con la necesidad de contrarrestar el aislamiento internacional de Israel tras el genocidio perpetrado desde 2023.

 En Uruguay, el lobby pro Israel ha desatado una campaña contra toda movilización en apoyo a Palestina. El sionismo mantiene un control superestructural (partidos políticos de la derecha, prensa y el propio gobierno) pero ha perdido definitivamente la calle. El FA maniobra en ese contexto, buscando salvar al gobierno frente a su base con el argumento de "una cosa es el gobierno y otra la fuerza política". La ultima marcha realizada el 8 de octubre precisamente denuncia la complicidad del gobierno (“Que se ponga del lado de los oprimidos y no de los opresores”), ante lo cual el propio Fernando Pereira se desmarca, afirmando que apoya "algunas partes" de la proclama y no otras. El FA ha quedado embretado, no puede encabezar estas movilizaciones porque su gobierno mantiene el sometimiento al imperialismo, pero tampoco puede excluirse totalmente porque perdería toda influencia en este movimiento. La marcha reclamó la ruptura de relaciones con Israel. Orsi nombró a Marcos Carambula como embajador en Palestina, una figura vinculada al Partido Comunista, mientras mantiene su embajada en Israel, y las relaciones diplomáticas y comerciales (incluida la eventual compra de armas). 

 La lección es clara. No basta con denunciar el genocidio en Gaza. Hay que combatir la infraestructura política e ideológica que lo sostiene en nuestros propios países. Eso implica rechazar todo viaje de “familiarización”, denunciar a los dirigentes que se prestan al lavado de imagen, exigir la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado sionista y organizar la solidaridad activa con la resistencia palestina.

 Mientras los partidos patronales y la centroizquierda corrompida se dejan comprar o se acomodan, los trabajadores deben levantar la bandera de la unidad con los oprimidos de Palestina, Líbano, Yemen e Irán, y transformar la solidaridad en acción revolucionaria.

 Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 19/10/2026

La rebelión que recorre Europa

Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Albania, Alemania... 

 El panorama que arrojaron los sucesos europeos de este fin de semana revela una tendencia a la rebelión popular en pleno desarrollo. 

 Desde el inicio de los combates en Ucrania, y más aún desde las agresiones contra Irán, las movilizaciones en Europa contra las consecuencias sociales de la guerra han ido escalando. Las grandes concentraciones contra el genocidio en Gaza, especialmente en Italia, España, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, se alternaron con huelgas y protestas contra el aumento de los combustibles, alquileres y recortes del gasto social. Los acontecimientos que, por estas horas, envuelven a Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Alemania e incluso Albania -aspirante a integrar la UE- han hecho emerger un escenario de protestas ´transnacionales´, en medio de un acusado chonivismo y de aprestos represivos contra las movilizaciones. Aunque carezcan de una dirección unificada, los reclamos de fondo de los estudiantes y trabajadores tienen una raíz común. Este ascenso de las luchas sociales, por otro lado, tiene lugar en vísperas de un recambio por derecha -incluso ultraderecha- de los gobiernos en presencia. El programa de ese relevo, contradictoriamente, plantea un ajuste del gasto social y un reforzamiento del presupuesto militar y de guerra, alimentando tendencias explosivas. 

 Las principales manifestaciones europeas de los últimos días fueron encabezadas por la juventud. 

 La rebelión estudiantil francesa conoció un nuevo pico este fin de semana. A los estudiantes secundarios que salieron a luchar desde hace quince días, se sumaron en esta oportunidad los ´chalecos amarillos´, el movimiento surgido en 2018 contra el aumento de los combustibles. El gobierno de ´centroderecha´ y la ultraderecha de Marine Le Pen acusaron a ´infiltrados´ y partidos de izquierda por los destrozos que provocaron en varias ciudades los choques de los manifestantes con la policía. Trump agregó de su cosecha la imputación contra la "inmigración masiva". Hubo al menos 2.500 detenidos y numerosos heridos durante las movilizaciones, caracterizadas nuevamente por la resistencia a la represión. En estas horas, el gobierno Macron-Lecornu anunció toques de queda parciales, a los cuales se han plegado municipios gobernados por los "socialistas". Lo que encendió la mecha fue el proyecto de presupuesto 2027, que estipula un recorte de 54.000 millones de euros para reforzar las partidas destinadas a financiar el rearme. 

 Los reclamos educativos de los jóvenes franceses -aumento del presupuesto educativo, nombramiento de docentes, cambios en el sistema de enseñanza- se ha enlazado con la cuestión de la ´asequibilidad´ (accesibilidad) a la vivienda, no sólo a las residencias estudiantiles. La cuestión de la vivienda hizo arder a España a fines del mes pasado, cuando el desalojo de una anciana a manos de un pulpo inmobiliario desató una rebelión. En España, el precio de los alquileres subió en promedio entre el 40% y el 45% en la última década, mientras que los salarios lo han hecho en un 26%, en el mejor de los casos. El rechazo del parlamento a los decretos propuestos por el Pedro Sánchez, fundamentalmente por la deserción a la coalición oficialista del partido de la burguesía catalana, puso punto final a su gobierno.

 También en Portugal la cuestión de la vivienda ha desatado movilizaciones crecientes. Desde el 10 de octubre, se han instalado acampes en Oporto y Lisboa para reclamar la limitación de los precios de los alquileres, la suspensión de los desahucios y el aumento de la construcción vivienda pública. "Los jóvenes que mantienen acampadas pacíficas en Lisboa y Oporto contra la crisis de la vivienda quieren extender sus protestas al movimiento sindical y promover una ´huelga general ibérica´ el próximo 11 de noviembre, coincidiendo con la paralización convocada en España" (Infobae, 19/10). 

 Por otro lado, desde hace 15 días que la Italia gobernada por los fascistas de Giorgia Meloni experimenta un ascenso estudiantil, con centro en Roma, Bolonia y Nápoles. "Una de las claves para entender el malestar [en Italia] es la creciente concentración de la riqueza. Según un análisis basado en datos del Banco Central Europeo y Eurostat, el 5% de los hogares más ricos de Italia pasó de concentrar menos del 40% de la riqueza financiera e inmobiliaria a reunir más de la mitad en los últimos 15 años. En el mismo período, la participación del 90% de los hogares con menor patrimonio cayó del 48% a menos del 40%" (Ámbito, 18/10). 

 En Bélgica, desde el día 9, los estudiantes salieron a las calles de Bruselas para sumarse a las protestas por los proyectos del gobierno conservador de Bart de Weber de recortar gastos en educación, sanidad y prestaciones sociales. Como en Italia, los jóvenes belgas reclaman contra el arancelamiento de los comedores, el incremento de los materiales escolares y el transporte, el congelamiento de las becas de estudio y el recorte de las matrículas universitarias. En el caso de Albania, los reclamos han decantado hacia consignas por la caída del gobierno de Edi Rama, un socialdemócrata europeísta. Hace unos meses, un emprendimiento inmobiliario de Donald Trump en la costa del Mar Adriático había suscitado un inesperado y aguerrido movimiento de protesta.

 Por último, en Alemania, a finales de septiembre, la juventud protagonizó grandes movilizaciones contra la guerra; especialmente, contra el establecimiento del servicio militar obligatorio. 

 La guerra imperialista es un revulsivo social inevitable.

 Jacyn

 19/10/2026

Uruguay: Se presentó denuncia penal por la masacre del Seccional 20

Graciela Montes de Oca, Juan Oroná Mendiola y Marcelo Abdala en la puerta de la Fiscalía General de la Nación. Foto: El Popular 

 En el día de hoy, 13 de octubre, la responsable de la secretaría de DDHH del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Graciela Montes de Oca; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala y el sobrino de una de las víctimas, Juan Oroná Mendiola presentaron en la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, una denuncia penal por el asesinato de 8 militantes del PCU; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del PCU. 

 EL POPULAR consultó a los tres denunciantes acerca de las características de la denuncia y la vigencia de la búsqueda de justicia.

 “Es una deuda” 

 Graciela Montes de Oca señaló que en representación del PCU se presenta como denunciante con el objetivo de “esclarecer los hechos del seccional 20; las víctimas, explicó “eran trabajadores, eran padres a los cuales les cegaron la vida por el hecho de pensar diferente y querer un futuro mejor para nosotros. Creo que es una deuda que tiene el pueblo uruguayo en conocer la verdad”.

 El objetivo es también “cambiar las versiones oficiales que existen por la verdad, para que las futuras generaciones realmente conozcan los hechos tal cual fueron”. 

 Consultada sobre la oportunidad, Montes de Oca explicó que en su momento se había realizado la denuncia pero que la misma fue archivada. “Volvimos a reflotarla porque sentimos la necesidad de que se deben saber realmente los hechos tal cual fueron. Que ellos no eran criminales, como están catalogados dentro de las versiones de ese momento, sino que eran trabajadores y padres de familia que estaban desarmados y creo que es justo que la sociedad reivindique eso”. 

 La dirigente señaló que se espera que la fiscalía investigue “los hechos tal cual fueron” y que “si hay culpables y están con vida, sean juzgados; y si no, sabremos realmente los hechos como fueron, sabremos la verdad”, se trata, dijo, de un “acto de justicia y de reparación para los ocho compañeros que realmente creo que es necesaria y oportuna en este momento de negación que existe a nivel del mundo”. 

 “Vive en mi”

 Juan Oroná Mendiola tenía 8 años cuando sucedió la “masacre de la 20”. Hoy, 54 años después, recuerda que en aquel momento “nos dijeron que uno de los integrantes del grupo, es decir, de los militantes que estaban aquella noche custodiando la 20, extrajo un arma e hirió gravemente a uno de los militares actuantes. Eso lo dijo el comunicado que emitieron las Fuerzas Conjuntas en aquel momento”. 

 Oroná, sobrino de Mendiola, uno de los militantes comunistas asesinados en 1972, recordó que los medios de comunicación de la época “por orden de seguridad” estaban impedidos de comunicar todo lo referido a los operativos de las fuerzas Conjuntas al mismo tiempo que era “la justicia militar la que intervenía, es decir, que no había una justicia independiente ya en aquel momento, por la declaratoria del Estado de Guerra Interno; quiere decir que estaba todo, digamos, orquestado para, confundir a una opinión pública consternada por los hechos”. 

 Consultado sobre por qué era importante, a pesar de tanto años, hacer la denuncia, dijo: “porque después de tantos años, después de cincuenta y pico de años, mi tío sigue en mí vivo, permanentemente conmigo. Cuando yo tenía ocho años, el Estado de Guerra Interno me lo mató y quiero saber lo que pasó. Sé lo que pasó, pero quiero que eso, digamos, se propague a todo el mundo, a todos los que quieran saberlo”.

 Concluyó diciendo: “hay gente que no quiere saberlo, hay gente que no quiere ni escuchar y lo va a tener que escuchar”. 

 “Cuestión de principios” 

 El presidente del PIT-CNT también fue parte denunciante y explicó que “se trata de la lucha por la verdad. Todavía no están esclarecidos los hechos de una masacre que se desarrolló el 17 de abril en el local de la 20 del Partido Comunista, en donde distintos trabajadores estaban al cuidado de su local y donde hubo una masacre absolutamente inhumana, injustificada, que fue parte además de toda una escalada fascista que terminó en la dictadura”. 

 Agregó que “desde nuestra perspectiva la lucha por la memoria, verdad y justicia es una cuestión de principios del movimiento popular. Vinimos aquí a presentar la petición de que se abra una investigación que arroje un resultado sobre la base de la verdad”.

 Explicó que si bien su presencia es a título personal “sin duda alguna que en nuestra presencia sintetizamos la opinión del movimiento sindical, en su momento la CNT, que consternada por los hechos de la 20, desarrolló un paro general de 24 horas en el momento del velatorio y del entierro de los compañeros asesinados”, recordó.

 La denuncia 

 El escrito de la denuncia, al que tuvo acceso EL POPULAR, consta de siete puntos en los cuales se repasan los hechos. Inicia en el 14 de abril de 1972 con el debate en la Asamblea General del mensaje del Poder Ejecutivo “solicitando la declaratoria de Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales para afrontar la grave situación política del momento”. El tratamiento de esta iniciativa del Ejecutivo “mereció un arduo debate parlamentario no sólo por su contenido jurídico sino también por las consecuencias políticas que de tal declaración podrían derivarse”. El resumen de tal declaración reza: “Declarase el estado de guerra interno con la finalidad de reprimir la acción de individuos y grupos que conspiran contra la Patria.”

 “Se suceden atentados en Montevideo e interior contra locales políticos, domicilios de militantes políticos, civiles dirigentes, abogados defensores de presos políticos y periodistas entre otros, mediante explosivos y ametrallamientos así como allanamientos diversos”, repasa la denuncia.

 El punto 3 hace referencia a la noche del 17 de abril: “Poco más de 24 horas de la vigencia del Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales. En horas de la noche, las fuerzas conjuntas (Organismo de coordinación y acción unificada entre las fuerzas armadas y la policía de la República para la lucha anti subversiva) con un número indeterminado de efectivos a los que hay que sumarle elementos no identificados, ya sea sin el uniforme correspondiente o con distintivos que no corresponden a ninguna fuerza determinada, rodean el comité Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay sito en la Avenida Agraciada No. 3715 de Montevideo. La zona asimismo permanece aislada, sin energía eléctrica, acordonada, transformada en un teatro de operaciones. En el interior del local que viene de referirse hay 11 militantes de dicho Partido. El largo asedio culmina, tras un nutrido ataque armado al referido local, que incluyó la afectación de viviendas linderas, con la muerte de 7 militantes, 2 heridos y 2 detenidos más un efectivo de las fuerzas conjuntas herido. José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor José Cervelli (fallece el 28/4/1972 tras las heridas sufridas), resultan muertos a raíz del operativo, algunos de ellos dejados morir sin atención a pesar de contarse con unidades de asistencia médica dispuestas a socorrer a los heridos, a las que solo se les permitió ingresar cuando todos estuvieron muertos. Eduardo Machado, sobrevivió tras recibir una herida en la parte posterior de la cabeza. Fueron detenidos tras permanecer en la azotea del local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay donde salvaron su vida Ernesto Fernández Ferreira y Enrique Rodríguez. Todos militantes del Partido Comunista del Uruguay, obreros metalúrgicos, del vidrio, panadero, gráfico. Militar herido en el operativo, que fallece tras permanecer internado en el Hospital Militar; Wilfredo Busconi”. 

 “Sobre las 17 horas, las Fuerzas Conjuntas emiten el Comunicado de Prensa Número 77 que es la versión oficial, inamovible y vigente sobre los hechos: el mismo, entre otros extremos, refiere a que desde el interior del “club” más precisamente desde los fondos del mismo y desde las azoteas contiguas al local se abrió fuego contra integrantes de las fuerzas conjuntas que trataban de inspeccionar un vehículo que circulaba por la zona en “actitud sospechosa” cosa que se reiteró luego desde el interior del local, siempre de acuerdo al comunicado, para repeler al vehículo de las Fuerzas Conjuntas que acudió al lugar”, expresa la denuncia.

 “Cuando los integrantes del local, sigue diciendo el comunicado, fueron requeridos, salieron con las manos en alto pero uno de ellos “disparó un arma que llevaba oculta entre sus ropas” hiriendo a un oficial de las Fuerzas Conjuntas gravemente en la cabeza lo que requirió la reacción para repeler tal acción y el resultado de 7 muertos, 2 heridos y “varios” detenidos. Asimismo agrega que logró huir una mujer aparentemente herida y que luego del operativo se encontraron en el local numerosas armas de fuego”, se señala.

 La construcción de la impunidad

 El punto 4 del escrito hace referencia al manejo comunicacional para ocultar y tergiversar los hechos. “Vigente al Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales, los Ministerios del Interior y Defensa Nacional propalan un comunicado mediante al cual hacen saber que en virtud de aquella declaratoria, los medios de comunicación quedan inhibidos de dar información sobre operativos militares y policiales que no sean proporcionadas oficialmente. Tampoco podrán emitir opinión o juicio sobre tales operativos so pena de incurrir en delito militar. Toda denuncia que dichos medios reciban deberán ser puestas en conocimiento inmediato de dichos ministerios. Solo queda como fuente de información los debates parlamentarios. A lo que hay que agregar que bajo el Estado de Guerra Interno la competencia corresponde a la Justicia Militar”, se explica. 

 “La versión del Gobierno de la época sobre los hechos, plasmada en el referido comunicado, fue fuertemente rebatida en el parlamento, conforme la versión de testigos presenciales y posteriormente con la constatación de los resultados de las pericias forenses que ponen en duda la versión oficial sobre un supuesto enfrentamiento, así como sobre la autoría de la agresión al oficial de las Fuerzas Conjuntas que resultó herido en el operativo lo que posteriormente produjo su fallecimiento. Al respecto, la edición del Diario El Popular del 20 de abril de 1972, recoge la intervención del Senador de la República Enrique Rodríguez, integrante del Partido Comunista del Uruguay. El legislador se pregunta y pregunta quien disparó contra el Capitán Busconi. A continuación dice que el Ministro de Defensa Nacional dijo, que el autor del disparo fue reconocido y desarmado, pero que cuando le preguntaron el nombre, no lo supo decir, solo que el autor de los disparos no murió. El legislador concluye al respecto que nunca aparecerá “esa canana, ni esa pistola ni ese señor. Se quedará en el vacío de una historia insondable, bajo un gobierno azotado por el clima de la lucha y que ha tenido que declarar la guerra”. 

 Verdad, Memoria y Justicia 

 Sobre las actuaciones judiciales que se llevaron adelante sobre el hecho, “el fuero militar tomó competencia”, explica la denuncia pero apunta a que “en el libro “Los fusilados de abril”. ¿Quién mató a los comunistas de la 20?” de la autora Virginia Martínez, páginas 90 y 91, se establece que hubo intentos de indagar lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción de Tercer Turno a cargo del Juez Daniel Echaverría, ante cuya sede concurrieron testigos, pero todas las actuaciones no concluyeron en una indagatoria y llegada la dictadura militar (1973 a 1984) todo desapareció. Asimismo en 2001 se presentó ante la justicia penal ordinaria una acción que recayó en el juzgado Penal de 10o. Turno a cargo del Juez Rolando Vomero, pero el proceso se clausuró a solicitud del fiscal Dr. Moller. En 2002 el denunciado fué el Comandante en jjefe de la fuerzas armadas en aquel momento Presidente Juan María Bordaberry”.

 “A la fecha tales asesinatos se mantienen sin aclarar, existiendo por parte del Estado una omisión que ha propiciado la impunidad de tales crímenes. Distintas normas y sentencias en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos imponen al Estado la obligación de investigar, perseguir, juzgar y castigar a los responsables de los crímenes sin excepción ni limitación alguna”, se expresa.

 “Denunciamos en suma, el asesinato de 8 militantes del Partido Comunista del Uruguay; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay” y se señala como prueba “estudios médicos -legales, autopsia histórica, de los que resulta avidencia sobre lo que viene de relacionarse en el cuerpo de este escrito” 

 El Popular

 13/10/2026