Los naftazos, la renta extraordinaria de las petroleras y la necesidad de nacionalizar la industria energética bajo control obrero.
Son varios los que plantean que la suba de los precios internacionales de los combustibles por la guerra contra Irán es beneficiosa para la Argentina, que como exportadora obtiene un mayor ingreso de dólares. A eso se sumó la noticia del fallo favorable en Nueva York por el juicio sobre YPF. Pero, ¿quién puede estar contento cuando la nafta se encareció un 20%, gatillando aumentos en el transporte público y acelerando la inflación? ¿Para qué sirve tener Vaca Muerta y una empresa de mayoría estatal si vamos a pagar el “shock externo”? ¿Y si le sacamos el monopolio a los dueños de la energía y la ponemos bajo control de los trabajadores?
El aumento de los precios de la nafta y el gasoil golpea a las familias trabajadoras por varios frentes. Al cargar en la estación de servicio, en el encarecimiento de todos los productos -que en este país se mueven por camiones-, en nuevos tarifazos en la luz, el gas y el transporte público. Incluso las líneas de colectivos del Gran Buenos Aires avisaron que bajan la frecuencia, ajustando a los usuarios también por esa vía.
A la vez que recalienta la inflación, esto además agrava el hundimiento de la actividad económica, como ya se expresaba en la menor demanda de gas por parte de las fábricas (-8,1% interanual en el cuarto trimestre de 2025) y del gasoil utilizado en transporte e industria (-10,4% interanual en febrero). Los naftazos y tarifazos profundizan la recesión que sufrimos con despidos y cierres de lugares de trabajo.
¿Cuál es, entonces, la gracia del boom de Vaca Muerta? De movida queda claro que no apunta a satisfacer necesidades productivas ni sociales en el país; el negocio está en la exportación. Con esta orientación Milei fijó que en el mercado interno se vendan los combustibles al precio internacional. Gracias a eso, ya antes de la disparada por la guerra imperialista en Medio Oriente las remarcaciones en el surtidor duplicaban al IPC anual. Según estima Cepa, “el precio de las naftas en Argentina nunca fue tan caro como en marzo de 2026”: medida en dólares la nafta súper alcanzó los u$s 1,43 por litro, un 52% arriba del promedio histórico de enero 2018 - febrero 2026 (u$s 0,94).
Como todo con este gobierno, esta política es insostenible. El precio del mercado mundial de hoy es simplemente impagable en Argentina. YPF aumentó casi un 20% en marzo, pero su presidente Horacio Marín dijo que debería haber subido el triple para equiparar el incremento en la cotización internacional. Como controla más de la mitad del expendio de combustibles del país, YPF marca la pauta para el resto de las refinadoras, y las puso en crisis porque no podían trasladar al surtidor los precios sin perder su mercado.
Finalmente llegaron a un acuerdo precario para que las petroleras mantengan el precio del barril, acumulando como saldo a favor la diferencia con la cotización internacional, que van a compensar las refinadoras cuando los precios bajen. Incluso si esto sale bien, cae el precio del barril y se evita una crisis en la cadena de pagos, significa que los combustibles en Argentina no van a volver a los niveles previos a la guerra. El naftazo llegó para quedarse.
Ahora bien, ¿por qué pagar el precio internacional por hidrocarburos que se extraen acá? Los costos locales de producción no se vieron afectados. Los obreros petroleros de Neuquén, desde ya, tampoco cobran como los de Texas. Gracias a este “acceso a mano de obra barata”, según analizan desde la consultora especializada Rystad Energy, el coste medio de producción de los operadores de Vaca Muerta es mucho menor al de las principales cuencas del shale de norteamericano: su precio de equilibrio es de 25 dólares el barril, contra 40 del promedio del sur de Estados Unidos. Eso luego de bajar casi a la mitad respecto de los niveles de 2016, es decir desde que se puso en marcha la adenda de flexibilización del convenio colectivo petrolero que dejó como saldo varias muertes obreras.
Para colmo, en el último período hubo una “argentinización” de Vaca Muerta. La mayoría de las multinacionales remató sus activos en el país, que quedaron en manos de empresas nacionales (aunque de nacionales tienen poquito, como vamos a ver). El shock de la cotización petrolera está generando entonces una renta extraordinaria que se apropia un puñado de capitalistas argentinos y extranjeros. Veamos quiénes son los que ganan, mientras el pueblo no puede llenar el tanque y los obreros petroleros sufren superexplotación.
Las petroleras que embolsan esta renta diferencial de Vaca Muerta se cuentan con los dedos de las manos. La participación dominante de YPF no es un obstáculo, sino la llave maestra de todo el negocio. Mediante su asociación con Chevron y otras multinacionales (Total, Petronas, Shell), y después con “nacionales” como Tecpetrol (del grupo Techint de Paolo Rocca), PAE (Axion, de Bulgheroni), CGC (de Eurnekian), Pluspetrol, o Vista (que, ilustrativamente, fundó el expresidente K de YPF, Miguel Galuccio), garantizó la espalda necesaria, la escala mínima y absorbió los eslabones más costosos para que hoy esté en marcha el negocio de exportación.
Contra lo que festejó Cristina Kirchner en sus redes sociales al conocer el fallo en el juicio buitre por YPF, el superávit comercial del sector no tiene nada que ver con la “soberanía energética”. La burguesía argentina que se apropia de esta renta extraordinaria hace lo mismo que con la renta agraria: la fuga. Para empezar, todas radicaron sus firmas controlantes fuera del país; Vista en México, CGC en España, al igual que Tecpetrol y PAE (que es una sociedad de Bulgheroni con la estatal china CNOOC y la británica BP), mientras que Pluspetrol lo hizo en los Países Bajos.
Un informe elaborado por Ejes, titulado “La Vaca fugada”, estima que cerca de la mitad del superávit de la balanza energética de 2024 se fugó al exterior por diversas vías. Son más de 2.200 millones de dólares que se fueron a través de transferencias de ganancias a sus casas matrices, contratación de servicios a compañías vinculadas, compras de activos externos y pagos de intereses por deuda con empresas controlantes o subsidiarias. Sumando otros mecanismos resulta que, en el balance cambiario de ese año, del superávit comercial de 5.668 millones de dólares solamente quedaron 31 millones.
Si miramos el informe de deuda externa privada del Banco Central del tercer trimestre de 2025 vemos que, en paralelo al boom de producción de Vaca Muerta, se disparó la deuda financiera de las empresas de extracción de petróleo y gas, pasando de 12.000 a 16.800 millones de dólares en un año. Por esta vía, una parte jugosa de la renta petrolera va a parar a las cuentas de grandes fondos de inversión.
El Estado es socio del saqueo también en otro aspecto. Arrinconado por el impacto del naftazo sobre la inflación, el gobierno anunció que posterga actualizaciones en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Es otro de los tributos regresivos que pagamos los consumidores, y el único cuya recaudación creció (78% interanual en marzo) gracias a la suba de precios, mientras todo el resto cae por el derrumbe del consumo. Nosotros tenemos la nafta más cara, mientras la suspensión impositiva es una sobreganancia para las petroleras: unos 429 millones de dólares en el primer trimestre del año, según la consultora Economía y Energía.
La experiencia de la última década y media es bastante categórica como para desmentir todos los pronósticos sobre un gran desarrollo virtuoso de la Argentina a caballo de una mayor capacidad exportadora de Vaca Muerta. Más aún, el régimen de saqueo que lleva al país a sucesivas crisis (y cepos cambiarios para pagar la deuda), más la lenta inversión en infraestructura, explica que los gigantes mundiales se hayan ido del país.
Por último, digamos que en la provincia de Vaca Muerta las familias trabajadoras ni siquiera tienen gas de red, y que los gasoductos que se proyectan no buscan mejorar el acceso de la población argentina sino abrir oportunidades de exportación. Ahora también hay que ver cómo se resuelve la cuestión de la importación de gas, que el gobierno privatizó, para conocer cuánto vamos a tener que pagar para calefaccionarnos en invierno. Esto, tras años y años de subsidiar a las petroleras con un "precio sostén" muy por encima del que podía costear el mercado interno.
En conclusión, el corazón de la matriz energética del país está en manos de un puñado de capitalistas que se apropian de una renta diferencial, en asociación con algunos pulpos multinacionales como Chevron, empresas de servicios como Halliburton y fondos de Wall Street. Es parte del régimen de fuga de capitales y saqueo imperialista que explica la pauperización social constante, mientras un puñado de empresarios se vuelven magnates petroleros.
Hay que tomar las riendas de la industria energética, abriendo los libros de las empresas al control obrero. Eso permitiría dimensionar la renta que se fuga, ver los verdaderos costos de producción y demostrar así la necesidad de una nacionalización sin pago de toda la cadena energética, formando una operadora única bajo control de trabajadores y usuarios que sirva a los fines productivos y las demandas sociales.
La reapropiación de la renta petrolera permitiría además financiar la investigación e inversiones necesarias para un inmediato plan de remediación ambiental, la reducción de la contaminación y de la emisión de gases de efecto invernadero, y a mediano plazo una transición energética hacia fuentes limpias. Solo una planificación económica bajo la conducción de la clase trabajadora puede trazarse objetivos más nobles que la sola acumulación de capital a costa de exprimir la fuerza de trabajo y destruir la naturaleza, en un mercado mundial dominado por las crisis y las guerras.
Los trabajadores de Argentina no tenemos que pagar las consecuencias de la guerra de Trump y el sionismo en Medio Oriente. Es otro motivo que prueba la urgencia de rajar a Milei y los parásitos para los cuales gobierna.
Iván Hirsch
