lunes, agosto 03, 2026

Reforma del Banco Central: el monstruo que aloja el proyecto


En la noche de hoy, 30 de julio, Javier Milei utilizará la cadena nacional para anunciar, de acuerdo a los titulares, un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la elección de sus autoridades. Las autoridades políticas de todo el mundo han venido persiguiendo, desde los albores del capitalismo, el objetivo de prevenir las crisis capitalistas por medio de reformas de la institucionalidad bancaria, se trate de bancarrotas o hiperinflaciones, sin mayores resultados. Desde la gran crisis de 2007/8, por ejemplo, cuyas secuelas siguen presentes, se han introducido decenas de reglas en cuanto a la conformación de los activos de los bancos centrales, para contener la emergencia de nuevas bancarrotas. El mismo Alan Greenspan, por años presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, reconoció, en las vísperas de aquella crisis, la inutilidad de esos propósitos cuando expresó el temor, a la revista The Economist, de que una medida preventiva en la Reserva pudiera convertirse, por el contrario, en el detonante que precipitara esa crisis. 
 Milei quiere introducir en la nueva carta orgánica la cláusula de que el mandato exclusivo del Banco Central debe ser asegurar la estabilidad de la moneda, esencialmente mediante la prohibición, incluso penal, de adelantar dinero para sufragar gastos del Tesoro Nacional. Ha declarado su intención de prohibir la emisión de “letras intransferibles” del Tesoro, o sea aquellas que no pueden ser negociadas en el mercado y eran renovables, en los mismos términos, al cabo de una década. El Banco Central, sin embargo, no tendría inconvenientes, bajo la misma reforma, en violar esa prohibición para emitir, mediante la compra de títulos del Tesoro (una emisión de monedas) a los bancos del sistema dispuestos a venderlos (“mercado secundario”). Domingo Cavallo hizo exactamente eso en la crisis del ‘tequila’ (1994/5), por medio del Banco Nación, cuando ya había usado el tope de emisión que estaba asignado al Central en esos años. Lo mismo ocurre ahora, bajo el mileísmo, porque desde principios de 2026, el Banco Central ha emitido 18 billones de pesos, para comprar 13.000 millones de dólares para las reservas, equivalente al 11% de la base monetaria amplia. Esa emisión enorme ha sido absorbida mediante la emisión de bonos del Tesoro, que han sido comprados por los bancos del sistema. La inflación monetaria ha sido reemplazada por una inflación de títulos públicos que tienen una tasa de retorno positiva, debido a los altos intereses; es lo que Caputo saluda cuando afirma que se está creando “un mercado de capitales”. La reforma de Milei convertiría al Banco Central en un operador de títulos públicos, como ocurre con la Reserva Federal norteamericana con la deuda pública de Estados Unidos, que es del orden de los 38 billones de dólares. La intención de todo esto es permitir al Central operar como rescatista de última instancia en caso de derrumbe de la deuda pública, en ‘coordinación’ con el FMI, con sus consecuencias hiperinflacionarias. 
 El palabrerío acerca de la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA esconde varias cosas adicionales. Caputo se ha comprometido a pagar el próximo vencimiento de deuda con el FMI, por arriba de 5.000 millones de dólares, no a postergarlo otra vez más. Georgieva, de visita por Argentina, encomendó aumentar las reservas internacionales, esto para asegurarse el cobro de ese vencimiento. Para efectuar el pago es necesario ‘coordinar’ con el Tesoro y con los bancos locales para que compren títulos públicos que aseguren la absorción de los casi 8 billones de pesos que se emitan para comprar los dólares. O sea que el ‘desendeudamiento’ parcial con el FMI se obtiene por medio de más endeudamiento con los bancos; la deuda sigue igual. Algo similar vale para la exportación de petróleo de Vaca Muerta, cuyo monto de ingresos va a las petroleras, no al Estado. Para que vengan al Tesoro es necesario emitir deuda pública, de modo que las deudas que se paguen con esas exportaciones generan una deuda pública equivalente. El círculo es vicioso. Con los RIGI, que convierten a una inversión extranjera en un enclave solamente comunicado con sus financistas internacionales, el círculo se hace más vicioso aún. Que Vaca Muerta sea reivindicada, incluso más por el kirchnerismo de paladar negro que por mileísmo de corte fascista, es evidencia de una contradicción de la organización capitalista, insuperable a corto y mediano plazo. El nivel de endeudamiento alcanzado por el conjunto de los Estados capitalistas demuestra que el impago de la deuda es una cuestión mundial. La otra trampa de la ‘reforma’, aunque menos sofisticada, no tiene menos importancia. Milei pretende que el mandato del actual directorio del Banco Central se perpetúe mucho más allá de las elecciones de 2027. Las autoridades del Central son completamente ilegítimas, al menos en los últimos treinta años. Ninguna ha ejercido el cargo con acuerdo del Senado, como lo establece la Constitución; todas han sido puestas en calidad de ‘comisión’ violando los tiempos de emergencia concedidos para hacerlo de ese modo. Milei quiere obtener el acuerdo del Senado para ratificar el directorio provisorio actual, con un ‘adendo’ de que no puede ser removido sin una mayoría especial en ambas cámaras del Congreso. En Perú, donde en tres décadas han caído siete presidentes en funciones (uno se suicidó), el presidente del Banco Central ha sido siempre el mismo, impuesto por los bancos y la gran minería. El asunto de la Reforma de la Carta es el caballo de Troya del copamiento del Banco Central por los agentes de Trump y de la gran banca. 

 Divagaciones 

Javier Milei ha intentado fundamentar el proyecto en cuestión con un libelo, que publicó Clarín, que pretende resumir en una página 90 años de historia monetaria desde la creación del Banco Central, ocurrido en 1935. Hace recaer en este último, no en las crisis mundiales y la organización social de Argentina, la persistencia de una tendencia inflacionaria elevada. 
 Pero no ha sido el ‘comunismo’ quien creó el Banco en esa fecha, sino la oligarquía vacuna que gobernaba el país con su próceres a la cabeza, Federico Pinedo o Raúl Prebisch. El propósito de tener un banco central respondió a la necesidad de contrarrestar la deflación internacional de los años 30 del siglo pasado. Milei se profesa, en cambio, deflacionasionista, con un argumento de leso parasitismo, que heredó de sus maestros de aquellos años: la deflación aumenta el valor de los activos financieros, sin la necesidad de que medie el trabajo. Naturalmente, reduce la capacidad de pago de los pasivos y aumenta las quiebras y bancarrotas. El Banco Central, con todo, no logró derribar la deflación en esos años, que solamente fue abatida por la demanda de armamentos de la Segunda Guerra Mundial. 
 La historia de la moneda es la historia del capitalismo y sus ciclos económicos, y no, como pretende Milei, que la historia del capitalismo ha sido determinada por la manipulación de la moneda. 
 El ignorante interesado también repite que Perón estatizó o expropió a los bancos. No es cierto, hizo a medias lo que reclama Milei: les puso un encaje del ciento por ciento a los depósitos. Los bancos dejaron de operar como tales, como es el deseo de Milei. Perón suprimió, con el asesoramiento en la Camara de Diputados del jovenísimo John William Cooke, el sistema de “banca fraccionada” (que crea moneda con un encaje mínimo), al que Milei también rechaza casi como una cuestión de principios morales; prefiere los fondos de inversión y las billeteras virtuales. Argentina importaba inflación del mercado mundial; no compró reservas, que le sobraban, lo que hubiera sido inflacionario sino que entregó el oro y los activos externos acumulados durante la guerra a cambio de activos amortizados, como los ferrocarriles y los teléfonos. La inflación con origen en Argentina arranca con los subsidios de Perón a los terratenientes y productores agrarios, a través del IAPI, para compensar la caída de los precios internacionales de la exportación. Durante más de sesenta años, el sistema agrario de Argentina fue el peso muerto número uno de la economía nacional, lo que forzó a la burguesía local y al capital extranjero a unirse en una política ‘desarrollista’. Milei, ahora mismo, se encuentra en el pantano de un larga crisis de deuda internacional de Argentina, que lo desafía a pagar deuda con mayor endeudamiento, y lo ha obligado a mandar al sótano sus ideas extravagantes (liquidar el Estado y suprimir el sistema bancario de crédito). El gobierno actual ejerce un estatismo brutal para aplicar lo único que sabe hacer - el ‘ajuste’ a los trabajadores y el remate de los activos del Estado. 

 Jorge Altamira
 30/07/2026

Cristina Fernández apela a la ONU contra la proscripción


Cristina Fernández ha presentado un recurso de queja ante la ONU ("comunicación individual") por la inhabilitación política que le impuso la Justicia en la causa Vialidad. La candidatura de Kicillof sólo recoge la adhesión de una porción de los intendentes del PeJota bonaerense y de la desprestigiada CGT, y menos de un tercio de la intención de voto en las encuestas. 
 En una nueva carta pública, difundida en sus redes sociales, la expresidenta asume que el objetivo principal de la condena fue imponer su proscripción de la vida política: "La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria". Sin embargo, cuando tiene que poner el nombre y apellido de los responsables de esa proscripción, señala al "machismo estructural”, pero que sólo “subsiste” en “sectores (…) del sistema judicial argentino". La proscripción y no la privación de la libertad sería el objetivo del fallo impuesto por un machismo marginal. 
 La presentación ante la ONU sumó -además del ´histórico´ Carlos Beraldi- al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a Rafael Valim, quien representó a Lula da Silva en su presentación ante la ONU cuando estuvo detenido en el marco del caso del Lava Jato. Este equipo cifra expectativas en obtener una primera medida cautelar en octubre próximo. 
 La elección del Comité de Derechos Humanos de la ONU para esta apelación, en lugar de apelar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene sus razones. Nuclea un fuerte bloque anti-Trump, dispuesto a usar la apelación de CFK para golpear al magnate y a sus peones latinoamericanos, aunque no tenga efectos prácticos en Argentina.
 Los abogados de CFK han presentado tres cautelares. La primera es la que pide la suspensión de la inhabilitación hasta que la ONU tome una decisión de fondo. Cuenta con antecedentes favorables, incluido el caso de Lula: tras su condena, en 2018, el Comité instó a Brasil a que tomara “todas las medidas necesarias” para que Lula pudiera ejercer sus derechos políticos como candidato presidencial en las elecciones de ese año, aunque estuviera en prisión (Letra P, 29/7). El entonces presidente Michel Temer, sin embargo, hizo caso omiso de la resolución. Pero tras el desastre de la gestión de Bolsonaro, sobre todo durante la pandemia, la condena quedó desactivada por un tecnicismo procesal, invocada por los mismos jueces que lo habían condenado. 
 Las otras dos cautelares exigen que se reestablezca la integración legal de la Corte Suprema -hoy reducida a tres miembros, cuando legalmente deberían ser cinco-; y que se modifique el régimen de prisión domiciliaria de CFK y las restricciones que limitan su actividad política. 
 Los abogados retoman la denuncia de que los jueces del Tribunal Oral y de Casación mantenían relación estrecha con el expresidente Mauricio Macri, además de parcialidad en la pesquisa y hasta en las pericias. También señalan que tanto Macri como Milei se atribuyeron la autoría política de la condena; “Les puedo asegurar que esta es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, dijo Milei en octubre de 2025, cuando estallaba el escándalo de las estafas de José Luis Espert. Los fiscales, en ausencia de pruebas que comprometieran a CFK en el delito de corrupción, la acusaron de jefa de una “asociación ilícita en el estado” para asociarla a los diversos delitos de varios de sus principales funcionarios El decreto que la acusación tomó como base lleva, además de su firma, la del jefe de gabinete y otros ministros que no fueron ni siquiera imputados en la causa. El cargo de ´asociación ilícita´ no prosperó. 
 Los especialistas se dividen en cuanto al carácter vinculante de un fallo del tribunal de la ONU. Un mes atrás, Miguel Ángel Picchetto -compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019- sostuvo que el Congreso Nacional estaba facultado para revisar la condena a Cristina Fernández. El mismo Pichetto fue quien presentó a CFK la propuesta de articular un "frente antiMilei", también inspirado en la experiencia del lulismo en Brasil, que armó un frente con los partidos que derrocaron a Dilma Roussef y habían acompañado la condena de Lula. 
 CFK ha expresado su expectativa de que "la irían a buscar cuando todo esto fracase". Cristina Kirchner recibe, por de pronto, la mayor intención de votos, en los sondeos, y es la única con imagen de caudilla, en toda la oposición. Kicillof la ha sustituido como candidata en ausencia, pero no políticamente.
 Por ahora se trata de una historia en desarrollo. 

 Jacyn 
 31/07/2026

El gobierno ataca a extranjeros y migrantes


Un decreto fascista. 

 Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 publicado en el Boletín Oficial la noche del miércoles 29 de julio, el gobierno estableció la prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de los extranjeros que “propaguen mensajes de odio” contra la Argentina. La resolución se apoya en la supuesta “campaña antiargentina” desencadenada tras el mundial de fútbol. En un comunicado oficial el Gobierno Nacional "reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quién ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", aunque se trate de una opinión. El DNU es un paso más en el ataque a la población migrante que elige vivir en Argentina.

 Una medida fascista 

Por medio del DNU el gobierno incorpora nuevas causales para rechazar el ingreso de extranjeros al territorio argentino, entre las cuales figura haber "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino", cuando la conducta esté motivada por la nacionalidad, un concepto tan difuso que habilita todo tipo de arbitrariedades. También afecta a quienes hayan "realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales" o hubiesen incitado a terceros a cometer cualquiera de esas conductas. Para implementar estos cambios, modifica la Ley de Migraciones 25.871, añadiendo estos supuestos entre las causales de inadmisión al país y también entre aquellas que habilitan la cancelación de residencias migratorias ya otorgadas. Además, establece que la cancelación de la residencia por estas causas podrá derivar en una intimación para abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del país. La implementación quedará a cargo de la Dirección de Migraciones. Es un verdadero apriete policial contra los migrantes, especialmente contra aquellos trabajadores que ya residen en el país. Una versión moderna de la Ley de Residencia de principios de siglo XX. 
 El año pasado el gobierno liberticida dió curso al DNU 366/2025 con la intención de modificar el acceso a la salud, la educación y libertades civiles básicas para los extranjeros y migrantes, expulsar a toda persona extranjera con condena, así como impedir toda entrada por paso ilegal, endurecer los requisitos para el ingreso al país y modificar a 90 días la vigencia de la residencia precaria, pudiendo ser revocada unilateralmente por Migraciones. En junio de este año la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional el decreto y anuló sus efectos. Actualmente se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema. En sintonía con el gobierno de Donald Trump, el gobierno despliega redadas en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. En dichos operativos solicitan el DNI a los ciudadanos extranjeros, para verificar si están documentados legalmente. Estos controles buscan detectar extranjeros indocumentados o en situación irregular para posteriormente ser deportados en caso de incumplimiento migratorio y antecedentes delictivos. Como el ICE norteamericano, lo fundamental es su método: un amplio despliegue de fuerzas represivas para intrusar los barrios. 
 Aunque el DNU aclare que “en ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”, el gobierno busca reprimir el delito de opinión. La amenaza de la deportación será utilizada por los liberticidas para evitar cualquier tipo de manifestación popular por parte de la población migrante. La mano de obra migrante, sin embargo, es ampliamente explotada en muchos rubros y actividades, bajo condiciones extremas de precarización laboral.
 Paradójicamente, los llamados “discursos de odio” son utilizados a diestra y siniestra por parte del gobierno para atacar a los sectores no alineados. Milei afirmó que Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos eran los responsables de la financiación de la “campaña antiargentina”. Mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, describió una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario, sin aportar una sola prueba en ningún caso. 
 El pseudonacionalismo reaccionario con el cual se embandera el gobierno liberticida es una farsa: Argentina se ha convertido en un protectorado del imperialismo estadounidense y depende de sus rescates y préstamos usurarios. La política “nacional” está digitada desde el Departamento de Estado.
 En un contexto de decadencia capitalista, la invocación al nacionalismo no es más que un argumento fascista para dividir a la clase obrera y justificar todo tipo de ataque. La lucha contra las medidas antimigratorias debe incluirse dentro de las reivindicaciones que levanta la clase obrera.

 Daniela Magoc 
 01/08/2026

domingo, agosto 02, 2026

Mercenarios argentinos en Ucrania


La mercantilización de la violencia. 

 Las guerras son grandes catástrofe para los explotados del mundo, pero también la oportunidad de grandes negocios para la industria armamentística, la ciberseguridad y para las Compañías Militares Privadas (CMP), que brindan servicios de seguridad logística, entrenamiento de tropas y protección en zonas de conflicto.
 Las CMP son contratadas principalmente por gobiernos, corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales ´humanitarias´ con fines militares y de seguridad. Las de origen británico y estadunidenses son las que dominan el sector. Operan en todo el mundo. Han encontrado una cantera especialmente en Colombia, donde abunda ´mano de obra desocupada´ de paramilitares y exguerrilleros con experiencia en el combate en la selva y la montaña. 
 La exsargento de la policía bonaerense Griselda Inés Ortiz se prendió en el negocio. A fines de 2025, se trasladó a Ucrania, donde se puso a disposición de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que tiene bajo su orden unidades operativas en el frente. En sus redes sociales, en las que se la puede ver con ropa militar y armas largas, Ortiz presentaba como una “aventura heroica” la guerra que la OTAN libra en Ucrania contra Putin. En marzo de este año Ortiz pidió la baja de la bonaerense, para “trabajar” de reclutadora de mercenarios para ir a pelear la guerra. Prometía salarios de U$D 3.000 por mes por tareas de asistencia, más un bono de U$D 700 si el destino se encuentra en la primera línea de fuego. Muchas de estas promesas, finalmente, no eran cumplidas y las pagas resultaron mucho menores. Pero los contratos, redactados en ucraniano, eran legítimos. Ucrania atraviesa una fuerte crisis de reclutamiento y un principio de rebelión de la juventud que se niega a ir a la carnicería del frente. 
 El reclutamiento de mercenarios es ilegal en Argentina, donde sólo las Fuerzas Armadas tienen autorización para incorporar soldados. 
 No todos los reclutados por Ortíz contaban con experiencia militar, pero bastaba que los interesados tuvieran la mayoría de edad para ser cooptados. Muchos de ellos finalmente se presentaron en la embajada argentina en Kiev con pedidos de ayuda. Hasta el momento la cancillería argentina no ha emitido palabra alguna al respecto.
 El fin de semana pasado el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió la detención de Ortiz. Ésta operaba junto al exagente de la policía Federal Jorge Alberto Otero, pareja y socio, quien también estuvo varias veces en el frente de batalla y que a finales de junio abandonó el país rumbo a Brasil y se encuentra prófugo con pedido de captura internacional. Según la investigación de Mola, el tándem de reclutadores envió a Ucrania “contingentes de entre 10 o 15 personas cuyos pasajes pagaban con fondos aún no claros. El viaje era sin regreso, el que iba debía quedarse al menos 6 meses. Si quería volverse lo amenazaban con un cargo de deserción, o pagar 2.500 dólares de indemnización. La mayoría ni siquiera tenía celular propio ‘por miedo de que se comuniquen con el enemigo’, tampoco pasaporte” (Clarín, 29/7). También se les prometía un seguro de vida de U$D 400.000, que en el caso de caer en batalla, sería recibido por sus familiares. Una vez llegados a Ucrania, los reclutadores locales secuestraban los pasaportes. Una cláusula de la ´letra chica´ de un contrato incomprensible para los reclutas era que debían quedarse tres años e integrar una fuerza especial de apoyo a las tropas ucranianas.
 Las investigaciones judiciales dan cuenta de que además de Ortíz y Otero, en el país actúan varios grupos más que enlistan a mercenarios para que den apoyo operativo al ejército ucraniano. Hasta el momento esas células habrían llevado a 50 argentinos, al menos, en tres tandas durante los últimos nueve meses (La Nación, 29/7). Estas bandas dedicadas al tráfico de personas son parte de un entramado que tiene su epicentro en Europa Oriental.
 El 23 de julio Interpol Colombia lanzó la “Alerta Morada” en la que señalaba que "Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes exintegrantes de las Fuerzas Públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia las zonas de conflicto armado en el continente europeo, ocultando la naturaleza real de las actividades, la firma de contratos en idiomas desconocidos, la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas". 
 Al caso de Ortiz se le suman ocho más que están bajo la investigación. Fuentes judiciales detallaron que existen “indicios de organización estructurada y transnacional”, patrones para “la generación de obligaciones económicas vinculadas al traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismo de sujeción limitando la libertad real de desvinculación y configurando posibles supuestos de servidumbre por deudas o trabajo forzoso en los términos de la normativa nacional e internacional sobre trata de personas”. En la línea 145 contra la trata de personas se registraron cinco denuncias realizadas por familiares de reclutados que se encuentran a la deriva en Ucrania.
 Luego de la Guerra Fría, las CMP operaron como "ejércitos tercerizados" en Irak y otras guerras imperialistas. Con la nueva ola de guerras internacionales, las CMP han tomado un papel relevante ante el aumento "exponencial" de la demanda. Según organismos internacionales desde el comienzo de la guerra en 2022, se han movilizado 27.000 mercenarios provenientes de 130 países. En el caso de los argentinos, las bajas remuneraciones que recibe la tropa de las fuerzas de seguridad o armadas ha sido un acicate para enrolarse en la aventura bélica de la OTAN, con abierta o tácita benevolencia del gobierno argentino. 

 Lucas Giannetti
 01/08/2026

Migración masiva a Ceuta y Melilla: la guerra imperialista lleva la crisis humanitaria de África a las puertas de la Unión Europea


El 30 de julio al menos 50.000 personas cruzaron desde Marruecos a las colonias españolas Ceuta y Melilla. Al menos 57 personas murieron intentando cruzar. La mayoría son jóvenes y preadolescentes que escapan del hambre, tocan el suelo y suplican “Marruecos no”, sino trabajo para ayudar a sus familias. 
 El presidente español Pedro Sanchez, autodenominado “socialista”, atribuyó el episodio a “las mafias [que] trafican personas”, para poder justificar la represión contra los migrantes y la militarización de la zona. El gobierno progre ha anunciado que 48.000 personas ya han sido deportadas a Marruecos. Sánchez también afirmó que "Marruecos está dispuesto a cooperar para la repatriación de ciudadanos a sus países de origen” (La Nación, 31/7). 
 España tiene un acuerdo con el gobierno marroquí por el que reconoce a la monarquía como gobernante del pueblo Saharaui, a cambio de que no reclame soberanía sobre Ceuta y Melilla, las colonias de España en territorio africano. Este "intercambio", le da a la OTAN el dominio estratégico del Estrecho de Gibraltar, punto clave para el 18 % del comercio marítimo -es el tercero más importante; el de Ormuz representa sólo un 8 % del comercio marítimo global, a pesar de su incidencia en el tráfico de petróleo-; en el escenario de la guerra mundial imperialista en curso, es un punto estratégico. Donald Trump también reconoció la "soberanía" marroquí sobre el Saharaui a cambio de que firmara los Acuerdos de Abraham, aceptando a Israel como un Estado legítimo, opresor del pueblo palestino. 
 La extrema derecha, con Trump a la cabeza, ha aprovechado esta crisis humanitaria para ir a fondo con el discurso antiinmigrante y para su propia campaña electoral: sostiene que, si ganan los demócratas, es lo que le espera a Estados Unidos. Marco Rubio inclusive expresó que están dispuestos a enviar ayuda militar a sus aliados en la Unión Europea para deshacerse de los inmigrantes. Los activistas MAGA han aprovechado para esparcir su odio al Islam. Meloni aprovechó para suspender el Acuerdo de Schengen, que facilita a los habitantes de los países que lo conforman, pasar fácilmente de una frontera a la otra sin tanto trámite de por medio. Macron también pidió reforzar la frontera de Francia con España. Nigel Farage, el líder la ultraderecha del Reino Unido, aprovechó para culpabilizar a las “políticas de extrema izquierda globalistas” de Pedro Sanchez. Acusó a jóvenes y adolescentes que huyen de la guerra y la miseria que asolan África de una “violación y ataque a la integridad territorial de España”. 
 Los gobiernos de España y Marruecos tienen sus manos manchadas de sangre. Lo que hacen es un crimen contra la clase obrera y debe ser repudiado mundialmente. Los jóvenes marroquíes son víctimas de la monarquía que los hambrea y de los choques facciosos incitados por el imperialismo en la disputa de los recursos africanos. 
 Afuera el imperialismo de África, abajo la guerra mundial, por la organización socialista internacional. 

 Iara Bogado
 01/08/2026

Andy Burnham, otro primer ministro del ajuste y de la guerra contra Rusia


Andy Burnham acaba de asumir la primera magistratura del Reino Unido de Gran Bretaña. Su súbito ascenso político en las elecciones del Gran Manchester para diputado, en junio, precipitó la renuncia de su predecesor Keir Starmer y lo convirtió en el principal candidato para reemplazarlo. La presentación de Burnham como un candidato de la izquierda laborista había encendido las alarmas en toda la City de Londres y la prensa financiera aseguraba que la llegada Burnham a la primera magistratura sería un terremoto para la bolsa londinense. 
 La campaña electoral de Burnham había estado centrada en las necesidades obreras insatisfechas, las de quienes la crisis atraviesa Gran Bretaña viene golpeando con crudeza desde hace años. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios generó el mayor resurgimiento de las huelgas desde finales de los años 80. Ya en 2023 se había registrado el mayor número de jornadas laborales perdidas por huelgas en décadas. Burnham hizo su campaña electoral con el eje puesto en fortalecer el sistema de salud, criticar la austeridad de su predecesor, plantear mayor inversión en el sector público, mejoras salariales y mayores derechos laborales.
 Tras asumir, sin embargo, Burnham parece haber abandonado sus promesas de campaña y haberlas reemplazado por medidas cosméticas. Una limitación del precio máximo del boleto de colectivo urbano a 2 libras -ya aplicado por Burnham en Gran Manchester- así como un descuento del IVA en las boletas del gas, que no supera los 87 centavos diarios y por sólo 6 meses, no traerán un ápice de alivio. En el caso de la Asistencia Social, Burnham ha declarado que no aumentará el presupuesto, por el contrario, realizará “controles más estrictos” para que el dinero destinado sea mejor aprovechado. Esta política es el resultado del mentado “control estatal sobre los bienes públicos”.
 La formación del nuevo gabinete también desmintió cualquier giro a la izquierda. En los principales lugares figuran los mismos funcionarios derechistas del gobierno Starmer, que ha sido uno de los pilares de la guerra de la OTAN contra Rusia. El sucesor de Starmer es tan partidario o más que su antecesor de la escalada bélica. Totalmente alineado con la guerra, Burnham tomó contacto con Donald Trump inmediatamente al asumir su cargo. Las declaraciones que hizo Burnham en apoyo a Zelensky fueron respondidas por Rusia con ejercicios militares en el Canal de La Mancha, a solo 40 km de aguas británicas. 
 Entre los funcionarios del gobierno saliente que continuarán en el cargo, el más importante es John Healey, quien fuera Secretario para la Defensa bajo Starmer, ahora nombrado Chancellor de Hacienda. Healey representaba el ala derecha del gobierno de Starmer, a quien reclamaba aumentar los gastos militares. Ahora será él quien maneje las finanzas. 
 En el tópico de mayor agitación fascista, el de la inmigración, Burnham ha reconocido públicamente que comparte varias de las definiciones del ultraderechista Farage, para recuperar “el control” de las fronteras. Ha planteado revisar las solicitudes de inmigración y aumentar el rechazo de un mayor porcentaje de las mismas. “Necesitamos hacer un mayor uso de la detención para que las personas que no tienen fundamento para una reclamación no sean admitidas en el país”, aseguró (The Independent, 10/06). 
 Burnham está tratando de dar tranquilidad a los mercados. La City de Londres había amenazado con una huida de capitales si Burnham intentaba relanzar la economía por medio de un mayor gasto fiscal. La bolsa también había hecho ver su rechazo con una caída de los bonos del Tesoro durante semanas y la devaluación de la libra esterlina. Sin embargo, el Financial Times ha virado sus editoriales hacia una componenda con el nuevo gobierno. El Secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, aseguró al diario que Burnham es “pro empresas”
 La clase obrera Gran Bretaña enfrenta un deterioro de las condiciones de vida. Los niveles de empobrecimiento, sobre todo el infantil, baten todos los récords. El otrora baluarte nacional, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) se encuentra vaciado y en proceso de privatización. El salario se ha visto demolido. El problema de la vivienda ha llevado los niveles de personas en situación de calle a cifras nunca vistas. La deuda pública de Gran Bretaña es insostenible y todos los planes de ajuste han fracasado, no sin dejar un tendal mayor de pobreza. Burnham enfrentará, además, la desintegración de la OTAN y una nueva escalada de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos. La crisis económica y política, que se llevó puestos seis primeros ministros en los últimos diez años, encuentra al gobierno entrante con las mismas recetas, y los mismos funcionarios, que llevaron al fracaso a sus antecesores. 

 Joaquín Antúnez
 01/08/2026

sábado, agosto 01, 2026

La última ofensiva de Javier Milei


Javier Milei utilizó el pretexto de una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central para anunciar un paquete de medidas legislativas que va más allá de esa pretensión y que ha cerrado con un moño golpista. Como lo hemos advertido ayer, establece que las autoridades del Banco Central, que han sido designadas por decreto, requieran para su remoción el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Aunque la Constitución establece que las autoridades de la institución bancaria necesitan del acuerdo del Senado, desde hace varias décadas vienen siendo nombradas por decreto del Poder Ejecutivo. Lo que busca el Presidente es que el Banco Central siga dirigido por el personal libertario, más allá de los resultados de las elecciones del año próximo. Se trata de una tramoya golpista que todavía necesita que sea votada por el Congreso. Si esto llegara a ocurrir, el Congreso podría cerrar sus puertas o celebrar una o dos sesiones al año, para dar el sí a paquetes de leyes del Ejecutivo. Milei no ha dicho ayer si piensa regularizar la situación de los interventores que instaló en el Banco Central, llevando los pliegos al Senado. Le exige a éste, sin embargo, que vote a favor de leyes que dificulten en extremo su remoción, sin que hubiera dado su acuerdo para nombrarlos. Milei no se ha habituado a la injuria personal contra sus adversarios, sino que la utiliza contra las instituciones. 
 En cuanto a la prohibición de que el Banco Central financie al Tesoro, la iniciativa es solamente una patraña. La mayoría de los periodistas coincide, en las ediciones de hoy, 31 de julio, en que eso se puede burlar de distintas maneras, como Domingo Cavallo lo ha hecho bajo Menem. Nicolás Cachanovsky, un economista argentino que reivindica la ‘destrucción’ del Banco Central, lo señala desde Estados Unidos en un ‘substack’ que dio a conocer hace un par de horas. El Banco Central puede tener prohibido participar de las licitaciones del Tesoro para comprar bonos del Estado, pero no para comprar esos mismos títulos a los que participaron en esas licitaciones. Conocidas como “operaciones de mercado abierto”, habrán de cobrar un volumen muy superior al actual a partir de la intención, también anunciada ayer, de ‘fomentar’ el desarrollo de un mercado local de capitales y la instalación de compañías de seguros autorizadas a promover los contratos de retiro personal, o sea la privatización de las jubilaciones. Los bancos centrales de la mayoría de los países tienen una abultada cartera de títulos públicos comprados en operaciones de mercado abierto. El Banco de Japón tiene una cartera varias veces superior al valor del PBI nipón. Lo mismo ocurre, en menor medida relativa, con la Reserva Federal de Estados Unidos. La diferencia con Argentina, sin embargo, es que la Reserva Federal tiene el monopolio de la emisión de dólares y el yen japonés es una divisa que se transa en el mercado mundial. No obstante, todo esto, las finanzas internacionales son una pirámide de deudas que se ‘pagan’ con mayor endeudamiento, amenazando con el derrumbe del sistema monetario internacional. 
 Un cruce de Milei con economistas que reclaman una reducción de los encajes que los bancos están obligados a mantener en el Central, para posibilitar una baja en la tasa de interés, dejó, sin embargo, a la vista a un Milei “peronista de Perón”. Milei les respondió que desearía llevar esos encajes al ciento por ciento, como hizo Perón en 1946, anulando toda capacidad de préstamo de los bancos. A diferencia del “general’, sin embargo, pretende que esos encajes se constituyan con títulos de deuda del Tesoro, encarcelando a todo el sistema bancario en las celdas de la deuda del Estado. El ‘libertario’ es un estatista fanático. Milei se enfrenta a un choque con los banqueros, por este asunto, y con el FMI por otro. Milei no quiere que el Banco Central compre dólares con el propósito de reforzar la tendencia deflacionaria que está llevando las inversiones industriales por debajo de cero, y los salarios por debajo del nivel de subsistencia. Para Milei la inversión debe ser extranjera o con financiamiento extranjero. Pero el FMI quiere recibir el pago del próximo vencimiento de la deuda con el Fondo por un monto superior a los 5 mil millones de dólares –y no renovar esa deuda como ha hecho hasta ahora-. El paquete anunciado ayer se propone reforzar la posición oficial frente al FMI, o sea que renueve la deuda una vez más. 
 Milei anunció ayer el propósito de establecer el régimen norteamericano del “shutdown”, que consiste en fijar un tope al endeudamiento del Estado. Es una propuesta curiosa, porque en Estados Unidos se encuentra en crisis y se lo considera agotado. Es que la imposibilidad de tomar deuda nueva cuando se llega al tope paraliza la actividad del estado, salvo en cuanto a los gastos de seguridad nacional y de salud. Es por eso, probablemente, que ha lanzado la iniciativa de cortar los gastos presupuestarios en los rubros que incurran en un déficit en relación a lo previsto en el Presupuesto. Los afectados serán los servicios destinados a la población. Es claro, de todos modos, que pone en evidencia una quiebra del aparato del estado, que no puede funcionar sin dinero. El Estados Unidos, el “shutdown” da paso a una serie de negociaciones que, si tienen éxito, llevan a un aumento del tope de endeudamiento. Pero como los intervalos entre los “shutdown” son cada vez más cortos, el sistema se torna insostenible. 
 Estamos ante la última ofensiva de Milei. Si el Congreso se pliega a los proyectos liquidadores de los ‘libertarios’, el Ejecutivo irá a las elecciones como la única fuerza efectivamente actuante; si rechaza, al menos los principales de esos proyectos, la crisis del oficialismo adquirirá nuevas proporciones, incluida la incapacidad para cubrir los vencimientos de deuda del año y medio que falta hasta las elecciones. El fascismo ajustador, que se distingue del fascismo ‘keynesiano’ de un Mussolini y hasta cierto punto de un Hitler, enfrenta contratiempos insuperables. Con el desarrollo de la guerra imperialista mundial, el gasto público adquirirá proporciones enormes, que no podrá ser cubierto con ‘ajustes’, y llevará, como ya ocurre, a un brutal nacionalismo económico, o sea a la fractura de la economía mundial.

 Jorge Altamira 
 31/07/2026

Grillete fiscal, deuda privada y seguros: un régimen de excepción, al servicio del capital financiero


Junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Milei anunció tres reformas económicas que alteran el funcionamiento del estado. Rodea de mayores garantías a un capital financiero que mira con recelo a la pretendida “solidez” de la gestión libertaria.
 La primera de ellas es un “grillete fiscal”. Se trata del recorte o cierre de actividades del Estado que sean responsables de un déficit fiscal recurrente durante un cierto período. Si el Congreso no “corrige” ese déficit, con leyes de ajuste, el Poder Ejecutivo queda facultado a cerrar reparticiones o cancelar partidas de gasto, excluyendo las jubilaciones, la seguridad y la salud (no la educación) y, ‘naturalmente’, a los pagos de la deuda pública. Bien mirada, la primera repartición que se cierra con el “grillete” es el propio Congreso Nacional, pues sus facultades quedan cercenadas para cualquier iniciativa que altere, no ya el Presupuesto que ese mismo Congreso ha votado, sino su ejecución, que el Ejecutivo altera todo el tiempo. El Parlamento sólo podría reunirse para recortar partidas, por caso, si los compromisos de la deuda pública obligan a absorber mayores recursos del Tesoro. El “grillete” consagra un estado de excepción para la gestión económica del Estado, en función de ofrecer garantías a los acreedores de la deuda pública. 
 El segundo anuncio de Milei apunta a la liberalización del mercado de capitales. Sin mayores detalles, se refirió a los bonos corporativos, es decir, a las obligaciones de renta fija que ofrecen las empresas para financiarse. Milei no dijo que su gobierno ya vivió un auge en la emisión de estas obligaciones; fue a fines de 2024, después que diversas empresas capturaron parte de los fondos del primer blanqueo de capitales de los liberticidas. El boom, sin embargo, se frenó, en medio de varios defolts empresarios, y nada menos que en las actividades “estrella” -es el caso del grupo de energía Albanese, o de la agropecuaria Los Grobo. Ahora, Milei adelanta la posibilidad de emitir estas obligaciones en dólares, sin restricción alguna. Esto significa que empresas ligadas al mercado interno -o sea a ventas en pesos- podrían endeudarse en moneda extranjera. Se trata de un gigantesco salto al vacío, en base a la promesa de un “dólar planchado” que, a su vez, es contradictorio con el pago de una deuda pública que exige “acumular reservas” y, por lo tanto, plantea una mayor devaluación de la moneda – por lo menos para el FMI.
 La autorización a la emisión de bonos corporativos parece contradictoria con un mercado interno en estado de derrumbe. Pero los cuervos siempre tienen sus buenas razones: en el horizonte, aparece la posibilidad de financiar un proceso de fusiones y adquisiciones de empresas, afectadas por el colapso industrial generado por el propio gobierno libertario. La periodista Silvia Naishtat, en su columna de Clarín, relata las condiciones de ganga que han permitido la adquisición de Vicentin, por parte de un grupo financiero que colocó 50 millones de dólares por los derechos a negociar un pasivo diez veces superior. El brulote de Milei, en cualquier caso, evita mencionar que la emisión de deuda privada tiene como su principal competencia a la deuda pública, que Milei-Caputo, más tarde que temprano, deberán colocar en el mercado: el FMI ha cerrado la canilla. 

 Seguros

 El último capítulo de la “cadena nacional” de Milei fue dedicada a la desregulación en el mercado de Seguros. El tema parece acotado a un renglón financiero, pero sus consecuencias pueden ser profundas. En principio, la desregulación favorecería la concentración del negocio en las compañías con mayor espalda -aquellas ligadas al capital extranjero. Pero la “ampliación del negocio” se relaciona con la conversión de un conjunto de servicios públicos y sociales en actividades sólo cubiertas por seguros privados. En este rubro se anotan los seguros de salud, donde la desregulación debe tocar un punto muy sensible: no ponerles piso alguno a las prestaciones. Este mercado se encontraría con la competencia de la salud pública y de las obras sociales. Pero para la primera -los hospitales públicos- está la motosierra de Milei; en cuanto a las segundas, la burocracia sindical encontraría una salida a la bancarrota de las actuales obras sociales, bajo la vía de asociarse a los fondos privados de seguros. 
 El otro filón de esta desregulación es todavía más significativo: ni más ni menos que las jubilaciones. A la par de la reforma previsional ya pactada con el FMI, y que promete miseria jubilatoria a una mayoría, el gobierno ofrecería la salida de los “seguros” -jubilación privada- para los trabajadores de salarios medios o altos. Si la jubilación asistencial pasa a depender de los ingresos corrientes, y otra porción menor queda en manos de los seguros, entonces el Fondo de Garantía del Anses queda “liberado” para pagar la deuda publica, y el régimen laboral queda definitivamente eximido de pagar aportes. Una reestructuración social que cancela un siglo de conquistas de los trabajadores. 

 El último en cerrar la puerta 

El ideólogo de este paquete anunciado en la cadena nacional, es el exterminador Sturzenegger, un experto en ofrecer garantías finales al capital financiero cuando el bote empieza a juntar agua. El ministro de Desregulación de Milei es el que protagonizó, precisamente, los recortes y blindajes que precedieron al estallido financiero y político de 2001. Caminó por la misma senda en 2018, cuando Macri se deslizaba por el tobogán.
 En este caso, el paquete de anuncios de Milei ha sido arrojado al ruedo cuando el panorama financiero de la gestión libertaria ni siquiera convence a sus principales beneficiarios y tutores. Georgieva anunció, en su visita, que no tiene previstos nuevos fondos para Argentina, cuando Caputo -dos semanas atrás- contaba con esos recursos en el “plan financiero” que presentó para 2027. El riesgo país no desciende, y el superávit fiscal se ha evaporado. La discusión sobre el “2027 electoral” se ha instalado en los círculos capitalistas a los que Milei y Sturzenegger pretenden blindar con sus anuncios. 
 Está planteada una enérgica campaña en defensa de las conquistas que Milei pretende arrebatar, desde la educación y la salud hasta las jubilaciones. 

 Marcelo Ramal 
 31/07/2026

Más de mil muertes a causa del ébola: la situación en República Democrática del Congo se agrava por la guerra y la pobreza


Pasados más de dos meses de que el brote de ébola de la cepa Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC) fuera declarado Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional, la situación se ha agravado considerablemente. 
 Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés), en Congo hay 3.262 casos confirmados y 1.437 muertes a causa del Ébola. 
 De acuerdo a las cifras del Ministerio de Sanidad de Congo, la letalidad entre los casos confirmados es del 40,7 por ciento. Los casos se encuentran diseminados por todo el país -se han detectado en las provincias de Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo-, pero Ituri concentra casi el 90 % de los casos confirmados y más del 80 % de las muertes. Esta provincia es una región minera de oro donde casi un millón de personas han sido desplazadas a causa de años de conflicto armado. 
 El dato más alarmante es que aproximadamente el 80 % de los nuevos casos se detectan fuera de cualquier cadena de transmisión conocida. Muchos fallecidos fueron reportados por sus comunidades, sin que hubieran pasado nunca por un centro de salud ni recibir atención. A su vez, el rastreo de contactos sigue rezagado, con solo alrededor del 77% de los contactos conocidos monitorizados a nivel nacional, muy por debajo del 95% que las autoridades sanitarias consideran necesario para interrumpir la transmisión (The Associated Press, 23/07). Investigadores de los CDC estiman que el brote actual de ébola podría acercarse al peor de la historia. 
 A esto se suma la grave situación que atraviesan los trabajadores de la salud. En el centro de tratamiento del ébola en Rwampara, una de las zonas más afectadas, los trabajadores realizaron una huelga y decenas abandonaron el trabajo por salarios y bonificaciones impagos. Entre los huelguistas se encuentran epidemiólogos, investigadores de casos, conductores y sepultureros. El ministro de Sanidad congoleño, Samuel Roger Kamba, reconoció los "retrasos". Al menos 112 trabajadores sanitarios han sido infectados y 35 han fallecido. 
 El virus Bundibugyo no cuenta, hasta el momento, con vacunas ni tratamientos aprobados. A principios de este mes, comenzó el primer ensayo clínico de posible tratamiento para esta cepa, pero, de acuerdo a la OMS, podrían llevar meses y serían necesarios hasta 1.000 participantes, para determinar si alguno de los tratamientos experimentales es efectivo. Por otra parte, la Universidad de Oxford lanzó el primer ensayo de vacuna antiBundibugyo (fase I), el 13 de julio. 
 La enfermedad se ha extendido a la limítrofe Uganda, donde hay 20 casos confirmados y se registraron dos fallecidos a causa de la enfermedad, aunque no se han registrado, por ahora, nuevos casos desde el 21 de junio. 
 Detrás de la expansión del virus, se encuentra la guerra imperialista mediante la cual Estados Unidos pretende desterrar a China, principal socio comercial de la República de Congo. La guerra actual, librada por la milicia M23 respaldada por Ruanda -país aliado a los EEUU- es una lucha por el coltán, cobalto y oro de Kivus e Ituri. La opresión capitalista sobre Congo ha generado estragos: este país es hoy el segundo mayor reservorio mundial de malaria, con 35 millones de casos reportados en 2024. Además, se sitúa entre los ocho países que representan dos tercios de la tuberculosis mundial. La falta de agua potable es casi total.
 La prioridad del gobierno de los Estados Unidos se ve reflejada en el presupuesto que destina para la respuesta al ébola. De los 1.400 millones de dólares que la administración ha solicitado al Congreso para la respuesta al ébola, unos 800 millones están vinculados a la respuesta humanitaria, incluido un centro de cuarentena de Kenia, y 500 millones a la "seguridad sanitaria global", justificados con el argumento de mantener el virus fuera de las costas estadounidenses (WSWS, 15/07). La solicitud llegó dentro de un paquete suplementario de 87.600 millones de dólares cuyo propósito principal es militar, incluyendo 21.000 millones sólo para el abastecimiento de municiones. Mientras tanto, ha desmantelado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR) y realizado importantes recortes a los CDC, además de retirarse de la OMS, cancelando cualquier atisbo de cooperación internacional, como resultado de la guerra mundial. A PEPFAR se le atribuye haber salvado más de 25 millones de vidas, y a USAID con haber prevenido más de 90 millones de muertes en dos décadas (WSWS, 20/05). 
 El imperialismo pretende llevar a la clase obrera a la barbarie a través de la expansión de la guerra. La consigna “Socialismo o barbarie” está más vigente que nunca. Impulsemos la lucha en defensa de la salud y las condiciones de vida contra los gobiernos de la guerra.

 Daniela Magoc 
 30/07/2026

Néstor Kohan, "Imperialismo cultural y lucha de clases"

Cuba: 7.000 misiles yankis contra la vida

jueves, julio 30, 2026

La Argentina colonia


La importancia de la marcha del 6 y la necesidad de la intervención obrera. 

 La llegada de la titular del FMI a la Argentina ha puesto de manifiesto, quizá como nunca antes, los inauditos niveles de sometimiento a los que Milei ha llevado a nuestro país frente al imperialismo. La reunión del gabinete nacional presidida por la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, fue gráfica en ese sentido. Pero también lo fue la conferencia de prensa, no solo porque el ministro Caputo estuvo pintado, sino por la pretensión de Georgieva de ganarse la adhesión de los periodistas a través de un arenga que convocaba al pueblo argentino a mantenerse firme en la tolerancia del ajuste y la austeridad. 
 Sin sonrojarse, la titular del FMI invocó a su propio país, Bulgaria, como un ejemplo a seguir. Obviamente, Kristalina evitó mencionar que la tutela del FMI del proceso de la restauración capitalista en Bulgaria a principios de los '90 terminó -entre 1996 y 1997- en una crisis bancaria, una fuerte devaluación de la moneda búlgara y una hiperinflación. Diez años después, a través de un derrotero de privatizaciones, liquidación y reestructuración de empresas estatales, austeridad fiscal y reformas laborales, Bulgaria entraba como un país periférico y sometido a la Unión Europea. En todo este proceso, Bulgaria sufrió un derrumbe demográfico extraordinario, con una pérdida equivalente al 29% de su población. Interesante espejo en el que Georgieva nos convoca a mirarnos. 

 La agenda de Kristalina 

Es claro que Kristalina Georgieva vino a la Argentina con objetivos muy concretos. En primer término, para asegurarse la tajada del propio Fondo en la repartija del bocado argentino y, en segundo lugar, para apuntalar al gobierno, que es garante de esa entrega y que en las encuestas se encuentra cada vez más cuestionado por la consideración popular. 
 Hay que recordar que Argentina es el principal deudor del FMI y que, entre 2026 y 2027, el Estado argentino deberá pagarle al organismo alrededor de 12 mil millones de dólares. Por eso la titular del FMI se paseó por Loma Campana, el yacimiento estrella de Vaca Muerta, y en la conferencia de prensa planteó que Argentina debía profundizar aún más su rumbo de primarización de la economía. Es que allí, en la producción hidrocarburífera, están los potenciales dólares que el Fondo se anota para cobrar -como “acreedor privilegiado”. La titular del Fondo se mostró confiada en la posibilidad del Estado argentino de pagar y reclamó que el Banco Central “siga comprando dólares”. El día después, sin embargo, por una ironía del destino, por primera vez desde principios de enero el Banco Central se veía imposibilitado de comprar dólares. 
 En línea con el interés por cobrar, Georgieva y el FMI reclaman más ajuste y un cambio de la carta orgánica del Banco Central. Sucede que el superávit conquistado por el gobierno en el primer semestre del año está muy lejos aún de la meta establecida por el FMI. Es que el derrumbe de la actividad -que es en gran medida consecuencia de la motosierra- está redundando en una caída de la recaudación fiscal: el famoso perro que se muerde la cola. El proyecto de ley de reforma del Banco Central, que Milei anunciaría por cadena nacional el jueves 30 por la noche, apuntaría a suprimir de manera total el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro, históricamente utilizado para cubrir el déficit fiscal. Sería una medida complementaria o integrada al “apagón” del gasto estatal (shutdown) en las áreas que sean deficitarias, con excepción de las fuerzas represivas. Como se ve, todo es sacrificado en el altar del pago de la deuda externa. 

 Argentina y el mundo 

 De implementarse toda esta agenda, no sólo se agravaría la enorme crisis que golpea a los sectores obreros y populares, sino que se reduciría sustancialmente el margen del gobierno para desplegar algún tipo de política de contención social. Es evidente que el plan reeleccionista de Milei se basa en sostener el apoyo de la mayor parte de la burguesía, mostrando su eficacia en ir a fondo en la ofensiva antiobrera sin desatar un estallido social, y mantener una tasa inflacionaria relativamente baja, con leves correcciones del tipo de cambio sobre la base de lograr el financiamiento internacional. Pero ninguna de las dos objetivos de Milei están asegurados de antemano.
 Sucede que si las contradicciones inmanentes del esquema económico -basado en un ajuste recargado, un “dólar barato”, una apertura importadora y una dependencia creciente de la asistencia externa- conducen al país, más temprano o más tarde, a un colapso; un coletazo de la crisis mundial no solo podría precipitarlo, sino también agravarlo sensiblemente. Es que, como se sabe, Argentina es apenas una hoja al viento en el torbellino de la economía mundial. Los factores exógenos podrían ser diversos. Hay que anotar entre ellos, desde luego, la guerra en Medio Oriente. Las negociaciones para poner fin a la ofensiva yanqui-sionista contra Irán y reabrir plenamente el estrecho de Ormuz permanecen empantanadas, la guerra tiende a regionalizarse y crece la presión sobre el mercado petrolero. También hay que seguir con atención la evolución de la burbuja financiera creada alrededor de la inteligencia artificial. Un pinchazo de la burbuja pondría al desnudo la fragilidad del esquema financiero argentino. Un revés de Trump en las elecciones norteamericanas de este año también impactaría en la Argentina, ya que pondría en cuestión las capacidades del imperialismo para volver a salir al rescate del gobierno libertario. Cualquiera de estos escenarios podría redundar en un gran desequilibrio del esquema económico y financiero doméstico y en una reactivación de la actividad combativa de las masas.
 Para tratar de asegurarse eventuales nuevos rescates financieros y el apoyo cerrado del imperialismo a su gobierno, Milei está protagonizando una gira trumpista por América Latina. Luego de visitar Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro, quien pretende desbancar a Lula de la presidencia brasileña en octubre próximo, Milei llegó a Perú para entrevistarse con Keiko Fujimori. La presidenta peruana asumió colocando al Ejército en la represión interna, con el objetivo de “establecer plenamente la autoridad del Estado”. Milei se apresta también a visitar al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y a participar de la asunción de Abelardo de la Espriella, otro ultraderechista que acaba de ganar las elecciones colombianas. Semanas atrás Milei se jugó fondo en el sostenimiento de Rodrigo Paz, el presidente derechista de Bolivia, cuando se encontraba jaqueado por una gran rebelión obrera y campesina.
 En definitiva, Milei se coloca como un personero del Corolario Trump a la Doctrina Monroe, que apunta a contener y desplazar el progreso de China en América Latina y someterla íntegramente a los intereses del imperialismo yanqui. 

 La ley antinacional y los trabajadores 

Como frutilla del postre de toda esta política de subordinación al imperialismo y transformación de la Argentina en una colonia, el gobierno pretende avanzar en la aprobación de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” el próximo 6 de agosto. Como se recordará, el despliegue de los jugadores de la selección de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” en el partido contra Inglaterra forzó la postergación del tratamiento de la ley. Los senadores optaron por evitar el papelón de entregar el país el día después de que el pueblo argentino festejara cerradamente un acto de reivindicación nacional. 
 La ley que pretenden aprobar -no solo el gobierno nacional sino también distintos gobernadores de las provincias mineras y cordilleranas- habilita una mayor extranjerización de las tierras, desmonta aspectos centrales de la Ley de Tierras y de la Ley de Manejo del Fuego, refuerza los privilegios de propietarios, terratenientes y grandes capitales, agiliza los desalojos contra las comunidades, los inquilinos y las familias trabajadoras y limita las expropiaciones. Esto último golpea especialmente a los trabajadores que ocupan sus fábricas en defensa de sus puestos de trabajo, como los trabajadores de Fate o de Morvillo. Se trata de un nuevo salto en la política antinacional y antiobrera del gobierno libertario. 
 La genuflexión de la llamada "oposición", incluido el peronismo en sus distintas variantes, demuestra por enésima vez su completa incapacidad para liderar una verdadera lucha en defensa de los intereses nacionales y sociales. Su orientación capitalista, que incluye su disposición a pactar con el FMI y el imperialismo, los anula como alternativa capaz de representar genuinamente los intereses populares. La sentencia vale tanto para los gobernadores y legisladores del peronismo como para la burocracia sindical, que está entregando los salarios, los puestos de trabajo y los convenios colectivos a cambio de un aumento de los aportes solidarios a las cajas sindicales. Por eso mismo, no es casual que el Frente de Izquierda haya sido el único bloque político del país que montó una tribuna para denunciar la llegada de Kristalina Georgieva y plantear la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda. 
 Contra la aprobación de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” se ha empezado a despertar un importante movimiento de rechazo a escala nacional. En algunas provincias, como en Neuquén, se empieza a discutir el impulso de un paro provincial. Ese es el camino. Para derrotar la ley es necesaria la intervención activa de la clase obrera. El viernes 7, en el marco de la jornada impulsada por la CGT por el día de San Cayetano, el Frente de Lucha Piquetero junto a otras organizaciones independientes se concentrará en Constitución para levantar el reclamo contra la baja de un millón de programas sociales. 
 El FIT-U, que sigue alto en las encuestas, debe apoyarse en esa conquista para impulsar todas las instancias de lucha, como la del 6 y la del 7, y el protagonismo de los trabajadores. En ese marco, es necesario reforzar la lucha por la construcción de una alternativa política de la izquierda y los trabajadores impulsando comités unitarios del Frente de Izquierda. 

 Pablo Giachello

Perú: con fraude asume Keiko Fujimori la presidencia


Reorganizar al movimiento obrero y de los explotados en forma independiente 

 El 28 de julio 1821, hace 205 años, el General San Martín proclamó, en la plaza central de Lima, la independencia de Perú, mientras todavía continuaba la lucha por expulsar de América Latina al imperio español. El 28 de julio de este año, el día de la conmemoración de la independencia, fue el elegido para que Keiko Fujimori -hija del dictador Alberto Fujimori que se fugó en el 2000 acusado de múltiples crímenes y casos de corrupción- asumiera como presidenta del Perú. A la ceremonia vino la flor y nata de la reacción derechista: en primer lugar, el rey de España, Felipe VI, junto al presidente argentino Javier Milei y los presidentes derechistas latinoamericanos, José Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Santiago Peña (Paraguay), José Mulino (Panamá) y, también el centroizquierdista presidente uruguayo Yamandu Orsi. Donald Trump mandó al vicesecretario de Estado, Christopher Landau. El fraude La Fujimori es la cuarta vez que intentaba llegar a la presidencia, siendo derrotada las tres veces anteriores en segunda vuelta. Ahora, fraude mediante, asumió. Las denuncias de fraude fueron contundentes. En las elecciones del 7 de junio, Roberto Sánchez, de la coalición liderada por Juntos Por el Perú, ganó la elección dentro de las fronteras nacionales del Perú. Pero… la “justicia” declaró, finalmente, ganadora a Keiko Fujimori gracias a los resultados fraudulentos de las urnas del exterior (particularmente de EEUU y Argentina) que vinieron por “valija diplomática”, fuera de todo control efectivo. El resultado final declarado por la Justicia Electoral fue de una ¡diferencia de 49 mil votos a favor de Keiko Fujimori, sobre un total de casi 20 millones de votantes! 

 Cómo se llego al fraude 

 El presidente constitucional Pedro Castillo fue volteado por un golpe (diciembre 2022), impulsado por Keiko desde el parlamento. El golpe fue enfrentado por grandes movilizaciones populares, especialmente de las comunidades indígenas, que se extendieron varios meses, donde la represión de las fuerzas armadas se cobró la vida de más de 70 trabajadores y campesinos, centenares de heridos y presos políticos. En estos tres años y medio, donde se sucedieron diversos “presidentes” nombrados por el Parlamento Unicameral derechista, Fujimori se dedicó a copar todos los estamentos del aparato estatal peruano. Particularmente la justicia incluida, especialmente, la electoral. Para blindar que en un proceso electoral pudiera llegar a la presidencia. Incluso impulsó una “reforma constitucional”, sin pasar por una Asamblea Constituyente, modificando el Poder Legislativo, pasando de un sistema Unicameral a otro Bicameral, más antidemocrático y más caro (incorporando 60 senadores al presupuesto público). Incluso, días antes de asumir el cargo, una de las últimas votaciones de la Unicameral fue la de blindar a los mandos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, con leyes de impunidad por los crímenes que hubieran cometido, o que cometan en el futuro, reprimiendo al pueblo (por ejemplo: no serían juzgados por los tribunales ordinarios que abarcan a todo el pueblo, sino por sus propios tribunales). Terminó así de constituir un bloque común con los altos mandos de las fuerzas represivas. 
 Keiko constituyó en la Unicameral, lo que el pueblo denominó un “pacto mafioso”, que fue vacando presidentes y ministros si estos no conformaban las expectativas de Keiko Fujimori, el derechista Aliaga y otros exponentes oportunistas, reaccionarios, racistas y antiobreros. El Parlamento Unicameral tenía un rechazo popular del ¡97% de la opinión pública!, según diversas y reiteradas encuestas de opinión. Toda movilización era reprimida. Se trataba de una “dictadura parlamentaria” asociada a los mandos de las fuerzas policiales y militares, a la Confiep (federación empresaria) y la Embajada norteamericana. 
 El frente que se constituyó a último momento en torno a Roberto Sánchez y Juntos por Perú, canalizó el voto de la bronca popular y expuso, a pesar de todas las maniobras realizadas, que Keiko Fujimori había perdido, otra vez, la elección. Tuvieron que intervenir Donald Trump (como hizo antes en las elecciones argentinas, hondureñas y colombianas) y Milei para torcer el rumbo con un burdo fraude que le diera el triunfo a Keiko Fujimori. Es el accionar de una “Santa Alianza” reaccionaria y proimperialista, que se constituyó en marzo de este año, impulsada por Trump, Milei y los derechistas latinoamericanos, llamada el “Escudo de América”. Y que intervino abiertamente en la reciente crisis de Bolivia, contra la huelga general y los 53 días de piquetes bloqueando las carreteras, contra las decenas de miles de campesinos y trabajadores que se movilizaban reclamando que el presidente Rodrigo Paz renunciara. 
 Keiko dirige el gobierno hace (por lo menos) tres años y medio, desde que impuso el derrocamiento golpista de Pedro Castillo. Los periodistas pro FMI plantean que Perú tiene una “macroeconomía” perfecta: 100 mil millones de dólares de reservas, baja deuda externa, inflación del orden del 3%, etc. Lo que no dicen es que el 75% de la población trabaja en negro y precarizada, que la pobreza causa estragos especialmente en la niñez, que los jubilados se mueren de hambre. El “éxito” macroeconómico es producto, afirman, de que el Banco Central del Perú, está dirigido por Julio Velarde, desde hace 20 años cuando fue nombrado para el cargo por Alan García y atravesó todas las presidencias (una decena) de Ollanta Humala, Pablo Kuczynski y demás, incluyendo a Pedro Castillo, Dina Boularte y Cía. Ahora lo acaba de ratificar, nuevamente, Keiko Fujimori. Julio Velarde es el que realmente definió el accionar de todos los gobiernos. No es el mago del “milagro financiero” peruano, sino el responsable del empobrecimiento inaudito del pueblo trabajador. 

 Las primeras medidas 

 Sin pelos en la lengua, el embajador yanqui, Bernie Navarro, ha declarado que la asunción de Keiko plantea un “nuevo amanecer” para la alianza del Perú con el proyecto trumpista. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia y ahora Perú, unidos a Ecuador y Colombia, podrían reconstituir un “pacto andino”.
 Carlos Espa, que ha sido nombrado ministro de Relaciones Exteriores, tiene como antecedente… haber trabajado durante 15 años seguidos en la Embajada Norteamericana de Lima. Puesto que dejó para presentarse a las elecciones. Tendría como uno de sus objetivos disputar los espacios de poder económico de los chinos a favor del imperialismo yanqui (creación de un nuevo megapuerto en las cercanías de Lima, que compita con el de Chancay, dominado por un consorcio estatal chino, etc.). El ministro de Energía y Minería es Guillermo Shinno, cuyos antecedentes profesionales son haber actuado en “altos cargos del sector minero”. ¡Se ha puesto al zorro a cuidar el gallinero! 
 El ministro de Educación, José Chang, ha sido acusado de hacer negociados a favor de empresas privadas cuando era rector universitario. Llevado a juicio este se ha cajoneado. 
 El nuevo ministro del Interior, es el General (retirado), Cesar Augusto Astudillo, que fue comandante del Ejército. En el discurso inaugural de su mandato, Keiko sentó doctrina: son las Fuerzas Armadas las que van a dirigir la represión en casos de “conmoción interna”.
 El ministro de Economía, Elmer Cuba, fue director del Banco Central de Reserva del Perú (2016-2021), trabajo con el Banco Mundial, el BID y de fluidas relaciones con las cámaras patronales. 
 Y así podríamos seguir viendo las características reaccionarias de todos los ministros del gabinete nombrado por Keiko Fujimori.
 La presidenta en su discurso inaugural anunció que iba a aumentar el salario mínimo en un 15%, de 1025 (fijado el 1° de enero del 2025, hace 19 meses) a 1130 soles: unos 105 soles de incremento. Pero a no entusiasmarse, porque luego aclaró que esto sería un incremento implementado en forma progresiva, no inmediato. La resolución tiene que ser reglamentada. Las Cámaras Patronales se han mostrado sorprendidas y piden que la forma y condiciones del aumento sean discutidas, oportunamente, en el “Consejo Nacional del Trabajo”. Aparte, la presidenta anunció que daría un subsidio a las patronales Pymes (por única vez) para amortiguar el efecto en sus finanzas, del aumento salarial. Tienen que “estudiar” –dicen- de donde salen los recursos fiscales de este subsidio, antes de dar el aumento.
 El aumento de los aranceles decretado por Trump a las importaciones, llevándolos del 10 al 12,5%, no afecta en lo fundamental las exportaciones peruanas: las mineras están exentas de pagar ese gravamen. Los buenos precios del cobre, del oro, el zinc y demás minerales estratégicos alcanzarían de sobra para solventar ese mínimo e insuficiente gasto salarial. Pero la avaricia capitalista… También anunció en su discurso inaugural que el Estado va a duplicar el monto paras los Bonos Pensión 65, de 350 soles cada 2 meses, a 700 soles bimensuales… también “progresivamente”. Son los que se pagan, a 800 mil personas, aproximadamente, que están en situaciones ultra menesterosas y no se pueden jubilar. El presidente depuesto, Pedro Castillo, sigue preso desde hace tres años y medio. Y ahora la “justicia” acaba de extender la “prisión preventiva” hasta marzo 2027. 
 El discurso de Keiko, a diferencia del de Milei, no ha sido una oda a la “violencia libertaria”, sino el coqueteo con promesas de encarar la situación social. La actual polarización electoral, el fraude y el levantamiento, esencialmente indígena, del 2023, indica que el “horno no está para bollos”. Keiko está maniobrando y tratando de cooptar a sectores del frente que apoyó a Roberto Sánchez. En la Cámara de Diputados fue electo presidente Oscar Reto, un general retirado, en nombre de la oposición a Keiko. Pero en la Cámara de Senadores, donde también se consideraba que iba a triunfar la oposición, fue electo presidente el fujimorista Miguel Torres, por un voto de diferencia (30 a 29 y 1 abstención). El voto de los senadores se resolvió que fuera secreto, violando el principio de publicidad del accionar de los “representantes del pueblo”. Los opositores a Keiko habían resuelto que al meter el voto en la urna lo mostraban ante las cámaras. Una diputada de Juntos por el Perú, Silvina Robles, NO lo mostró adrede. Fue una “traición comprada”: decidió votar por el fujimorista Miguel Torres. Roberto Sánchez la suspendió de su frente. Varios diputados hicieron trascender que quisieron cooptarlos, comprando sus votos. 

 Ninguna confianza en la "oposición" parlamentaria 

 Los derechos y reivindicaciones de los trabajadores y campesinos peruanos se conquistarán con la organización independiente de los partidos burgueses y del Estado y con la lucha organizada. Trabajar para formar un partido obrero marxista revolucionario y poder encarar las luchas reivindicativas, fortaleciendo organizaciones sindicales de masas, asambleas populares en los barrios y centros de estudiantes, es la tarea. 

 Rafael Santos

miércoles, julio 29, 2026

CON FILO | ¿Por quién suenan los calderos?

Kristalina Georgieva: La mafia financiera del capital viene a supervisar a la colonia


Argentina, en una olla a presión.

 Kristalina Georgieva, la directora general del FMI, no ha venido a hacer su primera visita a Argentina para celebrar, como pretenden los titulares de prensa, el ‘éxito’ de la política de Milei. La realidad no solamente no es la única verdad, sino que con frecuencia se presenta invertida. Con vencimientos de deuda hasta 2027 de casi 40.000 millones de dólares, el propósito de la búlgara es apaciguar la inquietud de los acreedores nacionales e internacionales de que Argentina vuelva a ingresar a un ciclo de default. Es lo que ha ocurrido varias veces en los últimos dos años y medio con diversas ‘corridas’ cambiarias. En la última, en octubre pasado, el FMI las vio pasar impotente, para dejar que el trabajo de salvataje lo hiciera el Tesoro de Bessent y Trump; incluso la Reserva Federal de Estados Unidos quedó fuera del juego. Georgieva ha viajado a Buenos Aires a sustentar la tesis de Caputo, el tío, de que de aquí a las elecciones del año que viene Argentina podría arreglarse sola. 
 Pero las flores fueron para la tribuna. La directora del Fondo reclamó seguir “comprando’ reservas monetarias internacionales, es decir no depender del ingreso capitales golondrinas atraídos por la alta tasa de interés que rige en Argentina, como hace Caputo, porque los dólares del comercio exterior se van en pagos de servicios, intereses y turismo exterior. La mujer sabe que ‘comprar’ reservas es por lo menos improbable, porque Milei y Caputo han desarrollado un “esquema Ponzi”, donde las deudas se cancelan o reciclan con un endeudamiento mayor. La ‘sutil’ advertencia de Kristalina fue discutida entre bambalinas, no en el espacio público. Con fineza ‘florentina’, la directora pidió que le expliquen, como si ella no las supiera, las causas del hundimiento de la convertibilidad en 2001. La razón fue el esquema Ponzi de Domingo Cavallo, que se vino abajo como consecuencia del aumento de las tasas de interés internacionales, que derribó primero a la moneda brasileña debido a la fuga de capitales, y luego al peso argentino. Ahora mismo, el dólar está subiendo por los enormes gastos de las empresas de semiconductores y de IA, y ya ha provocado el mayor desplome del yen japonés en dos décadas. Cuidado, advirtió Georgieva, lo mismo va a ocurrir con ‘vosotros’, argentinos. ‘Insinuaciones’ de este tipo ‘mata' elogios a ‘libertarios’. Ya han pasado diez años desde que el tío Caputo endeudó a la Tesorería con el Fondo por 42 mil millones de dólares, y lejos de bajar la hipoteca ha subido a 57.200 millones verdes.
 En lo que Kristalina no hizo ninguna reserva es en la continuidad del endeudamiento del Tesoro con los bancos locales (compra de títulos públicos ajustados al dólar o en dólares), y a la inflación. O sea que el “esquema Ponzi” se ha infiltrado en el sistema bancario. La directora instó a que la banca local siga comprando bonos del Tesoro argentino, lo que viene ocurriendo mediante los depósitos que los bancos están obligados a mantener encajados en el Banco Central (un 41%). Pero estos mismos bancos atraviesan una crisis de impagos de consumidores e inversores, por el monto restante de depósitos. En definitiva, Argentina corre el peligro de que el gobierno de Milei desate una hiperinflación que emule a la sufrida en los últimos cien años. Los banqueros que se reunieron con Kristalina, como los pasajeros de primera clase del Titanic, celebraron con ella estos negocios, por los rendimientos que reportan. La muy católica Kristalina no se conmovió por los trabajadores desocupados, alegando que el porcentaje estaba dentro de las tasas internacionales. Tampoco por los jubilados, a quienes el FMI y todos los gobiernos capitalistas hacen responsables por los déficits fiscales. Pero sí lo hizo con la baja tasa de crecimiento de la industria y el trabajo en negro. Más allá de una cínica preocupación por lo que esto provoca en la recaudación fiscal, que viene cayendo como tendencia, la directora dejó ver su temor por una rebelión popular que desataría esta situación; algo que comparten muchos empresarios. El “peligro kuka” ha sido sustituido, en las pesadillas patronales, por el “socialismo” y el “comunismo”. Al default se añade, entonces, el cuco de un “argentinazo”, en especial cuando la ‘calma social’ se parece a la que antecedió al verano del 2001. Kristalina pidió “perseverancia” para evitar el estallido de una olla a presión.
 Lo que queda de la oposición política, fundamentalmente el peronismo, que ya votó por el acuerdo con el FMI en 2021, bajo el gobierno de los Fernández, no hizo ninguna manifestación de repudio al FMI –el mismo que hizo su gobierno (los Fernández) o el de las provincias peronistas, en la actualidad. Es sencillo: todos los partidos patronales apoyan a muerte el reconocimiento de la deuda usurera, en la que la burguesía local tiene un 63% de participación. En cuanto a la izquierda de “los bienes comunes” (monopolizados por el capital) y de la resurrección nacional (capitalista), promete, en el caso, todavía remoto, de llegar al gobierno por la vía tradicional, convocar a un referendo. Si Perón aconsejaba reunir una comisión para dilatar las soluciones a las controversias, el izquierdismo 3D prefiere los plebiscitos. 
 El “equilibrio macroeconómico” que justifican el FMI y sus secuaces es no solamente una torpeza intelectual y una capitulación ante el fetichismo capitalista. Los Estados nacionales, en el marco de un desarrollo internacional sin precedentes de las fuerzas productivas, tienden a lo contrario: al desequilibrio macroeconómico y político, por un lado, catastrófico, y a la agudización de la opresión de las naciones más débiles (al punto de sembrar protectorados) y a la guerra mundial entre los más poderosos, por el otro. 

 Jorge Altamira 
 28/07/2026

La oligarquía del campo y la propiedad privada


Con un palco abarrotado de funcionarios y legisladores nacionales, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, aprovechó el aniversario, las tribunas y las presencias para exigir al gobierno nacional, que elimine de forma definitiva los impuestos a la exportación que todavía existen para los productos agrícolas. Antes de eso, se desarmó en elogios con el liberticida que esperaba exultante su turno para volver a leer -mal- su discurso. 
 Pino celebró la política de confiscación contra la clase obrera en nombre del equilibrio fiscal. Saludó la apertura de mercados internacionales para la carne vacuna, cuando en Argentina el índice de consumo se desplomó un 15%, el más bajo de los últimos 30 años. Equiparó el abaratamiento en los costos de producción, con la ley bases y la contrarreforma laboral, que habilitaron despidos y congelamiento salarial, con los gastos del traslado de sus productos en "rutas destruidas, falta de infraestructura y de seguridad". Pino le exigió al sector público que invierta para que el sector privado maximice sus ganancias.
 Sin ningún eufemismo hizo una defensa doctrinaria del lugar que ocupa el Estado en el marco del régimen capitalista. Defendió el principio de los propietarios a rematar sus tierras por derecho. Hizo propio el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Milei y Sturzenegger, que busca avanzar en la más completa privatización de la tierra y de todo lo que hay en ella. "Cada propietario puede decidir el destino y el uso de su tierra" (Pino 25/7). La oligarquía y los capitalistas sólo pueden reivindicar la propiedad privada cuando ésta no le pertenece al trabajador.
 El Estado en el marco del régimen social capitalista es el principal garante de la confiscación sistemática que sufren los trabajadores. Con su andamiaje jurídico y represivo impone la violación permanente del derecho de propiedad privada de la clase obrera, su fuerza de trabajo, es decir el valor de su salario. 
 Al igual que Milei, Pino entiende que no existen los "bienes comunes" en el capitalismo. La tierra y sus recursos son fiscales, o son privados. Si son fiscales no pueden ser un bien común porque el Estado representa a una clase social por sobre otra. Podrán ser "comunes" cuando la clase obrera imponga la socialización de los medios de producción, entre ellos la tierra, mediante una revolución socialista.
 El estatismo dejó de ser un negocio, sobre todo para los nacionalistas que pagaron serialmente los intereses de deuda con el FMI y acreedores internacionales. Por eso, la privatización de las tierras y su entrega a los gigantes de las empresas tecnológicas, hace a un interés "común" de todos los bloques políticos de la burguesía. 
 A pesar de los elogios y las gratitudes, Milei no anunció lo que querían. El campo deberá esperar a que la minería y Vaca Muerta generen dividendos para recién eliminar retenciones. Ninguno tiene la vaca atada. 

Violeta Gil
28/07/2026

martes, julio 28, 2026

Cisjordania: escalada de ataques de colonos entre cálculos electorales sionistas


Un salto cualitativo en los pogroms con la complicidad del ejército y el gobierno sionista. ¿Puede la limpieza étnica evolucionar hacia otro episodio del genocidio abierto? ¿Es posible un resurgimiento de la resistencia palestina? 

 En los últimos días, la violencia paraestatal de las bandas de colonos en Cisjordania ocupada dio un salto de calidad. Así lo expresan medios de comunicación y activistas en el terreno. El incendio intencional de dos mezquitas en las localidades palestinas de Qusra y Kur, el bloqueo militar absoluto sobre la región de Nablus —que obligó a varias mujeres a dar a luz en ambulancias impedidas de circular— y la quema sistemática de campos de cultivo y vehículos en Beitillu y Beit Furik son ejemplos de profundización de una política deliberada de provocación colonialista. 
 El detonante de esta última ola de agresiones fue el choque producido en la localidad de Tell, al sur de Nablus. En una incursión de colonos armados en territorio palestino, la resistencia de los pobladores fue tenaz. Cuatro palestinos fueron asesinados luego de que dos israelíes fueron abatidos con una de las armas que portaban los colonos. El relato sionista habla de “terroristas palestinos” que asesinaron a civiles israelíes, por supuesto. Pero se trataba de un oficial del ejército y el coordinador de seguridad de un asentamiento. Hasta el “izquierdista” ex–Meretz Yair Golan, actualmente referente de Los Demócratas, dijo: “el terror debe ser derrotado con un brazo militar fuerte , con determinación y sin compromisos” (citado por Gideon Levy en Haaretz, 26/6). Incluso cobra fuerza la hipótesis de que uno de los dos haya caído como resultado de “fuego amigo”. 
 El gobierno israelí ordenó al ejército genocida imponer toques de queda, cercar municipios enteros y ejecutar razzias que derivaron en más de 70 detenciones. Al Jazeera por su parte reportó tropas israelíes ingresando violentamente a los campos de refugiados de Aqabat Jabr, las ciudades de Qalqilya y Kafr Aqab, y las aldeas de Kobar (Ramallah), Yabad, Zababdeh Burqin (Jenín) y Faroun (Tulkarem). (El Salto, 26/07). Las agresiones de colonos, claro está, no motivaron ningún arresto, y como resultado de este episodio, 5 nuevos uestos de avanzada fueron instalads, incluyendo uno en un Área B (suburbana). (Breaking The Silence 26//) 

 Impunidad oficial 

Las propias estadísticas del aparato de seguridad israelí confirman que los ataques y crímenes de odio perpetrados por colonos aumentaron un 50% durante la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando más de 660 incidentes documentados y provocando la muerte de seis palestinos y heridas a más de 140. La impunidad es total: solo el 6,6% de las investigaciones policiales contra colonos concluye en algún tipo de procesamiento, y menos del 3% de las escasas causas abiertas derivan en algún tipo de condena. (Haaretz, 26/7). 
 La integración entre el terrorismo de los colonos y el Estado está a la vista. El ministro de Defensa, Israel Katz visitó a Tal Yinon Dardik, un colono encarcelado tras ser imputado por un ataque multitudinario en marzo contra la comunidad palestina de Khirbet Humsa, que incluyó torturas, agresiones sexuales, saqueos y el robo de cientos de cabezas de ganado. Katz acudió a respaldar al detenido luego de la presión pública de 13 ministros y legisladores de la extrema derecha que exigían su inmediata liberación, argumentando problemas de salud. 

 Cálculos electorales en la limpieza étnica 

Para la coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, las crisis de seguridad permanentes en Cisjordania en general y este salto cualitativo en particular buscan manipular políticamente el panorama de cara a las elecciones del 27 de octubre. Incluso existió el intento de que se suspendan las elecciones internas del Likud, en medio de disputas partidarias por la sucesión de Netanyahu y ataques de los aliados dentro de la coalición. Mientras, continúa la agresión genocida en Gaza y hay marchas de las bandas fascistas con Daniella Weiss a la cabeza exigiendo recolonizar Gaza.
 El Estado sionista viene avanzando en varias iniciativas (proyecto E1, ley de pena de muerte, construcción del “muro carmesí”, régimen de anexión de facto, legalización de puestos de avanzada) que apuntan a la desarticulación de la Autoridad Palestina, aunque hace décadas le proporciona un servicio valioso como subcontratista de la ocupación. Todo indica que la AP ya no es lo que un sector de la ultraderecha israelí prefiere, y busca cerrar la etapa abierta por los Acuerdos de Oslo para dar paso a una nueva realidad, con la totalidad de las familias palestinas recluidas en centros urbanos actualmente denominados Zona A, anexando por completo las áreas rurales y suburbanas B y C, recluyendo a la población en bantustanes aislados sin ninguna continuidad territorial. 
 El aparato estatal también viene operando para el borrado cultural y territorial mediante la instrumentalización de la arqueología. A través de la declaración de «parques nacionales» o «sitios de conservación del patrimonio bíblico» en localidades emblemáticas como Sebastia o Nabi Samwil, el régimen israelí ejecuta un mecanismo burocrático de expropiación que desaloja a la población nativa, le quita sus tierras agrícolas y busca erradicar los vestigios materiales de la presencia histórica palestina (+972 Magazine, 24/7). 

 El peligro de un salto genocida, la necesidad de una Tercera Intifada. 

Esta estrategia de provocación choca cada vez más con las contradicciones materiales del propio aparato militar israelí. Según Haaretz, altos mandos del Ejército de Ocupación de Israel (FDI) expresaron en los últimos días su preocupación por la insostenible carga que representa mantener 24 batallones desplegados en Cisjordania —muchos de ellos reubicados desde los frentes de Gaza y Líbano—, en un contexto de agotamiento de las fuerzas de reserva, caída en los niveles de presentación y una crisis de reclutamiento sin precedentes. En paralelo, la tensión entre Estados Unidos e Irán abre la puerta a una nueva intervención israelí, lo que podría exigir aún más al ejército genocida.
 El fomento del accionar de los lúmpenes de las “hilltop youths” (juventudes de la cima de los montes) desde las colonias y los puestos puestos de avanzada buscan acelerar el proceso a fondo. Pasar del despojo gradual sostenido y apartheid a un proceso directo aniquilación y limpieza étnica acelerada, bloqueando totalmente el acceso al agua, destruyendo la infraestructura de subsistencia y utilizando el aislamiento geográfico para replicar en Cisjordania la lógica genocida aplicada en la Franja de Gaza.
 Sin embargo, la pretensión sionista de dosificar y manipular la violencia territorial en función de sus necesidades electorales puede ser un mal cálculo. La combinación entre la devastación económica, la violencia de los colonos y el hostigamiento militar sobre las comunidades está agotando los márgenes de contención de la AP. Con más de 70 pueblos palestinos organizando comités civiles de autodefensa, incluyendo miembros de Tanzim, brazo armado de Al Fatah (Haaretz, 24/6), las provocaciones sionistas pueden ser la chispa que desencadene una nueva oleada de resistencia popular.
 Una tercera Intifada a escala regional, apoyada por una movilización internacional solidaria como hemos visto en 2025, en el marco de profundas crisis políticas, sociales y económicas en Israel y Estados Unidos, puede ser el comienzo de un cambio en el curso de los acontecimientos. Los socialistas tenemos que seguir apoyando la lucha del pueblo palestino, hasta que sea libre, del río al mar. El camino es la derrota del imperialismo y todos sus cómplices en la región. 

 Iván Zeta