viernes, julio 03, 2026

Milei es un patriota… del imperialismo yanqui que saquea la Argentina


Fue a la embajada de Estados Unidos a celebrar el aniversario de la independencia norteamericana. 

 El presidente Javier Milei asistió a la fiesta por el Día de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, organizada por el embajador Peter Lamelas en la embajada norteamericana en la Argentina, en un acto de cipayismo y subordinación al imperialismo sin precedentes, cuando el gobierno nacional entrega todos los sectores estratégicos del país al imperialismo norteamericano, el capital financiero y al FMI. 
 Se trata del primer presidente de la Argentina que asiste a un evento de este tipo, en un claro mensaje de subordinación al imperialismo norteamericano, cosa de la que el gobierno de Milei se jacta a diario a costa de los intereses de la población nacional, como ocurrió recientemente con la agresión imperialista en Medio Oriente que disparó los presiones del petróleo y el gas, impactando de lleno en los precios locales, con grandes negocios para las multinacionales extranjeras y un puñado de empresarios locales, y en contra de los intereses y los bolsillos de los trabajadores. 
 La subordinación del Javier Milei a los intereses norteamericanos es absoluta, partiendo del sometimiento del gobierno a las auditorías y “recomendaciones” del FMI y al financiamiento del capital financiero y los Estados Unidos, con un Donald Trump que ofició de “salvador” de Milei en las pasadas elecciones de medio término, asegurándose así a la Argentina como parte de su estrategia geopolítica en la región.
 La injerencia de los Estados Unidos en cuestiones estratégicas del país es total: desde el control del endeudamiento y los términos y modalidades de pago de la usurera y fraudulenta deuda externa, hasta la gestión de sectores estratégicos de la economía local, como los negocios energéticos y mineros, ley de patentes y negocios de las grandes multinacionales, venta y control de tierras, privatización del desarrollo nuclear nacional y control de vías de comunicación y logística del territorio nacional, entre otras. 
 Milei fue a celebrar la independencia norteamericana cuando es uno de los principales responsables de desenvolver una línea de sometimiento colonial del país al imperialismo yanqui. 
 Las principales empresas y multinacionales norteamericanas son beneficiadas con distintos esquemas y regímenes especiales diseñados a la medida de sus intereses, como el Rigi y el Super Rigi, para poder girar dividendos y ganancias a sus casas matrices con total libertad y costos ínfimos, librándolos de impuestos, regalías y obligaciones locales. 
 Son los mismos sectores que incluso bajo estas condiciones privilegiadas no garantizan ninguna inversión directa en el país, sino que muchas empresas se encuentran en franca retirada, mientras que otros sectores rentables, como las mineras y petroleras, son los que vienen impulsando la fuga de capitales y la liquidación de los recursos naturales, con su consecuente impacto ambiental desastroso y en las economías regionales, así como las grandes cerealeras. 
 Esto también explica la presencia de distintos gobernadores en el evento organizado por Lamelas, quienes gestionan el acceso de las multinacionales norteamericanas a la explotación de los recursos provinciales, y el saqueo de las provincias. 
 No se trata solo de una subordinación económica, en materia militar el gobierno nacional viene de firmar un acuerdo para que la Side ejecute tareas de espionaje conjuntas con el FBI, además de reforzar la presencia e injerencia militar de Estados Unidos en el país y en la región, con la habilitación del ingresos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la participación en acciones y ejercicios conjuntos en el país y la presencia reiterada de altos militares norteamericanos en la región.
 La presencia de Milei en la embajada norteamericana expresa algo más que “relaciones carnales” con el imperialismo yanqui: es el sometimiento integral de un gobierno a una potencia extranjera. Con Milei se favorece el capital financiero y los grandes capitalistas. Hay que derrotarlo y echar a este gobierno cipayo y subordinado, que solo representa los intereses del imperialismo en nuestro país. 

 Marcelo Mache

La caída de la recaudación y el ajuste infinito


Junio volvió a cerrar a la baja y pone de manifiesto que estamos ante una transferencia de recursos para los capitalistas.

 La nueva caída de la recaudación tributaria en junio volvió a poner en evidencia una realidad que el gobierno de Javier Milei pretende ocultar detrás del relato del “equilibrio fiscal”. Lejos de ser consecuencia de un supuesto exceso de gasto en jubilaciones, salud, educación o salarios estatales, el derrumbe de los ingresos del Estado refleja el hundimiento de la actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y una política deliberada de beneficios fiscales para los grandes capitalistas. 
 Los ingresos tributarios alcanzaron los $20,02 billones en junio, con un aumento nominal del 23,7% respecto al mismo mes del año pasado. Una vez descontada la inflación, la recaudación registró una caída real del 7,4%, borrando la tenue recuperación observada en mayo y retomando una tendencia de deterioro que domina desde hace más de un año. En el acumulado del primer semestre, la recaudación nacional ya exhibe una caída real del 5,3%. 
 Los datos muestran con claridad dónde está el verdadero problema fiscal. El IVA, principal impuesto del actual sistema regresivo y un termómetro directo del consumo popular, cayó un 4% en términos reales. Cuando las familias compran menos alimentos, ropa, medicamentos o electrodomésticos, el Estado recauda menos. El desplome del consumo es el resultado directo de salarios, jubilaciones y programas sociales pulverizados por el ajuste, mientras el desempleo y la precarización avanzan sobre amplios sectores de la población. 
 La misma tendencia se verifica en los aportes y contribuciones a la seguridad social, que retrocedieron un 2,9% en términos reales. No se trata de un fenómeno contable sino de la consecuencia de la caída del empleo registrado y del deterioro del salario. Cada puesto de trabajo destruido, cada convenio flexibilizado y cada salario licuado implican menos recursos para financiar el sistema previsional. Sin embargo, el gobierno utiliza luego ese mismo desfinanciamiento para justificar nuevos ataques contra los jubilados.
 Esta realidad desmiente uno de los principales argumentos oficiales: el déficit o las dificultades fiscales no tienen su origen en los haberes previsionales, en el presupuesto universitario, en los hospitales públicos o en las partidas destinadas a la educación. Por el contrario, es la política económica de recesión permanente la que destruye la base misma de la recaudación. Una economía paralizada recauda menos, aun cuando el ajuste sobre la población trabajadora sea cada vez más brutal.
 Mientras los trabajadores soportan tarifazos, despidos, techos salariales y licuación de ingresos, el gobierno profundiza un gigantesco régimen de privilegios para el gran capital. El Rigi y su ampliación mediante el llamado “Súper RIGI” garantizan exenciones impositivas, beneficios aduaneros, estabilidad fiscal durante décadas y facilidades cambiarias para las grandes multinacionales, consolidando un esquema donde los recursos de la población se transfieren directamente a un reducido grupo de capitalistas. 
 A esto se le suma la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que explica buena parte del derrumbe de los derechos de exportación, cuya recaudación se desplomó un 45,9% en términos interanuales. Mientras se ajustan jubilaciones, hospitales y escuelas en nombre del equilibrio fiscal, el Estado resigna miles de millones de pesos para favorecer la rentabilidad de los grandes exportadores y del agronegocio.
 El resultado es una contradicción insalvable para el propio programa económico de Milei. El gobierno intenta compensar con un ajuste social sin precedentes los recursos que deja de percibir mediante exenciones, rebajas impositivas y beneficios extraordinarios para las patronales, en un proceso de transferencia de recursos desde los trabajadores a las patronales. Pero la recesión que ese mismo programa provoca termina erosionando también la recaudación proveniente del consumo, del empleo y de la producción, agravando el problema que dice combatir. 
 La caída de la recaudación confirma que el ajuste no constituye una solución sino un factor de profundización de la crisis. Mientras se preservan las ganancias del capital financiero, de las multinacionales y de los grandes exportadores, se descarga todo el peso de la crisis sobre trabajadores y jubilados. La verdadera salida pasa por invertir esa ecuación: terminar con los privilegios fiscales del gran capital, gravar las grandes fortunas y colocar los recursos del país al servicio de las necesidades sociales y de los trabajadores, y no de los negocios de un puñado de capitalistas. 

 Marcelo Mache

Milei y sus cómplices buscan imponer una antiderechos en la Defensoría del Niño


Se trata de Fátima Silva, defensora del proyecto contra las supuestas "falsas denuncias" y la revinculación de las niñeces con sus abusadores. 

 El gobierno de Javier Milei, junto a los sectores oscurantistas que pueblan todos los bloques políticos capitalistas, opera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para imponer al frente de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes a una enemiga de los derechos de las mujeres, las diversidades y las infancias: Fátima Silva. Se trata de una activa militante del proyecto de ley contra las “falsas denuncias”, cuya postulación se alinea con la avanzada reaccionaria de la ultraderecha.
 Recientemente, un juez anuló la conformación de la Comisión Bicameral del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, una decisión que frena una integración armada para beneficiar directamente al sector de los libertarios. Dicho cuerpo legislativo está presidido por la senadora de La Libertad Avanza por Jujuy y “pastora misionera evangélica”, Vilma Bedia, y cuenta con la vicepresidencia de Nicolás Mayoraz, diputado libertario por Santa Fe. El objetivo central de la convocatoria era reformar el reglamento del concurso público para la designación del defensor nacional del área, un puesto para el cual el oficialismo tiene planificado postular a una abogada reaccionaria.
 Para lograrlo, el oficialismo y sus bloques aliados buscan eliminar las instancias de examen escrito y el consecuente orden de mérito de los postulantes. A esto se suma "la potestad de rechazar o admitir organizaciones bajo criterios opacos, quebrando los estándares de control ciudadano que rigieron en los dos concursos anteriores" (El Parlamentario, 29/06).
 La intención del oficialismo sería avanzar con la designación al frente de la Defensoría de Fátima Silva, una abogada antiderechos que se mostró abiertamente a favor del proyecto de "Falsas Denuncias" representado por Carolina Losada (senadora de la UCR). Silva es defensora de la revinculación de las niñeces con sus abusadores -una aberración que condena a las infancias que sufren esta violencia atroz y que busca perseguir a las madres protectoras- y una militante activa contra la perspectiva de género. 
 La Defensoría, en su funcionamiento institucional en un Estado capitalista, no ha servido para revertir el hambre y la miseria entre las niñeces -que Unicef denunció en distintos momentos que llegó a superar el 60%-, ni el bloqueo a la ESI en un sistema educativo en crisis. Tampoco ha respondido a la falta de acceso a la salud, que se agrava con la crítica situación de todo el sistema pediátrico, así lo demuestran el Hospital Garrahan y las familias de los pacientes que han denunciado el recorte en el suministro de medicamentos. Según datos del Indec, 3,6 millones de niños y adolescentes dependen exclusivamente de la atención del sistema público, el cual se encuentra colapsado en un marco de sobrecarga laboral, despidos y pluriempleo. 
 El gobierno de Javier Milei desmanteló el Plan Enia al despedir al 80% de su personal y reducir su presupuesto en un 85% entre 2023 y 2025, pese a que este programa había contribuido a la reducción de la tasa de embarazo adolescente en un 58% en un contexto de movilización extraordinaria, politización, debate y concientización sobre los temas vinculados a la Educación Sexual Integral, que Milei ahora quiere desterrar del escenario con sus ataques al movimiento de mujeres y diversidades y sus luchas. Sumado a esto, el Ejecutivo discontinuó la entrega de anticonceptivos a las provincias y canceló las capacitaciones y el acompañamiento en escuelas y barrios populares. 
 Esta medida va en sintonía con el ataque a la Educación Sexual Integral (ESI) por parte de la ultraderecha. El programa oficial, con el mandatario a la cabeza, busca a través de la desinformación dar una “batalla cultural” en todos los ámbitos de la sociedad para avanzar contra esta conquista histórica del movimiento de mujeres, de las y los docentes, y el estudiantado. 
 Asimismo, la gestión libertaria, en complicidad con los bloques políticos patronales que acompañaron la baja de edad de punibilidad a los 14 años, perpetra un ataque directo a las niñeces. Todo esto se desenvuelve en un contexto de brutal ajuste, recesión y crisis económica y social que impacta de lleno en los hogares de las familias trabajadoras, empujando a millones de chicos a la pobreza y el hambre. 
 Esta avanzada reaccionaria por parte de Javier Milei y sus cómplices es parte de una ofensiva general contra las infancias y contra la lucha por una sociedad libre de violencias, cuyo objetivo es degradar y dividir aún más a la clase trabajadora. Desde el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras llamamos a estar en alerta y movilizados para defender a nuestras niñeces, por la aplicación efectiva de la ESI, por aumentos de salarios para sacar a las familias de la pobreza, por aumento de presupuesto educativo. 

 Soraya Encina 
Prensa Obrera

jueves, julio 02, 2026

El revés judicial por abuso sexual acorrala a Donald Trump


Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último intento de Donald Trump de anular el fallo que lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll en los años 90. Trump va a tener que pagarle a Carroll los 5 millones de dólares que fijó un jurado en 2023, mientras todavía pelea en otra instancia la segunda condena, de 83,3 millones, por difamarla otra vez desde la Casa Blanca al llamarla mentirosa. Con los intereses, ya le debe más de 100 millones de dólares. Como resumió la abogada de Carroll tras conocerse el fallo: "la decisión confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado" (CNBC, 29/6) que declaró a Trump responsable de agresión sexual y difamación, después de que "fracasaran todos sus intentos de apelar" (Ídem). El tribunal no explicó por qué rechazó el caso impulsado por el presidente norteamericano, como suele pasar en este tipo de decisiones.
 Este fallo no aparece solo. En el juicio se permitió que declararan otras dos mujeres que también lo acusaron de agredirlas sexualmente años atrás, justamente para mostrar que no se trataba de un hecho aislado sino de una conducta repetida. También se usó como prueba el video de Access Hollywood, donde se lo escucha a Trump jactarse de manosear mujeres sin que ellas quieran. A esto se suma la causa por los pagos a la actriz Stormy Daniels, donde un jurado lo declaró culpable de 34 delitos por falsificar registros para esconder un soborno de 130.000 dólares y evitar que se conociera ese episodio durante la campaña de 2016. La condena quedó firme, pero el juez le dio una salida sin cárcel ni multa, lo que muestra hasta dónde llega la protección que recibe alguien que ocupa la presidencia. 
 El caso más grande y más sucio sigue siendo el de [Epstein] (https://politicaobrera.com/15839-la-red-epstein-y-el-entramado-global-de-poder). La red del magnate no era el capricho de un pervertido suelto: era un entramado armado para conseguir favores entre empresarios, políticos y gente de inteligencia, y [Trump] (https://politicaobrera.com/15679-la-podredumbre-moral-de-la-elite-capitalista-sale-a-flote) estaba entre sus contactos. Cómo manejó el caso el propio gobierno de Trump -el nombramiento y la caída de [Pam Bondi] (https://politicaobrera.com/16024-crisis-electoral-en-estados-unidos-trump-sacrifica-a-bondi-oculta-los-archivos-epstein-y-busca-anular-las-primarias), la censura selectiva de los archivos, la protección de los poderosos mientras se exponía a las víctimas- deja claro que no es un problema de algunos corruptos sueltos, sino de cómo funciona el poder de esta clase. 
 Lo que une estos expedientes -Carroll, Daniels, Epstein- es que muestran a una clase dominante que ya no logra esconder su propia podredumbre. Cada juicio, cada archivo que se filtra, cada testimonio bajo juramento rompe un poco más el relato de que esta gente está arriba porque se lo merece. Y esa misma elite que abusa, encubre y compra silencios es la que todos los días explota a la clase trabajadora, le recorta derechos, y ahora además quiere cambiar las reglas electorales para no perder el poder, aunque cada vez más gente la rechace en la calle. 
 Y exactamente en el terreno electoral, esta semana Trump sufrió otra derrota. La Corte Suprema, por 5 votos contra 4, falló en contra de un [planteo republicano] (https://politicaobrera.com/16451-el-trumpismo-prepara-un-fraude-electoral) que quería impedir que se cuenten los votos por correo que llegan después del día de la elección (aunque hayan sido enviados a tiempo). El fallo, escrito por la jueza Amy Coney Barrett, "supone un revés para el presidente, Donald Trump, quien suele criticar el voto por correo, alegando sin presentar pruebas que está plagado de fraude" (Telemundo, 29/6). Y no es el único traspié: distintas juezas federales ya frenaron de forma permanente la exigencia de mostrar documentos de ciudadanía para votar, impidieron armar un padrón electoral único a nivel nacional, y prohibieron cruzar los padrones con una base de datos de migración que podía sacar del padrón a gente que sí tiene derecho a votar. 
 Es el mismo patrón en los dos terrenos: un gobierno que sabe que no puede ganar limpio recurre a maniobras de todo tipo -jurídicas, administrativas, represivas- para no soltar el poder. Esta fragilidad de Trump y su entorno va más allá de la corrupción de un personaje en particular, muestra que ese sector del capital, el más poderoso del mundo, ya no puede gobernar sin hacer trampa todo el tiempo. Ni siquiera una Corte Suprema tan favorable a Trump puede taparlo del todo. 
 Frente a esto, no alcanza con esperar que la Justicia haga su trabajo, ni con confiar en que las elecciones de noviembre resuelvan el problema. Los tribunales pueden frenar algunos atropellos de Trump, pero no van a terminar con un sistema que produce gobernantes como él una y otra vez. La verdadera fuerza para enfrentarlo está en la calle: en las movilizaciones que ya lo hicieron retroceder, como las marchas "No Kings" o la protesta que frenó el manoseo de distritos electorales en Georgia. Ese es el camino: que los trabajadores se organicen por su cuenta, sin depositar la confianza en jueces ni en urnas, para barrer no solo a Trump sino al sistema que lo puso ahí. 

Iara Bogado

 Fuentes: 
 https://www.cnbc.com/2026/06/29/supreme-court-trump-carroll-appeal.html https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/elecciones-estados-unidos-2026/en-un-reves-para-los-republicanos-la-corte-suprema-permite-contar-voto-rcna352227

De negociados internacionales y mundiales de fútbol


A partir del Mundial de 1974, cuando João Havelange consiguió para la FIFA condiciones de negociación extraordinariamente favorables con las empresas patrocinadoras y las cadenas de televisión, la entidad comenzó a transformarse en una de las organizaciones con mayor facturación del mundo. 
 Tras el escándalo impulsado por Estados Unidos, que terminó desplazando a Joseph Blatter de la presidencia de la FIFA para facilitar el desembarco de Gianni Infantino, las concesiones políticas y económicas quedaron más expuestas que nunca. La realización del Mundial 2026 en Estados Unidos fue presentada como una organización compartida con México y Canadá, bajo el discurso de la confraternidad continental. Sin embargo, también puede interpretarse como una forma de diluir las sospechas que dejó la controvertida adjudicación del Mundial 2022 a Qatar. 
 En ese mismo contexto apareció otra decisión presentada como una medida humanitaria: la aprobación del cooling break, una pausa de tres minutos en cada tiempo para proteger a los jugadores de las altas temperaturas del verano boreal. 
 Las declaraciones de Cristiano Ronaldo, cuestionando la aplicación de esos cortes, incluso en partidos disputados con temperaturas ideales para la práctica deportiva, reavivaron una polémica que Marcelo Bielsa ya había planteado al manifestar su oposición a la medida. 
 ¿Se entiende el punto, compañeros?
 La FIFA ya ni siquiera parece ser Gianni Infantino, porque la FIFA expresa hoy intereses políticos y económicos mucho más amplios. Infantino aparece como el gerente de un negocio global de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que excede al fútbol y que se presenta bajo el discurso de la protección de la salud y del bienestar de los jugadores.
 Las declaraciones de Ronaldo también pueden interpretarse como un mensaje hacia quienes administran ese negocio, porque nadie conoce mejor que él cómo convertir cada intervención pública en una herramienta para fortalecer su posición económica y mediática. 
 Para el ciclo financiero del Mundial 2026, la FIFA proyectó ingresos cercanos a los 13.000 millones de dólares. Sólo por marketing corporativo y patrocinio se aseguró más de 3.000 millones, cerrando acuerdos con 16 grandes marcas globales antes del comienzo del torneo. Todo indica, tras haberse diputado más de un tercio del campeonato mundial, que esas cifras terminarán siendo ampliamente superadas. 
 Aunque la FIFA no percibe directamente el dinero que las cadenas de televisión obtienen por la venta de publicidad, el cooling break constituye un negocio gigantesco. Cada interrupción habilita espacios publicitarios que las emisoras comercializan a valores extraordinarios. Se estima que esas pausas pueden generar alrededor de 500 millones de dólares adicionales durante el torneo, una cifra que podría incrementarse significativamente en los partidos de mayor audiencia.
 Marcelo Bielsa fue contundente al referirse a estas interrupciones: "Los motivos son muy claros y no es necesario que yo agregue opiniones que han sido unánimes y que están explicadas". 
 La cuestión es sencilla, compañeros. Mientras las decisiones militares y económicas de Donald Trump buscan consolidar zonas de influencia favorables a los intereses de las grandes corporaciones, buena parte del resto del mundo enfrenta políticas de exclusión, controles migratorios cada vez más severos y, en numerosos conflictos, las bombas de Trump y Netanyahu sobre sus cabezas. 
 Por eso este Mundial no puede interpretarse únicamente como otro gran negociado de dirigentes multimillonarios, este mundial también constituye una enorme vidriera política y económica desde la cual se intenta naturalizar la discriminación, las deportaciones y hasta decisiones arbitrarias dentro del propio espectáculo deportivo, transmitiendo la idea de que cualquier oposición al capitalismo global resulta inútil. 
 La impunidad con que la burguesía lleva adelante estos negociados también revela sus propias contradicciones. En la Argentina, condenar a gran parte de la población a salarios de apenas 500.000 pesos constituye una prueba evidente del agotamiento del sistema económico vigente. Sin embargo, mientras millones de trabajadores ven deteriorarse sus condiciones de vida, alrededor de 100.000 argentinos viajaron a Norteamérica para presenciar el Mundial, más del doble que en Qatar 2022. Ese contraste demuestra hasta qué punto la concentración de la riqueza permite a una minoría acceder a privilegios cada vez más inaccesibles para el resto de la sociedad. 
 El fantasma que recorre el mundo ya no es un ectoplasma en busca de quienes lo reciban. Es una realidad cada vez más visible que resurge con fuerza frente a cada avance del capitalismo global. Ningún trabajador consciente de su pertenencia de clase puede aceptar como inevitable la dominación de quienes convierten la riqueza colectiva en beneficio privado. Ningún trabajador debería resignarse a que gobiernos que se proclaman defensores de la libertad terminen restringiendo derechos y debilitando la solidaridad internacional entre los pueblos. 
 ¡Por los pueblos del mundo unidos, contra la guerra y el avasallamiento capitalista! 

 Juan Romero
 01/07/2026

Una federación política de camarillas


Nada define mejor a la crisis de gabinete nacional que el triple abrazo que unió a Milei, Santilli y Adorni en la ceremonia de asunción del nuevo jefe de ministros. En las semanas previas a este desenlace, se armó un cuidadoso operativo para evitar que la salida de Adorni desencadenara una crisis política y un cimbronazo financiero. En el Congreso, Patricia Bullrich y todo el macrismo aseguraron el vaciamiento de las sesiones que podían resolver una interpelación y una moción de censura contra el anterior jefe de gabinete. En la Justicia, el ministro Mahiques, integrante de la barra de Lago Escondido, ofreció a Adorni y a Milei garantías de que la causa por enriquecimiento ilícito se alargue en el tiempo, hasta eventualmente quedar en el olvido. Con estas salvaguardas, Adorni dio el paso al costado con la bendición de la casta de adentro y de afuera del gobierno.
 La asunción de Diego Santilli, un antiguo integrante del peronismo, convertido al macrismo y finalmente al ´liberticidio´, ha sido interpretada como la emergencia de un gobierno “bicéfalo”, de Milei y de Macri. Una bicefalia de camarillas afines. El mismísimo PRO ha sido, en su momento, un rejunte, como lo demuestra el propio Santilli -que venía del peronismo- y la inefable Patricia Bullrich, que venía de todos los partidos que gobernaron en las últimas décadas. Pero el macrismo es una especie en extinción. Los Sturzenegger, Caputo o Santilli no actúan en el gabinete mileísta como miembros del PRO, sino como partidarios de la reelección de Milei, salvo que una crisis barra con esa posibilidad, por ejemplo, un recambio de emergencia que recogería a Patricia Bullrich como candidata. Como quedó demostrado en la asistencia de los gobernadores de la “Unión por la Patria” que concurrieron a la Casa Rosada a aplaudir a Milei y a Santilli en la tarde de este martes, la maquinaria de la reelección se encuentra aceitada y se manifestará en la anulación de las PASO. 
 Milei es un producto de esa desintegración de las fuerzas históricas del régimen político. El periodista Pagni se tomó el trabajo de unir el hilo que va desde Adorni, Santilli y Milei hasta el Chiqui Tapia, las mafias del conurbano, Insaurralde y Jessica Cirio. Tenemos un régimen político de camarillas que se apoya en el capital financiero internacional. Este elenco se ha asignado una suerte de autoindulto rotativo. 

 El defolt 

En las vísperas de la asunción de Santilli, Milei recordó, otra vez más, que Macri alargó los plazos de pago de la deuda en forma unilateral, luego de la derrota de 2019, un ´reperfilamiento´ que denuncia como una violación a la propiedad privada. Adorni o no Adorni, Macri no entra en la ecuación política de Milei, como se lo acaba de recordar a los acreedores internacionales. Lo ha vuelto a acusar de haber defolteado la deuda pública. En oposición a Macri, Milei vuelve a insistir en que los vencimientos de deuda serán respetados a rajatablas (unos 30.000 millones de dólares de capital e intereses en el próximo año y medio). Milei y Caputo, sin embargo, afrontan un giro en la política monetaria de EE. UU., que ha aumentado las tasas de interés y una suba drástica del dólar. Por lo tanto, tienen que lidiar con una devaluación del peso impuesta desde afuera. El superávit comercial -a su vez- se ha evaporado entre el atesoramiento de dólares y la salida de capitales hacia el dólar. Ha muerto el carry trade, que ha sido la pirámide especulativa que montó Caputo en la línea de todos sus antecesores desde Martínez de Hoz. La parálisis del giro comercial e industrial y una crisis de ´deuda de consumo´ amenazan con convertirse en crisis bancaria: 7 millones de deudores morosos no podrán volver al sistema de crédito en los próximos años. El gabinete de camarillas, por lo tanto, está parado en una bomba de tiempo financiera. 

 Reelección 

En este cuadro, el nuevo jefe de gabinete anunció de entrada su principal objetivo: “asegurar la reelección del presidente”. Además de la jefatura de gabinete, Santilli conservará la cartera de Interior y, por lo tanto, la relación con los gobernadores. El primer paso es avanzar con la reforma política. A cambio de conseguir que le voten la eliminación de las PASO, el gobierno les admitirá a los mandatarios provinciales los sistemas fraudulentos de lemas y colectoras, para facilitar su perpetuación en las provincias. “Reelección para todos”, menos para Kicillof, que no podría volver a presentarse como candidato a gobernador. Varios de los gobernadores del NOA que pretenden beneficiarse con este enjuague han recibido la bendición de Cristina Kirchner en las elecciones de hace tan sólo ocho meses para sus cargos. Milei y Caputo esperan que el salvoconducto a la reelección les provea un rescate financiero sólido de parte de Bessent y Trump, pero que ya no juegan a comprar pesos para devaluar el dólar, sino a venderlos para fortalecer al billete verde. En la agenda del Congreso, además de la reforma política vendrá el “SuperRIGI” y la Ley de Sociedades, las dos ofrendas que Sturzenegger les ha redactado a los popes de la Inteligencia Artificial para su radicación en la Argentina.
 El caso Adorni ha mostrado que el edificio liberticida está construido sobre los residuos corrompidos y reciclados de toda la política patronal, sin excepciones. De Vido, por caso, volverá a ser condenado por el caso Skanska, una corruptela kirchnerista de hace veinte años que involucra a Techint. Las suciedades expuestas de los de arriba suelen ser el preámbulo de las grandes reacciones de las masas. 

 Comité Editorial Política Obrera 
01/07/2026

Despidos y represión en la CNEA


El día lunes 29 de junio por la noche le empezó a llegar la carta de “despido” (no renovación) al 20 % de los contratados de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cerca de 61 trabajadores técnicos y administrativos encontraron el fin de su contrato laboral a las puertas de julio. Rápidamente, el martes 30 de junio una movilización del conjunto de los trabajadores se dirigió a la sede central de la CNEA a exigir la continuidad. Con el directorio acorralado, ingresó la Gendarmería para desalojar a garrotazos el edificio. Hoy miércoles, 1 de julio, la movilización continúa en las puertas de la sede central y en cada dependencia federal de la CNEA. 
 Los despidos se dan en un cuadro de vaciamiento del organismo. Los sueldos de miseria que percibe el personal científico-técnico cumplen la función de retiro coercitivo y ya se cobró más de 400 renuncias. El organismo se encuentra cortando líneas de investigación en energía nuclear y pretende conservar solo las que generen exportaciones con alto valor agregado, uranio enriquecido, reactores modulares y piezas patentadas. Lo demás, AFUERA. 
 Situaciones similares se viven en el INTA, INTI y CONICET, donde los despidos, retiros voluntarios y recortes son moneda corriente. 
 Hoy mismo también se realizará una movilización federal de trabajadores del CONICET contra los 380 despidos en puerta, por la cobertura médica, el recorte en financiación, los salarios de miseria y un largo etc. El INTI viene desarrollando jornadas sistemáticas de asambleas y movilizaciones ante la intención de reducir el organismo a su mínima expresión. Otro tanto pasa con el INTA, donde se han rematado grandes predios que pertenecían al organismo y las renuncias se combinan con retiros voluntarios. 
 El Gobierno tiene por delante el vencimiento de 30.000 millones de dólares antes de que termine su mandato, y el único interés que rige es honrar esta deuda usuraria. El conjunto de la burguesía se encuentra embarcada en la motosierra e industricidio de Milei. A este escenario sólo podemos revertirlo con una fuerte intervención extraordinaria de los trabajadores. 
 Los trabajadores de la Ciencia y Tecnología podemos ser un puntal contra los despidos masivos, salarios de miseria y un encarecimiento sin límites del costo de vida. 
 Abajo los despidos. Recomposición salarial inmediata a los valores de 2017. Financiamiento para Ciencia y Técnica. Por una campaña de tomas y piquetes en cada organismo de ciencia, tecnología y universidades. 

 Sergio Yeti
 01/07/2026

Charla | La decadencia del capital y la crisis de la economía académica 24/06/2026 UNGS

Myriam Bregman: "Todo lo que antes proponía la izquierda hoy suena completamente racional"

CON FILO | Fuerza Venezuela

lunes, junio 29, 2026

Bolivia: Paz Pereira mantiene el "estado de excepción" para imponer un golpe devaluatorio exigido por el FMI


Desde el martes pasado, las carreteras bolivianas se encuentran sin bloqueos ni movilizaciones. Al levantamiento de la huelga general por parte de la COB y el “cuarto intermedio” de los bloqueos por parte de la Túpac Katari (ver artículo La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana), le siguió el levantamiento de los bloqueos por parte de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, acusando de traidores a los dirigentes de la COB y la Túpac Katari (Los Tiempos, 22/06). 
 El presidente boliviano no dudó en jactarse de haber “derrotado los bloqueos”. De todos modos, afirmó que el 'estado de excepción' continuará, sin precisar su duración, que por ley puede extenderse hasta 90 días (El Deber, 23/06). Cuando el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantó la huelga general y llamó a levantar los bloqueos de las organizaciones campesinas, después de firmar un acuerdo político con el gobierno de Paz Pereira, afirmó que lo hacía para “evitar un derramamiento de sangre y la imposición del estado de excepción” (El Deber, 19/06); pero la COB ha guardado completo silencio ante su declaración y continuidad. El ejército y la policía patrullan y realizan controles por las calles de La Paz, El Alto y las principales ciudades del país, en un claro acto de intimidación pública. 

 Trump festeja con Paz Pereira

 La victoria política de Paz Pereira fue festejada por EEUU, que desde el y principio se jugó por el sostenimiento del presidente boliviano, acusando a los obreros y campesinos rebelados como “narcoterroristas”. En el marco de la 56° reunión de la OEA, la embajada norteamericana impulsó la realización de un comunicado firmado por 16 países del continente, entre ellos Argentina, para solidarizarse con Paz Pereira y la “defensa de la democracia” (El Deber, 23/06), haciendo del 'estado de excepción' una línea de acción para enfrentar a las masas que enfrenten sus políticas de ajuste en todo el continente.
 El “moderado” Paz Pereira no solamente incorporó a Bolivia al Escudo de las Américas del fascista Donald Trump; ahora es el puntal para la conformación de una Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC), impulsada por Trump y su ministro de Guerra, Pete Hegseth (El Deber, 16-06). Mientras negociaba con la COB el levantamiento de la lucha, firmaba un acuerdo de “políticas de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional” con el gobierno de EEUU, con el objetivo de “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones “terroristas”. Por el acuerdo, Bolivia recibirá un financiamiento de 20 millones de dólares y habilitará la intervención militar norteamericana en Bolivia, como ya sucede en Venezuela y se organiza en Ecuador y Guatemala (Ídem). La intervención del imperialismo norteamericano en favor de Paz Pereira limitó una crisis por derecha contra su gobierno y llevó a la oligarquía cruceña y sus facciones políticas a no torpedear la línea política del presidente contra la rebelión boliviana.

 Avanzada penal

 En el acuerdo con la COB, Paz Pereira se comprometió a no “criminalizar” la protesta; un eufemismo utilizado para negociar que el Estado no promovería las causas abiertas contra los dirigentes de la COB y que no “impulsaría” una ley antibloqueos, como hizo después de la rebelión de enero pasado contra su decreto 5503. Sin embargo, el gobierno anunció procesos judiciales contra los “responsables” de los bloqueos, sin especificar quienes (El deber, 24/06) y sigue deteniendo dirigentes sociales. Tampoco han sido liberados los detenidos en los bloqueos y movilizaciones que enfrentan procesos judiciales. Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, el Comité Pro Santa Cruz, la dirigencia de Transportes pesados y diputados de la alianza Libre, del derechista Tuto Quiroga, han presentado, cada uno por separado, denuncias penales contra Mario Argollo de la COB, Vicente Salazar de la Túpac Katari, el expresidente Evo Morales y algunos parlamentarios que apoyaron los bloqueos (Visión 360, 24/06). A la vez, se han incrementado los proyectos de ley “antibloqueos” en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana (Ídem), en donde el Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira no tiene mayoría simple. 
 Esta avanzada penal no ha sido respondida ni por la COB ni la Túpac Katari; tampoco por Evo Morales. La COB se ha limitado a declarar “persona no grata” al diputado derechista de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, uno de los impulsores del tratamiento inmediato de una ley antibloqueos. Por su parte, la Túpac Katari, suspendió sin fecha su cabildo en donde se iba a discutir cómo continuar la lucha y se sumó en un pase de facturas con otros sectores que promovían la movilización y acusaron a su dirección de ser sobornada por el gobierno (La Razón, 23/06). El expresidente boliviano aseguró que él nunca había pedido la renuncia de Paz y que algunos sectores “exageraron” con ese pedido (Los Tiempos, 25/06). De todos modos, este recule no ha servido para que el gobierno deje de amenazar con su arresto por la causa de estupro en su contra, aunque ahora se discute su arresto como una acción política contra la posibilidad de nuevas rebeliones (a pesar de que Evo Morales se montó muy tarde en la lucha del pueblo boliviano contra Rodrigo Paz Pereira y no jugó un rol dirigente más allá de las Federaciones del Trópico de Cochabamba). 
 Del mismo modo que durante la rebelión de los obreros y campesinos bolivianos, sus direcciones se muestran impotentes para luchar contra esta avanzada, a la vez que la desconfianza de buena parte de sus bases se ha generalizado. 

 Desabastecimiento 

La llamada “derrota de los bloqueos” que Paz Pereira festeja no ha terminado, sin embargo, con el desabastecimiento de gasolina y diesel, como afirmaban los funcionarios del gobierno. Las colas por combustibles en las estaciones de servicio de todo el país persisten, con una duración de “hasta días y noches” (La Razón, 25/06). Ahora Paz Pereira afirmó que el desabastecimiento se debe a controles de calidad y que la cantidad de combustible está “más que garantizada”. A la vez, afirmó que en una semana estaría solucionado, reiteró que la demora es producto de más de 50 días de bloqueos y volvió a acusar al gobierno anterior, del masista Arce, por la gasolina basura (El deber, 24/06).
 El ministro de hidrocarburos anunció una deuda de 500 millones de dólares de YPFB por la importación de combustible, lo que obligó a que las autoridades de la empresa estatal explicaran que las demoras en las estaciones de servicio se deben a cuestiones de logística y no a esa deuda. Transportistas ya han emplazado al gobierno con retomar medidas de lucha en 48 horas (La Razón, 26/06). 
 Desde diferentes sectores de la población se ha cuestionado qué es lo que Paz Pereira ha hecho con el ahorro de 10 millones de dólares diarios que garantizó su gasolinazo de enero, mediante el fin de las subvenciones en el mercado interno, dejando en evidencia que la derrota de la rebelión no ha revertido la desconfianza y el choque de buena parte de las masas bolivianas contra Paz Pereira. En este marco, el presidente de YPFB ha descartado nuevos aumentos en nombre de la “normalización” de los precios internacionales (Ídem).

 Devaluación 

Confiado en el reflujo de la rebelión en su contra y de los límites insalvables de las actuales direcciones de las masas bolivianas, Paz Pereira aprovechó la ocasión para imponer una devaluación del 40 % desde el lunes próximo y un nuevo esquema de flexibilidad cambiaria (El Deber, 27/06), que plantea devaluaciones sucesivas. La medida estaba programada desde el inicio de su gobierno y figuraba dentro del extenso articulado del abrogado decreto 5503 por una primera rebelión contra su política. Ahora es exigida por el FMI para otorgar 3 mil millones de dólares al gobierno, que serían claves para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año bajo la crisis de divisas del Estado boliviano. 
 Objetivamente, el golpe que implica para los ingresos de la masa asalariada y campesina boliviana es motivo para una nueva rebelión. Licúa además los aproximadamente 4 mil millones de bolivianos que implican los diferentes acuerdos con los diferentes sectores gremiales y sindicales para bajarlos de la rebelión. Diferentes analistas advierten sobre el impacto que tendrá esta medida en la posibilidad de hacer frentes a las importaciones de combustibles (Ídem), aunque está clara que la línea del gobierno es financiarse con endeudamiento externo. Los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional han aprovechado para aprobar nuevos créditos con organismos internacionales en nombre de paliar la crisis provocada por los bloqueos.
 Con el avance de la influencia del imperialismo norteamericano sobre el país, el 'estado de excepción' y este golpe devaluatorio, la clase obrera y el campesinado boliviano afrontan un golpe político y económico que replantea la necesidad de retomar la lucha contra el gobierno de Paz Pereira y por un gobierno propio. 

 Julio Quintana 
 27/06/2026

Terremoto en Venezuela: la otra cara del desarrollo inmobiliario financiado con súper ingresos petroleros


La crisis social en la que está inmersa Venezuela, agravada por la intervención militar por parte de Estados Unidos a comienzos de año, se ha visto agudizada con una magnitud aún inconmensurable por el “doblete sísmico” que sucedió este miércoles 24. Con una diferencia de 39 segundos, el territorio venezolano fue azotado por dos terremotos. El primero de una magnitud de 7,2 y el segundo de 7,5, superando al registrado en ese mismo país en el año 1900, que dejó un saldo oficial de 57 fallecidos y más de 200 heridos.
 Los reportes del gobierno, al cierre de esta nota, señalan 589 muertos y más de 3.000 heridos, pero el servicio de alerta rápida PAGER del Servicio Geológicos de Estados Unidos (USGS) ha ofrecido proyecciones preliminares de miles e incluso decenas de miles de muertos debido a los extensos daños estructurales que han dejado los sismos. La situación se ha visto agravada por el colapso del sistema de comunicación, los cortes energéticos, el colapso en edificaciones y de rutas y caminos. En la pagina web "Reconectar cada familia", hasta el jueves a la noche, se habían reportado 57.412 personas como desaparecidas. Hasta ahora, sólo fueron localizadas 7.800. 
 Se han movilizado a organizaciones civiles y militares para llevar adelante las tareas de rescate y remoción de los escombros. Delcy Rodríguez anunció la creación de un fondo de U$D 200 millones para hacer frente a la emergencia. 
 Según sismólogos, el poder destructivo de los terremotos se debió a que se dieron en “una zona donde existe una acumulación constante de esfuerzos tectónicos (...) y que la energía liberada por ambos terremotos se habría acumulado durante una década” (Perfil, 25/6). Desde el University College de Londres sugirieron que el desastre funcionó como una ruptura casi continua que duró unos 50 segundos. Indicaron también que el segundo temblor se liberó casi tres veces más energía que el evento precursor. De acuerdo con los informes de geología, ambos terremotos fueron relativamente superficiales -a apenas 20 kilómetros de la superficie-, por lo que la potencia de las ondas sísmicas no disminuyó de manera significativa cuando impactaron contra la superficie terrestre (ídem). 
 Los epicentros se localizaron en el valle de Yaracuy, una zona compuesta por sedimentos sueltos. Este tipo de suelos propició deslizamientos de tierra masivos y un estado temporal en el que el suelo pierde firmeza. Mientras la ruptura de la falla geológica se desplazaba con velocidad hacia el este, la zona de La Guaira recibió un impacto directo. Para la sismóloga Gina Villalobos, además de la envergadura del “doblete sísmico”, la amenaza real fue la vulnerabilidad de las construcciones. Gran parte de las consecuencias humanas y materiales están directamente vinculadas a edificaciones que no están construidas con normas antisísmicas, dando cuenta la falta de previsión, y que ha golpeado sobre todo en los sectores populares de las regiones afectadas. 
 Venezuela es un país con una fuerte actividad sísmica debido a su ubicación geográfica entre la placa Sudamericana y la placa del Caribe que producen terremotos a lo largo de los sistemas de fallas Oca Ancón, La Victoria, Boconó, San Sebastián y El Pilar (siendo estas tres últimas las más importantes y las de mayor actividad). En la actualidad, aproximadamente más del 80 % de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, variable que aumenta el nivel de riesgo, haciéndolo cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y la falta de inversiones en infraestructura. 
 El geólogo Willian Yeck, del USGS, en entrevista con la CNN ,señaló que "no es el terremoto lo que mata, sino los edificios", y que es "es el derrumbe de estos edificios lo que puede provocar una pérdida catastrófica de vidas". Según este experto, en Venezuela predominan los "edificios de mampostería sin refuerzo", que acaban colapsando con facilidad. Yeck apuntó a la laxitud de las normas de construcción como principal culpable del resultado del sismo. Por su parte Kenneth O'Dell, ingeniero civil, ha explicado en la CNN que, en Venezuela, muchas construcciones datan de la década del 70, cuando existía una normativa aún más blanda. "Los tipos de edificios que se verán afectados son las estructuras de hormigón de edificios vulnerables, que probablemente fueron construidos de acuerdo con versiones antiguas de los códigos de construcción vigentes en Venezuela".
 En octubre del 2025, el ingeniero civil y doctor en ingeniería estructural, Ángelo Marinilli, profesor en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, analizó la situación de las construcciones en el país y su resistencia ante eventos sísmicos, llegando a la conclusión de que “la mayoría son antiguas y diseñadas bajo criterios normativos desactualizados”. Recomendaba evaluar las estructuras ante señales como deformaciones o daños evidentes, consultando profesionales capacitados, Protección Civil o colegios de ingenieros (www.mundo.ur.com, 14/19/25). Nada de esto se ha realizado en los últimos cincuenta años a esta parte. 
 Si bien catástrofes de esta magnitud no pueden detenerse, sí pueden anticiparse para activar las alertas. Pero hoy Venezuela no cuenta con un sistema de alerta sísmico y el organismo encargado de registrar los terremotos, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis), solo dispone de una red de estaciones sismológicas para registrar los movimientos telúricos luego de que ocurren. Pero a pesar de no contar con un sistema de alerta, las autoridades venezolanas estaban advertidas. Desde el Departamento de Geociencia del Instituto de la Tierra y Ciencias Minerales, de la Universidad de Pensylvania, realizaron un estudio que encontró que el límite de la placa del Caribe y la placa Sudamericana estaba “preparado” para un poderoso terremoto y que las fallas bloqueadas a lo largo del Sistema de Fallas Boconó-Morón-El Pilar podrían generar un evento de hasta la magnitud de 8, con consecuencias catastróficas para Caracas y zonas circundantes (WSWS, 25/6). Las advertencias también vinieron desde los móviles Android, que, momentos antes del “doblete sistémico”, a las 18:04 del miércoles alertaron “posibles temblores” y estimaron la magnitud en 6,2 y que se produciría a “aproximadamente a 221 millas de distancia”. La alerta forma parte de una iniciativa desarrollada por Google en la que el sistema Android funciona como una herramienta para ayudar a detectar terremotos. De tal manera, los smartphones pasan a ser pequeños sismógrafos de bolsillo (Clarín, 26/6).
 El estado venezolano no cuenta con la maquinaria pesada para remover escombros. El plan de contingencia del gobierno consiste en el pedido de herramientas a los propios habitantes para desenterrar a la víctimas. Mientras tanto, los afectados tuvieron que organizarse para mantenerse seguros y acompañarse durante las horas posteriores al terremoto. Una sobreviviente señaló que “somos nosotros, con los vecinos, apoyándonos de manera solidaria e intuitiva, intentando sobrevivir”.
 Por su parte el ya deficitario sistema sanitario se encuentra colapsado. Otra sobreviviente manifestó que “los hospitales y centros de salud deben estar colapsados. Funciona muy mal siempre: no hay insumos, no hay personal. Me imagino que ahora debe ser terrible”, y agregó que “no hay presencia del Estado. No hay patrullas, no hay nada, no hay alguien pasando pendiente. Estamos nosotros mismos intentando resolver”. 
 Estados de todo el mundo se han puesto “a disposición” para socorrer a la población, enviando rescatistas y aportes económicos. Donald Trump prometió “actuar con rapidez” y activó un despliegue de equipos de búsqueda y rescate, bajo el mando del Comando Sur (SOUTHCOM). Trump en la red social Truth Social posteó que “Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, en referencia a Delcy Rodriguez y el chavismo residual. El secretario de Estado Marco Rubio declaró ante la prensa que “nuestro fuerzas conjuntas se están moviendo rápidamente para llevar las incomparables capacidades de transporte aéreo, logística y salvavidas del Ejército norteamericano para ayudar a salvar vidas”. 
 El “doblete sísmico” ha dejado expuestas de manera brutal las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por las administraciones norteamericanas y la incapacidad del nacionalismo burgués. Las sanciones norteamericanas contra Venezuela comenzaron formalmente en diciembre de 2014, cuando el Congreso de los EE. UU. aprobó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la sociedad civil, promulgada por el gobierno de Barack Obama, que consistía en el congelamiento de activos a funcionarios venezolanos señalados de violar derechos humanos. En el 2015, Obama firmó una Orden Ejecutiva que declaraba a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”. Ya con Trump en el poder, se impulsaron las primeras sanciones económicas y financieras en agosto de 2017, prohibiendo a las entidades norteamericanas realizar nuevas emisiones de deuda y comprar bonos del gobierno venezolano y de PDVSA. Las medidas se endurecieron drásticamente con un embargo comercial que prohibió las operaciones de empresas norteamericanas con PDVSA, bloqueando la compra de petróleo venezolano y se congelaron los activos del gobierno en los EE. UU. Nuevas sanciones se impusieron sobre el gobierno de Nicolas Maduro en 2024, que incluían un amplio embargo de armas, reducción o corte total de asistencia, limitación de importaciones y exportaciones, congelamiento de activos, aumento de impuestos, votos negativos en las instituciones financieras internacionales, corte de relaciones diplomáticas, cancelación de vuelos y vínculos aéreos. Prohibición de créditos, financiamiento e inversiones. 
 El “socialismo del siglo XXI” usufructuó la renta extraordinaria petrolera en la primera década del siglo para enriquecer a la boliburguesía, de un lado, y desplegar un amplio dispositivo de asistencia social, del otro. Entre otros, la construcción de viviendas populares (Plan Arraigo) el más grande de América Latina, diferentes a las construcciones en torre que los desarrolladores inmobiliarios pusieron en pie en las zonas más apetecibles en Caracas y el Estado de Miranda y otros, donde canalizaron los ingresos del petróleo en los años setenta del siglo pasado . Estas se vinieron abajo con el temblor. Para el desarrollador inmobiliario Donal Trump, esta tragedia en una oportunidad de grandes inversiones en lo que hoy es su Protectorado.

 Lucas Giannetti
 26/06/2026

domingo, junio 28, 2026

Ébola: Los estragos de la guerra imperialista y el desfinanciamiento de la Salud


Ha pasado más de un mes desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola de Bundibugyo en África central como Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional. Los casos siguen aumentando, alcanzando los 1.048. Se registraron, hasta ahora, 264 fallecimientos en la República Democrática del Congo (RDC) de acuerdo a la información brindada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Las autoridades congoleñas admiten que podría haber muchos más casos de infección que aún desconocen y que el punto máximo del brote todavía está por delante, siendo el rastreo de personas que han estado en contacto con pacientes el mayor desafío. El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el doctor Jean Kaseya declaró la semana pasada a The Associated Press que todavía necesitan rastrear a más de 35.000 personas que han tenido contacto con individuos infectados. En Uganda se registraron 20 casos y 1 muerte hasta el 23 de junio de este año. Por su parte, Francia confirmó este martes 23 un caso de ébola en su territorio continental -el de un médico que regresó recientemente de una misión humanitaria en la República de Congo-. Varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá y las Bahamas, han impuesto prohibiciones de viaje a las personas de la región. 
 En el campamento de refugiados de Kigonze en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, Congo, diez personas murieron la semana pasada en circunstancias inusuales, lo que aumenta el temor de un posible brote en el campamento de más de 20.000 personas desplazadas (Clarín, 22/06). En este campamento ya contabilizan 30 muertes desde el mes de mayo, sin poder comprobar las causas al momento por la imposibilidad de realizar los estudios correspondientes. De acuerdo a la agencia de la ONU para los refugiados, al menos 2 millones de personas desplazadas por la fuerza de sus hogares, incluidos más de 320.000 refugiados, viven en zonas en riesgo de ébola en Congo. En un comunicado, la agencia dijo que estaba “profundamente preocupada por la propagación acelerada” del virus y “los crecientes riesgos que plantea para las comunidades desplazadas en toda la región” (ídem, 22/06). 
 La infiltración del virus Bundibugyo en los campos de desplazados internos del este de la República congoleña marcaría una nueva y peligrosa fase de la epidemia, debido a las precarias condiciones en las que vive la población allí, que favorecen la propagación del virus. Los residentes sufren un hacinamiento severo y una sanidad inadecuada, cientos de personas son obligadas a compartir un solo baño mientras la defecación al aire libre sigue siendo común. Caitlin Brady, directora nacional del Consejo Danés de Refugiados, advirtió que el virus se propagará extremadamente rápido en estas condiciones, provocando pánico y huidas masivas (WSWS, 20/06). 
 Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el virus se está moviendo mucho más rápido que la respuesta y que las intervenciones críticas están fracasando, con tasas de rastreo de contactos que han caído recientemente hasta un 28 por ciento, muy por debajo del nivel necesario para aislar a los enfermos y detener las cadenas de transmisión (WSWS, 14/06). Además, señaló que las comunidades ven al ébola como una de muchas amenazas mortales. Desde Naciones Unidas (ONU) se encendieron las alarmas sobre la amenaza hacia los más jóvenes y vulnerables. Y desde UNICEF advirtieron que, a medida que el brote se traslade hacia la transmisión en los hogares, los niños serán cada vez con mayor frecuencia los más afectados por la enfermedad. Y estiman que 2,95 millones de niños y adolescentes de 18 años o menos están en riesgo por el propio ébola y la ruptura de servicios esenciales. Más de la mitad de los niños menores de cinco años en la provincia de Ituri sufren desnutrición crónica, y más de uno de cada cinco son niños que nunca han recibido una sola vacuna rutinaria contra enfermedades prevenibles como la difteria, el tétanos o el sarampión, según datos brindados por dicho organismo. Además de las condiciones en las que viven las familias de RDC, las prácticas tradicionales de entierro, que frecuentemente implican lavar y tocar al difunto, están asociadas con un alto número de infecciones secundarias. Familias locales expresan que equipos anónimos de entierro intentan impedir los ritos funerarios habituales y niegan el acceso a los cuerpos de los difuntos. 
 Frente a esta situación, diversos profesionales expresan que es poco probable que el ébola sea la causa de la próxima pandemia, ya que el virus actúa con una velocidad tan aterradora, causando pérdida de líquidos, sangrados y fallo orgánico, que mata en semanas, incluso días. Pero sí expresan que el brote congoleño es un ensayo general para lo que podría venir en una era en la que la financiación internacional para la salud global se está reduciendo. (Financial Times, 13/06). La eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su cartera de seguridad sanitaria global ha provocado cientos de miles de muertes evitables y ha aumentado drásticamente la vulnerabilidad global a las epidemias. Así lo expresa un estudio publicado en The Lancet, que estima que más de 600.000 personas, en su mayoría niños, han muerto por causas evitables en poco más de un año. Se desmantelaron programas críticos para la prevención del ébola, la vigilancia de enfermedades y las pruebas de laboratorio, lo que debilitó directamente las redes de vigilancia, la detección temprana y la capacidad de aumento médico en países como Congo y Uganda. Por su parte, la financiación destinada a aseos y puntos de lavado de manos en el Congo se redujo a menos de la mitad entre 2024 y 2025, hasta situarse en unos 38 millones de dólares, y la solicitud de este año, de 80 millones de dólares, solo cuenta con un 21 % de financiación. Privados de pruebas diagnósticas y recursos esenciales, los sistemas sanitarios locales quedaron incapaces de rastrear, aislar y tratar a los pacientes mientras el virus se propaga.
 De fondo, también aparece la guerra como agravante, ya que la RDC posee una inmensa riqueza en oro, cobalto, coltán y otros minerales críticos, lo que ubica a la región en un centro de disputa para el imperialismo. En las últimas dos décadas, China ha ampliado enormemente su presencia económica en África, concentrando sus inversiones en energía, minería e infraestructuras. En este contexto, el brote del ébola ha servido de excusa para el reforzamiento militar del imperialismo norteamericano en África. Un plan estadounidense para evacuar a pacientes estadounidenses de ébola a un centro de cuarentena en Kenia, manteniéndolos así fuera de los Estados Unidos, desató una oleada de protestas callejeras en este país. Mientras tanto, los sistemas de salud pública en la RDC, Uganda y países vecinos están sistemáticamente privados de fondos. 
 El imperialismo destruye las condiciones existenciales de la clase obrera.

 Daniela Magoc
 26/06/2026

La ‘renuncia’ de Adorni es una ‘fake’


Que Adorni haya renunciado no significa que Javier Milei lo haya echado por sus evidentes delitos de corrupción. Sigue contando con el apoyo político del Gobierno, que ha desplegado un amplio dispositivo administrativo, parlamentario y judicial para cubrirle las espaldas
 La ‘renuncia’ es la consecuencia de un compromiso acordado por parte del oficialismo con los aliados que cuenta en el Congreso. 
 El Parlamento conspiró para evitar lo más importante, como es una interpelación pública que revelara a la ciudadanía las tramas oscuras de esta corrupción, como las operaciones digitales de Javier Milei, que han dejado un tendal de víctimas financieras en varias jurisdicciones nacionales e internacionales. 
 Las corruptelas de un Jefe de Gabinete están siempre asociadas a concesiones macro y microeconómicas, como los RIGI y Súper RIGI o el remate de activos estratégicos. Es precisamente lo que el Congreso barrió bajo la alfombra. Una comisión investigadora debería clarificar la trastienda de esta “renuncia”. En el caso del Senado, la colaboración para evitar una sesión “complicada” involucró a una eminencia gris del peronismo, Mayans. 
 Una destitución de Adorni fue desechada para no afectar la intangibilidad de la deuda pública, como lo dejó entender claramente Luis Caputo.
 La otra operación quirúrgica que acompaña la ‘renuncia’ de Adorni, se encuentra en cabeza del ministro de Justicia, Mahiques, que ha arreglado un proceso digitado de nombramiento y perpetuación de magistrados en conformidad con la camarilla judicial. Esto resultará en el prolongamiento del caso judicial de Adorni, que puede terminar en una suerte de indulto. 
 El demiurgo de esta operación ha sido el ministro Luis Caputo y el ‘exterminator’ Sturzenegger; el primero, para evitar un default de los vencimientos de deuda; el segundo, para arrancar el SúperRIGI y liquidar derechos laborales y previsionales. 
 Adorni se va, para que el régimen de la motosierra siga haciendo su trabajo sucio. 
La renuncia del ministro viajero ha sido fabricada por la Inteligencia Artificial, para estafar a la ciudadanía. 

 Jorge Altamira y Marcelo Ramal

Refinanciación de deudas: rescatan a la banca a costa de esclavizar de por vida a trabajadores y jubilados


Algunos bancos oficiales han difundido, en las últimas semanas, planes de refinanciación de deudores morosos, sea por préstamos personales o por tarjetas de crédito. Las ofertas para reciclar deudas tienen su explicación en el extraordinario nivel de morosidad alcanzado: en el mes de abril, los impagos del sistema bancario alcanzan al 12,6 % de la cartera de préstamos, más del triple de hace un año atrás. En el caso de los préstamos no bancarios -billeteras virtuales, tarjetas emitidas por supermercados- la mora envuelve al 25 % del crédito otorgado. Una insolvencia de esta magnitud configura una crisis, no ya de los deudores involucrados, sino también de la banca -formal o “en las sombras”- que ha otorgado los préstamos. El pasaje a “gestión judicial” de ese pasivo es un golpe a los balances de los bancos, aún cuando éstos compensan largamente los impagos con los intereses exorbitantes que reciben de quienes continúan pagando sus compromisos. 
 La escalada de morosidad saca a la luz el carácter ficticio y confiscatorio del boom de préstamos privados que la Asociación de Bancos celebró para los ejercicios de 2024 y 2025. El núcleo de ese ascenso residió en préstamos al consumo, contraídos principalmente por asalariados. Como los préstamos personales y las tarjetas se otorgan o emiten discrecionalmente a quienes reciben su sueldo en una cuenta bancaria, es claro que la “garantía” de estos créditos ha consistido en el salario o la jubilación que se deposita puntualmente. Pero la avalancha de préstamos y tarjetas no representó un salto en la demanda de mercancías de consumo, y la razón es clara: con los instrumentos de crédito, los trabajadores y pensionados sólo suplían la espantosa caída de sus salarios y jubilaciones. La tarjeta de crédito y el préstamo personal no se destinaron al financiamiento de mercancías durables, sino a los alimentos cotidianos. En los supermercados, las dos terceras partes de las ventas se hacen a crédito, con tarjeta. Las billeteras digitales ofrecen fuertes descuentos en la compra, como una manera de asegurarse una corriente de depósitos. Luego, le prestan ese dinero, a tasas superusurarias, a muchos de los que compran con “descuento” al usar esa misma billetera. 
 De este modo, se construyó un “brillante” negocio bancario a costa de la penuria salarial y jubilatoria. A plena conciencia de la confiscación que perpetraban, los bancos practicaron la usura para con sus deudores laboriosos. La tasa nominal anual de préstamos personales ha oscilado en torno del 70 %, lo que representa una tasa efectiva mensual del orden del 6 %. Pero las víctimas de la tarjeta de crédito han pagado mucho más: alrededor de un 90 % de tasa nominal. La tasa “efectiva” anual -la que calcula la capitalización de la deuda mes a mes- llega en ese caso al 120 %. Si se tienen en cuenta las “actualizaciones” salariales del 1 % mensual permitidas por el liberticidio, es muy claro que asistimos a un defolt anunciado. Los bancos han lucrado con la miseria salarial y previsional, y ahora reciben en devolución la insolvencia de esos mismos trabajadores endeudados. 
 A diferencia del crédito al capital, que devuelve los intereses con una parte de la plusvalía arrancada a los trabajadores, el crédito al consumo de los asalariados sólo puede ser devuelto con una detracción del salario futuro y, por lo tanto, también de los consumos futuros. Cuando, además, los salarios mismos se retraen, la perspectiva es la bancarrota del consumo final, que todas las estadísticas señalan que se ahonda. 
 Para no enfrentar las consecuencias ruinosas de esta quiebra, los bancos han inventado ahora un sistema de refinanciación de las deudas en mora. Los que han hecho punta son los bancos estatales, aunque algunos privados apelan a lo mismo pero con mayor reserva.
 El banco Nación, por ejemplo, ofrece refinanciación de deudas hasta en sesenta meses, con una tasa nominal del 65 %. Ello representa una carga financiera mensual del 5,4 %, una vez más, frente a reajustes salariales o jubilatorios que representan la tercera o la cuarta parte de esos intereses. Otra alternativa, la del kicillofista Bapro, ofrece hasta diez años de refinanciación con una tasa anual del 10 % … pero añadiendo a la traicionera tasa UVA, la cual, con una disparada devaluatoria o inflacionaria, deja en paños menores a sus supuestos beneficiarios. El banco de Formosa, en manos de otro “Nac y Pop”, Insfran, ofrece un plan –llamado “Borrón y Cuenta nueva”- a la redituable tasa anual nominal del 66 % En la Legislatura de CABA, un proyecto del peronista Santoro, en acuerdo con Jorge “desalojo” Macri, ha dispuesto refinanciaciones a una tasa del 35 % en dos años, sin hacerse cargo que a esos mismos deudores -y a los que siguen pagando sus créditos- se les aplica una tasa que duplica a la que ahora le ofrecen a un muy restringido universo de morosos. De todos modos, esa “nueva” tasa es también superior a la inflación y al crecimiento de los salarios. Los bancos privados que adhieran, además de encontrar una “salida” a sus carteras morosas, obtienen una reducción en el impuesto a los ingresos brutos por los intereses pagados. 
 Los “rescates” ofrecidos, en definitiva, permiten que la banca “limpie” sus balances y ponga “en regla” a una masa de deudores defaulteados. Los morosos deberán prolongar su hipotecamiento, que podrá llegar a los cinco y diez años, pagando intereses que superan la actualización de sus salarios o jubilaciones. 
 La persistencia de intereses usurarios en los préstamos privados es inseparable de otro régimen leonino: el de la deuda pública en pesos, que rinde intereses de “oro” a los especuladores de adentro y de afuera. La tasa de interés que cobran los bancos por sus préstamos se “emparda” a los rendimientos que consiguen cuando le prestan al Estado. De ese modo, los trabajadores que apelan a los préstamos de consumo son indirectamente expoliados por los acreedores de la deuda pública. El compromiso de los pejotakirchneristas con las refinanciaciones que rescatan a la banca pone de manifiesto la comunión estratégica de intereses con la confiscación social armada por los liberticidas, y que ellos no van a alterar si les toca gobernar.
 En oposición a este rescate del capital financiero, planteamos el repudio o la quita sustancial de las deudas de consumo de los trabajadores con el sistema bancario formal o “informal”; si los bancos tomaron como garantía los salarios y jubilaciones (mal) pagos, la responsabilidad del impago corresponde a la propia banca que los otorgó, y al régimen social de los salarios a la baja y los despidos; luchamos por la apertura de las cuentas de la banca, para establecer las ganancias extraordinarias obtenidas en base a la usura contra los que viven de su trabajo.

 Marcelo Ramal 
 27/06/2026

Los casos de tuberculosis continúan en aumento en Argentina a medida en que empeoran las condiciones de vida de la clase obrera


Los casos de tuberculosis en nuestro país presentan un aumento sin precedentes. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), entre 2020 y 2026, los casos pasaron de 3.777 en 2020 a 6.482, lo que representa un aumento de 2.705 casos (71,6%). A su vez se registra en promedio una muerte a causa de tuberculosis cada siete horas. Durante el 2025 se notificaron 17.283 casos. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa prevenible y curable, causada por una microbacteria conocida como Bacilo de Koch. Su contagio se produce por la inhalación del bacilo que una persona enferma transmite a través del aire cuando habla, escupe, tose o estornuda. Para que se produzca el contagio, el contacto entre personas debe ser frecuente. La forma más común de contagio es a través del aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o habla, liberando bacterias al ambiente, y es más probable en espacios cerrados y/o con poca ventilación, donde las bacterias pueden permanecer en el aire durante más tiempo. Argentina tiene una vacuna que aplica en el periodo neonatal, que es la BCG, que ayuda a prevenir las formas más graves de la enfermedad. El tratamiento puede durar varios meses, dependiendo de la gravedad de la infección. 
 De acuerdo al BEN, el mayor número de casos de tuberculosis se encuentra en los varones. En 2025 hubo 10.483 contagios, equivalentes al 60,7 por ciento del total, mientras que las mujeres registraron 6.725 casos. En cuanto a la edad, el 61,5 por ciento de los casos se distribuyó en la población de 15 a 44 años. Las tasas más elevadas en varones se observaron en los grupos de 20 a 39 años. En mujeres, las tasas también fueron más altas en edades jóvenes. En menores de 15 años se registraron 1.271 casos, es decir, el 7,8 por ciento del total. Los mayores aumentos corresponden a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza. La principal causa de este incremento es la persistencia de determinantes sociales y sanitarios que favorecen la transmisión así como la recuperación de las actividades de detección y diagnóstico, expresa el Boletín Epidemiológico Nacional. La desnutrición, la pobreza, el hacinamiento son factores de riesgo, así como la falta de acceso a los servicios de salud en forma precoz, siendo un agravante la consulta tardía.
 El aumento de los casos de tuberculosis se conjuga con el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera. Pese a que el gobierno liberticida se jacte de la reducción de la pobreza, diferentes consultoras la sitúan en números arriba del 30 %. Un informe de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella da cuenta que en el semestre de octubre 2025-marzo 2026, la pobreza se habría ubicado en un 30 %, dos puntos por encima del semestre julio-diciembre que había sido de 28 %. (El Destape, 25/06/2026). Cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes (42,3 %) viven en hogares pobres, mientras que el 9,4 % se encuentra por debajo de la línea de indigencia, según un informe de UNICEF basado en datos oficiales del segundo semestre de 2025 (publicado el 9/06/2026). A su vez, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residen en hogares pobres, y, de ellos, cerca de 1.1 millones, en hogares indigentes. Agravan el panorama el desempleo, el aumento del trabajo informal por sobre el empleo formal, el aumento de los precios de los alquileres, el congelamiento salarial. Todo esto dificulta el acceso a una vivienda en condiciones saludables y empuja a las personas a vivir en la calle o en habitaciones precarias en hoteles o pensiones. A esto se suma el aumento del precio del transporte. Estas cuestiones hacen muy dificultoso que una persona pueda sostener los controles y el tratamiento, aun siendo garantizada la atención y el seguimiento de forma gratuita por parte de los hospitales y centros de salud pública que, además, son atacados sistemáticamente por el gobierno liberticida. 
 Como venimos desarrollando en estas páginas, el sistema capitalista y sus gobiernos nos llevan a la barbarie. Para defender las condiciones de vida de la clase obrera debatamos e impulsemos la lucha con un programa: aumento sustancial de salarios y jubilaciones, por una política de vivienda e infraestructura urbana en beneficio del conjunto de la población trabajadora, por un sistema de salud único, estatal y gratuito, bajo el control de sus trabajadores. 

Daniela Magoc
 27/06/2026 

Fuentes:

 Boletín Epidemiológico Nacional: ben813se232362026.pdf 
 Preocupa una bacteria cuyo contagio no para de crecer y causa una muerte cada siete horas pese a tener cura 
 Giro preocupante: un prestigioso informe confirmó qué pasa con la pobreza en Argentina desde diciembre | El Destape
 Tuberculosis - Vacuna BCG | Argentina.gob.ar Nuevo informe de UNICEF: cuatro de cada diez niñas y niños son pobres en Argentina

sábado, junio 27, 2026

El crecimiento de la miseria social en la Ciudad y en todo el país


El relevamiento más reciente del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, cuya medición sigue una metodología actualizada respecto de la que todavía utiliza el INDEC, arroja un incremento de la indigencia y la pobreza entre los porteños "luego de cinco meses de reducción interanual". 
 De acuerdo a este informe, en el primer trimestre de 2026, el 21,1 % de los porteños (651.000 personas) se encuentra en situación de pobreza. "Fundamentalmente aumentó la población indigente (pasó de 6,2 % a 8,9 % interanual) y la población vulnerable (de 9 % a 10,4 % interanual)", señala. La indigencia involucra al 8,9 % de las personas (274.000 personas), prácticamente 1 de cada 10 habitantes de la Ciudad. El 39,6 % de los hogares en condición de pobreza, por lo tanto, no tiene ingresos suficientes para costear los requerimientos nutritivos y energéticos básicos. 
 Como contrapartida, se contrajeron los sectores considerados "medio frágil" -aquellos cuyos ingresos arañan la cobertura de la canasta familiar- y la llamada "clase media", que pasó del 48,6 % al 47 % en un año. En un informe reciente del mismo organismo, se estipulaba que una familia de cuatro integrantes, en la Ciudad de Buenos Aires necesitó, en mayo pasado, sumar ingresos por más de $2.450.044 para ser considerada de clase media, en caso de ser propietaria de su vivienda. Si se suma el costo de un alquiler, el umbral trepa a más de $3.600.000 mensuales. El 35 % de los poco más de 3.000.000 de habitantes permanentes de la Ciudad son inquilinos.
 Pero mientras la "clase media" se desgrana hacia la pobreza y, en mayor proporción aún, los pobres se hunden en la indigencia, aumentó, aunque sea levemente, la población "acomodada", como se refiere el informe a los sectores de mayores ingresos: pasó del 10,8 % de hace un año atrás al 11,6 %. Son 358.000 personas, en la que es considerada "la ciudad más rica del país". Esto se condice con un informe del INDEC, también dado a conocer en las últimas horas, de alcance nacional, donde se concluye que la desigualdad se incrementó en el último trimestre. Al observar la distribución por deciles, señala, el 10 % de la población con mayores ingresos concentró el 33,5 % del ingreso total, mientras que el 10 % de menores ingresos recibió apenas el 1,8 %. 
 De conjunto, se ha incrementado la miseria social, que no es lo mismo que la insuficiencia de ingresos, sino una consecuencia estructural del capitalismo, del antagonismo entre capital y trabajo. La "contrarreforma" laboral y la extinción de los convenios colectivos de trabajo, que desmantelan conquistas de la clase obrera contra la explotación capitalista, agudizarán este proceso. Como referencia, nuevamente según los datos oficiales que ofrece el INDEC, los trabajadores registrados, hasta marzo de este año, percibieron un ingreso promedio de $1.375.143, mientras que quienes no cuentan con descuento jubilatorio registraron un promedio de $731.150. El INDEC también indicó que una familia tipo necesitó en marzo -último mes del trimestre- $1.434.464 para no ser pobre.
 En marzo pasado, el gobierno celebraba una drástica reducción de los índices de pobreza. Todavía asegura incluso que los ingresos de los trabajadores le ganaron a la inflación. Las estadísticas nacionales se encuentran distorsionadas, en primer lugar, porque toma por referencia una canasta de consumo desactualizada (menor peso de los servicios, telecomunicaciones, etc). Por otro lado, además, los índices de pobreza son morigerados debido a la incidencia de la Asistencia Universal por Hijo (AUH), que es la única partida social que se ha incrementado en términos reales. Sin AUH, esos números se dispararían. Por último, los ingresos son sobreestimados: mientras que los de los trabajadores registrados se mantienen actualizados siguiendo la recaudación de aportes previsionales, los de los trabajadores en negro y precarizados tienen un rezago de varios meses en su cálculo. 

 Jacyn 
 26/06/2026

Volkswagen prepara una masacre laboral de hasta 100.000 despidos


La automotriz pretende descargar sobre los trabajadores su crisis y la competencia con los fabricantes chinos. El plan incluye el cese de la producción en cuatro plantas alemanas 

 El grupo Volkswagen prepara uno de los mayores ataques contra los trabajadores de la historia de la industria automotriz. La empresa proyecta eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo, una cifra equivalente a casi uno de cada seis empleados de su planta global, compuesta por aproximadamente 625.000 trabajadores.
 El plan representa una profundización de la reestructuración que ya se encuentra en marcha. Volkswagen había acordado recortar 50.000 empleos en Alemania hasta finales de 2030 y reducir su capacidad productiva en el país en 500.000 vehículos anuales. Ahora, la dirección del grupo analiza eliminar otros 50.000 puestos de trabajo. 
 De concretarse, la reestructuración superaría los 74.000 despidos ejecutados por General Motors durante la década de 1990 y los 60.000 puestos eliminados por IBM en 1993. Se trataría, por lo tanto, de una de las mayores masacres laborales llevadas adelante por una sola empresa.

 Cierre de plantas y reducción de la producción

 Las nuevas medidas incluirían el cese de la producción en otras cuatro fábricas alemanas: las plantas de Volkswagen ubicadas en Emden, Zwickau y Hannover, y la fábrica de Audi en Neckarsulm. 
 Estos cierres se sumarían al de la planta de Dresde y al anunciado cese de la producción en Osnabrück, previsto para el próximo año. Volkswagen busca compradores o nuevos destinos para estas instalaciones, entre ellos su utilización por parte de otras automotrices o de empresas vinculadas con la industria militar. 
 El director ejecutivo del grupo, Oliver Blume, pretende reorganizar el conglomerado alrededor de su actividad automotriz principal, desprenderse de activos y obtener nuevos recursos. En esa línea, Volkswagen vendió su división de motores marinos Everllence al fondo estadounidense Bain Capital por 7.400 millones de euros.La empresa se había fijado el objetivo de ahorrar 6.000 millones de euros anuales hasta 2030. Para alcanzar esa meta, pretende reducir salarios, puestos de trabajo y capacidad productiva, mientras continúa realizando operaciones multimillonarias y preservando los intereses de sus accionistas. 

 La crisis capitalista de la industria automotriz 

 Volkswagen justifica la ofensiva por el impacto de los aranceles estadounidenses, la guerra en Medio Oriente, el deterioro de su posición en China y el avance de los fabricantes chinos en el mercado europeo. 
 Durante los primeros cinco meses del año, las marcas chinas representaron casi uno de cada diez automóviles nuevos vendidos en Europa. La expansión de estos fabricantes ha agudizado la competencia por el mercado mundial, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos, donde las automotrices europeas acumulan un importante retraso.
 La dirección de Volkswagen busca presentar los despidos como una consecuencia inevitable de esta competencia. Pero los trabajadores no son responsables de las decisiones empresariales, de la falta de inversiones ni de la crisis provocada por la disputa entre los distintos monopolios automotrices.
 Mientras las patronales compiten por mercados, subsidios estatales y mayores márgenes de beneficio, pretenden que sean los trabajadores quienes paguen las consecuencias mediante despidos, cierres de fábricas, aumentos de los ritmos de producción y pérdida de conquistas laborales. 

 La burocracia sindical allanó el camino 

 A finales de 2024, Volkswagen llegó a un acuerdo con los sindicatos para reducir puestos de trabajo y capacidad productiva en Alemania. Ese acuerdo, presentado como una forma de evitar cierres inmediatos, abrió el camino para la ofensiva actual. 
 Ahora, frente a la posibilidad de que la compañía duplique la cantidad de despidos y avance sobre nuevas plantas, los representantes del comité de empresa y de IG Metall anunciaron que se opondrán al plan. 
 "Si se siguen adelante con esos planes, nos opondremos con todas nuestras fuerzas”, declararon Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa de Volkswagen; Christiane Benner, presidenta de IG Metall, y Thorsten Gröger, dirigente del sindicato en Baja Sajonia.
 Sin embargo, la defensa de los puestos de trabajo no puede quedar subordinada a nuevas negociaciones destinadas a administrar la reestructuración patronal. La experiencia demuestra que los acuerdos basados en retiros “voluntarios”, jubilaciones anticipadas y reducción de la producción solo escalonan los despidos y preparan nuevos ataques. 
 El consejo de supervisión de Volkswagen, donde participan representantes sindicales, debe analizar el nuevo plan el próximo 9 de julio. También se discute una reorganización interna que podría reducir los derechos de intervención de los trabajadores dentro de la compañía.

 Por una respuesta obrera internacional

 La amenaza contra los trabajadores de Volkswagen forma parte de una ofensiva más amplia de las automotrices europeas. Las patronales buscan utilizar la competencia internacional y la transición hacia los vehículos eléctricos para cerrar plantas, eliminar empleos y flexibilizar las condiciones laborales.
 Frente a una empresa transnacional que organiza su producción a escala mundial, es necesaria una respuesta coordinada de los trabajadores de todas las plantas y países. La defensa de cada puesto de trabajo exige superar la política de acuerdos por fábrica y de colaboración con la dirección empresarial.
 Es necesario impulsar asambleas en todas las plantas, elegir delegados con mandato de base y preparar un plan de lucha común contra los despidos y los cierres. Ante la reducción de la producción, corresponde repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin reducción salarial. 
 Volkswagen debe abrir sus libros al control de los trabajadores. Si la empresa amenaza con cerrar fábricas o despedir masivamente, debe plantearse su ocupación y puesta en funcionamiento bajo control obrero. 
 La crisis de Volkswagen vuelve a mostrar la incompatibilidad entre las necesidades de los trabajadores y la búsqueda de beneficios de los grandes monopolios. La defensa de los puestos de trabajo requiere una lucha independiente de las patronales, los gobiernos y la burocracia sindical. 

 Prensa Obrera