sábado, noviembre 30, 2019

Uruguay: el triunfo más amargo



Mientras se cuentan los votos observados, y con el reconocimiento de la derrota por parte de Daniel Martínez, la sensación de sorpresa aún persiste en el ambiente. Es que el estrecho margen de 30 mil votos entre el nuevo presidente electo Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez generó efectos y sentimientos contradictorios en uno y otro bando.

Festejos cambiados

Si el domingo a la noche un observador extranjero miraba los actos y no estaba en conocimiento de los números, le podría haber dado la sensación de que el ganador fue el Frente Amplio. El festejo y la pose exultante de la dirigencia del partido de gobierno denotaba sorpresa por una elección que desde hacía una semana la daban por perdida.
No así las bases, que en palabras de Yamandú Orsi “pasó por arriba a la dirigencia”. La campaña voto a voto realizada por la militancia de a pie activó y volvió a mostrar que el Frente Amplio es por lejos el principal partido del país en capacidad de organización y movilización. Esto pese a los intentos de vaciamiento de parte de algunos de sus sectores internos que repetidas veces intentaron acompasar la estructura interna de la coalición al pasaje de partido de oposición a ‘partido de estado’.
La campaña de las bases hacia la segunda vuelta contrastó con lo errático de la campaña del candidato frenteamplista. En el debate presidencial (donde Martínez no tuvo una gran participación) el ex Intendente cometió algunos errores, como plantear que el programa ‘son solo propuestas’, lo que fue rápidamente contestado por Mujica. O las declaraciones con respecto al riesgo de una eventual crisis como la de 2002 en caso de triunfar Lacalle-Argimón, cuestión que fue primero desmentida por Orsi y después por el propio Astori.
Pese a la derrota electoral, para Daniel Martínez hubo un doble triunfo político. Por un lado logró un resultado cerrado, contra los pronósticos previos de las consultoras de opinión que lo exime parcialmente de un balance catastrófico con respecto a su candidatura, lo mantiene con vida en su ambición política, donde es posible que vuelva por un nuevo mandato en la Intendencia de Montevideo, y no le cierra las puertas pensando en 2024. El segundo elemento de triunfo para el candidato del gobierno radica en lograr evitar los festejos de la coalición en la misma noche del domingo.
Las razones de la ‘remontada’ pueden ser variadas. El rechazo al video de Guido Manini Ríos llamando a no votar por Martínez fue extendido. El video fue un mensaje no solamente a la tropa, sino intentó también marcar la agenda del gobierno entrante. Por otra parte, el silencio durante días de los socios coalicionistas da pistas claras de su subordinación.
La valoración negativa sobre la editorial del Semanario Nación, distribuida por el Círculo Militar, también. Tocaron fibras republicanas en sectores del electorado de la propia coalición que en octubre había votado por un cambio hacia la derecha en clave moderada.
En el medio sucedieron cuestiones extrañas como los mensajes del ‘Comando Barneix’ incitando a votar al candidato blanco en tono amenazante, o el intento de ingreso a una planta de explosivos del ejército, que no sería extraño sea una operación de ‘falsa bandera’.
Las expresiones de los nostálgicos de la dictadura que llamaron a ‘extirpar el cáncer del marxismo de la nación’, con un lenguaje de la década del 70’ y de la doctrina de Seguridad Nacional, también fueron un revulsivo importante para que la mayoría de los “indecisos” y las personas que declaraban votar anulado o en blanco en los días previos, se volcara masivamente hacia el Frente Amplio. Fueron una combinatoria de factores que motorizaron el voto por el Frente Amplio.
En Montevideo la victoria del Frente Amplio fue importante (57%), avanzando 7% con respecto a octubre. En los barrios populares de la ciudad se aprecian ventajas importantes para Martínez-Villar. Los sectores de trabajadores votaron masivamente por el Frente Amplio como última barrera de contención para evitar el triunfo de la derecha. Si se observa un mapa con la votación de Montevideo se encuentra un importante sesgo de clase en el voto. En las zonas de clase media o media-alta obtiene los mejores resultados la fórmula Lacalle-Argimón, mostrando el corrimiento de sectores de esas capas medias hacia la derecha.
Sin embargo, fue en el interior donde logró recuperar votos de forma notoria. En Rivera, Durazno y Soriano el FA aumentó en el entorno de un 11%. Paralelamente hay estadísticas que muestran un retorno importante de 27% de votos “mujiquistas” que el 27 de octubre había votado por Cabildo Abierto. La campaña segmentada y sin un discurso público de confrontación contra Manini, logró hacer retornar ese electorado.
En la campaña hacia el balotaje algunos analistas de opinión habían instalado la idea de que sería un escenario similar a la elección de 1999 en la que Jorge Batlle derrotó a Tabaré Vázquez. Los puntos de partida en común con aquella elección fueron la votación de alrededor del 40% del FA en primera vuelta y que se enfrentaría a una coalición de “todos contra el Frente Amplio”. Ahora bien, había otros aspectos que la hacían diferente. El primero tiene que ver con que en 1999 el FA aún no había gobernado a nivel nacional, solo lo había hecho a nivel municipal en Montevideo. Además, en aquella elección poco más del 40% había votado alguna vez por el FA, mientras que en 2019 aproximadamente el 56% de la población lo había votado anteriormente, es decir, la operación que debía hacer la fuerza de gobierno era de ‘retorno’ de votantes. De hecho, si vemos comparativamente el 47,5% obtenido por Martínez-Villar en el conteo preliminar del domingo pasado y el 47,8% de Tabaré Vázquez en la primera vuelta de 2014 es muy probable que la composición del electorado sea prácticamente la misma. Habrá que confirmarlo.
Otro aspecto importante es que en 1999 se sumaron casi que de forma perfecta los votos blancos y colorados y la coalición Batlle-Lacalle mostraba mayor homogeneidad, sin embargo en este 2019 los ‘multicolores’ perdieron 5,3% con respecto a octubre y su estabilidad como bloque todavía se está por ver. El escenario regional y mundial cambió y no se parece en lo más mínimo a aquel de hace dos décadas y en nuestro país el sistema político se encuentra fragmentado y con un partido con base en la familia militar y reaccionario que irrumpe en el parlamento. Otro aspecto para nada despreciable de diferencia con la segunda vuelta de 1999 es que en esta ocasión el oficialismo y quien cuenta con el aparato estatal es el Frente Amplio, una ventaja comparativa importante a la hora de realizar campañas electorales.

Una victoria que muestra fragilidad

El semblante de Lacalle y su discurso del día domingo, más allá de la recriminación a Martínez por el no reconocimiento de la derrota, escondía la desazón de un triunfo que, aunque cuente con mayoría parlamentaria, lo plantea débil. Es el presidente menos votado desde que existen los balotajes y la foto final no es la de ‘un país que masivamente votó cambiar’, el discurso de la coalición ‘multicolor’ desde la noche del 27 de octubre. Es la de un país partido a la mitad.
La coalición ‘multicolor’ nace herida. Con el rechazo importante a uno de sus componentes principales, Manini Ríos. A su vez, también con las ansias del ex comandante en jefe de lograr cierta autonomía e imponer aspectos de su agenda. Quizás este sea el cálculo que hace por estas horas para no aceptar el Ministerio de Salud Pública. Esta es la contradicción a la que se enfrenta Lacalle. Manini es un socio complicado e inestable para la coalición, pero sin Manini no hay mayoría parlamentaria. ¿Cuánto está dispuesto a ceder Lacalle? Si se mimetiza con su ala radical correrá el riesgo de enfrentar el rotundo rechazo popular y tendrá protestas sociales. Sabiendo este problema, en su discurso del mismo domingo, el herrerista más allá de su enojo tuvo gestos de diálogo hacia el Frente Amplio. ¿Buscará la ayuda de los sectores ‘progresistas’ del Frente Amplio? Si el Frente Amplio acepta discutir ley a ley en el parlamento con el objetivo de hacer prescindir a Lacalle de su ala derechista extrema y aislar a Cabildo Abierto, ¿no sé colocaría como socio del ajuste? Estas son algunas de las situaciones y discusiones planteadas en el próximo período.
La estrategia de pactos y coaliciones de ‘gobernabilidad’ por parte de los partidos del sistema político ya es materia de discusión dentro del oficialismo saliente.
El tono del discurso de Martínez fue de conciliación. De plantear nuevamente la unidad de todos los uruguayos sin distinción de banderas. El video de militantes de la lista 71 y el del Frente Amplio cantando el himno y bailando juntos intenta ser replicada por el ala ‘realista’ de la política y por los medios de comunicación. La idea es borrar fronteras ideológicas y barreras que remarquen los intereses contrapuestos entre las distintas clases y capas sociales. Es el discurso que se instala porque ‘vendrán tiempos difíciles’ y hay que estar todos/as juntos/as.
En el caso de que en algún momento del gobierno, sectores del Frente Amplio busquen darle gobernabilidad a los multicolores, podremos ver coaliciones de ajuste de ‘extremo centro’ como en europa. Basta ver justamente el caso europeo para concluir que lejos de aislar a la ultraderecha, en un escenario de ajuste y ataque a las condiciones de vida por parte de coaliciones centristas, y ante la debilidad de la izquierda anticapitalista, la ultraderecha aparece como la única opción de real oposición.
La dirección mayoritaria del PIT-CNT, que sobre la recta final realizó campaña por el gobierno, se ha mostrado cauta con respecto a las designaciones del nuevo gobierno. Seguramente en línea con las discusiones a la interna del propio Frente Amplio acerca de la postura de la oposición en el próximo período. Mujica ya avisó que será una oposición ’responsable’ y sin piedras en las manos. El líder de la 609 junto a otros dirigentes ya piensa en la manera de volver en 2024.
Otro punto de debilidad del gobierno electo radica en que esta coalición de herreristas sui generis, liberales y conservadores reaccionarios y militaristas no nace con un programa, sino con una declaración de intenciones generales que ocultan los aspectos más regresivos. Porque lo que unió a los extremos de la coalición, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, no fue el amor, sino el espanto. Los unió la coalición como instrumento para desalojar al Frente Amplio del gobierno y para ingresar al Estado.
Lacalle y la coalición llegan en líneas generales con una agenda liberalizante, que buscará afrontar la recesión en el campo mediante la transferencia de recursos desde la ciudad vía recortes impositivos, subsidios a tarifas y devaluación del peso, lo que hará que los trabajadores y trabajadoras paguen la fiesta con una posible mayor inflación y el deterioro de los servicios públicos, ajuste fiscal y ataques al salario. A su vez, desde el punto de vista externo, el experimento coalicionista intente avanzar en tratados de libre comercio y en la baja del arancel externo en consonancia con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
En el armado del gabinete ya se ven los primeros tironeos entre colorados y cabildantes por el Ministerio de Vivienda, o los cálculos de Talvi que preferiría no ser ministro pensando en su propia construcción política.

La elección uruguaya en su contexto

Estas elecciones nacionales y su empate técnico deben leerse inmersas en la complejidad de la situación política latinoamericana, signada por los ajustes económicos, las movilizaciones y estallidos sociales y las tendencias a la bonapartización de los regímenes políticos y al retorno del ‘factor’ militar. El ‘oasis’ de estabilidad económica, social y política que ha sido Uruguay, contrasta con la situación política de países vecinos como Chile o Bolivia. A diferencia de Brasil, el bloque de la centro-derecha uruguayo se preservó y pudo postularse como sustituto del Frente Amplio, no sin antes pactar con el ala militarista de Cabildo Abierto. La experiencia progresista de 15 años culmina con un sustituto por derecha pero que no explicitó el ajuste en su programa y que debutará en la Torre Ejecutiva con un ley de urgente consideración de alrededor de 300 artículos de la que nadie sabe aún su contenido real.
Lo que sí sabemos es que un mes después de rechazar la reforma ’Vivir sin Miedo’, fue designado Jorge Larrañaga como nuevo ministro del interior.
Alberto Fernández, el presidente electo argentino, buscará en Lacalle a un aliado que permita llevar ‘racionalidad’ a la región y le muestre al gobierno de Estados Unidos que la vía de los golpes de estado y las represiones salvajes abonan el terreno a la inestabilidad política y pueden generar estallidos incontrolables. Por su parte, Lacalle una vez reconocido presidente electo, recibió los saludos la golpista Añez y de Juan Guaidó, a quien contestó de inmediato. Bolsonaro ya anunció su llegada a Uruguay para el 1° de marzo de 2020. Un buen momento para preparar una gran movilización contra el bolsonarismo y en solidaridad con los trabajadores, mujeres y jóvenes de la región que luchan contra los ajustes y enfrentan la feroz represión.

Damián Recoba
Viernes 29 de noviembre | 09:00

Consumadas las masacres, Áñez abroga el “Decreto de la muerte” 4078

El anuncio de la abrogación del “decreto de la muerte” que enlutó a los sectores populares movilizados del país, deja en la impunidad el asesinato de todas las personas masacradas en Sacaba y Senkata, consolidando y validando el dispositivo discursivo de la “lucha contra el terrorismo”.

Catorce días y con más de una veintena de asesinatos después de su promulgación, el 14 de noviembre, el denominado “decreto de la muerte” 4078 que otorgó inmunidad penal a los militares en sus operativos para reprimir la valerosa resistencia contra el golpe de Estado, fue abrogado. Esta determinación fue parte de las exigencias de los sectores populares movilizados.
La autoproclamada presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Jeanine Añez manifestó, el 28 de noviembre, que «Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación".
El decreto 4078 es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o la seguridad de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos» afirmó Áñez en una conferencia de prensa.
La abrogación del “decreto de la muerte”, que enlutó a los sectores populares movilizados del país, deja en total impunidad el asesinato de todos las personas masacradas en Sacaba y Senkata, consolidando y validando el dispositivo discursivo de la “lucha contra el terrorismo” en la actualidad.
A través de Arturo Murillo, Ministro de la Presidencia, pudimos ver recientemente la creación del Centro Especial Antiterrorista y las amenazas que realizó a delegaciones extranjeras que vienen a recoger testimonios de vulneración de derechos humanos, confirmando la casería y persecución que se quiere realizar contra todos los que sigan denunciando el golpe de Estado.
Desde La Izquierda Diario haremos seguimiento a la publicación del documento oficial de abrogación de este Decreto Supremo, que no ha sido difundido y sobre el cual diversas organizaciones de Derechos Humanos consultadas, no tienen conocimiento para poder hacer un análisis de sus alcances reales.

Redacción LID Bolivia
Sábado 30 de noviembre | 01:05

Callan por temor, no por ignorancia

Qué hermoso sería el mundo si la sabiduría condujera al hombre; lastimosamente, no es así, lo conducen personas que nunca escuchan porque son prepotentes, se creen infalibles y su ceguera espiritual les incapacita para conmoverse por el sufrimiento humano. Toman decisiones crueles e inmisericordes sin sentir remordimiento, ya que están obnubilados y embrutecidos por la ruindad del medio que les rodea.
Esto explica las arbitrariedades cometidas contra Julian Assange, que intentó cambiar e l planeta y arriesgó su vida en el intento. H a hecho lo nadie hizo: desenmascarar al Complejo Militar Industrial de EEUU , que arrasa el mundo y con sus guerras deja tras de sí una estela de muerte y desolación. Hoy, el fundador de WikiLeaks se encuentra preso e imposibilitado de ejercer su defensa para evitar que lo extraditen a EEUU, que lo ha declarado “una amenaza para la seguridad nacional” y le acusa de “colaborar con el enemigo”, por lo que podrían aplicarle la pena de muerte o, en el mejor de los casos, la tortura, luego de que l e conden en a una larga prisión de hasta 175 años.
Toda esta tragedia se desarrolla a pesar de que Eva-Maria Persson, la fiscal sueca que conducí a la indagación por el delito de violación, supuestamente cometido por Julian Assange, inform ara : “He convocado esta conferencia de prensa para anunciar que la investigación contra Julian Assange fue cerrada, porque resultó evidente que los testimonios orales no son convincentes”. La fiscal agregó que no prevé interrogar al propio Assange, ya que su testimonio no ayudaría a arrojar la luz sobre el incidente.
Tras este anuncio, Kristinn Hrafnsson, director de WikiLeaks, declaró que ahora se debe “priorizar la amenaza de la que Assange lleva años advirtiendo: la persecución agresiva por parte de Estados Unidos y la amenaza que esta constituye para la Primera Enmienda a la Constitución de EEUU”, que protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión.
Por otra parte, más de sesenta médicos de Inglaterra, Australia y países europeos enviaron una carta abierta a Priti Patel, Ministro del Interior inglés, en la que destacan que Julián Assange necesita ser trasladado a un centro médico para que especialistas cualificados evalúen su estado físico-mental y advierten: “Si no se realiza una evaluación y un tratamiento urgente, tenemos verdadera preocupación, basándonos en evidencia disponible, de que el señor Assange pueda morir en prisión”. De igual manera se expresa John Shipton, padre de Assange, que rechaza abandonar Europa hasta no lograr la liberación de su hijo: “Haré todo lo que pueda, no puedo sentarme y simplemente mirar lo que está sucediendo”, recalcó.
El primer acto de esta tragedia comenzó cuando Ecuador traicionó a Julián Assange, sin nada que lo justifique. Le debió proteger y no lo hizo, emitió un decreto para que sea ecuatoriano, para luego pregonar que era un problema heredado y que dicha medida era ilegal, por lo que se eliminaban sus efectos y se suspendía su nacionalidad, regla inexistente en la ley ecuatoriana.
Luego dijo que la situación había llegado a un punto en el que, soberanamente, daba por terminado el asilo a Assange , pues se volvió insostenible e inviable debido a la conducta irrespetuosa y agresiva de su organización, WikiLeaks, que transgredía la totalidad de los convenios internacionales, y a sus declaraciones en contra del país, descorteses y amenazantes. ¡Cómo si la Constitución de Ecuador no garantizara a sus ciudadanos el derecho a expresar se libremente! La verdadera razón, asustar a los periodistas honrados, para que callen la verdad, y satisfacer la aspiración al vasallaje total con que los esbirros del mundo creen servir mejor a la cloaca de Washington, clase política llamada así por el Presidente Donald Trump.
Ecuador hizo con Assange lo que ni las dictaduras militares más perversas han hecho, no respetar el derecho de asilo y permitir que la policía extranjera arreste en territorio nacional a un refugiado político. Fríamente le entregaron a una jauría de lobos hambrientos, antes habían conv ertido su refugio en una celda de tortura rigurosa, que lo transformó en un ser vetusto y enclenque, pese a contar con sólo 47 años de edad. Tal vez, esta mácula se borre cuando Assange sea declarado héroe de Ecuador y se le devuelva la nacionalidad arrebatada ilegalmente.
Luego de que le arrestaran se conoció que los fiscales Kellen S. Dwyer y Thomas W. Traxler, del Departamento de Justicia de EEUU, le acusan de “conspiración para cometer intrusión de computadora” en complicidad con Chelsea Manning, al haber aceptado conseguir la contraseña de una computadora del gobierno de EEUU para obtener documentos clasificados, acusación por la que Assange podría ser condenado a cinco años de prisión, y a la que podrían añadir el cargo de espionaje, por el que podría ser condenado a la pena máxima, si fuera declarado culpable.
Lo real es que Manning entregó a Assange 250.000 cables diplomáticos, 400.000 documentos de la guerra de Irak, 490.000 de la guerra de Afganistán, cerca de 1.000 sobre los detenidos en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo y videos conocidos como “asesinato colateral en Bagdad”, en los que se ve disparar a periodistas de Reuters y civiles iraquíes desde un helicóptero de EEUU.
Manning informó a Assange que otros documentos importantes estaban almacenados en el ordenador del Departamento de Defensa, pero que él no tenía la clave de acceso, y le preguntó si se la podía conseguir. Assange no consiguió la clave del computador mencionado y ahora es acusado de un delito que no cometió. Y si la hubiera conseguido, tampoco hubiera cometido delito alguno por tratarse de datos sobre actividades ilegales y no de información secreta; además, todo buen periodista de EEUU podría hacer lo que hizo Assange, pues es protegido por la Primera Enmienda a la Constitución de es t e país, que prohíbe la creación de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión o vulnere la libertad de prensa.
El delito de Assange es realizar bien el trabajo que la llamada prensa libre hace mal, calla o tergiversa, es decir, denunciar los crímenes que EEUU comete en la guerra contra el terrorismo : la detención ilegal y brutal de inocentes en Guantánamo, las torturas y abusos cometidos en Irak y Afganistán, el pisoteo de la ley y el derecho internacional por parte del gobierno estadounidense y sus vasallos. Todo esto denunció Assange, por eso hoy su vida está en peligro.
En este caso, la verdad juega un rol importante. Cuando Daniel Ellsberg, ex analista de las Fuerzas Armadas de E EUU , entregó a diecisiete periódicos de dicho país los llamados Pentagon Papers , un estudio relacionad o con la guerra de Vietnam sobre las decisiones del gobierno de Johnson, que el Pentágono había clasificado de top secret, el The New York Times escribió: “demostraron, entre otras cosas, que la administración Johnson había mentido sistemáticamente, no solo al público sino también al Congreso, sobre un tema de interés nacional trascendente e importante”. Vale la pena recalcar que la Corte Suprema permitió que el The New York Times publicara los Pentagon Papers, fallo que ha sido llamado “ el pilar moderno” de los derechos de la Primera Enmienda con respecto a la libertad de prensa.
El caso de Assange es prácticamente idéntico y, sin duda, ambos están protegidos por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Ahora, tal como van las cosas, Assange tendría que esperar el milagro de que luego de su posible condena sea indultado por el Presidente Trump, que ojalá no olvide que durante la campaña presidencial elogió el trabajo de WikiLeaks por ser increíble y que amaba lo que esa organización hacía. Ahora, todo depende de la buena voluntad del que gane la lucha por el poder entre el actual mandatario de EEUU y sus enemigos, tanto demócratas como republicanos.
Pero ¿ por qué callan los periódicos Der Spiegel, Le Monde, El País, The New York Times y The Guardian , que usaron la información exclusiva facilitada por Assange y ganaron mucho dinero con sus denuncias para luego distanciarse de él? ¿ Por ignorancia? No, por miedo. Temen al monstruo en que se ha convertido la sociedad estadounidense, capaz de negar su propia Constitución y las garantías que les otorgan sus leyes. Por eso no denuncian el pisoteo a la ley, al orden y al derecho internacional por parte del gobierno de EEUU y sus súbditos del planeta entero .
Olvidan que según santo Tomás de Aquino, “La justicia sin misericordia es crueldad” y, según Gandhi, “La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.

Rodolfo Bueno

El hoyo económico-social que deja Macri

El gobierno de Mauricio Macri, que ha durado cuatro años y que lo entregará el próximo 10 de diciembre, se describe con una sola palabra: desastroso.
A la fórmula ganadora en las recientes elecciones, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, les espera una enorme tarea para remontar la crisis económico-social en que Macri ha sumergido a la Argentina debido a la aplicación de políticas neoliberales dirigidas desde Estados Unidos y aplicadas con la anuencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Recordemos que tras el acuerdo con el Fondo por 56 300 millones de dólares, cada una de las medidas fiscales, monetarias y cambiarias del Banco Central Argentino son supervisadas por esa institución financiera.
La nación sudamericana se enfrente a vencimientos de deuda por 245 000 millones de dólares y deberá pagar a finales de diciembre 1 400 millones de dólares por montos correspondientes a letras del Tesoro y otros títulos.
A esto se agrega que en el primer semestre de 2020 habrá vencimientos que, entre capital e intereses, están cifrados en 11 900 millones de dólares. Y en todo el año 2020 deberá sufragar vencimientos de deuda por 29 200 millones de dólares.
Los Fernández, que tienen experiencia en negociar las deudas como lo hicieron a partir de la llegada del ex presidente Nestor Kischner al poder en 2003 cuando gobiernos neoliberales anteriores habían endeudado completamente al país, deberán buscar la forma de dilatar los plazos con los bonistas y el FMI para que no se incumpla con los pagos y ocurra formalmente en default.
El ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, reconoció recientemente durante la 40ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) celebrada en la ciudad de Bariloche (sur) que los más de 44 000 millones desembolsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ese país, en el marco del Acuerdo Stand-by, se utilizaron para pagar las deudas con acreedores privados.
Este sector, de por sí adinerado, fue el favorecido con los empréstitos, mientras que la mayoritaria población recibió aumentos de precios, bajos salarios, despidos, ajustes y quiebras de empresas, inflación, hambre y miseria.
Cuando en 2015 Cristina Fernández terminó su mandato, el Producto Interno Bruto de la nación sudamericana crecía al 2,7 % pero la administración macrista lo ha revertido y llevado a un decrecimiento de menos 3,1 % a la par que desde el pasado septiembre la economía entró en recesión.
Además, la sangría de reservas por las fugas de capitales que se sitúa en más de 80 000 millones de dólares durante este gobierno, representa la otra cara del endeudamiento en proceso de valorización financiera.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indican que la indigencia subió del 4,9 al 7,7 %, o sea, 1 100 000 más para alcanzar un total de 3 100 000 personas.
La pobreza aumento en el último año del 27,3 % al 35,4 % y pasó de 11 150 000 a 15 800 000 habitantes.
Mientras el peso argentino se cotiza a cerca de 60 por dólar (en el 2015 estaba en 16 por un billete verde), la cifra de inflación alcanza los 54,5 % y se espera que a fines de año esté en 60 %.
Las pequeñas y medianas empresas, conocidas por pymes, han caído en picada con miles de sus empleados echados a las calles. Entre 2015 y 2019 los costos de la energía eléctrica se incrementaron hasta 1 600 %, los de gas en 567 %, los de agua y cloacas en 686 %, pero también influye el aumento de las mercancías importadas que ha dejado a muchos empresarios en la imposibilidad de competir.
Los desafíos para el próximo equipo económico serán abrumadores. En una reciente entrevista, Alberto Fernández señaló que Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas pero aclaró que dada la deteriorada situación económica en que la ha dejado el macrismo, esta vez va a ser difícil pagarla y por tanto serán arduas las conversaciones con el FMI.
Agregó que “la economía se tiene que recuperar, volver a producir, volver a exportar y de ese modo tendrá dólares para hacer frente a sus obligaciones”.
Resulta fundamental restaurar la calidad de vida de los habitantes argentinos y avanzar en las demandas sociales insatisfechas que se han desplomado abruptamente en los últimos cuatro años.
Para tratar de contrarrestar en algo la grave crisis, el futuro gobierno del Frente de Todos espera otorgar un bono de fin de año para aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Esa medida alcanzaría a jubilados, trabajadores activos, titulares de la seguridad social, y sería una respuesta a la gran inflación que desde agosto no baja del 5 % mensual.
Mauricio Macri sale de la presidencia el próximo 10 de diciembre y lo hace con un abultado capital que algunas fuentes lo cifran en cerca de 100 millones de dólares, mientras que al grueso de los argentinos los deja en una de las más violentas crisis económicas que hayan padecido. Esas son las leyes del neoliberalismo.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Las elecciones en Uruguay y la situación latinoamericana

El domingo 24 se llevarán adelante las elecciones de ballotage en Uruguay. El favorito en las encuestas es el candidato opositor, Luis Lacalle Pou, miembro del Partido Nacional (Blanco). Frente a esta tendencia, el Frente Amplio, que gobernó el país durante tres periodos con amplio respaldo popular, se volcó a una campaña derechista y por una ‘transición ordenada’.

¿Recomposición de la derecha?

La derecha, tomada en su conjunto, logró levantar sus números electorales luego de décadas de ser relegada a un segundo puesto cómodo. Y, paradójicamente, ¡encabezada por Lacalle Pou, el hijo de uno de los presidentes más repudiados de Uruguay durante los 90s!
Sin embargo, mal que le pese a los dirigentes blancos y colorados, quienes se muestran cada vez más envalentonados por una posible victoria, su crecimiento no se debe a un renacer conservador en el ánimo popular, sino, principalmente, a los límites del Frente Amplio, en un contexto latinoamericano de alta volatilidad.
Los resultados de la primera vuelta son contundentes. Mientras que el Frente Amplio sale primero reteniendo parte de su votación (pero bajando) en Montevideo, se derrumba en las zonas rurales y las pequeñas ciudades. La crisis del agro uruguayo golpea especialmente, en los pequeños y medianos productores, otrora una base social del Frente Amplio. La caída de la exportación, discriminada por productos, da cuenta que la venta de lácteos bajó un 46% interanual. Las comercializaciones de ganado en pie, luego del cierre del mercado turco, pasaron de 32 millones de dólares a un volumen insignificante de 36 mil dólares (El Observador, 1/11). La caída de la demanda del Mercosur, que sigue concentrando una porción importante de las exportaciones uruguayas, ha asestado un golpe.
Mientras el oficialismo muestra cifras de crecimiento exultantes, motorizadas por la producción de las pasteras contaminantes y exenciones impositivas a empresas de bienes de consumo, hay un aumento de la desocupación, cuya media nacional trepa hasta el 9,5% con cierres y despidos. Este descontento ya había emergido antes de las elecciones, con la formación de movimientos de tinte conservador con base en el agro (Un Solo Uruguay). Los intentos del Frente Amplio por recomponer la situación, incluyendo el nombramiento de José “Pepe” Mujica como Ministro de Ganadería del futuro gobierno, no han logrado los resultados esperados.
En este cuadro, un lugar especial le corresponde a la votación hacia Cabildo Abierto, un partido recientemente constituido, encabezado por Guido Manini Ríos, un militar retirado que participó en la dictadura y fue nombrado Comandante en Jefe por el Frente Amplio. Con un discurso de salvación nacional y propuestas filobolsonaristas, logró cosechar más del 10% de los votos. Sin embargo, la confrontación, por el momento, se mantiene en el plano de las bravuconadas, sin que se hayan registrado agresiones fascistas de importancia contra la clase obrera o los movimientos de lucha.
Debemos ser claros: a pesar del apoyo de un sector importante de la población a la perdidosa propuesta plebiscitada de utilizar fuerzas militares para la seguridad interior, no puede hablarse de una traducción mecánica en un aval para una avanzada bolsonarista.
La burguesía uruguaya, en tanto y en cuanto pueda procesar un recambio ordenado en las urnas, sin tener que enfrentar aún un alza en las luchas, no quiere apelar a este recurso. La presencia de Manini y Cabildo Abierto se convertirá en una extorsión de la derecha tradicional contra la clase obrera, a quien le pedirá ayuda y colaboración para “contener” las pretensiones ultra nacionalistas. La tendencia bolsonarista debe ser fuertemente combatida y denunciada. Esta no se encuentra solamente en Cabildo Abierto, sino especialmente en el futuro gobierno encabezado por los blancos, que son quienes aplicarán la fuerza del orden (incluyendo las leyes anti terroristas aprobadas bajo el gobierno del Frente Amplio) para reprimir las luchas de la clase obrera.
En este escenario, la burguesía uruguaya ha hecho de la debilidad, virtud. De una votación que arroja un escenario fragmentado, en el cual ninguna de sus fracciones tendría mayoría, ha promovido un gobierno de coalición de todas las fuerzas de la derecha para lograr la victoria sobre el Frente Amplio. Esta coalición augura futuros choques, pero también acuerdos con un sector del Frente Amplio, en especial para poder pasar las leyes de reforma laboral que Lacalle Pou, sin mucho empacho, ya ha esbozado en campaña. Sus hostilidades hacia el candidato del FA, Daniel Martínez, tildándolo de tibio y cobarde, no son sólo una expresión de revanchismo, sino la voluntad de completar hasta el final el programa flexibilizador que el FA ha delineado en sus últimos años de gobierno, incluyendo la tendencia hacia un alineamiento mayor con Washington y la posibilidad de nuevas zonas francas y de libre comercio.

La responsabilidad del Frente Amplio

El Frente Amplio, lejos de impulsar la lucha contra la derecha tradicional, arribó al tramo final de la campaña con un calco de sus planteos: mayor seguridad, garantías empresariales, reforma de convenios colectivos, defensa de la institucionalidad. El FA, en caso de perder la elección, se prepara para ser una oposición ‘responsable’. Desarma a los trabajadores (y a sus propios militantes) de toda herramienta para dar la pelea contra un nuevo gobierno de blancos y colorados.
Consecuentemente, la derechización escaló al plano internacional. Los levantamientos de Chile y Ecuador, o la lucha contra el golpe en Bolivia, ocuparon un lugar genérico en la campaña, muy lejos de lo que correspondería a una fuerza política que se reivindica a sí misma como latinoamericanista. Mujica profundizó esta línea y hasta se ofreció como “mediador” en Bolivia, proponiendo sentarse en una mesa de diálogo con la presidenta autoproclamada Jeanine Añez. A diferencia del Papa Francisco, que fue explícitamente invocado por Evo Morales para ocupar ese rol, nadie convocó al Frente Amplio. El gesto de Mujica, puramente simbólico y contrario a la lucha por la derrota popular del golpe, debe ser leído como una ofrenda hacia el imperialismo, mostrando el lugar que aún puede ocupar el FA, y sus figuras, en la desarticulación de las rebeliones en América Latina.
El papel más lamentable fue el que jugó la burocracia de la central sindical PIT-CNT. En el último periodo, dejó pasar sin lucha las avanzadas patronales, incluyendo las perspectivas de convenio por empresa. El salario real, mal que les pese a los campeones de la distribución del ingreso, cayó a los niveles más bajos del gobierno del FA. La obsecuencia de la central, que hizo campaña por un voto cerrado a Daniel Martínez, repercutió negativamente en sus disputas internas, incluyendo algunas facciones -como Valeria Ripoll de municipales- que, intuyendo una caída electoral del FA, buscaron posar de independientes para preservar lo suyo.Mientras tanto, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, declaró a todos los medios su voluntad de reconocer al ganador y evitar abrir conflictos antes de tiempo.
En un acto de cinismo absoluto, el FA, que abandonó todo atisbo de confrontación con la derecha, agita el fantasma del neoliberalismo para intentar captar los votos izquierdistas o combativos. No lo hace, como en el pasado, con planteos sociales ni con un discurso progresista, sino victimizándose, es decir, pidiendo un voto vergonzante. La perspectiva de apoyo al “mal menor” debe ser rechazada de plano por los revolucionarios. Las cartas públicas editadas por sectores ligados al FA o las campañas sindicales reclamando su voto (¡incluso teniendo la caradurez de responsabilizar a la izquierda, que tiene un peso electoral marginal, por el avance de Lacalle Pou!) muestran una fuerza política que ha perdido la potencia del pasado, que ya no genera el mismo entusiasmo popular y que busca un chivo expiatorio para lavar culpas. La izquierda debe responder con iniciativas concretas, con la organización de las luchas y con la recuperación de las calles, todo lo cual estuvo ausente en la campaña del Frente Amplio. Con esta orientación, nos pronunciamos por el voto en blanco.
Más allá del resultado electoral de este domingo, se impone, para propios y ajenos, un balance del Frente Amplio. Los sectores del nacionalismo o del stalinismo seguramente plantearán que el problema fue no haber ido hacia una asimilación aún más profunda con las demandas capitalistas. Argumentarán que la compleja situación de América Latina y los distintos avances represivos cambiaron la correlación de fuerzas. Justificarán la entrega de conquistas obreras y posiciones con la preservación de la “ideología”, que será archivada en un cajón para tiempos mejores.
Por el contrario, la izquierda revolucionaria debe insistir en el balance esbozado por el Partido Obrero y otras fuerzas en ocasión del Foro de San Pablo: que sus integrantes, revestidos de un tamiz progresista de circunstancia, se preparaban para ser gobierno con el FMI. Que la subordinación a la burguesía bloquearía la transformación de las estructuras productivas de la nación. Que la crisis mundial, tarde o temprano, los llevaría a un acuerdo con la derecha. El Frente Amplio, el mayor exponente de este proceso, contrajo una deuda exorbitante con el FMI, primarizó la economía, incrementó el latifundio, no resolvió el problema del ingreso ni desarmó la estructura legal y represiva del Pacto del Club Naval de 1984, que selló una ‘transición democrática’ acordada con las fuerzas armadas.

El retroceso del PT, las tareas de la izquierda

Este nuevo escenario, en Uruguay y en América Latina, puso a prueba a la izquierda. La intervención del Partido de los trabajadores (PT), estuvo lejos de tener el impacto y la proyección en influencia política que supo conquistar en el pasado.
El análisis de los resultados electorales debería tener en cuenta que, quienes aceptaron acríticamente la posición de Altamira sobre el supuesto “derrumbe” electoral del Frente de Izquierda de Argentina, recibieron, ellos mismos, un revés peor. Su retroceso se expresa en el pasaje de la elección en 2014, con el 0,13% (3218 votos), a un 0,06% (1387 votos) en 2019.Lamentablemente, no conocemos balance alguno por parte del PT.
Sus publicaciones ya no reflejan la experiencia viva de la lucha de clases, sino que se han convertido en un mero repetidor del grupo rupturista de Jorge Altamira.
Lamentablemente, la dirección del PT boicoteó los compromisos establecidos con el PO argentino de una campaña común (actos en Buenos Aires y en Montevideo con el PO y el FIT) aprovechando que las elecciones se realizaron incluso en la misma fecha. Ni siquiera quisieron apoyar políticamente la presentación del FIT en las elecciones argentinas (a diferencia incluso de los grupos de izquierda que integraron sus listas). Boicoteó también la convocatoria acordada de llamar conjuntamente a una Conferencia Revolucionaria Latinoamericana.
Empujados a una marginalidad política-electoral, estamos frente a un retroceso político que impacta en la posibilidad de que el PT actúe como un partido de combate, reduciéndolo cada vez más a una secta propagandística en su peor versión: de ideas rupturistas y ajenas.
Es llamativo que un partido aún pequeño, con pocos (aunque valiosos) cuadros militantes, dedique ríos de tinta a justificar (con argumentos prestados) la política rupturista contra el Partido Obrero argentino, y ni un solo renglón a un balance del retroceso en las elecciones y en influencia política.
Ese desprecio, por la lucha político-electoral no es de revolucionarios. Un balance es esencial, para rearmar al PT uruguayo y poner en pie un fuerte partido militante y de combate en Uruguay.
La crisis latinoamericana terminará por poner un punto final a la ilusión -fabricada por la burguesía- de la apacible democracia uruguaya. Un partido revolucionario probado en las luchas será la condición para lograr la victoria para la clase obrera.

Luciano Arienti

viernes, noviembre 29, 2019

Theremin: el instrumento musical desarrollado por la URSS que fascinó a Lenin



Cerca de 1920, a poco del estallido de la Revolución Rusa, el científico ruso Lev Sergeyevich Termen, conocido como León Theremin, investigaba qué ocurría al acercar y alejar objetos a un campo electromagnético. Mientras experimentaba con ello creó un instrumento musical, que fue el precursor de la música electrónica.

En los tempranos 1920, a poco del estallido de la Revolución Rusa, el científico ruso Lev Sergeyevich Termen, conocido como León Theremin, se encontraba investigando qué ocurría al acercar y alejar objetos a un campo electromagnético. Mientras experimentaba con ello a pedido del gobierno ruso, en el proceso, creó un instrumento musical, que fue, nada más y nada menos, que el precursor de la música electrónica: era un instrumento que consistía en una caja de madera y sonaba con el movimiento de las manos aproximándolas a dos antenas, una horizontal y otra vertical, pero sin necesidad de tocarlo, como por arte de magia: el Theremin, como se lo llamó popularmente por el nombre de su inventor.
En 1922, el Kremlin convocó a una reunión a León Theremin para que presentara el revolucionario instrumento por lo que concurrió a una cita con el líder bolchevique: Vladimir Ilich Ullianov Lenin.
El dirigente ruso, que también tenía conocimientos musicales, fue introducido en el uso del Theremin y quedó fascinado con el invento por lo que decidió enviar por el mundo a León Theremin para que lo promocionara.
Entre los destinos de Theremin se encontraba Estados Unidos, donde la “publicidad” del invento musical en realidad era una fachada para encubrir su verdadera misión: el espionaje.
"Theremin también dirigía sus propias compañías, que eran pantallas para ocultar el espionaje industrial, y se reportaba con Amtorg, la corporación comercial soviética en Estados Unidos, otra pantalla para actividades de espionaje", explicó Lydia Kavina, sobrina nieta de Theremin, en una entrevista a la BBC.
La compañía norteamericana RCA compró los derechos del Theremin para fabricarlo masivamente, pero pese al éxito inicial, se produjo el crack del ‘29 y el precio del instrumento, que rondaba los 200 dólares, no era ya acequible para un contexto de esa magnitud. A lo que se sumaba que era un instrumento difícil de ejecutar, en manos inexpertas sólo producía chillidos y ruido.
En 1938, León Theremin, regresó a la Unión Soviética donde fue víctima de las purgas de Stalin: fue acusado de contrarrevolucionario y enviado a un Gulag (campo de concentración) en Siberia.
Cuando finalmente recuperó su libertad, alrededor de 1947, poco tiempo después ingresó al conservatorio de Moscú donde enseñó a utilizar el instrumento. A finales de los 80 Theremin realizó giras por Europa y EEUU junto a su nieta Natalia.
León Theremin falleció en 1993, pero su legado continuó en la historia de la música a través de The Beach Boys, Radiohead, Pink Floyd y Led Zeppelin, que utilizaron su instrumento, además de ser utilizado en bandas sonoras de películas de Alfred Hitchcock, capítulos de Los Simpson y hasta en The Big Bang Theory. El Theremín fue el precursor de la música electrónica.

Natalia Brezina

Pacto social: el modelo alemán y la maquinita



Desde que CFK hizo referencia al Pacto Social de 1973 en la presentación de su libro Sinceramente en la Rural, el tema se instaló en el debate público. Claro que la mención a José Ber Gelbard tiene más de liturgia que de realidad: las diferencias del contexto nacional e internacional son enormes; y además aquel esquema de “aumento por decreto, suspensión de paritarias y congelamiento de precios por dos años” terminó en el Rodrigazo y una irrupción obrera que dejó a la burguesía un trauma imborrable.
Aunque el nuevo intento de Pacto Social será uno de los ejes de los Fernández a pocos días del cambio de gobierno, “todavía hay muchos borradores y pocas estipulaciones concretas” (El Cronista, 25/11).

Con paritarias sin congelamiento

“Las correcciones salariales seguirán a las cláusulas gatillo vigentes y serán modificadas a partir de que vayan siendo renegociadas o a partir de las modificaciones de los convenios colectivos de trabajo”. En todo caso sólo se aplicarán “incrementos vía suma fija para los salarios más bajos”. Es decir una combinación de ajustes fijos (a cuenta) y paritarias. Esto lo dijo Héctor Daer, uno de los “cocineros” del acuerdo con las patronales –lo que está provocando tensiones muy fuertes con Hugo Moyano– y virtual vocero del futuro oficialismo.
Daer también confirmó que no habrá congelamiento de precios aunque “las empresas deberán sostener sus costos por volúmenes”. La “apuesta de Alberto Fernández” sería impulsar el consumo “poniendo plata en el bolsillo de la gente”. ¿Cómo? “Dándole a la maquinita”, como había adelantado otro Fernández (Roberto), el inefable dirigente de la UTA.
Según trascendió, los economistas del equipo de Fernández calculan que una expansión monetaria del 10% podría aumentar la demanda sin que la oferta responda subiendo los precios sino incrementando la producción (Infobae, 19/11). Para Daer, “en este año vamos a tener entre 50 y 60 puntos de inflación y no hubo emisión, así que margen para emitir dinero, hay. Por supuesto siempre con responsabilidad y en el marco de una política integral” (ídem, 25/11). No hace falta explicar que la apuesta es riesgosa.

Todos adentro

Consultado sobre la viabilidad de un Pacto Social hoy, Carlos Leyba - uno de los colaboradores de Gelbard - decía que una las claves de cualquier acuerdo es la representatividad de los negociadores. “Con un nivel de informalidad laboral de casi el 45% -se preguntaba- ¿a quién representa la CGT?”.
Esto explica la obsesión oficial por meter en el operativo de reunificación no solo a todas las fracciones de la burocracia sindical sino también “a las organizaciones sociales, con las cuales Daer tiene línea directa y, en el caso del triunvirato Vaticano, una excelente relación” (BAE, 25/11).
A diferencia de Hugo Yasky de la CTA, los líderes del Triunvirato fueron parte del plenario de secretarios generales que contó con la presencia de Alberto Fernández y, en los próximos días, se presentará en el mismo salón Felipe Vallese la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que cuenta con inscripción sindical desde 2015 y donde confluyen la CTEP, CCC y Barrios de Pie-Somos.
Será, sentenció Daer, un paso fundamental “rumbo a la institucionalidad que merecen nuestros compañeros de las organizaciones sociales, por una articulación más orgánica dentro de la CGT” (ídem).

El modelo alemán

El Pacto Social ya fue el eje de la campaña electoral de CFK en 2007, aunque lo archivó antes de asumir. Luego intentó reflotarlo en 2009. Esos antecedentes brindan pistas sobre lo que se viene. Tanto CFK como Carlos Tomada (por entonces ministro de Trabajo) elogiaron mucho el Pacto Social vigente en Alemania desde los 2000, en el que “los sindicatos promueven una política salarial respetuosa de la estabilidad de la moneda” y “el acople de los salarios al aumento de la productividad”.
También se impusieron un conjunto de reformas - reformas Hartz – basadas en “el aumento de la eficiencia de los servicios de empleo, políticas de activación de los desempleados y desregularización del mercado laboral”.
Ese paquete incluyó “la reducción de jornada, pactada y temporal” y los llamados “minijobs”: trabajos con salarios bajísimos (450 euros) y una “cobertura de desempleo y de seguridad social mínimas”. En el 2015 el 15 % de la población alemana subsistía con ingresos menores a dos tercios del salario promedio. Esto explica la extensión de los “working poors”, es decir, los trabajadores pobres.
La “subsidiarización” de “personas empleadas con contratos minijob” implica “un nuevo modelo de relaciones contractuales” y “una suerte de subvención secundaria mediante la cual el Estado financia la reactivación de la acumulación capitalista en un contexto de crisis de rentabilidad”.
El Pacto Social que están cocinando es un recurso para institucionalizar la precarización y maniatar a los trabajadores.

Miguel Bravetti

Luis Lacalle Pou: quién es el derechista elegido presidente de Uruguay



Hijo del expresidente que aplicó medidas neoliberales en los 90, Lacalle Pou anunció en su campaña que buscará llevar adelante un plan de ajuste.

En el mediodía de este jueves se confirmó el triunfo de la derecha neoliberal que asumirá el gobierno de Uruguay, después de 15 años de gestiones del Frente Amplio.
El dirigente de ese partido y candidato presidencial, Daniel Martínez, reconoció el triunfo de candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que será el próximo presidente de Uruguay.
Miembro del Partido Nacional (blanco), Luis Lacalle Pou tiene actualmente 46 años. A los 24 años decidió seguir los pasos de su padre y de su madre: el exmandatario Luis Alberto Lacalle, que gobernó desde 1990 a 1995 aplicando abiertamente las políticas neoliberales en el país, y la exsenadora Julia Pou.
El electo presidente uruguayo recorrió buena parte de su carrera política bajo la sombra de su padre, especialmente varias denuncias corrupción contra jerarcas blancos e incluso contra el propio Lacalle y su esposa. Una de las más significativas estuvo relacionada con la venta del Banco Pan de Azúcar. "La embestida la vivimos como familia, unidos, sabedores de que nunca habíamos tenido una conducta desviada", trataba de responder a esas denuncias Luis Lacalle Pou en el libro “Un rebelde camino a la presidencia”.
En febrero de 2002 asumió su banca en Diputados dando comienzo a su carrera. Fue reelecto en la cámara baja hasta 2015, cuando se instaló en el Senado hasta que renunció para dedicarse a esta campaña. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio no votó ninguna de las leyes de la agenda de derechos sociales como el aborto legal, el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis, la ley de jornada laboral del peón rural, la ley para empleadas domésticas o la ley integral para personas trans.
Se autodefine como muy creyente y contrario al aborto. "Voté en contra todas las veces y creo que hay que trabajar para que no se produzcan más abortos", afirmó Lacalle Pou en una entrevista con la agencia EFE, repitiendo el típico discurso antiderechos.
Ante la sorpresa de muchos, en las elecciones internas de 2014 venció al precandidato favorito, Jorge Larrañaga, y se presentó como el candidato al Partido Nacional en los comicios. Pese a perder en esa ocasión frente al ahora expresidente Tabaré Vázquez -que lo venció sin problemas en segunda vuelta y llegó a su segundo mandato (2015-2020)- Lacalle Pou insistió en volver a presentarse como la alternativa de cambio.
Finalmente, se confirmó su triunfo: en una primera revisión de los votos observados en los 13 departamentos, el conservador sumó 3090 nuevos sufragios. Martínez, del Frente Amplio, necesitaba al menos el 90% de los votos observados, pero eso no sucedió: alcanzó apenas 1137, luego de una ajustada elección donde, a pesar de la derrota, el Frente Amplio logró una importante "remontada" aprovechando el malestar de un importante sector de la población con las declaraciones de apoyo y los mensajes de sectores militares a la candidatura derechista.
En su programa de gobierno, Lacalle Pou plantea reducir el gasto del Estado para superar el déficit fiscal de 4,9% del PIB que arrastra el país. Entre otras medidas criticadas por el oficialismo, propone reducir la reposición de vacantes en el sector público para bajar erogaciones.
Luego de una campaña conservadora donde disputó con Lacalle el eje de "seguridad", Martínez intentó captar en estos últimos días los votos de indecisos alertando del ajuste que implementará el Partido Nacional si ganaba la presidencia.
Una etapa de transición se abre en Uruguay, por lo menos hasta el 1° de marzo de 2020, día en que asumirá el nuevo mandatario.

LID
Viernes 29 de noviembre | 00:30

La Iglesia ante las crisis y rebeliones de Latinoamérica



Golpismo, desmovilización, pedofilia y cruzada antiaborto

El signo de esta época en la región es la reacción de las masas de gran parte de América Latina en franco choque con las políticas fondomonetaristas impulsadas por el imperialismo.

El reforzamiento clerical en América Latina es un auxiliar clave para los planes de ajuste. Se desarrolló por un largo periodo de la mano de los gobiernos del eje bolivariano, que no sólo empoderaron a la Iglesia católica sino también a la evangélica. En la Argentina pasó del “cuidemos a Cristina” al “cuidemos a Macri” aportando al “hay 2019” mientras se descargaba la crisis capitalista sobre las masas.
En declaraciones hechas en Roma a su arribo el pasado 26 de un viaje a Japón, el papa Francisco afirmó: “La situación actual en América Latina se parece a la de 1974-1980, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay con (Alfredo) Stroessner, y creo también Bolivia (...). Una situación en llamas, pero no sé si es un problema que se le parece o es otro. Realmente no puedo hacer el análisis de eso en este momento”. Evitó dar definiciones concretas sobre Bolivia, donde el golpe imperialista es apoyado enteramente por la delegación oficial del Vaticano en el país. Más allá de las “preocupaciones” ventiladas, la Iglesia se concentra en el servicio elemental que brinda al poder: desmovilizar a las masas que ponen en jaque a los gobiernos fondomonetaristas.
Las bases de apoyo de los emprendimientos más reaccionarios de la región se construyeron con años de concesiones de los llamados gobiernos populistas. Dilma Rousseff otorgó un ministerio a los evangelistas reaccionarios que hoy son la base de apoyo de Bolsonaro. El kirchnerismo en el poder otorgó a los sectores clericales la última palabra en el cierre de la Ley de Educación Sexual de 2006 que viabilizó la no aplicación de una ley demandada ampliamente por nuestra juventud. Tiempo después, Cristina Kirchner designó a ministros clericales y otorgó a la iglesia la última palabra sobre el Código Civil y Comercial, sobre el comienzo de la vida humana, la subrogancia de vientres, el estatus jurídico de la Iglesia y otros artículos del código. El poder clerical está inserto en todos los poros de la sociedad a pesar de años de discursos anticolonizadores.
La fuerza de la ola verde en nuestro país condiciona al gobierno de Alberto Fernández y le ha provocado su primer entredicho con el ala “populista” del clero. Entre las partes de la interna vaticana, de un lado representada por el ex obispo de La Plata, Héctor Aguer y del otro por el actual obispo designado por Francisco, Víctor “Tucho” Fernández, no hay grietas en materia de demonización del aborto, condena a la homosexualidad, complicidad con los planes de ajuste y relación de la iglesia con el Estado. Entre Aguer y “Tucho” Fernández no hay grietas tampoco en la defensa del ex confesor del violador Grassi, el cura de Gonnet, Eduardo Lorenzo, acusado él mismo de abusos y violaciones a niños.
En nuestro país son reconocidas las conductas protectoras de curas pederastas por parte del papa peronista. Las víctimas de Grassi y sus abogados saben de la pasión cristiana puesta por Jorge Bergoglio para defender al cura violador de niños, al encargar al penalista Marcelo Sancinetti cuatro tomos de un libro que sostiene la inocencia del cura. Hasta el día de hoy, cuando ya obtuvo sentencia firme de la Corte Suprema, Grassi mantiene su estado sacerdotal y lo mismo ocurrirá con los curas del Próvolo que ya contaron con 40 años de protección desde el Vaticano. El principal condenado fue trasladado por el Vaticano extendiendo a escala internacional sus prácticas horrorosas de abuso a los hipoacúsicos.
El camino del avance hacia una ley sobre el aborto, que Fernández ya anunció que no será el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se pavimenta con ofrendas de todo tipo para vencer la resistencia clerical, por un lado, y por el otro, estará sujeto al escrutinio de un movimiento que ha dejado la vara alta en su lucha callejera y en su debate al respecto de qué ley se necesita. El movimiento de mujeres deberá custodiar sus avances y conquistas no delegando el reclamo del aborto legal, sino defendiéndolo en las calles. Movilizadas no sólo arrancaremos una ley, sino que desde allí podremos enfrentar a quienes se oponen a cualquier avance en este terreno.

Golpismo de corte clerical

En Bolivia el golpe de Estado imperialista es enfrentado por trabajadores, indígenas, cholas y jóvenes, incluso a pesar de la actitud capituladora del MAS que concretó un pacto este fin de semana que pone de rodillas al pueblo frente a los golpistas. El carácter clerical y militar del mismo estuvo presente desde el primer momento. En el diario Perfil se pasa revista sobre la iglesia señalando que “la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) respaldó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció irregularidades en las últimas elecciones. Luego de la renuncia de Morales, la CEB firmó una declaración que afirmaba que ‘lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado’... Finalmente, la CEB mandó representantes a la proclamación de Añez”. La CEB actúa en un frente común con un ala del evangelismo financiada desde Estados Unidos. Francisco, con su silencio, avala la colaboración de la iglesia local con el golpe yanqui.
Daniel Ortega en Nicaragua transitó 15 años de alianza con la Iglesia local y ese amorío recién se habría terminado durante las manifestaciones del año pasado contra el mandatario sandinista. Las huellas de aquella alianza se plasmaron en un retroceso en materia de derechos legales de las mujeres y niñas eliminando en 2006 la única forma no penalizada de aborto que existía. Rafael Correa, a su turno, amenazó con despedir a dos de sus asambleístas por intentar tratar un moderado proyecto para despenalizar el aborto en Ecuador y hoy mira desde el exilio el auxilio político de la iglesia hacia Lenin Moreno. Los principios sobre los cuales se construyen ambas alas de la Iglesia, la “populista” y la “neoliberal”, son los mismos: la custodia de los intereses capitalistas de los que forman parte como institución religiosa y como Estado.
La Iglesia chilena está atravesada también por una profunda crisis abierta por los testimonios de seminaristas y fieles de la iglesia abusados a través de los años. Hasta llegar al pedido de renuncia de hace unos meses de los 34 obispos que componen la cúpula clerical chilena, el Papa intentó por todos los medios silenciar las denuncias. En su visita de 2018 a Chile fue recibido por una manifestación masiva de repudio a su presencia como protector de curas pederastas. Sólo después de esto modificó su estrategia en el país trasandino, pidió la renuncia a los obispos, aceptó el 25% de ellas pero, aunque lo intentó, no logró frenar las 219 causas que se acumulan en la Justicia chilena.
La designación de Bergoglio es el fruto de que los sucesivos papados desde 2002, no lograron cerrar o silenciar la crisis de las denuncias por pedofilia. De las denuncias que encabezaron víctimas en la ciudad de Boston en Estados Unidos, se pasó luego a las denuncias en Europa como así también en América Latina con Chile y México a la cabeza. El terreno elegido por Bergoglio para desenvolver su papado ha sido el de la protección a los pederastas, dejando ni más ni menos que la defensa de las millonarias finanzas del Estado Vaticano en manos de uno de ellos, denunciado desde 1997, el cardenal George Pell, recientemente condenado en la Justicia australiana.
La política reaccionaria en América Latina, que asume en Bolivia la forma de un golpe, tiene como basamento el combate a “la ideología de género”, la discriminación, el desprecio por los pueblos indígenas -uno de los principales obstáculos para el asalto definitivo a los recursos naturales de la región-, la xenofobia contra los migrantes. Una estructura doctrinaria al servicio de doblegar a toda la clase trabajadora, sumergirla en la más absoluta precarización laboral y a partir de estos ataques, proceder a beneficiar al imperialismo en medio de la crisis capitalista en curso.
La lucha por la separación de la Iglesia del Estado que el movimiento de mujeres y la juventud llevaron a las calles es una herramienta fundamental de lucha contra las incursiones golpistas norteamericanas en la región, que nuevamente encuentran en el clero a uno de sus principales pilares.

Vanina Biasi

¡Nos quitaron hasta el miedo!

Los colombianos están removiendo las barreras del silencio. Desde el pasado 21 de noviembre, millones de ciudadanos, se volcaron a las calles y plazas de todo el país, convirtiéndolas en trincheras de inconformidad y rechazo a las actuales políticas del gobierno neoliberal de Duque. Un rotundo grito se escucha hoy en Colombia: ¡Ya no tenemos miedo!
Semanas antes del 21N el Gobierno Duque, emprendió una política de zozobra mediática y pánico social. Miles de uniformados patrullaron las calles, allanaron viviendas y detuvieron artistas, docentes y estudiantes, con el fin de mantener la mordaza en la boca de los inconformes. Pero la realidad estaba cargada: el asesinato de líderes sociales, el bombardeo militar a 18 niños, el regreso de los falsos positivos, la imposición de políticas antipopulares, etc., sobrepasó el límite de la inercia; llegó la hora cero y el pueblo se lanzó multitudinariamente a las calles de Colombia; Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Tunja, Pasto, Barranquilla, Cúcuta, Riohacha, Manizales, Ibagué, e incluso municipios tan olvidados por el Estado como Uribía en La Guajira.
El 21N triunfó la dignidad, ni la lluvia, ni los gases, ni la manipulación psicológica, detuvo la fuerza del descontento social. Millones marcharon, y sólo fue el comienzo, ya que el Paro Nacional se mantiene. Como dijera Estela Hernández, indígena de Mexquititlan, en México: “En pie de lucha por nuestra patria, por la vida y por la humanidad. Hasta que la dignidad se haga costumbre".
El Paro Nacional continúa, y se fortalece con cada hecho de violencia, perpetrado contra los colombianos. Mientras la sociedad marcha y protesta pacíficamente, el Estado reprime: las Fuerzas Militares intimidan - ultrajan, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) asesina.
Los hechos en los que el joven Dylan Cruz, víctima reciente del Estado policial, que el día 23N quedó en estado de muerte cerebral, a causa del ataque de un agente del ESMAD, quien le disparó una bomba recalzada directo a la cabeza; han enardecido aún más al pueblo en las calles, convirtiéndose en una nueva y punzante razón para continuar.
Ante el país y el mundo ha quedado evidenciado, el tratamiento de guerra que el Estado colombiano da la protesta social; abundante material audiovisual, testifica que son las fuerzas policiales quienes organizan y desatan el vandalismo, a través de sus agentes infiltrados en las manifestaciones, o con provocadores pagos por la misma fuerza pública, con el fin de generar caos y así justificar la represión. Es curioso que en los departamentos donde el ESMAD no hizo presencia, no se hayan producido disturbios; aun así, el presidente Duque le aseguró este 23 de noviembre a la BBC que: “Rechazamos contundentemente las versiones que tratan de insinuar que es la Fuerza Pública la que promueve el vandalismo", nadie lo insinúa señor Duque, está demostrado.
Los colombianos ya no tienen miedo. Colombianas y colombianos de todas las edades, exigen hoy, un cambio inmediato, se oponen a las políticas económicas neoliberales, a la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual ha generado miles de crímenes de Estado, millones de desplazados, millares de desaparecidos y torturados, más de 3 mil masacres…
El Paro Nacional que inició el 21N, y que hoy se extiende a su quinto día, es la expresión de la furia de un pueblo que lleva muchos años silenciada y amenazada. Este Paro Nacional, ha generado nuevas formas de protesta y lucha, construyendo y fortaleciendo significativos lazos de solidaridad y apoyo entre el pueblo. Este se ha reconocido, se ha escuchado y ya no olvidará que ha luchado unido.
La unidad e integración de los pueblos también debe darse al interior de la patria, una que necesita ser reinventada por las mismas comunidades, expulsando a quienes han usurpado la soberanía y la dignidad por más de 200 años.
El pueblo colombiano se reconoce en las luchas de Nuestra América: Chile, Ecuador, Bolivia (contra la dictadura de Añez), Haití, y del mundo entero: Palestina, Yemen, Grecia, etc., que están en pie de lucha contra el imperialismo.
El pueblo colombiano se ha puesto de pie muchas veces, ha visto varias generaciones desaparecer bajo la bala criminal del Estado. Tal como se escucha en las calles por estos días, “somos el pueblo al que le han quitado todo, incluso el miedo”. Este pueblo es consciente que no tiene nada que perder, pues ya casi todo le ha sido arrebatado, menos el ímpetu para construir la Nueva Colombia.

Violeta Guetnamova

¡Basta ya de mentiras sobre Julian Assange!



Protesta de los seguidores de Assange frente al Tribunal de la Magistratura en Westminster, Londres, 21 octubre 2019

Los periódicos y otros medios de Estados Unidos y Gran Bretaña han declarado recientemente su pasión por la libertad de expresión, especialmente por su derecho a publicar libremente. Se debe a que están preocupados por el “efecto Assange”.
Es como si la lucha de los que dicen la verdad, como Julian Assange y Chelsea Manning, representara ahora una advertencia para ellos: que los matones que sacaron a Assange de la embajada ecuatoriana en abril pueden venir algún día a por ellos.
The Guardian se hizo eco de un estribillo común la semana pasada. La extradición de Assange, decía el periódico, “no es una cuestión sobre lo inteligente que puede ser el Sr. Assange, y menos aún sobre lo agradable que puede resultar. No se trata de su carácter, ni de sus opiniones. Tiene que ver con la libertad de prensa y con el derecho del público a saber”.
Lo que The Guardian está tratando de hacer es separar a Assange de sus logros fundamentales, logros de los que se ha beneficiado The Guardian a la vez que han expuesto su propia vulnerabilidad, junto con su tendencia a halagar al poder rapaz y difamar a quienes revelan sus dobles raseros.
El veneno que ha estado alimentando la persecución de Julian Assange no resulta tan obvio en ese editorial como suele serlo; no hay ficción en la que Assange manche de heces las paredes de la embajada o se porte de forma horrible con su gato.
En cambio, las engañosas referencias al “carácter”, “juicio” y “simpatía” perpetúan una mancha épica que tiene ya casi una década. Nils Melzer, Relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, utilizó una descripción más adecuada. “Ha habido”, escribió, "una campaña implacable y sin restricciones de acoso público”. Explica el acoso como “una corriente interminable de declaraciones humillantes, degradantes y amenazantes en la prensa”. Esta “escarnio colectivo” equivale a tortura y podría conducir a la muerte de Assange.
Al haber presenciado gran parte de lo que Melzer describe, puedo dar fe de la verdad de sus palabras. Si Julian Assange sucumbiera a las crueldades acumuladas sobre él, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, como advierten los médicos, periódicos como The Guardian tendrían que compartir esa responsabilidad.
Hace unos días, un tipo del Sydney Morning Herald en Londres, Nick Miller, escribió un artículo descuidado y engañoso titulado: “No se ha absuelto a Assange, simplemente se ha burlado a la justicia”. Se refería al abandono de Suecia de la supuesta investigación sobre Assange.
El informe de Miller no es atípico por sus omisiones y distorsiones, aunque se hace pasar por una tribuna de los derechos de la mujer. No hay un trabajo original, no hay una investigación real: solo calumnias.
No hay nada sobre el comportamiento documentado de un grupo de fanáticos suecos que se apropiaron de las “acusaciones” de conducta sexual inapropiada contra Assange y se burlaron de la ley sueca y de la tan cacareada decencia de esa sociedad.
No menciona que, en 2013, la fiscal sueca intentó abandonar el caso y envió un correo electrónico al Servicio de la Fiscalía de la Corona (SFC) en Londres para decirle que ya no iba a tratar de conseguir una orden de detención europea, a lo que recibió la respuesta: “¡No te atrevas!” [Mi agradeciniento a Stefania Maurizi de La Repubblica.]
Otros correos electrónicos muestran que el SFC desanimó a los suecos de ir a Londres para entrevistar a Assange, algo que era una práctica común, bloqueando así el progreso que podría haberle liberado en 2011.
Nunca hubo acusación. Nunca hubo cargos. Nunca hubo un intento serio de imputar “acusaciones” a Assange ni de interrogarle, comportamiento que el Tribunal de Apelaciones sueco dictaminó como negligente y que el Secretario General del Colegio de Abogados de Suecia ha venido condenando desde entonces.
Las dos mujeres involucradas dijeron que no hubo violación. Hay importantes evidencias escritas de que sus mensajes de texto les fueron intencionadamente escamoteados a los abogados de Assange porque socavaban claramente las “acusaciones”.
Una de las mujeres estaba tan sorprendida de que Assange fuera arrestado, que acusó a la policía de haberla presionado y de cambiar su declaración como testigo. La fiscal principal, Eva Finne, desestimó cualquier “sospecha de delito”.
El hombre del Sydney Morning Herald omite que un político ambicioso y comprometido, Claes Borgstrom, apareció por detrás de la fachada liberal de la política sueca y se apoderó y reavivó el caso.
Borgstrom reclutó a una antigua colaboradora política, Marianne Ny, como la nueva fiscal. Ny se negó a garantizar que Assange no acabara siendo enviado a Estados Unidos en caso de ser extraditado a Suecia, aunque, como informó The Independent: “ya se han celebrado conversaciones informales entre funcionarios estadounidenses y suecos sobre la posibilidad de que el fundador de WikiLeaks Julian Assange sea puesto bajo custodia estadounidense, según fuentes diplomáticas”. Esto era un secreto a voces en Estocolmo. Que la Suecia libertaria tenga un pasado oscuro y documentado de dejar a las personas en manos de la CIA no fue noticia.
El silencio se rompió en 2016 cuando el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, un organismo que decide si los gobiernos cumplen sus obligaciones respecto a los derechos humanos, dictaminó que Julian Assange había sido detenido ilegalmente por Gran Bretaña y pidió al Gobierno británico que le dejara libre.
Tanto los Gobiernos de Gran Bretaña como Suecia habían participado en la investigación de la ONU y acordaron respetar su fallo, que tenía el peso del derecho internacional. Pero el secretario de Asuntos Exteriores británico, Philip Hammond, se puso de pie en el Parlamento e injurió al panel de la ONU.
El caso sueco fue un fraude desde el momento en que la policía contactó secreta e ilegalmente con un periódico sensacionalista de Estocolmo y desató la histeria que iba a devorar a Assange. Las revelaciones de WikiLeaks de los crímenes de guerra de Estados Unidos habían avergonzado a esos siervos del poder, con sus intereses creados, que se hacían llamar periodistas; y por esto, nunca se iba a perdonar al insociable Assange.
La veda estaba abierta. Los torturadores mediáticos de Assange cortaron y pegaron las mentiras y el abuso insultante de cada uno. “Es realmente uno de los mojones más masivos”, escribió la columnista de The Guardian, Suzanne Moore. El juicio común a que se llegó fue que había sido acusado, lo cual nunca fue cierto. En mi carrera, en la que he informado desde lugares que registraban agitación extrema, sufrimiento y criminalidad, nunca he visto algo así.
En la tierra natal de Assange, Australia, fue donde este “acoso” alcanzó su apogeo. El Gobierno australiano estaba tan ansioso por entregar a su ciudadano a Estados Unidos que en 2013 la primera ministra, Julia Gillard, quiso quitarle su pasaporte y acusarle de un delito, hasta que se le señaló que Assange no había cometido ninguno y que no tenía derecho a quitarle su ciudadanía.
Según la página web Honest History, Julia Gillard ostenta el récord del discurso más adulador que se haya hecho nunca ante el Congreso de Estados Unidos. Australia, dijo ante los aplausos, era la “gran compañera” de Estados Unidos. La gran compañera coludió con Estados Unidos en su persecución de un australiano cuyo crimen era el periodismo, denegándole su derecho a la protección y asistencia adecuada
Cuando el abogado de Assange, Gareth Peirce, y yo nos encontramos con dos funcionarios consulares australianos en Londres, nos sorprendió que todo lo que sabían sobre el caso “es lo que leemos en los periódicos”.
Este abandono por parte de Australia fue una de las principales razones para que Ecuador le concediera asilo político. Como australiano, esta situación me pareció especialmente vergonzosa.
Cuando se le preguntó recientemente acerca de Assange, el actual primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo: “Debería afrontar las consecuencias”. Este tipo de matones, desprovistos de cualquier respeto por la verdad y los derechos, los principios y la ley, es la razón por la cual la prensa en su mayoría controlada por Murdoch en Australia está ahora preocupada por su propio futuro, ya que The Guardian está preocupado y The New York Times está preocupado. Toda esta preocupación tiene un nombre: “el precedente de Assange”.
Saben que lo que le sucede a Assange les puede pasar a ellos. Los derechos básicos y la justicia que se le niegan a él se les pueden negar también a ellos. Han sido advertidos. Todos nosotros hemos sido advertidos.
Cada vez que veo a Julian en el mundo sombrío y surrealista de la prisión de Belmarsh, recuerdo la responsabilidad de todos aquellos que le defendemos. Hay principios universales en juego en este caso. Él mismo suele decir: “No se trata de mí. Es algo mucho más amplio”.
Pero en el corazón de esta notable lucha -porque es, sobre todo, una lucha- está un ser humano cuyo carácter, repito carácter, ha demostrado el coraje más asombroso. Le saludo.

John Pilger
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

(Versión editada de un discurso que John Pilger ofreció en el lanzamiento en Londres del libro “In Defense of Julian Assange”, una antología publicada por Or Books, Nueva York.)

John Pilger, periodista de origen australiano y renombre internacional, ha ganado más de 20 premios por su labor periodística.

jueves, noviembre 28, 2019

Duhalde merece la cárcel, no el bronce



Alberto Fernández pidió un “monumento al bombero” para el responsable de la Masacre de Avellaneda y megadevaluador.

Alberto Fernández se propuso darle a la visita que recibió de Eduardo Duhalde un contenido político preciso. A la salida de la misma, sostuvo en un tuit que al ex presidente deberían hacerle un “monumento al bombero (…) porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer”. Una reivindicación categórica de su breve mandato, durante el cual tuvo lugar la represión criminal al Puente Pueyrredón en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Por su parte, el propio Duhalde realizó luego declaraciones a los medios en las que sostuvo que Cristina Kirchner jugará un papel subordinado en el nuevo gobierno. Todo sugiere que Alberto Fernández -que viene de sumar al hijo de Roberto Lavagna como funcionario- busca hacerse de una base propia en el PJ tradicional.
Además, el ex presidente afirmó que la deuda no sería un problema porque “sabemos que no podemos pagar y lo saben también los acreedores”. “El problema es lo que producimos”, planteó, para argumentar que Fernández encabezará un gobierno centrado “en el trabajo y la producción”.
Fuera de los dardos contra CFK -sugestivos, sin embargo-, la presentación de su breve gestión como la de una salida a la crisis en base a un desarrollo productivo del país es una estafa. En realidad, su gobierno fue el de la megadevaluación que marcó la salida de la convertibilidad, lo que generó condiciones favorables para las exportadoras, lo que luego empalmaría con un récord histórico de los precios internacionales de las materias primas. Esos ingresos extraordinarios, de todas maneras, no sirvieron para industrializar al país sino para financiar la fuga de capitales y el pago de la deuda, que solo durante el 2002 (año en que Duhalde fue presidente) rondó los 21.500 millones de dólares, nada menos que el 22% del PBI. El boom exportador de los años siguientes no mejoró la situación “productiva” del trabajo, ya que un tercio de la fuerza laboral fue sumida en la precariedad, ni para dar paso al desarrollo de una pujante burguesía nacional, como se propuso Néstor Kirchner al asumir el gobierno en 2003.
Pero su verdadera función, quizás, haya asomado cuando afirmó que no ve a Mauricio Macri liderando a la oposición y se esforzó en diferenciar al presidente saliente de Horacio Rodríguez Larreta y la UCR, es decir que apostará por fracturar a la oposición para reunir un sector más proclive al “consenso” que, destaca, será fundamental en la etapa que se viene. Hizo particular hincapié en celebrar la noticia de que Alberto Fernández presentará un proyecto de ley para crear un Consejo Económico y Social, con el objetivo de que sea presidido por Roberto Lavagna. Duhalde aparece así como un vehículo para reunir adeptos entre la derecha argentina.
En esa dirección apuntan los halagos de Fernández a quien es el máximo responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán. Ese hecho, que sacudió al país y obligó a Duhalde a convocar elecciones anticipadas, constituyó el intento más crudo de poner fin al movimiento piquetero y a la lucha popular a fuerza de balas de plomo. La reivindicación de su rol de “bombero” adelanta que el presidente electo ya abre el paraguas ante la situación inflamable en que deberá ocupar la Casa Rosada, con una crisis social rampante y un movimiento obrero con reservas de lucha.
La fuerza bruta es el correlato necesario de los pactos sociales, sea la Mesa del Diálogo de Duhalde o un Consejo Económico y Social para institucionalizar la subordinación de la CGT, la CTA y el Triunvirato Cayetano. Es una advertencia a los luchadores, y un mal trago para los izquierdistas o progresistas que siguen dentro del Frente de Todos, que ya estaban digiriendo la nominación a la Cancillería del otro principal responsable político de la Masacre de Avellaneda, Felipe Solá, entonces gobernador bonaerense.
Por lo demás, la preocupación por “la producción y el trabajo” es cierta, en la medida en que entendamos ello como la centralidad que adjudica Fernández a la flexibilización de los convenios, empezando por las más importantes concentraciones económicas como Vaca Muerta, la megaminería o el complejo ensamblador de Tierra del Fuego. El “esfuerzo” que le reclamarán a los trabajadores en pos de una reactivación productiva del país tiene como objetivo primario no la industrialización del país, sino la recaudación de los dólares que hacen falta para pagar al FMI y los usureros internacionales, que se encuentran comprando bonos argentinos a precio de remate
Para Duhalde no queremos estatuas de bronce, queremos la cárcel común. Ningún pacto con los verdugos del movimiento obrero y de los luchadores; los trabajadores debemos prepararnos para la defensa de nuestros reclamos contra este renovado intento de hacernos pagar la crisis.

Iván Hirsch

José Daniel Ferrer, preso en Cuba: ¿agresor o mercenario?



Apoyar la guerra económica de una potencia extranjera, en cualquier país del mundo, es un delito duramente penado. Pero no. José Daniel Ferrer no fue detenido por esa razón. Lo fue por el secuestro y las lesiones causadas por una paliza, el 20 de septiembre, al ciudadano cubano Sergio García, denunciante de los hechos.

"Fidel Castro, un hombre de gran sonrisa y muy distinto a los líderes soviéticos"



Entrevista con Gueorgui Petrov, participante en la Crisis del Caribe

El 27 de octubre 1962 fue uno de los días más tensos durante la Crisis del Caribe, el momento en el que el mundo estuvo más cerca de una tercera guerra mundial. En Entrevista, de RT, Gueorgui Petrov, uno de los soldados soviéticos que estaban en Cuba entonces, revela por qué no tuvo miedo esa noche, por qué Kennedy decidió ignorar el derribo de un U-2 por los soviéticos y quién venció en esa crisis. También cuenta de qué hablaba con Fidel Castro y por qué le gustaría quedarse en Cuba.

Chile: después del paro nacional



El lunes se inició, en Chile, un paro sectorial protagonizado por portuarios y sectores de la Salud. El paro se hizo general el martes, cuando se sumaron profesores, trabajadores de la educación y del sector público, además del movimiento contra el sistema previsional (NO+AFP), y se extendió hasta el miércoles. El paro de los portuarios, un sector de vanguardia del movimiento obrero chileno, fue general, a tal punto que puso en jaque las exportaciones. En el norte chileno pararon algunos sectores de la industria, pero el gran ausente fue el proletariado minero, que a diferencia del gran paro del 12 de noviembre no se sumó a la medida. La jornada del martes, contó con una movilización de 50 mil trabajadores por el centro de Santiago y movilizaciones en todo el país, y por la noche tuvo lugar un cacerolazo, con eje en la denuncia de la represión.
La dirección de la Unidad Social, que se encuentra alineada políticamente con el Partido Comunista y el Frente Amplio, se encargó de demorar la convocatoria a este nuevo paro nacional y se ha mantenido firme en su rechazo a la pelea por echar a Piñera, que es el grito de las masas en lucha desde hace más de 40 días. El contenido que el bloque sindical de la Unidad Social le imprimió al paro general fue un pliego de reivindicaciones sindicales, entre los que se incluye la petición de salarios y pensiones mínimas de 500 mil pesos chilenos, el reconocimiento de la negociación colectiva por rama y el respeto al derecho a huelga, entre otras cosas. Y el fin de la represión y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, más “democrática y representativa” de la que se está ‘cocinando’ entre los partidos tradicionales.

Ofensiva represiva

A la par que se preparaba y se desarrollaba el paro nacional, en el curso de la última semana aparecieron dos denuncias de organismos internacionales señalando la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas chilenas. Un informe de Amnistía Internacional, conocido el jueves 19, en donde se denuncia que “la intención de las fuerzas de seguridad es dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y la violencia sexual”, desató un día de furia que se extendió hasta la madrugada del viernes. A ese informe se le sumó, este martes 26, otro de Human Rigths Watch (HRW), en el cual se señala que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos”.
El gobierno, que ha sentido los golpes de las denuncias, se mantiene en su línea de reestablecer el “orden público”, ante el hecho de que el clima de agitación y movilización popular sigue vivo y latente. Por eso ha enviado, el miércoles 27, cuatro proyectos al Congreso para “detener la violencia”: ley antiencapuchados, ley antisaqueo, ley antibarricadas y ley de resguardo de infraestructura crítica por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuenta para ese objetivo no sólo con el apoyo de toda la derecha chilena, sino incluso también con gran parte del centroizquierda. Más de 80 referentes del PS han salido a respaldar a los carabineros y a condenar a los “grupos extremistas y antisistémicos”.

Perspectiva

Es claro que con la estrategia que levanta la dirección de la Unidad Social no se logrará dar una respuesta a los reclamos de los trabajadores y sólo podrá existir, en el mejor de los casos, una Constituyente amañada, como la que surgió del “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”. Para que la rebelión avance y para que no alce la cabeza la ofensiva represiva, es necesario imprimirle al movimiento de lucha una dirección clara. La clave pasa por levantar bien en alto la exigencia de que caiga Piñera, porque sólo de esa manera podría abrirse paso la perspectiva de tener una Constituyente libre y soberana, es decir convocada por las organizaciones de las masas en lucha. Para eso, es necesario impulsar una huelga general por tiempo indeterminado, que coloque al movimiento obrero al frente de la rebelión. Es necesario organizar los pronunciamientos de las asambleas de trabajadores, territoriales, populares y estudiantiles en esa dirección.

Pablo Giachello

Bolivia: retomar el hilo de la rebelión contra el golpe



La situación política en Bolivia ha dado, visto desde un ángulo revolucionario, un paso atrás. Las movilizaciones de masas están refluyendo y la burguesía se está unificando, con crisis y resquemores, detrás de un plan de emergencia para enfrentar la resistencia popular. Esto se debe al formidable empeño puesto en esta dirección por el MAS y Evo Morales, así como de gran parte de las direcciones burocráticas de las organizaciones de masas que se identifican en ese liderazgo.
A pesar de tener mayoría absoluta en las dos cámaras parlamentarias y las direcciones de las organizaciones populares y del levantamiento de las masas, el MAS ha terminado reconociendo al gobierno golpista y pactando un acuerdo de ‘pacificación’ para retirar a las masas de las movilizaciones callejeras. Y se están empeñando a fondo en hacerlo.
El acuerdo se realizó sobre la promesa de convocatoria a elecciones a los 120 días de ‘elegir’ (por acuerdo entre el MAS y los golpistas) el Tribunal Electoral que deberá fiscalizarlas y con la prohibición de la presentación de Evo Morales.
Este ‘acuerdo’ surge luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) planteara la necesidad del mismo sobre la base de una salida electoral consensuada. Para la OEA y un sector mayoritario del imperialismo, no solo yanqui, sino también europeo, no se debía avanzar en la instalación de una dictadura cívico-militar golpista bolsanorista, como la insinuada por el fascista Luis Fernando Camacho.
Frente al crecimiento de la resistencia obrera-campesina-indígena, llevaba a una polarización en términos de guerra civil, con un resultado final incierto. Y, por supuesto, era un factor feroz de desestabilización en una Latinoamérica en llamas.
Pocas veces se ha visto a un líder destituido por un golpe que llame tan esforzadamente a la desmovilización del pueblo que lucha. La bandera central de Evo se transformó en la “pacificación”, que en las condiciones en que un pueblo está luchando contra un golpe significa que cese esa lucha. Una ‘pacificación’ que llevaba a cuestas a cerca de 40 muertos, varios desaparecidos, centenares de heridos y presos.
Evidenciando la correlación de fuerzas existente, el gobierno golpista tuvo que aceptar la libertad de los detenidos, el retiro de las tropas militares de las calles, el respeto a las organizaciones y derechos sindicales y la no persecución de opositores. Sin embargo, esto está todavía por verse: la gran mayoría de los presos no ha sido liberada y tampoco se derogaron los decretos que habilitan a la ‘libre’ (incluso con sus excesos) represión. Los golpistas han remarcado que esto no significa procesar y meter presos a aquellos acusados de “corrupción”.

Confusión

Una gran confusión reina entre las masas que se han movilizado contra el golpe.
La ‘pacificación’ ¿es una táctica genial de Evo Morales para derrotar a la derecha golpista en el terreno electoral? Este es un planteo que levantó el PT y Lula en Brasil y… terminó con el ascenso de Bolsonaro.
Ya Evo planteó que en la presentación electoral planteará la necesidad de “buscar programas para reconciliar al pueblo boliviano” (Página/12, 24/11). Un programa de ‘reconciliacion’ con la oligarquía y la gran burguesía significa renunciar, hasta de palabra, a la nacionalización de los hidrocarburos, al rechazo de la entrega de la minería y, ahora, particularmente del litio, el respeto a la gran propiedad terrateniente a cargo de los agronegocios y planteará la ‘reducción del déficit físcal’ (hoy, en el 7,8% del presupuesto) para garantizar el pago de la deuda externa. Un programa contra el pueblo.
Es necesario sacar un balance de la experiencia de 14 años del gobierno del MAS y, fundamental, de su entrega al golpismo desarticulando la gran movilización en desarrollo. Miles de trabajadores, campesinos, indígenas se han movilizado contra el golpe. Este era el punto central del frente único de lucha. El objetivo unitario era derrocar al golpe militar con la movilización, la organización y el armamento de las masas.
Una gran tarea de la vanguardia de izquierda y obrero-campesina-estudiantil es sacar este balance para evidenciar la debacle histórica del MAS, variante moderna del nacionalismo de contenido burgués, la pusilanimidad de sus direcciones y su entrelazamiento con el Estado (la dirección de la Central Obrera -COB- pasó de ser un puntual del gobierno de Evo Morales a reclamar su renuncia, uniéndose al coro golpista). Es necesario crear un reagrupamiento clasista, socialista, revolucionario. La superación política del MAS recién se concretará cuando este reagrupamiento, un nuevo Partido Revolucionario de los trabajadores se ponga en pie.
Ahora es necesario organizar el reclamo por la libertad de los presos, por tratamientos médicos integrales para todos los reprimidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por el libre funcionamiento de sindicatos y organizaciones de masas (campesinas, vecinales, estudiantiles, etc.) que debe estar unido a las demandas por las reivindicaciones sociales más apremiantes y de carácter transicional (nacionalización de la explotación del litio, etc.). Es necesario impulsar la convocatoria a un Congreso de Bases de la COB: son los trabajadores y no las burocracias las que deben pronunciarse fijando una posición de independencia de clase frente a la crisis nacional. ¡Abajo el golpe! Recrear las condiciones para que una huelga general lo haga posible.
El alzamiento de las masas no ha sido aplastado, solo contenido. Los procesos de lucha revolucionarios no son rectilíneos. Esta es una fase, nuevos giros se plantearán inevitablemente. La característica del período político es la alta volatilidad existente, sumergidos como estamos en una América Latina donde se extienden las rebeliones populares y se hunden los gobiernos derechistas o frentepopulistas que quieren imponer plantes de ajuste fondomonetaristas.

Rafael Santos

Trump: amenaza injerencista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su gobierno tiene la intención de calificar a los cárteles mexicanos de organizaciones terroristas. De adoptarse, tal medida obligaría a las instituciones financieras estadunidenses a bloquear cualquier cuenta vinculada con dichas agrupaciones o sus integrantes, así como a reportar a las autoridades de su país acerca de la existencia de los fondos manejados, además de prohibir el ingreso a territorio estadunidense y permitir la deportación de cualquier persona señalada como miembro de un grupo terrorista.
Más allá de los efectos señalados, la pretensión del mandatario republicano tiene implicaciones muy graves para la relación bilateral y para la vida interna de México.
En primer lugar, debe recordarse que la política antiterrorista de Estados Unidos se sustenta en una serie de disposiciones aprobadas durante la administración de George W. Bush (2001-2009), las cuales se caracterizan por su autoritarismo discrecional, en lo interno, y en lo externo por un desprecio de las soberanías nacionales que consagra la intervención armada contra cualquier país en una prerrogativa de quien se encuentre al frente de la Casa Blanca.
Además, la invocación de la lucha contra el terror genera una serie de problemas de índole económica, toda vez que lleva aparejada la posibilidad de imponer sanciones a un Estado –en este caso, el nuestro– cada vez que, según el juicio totalmente arbitrario de Wa-shington, éste no cumpla un papel satisfactorio en el combate a las actividades terroristas.
Por otra parte, resulta notorio que la clasificación de las bandas de narcotraficantes como organizaciones terroristas pondría a los mexicanos a ambos lados de la frontera en una situación muy precaria, tanto por el injerencismo en materia de seguridad y las agresiones económicas a que puede dar lugar, como porque exacerbaría la xenofobia antimexicana entre amplios sectores de la sociedad estadunidense más de lo que ya lo ha hecho el discurso racista de Trump en los años recientes.
En ese contexto, cabe recordar que entre 2017 y 2018 los crímenes de odio contra personas de origen hispano se dispararon 41 por ciento, según la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense (FBI).
Aunque es probable que el magnate haya manifestado sus intenciones llevado por motivos electorales (pues atizar la percepción de México como un país al borde del colapso es una carta recurrente de políticos republicanos en tiempos de elecciones), lo cierto es que la mera expresión de este propósito tiene incidencias prácticas sumamente preocupantes.
Como señaló el canciller Marcelo Ebrard, se trata de una pretensión inadmisible que implicaría la intervención de Washington en territorio nacional y en asuntos que competen exclusivamente a México y además carece de cualquier justificación, toda vez que ignora la tajante diferencia entre terrorismo y delincuencia organizada.
En suma, el anuncio de Trump constituye una amenaza grave que la sociedad y el gobierno mexicanos deben rechazar de manera frontal y contundente.

La Jornada