lunes, enero 31, 2022

El Capital de Karl Marx - Capítulo I "La Mercancía" - Valor de Uso, Valor y Fetichismo

Nuestro contemporáneo Martí

Entrevista con Santiago O’Donnell

La historia de las Vacunas Cubanas COVID-19

USA y el "Síndrome de La Habana" / Les USA et le "syndrome de La Havane".

"Vamos a hacer lo que no hace la CGT: movilizar contra el pacto con el FMI" // Solano

Cien años del Ulises de James Joyce


Muchos años después, mientras esbozaba junto a Sergei Eisenstein los lineamientos generales de un guión que pudiera llevar a la pantalla grande El capital, de Karl Marx, James Joyce recordaría aquel año de 1915 en el que vivía en Zurich –rodeado de locos artistas dadaístas y futuros surrealistas que se oponían no solamente a la guerra, sino que se burlaban de todo valor burgués–, ciudad que lo tendría como vecino del exiliado revolucionario ruso Vladimir Ulianov, que se hacía llamar Lenin, a quien sin embargo no conocería. Tampoco había conocido a Eisenstein quien, por los mismos años en los que Joyce había revolucionado de una vez y para siempre la literatura con su Ulises, había hecho lo propio con el cine al introducir el montaje de atracciones en films como El acorazado Potemkin y La huelga, y sólo se encontrarían en aquellos días de 1927 en París, donde explorarían la posibilidad de filmar la obra que pondría al desnudo los mecanismos de explotación en la sociedad capitalista y que se convertiría no sólo en una descripción, sino en un método de análisis y de acción para derrumbar los cimientos del poder burgués. Filmar El capital había propuesto Eisenstein y Joyce había aceptado. Escribieron varios cuadernos, pero se daban cuenta de que era una tarea gigantesca, a la vez que Eisenstein debía regresar a la Unión Soviética donde gobernaba Stalin, quien había ordenado que elimine del metraje de su película Octubre (realizada para celebrar los diez años de la revolución) las escenas donde aparecía León Trotski, revolucionario y creador del Ejército Rojo, que moriría asesinado unos años después por un agente estalinista. Luego de varios actos de censura realizadas por la dirección estalinista del PCUS y del Estado, Eisenstein moriría por un paro cardíaco a los 50 años sin haber filmado su proyecto junto a Joyce. 
 Tal vez se pueda decir que el Ulises –una complejísima obra publicada en 1922, hace cien años, que narra (narra: es un decir) con diferentes artificios un día en la Dublin de Stephan Dedalus y que plantea a su protagonista como un émulo del héroe homérico en viaje por la geografía, el tiempo y el pensamiento de la capital irlandesa– toma mecanismos de otras artes y estudios, como por ejemplo el montaje cinematográfico, que se estaba desarrollando al mismo tiempo que la novela era escrita. La experiencia de lectura es tan radical que si bien ha logrado instalarse en muchísimas bibliotecas, también es cierto que es de las novelas menos leídas. Borges mismo admitía no haber terminado de leer el texto, pero consideraba válido “perderse” entre la multitud de calles que conforman la ciudad de la novela. Sin embargo, los aportes del Ulises no escapan a la literatura más actual: el “monólogo interior”, es decir, la transcripción del suceder de la conciencia de varios de sus protagonistas marcó la literatura del siglo XX, la actual y no tan sólo, ya que la herramienta es también un aporte al psicoanálisis, por ejemplo. 
 Joyce produjo, además, un legado extra literario que se conserva, ya que el tono sexual recargadísimo de varios de los pasajes del Ulises provocaron que se lo llevara ante los tribunales de censura, que no pudieron condenar al autor ni a la obra por pornografía (probablemente porque no lograban comprender del todo el texto). Es posible afirmar que la intromisión de la Justicia en lo que respecta a la creación literaria y artística sufrieron con el triunfo de Joyce en los tribunales sea una derrota que perdura (no hay que olvidar que la siguiente década el nazismo haría una exposición sobre arte “degenerado” que culminó con las obras como combustible de las llamas). 
Joyce fue un revolucionario en cuanto a la creación literaria y displicente en cuanto a las tareas de la revolución socialista. ¿Merece ser recordado -o más bien, su obra central, en su centenario– en las páginas de un periódico obrero y socialista? Claro que sí. El avance en la conciencia de los hombres y las mujeres en cada rama de la actividad humana formarán parte del acervo con que el andamiaje de la sociedad nueva se edificará. Sin dudas, entonces, el viaje alucinante propuesto en el Ulises –más allá de que se pueda leer completo o no o en la medida que el entrenamiento de lectura lo permita– es un aporte de esta prehistoria que vivimos ante la historia por alcanzar en nuestro horizonte, en nuestro mañana.

 Diego Rojas
30/01/2022

La situación de los palestinos que trabajan en Israel


La economía de los ´territorios´ palestinos se encuentra devastada. Vale tanto para la Cisjordania ocupada y Gaza. Israel ´autoriza´ regularmente la entrada de una cantidad de trabajadores palestinos a su territorio y a las colonias israelíes en tierras usurpadas recientemente. 
 Los salarios de estos palestinos autorizados son, en promedio, tres veces superiores a lo que cobrarían en los territorios. Es, sin embargo, un 50% menor que el que recibe el trabajador israelí, ni tampoco son iguales ante la legislación laboral sionista. El empleador israelí disfruta de la libertad de contratación, las condiciones laborales y el despido. 
 Dentro de Israel trabajan otros 110 mil palestinos, mayormente en la construcción y en menor medida en la agricultura. Desde Gaza ingresan a Israel aproximadamente 10 mil trabajadores. Esta última cifra “es el mayor número que se ha otorgado en muchos años, probablemente desde el comienzo de la segunda intifada”, hace ya más de 20 años (Amos Harel, Haaretz, 21/10/21). Hamas viene impulsando una política consistente de apaciguamiento con Israel para evitar el cese de este flujo. De esto dependen numerosas familias en Gaza.
 “El trabajo es duro: mi jornada laboral -dice un trabajador, en un informe especial de Haaretz- comienza a las 2 de la mañana y termina cuando regreso a casa a las 5 o 6 de la tarde” (27/1). El tránsito de un territorio a otro, plagado de controles, no es sencillo. De un lado y del otro de los puestos de control opera una mafia que lucra con la gestión de permisos de traslado. 
 Se trata de un fenómeno tan escandaloso que Haaretz editorializó el 27/1: “Detener el comercio ilegal de permisos de trabajo palestinos”. “El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional estima que las tarifas de los permisos de trabajo recaudados por tales reparadores oscilan entre 2000 y 3000 shekels (630-945 dólares) al mes, o 30 000 shekels al año. Para alguien que gana menos de 6.000 shekels al mes en promedio, esto significa que un tercio de su salario se destina a los ´patrones´, a pesar de que los permisos son emitidos por el Estado de Israel y los trabajadores palestinos son elegibles para recibirlos sin costo adicional. Existe toda una industria basada en el comercio ilegal de permisos emitidos por el gobierno que se supone que no cuestan dinero. Es una industria que genera aproximadamente 1.200 millones de shekels al año en negocios, todo capital no declarado, la mayoría del cual permanece en Israel y solo una fracción fluye hacia la Autoridad Palestina. Fomenta una economía de mercado negro y, evidentemente, también una industria criminal” (ídem). 
 “El comercio de permisos -concluye Haaretz-es ilegal, (pero) está muy organizado”. El ejército se encarga de que este negociado ilegal no se interrumpa: “una consulta con un comandante revela que efectivamente recopilan la información de entrada y salida de cada trabajador. Todos tienen una tarjeta magnética que escanean al entrar y salir del territorio israelí. Pero esta información, dice el comandante, se considera ´relacionada con la seguridad´ y, por lo tanto, no se cruza con la Autoridad de Población e Inmigración, que es responsable de investigar a los contratistas y supervisar su trabajo” (ídem). ¿Cómo puede ser, reclama un trabajador, que entré 20 días, pero mi talón dice que trabajé siete?´” (ídem). 
 “El permiso, que se supone que es gratuito, continúa Haaretz, deduce una parte significativa de los salarios, que para empezar no son tan altos. "¿Qué me queda?´ dice uno de los trabajadores, haciendo los cálculos: ´Recibo alrededor de 400 shekels por día, generalmente menos que eso, lo que equivale a 8,000 shekels por mes. Menos 2.500 por el permiso, 1.500 por viajar hacia y desde Israel, otros cientos por comida en el trabajo. Lo que queda son quizás 3.500 shekels para una semana laboral de cinco días. A menudo me pregunto si no valdría la pena quedarme en Palestina y ganar 150 shekels al día. Al final, obtengo prácticamente lo mismo´” (ídem).

Norberto Malaj
29/01/2022

El acuerdo del tarifazo espera su “letra chica”


La afirmación de que el gobierno “cerró” un acuerdo con el FMI, tan repetida en las últimas horas, va dejando paso a una verdad menos pretenciosa. Los anuncios del día viernes, por los que Fernández-Guzmán se comprometen a ajustar entre 12.000 y 15.000 millones de dólares del presupuesto público hasta 2025, apenas le sirvieron al gobierno para evitar una corrida cambiaria y una crisis política, probablemente terminal. Después de los anuncios, el gobierno desembolsó 700 millones de dólares – la mitad de las reservas internacionales que le quedaban disponibles. Sin embargo, el FMI evitó, por todos los medios, referirse a la palabra “acuerdo”. 
 En suma: la plata ya se puso, pero el acuerdo todavía no está. Ahora, viene una ´carta de intención´ y un “memorándum de entendimiento”, la llamada letra chica de los ajustes que el gobierno debe ejecutar. El límite de estas tratativas en el tiempo son los próximos vencimientos de fines de marzo, con el propio Fondo y con el Club de París, por más de 4.000 millones de dólares. Cualquier tropiezo o disidencia en la “letra chica” recibirá la medicina de las últimas semanas: la disparada del dólar, del riesgo país y un nuevo derrumbe de los títulos de la deuda argentina. Por eso mismo, es esperable que, de acá al “memorándum” asistamos a nuevos y duros detalles sobre el alcance del ajuste, que Guzmán-Fernández le admitirán al Fondo, por un lado, y buscarán disimular públicamente, del otro.

 Tarifazo 

Es significativo que el comunicado del Fondo asumiera como “esencial” (sic) la cuestión de los subsidios a las tarifas, que el gobierno minimizó en sus anuncios. Los subsidios actuales representan una cifra cercana a la totalidad del déficit que se quiere reducir en 2022 – unos 1,4 billones de pesos. Allí se encuentra el filón más jugoso del ajuste – junto a la desindexación de las jubilaciones. 
 El gobierno aludió a un aumento moderado de las tarifas en términos reales. O sea que, con una inflación del 50%, la ´moderación´ podría representar aumentos del 70 u 80 % en las facturas de los servicios. Los monopolios petroleros, a su turno, presionan por la ´internacionalización´ de sus precios, en un momento donde los desequilibrios económicos y políticos mundiales han disparado por los aires los precios del gas. Naturalmente, nada de esto tiene que ver con los costos reales de producción en la Argentina, que el gobierno de “Todes” no piensa verificar. Pero es difícil creer que una reducción significativa de los subsidios se limite a “liberar la tarifa de los barrios privados”, como quieren hacernos creer los economistas del kirchnerismo. El acuerdo viene con un tarifazo en regla bajo el poncho.
 La “letra chica” deberá meterse también en la cuestión del financiamiento del Tesoro, que el Fondo exige que sea a través del endeudamiento y no de la emisión de pesos. Como a la vez se exigen tasas de interés superiores a la inflación, el acuerdo “viable” y “razonable” amenaza levantar a niveles todavía mayores la carga de la deuda pública, la cual, como viene ocurriendo, solo podrá colocarse ofreciendo su indexación de acuerdo a la inflación o a la evolución del tipo de cambio. 

 Todos apoyan, ninguno cree 

La clase capitalista argentina y sus partidos se han aferrado a este acuerdo como supuesta tabla de salvación frente a una bancarrota económica y política que los envuelve sin excepción. La gran burguesía enfrenta una voluminosa deuda en dólares que contrajo en los primeros años del macrismo, y que necesita refinanciar imperiosamente. La carga de la deuda pública, naturalmente, incorpora a los rescates del fisco en favor de ese gran capital en crisis. El Estado quebrado, en definitiva, es sólo la expresión concentrada de una quiebra más general de las relaciones sociales capitalistas. 
 No sorprende, por eso, que “la política” del capital cierre filas con el acuerdo, aunque al mismo tiempo trate de deslindarse de sus consecuencias y de sus perspectivas. Por ejemplo, la “dura” Patricia Bulrich ha confirmado que JxC respaldará el acuerdo en el Congreso, aunque al mismo tiempo aclaró que lo que votará es el “financiamiento” (del Fondo), “el resto -o sea el ajuste- le corresponde al Ejecutivo”. Un economista top del macrismo, Federico Sutzenegger, acaba de definir al acuerdo en puertas como “más macrista que el propio Macri” (Perfil, 30/1). No quieren asociarse a las medidas confiscatorias en puerta, y que ellos conocen mejor que nadie. 
 Milei y Espert han anticipado su voto negativo, a sabiendas de que no moverá el amperímetro del Congreso. Pero el principal asesor de Milei, Carlos Maslatón, los ha deschavado: en un tuit muy difundido, saludó con bombos y platillos el acuerdo con el Fondo, al que ve como punto de partida de un “boom inversor y exportador”. Demasiado palabrerío: los libertarios, el partido de los brokers y los fondos de inversión, se conforman con una suba –aunque sea efímera- de los bonos de la deuda argentina. 
 En este recorrido, el premio a las imposturas se lo llevan el kirchnerismo y su jefa. Cristina guardó riguroso silencio en las horas previas al acuerdo, y no movió un dedo para frenar o interrumpir ninguna de las tratativas en marcha. Pero como ocurrió con Milei, también tuvo sus alter ego saliendo en apoyo del acuerdo, como Kicillof o el estalinista Carlos Heller. Cristina Kirchner intenta resguardarse de los choques sociales y crisis que se vienen. A su izquierda, un arco variopinto de oficialistas invoca la verborragia nacionalista para lamentarse sobre la “cesión de soberanía”, cuando callaron durante dos años sobre el gigantesco ajuste que se perpetraba, no en el vacío, sino para arrimar posiciones con el FMI. Es probable que estos críticos de la última hora pretendan sobrevivir a la declinación inexorable del kirchnerismo, como partícipe necesario un gobierno fondomonetarista. 
 A la inversa de CFK, Alberto Fernández fantasea en estas horas con una hipotética reelección, si el acuerdo consiguiera un ´reencaminamiento´ económico. Se olvida, naturalmente, de las consecuencias sociales brutales que acarreará el "monitoreo" del FMI y del Departamento de Estado sobre la Argentina. En previsión de ello, la burocracia sindical se apresuró a redactar el comunicado más ferviente de todos los que se escribieron en apoyo al acuerdo, ofreciéndose como gendarme del ajuste en los sindicatos. 
 La crisis política argentina ha ingresado en otra etapa. Los Fernández han convalidado el derecho del capital financiero internacional -y de la gran burguesía unida por mil vínculos con aquel- a la apropiación creciente y vitalicia de la riqueza social generada por la clase obrera. Que el capital dependa de una exacción asegurada por el Estado -e incluso por organismos internacionales parestatales- es una manifestación de su irremediable decadencia. El acuerdo con el FMI será el escenario de una aguda lucha de clases. El “sistema de la deuda” debe ser superado por una transformación social dirigida por la clase obrera, o sea, por un gobierno de trabajadores. Con esta perspectiva estratégica abordamos la movilización por el repudio a este acuerdo confiscatorio.

Marcelo Ramal
30/01/2022

La CGT celebra el acuerdo con el FMI


El acuerdo alcanzado por el gobierno con el FMI concitó el apoyo entusiasta de un amplio abanico del arco político patronal, pero sin duda se destacó por su entusiasmo la directiva tripartita de la CGT. A pesar de que en la víspera algunos medios advertían sobre un prematuro quiebre de la central en dos facciones, a partir del apoyo de Pablo Moyano a la “marcha contra la Corte” impulsada por el kirchnerismo para el 1 de febrero, la conducción ´unificada´de la central demoró sólo minutos en emitir un comunicado celebratorio. “La CGT apoya al gobierno nacional en el logro de un acuerdo con el FMI que prioriza el desarrollo económico”, titularon. En el mismo festejan “los términos sociales y laborales en los cuales se ha alcanzado el acuerdo”. En el mismo sentido se pronunciaron el mismo día, aunque algo más tarde, la CTA y la burocracia piquetera de Movimiento Evita y compañía. 
 Esto viene a confirmar que “el acuerdo con el Fondo” fue la verdadera plataforma de reunificación de la central. La ´unidad´ en torno a un pacto colonial se puso en escena en la ´movilización´ por el día de la militancia, el 17 de noviembre pasado, a Plaza de Mayo. Allí, con la CGT y los ´barones del conurbano´ a la cabeza, se emplazó al gobierno a acelerar las negociaciones. Fue también un ´apriete´ al kirchnerismo, el cual tampoco ha sacado los pies del plato. 
 El apoyo de la CGT es ´la columna vertebral´ del acuerdo. El rol de la CGT será crucial para continuar ´desindexando´ salarios y jubilaciones. En los últimos dos años, la mayoría de los gremios retrocedieron entre 10 y 20 puntos en la capacidad de compra de sus salarios. En la víspera de este reciente ´entendimiento´ con el Fondo, Guzmán exhibía un ahorro de nada menos que $ 600.000 millones a costa de gastos sociales y asistencia frente a la pandemia. 
 En este cuadro, es evidente que reclamarle un “plan de lucha” a los “cuerpos orgánicos” de la CGT es una vía muerta para enfrentar el acuerdo con el Fondo. La cuestión de la huelga general está inscripta en la agenda para defender el salario y el empleo a partir del desarrollo de fuertes organizaciones de base, de la coordinación de las luchas y del pronunciamiento de sectores del movimiento obrero, que serán llamados a intervenir más temprano que tarde frente a las consecuencias del ´entendimiento´. La agitación por un Congreso Obrero que dé forma a una intervención de la clase obrera en la crisis cobra mayor urgencia. 
 Para empezar, se encuentran en curso distintas negociaciones paritarias (estatales, comercio, bancarios, petroleros) que serán un primer escenario de batalla en el movimiento obrero bajo el acuerdo con el FMI. La capacidad del movimiento obrero de defender el salario y las condiciones laborales dependerán del desarrollo de las organizaciones de base y antiburocráticas.

 El Be 
 30/01/2022

domingo, enero 30, 2022

La escalada imperialista en el este europeo


Fuera la Otan del exespacio soviético. 

 La tensión entre la Otan y Rusia no ha cejado en los últimos días. Repasemos algunos de los hechos más importantes: el presidente Joe Biden dijo estar convencido de que Moscú invadirá Ucrania, y acto seguido anunció el envío de ayuda militar suplementaria a Kiev por 200 millones de dólares. A la vez, armamento estadounidense en el este europeo ha sido redirigido a ese país. El presidente yanqui puso también en estado de alerta a 8.500 soldados y retiró a los familiares del personal diplomático en Ucrania, una medida cuestionada por exagerada hasta por el propio gobierno ucraniano. La Otan, por su parte, inició el envío de naves y aviones a países de Europa del Este. Rusia, de su lado, ha respondido con el desarrollo de ejercicios militares en la frontera.
 Recordemos que Moscú exige que Ucrania y Georgia, dos estados vecinos, no sean incorporados en la alianza atlántica, ya que implicaría el despliegue de peligroso armamento en sus adyacencias. En el mismo sentido, demanda el retiro de pertrechos militares de la alianza de países como Bulgaria y Rumania. Las potencias occidentales, en tanto, emplazan al Kremlin a retirar los soldados rusos de la zona limítrofe con Ucrania. 
 Biden incrementa las presiones y las amenazas, pero se ha topado con dificultades para lograr un apoyo pleno de la Unión Europea (UE). Si bien algunos de sus estados, como España, Dinamarca y los Países Bajos, han iniciado el envío de material armamentístico, y en el caso de Francia, no descartó mandar tropas a Rumania, no ocurre lo mismo con Alemania. Hasta ahora, Berlín no ha autorizado el redespliegue de su arsenal en los países del Báltico hacia territorio ucraniano. 
 “Es necesario evitar (…) las reacciones alarmistas que tienen incluso consecuencias financieras”, dijo Josep Borrell, el encargado de relaciones exteriores de la UE, luego de reunirse con el secretario de estado yanqui Antony Blinken. Cabe señalar que Berlín y París apadrinaban este miércoles una ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, que recuerda la intermediación que ya jugaron en 2015. Es un canal paralelo a las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, a las que Washington no incorporó a los europeos. 
 Estas diferencias en el imperialismo respecto al conflicto corresponden a una divergencia de intereses. Estados Unidos y los estados europeos han llevado a cabo juntos el cerco militar contra Rusia, extendiendo la Otan, pero rivalizan como candidatos a favorecerse con la colonización económica del este europeo. De ahí que París y Berlín estén buscando un perfil propio en la crisis. 
 Además, Alemania es la potencia con más que perder ante el estallido de una guerra, dada su ubicación territorial y sus fuertes vínculos comerciales con Moscú. Está en juego el envío de gas a través del Nordstream, la culminación del Nordstream 2, y todo tipo de exportaciones e importaciones. Dentro de la propia Alemania, el vínculo con Moscú es materia de disputas. Acaba de ser destituido el jefe de la Marina, tras opinar que Vladimir Putin no tiene intenciones de invadir Ucrania.
 Un aspecto final a considerar son las alusiones de Borrell a las “consecuencias financieras” que traen los tambores de guerra. La agencia Reuters ha publicado un artículo en que pronostica un salto en los precios del gas y del petróleo en caso de una confrontación, cuando aún no se ha salido de la crisis energética posterior a la tercera ola del Covid-19. También alude a un salto en los precios de trigo, que tiene en Ucrania y Rusia a dos de sus grandes productores. Esto es una señal de cómo agravaría la crisis capitalista un conflicto armado, pero también, un registro del impacto nefasto que la escalada imperialista tiene para las masas en el mundo, encareciendo el pan y los combustibles.
 En el caso de Rusia, la bolsa perdió un 30% de su valor desde noviembre. 

 La destrucción de Ucrania 

La colonización económica del exespacio soviético es el trasfondo de la disputa. Ucrania ha sido una víctima especial de este proceso. En 2014, tras la caída del presidente Victor Yanukovich, afín a Moscú, se firmó un tratado de asociación con la Unión Europea, que tenía como norte avanzar en un área de libre comercio en el plazo de diez años. Este tratado ni siquiera equivale a la integración real del país en el organismo, consagrándolo apenas como un socio de segunda. A la vez, el gobierno ucraniano se comprometió a aplicar las famosas “reformas estructurales” (económicas, judiciales, financieras) reclamadas por la Unión. Uno de esos puntos consiste en la “desoligarquización” del país, o sea barrer -en beneficio del capital extranjero- con la fracción de capitalistas nativos surgida de la vieja burocracia. El actual presidente Volodomir Zelenski acaba de dictar una ley que va en esa senda. 
 El tratado de 2014 aceleró la desindustrialización del país, constatada de este modo por una enviada especial del diario madrileño El País: “Ucrania es un país cada vez más agrícola. Quienes consideran la industria como parte imprescindible de la soberanía nacional temen ahora que su patria se convierta en una colonia de las multinacionales” (6/6/20). Los rusos denuncian, en tanto, que la capacidad de generación eléctrica del país se redujo a la mitad desde la caída de la Unión Soviética. Se autorizó también la liberalización de la compra de tierras, permitiéndose a partir de julio de 2021 la posesión de hasta 10 mil hectáreas, un nicho para el gran capital agrícola internacional. 
 A esto se suma el yugo de la deuda externa, reestructurada en 2015. En 2020 rondaba los 100 mil millones de dólares, alrededor del 60% del PBI. Al día de hoy, en pleno proceso de reformas, Ucrania es el país más pobre de Europa, según datos del FMI, con un PBI per cápita de 4.960 dólares (Libretilla, 7/1). La jubilación media era a mediados de 2020 de 3.100 grivnas (equivalente a 105 euros, El País -ídem). Al menos un tercio de sus habitantes vive en la pobreza.
 El proceso de restauración fue verdaderamente devastador: el PBI ucraniano se desplomó un 40% en la década del ’90. Para el 2000, el PBI ruso había caído entre un 30 y un 50% con respecto a las vísperas de la caída de la URSS (Business Insider, 14/6/19). En otros casos los números son aún más dramáticos: en Uzbekistán perdió un 80%. 

 Rusia

 El gobierno de Putin hace una fuerte agitación sobre este retroceso de Ucrania, pero esquiva la responsabilidad del Kremlin en la degradación de las condiciones de vida de las masas rusas en los últimos años, debido a la implementación de políticas de ajuste. Una reforma jubilatoria elevó la edad de retiro y un quinto de la población se encuentra en la pobreza. El poder adquisitivo de los hogares cayó un 11% desde 2013 (El País, 27/6/21). Este deterioro es el que también ha llevado a los levantamientos en Bielorrusia y Kazajistán, en los que el mandatario cerró filas con sus ultrarrepresivos gobiernos. Putin no es una alternativa frente a la colonización capitalista occidental, porque lo que busca es conducir en sus propios términos el proceso restauracionista. 
 Una de las cartas más efectivas de las que se ha valido el imperialismo para presionar a Moscú en los últimos años son las sanciones económicas. Las represalias que se implementaron tras la anexión de Crimea, en 2014, golpearon con bastante severidad a la economía rusa, y además coincidieron con una fuerte caída en los precios internacionales del petróleo (ahora han vuelto a subir), a cuyos vaivenes está sometido el país (el 60% de las exportaciones rusas son hidrocarburos). Uno de los puntos más sensibles de las sanciones occidentales fue, justamente, dificultar el acceso ruso a la tecnología para la industria petrolera y gasífera. El rublo se devaluó más de un 100% respecto al dólar desde 2014 (ídem, 25/1). Respecto a la inflación, Rusia se ha colocado en uno de los lugares más altos del podio mundial pasando del 4,5% en el 2020 al 10,1% en el 2021. Para atenuar el impacto de las medidas, Moscú acentuó sus vínculos con China e Irán. Actualmente, Washington sopesa la posibilidad de bloquear el acceso a dólares por parte de los bancos rusos. 
 En la presente crisis con la Otan y Estados Unidos, se encuentra notoriamente fuera de la agenda del Kremlin la intervención de los trabajadores. Toda su acción en el conflicto ucraniano, al igual que en el pasado, es “por arriba”, por medios diplomáticos y militares, en función de preservar los intereses de las camarillas que gobiernan Moscú. Es que una intervención de las masas podría no solo desafiar al imperialismo sino también al propio gobierno ruso. 
 La escalada imperialista en el este europeo plantea el reclamo del fin del despliegue militar estadounidense y europeo y la disolución de la Otan. Los partidos de izquierda y las organizaciones obreras de los países europeos (España, Francia, Italia, Suecia, Dinamarca) deben movilizarse contra el envío de tropas y armas a las órdenes de la Otan. El internacionalismo empieza por oponerse al imperialismo y la burguesía de su propio país.Por una Ucrania unida y socialista. Por gobiernos de trabajadores.

 Gustavo Montenegro

¿Un programa fondomonetarista sin ajuste?


Otra "sarasa". 

La reducción del déficit fiscal se factura a los trabajadores. En el mensaje presidencial y la conferencia de Martín Guzmán para anunciar el acuerdo arribado con el Fondo Monetario, se afirmó que el esquema pactado para reducir el déficit no implica un ajuste. El relato oficial afirma que el «equilibrio de las cuentas públicas» se alcanzaría al mismo tiempo que se amplía el gasto del Estado, a base de una mayor recaudación y un crecimiento económico. Sin embargo, es evidente que el ajuste sobre la población trabajadora ya está en marcha, y el acuerdo en ciernes redoblará los ataques contra las masas.
 El pacto arribado con el FMI establece que este año el déficit primario no puede superar el 2,5% del PBI, muy por debajo del 3,3% que preveía el frustrado proyecto de Presupuesto 2022. Luego continúa con una reducción al 1,9% para el próximo año, y un 0,9% para 2024. A valores de hoy, solo en el ejercicio en curso el gobierno deberá ejecutar un recorte de 400.000 millones de pesos por encima de lo contemplado en el nonato Presupuesto, que ya pautaba podas nominales en salud, educación y gasto social. Es decir que estamos hablando de un ajuste extra.
 Como base de comparación, recordemos que el acuerdo actual se allanó mediante la sobreejecución del ajuste en 2021, que redujo el déficit al 3,5% del PBI, a fuerza de ahorrarse unos 660.000 millones de pesos sobre la base de lo que perdieron las jubilaciones, asignaciones por hijo y prestaciones sociales contra la inflación. El gasto jubilatorio, en efecto, viene se desplomarse del 9,5% al 8% del PBI (por debajo de todo el mandato macrista).
 Para alcanzar estos guarismos, el gobierno que convocó a audiencias para aprobar tarifazos del 20% en la luz y el gas ya emitió a través de la Secretaría de Energía un paper que cuantifica en 47% lo que deberían incrementar las boletas. Guzmán negó un mayor sacudón en las tarifas, pero el texto del directorio fondomonetarista contempla fuertes recortes en los subsidios. En esa línea, Aysa acaba de confirmar un aumento del 32%. La tijera sobre los subsidios a las empresas de servicios se carga en forma directa sobre los usuarios. Alberto Fernández y su ministro insisten en que la llave es una mayor recaudación impositiva, pero esta se endosa a los trabajadores y los consumidores. Es el sentido del Consenso Fiscal que se tratará en las sesiones extraordinarias del Congreso, basado en subas en Ingresos Brutos que se traslada a los precios de los productos de consumo masivo, cuando ya casi la tercera parte de los ingresos tributarios proviene del IVA que grava hasta los productos de primera necesidad. Esto se reforzará ante la merma de ingresos por menores exportaciones. 
 Toda la factura del «equilibrio fiscal» va a ser cargada a cuenta de los trabajadores, que ven pulverizarse sus ingresos al compás de la estampida inflacionaria. Contra los tarifazos y recortes presupuestarios, en defensa de los salarios y las jubilaciones, urge ganar la calle para derrotar este acuerdo de entrega nacional. Para terminar con el ajuste hay que romper con el FMI y repudiar toda la deuda fraudulenta. 

 Iván Hirsch

Charla debate en vivo // Tensión internacional: La OTAN y Rusia ¿al borde de la guerra?

 

 La tensión entre Estados Unidos y Rusia escaló en los últimos días, junto al fracaso de las negociaciones entre las partes. El gobierno norteamericano denuncia el despliegue de alrededor de 100 mil soldados rusos cerca de las fronteras con Ucrania y la posibilidad de una invasión. Moscú, en tanto, acusa a Washington y a la Otan por la candidatura de Kiev a ser incorporada a la alianza atlántica y por el cerco que este organismo ha hecho sobre su territorio, sumando al acuerdo militar a numerosos países con los que comparte fronteras. En resumen, Ucrania es el desencadenante de la crisis, pero el conflicto tiene un alcance internacional.

Polonia: rebelión de mujeres contra ofensiva anti-abortista del gobierno del clero pedófilo


“Estallan protestas en Polonia tras la muerte de una joven madre a la que se le negó un aborto. El estado polaco tiene 'sangre en sus manos' -declaró su familia- después de la muerte. Las protestas están en marcha en toda Polonia” (Weronika Strzyzynska, The Guardian, 27/1).
 La rebelión de mujeres polacas ante esta nueva muerte, “marca el primer aniversario del fallo de 2021 que declaró ilegal el aborto debido a anomalías fetales. El aborto ahora solo puede realizarse en casos de violación, incesto o si la vida y la salud de la madre están en peligro, una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa” (ídem). 
 “La mujer, identificada solo como Agnieszka T, estaba en el primer trimestre de un embarazo de gemelos cuando ingresó en el hospital de la Santísima Virgen María en Częstochowa, el 21 de diciembre. Según un comunicado emitido por familiares, la mujer de 37 años estaba experimentando dolor cuando llegó al hospital pero estaba ´totalmente consciente y en buena forma física´. El primer feto murió en el útero el 23 de diciembre, pero los médicos se negaron a extraerlo, citando la legislación vigente sobre aborto, y la familia de Agnieszka afirma que ´su estado se deterioró rápidamente’. El hospital esperó hasta que el corazón del segundo gemelo también se detuviera una semana después, y luego esperó dos días más antes de interrumpir el embarazo el 31 de diciembre. Agnieszka murió el 25 de enero después de semanas de deterioro de la salud. Su familia sospecha que murió a consecuencia de un shock séptico” (ídem).
 La ofensiva antiderechos del régimen clerical se da en el mismo momento que la iglesia católica polaca sufre un cuestionamiento sin precedentes por abusos sexuales y corruptelas de todo orden de altos prelados. El régimen que se ampara en su defensa de la ´familia tradicional´ y su combate a lo que llama la “normalidad sexual” —censura abiertamente de la homosexualidad— se da la mano con el régimen de Putín en Rusia, con el que curiosamente la Polonia ´nacionalista´ (o sea, vendida a los yanquis) se ha alineado en la llamada crisis ucraniana junto a la OTAN, la UE y EE.UU. 
 En diciembre el gobierno presentó ante el congreso polaco un borrador “de ley como parte de un proyecto de gran alcance para actualizar el sistema de información médica en Polonia. ´Se trata de control, se trata de asegurarse de que los embarazos terminen con el nacimiento´, dijo Natalia Broniarczyk, activista de Aborcyjny Dream Team , al semanario polaco Gazeta Wyborcza. El plan provocó protestas en línea. Una iniciativa de las redes sociales titulada ´Me gustaría informar cortésmente que no estoy embarazada´ alentó a las mujeres polacas a enviar por correo electrónico fotos de sus toallas sanitarias, tampones y ropa interior usados al ministerio de salud polaco´” (ídem). 
 El “proyecto de ley propuesto por el gobierno establecería un ´instituto de la familia y la demografía´ pasara la primera lectura en el parlamento polaco por un voto el jueves. El instituto tendría como objetivo monitorear la política familiar, emitir una opinión sobre la legislación y educar a los ciudadanos sobre el ´papel vital de la familia para el orden social´ y la importancia de la ´reproducción cultural-social´ en el contexto del matrimonio” (ídem). Como se ve una política regresiva que se acerca a las temibles leyes raciales e hipócritas de los regímenes más totalitarios del siglo XX.
 Las cuestiones de familia no son un problema menor. “El comité de investigadores demográficos de la Academia de Ciencias de Polonia ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación de que la ´propaganda a favor de la natalidad´ tenga prioridad sobre la investigación científica en el instituto. ´El proyecto apunta exclusivamente a promover el modelo tradicional de familia´, dijo Adam Bodnar, ex defensor del pueblo de Polonia para los derechos de los ciudadanos, al sitio web de noticias polaco Oko.press. ´También podría convertirse en una herramienta contra quienes quedan fuera de este modelo, por ejemplo, quienes no se ajustan a las normas heteronormativas´” (ídem). 

 Norberto Malaj 
 28/01/2022

La caída de un puente en Pittsburgh


El viernes 28 Biden tenía previsto visitar Pittsburgh, la ciudad que supo ser emblema de la industria siderúrgica yanqui, en el estado de Pensilvania. El objetivo era promocionar un vasto plan de reconstrucción de la infraestructura del país, votado en noviembre pasado en el Congreso yanqui, de 1,2 billones de dólares. 
 Horas antes de su arribo un puente importante de la ciudad colapsó. No se sabe aún si el derrumbe fue provocado por el peso de la intensa nieve sobre el puente o por un escape de gas que desató una tubería que lo atravesaba. 
 En cualquier caso el derrumbe del puente vino a operar como un recordatorio a varias puntas. Si bien la economía de Pittsburgh se reconvirtió en gran medida hacia otras actividades, el crecimiento de los llamados ´servicios´ no ha compensado en absoluto el retroceso de la otrora pujante industria norteamericana. 
 EEUU sufre desde hace décadas el derrumbe de su infraestructura carreteras, puentes y servicios públicos. “Vamos a arreglar todos los puentes”, reaccionó Biden. No es broma, continuó, esto va a ser un cambio gigantesco. Hay 43.000 (puentes) en todo el país y vamos a enviar el dinero” para repararlos. La cuentas nacionales de Estados Unidos no descuentan la desinversión que representa la obsolescencia de la infraestructura en el cálculo del PBI, que por eso es ‘bruto’ y no neto de amortización. La economía norteamericana siempre luce mejor en los números que en la realidad.

 Norberto Malaj 
 29/01/2022

Marcelo Ramal: El gobierno se compró un pasaje de mediana distancia al próximo default. FM 89.9

"Con este pacto tendremos un país vigilado por el FMI" // Gabriel Solano

Un pacto humillante, con un duro ajuste y un cogobierno con el FMI

Los capitalistas celebran el acuerdo de entrega al FMI


El carácter de clase de este nuevo pacto buitre.

 La Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural y cámaras empresarias de la construcción, comercio y bancaria, la Asociación Empresaria Argentina, entre las entidades patronales más poderosas del país, salieron a apoyar públicamente el acuerdo anunciado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional como un camino para «el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos». Se trata de los socios del saqueo y la fuga de capitales que se profundizará con el nuevo programa fondomonetarista, de ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores.
 Los capitalistas criollos celebran el principio de acuerdo como un pilar para terminar con la «incertidumbre» y dejar atrás la inflación, las corridas cambiarias y las crisis de deuda. Aseguran que este acuerdo promoverá «la generación de empleo» porque favorece «el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado». 
 Pero es precisamente la clase social responsable de la fuga de capitales que financió el megacrédito del FMI, y que ubicó al país en el podio de los Pandora Papers sobre las cuentas en paraísos fiscales. Es esa la contracara de la huelga de inversiones que impera, y que acicatea la estampida al dólar y su traslado a precios. Más aún, el superávit comercial récord de 2021 se evaporó en la misma medida por los pagos al Fondo que por los auropréstamos de las empresas hacia sus casas matrices o filiales en el exterior: más de 5.000 millones de dólares. 
 Finalmente, mientras las reservas internacionales siguen desplomándose y la porción de depósitos en moneda extranjera apenas supera los 15.000 millones de dólares, el Indec estima que la burguesía argentina tiene nada menos que 230.000 millones de dólares en billetes atesorado afuera del sistema financiero local (en cajas de seguridad o lo que se dice «abajo del colchón») -una suma que permitiría saldar casi por completo la deuda externa. 
 En el festejo de la clase capitalista pesa especialmente el hecho de que el ajuste que deberá ejecutar el gobierno para cumplir con las metas del programa y la tutela del FMI sobre la política económica plantea una ofensiva frontal contra los trabajadores, y en ese sentido refuerza la extorsión por imponer una flexibilización de las condiciones de trabajo como condición previa a cualquier inversión. El programa fondomonetarista es asumido como el marco para quebrar una correlación de fuerzas contra el movimiento obrero. 
 No hay que perder de vista, con todo, que la corrida que llevó a Macri a pactar de urgencia con el Fondo fue precedida por la formidable rebelión obrera que enfrentó el robo a los jubilados de diciembre de 2017, y obligó a freezar la anunciada reforma laboral. Este nuevo pacto de entrega nacional, saludado como «positivo» por los representantes de todo un régimen político de saqueo que hunde al país en la pobreza, deberá toparse con las reservas de lucha que guardan los trabajadores y el movimiento popular en Argentina y América Latina. Es preciso combatirlo con un programa que apunte a quebrar el parasitismo capitalista, empezando por el repudio de la deuda externa y la nacionalización de la banca y el comercio exterior para invertir el ahorro nacional en el desarrollo del país. 

 Iván Hirsch

Un acuerdo que hundirá la economía nacional hasta el Fondo


Sobre la falacia de que el programa firmado permite un crecimiento económico a la par que pagar la deuda. 

 El relato oficial sobre el acuerdo firmado con el FMI indica que es «razonable» y que no afectará un sendero de crecimiento económico, e incluso que será precisamente con un repunte productivo que se podrá cumplir con el pago de la deuda. La realidad es exactamente inversa, y no podría ser de otra manera. 
 En primer lugar, es evidente que la meta de reducción del déficit fiscal, cuyo cumplimiento será estrictamente monitoreado por el Fondo trimestralmente, implica profundizar los recortes del gasto estatal que afectarán el consumo popular y la obra pública, dos ítems muy sensibles de la actividad económica del país. Los tarifazos en la energía, por su parte, también repercuten sobre los costos de la industria.
 La directiva de que la política monetaria se base en tasas de interés positivas (es decir por encima de una inflación que se mantiene en un ritmo de 50% anual -y podría acelerarse-) encarece el crédito y por lo tanto genera una losa sobre la actividad económica y productiva, al osbtaculizar la inversión. Los que tanto despotrican contra la especulación financiera van a armar un negocio descomunal para la banca con las Leliq a costa de multiplicar la hipoteca del Banco Central, y con los bonos del Tesoro que se verán obligados a colocar para financiarse por el rígido cepo que fijó el Fondo a la emisión monetaria. 
 El objetivo de engrosar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares para fin de año también contiene efectos recesivos, porque requerirá de mayores trabas a las importaciones como forma de evitar la evaporación de las divisas. Más aún cuando los pronósticos auguran una fuerte caída de los niveles récord de exportación del año pasado, lo que amenaza un superávit comercial que hasta el Indec reconoce que obedecía a los mejores términos de intercambio (aumentaron más los precios de lo que se exporta que de lo que se importa) y no a mayor producción.
 El incentivo real a las patronales para que abandonen la huelga de inversiones pasa por una depreciación en regla de lo que denominan el costo laboral. Ese es todo el secreto de la «reactivación económica» que tanto reivindica el gobierno. Según las estadísticas oficiales, entre los tercer trimestre de 2020 y el de 2021 los puestos de trabajo registrados crecieron un apenas un 2,4%, mientras que los precarizados lo hicieron un 18,9%. No es cierto que el nuevo programa fondomonetarista descarte una reforma laboral, esta se está ejecutando en los hechos. 
 Que ello no redunda necesariamente en mayor inversión lo muestra el caso de la industria de los hidrocarburos, que es la nave insignia del discurso oficial sobre el repunte productivo. Las propias petroleras admiten que «la producción está aumentando por las ganancias de productividad [por la superexplotación obrera], pero no es que se invierte más dinero en el país, se está invirtiendo bastante menos de lo que se invirtió en los años previos a la pandemia» (Econojournal, 24/1).
 El saqueo nacional que implica este acuerdo con el FMI es incompatible con cualquier desarrollo económico del país. Por el contrario, para que las riquezas del país no se esfumen en una hipoteca fraudulenta y en la fuga de capitales es indispensable romper con el Fondo, repudiar la deuda usuraria y disponer del ahorro nacional mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior. 

 Iván Hirsch

sábado, enero 29, 2022

Los Fernández y el FMI prorrogan el default por mil días


Con un programa de ajuste, sin consistencia. 

 El ´acercamiento de posiciones` que el gobierno y el FMI lograron a último momento parece residir casi exclusivamente en un punto: Fernández y Guzmán se han comprometido reducir en casi un punto del PBI -unos 4.000 millones de dólares- el déficit fiscal que se prevé para el año que comienza. Extendido a los dos años y medio de vigencia del programa, representa un ajuste adicional del orden de los 12.000 a 15.000 millones en dólares al que tenía programado el gobierno. Todo esto afectará todavía más la poda que el oficialismo ha impuesto a salarios, jubilaciones y planes sociales por medio de la inflación, desde el inicio de la gestión actual. Esta poda, sin embargo, no afecta a la inflación, sólo la reduciría, hipotéticamente, del 55 al 45%. El mecanismo fundamental del ajuste ha recibido un ´service´ en los filtros. 
 En la conferencia de prensa donde anunció el acuerdo, ha confirmado lo antedicho. Dijo que “buena parte de la reducción del déficit 2022 ya se viene logrando gracias a la mayor recaudación”, que se obtiene precisamente por medio de la enorme inflación. Guzmán se refería al carácter confiscatorio de su programa económico, que ha residido en la indexación de los precios y, por ende, de la recaudación impositiva y de los rendimientos de la deuda pública, a cambio de la desindexación de salarios, jubilaciones y de gastos sociales. Sólo en 2021, este mecanismo transfirió 6.000 millones de dólares del mundo del trabajo hacia el Estado y los acreedores de la deuda. Sin sonrojarse, Guzmán afirmó también que el acuerdo “no contempla cambios en el régimen previsional”, como si estuviera dando una buena noticia. La continuidad de la desindexación de las jubilaciones provocará nuevas pérdidas de ingresos a los trabajadores en retiro. 
 Guzmán señaló que tampoco habrá cambios en cuanto a tarifas. Pero la eliminación prevista de subsidios comportará un ´generoso´ tarifazo. Fernández y Guzmán desmintieron que se fueran a producir “saltos devaluatorios”, sin explicar cuándo una devaluación no debe considerarse un “salto”. Pero el acuerdo exige acumular 5.000 millones de reservas en el curso de este año – cuando el saldo de cuenta corriente de este año fue negativo, a pesar de que se registró un superávit de 15 mil millones de dólares en el comercio exterior. Si con un dólar que llegó a 230 pesos en el mercado paralelo, fugar divisas resultó mejor negocio que guardar pesos, con qué tipo de cambio creen ´nuestros´ gurúes que podrán cambiar la tendencia. Ayer, en C5N, un conocedor del paño de las finanzas advirtió que, en 2022, vencen 50 mil millones de dólares de deuda externa del sector privado – mucha más que la acumulación de divisas que impuso el FMI. En el caso de que pretendan frenar la fuga de divisas, por medio de una tasa de interés superior a la inflación, como se han comprometido, Argentina habrá vuelto a los aciagos años de Prat Gay, Luis Caputo y el conocido Mauricio. O sea a la timba financiera. Una tasa básica del 50% anual se traduce en una comercial (créditos o tarjetas) superior al ciento por ciento.

 Financiamiento 

Las contradicciones del acuerdo saltan por todos los costados. La obligación de establecer una “tasa de interés positiva” choca con el compromiso de aumentar la recaudación por encima de la inflación. Menos crédito, más recesión. Encarece en forma descomunal el financiamiento del Tesoro, que ya adeuda el equivalente a 60 mil millones de dólares a corto plazo e indexado. Esta deuda deberá duplicarse como consecuencia del compromiso de los Fernández de transferir al Tesoro la deuda que el Banco Central tiene con los bancos locales - las Leliq-, por el equivalente a 40 mil millones de dólares. No hay nada más potente en materia inflacionaria que un Tesoro que acumula deuda en moneda local indexada por más de la cuarta parte del producto bruto nacional. Daría la impresión que el binomio presidencial hace todo lo posible para ocupar un asiento de reo junto a Macri y compañía, por contraer compromisos financieros fraudulentos. Los acompañará el 90% del Congreso nacional que ratificará estos desmanes. 

 Acuerdo “corto”

 El anuncio de un acuerdo de dos años y medio es una declaración formal de default. El FMI lo quería por diez años y CFK, acompañada por el ilustre Moreau, que militó con el gobierno de De la Rúa, lo quería por veinte. Un acuerdo por un plazo inferior a los mil días, pone al FMI, por un lado, y a los Fernández, por el otro, bajo la supervisión de un tercero: los acreedores internacionales, que han firmado una renegociación, hace año y medio, por casi quince años de plazo. El menor ´traspié´ que el gobierno tenga con el ajuste, con la recaudación, con la actividad económica, o con una paritaria, volverá a llevar el ´riesgo-país´ a la línea de los dos mil puntos. Hacia 2025/2026, los vencimientos conjuntos de capital e intereses de toda la deuda externa argentina trepan por arriba de insostenibles 20.000 millones de dólares. De acuerdo a este pacto, en las elecciones de octubre de 2023, cuya campaña comenzaría a finales del año en curso, el voto de gracia lo tedrán los fondos internacionales. Una vez más, la desesperación lleva a la torpeza. El acuerdo instala, además del financiero, el default político. Macri podría acusar ahora a los Fernández de que han suscripto un acuerdo con el Fondo “para ganar las elecciones”. Se equivocaría, naturalmente, como él lo sabe mejor que nadie, porque aquel pacto con el FMI fue el comienzo del fin del derrumbe de su gobierno. Con el horizonte de renegociar una deuda de nuevo en cesación de pagos, la deuda pública y privada externa de Argentina será objeto de una frenética especulación financiera. En la confererencia de prensa, Guzmán dijo que esperaba una economía “tranquila”. 

 “Política de ingresos” 

Guzmán anunció también una “política de ingresos”. Se trata de un eufemismo para esconder el propósito de convertir a los salarios en “ancla” de la inflación; si los salarios no suben, los aumentos de precios perderían ritmo. El ´anclaje´ de los salarios lleva, sin embargo, casi una década, sin que la inflación se diera por enterada. La raíz de la inflación es la deuda pública impagable, porque ella es considerada la moneda real de un país; la que circula en los comercios es una derivada de ella. En suma, se oficializan “las paritarias ´cuidadas´”. La invocación a los sindicatos y su “responsabilidad”, es el eufemismo, de nuevo, de una guerra contra los trabajadores, que los Fernández asumen que podrían ganar con la burocracia sindical, el Movimiento Evita y las Unidades Ejecutoras de Grabois. El ´zurdaje´ kirchnerista se apresta a ponerse en línea con la consigna de defender al ´gobierno popular´.
 Los trabajadores enfrentamos un menudo desafío político por parte de un gobierno débil que ha ido en busca del Fondo y que obtendrá ahora el apoyo del Congreso patronal.

 Marcelo Ramal
 28/01/2022

La “nueva normalidad”, una guerra contra la vida


El coronavirus ha provocado hasta el día de la fecha más de 362 millones de casos en el mundo y más de 5,6 millones de muertos, según un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkings. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos, 876.000 fallecidos, seguido por Brasil e India. Este año ha comenzado con más de 300 millones de contagios en tan solo 5 meses. Los casos COVID 19 registrados en todo el mundo subieron un 5% entre la semana de 17 al 23 de enero, según informa la OMS. 

 Ómicron, ¿más contagiosa? 

La variante ómicron denominada como “la más contagiosa, pero menos letal”, está llevando a casos récord de contagios. La OMS advirtió que el 60% de la población Europea podría contagiarse antes de marzo, declarando que se podría llegar al “fin de la pandemia” pero solo durante algunas semanas y meses debido a la combinación entre la cantidad de personas vacunadas y por aquel otro sector de la población que se “inmunizó debido a la infección”. Sin embargo, la “inmunidad” sólo sería válida para la variante ómicron, pero no contempla el riesgo de nuevas mutaciones del virus.
 Según un estudio realizado por Benjamín Meyer un virólogo de la Universidad de Ginebra en Suiza, luego de realizar un testeo PCR a 150 personas infectadas, descubrió que no habían diferencias significativas entre la carga viral de personas vacunadas infectadas con la variante Ómicron, de aquellas infectadas con la variante Delta. Además, el estudio demostró que los infectados con la variante Delta todavía seguían siendo contagiosos incluso 5 días después del aislamiento. Los resultados sugieren que la híper transmisibilidad es por la capacidad de la mutación de evadir la inmunidad creada por la vacunación o por infecciones pasadas. 
 Estados Unidos, Europa y América Latina han eliminado todas las pautas de aislamiento para contactos estrechos como así también, la reducción a los positivos a solo 5 días de aislamiento cuando previamente se consideraba seguro que sean 10 días, en una clara política de “convivencia con el virus” y de presencialidad laboral. Mientras tanto, en las últimas 24 hs Argentina quedó en el puesto 6 a nivel mundial en cuanto a decesos reportados para una sola jornada, detrás de Gran Bretraña. La “nueva normalidad” deja a una población enferma y aumenta también, la mortalidad.

 China y Nueva Zelanda: la política covid-zero

 En Nueva Zelanda, su mandataria Jacinta Ardern apostó desde el comienzo de la pandemia a duras restricciones como el cierre de fronteras y confinamientos selectivos para conseguir eliminar el coronavirus; además, la vacuna se hizo obligatoria para trabajadores en contactos con clientes, así como profesores y personal sanitario. La imposición de la vacuna ha generado manifestaciones en contra la obligatoriedad de la vacuna y de las restricciones impuestas en el país por la pandemia. La ministra adivirtió que no abandonaría su política de covid cero, hasta que el 90% de la población se encuentre vacunada. El martes pasado anunció que para trabajadores no escenciales el aislamiento para contacto estrecho en el ámbito doméstico debía ser de 28 días. Las clases presenciales comenzaran pronto, pero con el nuevo esquema de aislamiento los docentes se preguntan si las clases no pasarán a la virtualidad. El país desde el inicio de la pandemia tiene 15.842 casos confirmados y 52 fallecidos. 
 En China también se mantuvo una política de aislamientos selectivos, testeos masivos a la población y seguimiento del virus. Esta política además de mostrar bajos niveles de contagio, ha permitido mantener en funcionamiento la economía y disminuir los índices de mortalidad. Las vacunas elaboradas en la nación ofrecen una protección significativamente menor contra la variante ómicron que aquellas realizadas en occidente. 
 Desde el punto de vista político, el manejo de la enfermedad llevado a cabo por el gobierno le ha traído buenos resultados a punto de ser calificado como “un gran éxito estratégico” sobre las democracias occidentales. “Es un gran desafío para los líderes, especialmente la retórica de salvar vidas. ¿Cómo se justifica la apertura y luego que decenas de miles de personas mueran en el proceso?”, dijo Willy Lam, experto en liderazgo político Chino en la Universidad China de Hong Kong.
 Las restricciones generan que cierto sector de la población -como el caso de Nueva Zelanda- se manifieste a favor de “la libertad”, incluido sectores de izquierda que ven en la toma de medidas preventivas del virus como un ataque a su libertad individual. Sin embargo, ambos países se encuentran entre los que mejor manejaron la pandemia debido a la poca cantidad de contagios y muertes y como en el caso de China, sin afectar la actividad económica. 

 Covid en niños y vuelta a clases

 En el pico de contagios se comienza a debatir la vuelta a clases. Los niños son el sector más golpeado en la pandemia debido a que la gran mayoría todavía no se encuentran vacunados. En Argentina apenas el 45 % de los menores de 11 años tiene el esquema completo de vacunación, se trata de la población más insuficientemente vacunada, es decir con menos recursos para hacer frente a la tercera ola, hay un exponencial de contagios en niños de entre 3 y 11 años. El director del hospital Garrahan confirmó un aumento en la cantidad de internaciones, por lo que debió abrir una tercera sala de cuidados intensivos Covid 19. Además el 10% del personal del hospital se encuentra también contagiado. 
 Sin embargo, el presidente Alberto Fernández ya comenzó su campaña en torno al ciclo lectivo 2022 bajo el slogan “nuestra prioridad en la presencialidad para todos y todas”. Esta política llevará al contagio masivo de niños y docentes. 
 La política de la “nueva normalidad” lleva a la población a enfermarse y aumenta la mortalidad. El manejo de la pandemia en otros países demuestra que existen otras maneras de enfrentar el virus que no someten a la población al contagio. Es necesario revertir la lógica aperturista que como objetivo tiene la presencialidad laboral para “una activación económica” que nunca llegó, debido a la gran cantidad de ausentismo laboral en los puestos de trabajo. Solo la organización de la clase trabajadora con los métodos históricos como la asamblea y la huelga, puede revertir el escenario de catástrofe económica y sanitaria. 

 Florencia Suárez 
 28/01/2022

viernes, enero 28, 2022

La ofensiva de la OTAN sobre Rusia y las pujas por el mercado internacional del gas


Un aspecto fundamental en la crisis de Ucrania es la puja por el suministro de gas a Europa. Rusia abastece, en la actualidad, más del 30% del consumo de Europa occidental. La finalización del gasoducto Nordstream 2 elevaría la provisión de gas por parte de Rusia a cerca del 50 por ciento. Se trata de un conducto de 2500 km de extensión bajo las aguas del Báltico, que espera la autorización de las autoridades alemanas. La demora obedece al veto impuesto por EE. UU. bajo la forma de sanciones económicas. El ND 2 relega el gasoducto ruso que atraviesa Ucrania y le quita a ésta, además del cobro de peaje, un instrumento de extorsión contra Rusia y, eventualmente, la propia Alemania. El veto norteamericano es un factor importante en la el despliegue de tropas rusas que invoca el avance militar de la OTAN sobre Ucrania. Estados Unidos, por otra parte, se ha convertido en un fuerte extractor de gas no convencional en su territorio, que pretende colocar en Europa por medio de transporte marítimo e instalaciones de re-gasificación. El gobierno norteamericano ha metido una cuña, aún insuficiente, para inclinar a Alemania hacia esa opción, como lo demuestra la posición de los partidos Verde y Liberal en la coalición de gobierno que encabeza el Partido Socialdemócrata. El gran capital alemán apoya decididamente la autorización al NordStream 2. Es lo que explica, precisamente, el enfrentamiento del gobierno alemán con Estados Unidos acerca de la salida al conflicto en Ucrania. Los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia), donde hay ingentes inversiones alemanas, en especial en la industria automotriz, han acusado a Alemania de “apaciguamiento” en la confrontación con Rusia. 
 La provisión de gas a Europa involucra a otros protagonistas. Estados Unidos, de nuevo, ha bloqueado la financiación de un gasoducto que había apoyado, dos años atrás, para llevar el fluido por debajo del Mediterráneo, desde el área marítima que bordean Israel, Chipre y Grecia. Una inversión de casi u$s 8.000 millones a través de un ducto de 1900 kilómetros. El proyecto EastMed provocó un fuerte conflicto con Turquía, que quedaba afuera del negocio y de su explotación geopolítica.
 “Washington optó por anunciar su cambio de política en el tono más bajo posible. Nunca dijo explícitamente que se opone al oleoducto. Pero el mensaje emitido en Atenas el 10 de enero de que ´estamos comprometidos a profundizar nuestras relaciones regionales y promover tecnologías de energía limpia´, claramente no incluye el gas natural. Puede que el gas no sea tan sucio como el carbón o incluso el petróleo, pero los ecologistas lo detestan igual” (David Rosenberg,, 24/1). 
 Lo que ha impulsado este boicot nada tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. De nuevo: “EE. UU. está en camino de convertirse en el mayor exportador mundial de gas natural licuado este año, y las empresas estadounidenses están invirtiendo miles de millones para ampliar la capacidad en el país y en el extranjero. Aparentemente, en América la gasolina sigue siendo buena; en el Mediterráneo oriental es un peligro para el planeta” —manifiesta el analista israelí con un toque de ironía (ídem). “Sin EastMed, prosigue el observador, el único mercado de exportación real que tiene Israel (y algún día quizás Chipre) es canalizar gas a Egipto, que lo envía a Europa por barco como GNL. Israel ya lo está haciendo, pero en lo que respecta a los sueños energéticos, es bastante modesto: gracias a la creciente demanda, las dos plantas de GNL de Egipto ya están operando a plena capacidad con gas local e israelí. Además, el GNL es un mercado duro y competitivo” (ídem).
 El abandono del EastMed es, sin embargo, una victoria para Turquía, excluida del emprendimiento. Turquía se encuentra embarcada en sus propios proyectos para abastecer de petróleo y gas desde los yacimientos en el mar Caspio, que deberían atravesar su territorio. Tiene su propio SouthStream, en acuerdo con Rusia, y pretende incluso construir ramales vinculados desde Kazajistán. Todo esto introduce a Turquía en el conflicto provocado por la OTAN en el este de Europa, con quien comparte el vital mar Negro. Una revitalización del EastMed, con la incorporación de Turquía, debería superar la rivalidad de ésta con Grecia y los apetitos monopólicos del licuado norteamericano. Israel, sin embargo, ha invitado a los oligarcas de Rusia y Ucrania a negociar un acuerdo en su territorio, y extendido el convite a Putin y a Zelensky. 
 Bajo el manto de la extensión de la OTAN a todas las fronteras de Rusia, se desarrolla al mismo tiempo una lucha por un nuevo reparto del mercado mundial, que no podría limitarse, potencialmente, al mercado del gas. En el ruedo entran además de Estados Unidos, Rusia y la UE, potencias menores como Turquía e Israel o Irán y Arabia Saudita y Qatar, y súper mayores como China, el mayor importador de combustible del mundo. 

 Norberto Malaj 
 26/01/2022

La ruptura con el FMI y la charlatanería kirchnerista


El agotamiento de las reservas internacionales disponibles ha puesto al gobierno de espaldas a la pared. Para evitar que el Banco Central se seque del todo, no tiene otra que firmar un acuerdo con el FMI, por un lado, o desconocer el pago de las cuotas que vencen mañana y el lunes, y otra muy superior en marzo, y oficializar de este modo una situación de default. 
 En esta circunstancia, el dólar paralelo no para de subir – hasta que se seque la plaza de pesos para comprarlo. Después de haber jurado quinientas veces que no piensa defoltear la deuda y que está decidido a firmar una carta de acuerdo con el Fondo, algunos en el gobierno comienzan a flaquear. En especial Cristina Kichner, que nunca dejó de reivindicar su condición de pagadora serial. Si hay alguna duda al respecto, sería su prueba, pregúntenle a Repsol, al Club de París, a los ‘bonistas’ y, por supuesto, al FMI. En Tegucigalpa, adonde asiste a la asunción de Xiomara Castro, aseguró que las políticas ‘neoliberales’ que pregona el FMI son responsables del narcotráfico. El sitio elegido para esta amalgama no podía ser más apropiado, porque Honduras ha sido gobernada directamente por los barones de la droga. Mientras Kamala Harris, la vicepresidenta de EEUU, arribaba también para la ceremonia, Cristina Fernández aseguraba, con razón por otra parte, que los principales beneficiarios de ese tráfico eran los bancos norteamericanos. Es cierto que Rosario o La Matanza quedan muy lejos de Centroamérica como para que alguien notara la omisión.

 Habemus una crisis política, de nuevo

 En este escenario, una parte del funcionariado oficial ha vuelto a reclamar que se declare el default. Diputados como Leopoldo Moreau, directores del Banco Nación como Claudio Lozano, la infaltable Fernanda Vallejos. Otros, circunstancialmente más relevantes que ellos, como Sabino Vaca Narvaja, el embajador cristinista en Pekín, advirtió que China no acompaña. China misma, dijo, para asistir financieramente a Argentina reclama un acuerdo con el FMI. El ‘imperialismo’ de China, como se puede ver, se mueve aún en las redes financieras internacionales que comanda, sin comillas simples, el imperialismo norteamericano.
 Lo que califica como charlatanería a la prédica de la llamada izquierda kirchnerista, es que no es ni siquiera una declaración de cesación de pagos. Es: ‘no paguemos el lunes, y después vemos’. Es seguir negociando, mientras el ministro Guzmán va ofreciendo deuda pública en pesos pero indexada, a los fondos locales y a los bancos. Al mismo tiempo, los especuladores aseguran la compra de dólares futuros con el Banco Central, a tasas de interés inferiores a la inflación. De otro lado, hay otra deuda pública en dólares, más voluminosa, con acreedores privados, por parte del estado nacional y las provincias, que triplica la contraída con el FMI. Acerca de esta deuda, la izquierda kirchnerista la viene reivindicando desde que fue re-negociada, con “éxito” dicen, hace quince meses. Se trata de la parte gruesa que los Fernández se han comprometido a pagar, y que lo hacen de la única forma que saben hacerlo: mediante la desvalorización de salarios, jubilaciones y planes sociales. 
 El planteo de no pago de la deuda usuraria y ruptura con el FMI sólo puede ser tomado en serio si es parte de transformaciones económicas y sociales que sólo puede realizar un gobierno de trabajadores. En primer lugar con una inmediata elevación de esos salarios, esas jubilaciones y esos planes sociales desvalorizado, que tenga por eje o base el salario mínimo igual a la canasta familiar. La ‘agitación’ de la izquierda kirchnerista, por estas horas, es en cambio una completa estafa política. La Vicepresidenta no se distingue solamente por pronunciar discursos contra la narco-finanza o contra el anarco capitalismo. Hace muy poco, volvió a embestir contra la izquierda “que quiere expropiar todo”, o sea al FMI y al capital financiero, precisamente a quienes han expropiado largamente y lo siguen haciendo, al conjunto de los trabajadores y la mayoría de la pequeña burguesía. 
 El gobierno de los Fernández ha venido confiscando al mundo del trabajo desde diciembre de 2019, con el propósito de descargar la crisis dejada por el macrismo sobre los trabajadores y para preparar el acuerdo con el FMI. Lo ha hecho de nuevo a pocas semanas, en el rechazado Presupesto 2022, que preveía aumentos salariales de un 33% frente a una inflación del 52%. Lo hizo todo el tiempo con la colaboración de la burocracia sindical, incluida especialmente la de izquierda, como es el caso de Baradel. La bravata verbal contra el FMI es un pretexto para justificar la firma de paritarias a la baja, en nombre de la defensa del gobierno nacional y popular. 
 La fracción K del gobierno ha logrado la adhesión política de numerosos ex presidentes – Lula, por supuesto, pero también Mujica, el colombiano Samper, el dolarizado Correa, y varios más; ninguno que se encuentre en funciones o que sea candidato, como sería el caso del izquierdista colombiano Petro, para las elecciones en mayo próximo. No es un arco político que propicie el default o la ruptura con el FMI – es todo, absolutamente todo lo contrario; cada uno de ellos ha sido su sirviente. Esa declaración es un seguro internacional de que el kirchnerismo no pretende romper con el FMI; que la Argentina K no saca los pies del plato. Algún camporista despistado ha sugerido defoltear hasta octubre próximo, cuando Lula vuelva a la Presidencia de Brasil en las elecciones generales. Es lo último que Lula pretende recibir como ‘apoyo’ del gobierno de los Fernández. Hasta ahora no ha movido un dedo, como tampoco el PT y la Central de Trabajadores, contra la reforma previsional y laboral, contra las diez alzas de la tasa de interés en el lapso de seis meses, ni contra los aumentos de combustibles de Bolsonaro – típicas medidas fondomonetaristas. 
 El griterío contra el FMI de parte los pagadores seriales y de los ajustadores también seriales, se parece, como una farsa, al griterío malvinero de la dictadura. De nuevo, una ‘epopeya’ nacionalista y vacía de contenido, para escapar del derrumbe. El nacionalismo pequeño burgués ha sido históricamente pródigo en la malversación política cuando siente el callejón sin salida de sus contradicciones. La clase obrera debe advertir esta estafa, que a fuerza de no ir a ninguna parte lleva a las masas a la derrota. 
 Esta agudización de la crisis financiera plantea la posibilidad de una ruptura política de orden más general. Una crisis que forzará una intervención abierta de todas las clases sociales, en primer lugar de los trabajadores. La necesidad de fijar una política propia se hace más perentoria. La cuestión de la deliberación política de la clase obrera pasa a un primer lugar, al cual se llegará como consecuencia de las luchas y movilizaciones que impone la crisis misma. El cese del pago de la deuda usuraria y confiscatoria debe ser acompañado, para no ser una frase vacía, de un control general de la gran producción, comercio y finanzas; de una apertura de los libros de las grandes empresas; y de un plan económico alternativo – o sea de una lucha de conjunto por el poder político, por un gobierno de trabajadores.
 Pero es necesario ir un poco más lejos todavía. Es que detrás del barullo y la charlatanería se desarrolla la tendencia a un colapso oficial. La piedra libre de los Fernández a la pandemia -que es la medida fondomonetarista de mayor envergadura, porque sacrifica la vida de los trabajadores a las exigencias del capital-; la crisis, de un lado con la Corte y del otro con el Congreso; la falta de Presupuesto; el incremento de la inflación; las paritarias; las luchas obreras; el chubutazo; el fraccionamiento del gobierno; todo esto, en suma, plantea una crisis generalizada, no solamente a la clase obrera sino a todas las clases sociales. La necesidad de un Congreso Obrero se torna urgente. Un congreso que defina un plan de lucha, que prepara la huelga general, que organice comités obreros y que presente un programa para salir realmente de esta catástrofe capitalista.

 Jorge Altamira 
 27/01/2022

jueves, enero 27, 2022

¿Quién fue Rosa Luxemburgo?

El médico revolucionario - Che Guevara

El deporte y la ética: Cuba y el mundo

Marcha contra el pago al fmi // La deuda es con el pueblo

La Ley de Humedales pierde estado parlamentario

Las criptomonedas Zoe son acusadas de estafa piramidal


El mecanismo fraudulento con el que operan corrobora el carácter especulativo de las “cripto”. 

 En las últimas semanas empezó a sonar el nombre Zoe en redes sociales (y en los juzgados) como una estafa de índole piramidal, como las conocidas como “Esquema de Ponzi”, aunque ahora se trataría de una versión aggiornada en forma de criptomoneda. Lo curioso es que traía bajo el brazo una promesa inédita para las monedas digitales: tener respaldo, como cualquier divisa. En este caso no en otra moneda, sino en oro. Un evangelista, Leonardo Cositorto, es quien lidera Generación Zoe, un holding que prometía “democratizar la riqueza” y entregar un gramo de oro por cada Zoe Cash adquirido.
 Cositorto presentaba muy seguro tener “minas de oro” en San Juan y Jujuy, lo que le permitiría asegurar un respaldo sobre la moneda digital. Esto de por sí choca de fondo con la naturaleza misma de las criptomonedas, que no pueden ser monedas reales precisamente por no estar respaldadas. En los “centros de canje” de la empresa, las Zoe Cash podrían ser, decía, reemplazadas por un gramo de este metal precioso. No obstante, todo esto fue puesto severamente en duda por la Cámara Minera de San Juan, que aseguró a Infobae que esta firma no es propietaria de ningún yacimiento en la provincia. Pero, más absurdo aún, el Zoe Cash llegó a cotizar en su mejor momento en el último año (tuvo un pico a principios de este mes)… 30 centavos de dólar. Cada “token”, o unidad de valor, era equivalente a, en promedio, $65. El gramo de oro cotiza en el mercado actualmente por encima de los $6.000. 
 Este líder evangelista asegura, además, que Generación Zoe tiene más de 100.000 inscritos a sus programas y asesorías financieras, “Zoe Coach”, donde Cositorto “enseña” cómo hacer inversiones y generar ganancias. Este fue uno de los argumentos para defenderse ante las acusaciones de estafa, que su empresa “trabaja en todo el mundo” y que cientos de miles de personas depositan su confianza en ella. Algunos condimentos en la historia rozan el ridículo, como que por ejemplo el Club Deportivo Español de Buenos Aires, que viene de una quiebra y recurrentes crisis económicas, comenzó el año pasado a pagar los premios e incluso parte de los sueldos de los jugadores de fútbol ofreciendo estas criptomonedas. 
 Pero al momento en que la entidad recibe la denuncia, sus unidades de valor se empezaron a desplomar, provocando un pánico financiero por el cual los inversores intentaron liquidarlas en el mercado antes de que el derrumbe sea total. Lo que, claro, solo aportó al cuadro. 
 Las promesas de los descomunales rendimientos empezaron a levantar sospechas y también acusaciones de estafa. La empresa RugDoc, que se dedica a constatar la veracidad de distintas criptomonedas, explicó que la misma funciona con un método fraudulento. Si bien es un proceso con cierta complejidad, se puede resumir que por cada inversión, los responsables de Zoe Cash manipulan la “blockchain” (o cadena de bloques) para crear más tokens y conservarlos ellos mismos. Así, un grupo selecto multiplica su fortuna por cada inversión de personas que confían en recibir ganancias siderales en poco tiempo, y que tranquilamente pueden morir esperando. Muy similar a lo que ocurre con las estafas piramidales. 
 Distintas plataformas de trading dieron de baja a Zoe, luego de varias denuncias en su contra incluso por agencias públicas que advertían de sus operatorias sin permiso legal. Ya desde octubre la Comisión Nacional de Valores (CNV) había intimado a la empresa a cesar las operaciones, algo que no ocurrió. El problema mayúsculo es que miles de inversores perdieron rotundamente y quedaron en el limbo. Ya no solo el Zoe Cash es “invendible” si se atiende al desplome en el corto plazo y el estallido de las operaciones, intentando venderlas para recuperar aunque sea un mínimo. Directamente varias plataformas ya siquiera permiten operar con ella, lo que anula hasta la más mínima posibilidad para todas las personas que invirtieron en esta cripto.
 La ilusión de los inversores de este tipo de estafas llevó en muchísimos casos a la venta de propiedades, autos, bienes personales e incluso negocios por la expectativa de multiplicar majestuosamente el monto inicial. Esto no es un fenómeno novedoso: unos 14 años atrás, en Colombia, la caída de varias estafas piramidales llevó a un desbarate económico gravísimo, donde inversores de a montones perdieron absolutamente todo. En algunos departamentos, hasta el 90% de la población tenía algún tipo de activo ingresado en estas redes (Clarín, 25/1). 
 Mientras tanto, Cositorto acusa un intento de “desestabilizar” a Zoe, de dibujar enemigos que quieren ponerle punto final a una empresa que viene a “asegurarle ganancias siderales” a todos sus inversores. El terreno de las criptomonedas, netamente especulativo, es un caldo de cultivo para este tipo de estafas, lo cual ridiculiza a quienes endiosan “las cripto” como alternativa a los sistemas financieros regulados por los bancos centrales. La acumulación capitalista no puede prescindir del Estado, tanto en su rol de “junta de negocios” de las burguesías nacionales como de gendarme de la dominación política sobre los explotados. Las criptomonedas no vienen a proponer ninguna revolución, sino que son parte de un capitalismo agotado que engrosa las especulación como forma de sortear la declinación de su tasa de beneficio, lo que revela que la ganancia capitalista no es ya un motor sino obstáculo al desarrollo productivo. 

 Manuel Taba

Coronavirus: aumentan las muertes, profundizan el ajuste


El pico de fallecimientos se ubicaría entre 400 y 1.000 diarios. 

 Hace más de una semana que el promedio de muertes diarias por coronavirus en el país no baja de 140. Estos últimos dos días se contabilizaron los mayores números de la tercera ola: 260 ayer y 280 el día anterior. Otro dato es revelador: de la primera semana a la segunda de enero el crecimiento de casos letales fue de 84%, mientras que de la segunda a la tercera aumentó un 124%. Es evidente que, finalmente, los fallecimientos están alcanzando a los casos y llegando a su propio pico. 
 La buena noticia es que, en comparación con la segunda ola, la tasa de letalidad (número de fallecimientos por número de infectados) es mucho menor, en parte gracias a la acción de las vacunas que comprobaron ser sumamente eficaces para evitar las formas graves y en parte debido a la aparente menor virulencia y afectación pulmonar-respiratoria de la variante Ómicron. Esto, sin embargo, no evita que los números actuales de muertes y casos graves sean preocupantes, especialmente porque son varios los especialistas que aseguran que lo peor está por llegar, sobre todo si se tiene en cuenta que el tiempo entre el contagio y la evolución hacia una forma grave es más extenso en Ómicron.
 En este sentido, es claro que frente a un número absoluto de contagios tan grande como los actuales, con un promedio de 100 mil diarios y casi un millón de casos activos, la pequeña fracción de casos complicados deja de ser pequeña. De allí los 200 fallecimientos diarios o el casi 50% de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. 
 Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) reveló que los fallecimientos podrían crecer a más de 400 y 1.000 diarios. Cualquiera de las dos proyecciones -la “pesimista” y la “optimista”- plantean escenarios con picos de muertes en un contexto de meseta de contagios extremadamente alta. Todo indica que los más afectados son los no vacunados o con esquemas incompletos y aquellos con comorbilidades, pero también toca a quienes transitaron la infección sin pasar por la hospitalización.
 Sobre este punto hay que rescatar que todavía es incierto el universo de secuelas a mediano y largo plazo de la infección por coronavirus. No podemos dejar de mencionar que la infección es de tipo sistémica, lo que implica la afectación de varios órganos y la posibilidad de alterar el bienestar de las personas en múltiples planos. En principio los estudios sugieren que 6 de cada 10 pacientes continúan sintomáticos por seis meses y que el 30% de aquellos que se recuperan pueden presentar por algún tiempo un empeoramiento de su calidad de vida. Además, los jóvenes que transitaron la enfermedad en forma leve pueden presentar por periodos prolongados problemas en la concentración, dolores de cabeza, depresión y hasta psicosis, siendo aún desconocido el tiempo de duración. 
 El gobierno no deja de flexibilizar protocolos, como el aislamiento para contactos estrechos o la reciente noticia de la eliminación del requisito de PCR negativo para argentinos y residentes que reingresen al país, en un contexto en el cual gran parte de la población se encuentra de vacaciones, es decir que los cuidados se reducen y los contagios florecen. Así, la actitud estatal de “descuidado” da el ejemplo para todas las flexibilizaciones del ámbito privado, como la eliminación de los protocolos o el obligar a los trabajadores a asistir con síntomas o siendo contacto estrecho a sus lugares de trabajo, centro neurálgico de los contagios. Todo en favor de evitar un parate de las actividades económicas y presentar números acordes para el FMI, pero a costa de la salud de la clase trabajadora. 
 Con ese horizonte es que el gobierno avanzó en la reducción del presupuesto de salud para el próximo año en $48.150 millones, corroborando la intención de borrarse de cualquier responsabilidad estatal a través de la desarticulación de los dispositivos Covid puestos en marcha durante la pandemia y privatizando testeos y atención, en momentos que se necesita en realidad el reforzamiento del sistema sanitario. Para ello se debe aumentar el presupuesto para salud y centralizar el sistema, de manera que funcione de manera articulada y se garantice el acceso para toda la población. Fortalecimiento de los testeos a través del aumento de los centros y del personal. Recomposición salarial para los trabajadores de la salud y paritarias indexadas a la inflación, así como el establecimiento de protocolos bajo control obrero a través de comisiones de seguridad e higiene electas entre las bases y vuelta de los aislamientos para contactos estrechos y aquellos que presenten síntomas. Para financiar este programa se debe romper con el FMI y rechazar el pago de la deuda. 

 Lucía Cope

miércoles, enero 26, 2022

Boric: designación del gabinete y las futuras crisis de La Moneda


El pasado viernes, el presidente electo, Grabriel Boric, anunció formalmente los veinticuatro ministros y ministras que conformarán su gabinete. La atención del mundo político, el capital financiero y la prensa estaba puesta en el futuro Ministerio de Hacienda, que recayó en el actual presidente del Banco Central (BC) y ex Partido Socialista, Mario Marcel.
 Marcel se mantuvo en la presidencia del BC desde el último gobierno de Bachelet y luego fue ratificado por el propio Piñera. También se desempeñó como funcionario en el Banco Mundial; la OCDE; y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La bolsa de Santiago respondió positivamente al nombramiento, en tanto el dólar cayó 8 pesos. Security; EuroAmérica; VanTrust; Nevasa; Moody’s aplaudieron la designación 
 Boric se había reunido previamente con los principales empresarios chilenos en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) a los que tranquilizó con un ´plan de recuperación económica con el estímulo a la inversión´. 
 El empresario chileno y presidente del Grupo Luksic, Andrónico Luksic -cuya familia ostenta una de las mayores fortunas del mundo- felicitó a Boric y recalcó que Marcel ha sido uno de los opositores a los retiros de los fondos de las AFP que Boric, en su condición de diputado, había votado a favor. Ahora, como futuro presidente, señaló en su primera entrevista oficial para CNN que los retiros de AFP “vacían los ahorros de los trabajadores, afectan el mercado local de capitales y generan una presión inflacionaria indeseable”. Ante sus declaraciones, la diputada Pamela Jiles del Partido Humanista, advirtió que “el quinto retiro depende de la presión ciudadana y no de lo que opina un ministro o Presidente actual o futuro”. El Senado deberá aprobar la propuesta del nuevo presidente del Banco Central, para los siguientes dos años. 

 Cómo se gana perdiendo

 “No puedo menos que felicitar al PS, qué manera de ganar perdiendo”, declaró el diputado del PC Hugo Gutiérrez, luego del nombramiento de ministros. En efecto, el PS estará a cargo de los ministerios de Vivienda y Defensa. Vivienda será dirigido por Carlos Montes, que deberá enfrentar a un histórico movimiento de pobladores movilizados por el derecho a la vivienda. Defensa será dirigido por Maya Fernández – un supuesto guiño político de Boric al progresismo, dado que Fernández es nieta de ex presidente Salvador Allende. Montes ha sido un duro crítico de la actual presidencia del PS, mientras que el sector de Fernández fue acusado de apoyar la campaña de Boric muy tempranamente, inclusive mientras la candidata oficial de la coalición del PS (Nuevo Pacto Social), la demócratacristiana Yasna Provoste, aún se encontraba compitiendo. 
 Los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores fueron también entregados a ex PS. 
 El PS pidió a Boric integrar a otros partidos al gabinete, y así fue. Al Partido Radical se le entregó el Ministerio de Minería, que además del cobre, deberá hacerse cargo del conflicto por la licitación de la explotación del litio, que hoy se encuentra suspendida. La Democracia Cristiana, finalmente, queda afuera. 

 Los ministerios de Apruebo Dignidad

 El que no está conforme es el Partido Comunista, a quiénes se le entregaron la vocería de gobierno, que estará en manos de Camila Vallejos, actual diputada del PC y ex vocera del movimiento estudiantil universitario junto a Boric durante las movilizaciones del 2011; el Ministerio de Trabajo, un lugar estratégico e importante para el PC luego de haber perdido las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a manos del PS; y el Ministerio de Ciencias. 
 El PC quería además el Ministerio de Desarrollo Social, que había dirigido en el último gobierno de Bachelet. Sin embargo, Boric se lo entregó a los ex concertacionistas del Partido Por la Democracia (PPD). El PC también mostró insatisfacción con el nombramiento de Marcel en Hacienda. 
 Izkia Siches será ministra del Interior. Siches es una ´independiente´ cercana al Frente Amplio. Fue presidenta del Colegio Médico de Chile (COLMED), y durante la pandemia emergió como personaje político al criticar la gestión sanitaria de Piñera. El año pasado abandonó su puesto gremial para sumarse a la campaña electoral de Boric en la segunda vuelta, y se le atribuye haber conseguido los votos que Boric necesitaba en el norte del país. 
 Siches deberá hacerse cargo de la situación del Wallmapu. Boric ya anticipó que no pedirá la extensión del Estado de Emergencia que tiene militarizada a la Araucanía y otras tres regiones del país, aunque no ha dejado de condenar los ´actos terroristas´ atribuidos a los mapuches. Siches probablemente también deberá hacerse cargo de dar respuesta al movimiento social que exige la libertad de las presas y presos políticos de la rebelión. Sobre el tema, Boric se reunió para negociar con algunos de los senadores derechista la reformulación del indulto para los presos -que es una potestad administrativa del presidente- por una amnistía, que tiene mayor alcance pero requiere de una ley. La derecha se ha pronunciado en contra de cualquiera de estas variantes, mientras que los familiares de los presos bregan por un indulto, entendido como el camino más expeditivo para lograr su libertad. La amnistía, por otra parte, denuncian los familiares, no abarcaría la totalidad de los delitos que se les atribuyen a los detenidos sino a los de menor cuantía; la mayoría de los presos, por otra parte, permanecen detenidos sin haber sido sometidos a juicio todavía. 
 Del resto del gabinete se destaca la presencia de los partidos del Frente Amplio; una mayoritaria de mujeres para fascinación del feminismo; y miembros de la comunidad LGTBI+. Por su parte, el Comité Político del gabinete estará compuesto por el Partido Socialista en Hacienda; Partido Comunista en vocería de gobierno; y el Frente Amplio en Interior, Secretaría General de Gobierno, y Ministerio de la Mujer.
 Teóricamente, el gabinete de Boric refleja la gobernabilidad que necesita desde el punto de vista de la mayoría parlamentaria. Su coalición, Apruebo Dignidad, tendrá 37 de las 155 bancadas en la Cámara de Diputados y 5 de los 50 de la Cámara de Senadores. Ahora, con la incorporación de la ex Concertación, Boric podría tener mayoría en el en Diputados si logra arrastrar a otros sectores de la centro izquierda como el Partido Humanista o el Partido Ecologista Verde. En el Senado se encontrará empatado con la oposición y la DC podría jugar importante.
 La Democracia Cristiana queda en un terreno poco claro. Si bien no fue convocada para el gabinete y Boric ya descartó darle cualquier puesto en las subsecretarías ministeriales, sigue perteneciendo al bloque del PS será parte del gobierno 
 Los votos de la DC; la interna del PS; el conflicto mapuche; la libertad de los presos políticos.; la licitación del Litio; las AFP; los crecientes contagios de covid; la aprobación la nueva constitución que redacta la Convención; y el panorama mundial preparan una muy acalorada asunción de gobierno para Boric el próximo 11 de marzo. 

 Javiera Sarraz 
 26/01/2022