lunes, mayo 31, 2021

En una América Latina explosiva, la Copa América se jugará en Brasil


Lo decidió la Conmebol luego de trasladarla de Colombia y de Argentina 

 La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes vía Twitter que, luego de varias idas y vueltas, la Copa América 2021 de fútbol masculino desembarcará en Brasil. Esta resolución se da tras descartarse la posibilidad de que se realice en Argentina, que se había presentado como un posible relevo de su sede original, Colombia, donde la heroica rebelión popular del pueblo colombiano -y la descomunal represión estatal- llevaron a la confederación a mudar la sede del certamen. 
 Este hecho contribuye a un paneo de la situación más general de América Latina. Tras la suspensión de la competencia en el país colombiano, la opción que había surgido y estaba confirmada para el reemplazo era Argentina; lo que puso en evidencia a un gobierno que se dedicó a improvisar en el auge de una verdadera catástrofe sanitaria para poder acaparar el negocio millonario que la competencia implicaría. Luego de avances, recules y contradicciones, Alberto Fernández decidió dar marcha atrás, aunque incluso antes de cualquier anuncio oficial, la Conmebol “se le adelantó” bajándole el pulgar. 

 América Latina, un polvorín 

Ahora bien, estas situaciones no son novedosas ni exclusivas al desarrollo de la pandemia de Covid-19. Si en diciembre de 2018 la Conmebol decidió trasladar la final de la Copa Libertadores de fútbol masculino entre River y Boca a Madrid, tras la agresión al micro que trasladaba al conjunto de la Ribera a pocas cuadras del “Monumental”, un año después deberían tomar una decisión similar. En 2019, nuevamente la final de la Copa Libertadores de fútbol masculino era mudada de sede, esta vez, de Santiago de Chile a Lima, en Perú. 
 El motivo era, al igual que con la presente Copa América, el estallido de la rebelión popular protagonizada por el pueblo chileno y la cruda represión montada por el Estado como respuesta. Vale decir que, incluso antes de la crisis sanitaria, las sucesivas reubicaciones de las competencias deportivas organizadas por Conmebol ya daban cuenta de un continente que se ha transformado en un verdadero polvorín.
 Sobre esta Copa América 2021 basta mencionar que su mera organización en un continente devastado por el Covid-19 es el reflejo de la defensa hasta las últimas instancias -y sin importar el costo- de un negociado que mueve verdaderas fortunas. En las últimas semanas, como resultado de la saturación de un sistema sanitario derruido y desfinanciado, Argentina se ha metido entre los países con más muertes diarias por millón de habitantes en el mundo, entre los que ya se encontraban Uruguay y Brasil, acumulando este último casi medio millón de decesos desde el inicio de la pandemia. 

 Las contradicciones y la crisis interna del gobierno 

Ante la posibilidad de que la competencia se disputara en suelo nacional, el gobierno encabezado por Alberto Fernández buscó abrocharla por cielo y tierra, incluso cuando el aumento exponencial de casos llevaba a una superación sucesiva de los récords diarios y regía en todo el país el tibio confinamiento de 9 días como un intento de reducirlos. 
 El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, fue quien lo anunció públicamente, asegurando que haciendo cumplir ciertos protocolos coordinados con Conmebol, la jornada era perfectamente realizable. A su asentimiento salió rápidamente la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti. 
 Sin embargo, un fuerte factor de oposición se gestó por dentro de la coalición de gobierno, ya que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, como su viceministro, Nicolás Kreplak, pidieron postergar la Copa América por varias semanas, apostando a una reducción de los casos. Incluso se metió en la riña hasta el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que se mostró disconforme con la posibilidad de utilizar en este cuadro a la policía bonaerense, que ha sido el bastión de todo el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof para imponer la cuarentena a base de una enorme y sangrienta escalada represiva, para los operativos que demandaría la realización de la competencia. 
 Las tensiones internas del gobierno nacional con el gobierno bonaerense llevaron al primero a dar marcha atrás. Los voceros del mismo, como Cafiero y Vizzotti, rápidamente pegaron un volantazo y adujeron que no había condiciones sanitarias para realizar la Copa América en nuestro país. Pero a su vez, el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, deslizó en una entrevista que no se trataba al cien por ciento de una decisión sanitaria, sino también del “mensaje que se le daba a una sociedad a la que se le está pidiendo hacer un gran esfuerzo”. 
 No obstante, la oposición derechista encabezada fundamentalmente por el macrismo no evitó meter bocado: el expresidente Mauricio Macri calificó la realización del evento como “incoherente” ante el cuadro sanitario, en línea con Patricia Bullrich, que alegó que la prioridad del gobierno es el “pan y circo”. Mientras tanto, en el ala “conciliadora” del macrismo liderada por el gobernador porteño Horacio Larreta, su ministra de Educación, Soledad Acuña, utilizó el vaivén como chivo declarando que “siente desesperanza cuando se habla de la Copa América y se cuestiona la vuelta a clases presenciales”. 
 No se trata en ninguno de estos casos de una preocupación genuina de los bloques patronales por la salud de la población, sino de un intento ambicioso de poder equilibrar un negocio millonario como la realización de la Copa América en el país y el interés de que puedan jugarse al menos sus instancias finales con cierto margen de público; así como también con el hecho de que la misma podría desembocar un nuevo aumento de los casos, forzando a nuevas medidas restrictivas que puedan afectar la actividad económica y, como tal, la ganancia capitalista. 

 La pelota rueda en el ojo del huracán 

Pero cabe preguntarse: ¿Brasil está en mejores condiciones? La respuesta es no. Ni en términos sanitarios ni en términos políticos. Las recientes y masivas movilizaciones contra el gobierno del negacionista Bolsonaro y su manejo criminal de la pandemia en Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia, Salvador de Bahía o Belo Horizonte dan cuenta de una clarísima inestabilidad, y este anuncio podría incluso echar más leña al fuego del descontento popular. El efectivo desarrollo de la competencia organizada por Conmebol en aquel país dependerá una vez más de que las movilizaciones y las jornadas de lucha se multipliquen o no, estando a 12 días de que la pelota comience a rodar. 
 La conclusión fundamental que esta incertidumbre alrededor de la Copa América nos presenta es que el deporte más popular del mundo se rige por detrás por los intereses capitalistas en juego, en un claro detrimento de la salud de la población trabajadora. Los protocolos contra el Covid-19, aún con todos los recursos a disposición, no dejan de ser a medida de la rentabilidad de los clubes, las federaciones y las empresas: así lo prueban los brotes masivos de contagios en muchos de los planteles profesionales de fútbol, tanto en el país como en el mundo. La prueba más cabal y trágica de esto es el reciente fallecimiento de Gustavo Insúa, el chofer del micro de River Plate. 
 La única salida, como en todo el contexto sanitario mundial, sigue siendo la vacunación masiva; que sigue viéndose obstaculizada por el escollo que representa el sistema de patentes que le garantiza millonadas a los laboratorios y el capital farmacéutico. A su vez, se destaca el rol criminal de la Conmebol y los gobiernos que buscan realizar el certamen de cualquier manera en un contexto crítico. Sin embargo, el mismo refleja, como bien señalábamos, que América Latina es un verdadero polvorín. 
 Para avanzar realmente hacia el fin de la pandemia en el continente, el camino nos lo marcan las rebeliones en Colombia, en Chile o las recientes movilizaciones en Brasil. 

 Manuel Taba

Crecen las muertes por Covid en los lugares de trabajo


La conclusión surge de los datos aportados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

 Según los informes presentados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), las muertes por Covid-19, reconocidas por las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) se habrían incrementado un 17% en la última quincena, con un total de 1.701 trabajadores fallecidos. 
 Esta conclusión parte de analizar los datos publicados el 28 de mayo con los correspondientes al informe previo del 14 del mismo mes, mostrando un salto en los casos mortales de 1.435 a 1.701 trabajadores. 
 Por otra parte, también alarma el crecimiento en los casos de contagios reconocidos, que habrían ascendido en un 8,3% en los últimos 16 días, pasando de 319.013 a 345.242 contagios (26.526 más) en lo que va de la pandemia (Tiempo, 30/5). 
 Estas cifras, aunque preocupantes, presentan un cuadro sesgado de la realidad, ya que implican solo los casos reconocidos y denunciados ante las ART, dejando por fuera miles de situaciones no contabilizadas. 
 Para acceder a esta cobertura, son los propios trabajadores quienes cargan con la obligación de demostrar que el contagio se produjo en el lugar de trabajo –o camino a el-, carga que solo se invierte en caso de presentarse condiciones excepcionales. 
 También cabe mencionar que muchas actividades no se encuentran contempladas en el marco de las ART. Tal es el caso del trabajo no registrado o de modalidades de contratación precarizadas donde los trabajadores no cuentan con cobertura. Desde distintos gremios denuncian que los casos de contagios y muertes son aún mayores, pero que muchos no son declarados como tales.
 El informe de la SRT arroja que el salto en los fallecimientos se acentúa con fuerza en la industria (25,2%), comercio (26%), construcción (20%) y transporte (18%), entre algunos de los más destacados (Ídem). 
 Esta situación cuestiona el relato del gobierno nacional, desde donde se niega la incidencia de la actividad laboral en la propagación del virus y en sus efectos mortales.
 Las cifras son el respaldo del reclamo de distintos sectores obreros que, en el último periodo, vienen protagonizando acciones y medidas para exigir ser integrados entre las prioridades del cronograma de vacunación contra el Covid-19. 
 Que las vacunas impactan sobre la mortalidad del Covid lo demuestra el sector de salud, donde más se ha avanzado en esta materia. Los casos fatales solo acusan una diferencia de 9 casos, pasando de 163 a 172. 
 El compromiso del gobierno de vacunar a los trabajadores del transporte aún está en pañales, ganando tiempo en la presentación de los “listados” por gremio. Actividad infructuosa si se destaca que el Estado ya cuenta con la información necesaria –cruzando datos de distintas dependencias- para proceder a una vacunación inmediata. Lo que les falta son vacunas. 
Además este método no está exento de ser manipulado por los propios burócratas sindicales, como ya se denuncia en la UTA donde se dejaría por fuera de los listados a quienes no tributen en la obra social del gremio. 
 Otro punto que a desnudado su fracaso es el de los protocolos sanitarios elaborados y controlados por las patronales, los cuales suelen ser la coartada para que los capitalistas pueda producir sin presiones adicionales por parte del Estado. Se ha demostrado que en lugares con aplicación de estos protocolos los contagios siguen siendo masivos, como el caso de Acindar Villa Constitución.
Esta situación vuelve a poner de relieve la necesidad de que solo se convoque a trabajar al personal estrictamente esencial, el cual debe ser vacunado inmediatamente para no colocar su vida en riesgo. Para esto es necesario garantizar la provisión de vacunas, comenzando con la intervención del laboratorio de Hugo Sigman, para cumplir con la inmunización de los trabajadores. Estos son reclamos que el movimiento obrero viene desarrollando y que se multiplicarán conforme se agrave la crisis.

Marcelo Mache

"Seguir en pie de lucha, resistiendo”. El testimonio de la “primera línea” de la rebelión colombiana

El asesinato de las hermanas Mirabal y la caída de Trujillo


A 60 años de la muerte del dictador dominicano. 

 El asesinato de las hermanas Mirabal y la caída de Trujillo El asesinato en 1960 de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ha sido un catalizador del descontento popular contra le régimen sangriento que había gobernado el país desde 1930. Este debilitamiento provocó que el imperialismo yanqui, temeroso de que en República Dominicana pudiera desarrollarse revolución como la que había tenido lugar en Cuba en 1959, “le bajara el pulgar” a Trujillo luego de que fuera un aliado estratégico en la región, quien fue emboscado y asesinado en 1961. 
 Las hermanas Mirabal provenían de una familia de hacendados de República Dominicana. Sus padres se vieron perjudicados económicamente una vez que asumió Trujillo -jefe del ejército- en el poder, ya que procedió a monopolizar la producción de sal, carne, arroz y tabaco en beneficio propio y de su familia. Tempranamente, en 1949, los Mirabal comenzaron a sufrir hostigamientos de manera más directa por parte del dictador, a tal punto, que ese año decidió encarcelar a Minerva y a su padre debido a que la joven lo había rechazado. Es preciso mencionar que el abuso contra las mujeres era una práctica habitual para el dictador, como parte de los múltiples mecanismos que utilizaba para impartir pautas de dominación y sometimiento. Este episodio anecdótico sembró en Minerva Mirabal un profundo rechazo al régimen de Trujillo que se profundizaría años después en sus pasos por la universidad.
 Cuando Minerva se mudó a Santo Domingo a estudiar Derecho comenzó a tomar dimensión del genocidio que estaba viviendo su país. Allí se unió a un grupo de oposición a la dictadura trujillista, identificado con planteos de izquierda. A esta organización clandestina se sumó María Teresa tiempo después que su hermana. Ambas fueron encarceladas y torturadas en varias ocasiones por protagonizar acciones contra el gobierno. Tanto Minerva como María Teresa se convirtieron en dirigentes de la resistencia al régimen. Patria, por su parte, era simpatizante y colaboraba con la organización. “Mariposa” fue el seudónimo que adoptó Minerva ni bien se inició en la vida política, con el que luego se las nombraría a las tres hermanas. 
 El 14 de junio de 1959 protagonizaron junto al Movimiento de Liberación Dominicana -conformado por exiliados dominicanos en Cuba que habían luchado con Fidel Castro- un levantamiento armado para tirar abajo el régimen dictatorial. Este intento fue derrotado por el ejército y la fuerza aérea de de Trujillo. En honor a aquella gesta, el 30 de junio de 1960 realizaron una asamblea con delegados de todo el país y acuñaron el nombre de Movimiento Revolucionario 14 de Junio (14J). Allí adoptaron el programa mínimo del Movimiento de Liberación Dominicana, que bregaba por una reforma agraria que le concediera el derecho a la tierra a los campesinos y por la abolición de impuestos antipopulares, entre otros postulados. El 14J abrazó el método de la guerrilla y llegó a contar con más de 6.000 militantes en toda República Dominicana. Ellos aspiraban derrocar a Trujillo por medio de la lucha armada para luego poner en pie una Asamblea Constituyente que diera lugar a un régimen democrático. Años más tarde impulsaron las insurrecciones de 1963 y 1965 contra otro golpe militar auspiciado Estados Unidos.
 El 25 de noviembre de 1960 «Las Mariposas» estaban volviendo de visitar a sus maridos -también militantes- que se hallaban en prisión, cuando fueron interceptadas en la ruta por un grupo de tareas que actuaba bajo las órdenes de Trujillo. Esos hombres las golpearon al costado de la ruta hasta matarlas. Sin embargo, con este acto no lograron escarmentar la lucha que las hermanas Mirabal encabezaban, por el contrario, su muerte conmocionó al país y despertó la conciencia de amplios sectores de la sociedad. El hecho vino a acelerar el rechazo popular a la dictadura, que ya se venía gestado tras años de represión, políticas expulsivas hacia la población campesina y regimentación de los trabajadores. 
 “Si me matan, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte” solía repetir Minerva y no se equivocó. Al año siguiente asesinaron a Trujillo y se puso fin a más de 30 años de terror. Vale recordar que durante su mandato se fusilaron a 50 mil personas. Las hermanas Mirabal, de este modo, quedaron en la memoria del pueblo dominicano como mártires revolucionarias.
 El 17 de diciembre de 1999 la ONU designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un intento de institucionalizar la figura de Las Mariposas. Aquella iniciativa por parte del imperialismo buscó invisibilizar la verdadera identidad política de las hermanas Mirabal: el hecho de que conformaban una organización de carácter antiimperialista, la cual se referenciaba con la izquierda, defendía la lucha armada y estaba fuertemente inspirada en la Revolución Cubana. 
 Quienes peleamos por el socialismo nos movilizamos en cada aniversario de su asesinato reivindicando las mejores tradiciones de estas tres militantes que arriesgaban su vida para terminar con la opresión de su pueblo.

 Sofía Hart
Prensa Obrera

domingo, mayo 30, 2021

Un mes de rebelión popular en Colombia


El 28 de mayo, a un mes desde el inicio del paro nacional y la rebelión popular colombiana, nuevas movilizaciones de masas sacudieron el país. La rebelión colombiana, por su extensión en el tiempo, por su desarrollo a escala nacional, por su combatividad, por no conformarse con la caída de una serie de reformas reaccionarias y con la caída de un puñado de ministros, y por su clarividencia en cuestionar al conjunto del régimen imperante, representa el proceso más importante y más álgido de la lucha de clases en América Latina. 
 En el transcurso de este mes, se han erigido miles de bloqueos de rutas en todo el país, sostenidos por trabajadores, jóvenes, campesinos e indígenas y en todo el país florecen las asambleas y cabildos populares. Como consecuencia de los bloqueos, según una encuesta realizada por las cámaras de comercio, de las 13 mil compañías consultadas, el 22% de ellas debió paralizar sus operaciones y el 53% opera con menos de la mitad de su capacidad instalada (El País de Cali, 27/5). En Bogotá, las masas organizadas han rebautizado el Portal de las Américas como el Portal de la Resistencia, del mismo modo que el pueblo chileno rebautizó la Plaza Baquedano como la Plaza de Dignidad. El Portal de la Resistencia se ha constituido como un centro de organización popular y, también al igual que en Chile, ha surgido una “primera línea” compuesta mayoritariamente por jóvenes precarizados, desocupados o estudiantes, que le hacen frente a la criminal represión del gobierno de Duque para permitir que las masas se manifiesten. En Medellín, principalmente en los barrios periféricos, se han llevado a cabo cacerolazos, marchas de antorchas y tomas culturales, como expresiones de lucha contra el gobierno y el régimen (Colombia Informa, 18/5).
 En el Valle del Cauca, epicentro de la rebelión, se mantiene bloqueado el puerto de Buenaventura, el único puerto colombiano de salida al Pacífico. Desde el comienzo de la rebelión, como consecuencia de los bloqueos, se mantienen también paralizados numerosos ingenios del Valle y las fábricas cementeras y papeleras (El País de Cali, ídem) ubicadas en Yumbo. En Cali, la capital del Valle del Cauca, los “puntos de resistencia” en Siloé, La Portada, Meléndez, Puerto resistencia, Puerto Madera, Paso del Comercio, Puente de los Mil Días, Sameco, Loma de la Cruz y La Luna, se han constituido como centros de organización, de donde han surgido la “primera línea” y se han organizado centro de atención médica en comisarías ocupadas por las masas sublevadas. 
 En su mes de desarrollo, la rebelión colombiana logró voltear la reforma tributaria regresiva y la reforma sanitaria privatista, y se llevó puestos al ministro de Hacienda, a la ministra de Relaciones exteriores, al jefe de la policía de Cali y en esta última semana al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nada menos que el hombre puesto por el gobierno para negociar con el Comité Nacional de Paro. 

 Más represión que “diálogo” 

El “diálogo” impulsado por el gobierno de Iván Duque con el Comité Nacional de Paro se encuentra empantanado y se ha revelado estéril. Es que el gobierno reclama, para proseguir con la negociación, el levantamiento de los bloqueos. Se hace eco, de esta manera, de un resonante lobby patronal que exige el fin de los cortes para poder retomar el ciclo de producción y comercialización. Sin embargo, el CNP no tiene la autoridad ni la capacidad para levantar esos bloqueos -ya que las masas en lucha no lo reconocen como la dirección política de la rebelión.
 Por su parte, el CNP -que rechaza desenvolver y profundizar la lucha hasta que caiga Duque- le reclama al gobierno “garantías democráticas” para que se pueda expresar la manifestación popular. Pero el gobierno volvió a responderle sin ambages. Pues el viernes 28, Duque lanzó una nueva represión criminal, que en Cali se cobró la vida de siete manifestantes, y emitió un decreto habilitando la intervención militar en todo el Valle del Cauca y en otros seis departamentos. Se trata de la declaración disfrazada de una suerte de “estado de conmoción interior”, la figura constitucional que habilita al gobierno a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir manifestaciones, asumir el control de los medios de comunicación y realizar inspecciones a domicilios sin orden judicial previa.
 Es claro que el gobierno se ha volcado a intentar apagar la rebelión dando vía libre a una mayor represión. Pretende avanzar con el desalojo de los bloqueos e instaurar un clima de terror con los militares patrullando las calles, en connivencia con las bandas paramilitares, y ocultando las verdaderas cifras de personas desaparecidas. En una rueda de prensa realizada por las organizaciones de derechos humanos el viernes 28 se denunció que de las 59 muertes registradas al momento, 32 fueron homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y 27 por paramilitares (Contagio Radio, 28/5). A eso, se le suma una larga lista de heridos, de víctimas de violencia sexual, y más de 2.000 detenidos. Finalmente, las organizaciones de DDHH estiman que hay 346 personas desaparecidas, contra las 129 que reconoce la Fiscalía. 
 La resonancia de la rebelión colombiana y la intensa campaña desenvuelta por distintas organizaciones en numerosos países -denunciando la brutal represión estatal y particularmente el alto número de desaparecidos y víctimas fatales- ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública internacional. La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recientemente electa como la nueva ministra de Relaciones exteriores, viajó a EEUU la semana pasada, en busca de un renovado respaldo del imperialismo yanqui al gobierno colombiano. Allí, el imperialismo “demócrata”, le sugirió a la vicepresidenta Ramírez que guarde las formas y acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –aunque no sin antes limpiar el “desorden”. 

 Crisis soberana 

La caída de la reforma tributaria, el proyecto de ley que desató la rebelión popular, significó un tiro en la línea de flotación del plan económico del gobierno. Pues de la mano de ese proyecto ley, ideado por el FMI, el gobierno de Duque pretendía revertir el déficit fiscal y cumplir con el enorme paquete de vencimientos de la deuda pública colombiana. Si al naufragio de la reforma tributaria le sumamos las concesiones sociales que Duque se vio forzado a realizar, el cuadro fiscal se torna completamente crítico. Porque aunque los anuncios sociales sean absolutamente insuficientes, lo cierto es que el gobierno ha debido aumentar al gasto público en momentos donde, por el contrario, pretendía avanzar en un aumento de la recaudación, en base al bolsillo popular, y ajustar el gasto. 
 Como consecuencia de este descalabro, el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo se anoticiaba, a menos de 24 horas de haber asumido oficialmente, que Standard & Poor’s le bajaba el índice de calificación de riesgo de inversión a Colombia. La noticia significa que se encarecerán los costos de endeudamiento del Estado y los capitales colombianos. Esto, en momentos donde el Estado deberá financiar un déficit que se prevé que superará el 8,6% del PBI en 2021 y la deuda pública ya asciende al 60,4% del PBI (Infobae, 22/5). Es por eso que el gobierno mantiene en agenda su objetivo de imponer una reforma tributaria, aunque en esta oportunidad pretenda realizarla logrando un “consenso” con la oposición. 
 De conjunto, vuelve a quedar en evidencia la incompatibilidad de un gobierno fondomonetarista y de un Estado servil a los intereses del capital financiero internacional con la satisfacción de las reivindicaciones más acuciantes y elementales de las masas. 

 Dos políticas 

En el campo de los que apoyan las movilizaciones y se oponen al gobierno de Duque y al uribismo, han quedado sobre el tapete dos políticas antagónicas. 
 De un lado, la de quienes rechazan desenvolver hasta el final la rebelión popular hasta que caiga el gobierno. En esa orientación se anotan el candidato presidencial centroizquierdista Gustavo Petro y la dirección del Comité Nacional Paro. Gustavo Petro ha llamado a levantar los bloqueos, que se han constituido en un bastión clave y fundamental de la rebelión popular. Ha emprendido reuniones y entrevistas con el empresariado, para dar señales de confianza a la burguesía y al imperialismo y perfilarse como el futuro presidente electo de Colombia. Al igual que Lula en Brasil, que Daniel Jadue en Chile o que Pedro Castillo en Perú, se anota como la figura centroizquierdista capaz de canalizar el descontento popular por las vías institucionales en los marcos del régimen. La dirección del CNP tributa a esa línea estratégica. 
 Del otro lado se ubican los que apuestan por el pleno desarrollo de la rebelión y por el impulso de una Asamblea o Encuentro nacional, con el objetivo de echar ahora mismo al gobierno de Duque y abrir paso a una reorganización de Colombia sobre nuevas bases. La caída de Duque no solo significaría un terremoto político para Colombia y toda América Latina, sería también un golpe extraordinario al imperialismo yanqui, que tiene en Colombia a un enclave fundamental. Luchar a fondo por esta última orientación, plantea la defensa de los bloqueos y el impulso de la huelga general. La concreción de un congreso, asamblea o encuentro nacional serviría para superar a la dirección del CNP, centralizando y profundizando la lucha, y para desarrollar un programa. En Colombia, un programa no se puede limitar a un pliego de reivindicaciones sociales y democráticas inmediatas, debe articularse con todo un plan económico y político bajo la dirección de los trabajadores, indígenas y campesinos, donde el no pago de la deuda y la ruptura con el imperialismo, por ejemplo, deberían ocupar un lugar importante. 
 Las organizaciones sociales e indígenas y los amplísimos sectores de las masas que luchan por la caída de Duque, carecen de un mayor nivel de organización y de un programa acabado. Abordar ese problema debe apuntar a poner en pie un partido obrero, socialista y revolucionario, algo que por el momento se encuentra ausente en Colombia. 

 Pablo Giachello

Los gobiernos aprovechan la pandemia para vaciar la educación


Fernández, Kicillof, Larreta, Perotti y compañía.

 La implementación de la enseñanza –si presencial o virtual- es uno de los grandes conflictos derivados de la histórica crisis sanitaria a la que los Fernández y Larreta han arrastrado al país. 
 La ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, reconoció que, en medio de la pandemia, la presencialidad es muy acotada porque las condiciones edilicias de las escuelas no permiten, justamente, la presencia de muchos alumnos en los establecimientos. Aceptó también que bajo la virtualidad la situación también es muy precaria, por las dificultades de una porción muy grande de los alumnos de acceder a internet (reportaje con Nancy Pazos, en FM Rock and Pop). 
 Por su parte, en una actitud criminal, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta insiste en volver (a partir del 31) a la educación presencial en las escuelas porteñas, que tienen los mismos problemas edilicios que esgrime su par de la provincia de Buenos Aires. 
 En Santa Fe, el pejotista Omar Perotti amagó con hacer lo mismo que Larreta, lo cual –según palabras de la ministra de Educación provincial Adriana Cantero- habría consensuado con los gremios, es decir, con la kirchnerista Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe y de Ctera. El despropósito se abortó por la resistencia de la comunidad educativa, pero colocó luz en los motivos del gobierno de Santa Fe para intentar mantener bajo condiciones sanitarias insostenibles las clases presenciales. En la Circular Número 12 del Ministerio de Educación santafesino, la ministra Cantero afirma: “en nuestra provincia sólo es posible sostener con un grupo mínimo la educación virtual, ya que la inmensa mayoría de nuestra población escolar carece de conectividad; por lo tanto, dar continuidad con esos recursos, implica la posibilidad de unos pocos”. 
 En Santa Fe, el porcentaje de acceso a internet fija es del 68% por cada 100 hogares (Cámara Argentina de Internet-Cabase-). ¡Qué queda para provincias como Formosa o Catamarca, pero también Santa Cruz, en las cuales el porcentaje varía entre el 30 y el 35%! 
 Buenos Aires ($7.573.803.120), Ciudad de Buenos Aires ( $3.632.024.902 ) y Santa Fe (1.831.470.122) encabezan los principales Productos Geográficos Brutos del país. Ni a Vila-Kicillof, ni a Larreta-Acuña ni a Perotti-Cantero se les ocurrió resolver el problema de la educación volcando los recursos necesarios para ello. 

 Pobreza digital 

De acuerdo al último informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), al tercer trimestre de 2019, el 43,9% de los hogares argentinos no contaba con acceso fijo a Internet. 
 Según el Registro Nacional de Barrios Populares hay 4416 asentamientos o villas en todo el país. De acuerdo este organismo, en un informe del 2017, el 65 por ciento de los habitantes de esos barrios, que suman más de cuatro millones de personas, carecen de conectividad, cifra que hoy es muy superior.
 Esta realidad impacta, particularmente, en CABA, la jurisdicción con el porcentaje más alto de conexión cada 100 hogares, que alcanza el 111,7%, es decir que en promedio hay más de una red por familia. Pero en los pagos de Larreta, al mismo tiempo, los barrios populares sufren un 80% de desconexión. Es por esta razón –y no por la defensa de la educación de niños y adolescentes- que Soledad Acuña justificó la suspensión de las clases virtuales en CABA la semana que pasó: «la presencialidad no puede ser reemplazada por la virtualidad», dijo la ministra de Larreta. 
 El intenso lobby por la apertura de las escuelas, además, responde a que éstas se conciben como depósitos de niñas y niños, que permiten a los padres cumplir con sus obligaciones laborales. Es decir, forma parte de un operativo de normalización capitalista.

 Millones desvinculados 

A escala nacional, en el nivel primario, el 20 por ciento de los chicos y chicas carecen de conectividad (un millón de alumnos/as), y en la secundaria el 16% (640 mil alumnos). Brindar Internet a los que no lo tienen, en caso de que pudieran pagarlo, de acuerdo al ritmo de crecimiento de las instalaciones, llevaría más de 12 años. 
 En el resto de la población laboriosa, más de la mitad (54.11%) de las conexiones son de una velocidad menor a 20 Mbps, lo que no asegura actividades sincrónicas. Tener Internet, entonces, tampoco es sinónimo de estar conectados en términos de un acceso a la educación virtual. Sólo con una computadora por chico y banda ancha (más de 20 Mbps.) se puede garantizar la continuidad escolar.

 Pobreza presencial 

Al ajuste brutal en conectividad y equipos, le corresponde otro equivalente en ausencia de escuelas seguras y adecuadas a la pandemia. En la provincia de Buenos Aires, sobre un presupuesto educativo aprobado en 2021 de 82.469 millones de pesos, sólo 6.561 irán a infraestructura educativa, que incluye desde bancos hasta escuelas, pasando por refacciones. 
En la provincia existen 15.815 establecimientos. El gasto sería de alrededor de 440 mil pesos por escuela. “El portal especializado Arquitectura Simple consigna, citando a expertos en la materia, que el valor de construir una vivienda promedio en la Argentina es de 63.000 pesos por metro cuadrado de construcción” (IP, 1/5). Un gasto equivalente a 7 metros cuadrados de vivienda. 
 En CABA, el presupuesto para infraestructura escolar fue reducido en un 70% para 2021. Pasó de 3068,7 millones a 1140,4 millones (Tiempo Argentino, 18/4). 
 En Santa Fe, “el gobierno provincial ejecutó en los primeros 9 meses del año pasado el 9% del presupuesto que tenía para invertir en infraestructura educativa. Según los números recién publicados por la administración santafesina, el gobierno provincial usó 620 millones de pesos cuando tenía un presupuesto asignado de $6.593 millones (Rosario 3, 3/2).

 Sobreexigencia laboral y avasallamiento de los estatutos 

Vila declaró también que para suplir la pérdida de contenidos preparan un plan de “recuperación” que incluye sostener “espacios de encuentro” presencial en las escuelas, para reforzar a los estudiantes que integran lo que denominó “promociones acompañadas”, y luego de que la pandemia decaiga, clases a contra-turno e incluso los días sábado. Una gota de agua de la política de Soledad Acuña. La burocracia sindical de Ctera es copartícipe de este ajuste histórico. 
 La defensa de la educación pública está en manos de los planes de lucha que impulsan los sindicatos combativos multicolores junto a los estudiantes y padres.

 Daniel Sierra

“Cordobazo”, más vigente que nunca


Nuestro homenaje en el 52° aniversario de aquella histórica gesta obrera.

 Han pasado 52 años de aquella gesta histórica del proletariado cordobés, y el Cordobazo se sigue conmemorando año tras año, no solo por las y los luchadores, sino por el conjunto de la clase trabajadora; incluso la burocracia sindical y hasta el parlamento burgués rinden su homenaje impostado. La importancia histórica del Cordobazo, y su actualidad, se concentra en la cuestión del poder, en la tendencia de la clase obrera a la toma del poder. 
 El Cordobazo se levantó contra la dictadura militar de Onganía, que tenía el apoyo de la burocracia sindical de Vandor, y fue consentida al principio por el propio Perón, que había expresado desde Madrid que recibía el golpe con una “esperanzada expectativa”. A los pocos meses de la asunción de esa dictadura, Krieger Vasena que había sido ministro de la “fusiladora” en 1955, ocupó el Ministerio de Economía. Su plan consistía en una devaluación, congelamiento salarial y facilidades al capital financiero. Y por supuesto una fuerte represión a las luchas obreras y populares que se fueron estableciendo en contra de esta política, entre las que hay que contar “la noche de los bastones largos”. 
 El levantamiento insurreccional no fue un acto espontáneo. Esta acción general de la clase obrera se fue anticipando por varios episodios. En la segunda parte de 1968 la huelga petrolera de Ensenada se extendió por varios meses. También se produjeron huelgas en Goodyear y en Peugeot. En agosto paró el Smata en Córdoba y los obreros de la IKA-Renault se enfrentan a la policía. A comienzos de 1969 se destacó la huelga de la gráfica Fabril Financiera, entre otras. 
 Una masa de 6.000 obreros del Smata colmaron el Córdoba Sport, el 14 de mayo, para enfrentar el decreto de supresión del sábado inglés, que tenía Córdoba y otras cuatro provincias, y se produce una batahola que conduce al paro del Smata del 15 y 16 de mayo. UTA y UOM también paran el 15 y 16 en solidaridad y por reivindicaciones propias. El 16 también para la CGT-A regional. Durante esos días se producen movilizaciones estudiantiles en Corrientes y Rosario, donde caen los estudiantes Cabral, Bello y Blanco. La larga preparación de la clase obrera y del estudiantado, también explica la intensidad y el carácter de la gesta cordobesa. 
 El movimiento lo dirigió la clase obrera. En Córdoba un plenario del Smata, que sesionó con barra, aprobó un paro para fines de mayo. Las CGTs de la época habían decretado un paro nacional para el día 30 de mayo, como producto de la presión de una serie de luchas de las bases obreras. El plenario de sindicatos cordobeses decidió que el paro seria “activo” y comenzaría un día antes, el 29 de mayo a las 11 horas. 
 El centro de la movilización lo ocupaba la columna masiva de obreros, especialmente los trabajadores de la IKA. En un primer enfrentamiento se produce la retirada de las fuerzas policiales, pero recrudece la lucha en las cercanías de Plaza Vélez Sarsfield, unas cuadras más adelante es asesinado el obrero Máximo Mena, que era también estudiante en la UTN. 
 Las batallas se extienden a varios puntos en la ciudad y ya se trata de una rebelión popular donde participan todas las clases explotadas, en primer lugar la juventud estudiantil. Se queman locales que representan la opresión económica y social, tales como comisarías, Círculo de suboficiales del ejército, oficinas de Xerox, entre otras. Los piquetes obreros se oponen a los saqueos, lo que marca el carácter político. A las 17 horas la policía derrotada se retira y los trabajadores toman el control de la ciudad. A las 22 horas los obreros de Luz y Fuerza cortan la energía para favorecer la resistencia, ante la intervención de las tropas del tercer cuerpo de ejército, las cuales van a tardar días en retomar el control. 
 La consigna política principal se coreaba masivamente en las calles: “luche, luche, luche, y no deje de luchar, por un gobierno obrero, obrero y popular”. El Cordobazo le propinó un golpe demoledor a la dictadura militar, y a la vez abrió paso a un ascenso obrero y revolucionario en el país, que llevaría a las fuerzas armadas, a la burguesía y sus partidos, a establecer la salida electoral y el operativo del retorno de Perón. 
 Con la derrota de la dictadura se ponía en peligro directamente el Estado capitalista. La vuelta de Perón fue la última carta de la burguesía (con el imperialismo supervisando), para neutralizar la situación revolucionaria que había iniciado el proletariado cordobés. Pocos años después, con el fracaso del peronismo en esa tarea, y luego de haber transcurrido el Rosariazo, el Tucumanazo, el Choconazo, el Rocazo, el Mendozazo, el Viborazo (segundo Cordobazo), y la huelga general de junio y julio de 1975, la burguesía y el imperialismo, con la participación de la iglesia, acudirán directamente al fascismo para terminar físicamente con ese ascenso obrero.
El ascenso obrero se expresó en los sindicatos con un desarrollo fenomenal del “clasismo”. En las fábricas de la Fiat, Concord y Materfer, que no habían tenido participación en el Cordobazo, se produce una verdadera revolución en marzo de 1970, cuando una asamblea del sindicato “amarillo” Sitrac (Concord) decide destituir a la conducción burocrática y elige una comisión provisoria. Ante el desconocimiento de la Secretaría de Trabajo, se ocupa la fábrica y se toma de rehenes a los jerárquicos, hasta que logran la convocatoria a elecciones. Gregorio “Goyo” Flores, que será candidato a presidente por el PO en 1983, fue uno de los dirigentes principales del Sitrac-Sitram. En 1972 se produce otro hecho histórico, cuando la Lista Marrón, encabezada por René Salamanca, obrero de la IKA y militante del PCR, gana la conducción del Smata. 
 La esencia del Cordobazo pasa por el ascenso revolucionario del proletariado, como queda dicho. Y entonces viene naturalmente la pregunta ¿por qué no triunfó? Para que una revolución pueda triunfar es necesario, entre otras cosas, un proletariado preparado; y la clase obrera no pudo construir un partido independiente de las masas trabajadoras. Ese debe del Cordobazo, no opaca las grandes enseñanzas y el legado que nos deja. Solo para dar un ejemplo hay que decir que los Convenios Colectivos de Trabajo conquistados en la época se siguen defendiendo en la actualidad. 
 En un folleto editado hace dos años por el Partido Obrero, con motivo del 50° aniversario, nuestro dirigente Néstor Pitrola, protagonista en las calles cordobesas de aquel 29 de mayo de 1969, expresa: “Política Obrera, un pequeño grupo de reciente constitución en Córdoba, tuvo su bautismo político y de fuego pasando exitosamente la prueba…”. En el haber del Cordobazo también debe contarse el templar a las y los cuadros revolucionarios que dejan y dejaron su vida por la construcción de un partido revolucionario. Nuestro mayor homenaje al “Colo” Christian Rath, a Marcelo Martin, a Silvia Amorin, al “Goyo”, y en ellos a toda la militancia socialista que sacó las conclusiones más altas del Cordobazo. 
 El Mayo Francés, la Primavera de Praga en 1968, la Asamblea Popular boliviana de 1971, y tantos otros procesos revolucionarios marcaron la época del Cordobazo. En la actual época de rebelión latinoamericana, de levantamientos populares en Colombia, Chile, Bolivia, Perú y otros países, resalta la vigencia del Cordobazo. La causa del Cordobazo sigue siendo la causa de la clase obrera mundial. 

 Jorge Navarro

A 60 años del asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo

Luego de más de 31 años en el poder, el 30 de mayo de 1961 sería asesinado el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Luego de ser más que un aliado, un estandarte de la política imperialista de Estados Unidos en la región, Trujillo sería asesinado por un complot dentro de sus propios servicios de inteligencia, junto a sectores de la burguesía nacional apoyados por la CIA. 
 La figura del dictador norteamericano es fundamental para comprender la historia de nuestro continente en el siglo XX, un siglo atravesado por guerras y revoluciones. Su nombre fue conocida por muches a partir de grandes obras literarias, como La Fiesta del Chivo y Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa o En el Tiempo de las Mariposas, de Julia Alvárez. La resistencia del pueblo dominicano contra su dictadura, siendo las hermanas Mirabal unas de las figuras más destacadas y conocidas, estará fuertemente atravesada por la lucha anti-imperialista que atravesó a la región, teniendo a la Revolución Cubana de 1959 como su punto más alto. 

 Estados Unidos y su control semicolonial 

Al igual que el conjunto de Centroamérica, República Dominicana estuvo históricamente atravesada por la opresión imperialista norteamericana. El imperialismo yanqui forzó en 1905 a la firma de la convención Dominico Americana en 1905, muy similar a la enmienda de Platt firmada entre Estados Unidos y Cuba. Esta establecía, entre otras cosas, que la política aduanera dominicana debería estar aprobada por el congreso de los EEUU. Al mismo tiempo, el país caribeño estaba impedido tanto de emitir moneda como de pedir deuda sin la aprobación norteamericana. 
 La soberanía de la República Dominicana, que mantenía un carácter puramente formal, se vio interrumpida del todo en el año 1916, donde en el marco de las tropas de los Estados Unidos avanzaron en una ocupación directa del territorio. La ocupación, que se mantuvo hasta el año 1924, tuvo como uno de sus principales efectos, además de la profundización del control norteamericano de los recursos naturales del país, principalmente el azúcar, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas dominicanas, fuertemente tuteladas por los servicios de inteligencia norteamericanos. Como resultado de esta ocupación, se crearía la Policía Nacional Dominicana, que profesionalizó las actividades de espionaje y control sobre la población civil y dónde Trujillo haría sus primeros pasos hasta ponerse al frente de la misma. 
 Una vez terminada la ocupación directa de las FFAA norteamericanas, en el año 1924, sería elegido como presidente de la República Horacio Vázquez. Ese mismo año, Vázquez nombraría a Trujillo como el Jefe de las FFAA. La presidencia de Vázquez, al igual que el conjunto de los gobiernos de la región, estuvo atravesado por un fuerte tutelaje norteamericano, resguardando los intereses de las inversiones estadounidenses y garantizando el saqueo de los recursos naturales dominicanos al servicio de las necesidades imperialistas de los Estados Unidos. 

 Crisis de Wall Street y golpe de Estado 

La crisis de Wall Street tuvo en la República Dominicana efectos similares a los sufridos por nuestro país y el conjunto de los países del continente. Una abrupta caída del precio de los commodities, que trajo consigo una fuerte caída del PBI como el resultado de una balanza comercial muy desfavorable. La desocupación y la miseria, crecieron a niveles desorbitantes. El descontento social generado, trajo consigo que el imperialismo norteamericano vea al régimen democrática bajo la presidencia de Vázquez como un verdadero peligro a la estabilidad y la garantía de sus intereses en la región, observando con buenos ojos el surgimiento de dictaduras afines. 
 A partir de esto, los servicios de inteligencia norteamericanos no actuaron en defensa de su aliado Vázquez, sino que apoyaron el alzamiento liderado por un sector de las Fuerzas Armadas dominicanas el 23 de febrero de 1930. Trujillo, jefe del ejército, desoyó las indicaciones presidenciales de sofocar el golpe, uniéndose rápidamente. Luego de una disputa interna entre los distintos dirigentes del golpe, se impuso la dirección de Trujillo, que mediante una política de represión y persecución a sus opositores, se impuso cómodamente en las elecciones de mayo de ese año, asumiendo la presidencia formalmente en agosto. 

 El régimen trujillista

 La sociedad dominicana era abrumadoramente campesina. Ni la débil burguesía nacional, ni la muy pequeña clase obrera jugaron un papel de resistencia contra el golpe. Visto como un garante del orden y de defensa de los intereses norteamericanos y de las familias tradicionales del país, el golpe pasó sin mayores resistencias. La oposición al régimen fue fácilmente sofocada por Trujillo en sus primeros años, quién supo sortear también dos intentos de atentado contra su vida en los años 1934 y 1935. Estos no tuvieron un apoyo masivo, sino que fueron llevados adelante por algunos sectores de productores o pequeños propietarios de negocios, afines al régimen anterior.
 Con el apoyo de Estados Unidos, Trujillo estableció un régimen de poder personal, en el que él y su camarilla de allegados pasaron a controlar el conjunto del aparato estatal. Es conocido que muchas veces allegados al dictador caían en desgracia por alguna sospecha de Trujillo, siendo removidos del cargo, dando lugar a una pelea feroz por los cargos en el que Trujillo arbitraba, utilizado también para ejercer un mayor control para con sus funcionarios. La persecución, encarcelamiento y tortura de opositores era moneda corriente en la vida dominicana bajo Trujillo. 
 Al mismo tiempo, reivindicando un nacionalismo que entendía a la Republica Dominicana como heredera de la tradición española y católica, a los cuales se le endilgaba un papel civilizador, la dictadura de Trujillo llevó adelante una verdadera política de segregación racial, en particular con los inmigrantes haitianos, a los que de manera progresiva se le fue restringiendo el ingreso al país. Esta política tuvo su pico en 1937 a partir de la masacre llevada adelante por el ejército dominicano, acompañado por bandas fascistas de estudiantes que ese año asesinaron por ordenes de Trujillo a más de 10.000 haitianos residentes en Republica Dominicana. Intentando presentarlo como la acción de campesinos enojados, el ejército buscó encubrir su accionar utilizando machetes y herramientas cortantes, ejercitando niveles de violencia brutales. Este verdadero genocidio generó una enorme repercusión en Haití, donde a través de enormes huelgas y movilizaciones, se acusaba al presidente haitiano de connivencia con el régimen Trujillista, forzándolo a iniciar una campaña internacional exigiendo justicia. Sin embargo, y a pesar del eco mediático tuvo, la enorme pauta publicitaria que pagó Trujillo en los principales diarios norteamericanos y de la región, como así también el apoyo del gobierno norteamericano, le permitieron pasar la crisis sin grandes consecuencias, pagando una módica suma a modo de compensación a las familias de las víctimas. 
 La mayoría de los historiadores coincide en señalar que Trujillo modernizó tanto al Estado como a la capacidad productiva de su país. Sosteniendo a las inversiones norteamericanas, Trujillo avanzó hacia un aumento de la productividad del azúcar y otros productos de exportación. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, República Dominicana asistió tardíamente al proceso en el que muchos de sus pares latinoamericanos se había adentrado unos años antes: la industrialización por sustitución de importaciones. Esto dio lugar a un nuevo desarrollo del país desarrollando a la clase obrera, así también como una creciente burguesía local, que entraron en contradicciones y choques con el tutelaje y la absorción del excedente llevado adelante por el régimen trujillista. 
 Este proceso, estuvo caracterizado por niveles de violencia y explotación que le han permitido a muchos historiadores caracterizarlo como la versión dominicana de la acumulación originaria del capital. La proletarización forzosa de miles de campesinos a partir de la expulsión o ventas forzosas de sus tierras fue llevada adelante a través de la intimidación o en muchísimos casos mediante el encarcelamiento o asesinato. El proceso del país caribeño, tuvo un fuerte tutelaje estatal, que por las características del régimen, engrosaban el poder a la vez que el patrimonio del propio Trujillo. Al igual que otros países de desarrollo capitalista tardío, en el caso dominicano la excesiva apropiación del excedente por parte del Estado, y la camarilla gobernante de Trujillo y sus familiares y allegados, fue tanto un factor de desarrollo en sus primeros años, como a su vez un factor determinante en su descomposición final, en el que la incipiente burguesía, como a su vez el imperialismo norteamericano empezaba a ver con irritación el peso del Estado en la producción y en la apropiación de la riqueza social del país que estos sectores buscaban acaparar. 

 La resistencia obrera y estudiantil 

Un primer foco de resistencia dentro del movimiento estudiantil se vio en la intervención de las universidades impulsada por Trujillo, que terminaba con la autonomía universitaria en los primeros años de su gobierno. Sin embargo, el mayor alcance de la resistencia y organización de la clase obrera y los estudiantes se vería durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, algo impulsado a partir de la industrialización que empezó a dar forma a una clase obrera creciente.
 Además de la influencia ejercida por los miles de inmigrantes españoles, quienes después de haber peleado en el bando republicano se escaparon de la dictadura Franquista, los niveles de explotación sufridos en las fábricas, como así también las condiciones habitacionales en las ciudades, empezarían a generar un malestar dentro de la clase obrera que empezaba a dar sus primeros pasos para organizarse. Este proceso estuvo acompañado por el intento de Trujillo de mostrar su régimen como uno más democrático, dieron pie a la legalización de organizaciones independientes al Partido Único Dominicano. Así, en el año 1943, se aprueba la ley de autonomía sindical, luego de la gran huelga del año 42, dentro de la que se destaca la huelga de les trabajadores azucareros. En el año 1944 sesionará el V Congreso Obrero de la central sindical dominicana, aunque lejos estuvo de reflejar una autonomía frente al gobierno. Mediante un fuerte control, Trujillo a través de la burocracia sindical ligada al Partido Dominicano se aseguró de que este tenga dentro de una de sus resoluciones la defensa incondicional del gobierno de Trujillo. Sin embargo, el proceso abierto por la huelga del año 42, tendría un nuevo capítulo en el año 1946, donde nuevamente tuvieron lugar toda una serie de huelgas, que empezaban a mostrar un contenido político además de lo meramente reivindicativo.
 Ya unos años antes, en el año 1939, un grupo de exiliados en Cuba, formaron el Partido Revolucionario Dominicano. Con un programa democrático, rechazaban el levantamiento armado como método de insurrección. Unos años después, e influenciados por los movimientos antiimperialistas de la región, surgiría el Partido Democrático Revolucionario Dominicano, con un contenido más izquierdista. Bajo la comprensión de que el inminente triunfo de los aliados, y una mayor influencia de la URSS, la dictadura de Trujillo estaría al caer. Defendiendo la estrategia estalinista del frente popular, el PDRD tendría como uno de sus principales puntos de desarrollo en su pata juvenil: la Juventud Revolucionaria. Sin limitarse al movimiento estudiantil, donde rápidamente logró una fuerte adhesión, este también creció al interior de las barriadas obreras, reclutando muchos jóvenes a sus filas. Este grupo, formado por residentes dominicanos, militó clandestinamente hasta el año 45, donde decidieron hacer su primer actividad pública: Una volanteada en Santo Domingo. La respuesta del régimen no se hizo esperar: gran parte de sus participantes fueron detenides, siendo algunes asesinades y otros forzades al exilio. La organización se disolvería 
 En 1945, y como resultado de un acercamiento a la URSS, sería legalizado el Partido Comunista Dominicano. Al igual que su par cubano con el gobierno de Batista, este resolvió integrar el gobierno de Trujillo, pasando a llamarse Partido Socialista Popular. Sin embargo, el viraje del gobierno norteamericano a partir de la doctrina Truman y el inicio de la Guerra Fría, implicó a su vez un viraje con sus gobiernos satélites en la región. De esa manera, Trujillo ya no debía posar ninguna apertura democrática sino que volvería a llevar adelante su régimen dictatorial sin ningún atenuante, prohibiendo el PSP y deteniendo a la mayoría de sus militantes en el año 1947.

 Guardián anti-comunista de la región 

A partir de 1947, Trujillo pasaría a tener un papel central en la política anti-comunista impulsada por el imperialismo norteamericano. De esa manera, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas Dominicanas asistirían a una fuerte profesionalización, con cursos de entrenamiento en Estados Unidos y España. La «democracia» yanqui y la dictadura de Franco tenían el objetivo común de coordinar la contención de los procesos revolucionarios que empezaban a desarrollarse en la región. El contenido nacionalista y anti-imperialista de muchos de estos empezaban a confluir cada vez más con los planteos marxistas, algo visto con preocupación por el imperialismo norteamericano, reforzando su apoyo a las dictaduras de la región como la mayor garantía frente a la amenaza comunista. 
 Trujillo, y el Servicio de Inteligencia Militar, bajo el mando de Johnny Abbes García, fueron actores fundamentales de la región durante la década de los 50. Fueron una fuerza de apoyo a los regímenes de Batista o Somoza en Cuba y Nicaragua, estos fueron a la vez claves para organizar el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. El caso de Arbenz constituía un mensaje claro para la región: cualquier proceso nacionalista, por más limitado que sea el choque que este tenga con los intereses norteamericanos, sería tildado como una amenaza soviética, sustituyéndolos rápidamente por regímenes militares. La coordinación del SIM con la CIA en la región puso a Trujillo como uno de los principales aliados de Estados Unidos en el continente. Esto fue premiado por Estados Unidos en el año 1955 a través de una gran gira llevada adelante por su vice presidente Richard Nixon, quién llenó de elogios al dictador y su régimen El poder de Trujillo a partir de este apoyo era tal, que actuaba como un subordinador de los gobiernos militares de la región, como fue el caso de Castillo de Armas en Guatemala, asesinado por el SIM en el año 1957, luego de que muestre señales de autonomía frente a Trujillo. 

 Revolución Cubana y descomposición del régimen 

El proceso revolucionario cubano iba a hacer que el imperialismo norteamericano tenga un nuevo viraje en su estrategia de contención de los procesos revolucionarios en la región. Luego de apoyar material y militarmente a todas las dictaduras centroamericanas, el inminente triunfo de la Revolución Cubana, hizo que en 1958 el gobierno norteamericano le retire su apoyo a Batista. A su vez, estos entendían que Trujillo debía dar un paso al costado para evitar “una nueva Cuba”. Mientras que en 1958, el gobierno norteamericano retiraba su apoyo al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, aliado de Trujillo, para apoyar el gobierno democrático de Betancourt, Trujillo se negaba a correr la misma suerte. Además de rechazar renunciar, este exigía que el gobierno norteamericano quite su apoyo al gobierno venezolano, llegando a planear un atentado hacia el presidente venezolano ese mismo año, aunque sin éxito. 
 Mientras el imperialismo empezaba a soltar la mano a Trujillo, el eco de la Revolución Cubana se hacía sentir. Inspirado por el Movimiento 26 de julio se crearía en Republica Dominicana el Movimiento 14 de junio. Apoyados por los guerrilleros cubanos, estos planearon una invasión al país para el 14 de junio de 1959, para crear un foco insurreccional en el país. El foco fue fácilmente aplastado, pero la pelea contra Trujillo avanzó con procesos de lucha y organización de miles de jóvenes y trabajadores. La organización que más adhesión ganó fue el propio movimiento 14 de junio, en el que participarán las hermanas Mirabal, donde Minerva será una de sus principales dirigentes. 
 El malestar sentido entre las clases populares, empezaba a hacerse eco en la burguesía dominicana, los sectores terratenientes y los propios funcionarios del gobierno. El peso excesivo que Trujillo tenía en la economía dominicana, antes visto como un garante del desarrollo empezaba a sentirse cada vez más como un factor de freno a los intereses norteamericanos y a la incipiente burguesía dominicana. La radicalización del proceso cubano hizo que el gobierno norteamericano viera a la dictadura de Trujillo como un mal menor, limitando su apoyo a la conspiración en su contra. 

 Asesinato y transición

 El asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 había convulsionado al país y la región. El presidente Balaguer, puesto a dedo por Trujillo empezaba a notar los ánimos caldeados del país y a intentar negociar con Estados Unidos a espaldas de Trujillo. 
A pesar de los intentos contrainsurgentes de Trujillo y el jefe del SIM Johnny Abbes García, este iba a ser asesinado el 30 de mayo de 1961. A pesar de la fuerte persecución llevada adelante por García y Ramfis Trujillo, hijo del dictador, la muerte de Trujillo impidió una continuidad de este sector en el gobierno. El apoyo de Kennedy a Balaguer, sumado al levantamiento de las fuerzas de aviación el 19 de noviembre de 1961, conocido como la Rebelión de los Pilotos, forzó a Ramfis y Abbes García a abandonar el país. El proceso abierto en el 1962, con la asunción de Bosch en febrero de 1963, sería nuevamente interrumpido por un golpe en septiembre de ese mismo año. Las leves reformas que este quiso introducir fueron vistos por la Iglesia Católica, la burguesía dominicana y el imperialismo norteamericano como una amenaza, culminando un breve experimento «democrático» impulsado por Estados Unidos en 1964 con una invasión directa de más de 42.000 soldados norteamericanos. 

 Maco Alonso

La crisis en la cresta de la segunda ola


Panorama político de la semana. 

 Los índices récord de contagios de coronavirus, fallecimientos, ocupación de camas y hasta de positividad de los testeos confirman indudablemente un fracaso en toda la línea del gobierno nacional y de los gobernadores. Habiendo cruzado el umbral de los 40.000 casos diarios, y regiones lejos del Área Metropolitana con un estrés dramático del sistema sanitario como Neuquén, Córdoba, Misiones o Catamarca, el fin de las breves y laxas restricciones decretadas por Alberto Fernández sacan a la luz que no hay plan alguno para controlar el cuadro epidemiológico, más que la llegada a cuentagotas de vacunas. 
 Este desmadre clarifica que la grieta que separa al Frente de Todos y Juntos por el Cambio no es muy ancha, por lo cual las fricciones políticas deben impostare. La oposición impulsó en la Auditoría General de la Nación un relevamiento sobre las negociaciones con los laboratorios para la compra de vacunas, incluyendo pagos realizados y entregas incumplidas, pero aclarando que será sin tocar la confidencialidad de los acuerdos ni las patentes de propiedad intelectual. Una farsa. 
 El gobierno se va a cubrir alegando una «escasez mundial» de vacunas, como si en nuestro país no se hubiera fabricado el principio activo para más de 50 millones de dosis. La supuesta escasez es expresión de los monopolios de los pulpos farmacéuticos y el acaparamiento de los países imperialistas, aspectos ambos que Alberto Fernández respetó a rajatablas en el contrato leonino con AstraZeneca que habilitó la fabricación en la planta mAbxience de Garín. Para ser precisos, las «inaceptables» condiciones que habría reclamado Pfizer solo tienen diferencias de matices respecto con el resto de los laboratorios; Sigman es apenas el socio local de estos negocios a costa de la salud. 
 El colmo es que, mientras tanto, el presidente se excusó en su conferencia de prensa por no invertir en la ampliación de camas de terapia intensiva afirmando que se carece de personal para atenderlas. Es una justificación ajustadora del ajuste. Lo cierto es que no está contemplado destinar recursos para ninguna de las dos cosas; ni lo estaba en la ley de Presupuesto 2021 (a pesar de que ya se esperaba una segunda ola), ni lo está ahora. 
 Es un choque frontal con las luchas de los trabajadores de la salud por aumentos salarial y condiciones laborales que proliferan por toda la Argentina. También con los sectores cada vez más amplios del movimiento obrero que pasan a la acción para exigir ser vacunados (como los colectiveros, los portuarios, los marítimos, camioneros, o de los comedores populares, entre tantos otros), poniendo sobre la mesa la desidia oficial que -así como hizo la vista gorda para que la patronales incumplan las restricciones en ramas no esenciales- se desentiende de control alguno sobre el cumplimiento de protocolos y medidas sanitarias en los lugares de trabajo. Peor aún, solo deja en pie restricciones que afectan a los trabajadores en sus ratos no laborales. 
 Lo mismo puede apreciarse del regreso masivo a las aulas en la mayor parte del país, sin que se haya destinado presupuesto alguno para garantizar condiciones seguras en las escuelas. Es otra prueba de que prima unánimemente el punto de vista de los empresarios, para los cuales la presencialidad escolar es una necesidad en la libre explotación de la fuerza de trabajo. No hay criterio sanitario alguno, y menos todavía pedagógico. 
 La importancia de intervenir en este escenario con un programa de los trabajadores es ciertamente vital, como desarrolla el editorial semanal escrito por Eduardo Salas. Desde la centralización del sistema sanitaria y la ampliación de sus recursos y personal, el control del plan de vacunación por los trabajadores de la salud, hasta la intervención del laboratorio mAbxience; de la suspensión de las clases presenciales ante alerta epidemiológica, a la implementación de protocolos obreros en los lugares de trabajo; se trata de medidas básicas que refractan la política capitalista de los gobiernos que nos conduce a la catástrofe. 
 Por supuesto, ello debe complementarse con la prohibición absoluta de despidos, paritarias sin techo y con cláusulas gatillo, un salario mínimo de $60.000, un seguro al parado y a todas personas sin ingresos de $40.000, y un aumento de emergencia de $15.000 para los jubilados, de manera de paliar la profunda crisis social. Pero es claro que la tutela del FMI y el pago de la deuda externa imponen ir en la dirección contraria.
 Para intentar disimular este realidad, distintos referentes del oficialismo aprovecharon el feriado patrio del 25 de Mayo para publicar una carta titulada “Primero la salud y la vida, después la deuda”, en la cual se posicionan por una suspensión de los pagos de servicios de deuda hasta el fin de la emergencia sanitaria y por una renegociación de los plazos y tasas. Esta pose de respaldo por izquierda al gobierno mientras negocia un acuerdo con el FMI, que aglutina al camporismo y Gildo Insfrán, pasando por las diversas alas de la burocracia sindical de Yasky a Daer y Moyano, es un alevoso fraude que busca ocultar el pago religioso de los intereses al FMI, el canje usurario pactado con los bonistas, y sobre todo que el ajuste fondomonetarista ya está en marcha: las jubilaciones y los salarios del sector público variaron en los últimos doce meses la mitad que la inflación -y esto en medio de la recaudación extra por el boom sojero. 
 Al mismo tiempo, el pago de intereses a la banca por las Leliq ya consumió en lo que va del año el equivalente a todo lo anunciado oficialmente para afrontar la segunda ola -contando incluso las subvenciones a los capitalistas de ramas afectadas. Ahora pretenden desarmar esa bomba de tiempo tentando a los bancos a invertir (computando como encajes) en los bonos del Tesoro, con tasas que -lejos de la reclamada reducción- van en aumento y están indexados a la inflación. Si lo logran, Martín Guzmán y compañía no resolverán el problema sino que crearán las condiciones para una tormenta perfecta: una estampida inflacionaria que derive en una crisis de deuda soberana, la cual plantearía una conversión de la corrida cambiaria en una corrida bancaria. La bicicleta financiera con que se sostiene estable el tipo de cambio reafirma que el gobierno está en la palma de la mano de la banca, los especuladores y los organismos internacionales de crédito.
 Los analistas burgueses no pueden dejar de notar, sin embargo, que la implementación de paquetazos de ajuste en tiempos de profunda crisis social detonó el proceso de huelga y rebelión popular en Colombia, mientras que las elecciones chilenas hacia la Constituyente ilustran los desplazamientos políticos que se abren como resultado de estas irrupciones de las masas. Este proceso latinoamericano brinda mayores motivos aún para insistir en la necesidad de convocar un congreso del Frente de Izquierda – Unidad, que permita involucrar a la vanguardia obrera y luchadora con una fisonomía política de clase, ofreciendo un canal y un programa para encausar las tendencias antisistema en una lucha abierta contra el capital y sus partidos. 
 Una manifestación realmente impresionante de la avidez que existe en amplios sectores por deliberar y organizarse es la masividad que cobró el segundo congreso nacional del Plenario de Trabajadoras, que con más de ocho mil inscriptas sesiona en su plenario de cierre mientras se escriben estas líneas. De las diversas comisiones participaron decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes de femicidios que luchan contra la impunidad; las piqueteras y precarizadas que luchan por trabajo genuino, además de cientos de trabajadoras de casas particulares que integran el gremio más feminizado del país en la más absoluta discriminación laboral; las compañeras que batallan en sus lugares de trabajo contra el pacto social del gobierno, las burocracias sindicales y las patronales contra los salarios y los puestos de trabajo; les jóvenes que luchan por la educación sexual, protagonistas de la marea verde que conquistó la legalización del aborto y activistas contra el abuso sexual eclesiástico. Es un enorme potencial para desenvolver a fondo las resoluciones de lucha del congreso, y una muestra de la intervención que puede tener la izquierda revolucionaria. 
 En este nuevo aniversario del Cordobazo, aquella gesta que en 1969 hirió de muerte la dictadura de Onganía y abrió una etapa de ascenso generalizado de lucha de clases Argentina, vale apreciar en toda su vigencia aquella consigna que coreaban las mases cuando, como decía Christian Rath, tomaban el cielo por asalto: «no deje de luchar, por un gobierno obrero y popular». 
 Buen domingo. 

 Iván Hirsch editor de Prensa Obrera.

Pfizer: la “confidencialidad” une a Ginés González García y a Patricia Bullrich


El gobierno negocia con los laboratorios a espaldas de la población. 

 Hace unos días atrás, la farmacéutica Pfizer emitió un comunicado desmintiendo la denuncia realizada por Patricia Bullrich sobre la existencia de un pedido de coimas por parte del gobierno nacional hacia el laboratorio como condición para avanzar en la compra de vacunas. Por este motivo la presidenta del PRO se desdijo, sin embargo, el oficialismo anunció que iniciará una demanda legal en su contra. Lo que sí es claro es que tanto el gobierno como la oposición de Juntos por el Cambio coinciden el algo: respetar a rajatabla la confidencialidad de los contratos que se realizan con los laboratorios que proveen vacunas, donde la inmensa mayoría de la población desconoce en qué consisten esos acuerdos. 
 Las condiciones leoninas que reclamaba Pfizer para cerrar un acuerdo con Argentina fueron reveladas por medio de una investigación periodística publicada en el Ojo Peruano. Los funcionarios del gobierno jamás dieron detalles sobre cuáles eran esas exigencias, se limitaron a informar que el laboratorio buscaba una indemnidad jurídica en caso de negligencia. No obstante, el medio peruano sacó a la luz que uno de los pedidos de Pfizer era que el país aportara activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares como garantía contra posibles juicios contra la empresa por daños relacionados con la aplicación de dosis. Esto cuando el Estado nacional destinó recursos públicos para los ensayos clínicos de dicha vacuna, cuya apropiación no solo es privada sino que por el momento no forma parte de las que se distribuirán en territorio argentino. Ahora que se retomaron las negociaciones con Pfizer, nuevamente las discusiones se desarrollan a espaldas de la población.
 Los acuerdos a libro cerrado son el rasgo distintivo de la totalidad de los contratos con las empresas que producen vacunas. Por lo tanto, las mayorías estamos a merced de los plazos, los precios, las cantidades y los requisitos que imponen estos pulpos farmacéuticos. Esta política ha dado como resultado que de 51.591.000 dosis que encargó el gobierno en el mercado solo hayan arribado 12.879.304 y el cronograma hacia adelante sea difuso. Los laboratorios que aletargan la entrega no reciben ningún tipo de sanción por este incumplimiento. Un verdadero cheque en blanco.
 Las cláusulas de confidencialidad generan una total incertidumbre sobre lo que ocurrirá con las dosis de Sputnik V y Sinopharm que se fabricarán en territorio nacional. La información que se brinda es opaca y no hay certeza de cuánto de lo producido quedará en el país. Por otra parte, ha trascendido de que el laboratorio Richmond, a cargo de fabricar la Sputnik V en Argentina, tendrá un costo de fabricación de un dólar por dosis mientras que el precio de venta será de 15 dólares por cada una. Como se ve, el gobierno otorga licencias priorizando el lucro capitalista a costa de los fondos públicos. El monitoreo popular de las mismas evitaría tamaño negociado financiado con la plata del pueblo. Negociado que, además, no asegura vacunas para todos. 
 Mención aparte merece la decisión gubernamental de otorgarle la licencia para la fabricación local de la Sinopharm al laboratorio Sinergium, perteneciente al grupo Insud. Nada menos que el grupo liderado por Hugo Sigman, uno de los responsables de que las 55 millones dosis de AstraZeneca que se produjeron en el laboratorio mAbxience hayan sido enviadas a México y recién ahora estén regresando al país, a cuentagotas, cuando deberían haber empezado a llegar en diciembre.
 El secretismo a la hora de comprar vacunas habilitó que los actores involucrados en el retraso en la llegada de las dosis de AstraZeneca eludieran su responsabilidad en el asunto. Sigman «le pateó la pelota» al laboratorio mexicano Liomont, encargado del envasado. Por su parte, desde México nunca especificaron de manera oficial a qué se debía precisamente la demora en el envasado. Las declaraciones del secretario de relaciones exteriores de allí, Marcelo Erbrad, afirmando que “recién ahora se pudieron encontrar los estándares de calidad que requiere el órgano de control” siembra sospechas sobre que se eligió una envasadora que no contaba con la autorización del órgano de control mexicano. Los presidentes de AstraZeneca, a turno, tampoco dieron explicación alguna. Por otro lado, se desconoce la causa del retraso en el envasado del lote que fue desviado a una planta de la empresa en Albuquerque, Estados Unidos, supuestamente para agilizar el proceso debido a las demoras sufridas en el laboratorio Liomont. Estas últimas recién ahora estarían viniendo a Argentina.
 Es decir, improvisación pura, ganancias millonarias para los empresarios que participan en este acuerdo comercial -el Estado nacional ya pagó el 60% de las 22 millones de dosis que encargó-, incumplimiento en la provisión de vacunas y ninguna rendición de cuentas ni sanción para los responsables. Sin ir más lejos, Alberto Fernández nunca atinó a incautar las dosis que se fabricaban en Garín para completar el envasado en Argentina, cuando existe capacidad técnica en el país para desarrollar esa tarea. Por el contrario, condenó a la población a una larga espera sin vacunas suficientes y ahora presenta como un logro la llegada de un puñado de dosis. 
 Finalmente, las cláusulas de confidencialidad se suman a la larga lista de desventajas que tiene la población frente a los monopolios de las vacunas, los cuales se apropian de las patentes de las mismas impidiendo que otros laboratorios puedan producirlas. Debemos exigirle al gobierno la apertura de todos los contratos para la compra de dosis, como así también la puesta en pie de una fabricación nacional a gran escala de vacunas, bajo control de un comité médico-científico, utilizando todos los recursos -públicos y privados- del país para tal fin. Como primer paso, es necesaria la intervención del laboratorio mAbxience y la incautación de las dosis producidas allí para proceder a envasarlas localmente. Esto implica dejar de lado las ganancias de los laboratorios y priorizar el acceso masivo a la vacuna. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.

 Sofía Hart

Crítica marxista de la economía mundial - Seminario virtual CLACSO

Los nuevos episodios de la lucha en Colombia


Cómo se vivió la jornada del 26 y qué pasa con los bloqueos. 

 En Colombia, las movilizaciones y piquetes continúan a casi un mes del comienzo de la rebelión popular que tumbó la reforma tributaria y puso en cuestionamiento a todo el gobierno de Iván Duque. El miércoles 26 tuvo lugar una jornada nacional convocada por el Comité Nacional de Paro, que reúne a las centrales sindicales, con manifestaciones y caravanas en todo el país. 
 El punto más álgido de la lucha, sin embargo, sigue siendo el valle del Cauca, donde los aguerridos bloqueos de ruta -principalmente de las organizaciones indígenas- se sostienen, pese a una intensa campaña patronal y mediática en contra. Entre los lugares sitiados se encuentra la ruta que une Cali con el puerto de Buenaventura, una pieza clave para el comercio exterior. 
 En esta región del país, tampoco cesan las manifestaciones. El martes 25 por la noche, fue incendiado el Palacio de Justicia ubicado en la localidad de Tuluá y fue asesinado un estudiante de Derecho en el marco de una movilización. En Cali, escenario de las principales movilizaciones en la zona, hubo una contramarcha organizada por sectores derechistas. El aire está caliente. 
 Este jueves 27, las madres de la primera línea, una organización que surgió para proteger a la juventud movilizada, marchaba en Medellín. Son los preparativos de una nueva irrupción callejera general, el viernes 28, cuando se cumpla el primer mes de las jornadas contra la reforma tributaria, que con el correr de los días derivaron en un levantamiento popular. 
 El Comité Nacional de Paro, mientras tanto, anunció el lunes 24 haber llegado a un preacuerdo con autoridades del gobierno (que aún debe ser ratificado por el Poder Ejecutivo) que supuestamente brinda “garantías” a la protesta social, y que abriría las puertas a una negociación del pliego de emergencia de las centrales sindicales, que entre otros puntos plantea una renta de emergencia para los sectores más pobres y el fin de la política de privatizaciones. El CNP se opone a luchar por la caída del gobierno reaccionario de Duque y busca un punto de aproximación.
 Pero aun así, no está claro qué ocurrirá finalmente. Según el diario El Tiempo (26/5), “desde el Gobierno se va a insistir en que es necesario que antes de iniciar con la mesa de negociación se deben levantar todos los bloqueos de vías”. El planteo del “diálogo” se muestra así como un intento de desactivar el levantamiento popular y mantener a Duque en el cargo. Mientras tanto, continúa la represión, que ya dejó medio centenar de muertos. 
 Uno de los problemas de la demanda oficial al CNP es que éste no tiene control sobre muchas de las movilizaciones ni sobre los piquetes que se desarrollan en la costa del Pacífico. Organizaciones de esa zona han cuestionado abiertamente la política de diálogo de las conducciones sindicales. 
 La rebelión colombiana derribó la reforma tributaria y la privatista reforma de la salud. Logró la salida de dos ministros (un tercero, el de Defensa, sobrevivió en el parlamento a una moción de censura). Concentra la atención de América Latina. Es posible derrotar a Duque. En esa línea, se necesario un encuentro nacional de trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas para centralizar la lucha y desenvolver la huelga general. 

Gustavo Montenegro

600 músicos del mundo en apoyo al pueblo palestino

El arte sigue diciendo presente en la lucha contra la masacre sionista a Palestina y su gente. Más de 600 músicos del mundo se unieron en la firma de una carta abierta que es un llamamiento internacionalista a sus colegas a apoyar públicamente la causa del pueblo palestino y a boicotear cualquier presentación en instituciones culturales israelíes. 
 La convocatoria nace desde un nuevo sitio web llamado Musicians For Palestine (Músicos por Palestina). La carta cuenta con la firma de famosos y variados artistas, como Roger Waters (Pink Floyd), Rage Against The Machine, Patti Smith, Julian Casablancas (The Strokes), Cypress Hill, Serj Tankian (System Of a Down), Run The Jewels, Thurston Moore (Sonic Youth), entre otros. 
 Dice la misma: “cómo músicos, no podemos quedarnos callados. Hoy es esencial que estemos junto a Palestina. Hacemos un llamado a nuestros pares para que hagan valer públicamente su solidaridad con el pueblo palestino.” 
 “Hoy hablamos conjuntamente y demandamos justicia, dignidad y el derecho de autodeterminación para el pueblo palestino y todo aquel que lucha contra las disposiciones colonialistas y la violencia alrededor del mundo”. 
 “Los llamamos a que se unan a nosotros en negarse a presentarse en cualquier institución cultural cómplice de Israel y mantenerse firme en su apoyo al pueblo palestino y sus derechos humanos por la soberanía y la libertad”.
 El boicot a presentarse en vivo en Israel por parte de músicos populares del planeta lleva muchos años. El más conocido militante por esta causa es Roger Waters, cara visible de la organización civil BDS (siglas en inglés de Boicot, desinversiones y sanciones), que protesta sistemáticamente contra la ocupación a Palestina. Waters incluso sostuvo en 2017 una dura polémica con Thom Yorke, el cantante de Radiohead, por haber tocado en suelo israelí a pesar de la presión. Asimismo, la lista de los ´pro boicot´ es larga, e incluye a otras bandas y músicos de primera línea internacional, como Massive Attack, Elvis Costello, Stevie Wonder, Lana del Rey y Jello Biafra (Dead Kennedys). 
 Al pronunciarse contra Israel, los músicos muestran una gran valentía. Es que el enorme poderío y lobby sionista persigue en el mundo a quienes lo denuncian. En 2015 el festival español Rototom Sunplash decidió, movido por el BDS, anular del cartel a Matisyahu, artista sionista estadounidense. Por la presión del gobierno español y la embajada de Israel, los organizadores del mismo terminaron sumándolo nuevamente y pidiendo disculpas. Un episodio similar acaba de vivir Mark Ruffalo, el actor que interpreta a Hulk en la saga cinematográfica de Marvel. Ruffalo había calificado de “genocida” al Estado israelí y bajo una fuerte presión en las redes sociales y medios de comunicación, finalmente se retractó. Otros, en cambio, han redoblado su empeño solidario con el pueblo palestino al fragor de los bombardeos sobre la Franja de Gaza. 
 Por el fin de la barbarie sionista, por el triunfo del pueblo palestino. 

 Matias Melta 
 29/05/2021

El gobierno porteño insiste con la presencialidad escolar: la docencia va a la huelga


Bajo la premisa -a exigencia de las grandes patronales- de sostener una “nueva normalidad” basada en la convivencia con el virus, el gobierno porteño ha declarado oficialmente, este viernes, que se retomarán las clases presenciales en CABA para los tres niveles educativos, con la excepción parcial de la secundaria – bimodalidad en los dos primeros años, completa virtualidad para los estudiantes de los últimos tres.
 El gobierno de Larreta, Acuña y Quirós insisten en que la Ciudad se encuentra en un “amesetamiento” de casos de COVID 19 y que "la evidencia muestra que el nivel de contagios en las escuelas es más bajo que en el resto de la Ciudad". Es falso por donde se lo mire: en primer lugar, hace apenas unos días en la Ciudad se registró un pico de más de 3.000 contagios; además, evaluar inmediatamente el impacto de la suspensión parcial de unas pocas actividades. Las escuelas no contagian, suele decir el gobierno, pero las personas que transitan sus edificios sí lo hacen. Nadie en su sano juicio podría afirmar que no se producen contagios en las instituciones educativas de la Ciudad, en las que se concentran niños, niñas y adolescentes, junto a docentes y no docentes, en espacios reducidos como las aulas y otros espacios escolares. La presencialidad escolar, recordemos, ha quintuplicado los contagios en niños y adolescentes. Un reciente informe muestran cómo a partir de un caso positivo de Covid 19 en una docente, 10 de 14 niños y niñas del aula resultaron positivos, trasmitiendo el virus a 13 miembros de sus respectivas familias. Estos datos recabados son un botón de muestra de la propagación de contagios en las aulas porteñas. 
 Por último, el gobierno porteño sostiene que, durante esta “fase 1”, el transporte público registró una baja de su uso del 30%, pero ocultan que esa baja está directamente vinculada con la presencialidad escolar, dado que la mayoría de otros rubros han seguido operando casi con total normalidad.
 El propio ministro Quirós ha declarado que “valdría la pena” adelantar las vacaciones de invierno, en términos sanitarios. Sin embargo, este adelantamiento no resuelve el problema de fondo. Argentina entrará, en el invierno, a una tercera ola, con 40.000 contagios diarios y un sistema de salud colapsado. En el transcurso de la semana, varios medios de comunicación destacaron la situación crítica en los hospitales porteños, al punto que pacientes con Covid son atendidos en camillas por falta de camas en las terapias. Todo esto ilustra lo que desde Tribuna Docente Tendencia venimos sosteniendo desde el principio: la presencialidad escolar tiene un impacto directo en el aumento de los contagios y el colapso sanitario.

 Organicemos la huelga

 Hasta el momento, UTE no ha sacado ningún comunicado oficial respecto del retorno a las aulas anunciado por Larreta-Acuña para el próximo lunes. El sindicato de base de CTERA, al igual que la central nacional, defienden la ´presencialidad administrada´ que promueve el gobierno de Fernández, consistente en dejar en manos del ejecutivo de cada distrito la desición de la modalidad educativa a seguir, de acuerdo al nivel de “alarma” sanitaria correspondiente. Es en este contexto -y contando además con el fallo favorable de la Corte Suprema- que el gobierno porteño toma sus decisiones. Ademys, en su asamblea del jueves 20, resolvió realizar un paro el primer día hábil de presencialidad, es decir, el próximo lunes. Volvemos a colocar la necesidad de realizar una nueva asamblea general de todo el gremio, el mismo lunes, para deliberar y resolver la continuidad de la huelga.
 Impulsemos asambleas conjuntas de docentes, familias y estudiantes para arrancar la suspensión de las clases presenciales en pandemia, que el Estado garantice la virtualidad con la entrega de equipos y conectividad, como así también, las medidas económicas necesarias para garantizar el aislamiento del conjunto de los/as trabajadores, incluyendo licencias, subsidios y alimentos.
 El lunes, en el marco del paro, tenemos que preparar una acción callejera contundente que coloque en la agenda nuestro reclamo. 

 Flor Palombo 
 29/05/2021

La insoportable levedad de la condena al policía Chocobar

En un fallo vergonzoso, el Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad de Buenos Aires ´condenó´ a dos años de prisión en suspenso al policía Luis Chocobar, por el asesinato por la espalda de Juan Pablo Kukoc, en 2017. Kukoc huía desarmado tras un frustrado intento de robo a un turista, cometido en el barrio de La Boca, junto a otro joven, entonces menor de edad. Chocobar, quien entonces revestía en la policía municipal de Avellaneda, se encontraba de franco. Desenfundó su pistola reglamentaria en plena vía pública y baleó a los ladrones cuando intentaban escapar, acertando dos disparos en la espalda de Kukoc. 
 El homicida Chocobar fue penado por “exceso en el cumplimiento de su deber”, y no pisará una celda. El cómplice de Kukoc, en cambio, de 17 años al momento de los hechos, fue condenado a 9 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio y robo – el frustrado ladrón hirió con un cuchillo doméstico a su víctima mientras intentaba arrebatarle la cámara de fotos. 
 La levedad del fallo es una carta blanca al ´gatillo fácil´, al margen de que la camarilla policial y sus personeros políticos, que reclamaban completa impunidad, lo reciban con disgusto. El crimen de Chocobar es un emblema de la lucha contra el ´gatillo fácil´, presente en todas las movilizaciones democráticas de los últimos tres años. El gobierno Macri-Bullrich, asimismo, había entronizado a Chocobar como símbolo de su política de seguridad. Así nació la llamada ´doctrina Chocobar´, un protocolo para el uso de armas de fuego, redactado por Bullrich, dirigido a blindar política y judicialmente a la policía. Fue derogado por el gobierno FF apenas asumió, lo cual no cambia las prácticas policiales cotidianas, signadas por el abuso y la violencia, especialmente, contra los jóvenes de las barriadas, changarines, feriantes, migrantes y otros trabajadores en situación de extrema vulnerabilidad. Durante los gobiernos K (2003-2015), 3.070 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas, según el recuento de Correpi. La presidenta del PRO estuvo presente en el tribunal y se quejó del fallo. Durante su gestión, el macrismo batió todos los récords; fueron asesinadas 1833 personas por el aparato represivo del estado, una muerte cada 19 horas, también según datos de Correpi. 
 Casos similares al de Chocobar ocurren a diario en todo el país, sin alcanzar la misma trascendencia. Son encubiertos mediante ´enfrentamientos´ fraguados, muchas veces cometidos en las mismas ´zonas liberadas´ por la policía, con el propósito de deshacerse de algún ´archivo molesto´. En el gobierno de Alberto Fernández y su ministra Sabina Frederic, continúan los casos de gatillo fácil. Sergio Berni, el ministro de “seguridad” de la provincia de Buenos Aires, ha tomado la posta de Bullrich, promoviendo el encubrimiento de la policía en el caso de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, entre otros. 
 Repudiamos este fallo vergonzoso de la justicia, garante de los abusos policiales y de la represión, mientras los gobiernos hunden a las familias obreras y a sus hijos en la más completa miseria. 
 Cárcel común perpetua y efectiva al policía Chocobar, que es lo que estipula el Código Penal por el delito de homicidio de delito agravado por haber sido cometido por un integrante de la policía y así fuera solicitado por los abogados de la familia de Kukoc. 
 ¡Control popular de las fuerzas de seguridad!                                        
  ¡Basta de gatillo fácil, ni un pibx menos! 

Lautaro Brodsky 
29/05/2021