viernes, marzo 31, 2017

Venezuela: el autogolpe, su significado y sus alcances



El Tribunal supremo de Justicia, dominado por el gobierno de Maduro, declaró en “desacato” al parlamento en manos de la oposición y se hizo cargo de todas las funciones de este organismo, en materia de aprobación de leyes y controles administrativos.
Este “autogolpe” es el punto culminante de una descomposición cada vez más amplia y notoria del régimen bolivariano. El régimen plebiscitario de Chávez, que revindicaba para sí la masividad del voto popular, se ha ido convirtiendo en un régimen de facto, que gobierna por decreto, violentando la soberanía de la Asamblea Nacional ganada por la derecha en forma abrumadora en las últimas elecciones. Este gobierno se sostiene con el apoyo de las fuerzas armadas, en el marco de un rechazo mayoritario de la población.

La cuestión de la deuda

El autogolpe se da en el marco de una agudización insoportable de la desorganización económica. El desabastecimiento, la carestía incontrolable que llega al 1600% anual, la desvalorización de los salarios como consecuencia de ello, está haciendo estragos en gran parte de la población venezolana. A pesar de la escasez de alimentos y productos de primera necesidad –que son en su abrumadora mayoría de origen importado–, el gobierno de Maduro viene reservando las divisas para el pago de la deuda externa.
El chavismo ha pagado escrupulosamente, hasta ahora, los vencimientos de capital e intereses a los fondos internacionales, a costa de creciente penurias populares, un freno al gasto de mantenimiento, a las inversiones de Pdvsa y en infraestructura estatal, y de un modo general de los insumos importados –lo que ha redundado en una progresiva paralización de la producción y en un ‘defol’ con los acreedores locales. Empresas extranjeras de servicios tecnológicos han salido del país. Las operaciones comunes con empresas extranjeras están congeladas.
La suma de la deuda externa de Pdvsa y de la administración nacional es de alrededor de u$s 80 mil millones, sin considerar la deuda con China, que es pagada con exportación de crudo y que por lo tanto no reporta ingreso de divisas.
Este descalabro no ha sido un obstáculo para que Maduro persista en esta orientación, que se empeña en preservar a fuerza de nuevos ajustes y devaluaciones. Los ‘tour’ de compras a los estados fronterizos de Colombia, implementada a finales del 2016, han dado paso a la liberalización de las importaciones en seis de esos estados, y por lo tanto a la liquidación de los controles de precios y de los precios máximos.
Desde comienzos del año pasado el gobierno lanzó un paquete de iniciativas económicas en lo que llamó “Agenda Económica Bolivariana”. Los discursos contra la “guerra económica” ofician como pantalla, mientras Maduro viene otorgando nuevas concesiones y prebendas al capital, que van de la mano de un ataque en regla al bolsillo popular. Entre las medidas económicas sobresalen la fuerte devaluación de la moneda, mayor apertura económica al capital extranjero en distintas áreas, mayores facilidades a sectores empresariales (sobre todo exportadores), un endeudamiento creciente, subsidios a empresarios para la producción local y la liberación de precios, mientras se desarrolla la fuertísima depreciación del salario mediante la inflación y el congelamiento de la discusión de los convenios colectivos. Apenas tres días antes de la disolución del parlamento, el gobierno anunció una mayor “flexibilización cambiaria”, que no es más que una envoltura elegante a una nueva y drástica devaluación.
Esta política de seducción al capital, sin embargo, no ha servido para revertir la desorganización económica. Ni la fuga de capitales ni el sabotaje empresario. El gran capital internacional toma distancia del régimen y presiona por acelerar el desenlace de la crisis política.

Militarización

El autogolpe coloca más que nunca a las fuerzas armadas como árbitro de la situación política. La militarización creciente del Estado, incluso si es una militarización “bolivariana”, no es progresiva sino reaccionaria. Dicha militarización, por lo pronto, será usada –con el argumento de la lucha contra la derecha– para reforzar la regimentación de la clase obrera, disciplinar a sus organizaciones sindicales al Estado, reprimir los reclamos y atacar las iniciativas de lucha que surjan en los lugares de trabajo. Históricamente, estos gobiernos de facto han presidido las transiciones entre un régimen político y social y otro.
El "autogolpe no cierra la severa crisis política, sino que es un episodio de un “cambio de frente” en desarrollo. A eso, precisamente, apunta la oposición derechista, que reclama a las fuerzas armadas un golpe militar contra Maduro. La derecha se aferra a esta salida –con más razón si tenemos en cuenta el fracaso en su tentativa por hacer prosperar el referéndum revocatorio, que ha redundado en una mayor división en sus filas. Uno de los datos que no han recogido los medios de comunicación es el escasísimo respaldo popular que han tenido las manifestaciones callejeras de repudio a la disolución del parlamento. Que la derecha quiera enfrentar el autogolpe de Maduro con un golpe propio alcanza para mostrar que las apelaciones a la democracia de unos y otros no pasan de la pura demagogia. La derecha tiene un largo historial de golpes fracasados contra el chavismo, por lo que ahora sabe que debe apelar a un desplazamiento de un sector clave del régimen, como son las Fuerzas Armadas, para poder lograr su propósito.
La reacción continental, incluyendo a Macri y el peronismo que integra una coalición del ajuste con el gobierno nacional, plantea declarar un defol a Venezuela, de modo de cortarle todo tipo de asistencia –o sea , una vía para apurar un desenlace. Para esto se apela a la mayor de las hipocresías: el golpista Temer y los que lo bancaron aparecen como defensores de la democracia. Maduro, a través del autogolpe, ha terminado escupiendo para arriba, y pavimentando el terreno para su desplazamiento.

La clase obrera y la izquierda

En Venezuela hay una crisis de poder irreversible: una definición de la situación política depende de una salida de poder. El reconocimiento de una crisis de poder significa que el poder oficial del chavismo es un espectro, cuyo recurso último de defensa no es la movilización popular –que no quiere ni podría realizar–, sino un golpe aventurero de las fuerzas armadas. La oposición de derecha, por su lado, ya se encuentra llamando a un golpe militar para implantar su salida ‘democrática’. Es necesario explicar este cuadro político a los trabajadores para explotar este momento de la crisis y las etapas subsiguientes de ella para desarrollar una alternativa socialista de la clase obrera.
La izquierda y la clase obrera deben emerger como un factor político independiente en la crisis del país, que está polarizada políticamente por la burguesía. Esto habla de la actualidad de la batalla por la convocatoria de un Congreso de trabajadores, motorizado, en primer lugar, por el movimiento obrero combativo y la izquierda para aprobar un programa y una salida obrera frente a la crisis nacional. Se plantea la lucha contra el desabastecimiento –promoviendo la constitución de asambleas populares que elijan comités de control y gestión, para evitar los negociados– y por el control obrero en los lugares de trabajo; asambleas fabriles y sindicales para reclamar la convocatoria a paritarias y la imposición del ajuste automático de los salarios frente a la inflación. Terminar con el flagelo de la desocupación y la tercerización –que es impulsada por las patronales a caballo de la crisis–, planteando la incorporación de todo el personal a planta permanente y el reparto de las horas de trabajo existentes sin disminuir salarios. La fuga de capitales plantea la nacionalización de la banca y del comercio exterior, bajo control directo de las asambleas obreras –y, en primerísimo lugar, la suspensión del pago de la deuda externa. En oposición al autogolpe y salidas democráticas de derecha y golpistas, llamamos a la izquierda y al movimiento obrero combativo a discutir e impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de un gobierno de trabajadores.

Pablo Heller

Venezuela: autogolpe, golpe y contragolpe



Cuando todavía el kirchnerismo batía el parche de la amenaza de un “golpe de derecha” en Venezuela, advertí desde está página que el único golpe que se encontraba en la agenda era el que ejecutarían las Fuerzas Armadas del chavismo. La decisión de Maduro de transferir las atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional a la Sala Constitucional del Poder Judicial va en esa dirección. El próximo en la lista es el propio Maduro. El chavismo no puede sobrevivir a la pérdida de su condición plebiscitaria fundacional: sin “poder electoral” ha perdido su razón existencial. La “unidad del pueblo y su fuerza armada” sin respaldo popular plebiscitario, es la fórmula del desastre.
El impasse que ha imperado desde la victoria abrumadora de la oposición de derecha en las elecciones legislativas de 2015, se debió a la mediación vaticana. El pretexto del llamado ‘diálogo’ era pactar un calendario para las elecciones de intendentes y gobernadores, dejando de lado la posibilidad del referendo revocatorio contra Maduro, que la oposición abandonó. La intervención papal fracasó, como ha ocurrido con todas sus otras ‘mediaciones’ (caso palestino): las elecciones fueron postergadas sin fecha, y encima Maduro firmó un decreto que obliga a una reinscripción de los partidos políticos, o sea que los dejaba en el limbo. La MUD opositora se avino al trámite, pero el partido comunista, por ejemplo, se quedó sin personería.
El estado venezolano se encuentra quebrado. Aunque paga en forma puntillosa la deuda en bonos – y logró, en una oportunidad, la refinanciación de sus vencimientos con los bancos acreedores -, la deuda del Estado con proveedores del Estado y de Pdvsa con sus contratistas, se paga con una demora cercana al ‘defol’. La deuda con China, de u$s 40 mil millones, garantizada mediante la entrega de petróleo, se ha vuelto a reprogramar; un crédito de la petrolera rusa Rosfnet, se logró a cambio de la hipoteca de Citgo, la distribuidora venezolana de combustible en Estados Unidos. Hay una corriente que plantea la conveniencia de venderla, porque se han comprimido mucho los márgenes de beneficio.
El autogolpe fue precipitado por la intención del gobierno de privatizar las operaciones de Pdvsa sin pasar por el control parlamentario, o sea por decreto. La creación de "empresas mixtas" en petróleo es una medida desesperada frente a la crisis financiera, que destruye el acta fundacional del chavismo - la nacionalización petrolera. Sin aval plebiscitario y sin nacionalismo petrolero, el chavismo se ha convertido en un cadáver insepulto. Con el crecimiento del shale oil en Estados Unidos y la caída del precio internacional, la Venezuela chavista se ha quedado sin red de seguridad. El 'ajuste' que implementará el gobierno que lo suceda tendrá características catastróficas.
La aplicación de la “cláusula democrática” contra Venezuela, que reclama el gorilismo continental y la mayoría del peronismo que apoya la ‘gobernabilidad’ de Macri, significa declarar a Venezuela oficialmente en ‘defol’, porque quita respaldo legal internacional a cualquier préstamo o financiamiento que solicite el gobierno de Maduro, e incluso a sus operaciones comerciales. El auto-golpe de Maduro desata el colapso del gobierno y ofrece la justificación a los militares para su derrocamiento. El ‘vivo’ se pasó de rosca. Es precisamente por el peligro de derrumbe político que Trump no salió con los tapones de punta a exigir la aplicación de la cláusula. El magnate del histrionismo cultiva, además, un romance con Putin, que apoya a Maduro.
Venezuela se encuentra como la selección argentina – con una crisis de técnicos y jugadores y la posibilidad de no ir al Mundial, que además tendrá lugar en Rusia. Nadie puede reivindicar títulos democráticos: ni los golpistas de abril de 2002 y conspiradores seriales, ni la camarilla de Maduro, que se hunde en la crisis y, lo que es aún peor, en el ridículo. El chavismo ha perdido al ala izquierda del Psuv, el partido oficial, y a toda la izquierda chavista, como el caso de la ‘bodartista’ Marea Socialista.
La salida a la crisis mediante una intervención de la clase obrera se encuentra lejana, como consecuencia, por un lado, de casi dos décadas de regimentación estatal y, por el otro, de adaptación política vertebral de la izquierda al chavismo. Pero la salida misma de la crisis está distante- hay para rato. Todo indica la necesidad de que convoque a un Congreso de Trabajadores – independiente de los contrincantes capitalistas. La clase obrera independiente – minoritaria – necesita un programa para movilizarse como clase.
Ese programa debe reivindicar la convocatoria de una Asamblea Constituyente y un plan de emergencia que declare la suspensión de todo pago de deuda hasta que sea auditada por un comité electo de trabajadores; la nacionalización de bancos y los principales monopolios para asegurar el abastecimiento industrial y de la población; control obrero del comercio exterior y del mercado de cambios y la formación de un frente único de partidos de izquierda y sindicatos independientes.

Por la Unidad Socialista de América Latina.

Jorge Altamira

Imperialistas golpistas aúllan sobre un golpe de estado - ¿Qué está sucediendo realmente en Venezuela?

“¡Golpe de estado en Venezuela! ¡Maduro concentra todo el poder!” A sólo unos días del 15 aniversario del golpe de estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez (del 11 al 13 abril de 2002), los mismos que lo llevaron a cabo (la oligarquía venezolana, sus amos en Washington y sus perros falderos en Buenos Aires, Brasilia, Santiago de Chile y Lima, jaleados por la jauría mediática en Madrid y EE.UU.) ahora están gritando y aullando como hienas contra un supuesto “auto golpe de Estado” del presidente Maduro.
¿Cuáles son los hechos? La causa inmediata de esta protesta hipócrita es el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 29 de marzo, que falló que en la medida en que la Asamblea Nacional está en desacato, el TSJ de ahora en adelante se hará cargo de sus poderes para ejercerlos o delegarlos en otro poder que él mismo determine. Inmediatamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, declaró esto como un “golpe de Estado” y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro lo describió como un “auto golpe de Estado” y pidió la convocatoria urgente del Consejo Permanente de la OEA con el fin de activar la Carta Democrática contra Venezuela. El gobierno peruano decidió retirar a su embajador de Venezuela.
¿Cuáles son las raíces de este fallo? Desde la victoria de la oposición de derechas en las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, ha habido un agudo conflicto entre los diferentes poderes del Estado. Ya a finales de diciembre de 2015, el TSJ falló que ante las irregularidades en las elecciones en el estado Amazonas, las mismas se declaraban nulas y ordenó que fueran repetidas. Existían pruebas que fueron presentadas de la compra de votos por parte de políticos de la oposición. Esto afectaba a cuatro diputados, dos de la oposición, uno del PSUV y otro elegido en la lista indígena (también partidario de la oposición), que quedaron descalificados. Sin embargo, estos tres diputados de la oposición eran clave, ya que le proporcionaban a la oposición una mayoría de dos tercios y por lo tanto poderes mucho más amplios. La Asamblea Nacional se negó a obedecer la orden del TSJ y juramentó a los tres diputados de la oposición de Amazonas en enero de 2016. Una vez más el TSJ declaró el acto nulo y sin efecto y en contravención de su fallo anterior. En agosto de 2016, el TSJ declaró que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los diputados de la oposición estaban en desacato por haber violado dos de sus fallos.
En una nueva escalada del conflicto institucional, en octubre de 2016, la Asamblea Nacional votó para iniciar procedimientos a fin de efectuar un “juicio político” al presidente Maduro, y también procedimientos para declarar que Maduro había “abandonado su cargo”. Entre las razones dadas para estas acciones, fue la afirmación de que Maduro no es un ciudadano venezolano y por lo tanto no puede ser presidente (!!). Finalmente, en enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró que el presidente Maduro había “abandonado su cargo”. Cómo puede ser acusado de “abandonar su cargo” y al mismo tiempo de “llevar adelante un golpe agarrando todos los poderes”, nadie lo puede entender. La Asamblea Nacional, además, pidió a la Organización de los Estados Americanos invocar la Carta Democrática contra Venezuela, en la práctica pidiendo a potencias extranjeras que violen la soberanía de Venezuela, algo que revela claramente el carácter apátrida de la oligarquía venezolana. El intento de utilizar la Carta Democrática fue derrotado en la OEA, a pesar de las amenazas directas de Washington contra una serie de países miembros.
Por último, el gobierno preguntó al TSJ si era necesario enviar su decisión de crear empresas mixtas en el sector petrolero a ratificación de la Asamblea Nacional. El TSJ respondió con su fallo del 29 de marzo, que, en la medida en que la Asamblea Nacional estaba en desacato y no había tomado ninguna acción para rectificar esa situación, el gobierno no tiene que enviar sus decisiones a la misma y que el TSJ se hace cargo de los poderes legislativos de la Asamblea Nacional para ejercerlos directamente o a través de cualquier otro órgano del poder que determine. Ese fallo había sido precedido por otro del día anterior en el que el TSJ dictaminó que, como la Asamblea Nacional estaba en desacato, sus miembros no podían gozar de inmunidad parlamentaria.
Si la oposición en la Asamblea Nacional quisiera en realidad usar sus poderes, sería fácil acatar el fallo del TSJ sobre los tres diputados de Amazonas y luego empezar a legislar. Sin embargo, la oposición no está realmente interesada en eso, sino que quiere crear un incidente lo más grande posible, para justificar la eliminación de Maduro de la presidencia.
Debemos oponernos a ésta campaña hipócrita de los que sí llevaron a cabo un golpe de estado en Venezuela en el 2002, y que ahora quieren quitar a Maduro del poder y apelan a la intervención extranjera contra Venezuela. Si lograran alcanzar sus objetivos, sabemos claramente cuáles serían las consecuencias: todos los logros de la Revolución Bolivariana serían destruidos, las misiones sociales abolidas, las empresas y latifundios expropiados serían devueltos a sus antiguos dueños, se aboliría la Ley Orgánica del Trabajo permitiendo despidos masivos en las empresas estatales y privadas, se recortarían brutalmente o abolirían las pensiones de jubilación del estado, se recortaría el presupuesto de salud y educación y se establecería un régimen de asalto contra todos los derechos democráticos básicos. Si alguien lo duda, sólo tiene que ver las medidas iniciales adoptadas por los gobiernos de la derecha que han llegado al poder en Argentina y Brasil. En Venezuela sería diez veces peor.
Sin embargo, no se trata sólo de quién tiene razón o no desde un punto de vista legal o de procedimiento. Como todas las cuestiones fundamentales en la sociedad, este conflicto se va a resolver sobre la base de quién tiene el poder real, en términos de las fuerzas armadas y / o la movilización de masas en las calles que puedan romper el poder estatal. Por el momento, no parece que la oposición reaccionaria tenga ni lo uno ni lo otro. La oposición ha hecho llamamientos constantes al Ejército a salir “en defensa de la Constitución” (es decir: sacar a Maduro), pero hasta ahora han caído en oídos sordos. Sus intentos más recientes de sacar a la gente a las calles en septiembre y octubre el año 2016 fracasaron por completo por la falta de una estrategia clara y decisiva. Algunos de los líderes de la oposición convocaron a una marcha hacia el Palacio de Miraflores, pero cuando llegó el día se echaron atrás, provocando la ira y la desmoralización de sus propios seguidores.

Las concesiones a los capitalistas socavan la revolución

Más allá de las cuestiones legales e institucionales, tenemos que preguntarnos ¿qué está haciendo el gobierno de Maduro con su poder? ¿Cuál es su estrategia? Hace unos días, Nicolás Maduro hizo una serie de declaraciones en la Expo Venezuela Potencia 2017, que no dejan ninguna duda sobre el hecho de que su estrategia es la de hacer concesiones cada vez mayores a los capitalistas, nacionales e internacionales. Maduro rechazó lo que él calificó como una “campaña sucia que dice que tenemos un modelo comunista y rechazamos la empresa privada”. Por el contrario, dijo, “el 90% de la economía está en manos de empresas privadas” (en realidad lo que quería decir era que el 90% de todas las empresas está en manos privadas, a pesar de que representan un porcentaje menor de la economía.) Luego procedió a anunciar más concesiones a los capitalistas, nacionales y extranjeros, dándoles préstamos de los bancos estatales, tanto en bolívares como en dólares, y anunció una mayor liberalización del sistema de cambio de divisas con el fin de permitir a las empresas privadas un acceso más fácil a los dólares (que provienen de la renta petrolera en manos del estado).
Estas declaraciones y concesiones han provocado la ira generalizada y malestar entre las filas del movimiento bolivariano. Representan una continuación y una profundización de la política que el gobierno de Maduro ha estado siguiendo desde que fue elegido: responder a los ataques de la oposición en el ámbito político e institucional, al tiempo que se hacen cada vez más concesiones a los capitalistas en el campo económico.
Esa es una política que conduce directamente al desastre. La economía venezolana está en una crisis profunda, con una caída brutal del PIB, hiperinflación, escasez grave de alimentos básicos y medicinas y una parálisis de la producción. Esta crisis es el resultado, en última instancia, de la rebelión de las fuerzas productivas - que siguen operando bajo el marco de un mercado capitalista - contra los intentos del gobierno de regularlas, a través de los controles de precios y el control de cambios. Esto se ha agravado y multiplicado por el colapso en el precio del petróleo en el mercado mundial. Enfrentado a una limitación extrema de las reservas de divisas y de los ingresos petroleros, el gobierno ha recurrido a priorizar el pago de la deuda externa por encima de las importaciones, que han sido severamente recortadas, agravando aún más la escasez. Al mismo tiempo, con el fin de sufragar el presupuesto del estado, donde hay un déficit consolidado que asciende a 15-20% del PIB, se ha recurrido a una política de impresión desaforada de dinero que a su vez ha dado lugar a la hiperinflación. Lo que ha fracasado en Venezuela no es el socialismo, que nunca existió, sino más bien, el intento de regular la economía capitalista a través de la intervención del Estado y hacer que funcione en beneficio de la mayoría.
Sólo hay dos maneras de salir de esta crisis económica: una es levantar todas las regulaciones y controles y permitir que el mercado capitalista trabaje “normalmente”, lo que significaría que se haría pagar a los trabajadores el precio de la crisis. Esa es la dirección que el gobierno de Maduro ha estado tomando progresivamente. El otro es expropiar a los capitalistas y dirigir la economía sobre la base de un plan democrático de la producción que pueda satisfacer las necesidades de la población, haciendo al mismo tiempo un llamamiento internacionalista a los obreros y campesinos de la región a salir en defensa de la revolución y derrotar los intentos de sus propias clases dominantes de destrozarla. Eso significaría hacer que los capitalistas paguen el precio de la crisis.
La continuación de la política actual del gobierno no hará sino agravar la crisis desde el punto de vista del pueblo trabajador, y por tanto, erosionar aún más su apoyo entre las masas bolivarianas. El gobierno tiene la idea de que este año vamos a ver un aumento de los precios del petróleo a un nivel de alrededor de 70 a 80 dólares por barril y que esto le daría el margen necesario para invertir en programas sociales de nuevo, recuperando así el apoyo popular. En esa situación podría convocar a elecciones en mejores condiciones. Esto es una quimera. Los precios del petróleo subieron ligeramente después del acuerdo de la OPEP y Rusia para recortar la producción, pero ese proceso se ha cortado en la medida en que la subida de los precios del petróleo ha hecho que el fracking sea de nuevo rentable en los EE.UU., lo que aumenta la producción mundial y ha empujado los precios hacia abajo de nuevo.

¿Cómo combatir la ofensiva del imperialismo y la oligarquía?

Si hemos de ser sinceros, la política del gobierno representa una traición al legado del presidente Chávez. En sus últimas declaraciones antes de su muerte, en el Golpe de Timón y el Plan de la Patria Socialista, Hugo Chávez hizo hincapié en dos ideas fundamentales: a) que todavía estamos en una economía capitalista y hay que avanzar hacia el socialismo, y b) hay que destruir el estado burgués y sustituirlo por un “estado comunal” (es decir, uno basado en las Comunas Socialistas). Con todas sus limitaciones, éstas eran ideas correctas.
La actual dirección del movimiento bolivariano y el gobierno del presidente Maduro van en la dirección opuesta: en el campo económico han estado haciendo más y más concesiones a los capitalistas, mientras que en el campo político han sofocado todas las vías de participación popular, el control obrero, y el poder de las masas.
Independientemente de sus intenciones, hay que decirlo claramente: estas políticas conducirán directamente a la derrota de la revolución bolivariana y la toma del poder por la oposición burguesa. Eso sería una catástrofe. Con el fin de evitarlo debemos adoptar firmemente una política de lucha por el socialismo y contra el Estado burgués.
Ante la embestida del imperialismo y los capitalistas venezolanos, ¿cuál sería la forma más eficaz de combatirla? En primer lugar, Venezuela debería romper relaciones diplomáticas con Washington que es el que dirige y coordina esta campaña. En segundo lugar, debería expropiar las propiedades de las multinacionales de cualquier país implicado en esta grosera interferencia en la soberanía nacional de Venezuela. En tercer lugar, se deben expropiar las propiedades de la oligarquía venezolana que ha estado conspirando constantemente contra la voluntad del pueblo durante los últimos 15 años. En cuarto lugar, hay que crear comités antiimperialistas y anticapitalistas de obreros, soldados y campesinos en cada empresa, fábrica, cuartel y en el campo. Estos comités deben estar armados y ejercer el control obrero contra el sabotaje de la oligarquía. Por último, la Revolución Bolivariana debe hacer un llamamiento a los trabajadores y campesinos de América Latina y la clase obrera del mundo pidiendo su apoyo y que bloqueen los intentos de los gobiernos reaccionarios de intervenir en su contra.
Esta sería la única política que puede garantizar la defensa de la revolución.

Jorge Martin - Corriente Marxista Internacional

Relaciones peligrosas: Estados Unidos y el golpe de 1964 en Brasil



El golpe de 1964 en Brasil fue parte de una estrategia global de EE.UU. para América Latina, en el marco de su disputa con la URSS, en una región a la que siempre consideró su patio trasero.

Imposible imaginar el mundo que acompañó al golpe de 1964 en Brasil a través del escenario que caracteriza el mundo actual. Mientras que desde los años ’90 se fue configurando un nuevo sistema de relaciones entre estados a partir de la instalación del neoliberalismo multipolar y globalizador, en los años del golpe el mundo estaba contenido en el marco de la disputa entre dos superpotencias por el dominio mundial, una competencia en un mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética (Rusia) y sus respectivos bloques de influencia. Es indispensable, entonces, enmarcar los sucesos brasileros del 64 en esa tensión establecida en las relaciones internacionales, en el contexto de una campaña “anticomunista” continental por parte de Estados Unidos, que llegó a tomar cuerpo en el continente como carrera armamentística y nuclear con la crisis de los misiles (1962).

El juego previo

En los años´50 Brasil había conquistado cierta supremacía regional en Latinoamérica y luego de una política pendular hacia Alemania, el gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945) se alinea con los EE.UU. en la II Guerra Mundial a través de acuerdos económicos (financiamiento al complejo siderúrgico Volta Redonda), estratégicos (establecimiento de bases militares) y el apoyo logístico y militar, en un curso que luego profundizaría el gobierno del general Dutra (1946-1951), poniendo al Partido Comunista en la ilegalidad y la ruptura de relaciones diplomáticas con la URSS.
La política exterior del segundo gobierno de Vargas (1951-1954) respetó en lo estrictamente político-militar los compromisos norteamericanos mientras que en el ámbito económico presentó mayores disputas: el intento de imponer límites a la remisión de lucros de las grandes corporaciones extranjeras y a la explotación y distribución del petróleo nacional, que culminaría con la creación de Petrobras en 1953.
La llegada al gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961), como parte de la oleada desarrollista en el continente, introduciría cambios en la política exterior. Si bien la presencia económica de EE.UU. en Brasil se acentuó en esos años generó también contradicciones, por la urgente necesidad de obtener financiamiento externo. La imposición de condiciones draconianas de organismos como el FMI y las presiones estadounidenses por una política de apertura del negocio petrolero abrieron el camino a posicionamientos conflictivos. El propio Kubitschek incorpora en su discurso la denuncia sobre la dependencia y el atraso económico del país, promoviendo gestos de autonomía. La Operación Panamericana (OPA/1958) fue un intento que aunque no prosperó, buscaba la promoción de un plan de asistencia financiera al estilo del Plan Marshall europeo como salida para el subdesarrollo. En síntesis, con una impronta nacionalista y desarrollista aunque combinada con una fuerte dependencia del imperialismo americano y alemán, el gobierno de Kubitschek con el apoyo del empresariado nacional intentó contener el descontento de masas que comenzaba a emerger con fuerza en el país y en el continente.

La revolución en una pequeña isla del Caribe

En este contexto, el triunfo de la revolución cubana, en una pequeña isla del Caribe que desafiaba a EE.UU., no haría más que profundizar los sentimientos anti-norteamericanos en alza desde el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala. Los ataques del gobierno estadounidense, que incluían la intervención militar a la isla, generaron una amplia simpatía con la revolución y acentuaron los movimientos de lucha antiimperialista y la emergencia de organizaciones reformistas, incluso armadas y revolucionarias en el continente, que Washington interpretaba como resultado de la intervención soviética.
Finalizada la II Guerra EE.UU. volverá a ocuparse de la región, recortando el margen de autonomía que hasta el momento las burguesías nacionales habían sabido jugar a su favor. En ese contexto, el gobierno de John F. Kennedy (1961-1963) trató de contrarrestar el impacto cubano proponiendo la creación en 1961 de la Alianza Para el Progreso, un proyecto continental de carácter asistencialista que propugnaba el apoyo político y financiero a las democracias en oposición a las dictaduras. Esta orientación reformista se combinaba con un mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas que, coordinadas desde el Pentágono, serían preparadas para la lucha contrainsurgente, alentando su participación en la política interna de los países. A la política de evitar las "amenazas extracontinentales" que se había impuesto en la Conferencia de la OEA en agosto de 1960, en Costa Rica, se sumaba ahora la amenaza del enemigo interno.

El peligro comunista acecha a Brasil

Luego de una polarizada campaña presidencial un candidato de la derecha conservadora, Janio Quadros (enero 1961-agosto 1961), llega al gobierno. Quadros había respaldado la reforma agraria cubana, solicitado la restauración de las relaciones diplomáticas con la Unión soviética y la legalidad del PCB como una forma ampliar su base social, neutralizar a la izquierda en ascenso y proyectar el liderazgo brasilero en Latinoamérica, mejorando su situación negociadora, sin romper con la “tradicional opción occidental de Brasil”.
En una maniobra que fracasó, después de solo siete meses de gobierno, Quadros renuncia para causar una conmoción popular y volver fortalecido. Lo sucede su vicepresidente João Goulart (PTB) que accede al poder (1961-1964), en un contexto de crisis del dominio de clase, que incluyó la tentativa de golpe para evitar su asunción. Goulart provenía del ala laborista del gobierno de Vargas y resulta electo como vicepresidente pero siendo candidato de otra lista de la de Quadros (PTN), ya que en el régimen del 46 al 64 se podía votar al presidente de una lista y al vice de otra.
El país atravesaba una situación de aguda conflictividad. Tanto los trabajadores que protagonizaban, bajo la estrategia política del PCB, un proceso de huelgas y reivindicaciones como los campesinos que persistían en la lucha por la reforma agraria configuraron de conjunto un proceso de radicalización política, frente a la profundización de la crisis económica, la escalada inflacionaria y las presiones de las grandes patronales por avanzar en un plan económico y político que pusiera fin al reclamo social. A esto se sumaron las divisiones al interior de la burguesía nacional y las Fuerzas Armadas, que apoyándose en las masas, buscaban mejores condiciones de negociación en la subordinación al imperialismo y explican algunas de las medidas como la estatización de varias empresas extranjeras (Compañía de Energía Eléctrica Rio-Grandense, filial del holding AMFORP, y la Compañía Telefónica Nacional, subsidiaria del monopolio de las telecomunicaciones ITT) que adoptaron gobiernos estaduales como el de Río Grande do Sul y de Pernambuco.
Al clima de desestabilización interna se agregó la negativa del gobierno brasilero a votar la expulsión de Cuba de la OEA, en diciembre de 1961 en Punta del Este y el acercamiento comercial con el bloque socialista, que fueron interpretados como acercamientos al bloque comunista. Esta imagen se reforzó cuando Goulart meses antes del golpe, promueve las “reformas de base” (reglamentación de las remesas al exterior, el decreto a favor de la reforma agraria) en su intento de continuar en el poder apoyándose en el movimiento de masas.

Misivas golpistas

La situación evolucionaba de tal manera que decidió a Estados Unidos por el golpe. Los cuidados iniciales, que incluían la posibilidad de invasión, se concentraron en el nordeste, una región donde actuaban las Ligas campesinas, que podía encontrar en Cuba un modelo de inspiración.
En diciembre de 1963 un “Un Plan de Contingencia para Brasil” ("A Contingency Plan for Brazil") escrito por el embajador estadounidense en la época, Lincoln Gordon, analizaba escenarios posibles frente a la crisis del país, sugiriendo posibles acciones del gobierno de los Estados Unidos que incluían la opción de destitución de Goulart por lo que llamaban Fuerzas constructivas, refiriéndose al accionar de sectores militares brasileros.
Otros documentos dan cuenta del financiamiento a las Marchas de la Familia con Dios por la Libertad, que llegaron a movilizar cientos de miles de personas y que contribuyeron a extender un clima destituyente. El 27 de marzo de 1964, es decir a solo 4 días del golpe, Gordon enviaba un telegrama al Departamento de Estado y la CIA mencionando la existencia de medidas encubiertas que respaldaban las marchas.

Marchas de la Familia con Dios por la Libertad

El mismo Castello Branco candidato a comandar la conspiración militar era monitoreado. El telegrama del 27/03 del embajador informaba la intención de Castello Branco de actuar “solo en caso de una obvia provocación inconstitucional” aunque aclaraba estaba preparado para las hipótesis de que eso sucedería, esas eran “Una huelga general comandada por un líder comunista, otra rebelión de los sargentos, una propuesta de plebiscito por el Congreso o alguna media gubernamental contra los líderes democráticos militares y civiles”. El embajador sugería la intervención norteamericana comparando a Brasil ya no con Cuba sino con la China de Mao Tse-tung. Además sugería ayuda militar para sostener a los golpistas. Un telegrama del 31/03 desde el Departamento de Estado informa el envío de ayuda militar, conocida como Operación Brother Sam. Un barco petrolero con combustible fue trasladado de Porto de Aruba en el Caribe a las cercanías de Santos, estimando que el navío llegaría a la costa brasilera en fecha, junto a 8 portaviones, cuatro destructores, dos navíos-escolta y otros tres navíos-tanques de refuerzo. Acompañaban los navíos 110 toneladas de municiones.

La hora de la intervención militar

A pesar del intento de Goulart de recomponer el vínculo con Estados Unidos (Plan Trienal) los esfuerzos para contener al movimiento de masas fracasaron. Un sector de los jefes militares brasileros y el gobierno estadounidense ve en el golpe contra Goulart la única salida realista para alinear al gobierno con los intereses de las grandes capitalistas y poner fin a la agudización de los conflictos en el país. Fue un golpe de las clases dominantes brasileras respaldadas y financiadas por el imperialismo norteamericano para derrotar la situación aguda de lucha de clases. Semanas después del golpe, asumirá el jefe del Estado Mayor del Ejército Castello Branco, anticipando la práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional que caracterizará a las dictaduras del continente.
El golpe de estado brasilero con todas sus particularidades y adelantándose al destino de sus pares latinoamericanos fue parte de una estrategia global que EE.UU. desarrolló para América Latina. Apeló a una retórica de seguridad nacional y de estabilidad política para imponer gobiernos que actuaran como firmes aliados, preservando sus intereses económicos y estratégicos en la región ante el crecimiento del ideario antiimperialista, derrotando a los movimientos de resistencia y lucha que ganaban terreno y como parte de su disputa estratégica con la URSS, comenzando por una región a la que siempre consideró su patio trasero.

Liliana O. Caló

Los efectos del Brexit en el Reino Unido



Un divorcio amargo que pone de manifiesto las debilidades internas del Reino Unido y las amenazas euroescépticas en el contiente

Llegó el día de la entrega formal de la petición para la separación del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) y con él las incertidumbres sobre su futuro. La activación del artículo 50 ha puesto en movimiento tendencias centrifugas que pueden traer como consecuencia la ruptura de una de las uniones más poderosas.
En Escocia e Irlanda del Norte, la mayoría votó en contra del brexit, mientras que, en Inglaterra y Gales,la decisión mayoritaria fuea favor de separarse de la UE.
A solo un día de la entrega de la “carta de divorcio” el Parlamento de Escocia votó impulsar un segundo referendo por su independencia de RU. Con 69 votos a favor y 59 en contra,el parlamento se pronunció a favor de la iniciativa de la ministra principal, Nicola Sturgeon, de convocar a un segundo referendo antes de que el RU se separe de la Unión Europea.
En una columna de opinión del diarioTheGuardian,Sturgeon del Partido del independentista SNP, se refirió al día de activación del brexit como un “día triste en la historia de Gran Bretaña y el continente europeo de conjunto”. La separación del RU ha permanecido en un lugar alto en la agenda del SNP desde que el primer referéndum del 18 de septiembre de 2014 arrojó 55,3% por el no a la secesión del RUfrente al 44.7% por la propuesta independentista.
La puesta en marcha del brexit ha movido también el tablero político en el Norte de Irlanda. Su implementación,rechazada por un56%, es vista como una imposición por parte de Inglaterra.
Es una ironía que la separación de la UE pueda crear las posibilidades de reabrir las discusiones por una Irlanda Unida, algo que no ocurría desde el Tratado anglo-irlandés entre el Gobierno británico y la República irlandesa por el que se estableció el Estado Libre Irlandés (hoy República de Irlanda, El Sur).
En dicho tratado se “sacrificó” a Irlanda del Norte, que quedó bajo dominio de Inglaterra dando lugar a años de lucha armada y de resistencia a la presencia del ejército opresor. Luego del acuerdo del Viernes Santo en 1998 durante la administración de Tony Blair, la cuestión de una Irlanda independiente y unida había quedado en suspenso. Sin embargo, en ese mismo acuerdo se contempla la realización de una consulta sobre si Irlanda del Norte quiere separarse de la UE, y dado el estado actual de la unión, dicha convocatoria no puede descartarse.
Junto a la aspiración independentista se plantean cuestiones de orden práctico, ya que La República de Irlanda, miembro comunitario, e Irlanda del Norte, comparten una frontera libre, sin ningún tipo de control. El paso entre el norte como del sur es actividad cotidiana para los irlandeses, que cruzan con frecuencia para visitar a familiares, recibir tratamientos médicos y un sin fin de actividades. Esta frontera libre desaparecerá cuando la salida del RU se materialice nutriendo la aspiración de una Irlanda unida.
Si Irlanda del Norte y Escocia quieren permanecer en la UE se verán obligadas a abandonar Reino Unido y de concretarse esto, TheresaMay y su predecesor, David Cameron, pasarán a la historia por ser incapaces de conservar la unidad del mismo, sacudiendo los fundamentos de su propio partido toryy abrir la brecha entre el ala euroescéptica y el resto del partido.
La separación represente el giro más grande en política extranjera en casi medio siglo, para el RU, desde que este se sumara a la Comunidad Económica Europea en 1973. El inicio del divorcio no aceptó concesiones.
En su carta de seis páginas que desencadenó el artículo 50, la primera ministraMay, expresó que era “necesario acordar los términos de nuestra futura asociación junto con los de nuestra retirada de la Unión Europea”.
Sin embargo la aspiración, de May, de que las negociaciones sobre la salida del RU de la Unión Europeasea llevada en paralelo con las conversaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE fue enérgicamente rechazada por la canciller alemana, Angela Merkel.“Las negociaciones deben aclarar primero cómo desentrañar nuestra relación”, dijo la canciller en Berlín y luego agregó “Solo una vez que se trate esta cuestión podremos comenzar a hablar de nuestra relación futura.”
La política dura de Merkel y la UE solo puede entenderse como una señal de advertencia frente al sentimiento antieuropeo que recorre varios países. Las voces separatistas provienen,en Los Países Bajos, de la mano deGeertWilders, fundador de la formación política de corte xenófoba y ultraderechista: el Partido por la Libertad (PVV).
Unos días antes de activación del artículo 50 la candidata ultraderechista Marine Le Pen aseguró en un multitudinario mitin que, si gana la Presidencia francesa, convocará un referendo para que Francia salga de la UE. Con una narrativa de corte populista, de derecha, arengaba "La gente ya no la quiere".
Marine Le Pen y sus “amigos”han interpretado el brexit como una luz verde para alimentar un discurso antinmigrante. Esto no es una novedad, ya que Le Pen y otros líderes de la extrema derecha europea se citaron en Viena para apoyar el brexit, a una semana del referendo realizado en el Reino Unido en el 23 de junio de 2016.

El discurso duro de los líderes de la UE busca disuadir que en el futuro otros países sigan los pasos del Reino Unido.

Mientras los discursos populistas de derecha buscar capitalizar el sentimiento contra la casta de Bruselas que existe en sectores desplazados por la globalización,la burocracia de la UE aplica sanciones a los países comunitarios. Los sectores de jóvenes y activistas antinmigrantesse organizan contra la política dela EU de restringir los flujos migratorios.
El brexit no solo abrió la crisis al interior del Reino Unido, sino que ha destapado un proceso de inestabilidad de la Europa de las “dos velocidades” en las que los trabajadores y los países pobres llevan las de perder.

Alejandra Ríos
Londres | @ally_jericho

La sentencia del Tribunal Supremo acentúa el bonapartismo del Gobierno de Maduro

La resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN) con el pretexto de que se encontraría en “desacato” ha vuelto a crispar la crisis política del país.

La confrontación entre el gobierno de Maduro y oposición, que mantiene el control de la AN, ha escalado nuevamente elevando la tensión política. No es para menos, el conflicto llega a niveles de mayor confrontación con el desconocimiento completo de la Asamblea Nacional por parte del gobierno de Maduro, amparado en las resoluciones del TSJ que le es afín, llegando a arrogarse el propio Tribunal Supremo competencias que son de facultad del poder legislativo.
Aunque formalmente no se resuelve la disolución de la Asamblea Nacional, con la anulación de sus competencias que pasan ahora al TSJ, se trata del desconocimiento absoluto, y por tanto de toda nulidad de cualquier función que puedan cumplir, mientras exista, lo que desde el gobierno y desde el TSJ llaman estado de “desacato”. Es claro que Maduro consigue avanzar con este tipo medidas pues es un gobierno que cada vez más se apoya en las Fuerzas Armadas, que mantiene una altísima presencia en el gobierno y en empresas claves del Estado, como explicamos más adelante.
La sentencia del TSJ que responde a la política del gobierno de Maduro, a la que llamamos categóricamente a repudiar, más que para enfrentar a la oposición como sostiene el chavismo, sirve para azuzar a la reacción, a la derecha, así como al derechismo continental. Y nada en absoluto tiene que ver con los intereses del pueblo trabajador, todo lo contrario, responde más bien, a políticas de supervivencia de un gobierno en decadencia y toda una burocracia parásita y corrupta, completamente antiobrera, que mantiene el control de las grandes empresas del Estado en función de intereses materiales propios.
En lo más mínimo los trabajadores y los sectores populares deben identificarse con tal medida del TSJ, que actúa en función de las necesidades del gobierno. Tampoco deben identificarse con los intereses de la oposición burguesa, que también encarna todo un proyecto antiobrero y antipopular, que hoy resiente y denuncia esta política autoritaria del gobierno nacional –aunque siempre haciendo eje, por supuesto, en aquellos aspectos que le dificultan su lucha por el control del Estado, dejan de lado cualquier “lucha” contra el recorte de libertades hacia el movimiento obrero, campesino y popular.
La oposición, al recorrer las horas buscó tensionar aún más con un llamado a las Fuerzas Armadas. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a romper el silencio frente a lo que llaman una “ruptura” constitucional por parte del presidente Nicolás Maduro: “La Fuerza Armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos que sucede en Venezuela”. La oposición busca incidir y provocar algún tipo de división en las Fuerzas Armadas, que se encuentran completamente alineadas con el gobierno de Maduro.
Pero la situación crítica interna tuvo su gran repercusión a nivel internacional con posicionamiento de la gran mayoría de gobiernos latinoamericanos, centralmente los gobernados por el derechismo continental y bien en consonancia con la oposición aglutinada en la MUD. El gobierno de Pedro Kuczynski de Perú llegó a retirar su embajador de Venezuela por la resolución del TSJ, por su parte el presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a "recomponer el orden democrático", el canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático”, en el mismo sentido se expresaron representantes de gobiernos de Panamá, Brasil, Costa Rica, Chile entre otros. No faltó a la cita, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que calificó la decisión del Supremo de "autogolpe”, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos con sus clásicas declaraciones intervencionistas.

La profundización del bonapartismo del gobierno

Con la actual medida del TSJ asistimos la profundización del bonapartismo del gobierno de Maduro en medio de la crisis reinante. Desde la llegada de Maduro al gobierno en extrema debilidad, para conseguir mantenerse avanzó cada vez más en sustentarse en las Fuerzas Armadas a niveles superiores a los que mantenía el fallecido Hugo Chávez, al mismo tiempo que alargaba su brazo político sobre el Tribunal Supremo de Justicia.
La “fidelidad” de los militares a Maduro se explica con los grandes privilegios con los que cuentan las Fuerzas Armadas. Cuentan con empresas de gran envergadura para su propio beneficio, la penetración en empresas ya existentes como PDVSA, en grandes empresas básicas y otra multiplicidad de negocios, la presencia en gran porcentaje en cargos políticos de alto escalón, centralmente en aquellos de mayor manejo de recursos económicos.
Como complemento, el gobierno ha venido gobernando por decreto y bajo restricción de derechos democráticos, imponiendo un Estado de excepción, que se renueva permanentemente, lo que implica un condicionamiento de las libertades públicas y ampliación de las atribuciones de las fuerzas represivas, reforzando el control social y una militarización cada vez mayor, llevando además a cabo medidas políticas y económicas sin ningún control amparado bajo tal estado de excepción. Si le sumamos a todo esto el cerrar filas de las distintas facciones internas del chavismo, es lo que explica que el gobierno de Maduro no se haya tambaleado más políticamente, asolado también por la profunda crisis económica que casi alcanza niveles catastróficos.
Este bonapartismo se ha expresado también en la negativa del gobierno a convocar elecciones como las de gobernadores que debían haberse realizado a fines del año pasado. A mediados de febrero Maduro dejó claro que no piensa convocar a elecciones en un futuro próximo, a sabiendas hay elecciones pendientes como las regionales, llegó a afirmar que "Cuando haya elecciones que el CNE las convoque, no sé cuándo, en qué año…”, no era otro indicio que para los gobernantes del chavismo, a sabiendas seguramente de una derrota, las elecciones no estaban en su horizonte. Para abonar más esta situación, el Consejo Nacional Electoral, llamó al proceso antidemocrático de renovación de los partidos políticos, lo que llevaba ya de hecho, esta vez, con el amparo del CNE, a que tampoco habrían elecciones.

Los trabajadores y el pueblo pobre no deben ser furgón de cola ni del gobierno ni de la oposición

Como hemos manifestado al principio, la tensión política va en una escalada cada vez mayor. En esta situación tanto desde el gobierno como desde la oposición buscarán mover sus fuerzas con sus llamados a movilizaciones. Sostenemos que los trabajadores y el pueblo nada tienen que ganar de tras de uno u otro sector, y deben pelear por una política independiente en función de sus intereses.
Es claro que desde la perspectiva de los intereses de las clases explotadas y sectores oprimidos, ninguna pugna contra sectores reaccionarios de las clases dominantes puede llevarnos a justificar que el Estado avance con un conjunto de medidas que recortan las más elementales libertades democráticas, pues cualquier restricción de las mismas caerá mucho más fuerte sobre las masas explotadas que sobre las facciones de las clases dominantes que circunstancialmente estén en la oposición.

Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon

Invasión y privatización del espacio público



Tecnologías de vigilancia en Estados Unidos

En un artículo publicado por The Intercept Ava Kofman denuncia los peligros inherentes al empleo de cámaras corporales por parte de agentes policiales de los Estados Unidos. A través de estos dispositivos las tecnologías de reconocimiento facial en tiempo real permitirían la transferencia de datos concernientes a las personas captadas por sus lentes. Toda la ciudadanía se transforma en objeto de vigilancia y fuente de informaciones que son manipuladas y editadas por las fuerzas de seguridad, y ordenadas y conservadas por servidores privados.
Las cámaras corporales se introdujeron con el objeto declamado de controlar las acciones policiales y restringir ejercicios de autoridad desproporcionados o abusivos. Sin embargo, los agentes que portan estas cámaras no siempre las activan oportunamente, de hecho suelen estar apagadas cuando se producen eventos comprometedores , en particular cuando civiles son heridos de muerte por disparos policiales.
Para peor, las legislaturas de estados como Carolina del Norte, Illinois, Carolina del Sur y Texas, entre otros, han aprobado leyes que restringen el acceso a las imágenes obtenidas y conservadas por las cámaras. Las restricciones se justifican en la necesidad de salvaguardar las existencias privadas captadas, lo que de alguna manera informa la incoherencia de apelar a un instrumento invasivo hacia humanidades distintas a la del portador, toda vez que el control ciudadano no puede ejercerse, vaciando la finalidad pública por la cual se invirtieron decenas de millones de dólares. De hecho, la capacidad de editar los contenidos, habilitan la construcción de narrativas funcionales al interés corporativo.
Resulta emblemática la muerte a balazos de una joven de 19 años, por un miembro de la policía de Albuquerque en abril del 2014. Ni una sola de las cámaras corporales de los 6 agentes involucrados en el hecho, incluso del que hizo fuego, aportó grabaciones relevantes para el esclarecimiento definitivo del hecho. Reynaldo Chávez, responsable de la custodia de las grabaciones, declaró que era normal la alteración, supresión o retención de imágenes por parte del departamento de policía. El sistema diseñado y vendido por la empresa Taser pemite estas manipulaciones. Esta empresa, líder en la comercialización de cámaras corporales, avanza en el desarrollo de aplicaciones susceptibles de realizar análisis en tiempo real de las imágenes obtenidas, para proporcionar informaciones relativas a toda persona que se desplace en las proximidades de sus usuarios.
Las informaciones y datos recolectados por las cámaras tienen como destino final los servidores pertenecientes a una entidad afiliada de Taser: evidence.com . Registremos que lo que se vendió como tecnología de restricción de violencias institucionales, mutó rápidamente a una privatización del sistema de vigilancia, del espacio público y de la intimidad de decenas de miles de ciudadanos que desconocen la penetración, absorción y almacenamiento de sus historias, registros y acciones privadas. ¿Qué usos darán a este contenido sujetos motivados por intereses lucrativos? ¿Cómo funciona la ingeniería algorítmica que nutre las aplicaciones que están diseñando? ¿Son auditables los usos de la información y los algoritmos aludidos?
La preocupación por el empleo de las cámaras corporales llevó al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja norteamericana a celebrar una audiencia el 22 de marzo último, para evaluar las implicancias de este tipo de tecnologías. En el encuentro se reveló que la mitad de las fotografías de los ciudadanos americanos adultos son almacenadas en una base de datos del FBI, sin su conocimiento y sin mediar intervención judicial, que la tecnología de reconocimiento facial utilizada por esta agencia carece de supervisión, y que no es evaluada para detectar errores en las identificaciones o sesgos raciales en el diseño del sistema. Sucede que los algoritmos utilizados para detectar coincidencias son inexactos el 15% de las veces, con mayor propensión al error cuando se trata de ciudadanos afroamericanos .
El congresista Elijah Cummings agudamente observó: “Si eres negro es más probable que seas sometido a esta tecnología, y es más probable que esta tecnología esté equivocada”. Por su parte, el presidente del comité legislativo, Jason Chaffetz, alertó sobre un empleo de las cámaras que atente contra la libertad de expresión y de libre asociación, cuando son empleadas en el marco de reuniones políticas y protestas, grabando las respectivas asistencias, para su posterior -o inmediata- identificación.
A riesgo de incurrir en un lugar común, esta nota cierra con las palabras del profesor de historia Melvin Kranzberg: “La tecnología no es buena ni mala, pero tampoco neutra”.

Fredes Luis Castro
Shushwap

jueves, marzo 30, 2017

La clase obrera empieza a pelear en Sudamérica



En medio de fuertes planes de ajuste contra los trabajadores y el pueblo pobre, comenzamos a ver importantes acciones y procesos de lucha en países clave de la región.

En medio de fuertes planes de ajuste contra los trabajadores y el pueblo pobre, comenzamos a ver importantes acciones y procesos de lucha en países clave de la región como en Argentina con las grandes marchas durante el mes de marzo, en Brasil que vio una masiva y unificada jornada de lucha el día 15, o el proletariado minero que tanto en Chile como en Perú está protagonizando grandes procesos de resistencia. La jornada internacional del 8 de marzo fue otro punto destacado del nuevo escenario que se abre.
Luego que los primeros embates de la crisis económica demostraron el completo fracaso de los gobiernos “progresistas”, el ascenso al poder de la derecha neoliberal en Argentina y Brasil (mediante un golpe institucional) y la generalización de ataques patronales y de planes de ajuste en la región, están abriendo el camino a la intervención del movimiento obrero, los asalariados y demás sectores explotados y oprimidos.
La burocracia sindical les ha garantizado muchos meses de inacción, pero cada vez paga un costo político mayor para contener la presión desde abajo y se ve obligada a llamar medidas unificadas. Tales son las razones del paro del 6 de abril en Argentina o la jornada del 15 de marzo en Brasil. Las convoca de la forma menos dañinas posibles para los gobiernos y las patronales y poniendo el norte en falsas salidas electorales a favor del kirchnerismo o el masismo en Argentina o de Lula en Brasil.
Pero van pasando a primer plano los enfrentamientos más directos entre las clases y contra los gobiernos serviles a los monopolios y el imperialismo. Las organizaciones que impulsamos la Fracción Trotskista y la Red Internacional de La Izquierda Diario estamos al servicio de estas luchas en el camino de derrotar los ajustes e imponer una salida obrera y popular a la crisis capitalista.

Jornada de paro y movilización en Brasil

El 15 de marzo importantes sectores de la clase obrera brasilera salieron a la lucha en una acción unificada para enfrentar el ataque a las jubilaciones.
Parando parte del transporte, los servicios y la producción y con decenas de miles movilizados en las calles en distintas ciudades capitales, los trabajadores demostraron la enorme fuerza social que son capaces de desplegar.
A pesar de que las direcciones burocráticas de las centrales obreras CUT y CTB hicieron todo lo posible por contener las marchas y los paros para “no incendiar el país” y evitaron llamar a un paro general, la jornada del 15 de marzo fue una contundente y masiva acción de lucha contra el gobierno de Michell Temer.
Las organizaciones de los trabajadores, dirigidas por el PT de Lula y Dilma, ya se habían negado a enfrentar el golpe institucional de 2016 orquestado por la gran patronal y los monopolios. Ahora, frente al gobierno golpista, ajustador y represor de Temer, venían evitando a toda costa una acción de protesta unificada, similar a la situación del sindicalismo argentino.
Pero la presión desde abajo iba creciendo día a día motivada especialmente por el ataque contra las jubilaciones que se ha transformado en la gran batalla del gobierno y los capitalistas contra los trabajadores. La burocracia no tuvo más remedio que convocar a la jornada de protesta.
La amplia simpatía popular con los paros y movilizaciones fue uno de los elementos más notorios de la jornada, aún a pesar del intento por parte de los medios de ocultar la fuerza de los trabajadores. Demuestra que la clase obrera puede ganar el apoyo de las grandes mayorías explotadas y oprimidas, de los pobres de las favelas de del campo, de los negros, de las mujeres y la juventud. Para esto, los trabajadores deberán superar a la burocracia que acaba de darle una nueva tregua al gobierno posponiendo un paro general que estaba convocado para el 31 de marzo, al 28 de abril.
Los compañeros y compañeras del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, que vienen de realizar exitosamente su segundo Congreso bajo el lema de enfrentar los ataques de Temer y construir una izquierda anticapitalista en la lucha de clases, participaron de las acciones y dieron gran difusión a la jornada en Esquerda Diario, en la perspectiva de que la misma sea el puntapié inicial de un verdadero plan de lucha hasta derrotar al gobierno golpista y ajustador.

Histórica huelga minera conmovió Chile

Tras 43 días de huelga ininterrumpida, los trabajadores mineros de la Escondida pusieron fin a la medida de lucha amparándose en el Código Laboral que pospone por un año y medio las negociaciones por el contrato de trabajo.
Con campamento permanente en la entrada a la mina, marchas y campaña de solidaridad a nivel nacional, fue una lucha de carácter histórico que paralizó la principal minera del país.
La multinacional BHP Billiton, una de las mayores mineras del mundo, pretendía precarizar el contrato de trabajo de los obreros. Contaba con el apoyo activo de toda la patronal minera (Consejo Minero), el gobierno de Nueva Mayoría encabezado por Michelle Bachelet del Partido Socialista, y de los medios masivos de comunicación.
Esta “santa alianza” contra los obreros montó una gran campaña de desprestigio a la lucha, acusando a los trabajadores de “privilegiados”, de lastimar la economía nacional, ser “intransigentes” y causar desmanes.
A pesar de ello, gracias a la determinación obrera y el amplio apoyo popular en medio del descontento con los políticos capitalistas y de grandes movilizaciones contra las Administradoras de Fondos de Pensión, la histórica lucha de los mineros se mantuvo y logró frenar momentáneamente la ofensiva patronal aunque no consiguió imponer las principales reivindicaciones. Esta no era solo un ataque al sector más concentrado de la clase obrera chilena, sino que sentaba un precedente nefasto para todos los trabajadores del país, descargando la desfavorable situación económica sobre sus espaldas para garantizar las ganancias capitalistas.
Semejante lucha desató la solidaridad obrera y popular, tanto en la región de Antofagasta como en decenas de pueblos y ciudades donde se movilizaron miles en su apoyo. El grupo hermano del PTS, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, apoyó con todas sus fuerzas la lucha, creando comités de solidaridad, difundiendo y contra-informando día a día a través de LID Chile y participando activamente de todas las acciones pro obreras.
Las reivindicaciones obreras también incluían un aumento salarial y la extensión de sus derechos laborales a los contratados que son la mayoría de la mano de obra. Incluso se abrió la discusión sobre la recuperación del patrimonio nacional enajenado al capital extranjero desde la dictadura de Pinochet.
La dirección del conflicto no tuvo una política consecuente para soldar la unidad entre permanentes y contratados, como hubiera sido por ejemplo pelear por el pase a planta para sumar a los más precarizados a la lucha para poder vencer. Pero los trabajadores lograron frenar el ataque patronal y el año y medio de “tregua” puede servir para sacar conclusiones y preparar los futuros combates.

Mineros peruanos, tercera semana de dura huelga

Los obreros de la mina Cerro Verde (Arequipa, Perú), la mayor minera de cobre de Perú, continúan en huelga indefinida por tercera semana consecutiva. El 23 de marzo, tras 14 días de huelga, el gobierno ilegalizó la medida de fuerza tratando de quebrar la lucha mediante la judicialización y eventuales sanciones a los trabajadores. Pero el sindicato volvió a decretar la huelga indefinida a partir del día 24.
La empresa Freeport-McMoRan que controla Cerro Verde, dice que la producción no se ha visto afectada, pero los huelguistas aseguran que la mina trabaja al 50%. Pese a los días de paro, la empresa se mantiene intransigente y no ha habido ningún avance en las negociaciones.
Los reclamos obreros se basan en el rechazo a la baja en el reparto de utilidades que la empresa argumenta en un supuesto aumento de los costos de producción.
Además de la dura lucha que están llevando adelante, los trabajadores se han solidarizado con los damnificados por las grandes inundaciones de las últimas semanas, entregando víveres y dinero en distintos barrios.

Diego Dalai

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asume competencias del Parlamento



Una sentencia bajo el argumento de que se encontraría en “desacato” la Asamblea Nacional, significa un desconocimiento completo de la misma. Se profundiza el giro bonapartista del Gobierno.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN) al encontrarla en persistente "desacato", según los miembros del máximo órgano de Justicia, ligado al Gobierno, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
El TSJ, que ya había anulado varias acciones de la AN desde que la mayoría parlamentaria pasó a manos de la oposición a inicios del 2016, dictaminó expresamente el miércoles que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia fechada el miércoles.
Por su parte los diputados de la oposición derechista declararon este jueves que desconocerán todos los fallos del máximo tribunal. Julio Borges, presidente de la AN, ha declarado en una rueda de prensa desde el Palacio Legislativo que "Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional", rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas.
Agregando que: "Es la primera vez que estas sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le da la gana y para endeudar al país como le dé la gana (...) es un golpe de Estado con todas sus letras, es una dictadura". Más tarde, desde los jardines de la Asamblea Nacional, Borges llamó a sus seguidores a marchar el sábado.
Aunque hay que destacar que desde la AN también se ha buscado hacer votar leyes a su conveniencia y semejanza, como cuando en los hechos se desconoció la figura presidencial y ha buscado por múltiples vías destituir a Maduro, incluso con las llamadas “guarimbas” en el 2014 que terminó con el saldo de 43 muertos y más de una centena de heridos.
Hay que recordar que la oposición desde la Asamblea Nacional, a comienzos de enero del presente año, votó y declaró que el presidente Maduro ha abandonado sus funciones como presidente de la República y por lo tanto que abandonó su cargo, que la actuación de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia, acusándolo de una "grave ruptura del orden constitucional".
Una resolución que significaba en los hechos el desconocimiento de las funciones de Maduro en cuanto presidente del país, a lo que el Gobierno respondió que se trataba de un “golpe parlamentario” para destituir al actual mandatario. La votación de la declaratoria fue la primera acción que Julio Borges anunció al asumir la presidencia del Parlamento. Aunque se trataba, al final de cuentas, de una resolución sin efectividad política por la fuerte influencia que ejerce el Ejecutivo sobre el TSJ.

Una sentencia que profundiza el bonapartismo gubernamental

La sentencia del TSJ se da en el marco del conflicto del Gobierno con la oposición existente en el país, donde directamente el gobierno de Maduro desconoce a la Asamblea Nacional por una supuesta irregularidad al juramentar como diputados a representantes del estado Amazonas, pues durante la elección se habrían producido irregularidades.
Pero es parte de un giro bonapartista que viene incremento el gobierno de Maduro, que se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas y en el Tribunal Supremo de Justicia, que avala todas las sentencias y decretos en el marco que el país vive bajo un estado de excepción permanente.
La sentencia del TSJ significa un salto en este giro del Gobierno, ya que se trata de un desconocimiento completo de la Asamblea Nacional. Justamente en su primera medida luego de la sentencia, el TSJ autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas en el órgano legislativo, siendo válido para ello una sentencia a favor por parte del TSJ.
Ante la pugna con la oposición de derecha, y su cada vez mayor aislamiento del apoyo popular, el gobierno de Maduro se orientó a usar la figura del “Estado de excepción”, renovando constantemente el mismo, lo que implica, como hemos dicho, un condicionamiento de las libertades públicas y ampliación de las atribuciones de las fuerzas represivas, reforzando el control social y una militarización cada vez mayor.

La Izquierda Diario Venezuela

20 millones de personas en riesgo de hambruna: el capitalismo es horror sin fin



A principios de este mes, las Naciones Unidas anunciaron que 20 millones de personas están en riesgo de morir de hambre, siendo los países más afectados Sudán del Sur, Nigeria, Yemen y Somalia. Para resolver la crisis, las Naciones Unidas estiman que se necesitarían 5.400 millones de dólares para enfrentarse a este problema, del que apenas se dispone una porción de este dinero en estos momentos.
Los países mencionados son inestables y están plagados de conflictos: Sudán del Sur ha estado en guerra civil desde el 2013; en Nigeria, un país clave para la extracción de petróleo, el gobierno está luchando contra el grupo islamista Boko Haram; Somalia no ha tenido gobierno desde hace 25 años y Yemen ha estado en guerra civil desde el 2015. Entonces, la pregunta pertinente es: ¿en vez de ser una catástrofe producida por efectos naturales, ha sido esta hambruna producida por la crisis política del capitalismo? Como dice el Financial Times, “la respuesta es corta, sí”.

Yemen y Arabia Saudita

Yemen –el país más afectado por la hambruna, con estimaciones de que 6,8 millones de personas están en situación de emergencia con otros 10,2 millón en crisis– es el campo de batalla entre la coalición liderada por Arabia Saudita y los Houthis, respaldados por Irán y Hezbolá. La razón del conflicto, en las palabras del embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos, es que “la guerra es para proteger a la gente de Yemen y a su legítimo gobierno de un grupo aliado que cuenta con el respaldado de Irán y Hezbolá”, y “estamos haciendo esto para proteger a pueblo de Yemen”. Así pues, para “proteger” a los ciudadanos de Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudita está desempeñando una campaña militar considerable, matando a miles de civiles, bombardeando escuelas, hospitales, hasta funerales (!), creando en el proceso las condiciones para la crisis humanitaria más importante desde la creación de las Naciones Unidas en 1945.
Para hacer frente a esta crisis, medios de comunicación como la BBC y The Guardian han lanzado campañas para recaudar fondos de donaciones privadas. El gobierno británico ha prometido que va a igualar “libra por libra los primeros £5 millones donados por el público”. Priti Patel, la secretaria para el desarrollo internacional, nos explica que “el Reino Unido ha actuado sin vacilación” y “que el gobierno duplicará la cantidad que los ciudadanos británicos puedan aportar en el esfuerzo para ayudar a la gente que está muriéndose de hambre”. ¡Hasta la Reina de Inglaterra quiere contribuir!
Ignorando estos discursos grandilocuentes y mirando a la realidad, vemos que el Reino Unido es la segunda potencia, detrás de los Estados Unidos, que vende más armamento militar en el mundo. ¿Y quién es su mayor cliente? Arabia Saudita.
Como explica Lenin en su obra maestra El Estado y la Revolución, el Estado es una institución creada y controlada por la clase dominante para aliviar las diferencias de clase irreconciliables que existen entre los explotadores y los explotados. El gobierno del Reino Unido representa los intereses de las grandes empresas y de los bancos británicos. Sus intereses son las enormes ganancias de las ventas de armas y petróleo, lo cual explica por qué Arabia Saudita es un aliado clave del país.
En la reciente revisión judicial para acabar con las ventas de armamento por parte del Reino Unido a Arabia Saudita, James Eadie QC dijo que “el gobierno no tiene la obligación de desarrollar el papel de auditor de conflictos armados en el que participan gobiernos amigos” al decidir si hay riesgo de que estos gobiernos utilicen armas británicas para romper las leyes de guerra en el futuro. Es decir, si se pueden hacer beneficios, ¡no hay nada más que importe!
Vemos claramente que toda la charlatanería sobre “actuar sin vacilación”, “duplicar la contribución que puedan hacer los ciudadanos británicos” por parte de Priti Pate es repugnante; la hipocresía de estos individuos es obvia para todo el mundo.

Pobreza y riqueza

El ejemplo de Yemen demuestra que la actual hambruna es consecuencia directa de este sistema podrido y de la hipocresía de los políticos del Establishment que lo defienden. Lo mismo se puede aplicar a las crisis en Sudán del Sur, Nigeria y Somalia, donde la hambruna es el producto directo no de “causas naturales” sino de las luchas entre diferentes sectores de gánsteres para hacerse con el botín robado a las masas.
Incluso aunque esta hambruna internacional sea la peor desde la fundación de las Naciones Unidas, las muertes causadas por malnutrición no son casos aislados en la historia; por el contrario, son el día a día del capitalismo. Según las Naciones Unidas, 21.000 personas mueren diariamente por culpa de la hambruna o por causas relacionadas con ella; es decir, 1 persona cada 4 segundos.
Por otra parte, según la FAO, un tercio de la comida producida mundialmente para el consumo humano es malgastada cada año – 1.300 millones de toneladas. La causa principal de este malgasto es el ánimo de lucro: los capitalistas prefieren que la comida se pudra antes de que los precios bajen. Es por eso que en este sistema vemos escasez al lado de abundancia; miles de personas muriéndose de hambre al lado de toneladas de comida malgastada; pobreza y miseria de las masas al lado del lujo de unos pocos.
Las donaciones ciudadanas son sólo una solución superficial. Para que realmente se solucione esta crisis humanitaria, hay que llegar a las conclusiones necesarias. En este mundo inestable y caótico de crisis capitalista, la sociedad continuará su marcha hacia un mundo bárbáro, siendo Siria sólo un ejemplo. Las hambrunas continuaran ocurriendo y además a un nivel creciente, afectando a más y más gente inocente, víctimas de este sistema putrefacto. La única solución es llegar a la raíz del problema: derrocar este sistema decrépito y establecer una sociedad socialista; una sociedad planificada democráticamente y organizada para las necesidades de millones y no para los beneficios de un puñado de parásitos.

Alex Schofield Claramunt (CMI-Gran Bretaña)

Limpia del Escambray. Lucha contra bandidos.



Los crímenes del bandidismo

Las bandas terroristas, que fueron fomentadas entre 1960-1965 por la CIA, desplegaron acciones de sabotajes para sembrar el pánico y restar apoyo a la Revolución

Entre 1960 y 1965, las bandas terroristas de alzados fomentadas en nuestro país por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se dedicaron a realizar sabotajes en instalaciones económicas y sociales, y a cometer crímenes contra civiles indefensos, pretendiendo sembrar el pánico en las zonas rurales con el propósito de frustrar los planes de desarrollo, restar apoyo social a la Revolución, y reflejar una imagen de ingobernabilidad que sirviera como pretexto para desencadenar una intervención militar.
El 3 de enero de 1961 el Gobierno de Estados Unidos rompió sus relaciones con nuestro país. Hasta esa fecha ejecutaban muchos de sus planes subversivos desde la estación de la CIA en su embajada en La Habana. A partir de la pérdida de sus capacidades operativas bajo cobertura diplomática, utilizaron funcionarios de países capitalistas y compañías extranjeras acreditados en nuestra capital, reclutados previamente para continuar la atención de sus agentes en territorio cubano.
Al mismo tiempo, la CIA potenció el uso de la estación JM/WAVE, ubicada en el campus sur de la Universidad de Miami, que llegó a contar con un ejército clandestino integrado por unos 600 oficiales y 3 000 colaboradores de origen cubano, una flotilla aeronaval que disponía de avionetas, buques madres y lanchas rápidas artilladas para operaciones de infiltración de hombres y abastecimiento de armas. Mientras tanto, el servicio de inteligencia naval desde sus instalaciones en la ilegal base yanqui en Guantánamo, estructuró organizaciones clandestinas y fomentó alzamientos armados en la provincia de Oriente.
Estos programas subversivos eran dirigidos por especialistas en operaciones encubiertas como Theodore Shackley, Howard Hunt y Frank Bender, quienes utilizaron a los agentes William Alexander Morgan y John Meckpless Espíritto —sembrados en el II Frente Nacional del Escambray desde 1958— para promover alzamientos contrarrevolucionarios en el centro del país. Posteriormente contaron con agentes como Howard F. Anderson y William H. Patten Tabares y mercenarios como Austin F. Young, Peter J. Lambton y Richard A. Pecoraro para fortalecer las bandas de Pinar del Río, el Escambray y Camagüey.
Otros colaboradores de la CIA, que actuaban bajo la fachada de coordinadores provinciales de organizaciones contrarrevolucionarias, sirvieron de enlaces con las bandas en Pinar del Río, La Habana, Matanzas y el Escambray como Dora Delgado Soulari, Ernestino Abreu Horta, Ramón Ruisánchez y Piedad y Luis David Rodríguez González.
Al mismo tiempo la CIA creó redes de espionaje y subversión como el Frente Unión Occidental (FUO) encabezado por Esteban Márquez Novo que actuaba en Pinar del Río-La Habana-Isla de Pinos, la red de Mariano Pinto Rodríguez1 y Luis Puig Tabares en Santa Clara-Cienfuegos, la de Juan Tur Valdés en Nuevitas-Camagüey, y la de Pedro Comerón Pérez y Manuel del Valle Caral en Guantánamo-Santiago de Cuba, que se mantenían en contacto con las bandas para hacerles llegar instrucciones y apoyarlas con dinero y recursos materiales. Paralelamente, desde el interior de la base naval yanqui el agente Luis Balbuena Calzadilla promovía la ejecución de acciones terroristas.
Esta enorme infraestructura subversiva se dedicó a buscar información militar, ejecutar sabotajes, y enviar a los principales cabecillas de bandidos dinero, víveres, y armamento. Con el objetivo de garantizar el abastecimiento logístico, la JM/WAVE ejecutó unas 21 operaciones aéreas para lanzar pertrechos bélicos, y realizó más de 35 infiltraciones por vía marítima para introducir hombres, armas y medios de comunicaciones destinados a las bandas.
Generalmente las bandas de alzados estaban encabezadas por antiguos militares batistianos, confidentes de los aparatos represivos y colaboradores de los Tigres de Masferrer,2 afiliados a sindicatos controlados por los mujalistas,3 sargentos políticos a las órdenes de alcaldes y concejales, pequeños propietarios de tierras, mayorales de fincas comprometidos con latifundistas y terratenientes, ladrones de ganado, traficantes de marihuana, vagos habituales, estafadores, proxenetas y delincuentes comunes.
También hubo campesinos y obreros agrícolas que no comprendieron el alcance de las medidas de justicia social aplicadas por la Revolución, e individuos que habían participado en la lucha contra la tiranía batistiana movidos por intereses personales, que encabezaron bandas y cometieron crímenes. Con la esencia delictiva que caracterizaba a estos cabecillas, para quienes la frase «un trabajo» significaba ahorcar a cualquier persona, solo se ganaron el odio de las familias campesinas y el calificativo de «bandidos».
La forma de reprimir de estas bandas era semejante a la que en los años cincuenta asimilaron cientos de oficiales batistianos en la «Escuela de las Américas», del ejército de Estados Unidos, ubicada en la zona del Canal de Panamá, donde fueron entrenados en diferentes «técnicas» de interrogatorio para quebrar la voluntad de los jóvenes revolucionarios que se oponían al régimen, con el propósito de obligarlos a traicionar a sus compañeros de lucha.
Estos métodos de represión fueron transferidos a los sargentos y soldados del ejército y la Inteligencia Militar, a los esbirros del Buró de Investigaciones de la Policía Nacional, el Buró para la Represión de Actividades Comunistas (BRAC) y la Guardia Rural, responsables de cientos de muertos y desaparecidos en los últimos años de la tiranía batistiana, algunos de los cuales después se alzaron contra la Revolución.
Los bandidos actuaban de la misma forma a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, lo que ponía de manifiesto que respondían al mandato de la misma «escuela» de represión. Sometían a violentas golpizas a las personas que capturaban, en ocasiones las acuchillaban, las mutilaban, les sacaban los ojos, les cortaban los genitales, y concluían su «trabajo» ametrallándolas. Cuando las ahorcaban, para comprometer a todos sus colaboradores los cabecillas los obligaban a hincar con sus bayonetas los cuerpos de las víctimas. Finalmente abandonaban sus restos mortales en pleno monte o los enterraban en lugares intrincados para ocultar las pruebas de sus delitos.
Entre los principales crímenes cometidos por las bandas, se caracterizaron por su sadismo el ametrallamiento del niño de 22 meses Reinaldo Muñiz-Bueno Machado en el kilómetro 78 de la carretera central; el asesinato de los hermanitos Yolanda y Fermín Rodríguez Díaz de 11 y 13 años, en la zona de Bolondrón, en Matanzas; el del adolescente Leopoldito Martínez de 11 años, en San Antonio de las Vegas; los asesinatos de Conrado Benítez-Eleodoro Rodríguez y Manuel Ascunce-Pedro Lantigua; el ametrallamiento de la familia Romero; del matrimonio Fidel Claro Álvarez María Luis Perera y de la familia Ramos Aróstica; el asalto a varios vehículos en la Loma del Puerto, en Trinidad, donde causaron cinco muertos y 15 heridos, y el ahorcamiento en presencia de sus padres de Rubén Navarro Jaime de 15 años, en la finca El Güije, del barrio de Río Ay, en Trinidad, y el de Emilio Pisco Sánchez de 16 años, en la finca La Fe, de la granja Benito Viñales, en Camagüey.
Las bandas de alzados incendiaron más de 150 escuelitas rurales construidas por la Revolución, cientos de viviendas campesinas, tiendas del pueblo, e innumerables objetivos de la economía agrícola en todo el país. Después de cometer estos hechos abandonaban el lugar del crimen para evitar el enfrentamiento con las unidades de Lucha Contra Bandidos.
Unas 299 bandas terroristas que aglutinaron alrededor de 4 328 alzados, fueron derrotadas por nuestro pueblo organizado en las Milicias a un alto costo en vidas. Un total de 618 combatientes y milicianos murieron en los enfrentamientos, otras 196 personas fueron asesinadas por las bandas y más de 70 resultaron heridas en actos terroristas. Unos 635 alzados murieron durante las operaciones militares, y debido a pugnas internas los bandidos cometieron al menos 18 asesinatos en sus propias filas. En total unos 1 467 cubanos perdieron la vida en una guerra fomentada por el gobierno de Estados Unidos, a cuyas autoridades no les interesaban las bajas de una u otra parte.
La victoria frente a estas agrupaciones terroristas fue posible porque frente a ellas combatió un ejército de hombres y mujeres humildes, bajo el mando de un verdadero líder como Fidel Castro, quien trazó la estrategia y la táctica del enfrentamiento, dirigió muchas de las operaciones militares y de contrainteligencia, y definió la política a seguir para proteger a las familias campesinas del accionar terrorista de las bandas.

Pedro Etcheverry Vázquez| internet@granma.cu
Manuel González Castellón | internet@granma.cu
Investigadores del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.

1
Cumpliendo indicaciones de Pinto Rodríguez, el 11 de junio de 1962 la banda de Alfredo Borges Rodríguez (Maro) secuestró a los miembros de una comisión de estudios topográficos, en El Monte de las 16 caballerías, granja Ismael Saure Conde, zona Guasimal-El Jíbaro. Fueron asesinados Luis Ruiz Salvador, José Luis Abreu Ruiz, Bienvenido Pardillo Quintero y Rodrigo Quintero Castro, este último de 16 años y militante de la UJC.
2
Organización paramilitar encabezada por el batistiano Rolando Masferrer Rojas, responsable de numerosos asesinatos de obreros, campesinos y estudiantes en la provincia de Oriente.
3
Seguidores de Eusebio Mujal Barniol, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Cuba, que respondía a los intereses de Batista y las trasnacionales estadounidenses y dirigía una camarilla de corruptos y traidores a la clase obrera.

Brasil: Temer da marcha atrás con la reforma previsional



Entre la autoamnistía y el juicio político

Temer se encuentra envuelto en nuevas revelaciones de corrupción, que podrían derivar en su procesamiento. Esto ocurre cuando el abismo de la población con el gobierno se profundiza, como consecuencia de la ofensiva que éste viene llevando adelante contra los trabajadores y su correlato de nuevas movilizaciones y huelgas. A ello se agrega el escándalo de la carne podrida, que ha colocado en la picota a los principales grupos económicos de ese sector.
En este contexto, sin embargo, las marchas anticorrupción realizadas ese fin de semana en Brasil han resultado un fracaso. “La participación fue pobre, sin parangón con las multitudes que salieron a expresar su hartazgo desde 2013 y hasta la caída de Dilma el año pasado” (El País, 27/3). Lo que se suponía iba a ser el acto más grande, el de San Pablo, terminó con apenas unas miles personas en la Avenida Paulista. En Río de Janeiro se juntaron apenas 600, en Brasilia 500 y en Belo Horizonte, otro tanto.
¿A qué se debe este contraste? Cuando las acusaciones de corrupción sirvieron como fermento para alimentar el golpe parlamentario que culminó con la destitución de Dilma, la burguesía le dio un guiño a las movilizaciones y fogoneó la protesta. Hoy, estamos frente a un escenario diferente. La clase capitalista esta haciendo un gran esfuerzo por sostener a Temer y no quiere perturbar todavía más a la transición en curso, acosada por múltiples frentes de crisis. Una caída de Temer, en las actuales circunstancias, representaría no sólo un salto mayúsculo en la crisis de poder en el país vecino sino un factor de desestabilización en América Latina. En definitiva, constituiría un golpe a los relevos derechistas que se vienen ensayando en el continente a partir del agotamiento de las experiencias nacionalistas. En este pelotón de países, se encuentra, en primer lugar, Argentina.
La experiencia de Brasil, de paso, no deja de ser aleccionadora pues vuelve a corroborar que las “cruzadas contra la corrupción”, divorciadas de una lucha contra el Estado capitalista y de un programa de transformación social, son un recurso maleable, que se presta a la manipulación de la burguesía.

Gobierno a prueba

La clase capitalista le viene marcando al Planalto una agenda antiobrera y entreguista. Días previos a la marchas anticorrupción, la Cámara de Diputados, en una escandalosa sesión, convirtió en ley un proyecto de reforma laboral que deja despejado el terreno a todo tipo de tercerización. Este proyecto precariza al empleo y es un viejo anhelo de las patronales. Hasta el momento, en Brasil regía la tercerización para actividades laterales: una fábrica debía hacerse cargo de sus empleados involucrados en las tareas productivas directas, pero podía tercerizar, por ejemplo, servicios de limpieza y vigilancia. Ahora se podrá tercerizar la llamada ‘actividad-fin’ -o sea de los trabajadores de planta- empleando trabajadores “autónomos” y sin necesidad de pagar cargas sociales. La nueva ley aumenta también de 90 a 180 días el período de prueba para que un trabajador sea considerado efectivo en su puesto.
Pero Temer aún debe probar su capacidad para hacer pasar esta agenda. El gobierno acaba de sufrir un revés con la reforma previsional, después de las multitudinarias manifestaciones que lo obligaron a retroceder y darle autonomía a los estados para tratar el asunto. La efervescencia viene creciendo, lo que se expresa en huelgas vigorosas como la de los municipales de Florianópolis que, tras casi cuarenta días de un paro por tiempo indeterminado, lograron torcerle el brazo a las autoridades.
En este clima, la Central Unica de Trabajadores (CUT lanzó un nuevo paro para el 31 de marzo, que luego postergó para el 28 de abril. La central obrera está subordinada a un PT que plantea “desensillar” hasta las elecciones de octubre de 2018. El PT -y en particular Lula- son una pieza clave de la gobernabilidad y, demagogia mediante, está procurando desactivar cualquier posibilidad de que la caída de Temer sobrevenga como consecuencia de la presión popular.
Hay en carpeta un proyecto de autoamnistía, dirigido a blindar a los funcionarios y legisladores involucrados del oficialismo como de la oposición. Entretanto, la Justicia viene operando en cámara lenta, tratando de dilatar una resolución a los múltiples casos planteados.
Estamos atravesando una transición convulsiva. La suerte de Temer y su gobierno dependen de la evolución que tenga la resistencia obrera y popular. Cobra mayor actualidad que nunca la convocatoria de un congreso de trabajadores y de la izquierda que discuta un programa y una salida obrera a la crisis, y apruebe un plan de lucha hacia la huelga general.

Pablo Heller

La movilización que marcó el fin de la dictadura militar



El 30 de marzo de 1982 se realizó una enorme marcha desde la 9 de Julio hacia la Plaza de Mayo al grito de “¡Se va a acabar, se va acabar, la dictadura militar!, ¡luche y se van!”.

Resistencia obrera a la dictadura

No era la primera demostración de oposición obrera a la dictadura. Sí fue la más masiva, combativa y apoyada por el conjunto de la población que había sido pasiva hasta el momento o directamente apoyaba la dictadura militar en su época de la “plata dulce”.
Ya en 1977 hubo una oleada de luchas en el último semestre. El 1 de marzo de ese año fue fundada la Comisión de los 25, formada por varios sindicatos entre el que se encontraba Cerveceros dirigido por Saúl Ubaldini y otros que se oponían a la CGT oficial, adicta a la dictadura. La conflictividad obrera volvería a aumentar particularmente a partir de 1979, cuando el proyecto económico de la dictadura comenzaba a entrar en crisis. En enero del 79 se produjo la primera toma de fábrica y el 27 de abril se produce la Jornada Nacional de Protesta. En 1980 se desarrollan varios conflictos incluso con tomas de fábrica. En noviembre “los 25” se convierten en la CGT Brasil.
Los pequeños conflictos y reivindicaciones, y sobre todo el mantener viva la llama de la organización de los trabajadores fueron las características de la época por lo que se pagó un alto costo: el 30% de los desaparecidos eran trabajadores y que el 7% fue secuestrado en su lugar de trabajo, sin contar con la cantidad de delegados, miembros de comisiones internas, activistas y militantes obreros que fueron perseguidos y encarcelados para acallar las protestas y doblegar al movimiento obrero.

La crisis económica acecha

A comienzos de los 80, la abundancia de dólares baratos se transformó en sequía, ya que la Reserva Federal de EEUU combatía la inflación con una suba de tasas de interés, atrayendo capitales de todo el mundo. La política de peso fuerte de la dictadura se derrumbó, y sobrevino una fuerte devaluación. Pero no todos sufrieron por igual. El Banco Central comandado por Cavallo otorgó “seguros de cambio” a las deudas privadas. El Estado solventó los costos de la devaluación para los empresarios, entre ellos Franco Macri. Se estatizaron u$s 8.600 millones, es decir, el 55% de la deuda privada. La deuda pública, que en 1976 era de 8 mil millones, para 1982 rondaba los u$s 45 mil millones.
Del 29 de marzo al 11 de diciembre de 81 asume el mando Roberto Viola como primer reemplazo de Videla ante la crisis económica. Viola dio una apertura parcial a los partidos patronales para que canalizaran el descontento. Su ministro de economía Sigaut, puso de moda la frase “el que apuesta al dólar, pierde”. Ese año la inflación llegaría al 131%.
Las luchas se extendieron. En junio de 1981 los metalmecánicos lucharon contra el cierre de automotrices. El 21 de julio la CGT Brasil convoca una nueva huelga general. Comienzan a quebrar los bancos y se devalúa el dólar. El 7 de noviembre la marcha por “Paz, Pan y trabajo” a San Cayetano, organizada por la CGT Brasil y apoyada por algunos partidos políticos, reunió más de 50.000 personas. En la columna que iba a ingresar a la iglesia los manifestantes comenzaron a gritar: “se va a acabar la dictadura militar”, “que aparezcan los que no están”, “asesinos”, “libertad”. Hubo enfrentamientos entre la infantería y los manifestantes.
Ante el fracaso de Viola, lo sucede en el mando Fortunato Galtieri. Al final del régimen militar, Jorge Triaca (padre) fue elegido Secretario General del sindicato de trabajadores plásticos. En 1982 formó la Comisión de Gestión y Trabajo, que agrupaba a todos los sindicatos adictos a la dictadura junto a sindicalistas de la “talla” de Armando Cavalieri, Oscar Lezcano, Luis Barrionuevo y Juan José Zanola.
Según el historiador Pablo Pozzi “a principios de 1982 (…) Jorge Triaca, se apersonó en la seccional del gremio plástico de la zona norte del Gran Buenos Aires, y de allí fue expulsado a puñetazos por los obreros entre gritos de ‘traidor’ y ‘colaboracionista’. [...] El 5 de marzo más de dos mil personas se movilizaron a la Casa de gobierno para reclamar por los desaparecidos. El 17, durante un homenaje a Carlos Andrés Perez, ex presidente de Venezuela, el público comenzó a corear ‘¡La sangre derramada no será negociada!’ en oposición a la propuesta de establecer un acuerdo entre civiles y militares”.

Se convoca la marcha

El 30 de marzo de 1982 la movilización fue brutalmente reprimida con más de mil trabajadores detenidos, enfrentamientos callejeros con la policía, barricadas y 50 mil personas movilizadas en las calles de todo el país. La convocatoria fue realizada por la CGT Brasil. Su consigna era “¡Pan, paz y trabajo!”. La columna avanzaba al grito de “¡Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar!” y “¡El pueblo unido jamás será vencido!”.
Hubo tres horas de violentos enfrentamientos entre los manifestantes, que intentaban llegar hasta la Plaza de Mayo y centenares de policías desplegados. Los focos en la zona de Tribunales, Paseo Colón, el Centro se extendieron hasta tarde. Desde algunos balcones les tiraban cosas a la cana. Algunos se refugiaban en bares que cerraban sus puertas a los policías.
El saldo en todo el país: un sindicalista textil asesinado en Mendoza (José Benedicto Ortiz), más de 2.500 heridos y unos 4.000 detenidos. Entre ellos el Secretario General de la CGT, Saúl Ubaldini y cinco integrantes de la Comisión directiva; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y un grupo de Madres de Plaza de Mayo.

El manotazo del ahogado

Luego vendría la ocupación militar de las Malvinas, la guerra y la crisis definitiva del régimen. Es indudable que la derrota militar explica su desbande, pero sostener que le debemos a Margaret Thatcher y al imperialismo británico la caída del régimen militar implica desviar los ojos de las reales luchas que en las condiciones más difíciles protagonizó persistentemente la clase obrera, luchas que pese al terror fueron progresivamente socavando las bases del proyecto dictatorial. Lo contrario de lo que hicieron los dirigentes políticos burgueses, que pese a la ilegalización de sus actividades brindaron numerosos funcionarios al régimen militar.

Gabriela Liszt