viernes, mayo 31, 2024
“Batalla cultural” de Milei, ¿o la guerra contra la cultura?
El kirchnerismo dio la batalla repartiendo a veces indiscriminadamente subsidios, cargos públicos, burocratización de las instituciones (Instituto Nacional del Teatro), cooptación (organismos de Derechos Humanos) y, en algunas ocasiones, concediendo derechos largamente esperados (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). Todo ello para ganar simpatías obligatorias y silenciar críticas a sus netas concesiones al capitalismo nacional e internacional, con la mayor cordialidad posible.
El movimiento liberticida, en cambio, opta directamente por la asfixia o el cierre de los organismos estatales de cultura, mediante desfinanciación y despidos de trabajadores. Opta por reclamar una incursión abusiva en el evento mayor de la literatura argentina que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hasta el punto de hacer enfadar a un posible aliado como Alejandro Vaccaro. También intenta liquidar al CONICET y otras instituciones científicas.
Desde el punto de vista estético, Milei acude al uso de lenguaje soez y al insulto, propio de las dictaduras y de todo tirano que se precie de tal. Insultan los caporales agrarios a sus peones; insultan los sargentos a los soldados conscriptos; insultan los proxenetas; insultan los tratantes de personas, los esclavistas; insultan los femicidas y los filicidas. Milei desprecia el lenguaje racional y aunque sea mínimamente democrático. Comete plagio de autores en su último libro, un delito considerado rastrero tanto por los escritores como por los intelectuales de todas las ramas.
Pero ¿estamos ante una “batalla cultural”, o ante un ataque despiadado a la cultura, en sentido amplio, de un país? No es lo mismo. Se da la batalla cuando se desea transformar un contexto cultural buscando otro superior. Por ejemplo, los escritores españoles durante la Segunda República (1931-1939, incluida la guerra civil) batallaron contra “la España de charanga y pandereta, / cerrado y sacristía, / devota de Frascuelo y de María, / de espíritu burlón y alma inquieta”, como dijo Antonio Machado. Pues bien, la mayor parte de esos escritores terminaron como mínimo exiliados, si no asesinados, como Federico García Lorca y otros, durante la guerra civil española, a manos del franquismo, una de las versiones del fascismo europeo.
Una batalla no es la guerra, pero puede ser el inicio de una. En las guerras, los muertos son siempre de los oprimidos y explotados, salvo que logren realizar una revolución triunfante. Preparémonos para ganar esta batalla.
Eugenia Cabral
23/05/2024
Los tanques sionistas ingresan a Rafah
La gente permanece en las casas porque los drones israelíes disparan a todo lo que se mueva. Un nuevo ataque israelí durante toda la noche a los campamentos “seguros” en Rafah, sin previo aviso, dejó el martes decenas de muertos en barrios como Tal al Sultan o Al Mawasi. Los incendios consumen bloques de carpas completos, con las familias adentro.
Solo queda un hospital operativo en Rafah, el de Maternidad en el barrio de Tal al Sultan, ya que tras una noche de ataques sin pausa, el Hospital Indonesio ha cesado sus servicios. Quedaron atrapados personal médico y pacientes. “La ocupación israelí está eliminando deliberadamente la presencia sanitaria en Rafah y en el norte”, declaró el miércoles el portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al Qudra. “No hay capacidad sanitaria para hacer frente a las masacres en curso en Rafah y el sector norte”, afirmó, al tiempo que exigió la creación de corredores seguros que permitan la entrada inmediata de combustible y ayuda médica.
Hamás reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU que cumpla con sus responsabilidades "jurídicas y morales" ante el "desprecio" de Israel a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le ordenó el cese de la ofensiva, informa EFE.
El carnicero de Tel Aviv avanza a paso redoblado en su política de exterminio sobre todo el territorio gazatí. Tzaji Hanegbi, asesor de Seguridad Nacional y hombre de confianza de Netanyahu, dijo el miércoles que la guerra continuará al menos todo 2024. “Será larga. También este año se espera que haya otros siete meses de combate”. Esta definición admite tácitamente que la victoria militar que blande el gobierno sionista no es tal: las milicias relanzan “acciones típicas de insurgencia desde los territorios arrasados por los israelíes”. Aunque en enero los sionistas dieron por desarticulado a Hamas en el Norte de Gaza, en las últimas semanas las tropas ocupantes enfrentan los combates más intensos en esa región ante las emboscadas de los milicianos. En Jabalía hubo más de 30 ataques durante mayo (El País 28/7).
Mientras Gaza arde, manifestantes israelíes opositores cortaron el martes distintas rutas para exigirle a Netanhayu la convocatoria de elecciones anticipadas y que se reabran las negociaciones para el canje de prisioneros. Está cortado el acceso a Cesárea, Haifa y pueblos como Ben Shemen y Sharon, entre otros, según reportó la organización Reiniciar Israel.
Las críticas dentro de Israel a Netanhayu arrecian desde los más diversos sectores, aunque es mínima la oposición al genocidio. El sector laico “democrático” exige que los religiosos -que de hecho están exentos de ir al frente aunque la ley establezca lo contrario- se sumen activamente a la masacre. Los religiosos ultraderechistas dicen que en ese caso abandonarán el gobierno.
El martes, los israelíes se desayunaron con una carta firmada por 130 ex ministros e importantes economistas, dirigida a los legisladores. Exigen que los religiosos también sean llamados al frente porque “aumentar la carga del servicio militar de reserva sobre la población activa, mientras se sigue eximiendo a los ultraortodoxos del servicio militar obligatorio, pone en peligro la existencia misma del país”.
En términos ásperos, opinan que esta eximición y “asignar fondos a instituciones educativas que no imparten estudios básicos” está llevando al país a un “abismo que pone en peligro su existencia (…). Los ciudadanos más calificados y educados emigrarán y la población que permanecerá en Israel tendrá menos formación y será menos productiva”.
El apoyo yanky a la invasión a Gaza se mantiene invariable. “Estados Unidos no cree que Israel haya comenzado en Rafah la gran operación militar que haría que cambiase su política hacia Israel” editorializa El País de Madrid (29/5). Aunque los tanques y las tropas ya están en el centro de Rafah, el martes por la noche, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, definió que Israel “no pasó la línea roja” porque “no los hemos visto entrar con grandes unidades, un gran número de tropas en columnas y formaciones en alguna clase de maniobra coordinada contra múltiples objetivos sobre el terreno” (BBC 29/5).
Sin embargo, sectores del Partido Demócrata no solo opinan que Netanhayu lleva a Israel al abismo sino que la debacle los arrastrará a ellos en un año electoral y perjudicará estratégicamente el control norteamericano en el Medio Oriente. Thomas Friedman es uno de los más influyentes periodistas norteamericanos vinculado al Partido Demócrata y amigo personal de Joe Biden. Dos días antes de que Netanhayu levantara una ola de indignación mundial con el bombardeo al campamento de Al Massawi, Friedman le dedicó una nota a página completa en el New York Times titulada: “Netanyahu está llevando a Israel a un abismo desastroso”.
Friedman destaca que los dos funcionarios más importantes del gabinete de guerra —el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ex jefe del Estado Mayor Militar Benny Gantz— se oponen a una ocupación militar a largo plazo de Gaza y proponen entregársela a una emprolijada Autoridad Palestina asistida por países árabes “amigos” de Israel. Gantz dijo que abandonaría el gobierno si no había un plan para el 8 de junio.
Sin embargo, los colonos supremacistas judíos en el gobierno no solo se proponen la anexión de la Cisjordania sino que plantean recolonizar una Gaza vaciada de palestinos, sostenida por una ocupación militar israelí a largo plazo. “¡Tenemos que volver a Gaza ya! Volvemos a casa, a Tierra Santa”, se exaltó el ministro fascista Ben-Gvir durante una marcha del Día de la Independencia israelí la semana pasada. “Debemos fomentar la emigración voluntaria (sic) de los residentes de Gaza.”
Friedman opina que Netanyahu “ha socavado intereses clave de Estados Unidos y de sus aliados árabes y le da réditos a Irán”. Las críticas a la Autoridad Palestina olvidan, dice el cínico demócrata, “cuánto coopera con el ejército israelí y el servicio de seguridad Shin Bet para mantener bajo control Cisjordania, y cuánto le costaría a Israel en dinero, soldados y legitimidad si Israel tuviera que gestionar en solitario la seguridad, la salud, finanzas y la educación en Cisjordania” (SIC).
Al decir que Hamás y la ANP son lo mismo, advierte Friedman “Netanhayu priva a los israelíes de cualquier alternativa palestina legítima al gobierno de Hamás”. Si eso sucediera “Israel se convertirá en un paria internacional y las instituciones judías de todo el mundo se verán divididas entre los judíos que sentirán la necesidad de defender a Israel -con razón o sin ella- y quienes, con sus hijos, lo considerarán indefendible”.
Si la alternativa de Netanhayu y sus aliados prospera, concluye Friedman, “llevará a Israel, el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, a un conflicto embrollado y agotador sin fin”. Los dichos de Friedman reflejan una extendida preocupación dentro del Partido Demócrata y entre los jerarcas de la Unión Europea.
Olga Cristóbal
30/05/2024
Milei, Caputo y la crisis del gas
El lunes 27, la noticia era que Enarsa había comprado sin licitación, por primera vez en la historia, un barco de gas licuado a Petrobras. La Política Online denunciaba entonces que el monto pagado era mayor al triple del valor de gas extraído en Vaca Muerta, y que el escándalo era doble puesto que el vicepresidente de Enarsa, Rigoberto Mejía Avena, fue director de la petrolera brasileña, y, por lo tanto, había evidente conflicto de intereses.
Dos días después -el miércoles- el escándalo es que no había gas disponible para industrias ni estaciones de GNC, por primera vez en más de 20 años, porque Petrobras no descargó el barco por un problema administrativo.
Como la Argentina no paga con dólares, lo hace con una nota de crédito de la que son garantes un banco de cada país implicado. El Banco Nación no envió la carta de crédito a tiempo y el banco brasileño dijo que ya no abría sus puertas hasta el día siguiente. A pesar de que la relación bilateral entre Argentina y Brasil es pésima, un gesto diplomático del gobierno ´comunista´ de Lula salvó las papas del fuego a último momento.
Consecuencias si llega el GNC
El secretario de Energía Chirillo anunció que para este jueves se reanuda el servicio. Pero los especialistas advierten que una vez conseguido el gas, ponerlo en circulación puede demorar 48 o 72 horas. En las industrias que tenían “garantizado” el gas en firme (considerado “no interrumpible” y, por lo tanto, pagado más caro) la puesta en marcha y el reinicio de la producción puede ser más costoso en tiempo aún, porque trabajan con procesos continuados que, justamente, no se pueden cortar. Los costos para la industria y para las estaciones de servicio son incalculables.
Por primera vez en la historia, también estuvo en peligro el suministro en los hogares que cuentan con servicio de gas. Si se cortara el sistema, su reinicio es más engorroso aún. El desastre energético del gobierno de Milei, en el país que tiene la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, no tiene precedentes. Fallaron todos los engranajes de la cadena empezando por el ministro de Economía: las autoridades encargadas de la previsión, de la compra, de Enarsa, de la Secretaría de Energía, de la licitación, del Banco Nación.
Causas
En plena recesión, el suministro de gas es insuficiente y se debe a varios factores: imprevisión del gobierno, adelantamiento del frío y la motosierra sobre la obra pública que dejó inconclusas las obras de las plantas compresoras del Gasoducto Nestor Kirchner.
En octubre del año pasado, Sergio Massa tuvo un problema similar pero a una escala mucho menor cuando las empresas retuvieron las naftas aduciendo falta de dólares para importar. En ese caso se trató de maniobras especulativas apoyadas en la crisis económica generada por Massa, y los problemas ocasionados a los automovilistas fueron mucho menores en comparación.
Espiral de contradicciones
La crisis es tal que la Secretaría de Energía le dio a YPF la orden de dejar de usar gas en la refinería de Luján de Cuyo, en Mendoza, que produce gasoil. El espiral de absurdos no tiene fin y empujan al gobierno a una encerrona. La semana pasada el gobierno había licitado la compra de 12 barcos de gasoil y fueloil para reemplazar el gas que se usa en las centrales termoeléctricas.
El gobierno de Milei les pagó a los generadores y productores de energía con un pagaré para no gatillar más de 1.000 millones de dólares que les debe en concepto de subsidios, pero ahora está gastando en importar una cifra similar por no haber querido pagar los 100 millones que le hubieran costado terminar las obras en el gasoducto.
Pretende zanjar está crisis aplicando los tarifazos que viene posponiendo por miedo a un estallido social. Pero gran parte de esos tarifazos ya están siendo aplicados, incluso en la Patagonia -que siempre tuvo subsidios por zona fría- con aumentos en las boletas de gas de más del 500% y con boletas de luz que llegan a 2 millones de pesos. Es decir que todavía se esperan aumentos mayores para pagarles a las empresas una renta extraordinaria que está desfasada de los costos reales de producción. Los gobernadores patagónicos están haciendo presentaciones en la Justicia contra los tarifazos.
La crisis promete extenderse más allá del invierno si el gobierno no acelerara las obras en la reversión del Gasoducto Norte. Las provincias del norte se abastecen todavía con gas boliviano que se está acabando y que tiene fecha tope en julio. A partir de agosto, sin gasoducto no habría gas de Vaca Muerta para el norte.
Al gobierno que se jacta de no gastar en obra pública para pagarle al FMI, se le está cayendo como un castillo de naipes la mentira de que los problemas en los servicios eran por las “fiesta en los subsidios”.
Los subsidios del kirchnerismo no fueron otra cosa que dinero destinado a los capitalistas para que puedan seguir pagando salarios achatados que no incluían ese gasto como parte del costo de vida. La fiesta fue para esa burguesía que se benefició con salarios planchados, y para las empresas de energía que se capitalizaron y expandieron con ese dinero mientras que las obras seguían a cargo del Estado.
Milei viene por todo: pretende mantener congelados los salarios, darle una renta extraordinaria a las empresas de energía y seguir cumpliendo con el FMI. Quiere todo, pero no puede garantizar ni la seguridad energética que había durante el gobierno de De la Rúa.
Luciana Diaz
30/05/2024
Los insubordinados de la policía de Misiones han vuelto a los cuarteles
La insubordinación de la policía de Misiones terminó en forma abrupta y por sobre todo confusa. Los insubordinados y el gobierno anunciaron un aumento de los salarios del 35%, desde junio, muy lejos del ciento por ciento al que policías activos y retirados habían jurado no renunciar. La reivindicación adquirió un carácter popular cuando fue tomada por otros colectivos en huelga y generaron acciones conjuntas.
El desenlace, ¿fue sólo una consecuencia del desgaste de doce días de ocupación de calles y algunos edificios públicos? Existe la impresión de que el gobierno de Misiones, encabezado por un aliado y agente de Milei, el peronista renovador Pasalacqua, y en especial su jefe, Carlos Rovira, un ex gobernador, apelaron a una fuerte ‘apretada’ contra los cabecillas del movimiento, y no simplemente a una cooptación. Rovira había impuesto a la Legislatura una declaración de condena de la insubordinación policial, que dejaba ver la intención de recurrir a toda clase de medios para ponerle fin.
“Es más bien una rendición la de los policías de Misiones”, sostiene el corresponsal de La Nación, que la atribuye a un cambio de relaciones de fuerzas, generado por el gobierno de Milei, en contraste con acontecimientos similares en el pasado. Habría favorecido este desenlace el secuestro de móviles policiales por algunos agentes, que habría desbordado los límites tolerables del gobierno, de un lado, y de los límites aceptables para los ‘sediciosos’, de otro lado. “Amarilla y Palavecino, los líderes del movimiento, “todavía tienen grandes dudas sobre su futuro legal”, asegura el corresponsal.
El otro agente de la desmovilización ha sido el clero. Los obispos se pronunciaron por el cierre del conflicto en un texto que titularon “La sabiduría del diálogo”, firmado por el monseñor de Posadas, Juan Rubén Martínez; de Oberá, Damián Santiago Bitar; y de Puerto Iguazú, Nicolás Baisi. “En situaciones complejas, dicen, como la que atravesamos, hay que evitar alimentar la confrontación y hay que propiciar el modo más sabio y oportuno de afrontar nuestros conflictos, que es la búsqueda de consensos a través del diálogo”. La cabeza del conflicto, como también muchos manifestantes, han sido electores de Milei, que obtuvo arriba del 60% de los votos en la Provincia. Estaban sorprendidos de que no haya mediado a su favor el gobierno nacional.
La línea de “no hay plata”, parece haber doblegado la consistencia de la ofuscación policial. La lucha en Misiones tiene, como se sabe, a grandes protagonistas, como los trabajadores de la Salud y la Educación. La “rendición” de los efectivos policiales afectará, suponen los observadores, la continuidad de esas luchas. La insubordinación policial no debe ser tomada como un apalancamiento de la lucha de los trabajadores. No es así como debe ser explotada una quiebra en el aparato estatal, como lo es, indudablemente, un levantamiento de “los servidores del orden”. La crisis del aparato debe servir para dar conciencia al movimiento obrero acerca del alcance de las contradicciones del régimen político patronal, para ampliar el campo de las masas en lucha, como empezó efectivamente a desarrollarse con la extensión de los cortes a la mayoría de las localidades de la provincia, y al inicio de una movilización de trabajadores yerbateros. Un hecho tan importante, como la insubordinación de quienes están a cargo de reprimir a los otros, es, con toda su centralidad, un elemento secundario en la lucha de los trabajadores. Lo principal es la amplitud de las masas que envuelve y la profundidad de su acción
Los luchadores de Misiones no han triunfado, pero debe servir para que ganen experiencia, incluso o especialmente, más allá de la provincia.
Silvina Yoga
30/05/2024
Los intereses capitalistas que integran la ‘Mesa del Cobre’
No todo lo que brilla es oro
En el país ya hay ocho megaproyectos de explotación de cobre, sobre todo con asiento en San Juan, y decenas de menor escala. Los gobernadores firmantes han hablado de la posibilidad de que lleguen inversiones por más de 20 mil millones de dólares y la creación de más de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos (Página/12, 23/5).
Sin embargo, la llegada de capitales está condicionada a un tipo de cambio favorable, a la eliminación del cepo y un régimen de megabeneficios fiscales, es decir el RIGI. Es por esto que los gobernadores de la mesa han planteado la necesidad de que se trate rápidamente el régimen de grandes inversiones.
Todos los mandatarios han tomado como ejemplo la llamada mesa del litio, suscrita por Catamarca, Salta y Jujuy para la explotación de dicha materia. Sin embargo, la instalación de empresas para explotar el mineral no ha servido para mejorar la situación de las familias de la región, que están en peores condiciones que en el pasado. El régimen de regalías no sólo es exiguo, sino que es violado sistemáticamente.
Tampoco ha servido, en el caso de Jujuy, para iniciar un proceso que apunte a revertir la dependencia de recursos económicos nacionales para cubrir los costos de la masa de trabajadores estatales, que sigue siendo la base laboral mayoritaria en la provincia.
Gestionado por gobiernos entreguistas y empresarios capitalistas que vienen "a hacerse la América", el llamado ‘cambio de matriz productiva’ con el litio y los parques solares, ha empeorado las condiciones de vida de la población.
Otra preocupación reciente de los inversores es la ‘seguridad jurídica’, luego de los choques del gobierno con las prepagas y las productoras de energía, cuya deuda liquidó con un bono pagadero en 2038, que cotiza alrededor del 50%, y del recorte del gas para la industria.
El libertario tuvo su pacto
Los grandes capitales mineros tienen puestas sus fichas en la explotación de estos recursos en Argentina, pero exigen grandes concesiones para venir a invertir.
Los gobernadores se han convertido en lobbystas de estos capitales, tomando como propios los reclamos del gran capital. El salteño Sáenz declaró que “no se pudo llegar al Pacto de Mayo, pero hicimos un gran pacto en mayo -la mesa del cobre- para avanzar con la minería de manera conjunta” (Ecojournal). El gobernador de San Juan declaró que para avanzar se debe recomponer el tipo de cambio y eliminar el cepo cambiario.
La llegada de inversiones está atada no sólo a cambios en la legislación y a determinados beneficios, sino a determinada estabilización política.
La explotación de minerales en Argentina tiene carta blanca no solo por parte del gobierno nacional, sino por los gobiernos provinciales de todos los colores.
Iñaki Aldasoro
30/05/2024
jueves, mayo 30, 2024
Bullrich entorpece la búsqueda de personas apropiadas en la última dictadura genocida
El pasado lunes 27, mediante un comunicado firmado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete del ministerio, Carlos Manfroni, se hizo público el rechazo de requerimientos que le fueron remitidos en 70 expedientes por parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), por los cuales se le solicitaba al Ministerio de Seguridad legajos de integrantes de las fuerzas, una práctica habitual de dicho espacio desde su creación para la investigación del destino de las más de 400 personas apropiadas en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica que no han recuperado su identidad.
El gobierno nacional, a través de su Ministra de seguridad, niega las atribuciones conferidas a la CoNaDi, durante su creación, en cuanto a sus poderes de investigación: “debemos señalar -dice- que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”, ya que la CoNaDi depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
Seguidamente, expresa que “la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”, con fundamento en que “la seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado.”
Es decir que Bullrich, cínicamente, fundamenta el rechazo a la entrega de los legajos citando los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a la intimidad, y la ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
La doble cara del gobierno, que funda el rechazo de la colaboración que legamente tiene que cumplir el Ministerio de Seguridad con la CoNaDi en el respeto a la intimidad y protección de datos personales para integrantes de las fuerzas que cumplieron funciones en la útima dictadura militar, se pone de manifiesto en el hecho de que, mientras tanto, realiza un espionaje y persecución sobre las organizaciones sociales que se organizan frente al hambre.
La CoNaDI fue creada en 1992 gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, en particular de Abuelas de Plaza de Mayo, para restituir la identidad a sus nietos y nietas apropiados en la última dictadura genocida, que junto al Banco Nacional de Datos Genéticos han logrado recuperar la identidad de 137 niñes, garantizando el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, respecto al derecho a la identidad (artículo 7, 8 y 11).
El planteo de Bullrich es un nuevo ataque a la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad de la dictadura genocida, por parte de un gobierno no solo cómplice sino apologista de la tortura, violación, secuestros, desapariciones sufridas por más de 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos.
Más que nunca, reforcemos la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad y las violaciones actuales de los derechos humanos contra quienes nos organizamos para enfrentar a este gobierno hambreador, represor de la lucha popular y defensor de genocidas.
Apertura de todos los archivos de la dictadura. Restitución de las más de 400 personas apropiadas.
Pía Garralda
Inflamable: ¿nos quedamos sin gas para pasar el invierno?
Para salir de esta encerrona, los trabajadores debemos dirigir y controlar la industria energética y la económica toda.
Frente a la ola polar y la crisis energética imperantes, el gobierno dispuso que las empresas distribuidoras y transportistas de gas garantizaran el fluido a usuarios residenciales. 120 estaciones de servicio, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, tuvieron que restringir la semana pasada la venta al público de gas; además, se vieron afectadas empresas del sector de la bebida, de la cerámica, de la madera y del textil. En este marco, los funcionarios libertarios salieron a importar combustibles líquidos para evitar más interrupciones de servicios, en un cuadro de aumento de los precios internacionales de esas mercancías y de bancarrota financiera.
Las distribuidoras de gas limitaron el fluido a los usuarios que tienen contratos interrumpibles, aunque no está excluida la posibilidad de que se haga lo mismo con las industrias que poseen contratos firmes “pero con ventana”. Esta situación viene a empalmar con un escenario de recesión, en el cual muchas empresas están avanzando en despidos y suspensiones de trabajadores con reducción de salario.
El faltante de gas se explica en parte por la postergación de importación de GNL que el gobierno ordenó como parte de su política de pisar las compras al exterior para lograr un precario superávit en la balanza comercial. Esto último está ahora cuestionado por la licitación desesperada para importar gas que acaban de anunciar, por 300 millones de dólares.
La presión es mayor habida cuenta que, con el objeto de pilotear la crisis, el gobierno anunció la importación de combustibles líquidos: necesita 200.000 toneladas de fuel oil y 350.000 metros cúbicos de gasoil. Se estima que el costo estimado de todos los cargamentos rondará 600 millones de dólares adicionales a lo que ya estaba previsto (EconoJorunal, 21/5).
Los combustibles líquidos son más caros que el gas; su uso por parte de las empresas generadoras conducirá a un recalentamiento de las tendencias inflacionarias, cuando todavía quedan aumentazos por aplicar en las tarifas de gas y electricidad. Asimismo, todavía no se saldó la deuda que Cammesa mantiene con las compañías generadoras de energía.
“La Argentina tiene excedentes de gas con el reservorio de Vaca Muerta, pero la falta de inversión en los últimos años generó que esa mayor producción no haya sido acompañada por una ampliación del sistema de transporte”, dice un artículo de La Nación (24/5). En este contexto, el gasoducto Néstor Kirchner está enviando menos de 14 millones de metros cúbicos de gas por día, cuando tendría que transportar al menos 22.
Es que no se instalaron las plantas compresoras que permiten ampliar la capacidad de transporte. El gobierno libertario no giró el dinero a las constructoras a cargo de las obras; tiene una deuda de 40 millones con Sacde y Contreras, dos empresas del rubro.
El plan motosierra es insoportable. A todo esto se suma la suspensión de los envíos de energía de Brasil hacia Argentina como consecuencia de las inundaciones.
De sancionarse la Ley Bases libertaria estos problemas se agravarán, porque el Estado no podría intervenir en el transporte y la comercialización de hidrocarburos.
Asimismo, daría lugar a la libre exportación de hidrocarburos y/o derivados, lo que afectaría el abastecimiento del mercado interno provocando nuevas crisis y también sería un factor de suba de los precios de la energía hasta igualar las cotizaciones internacionales en dólares.
Asimismo, el Ejecutivo nacional debió importar menos combustible porque no tiene dólares. Lo que prima en Argentina es una bancarrota económica-financiera con sus tendencias a la devaluación, a la inflación y a la depresión al rojo vivo.
Para salir de esta encerrona, los trabajadores debemos dirigir y controlar la industria energética y la económica toda.
Nazareno Suozzi
miércoles, mayo 29, 2024
La llegada a Argentina del portaaviones nuclear USS George Washington
Argentina comenzó esta semana un nuevo intercambio con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En ese marco, embarcaciones norteamericanas participarán de ejercicios de adiestramientos para naves locales. Entre las principales armas de la US Navy, una de las flotas de guerra más potentes del mundo, se destacan los 11 portaaviones nucleares en servicio -a los que se suman otros dos en construcción- y uno de ellos es el USS George Washington, que está arribando a las aguas territoriales argentinas.
Debido a sus capacidades y dimensiones, el USS George Washington no podrá amarrar en ningún puerto de la Argentina - el país no posee instalaciones apropiadas. Integrante de la clase Nimitz, tiene 332,8 metros de eslora -más de tres cuadras de largo- y 317 metros de línea de flotación, y llegará con una dotación de 5400 marinos, escoltado por el destructor USS Porter y el buque logístico USNS John Lenthall. Esa es la razón por la cual permanecerá en aguas jurisdiccionales argentinas y próximamente será parte del ejercicio de adiestramiento de oportunidad Passex “Gringo-Gaucho II”, a la altura de Mar del Plata, en un intercambio entre las Armadas de la Argentina y de los Estados Unidos.
La imposibilidad de amarrar en un puerto no será ningún impedimento para impulsar su alianza militar con el imperialismo. Esto va en continuidad de otros gestos, como la recepción dedicada a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y la compra a Dinamarca de 24 aviones caza F-16, con equipamiento militar provisto por los norteamericanos, que llegarán en un período de cuatro años. Esta visita se da meses después de la promesa en Ushuaia del Presidente de crear una base militar conjunta en la estratégica zona sur del país, que le daría así al imperialismo el control del paso en el estrecho de Magallanes. No solo Milei, tampoco se perderán la foto el ministro de Defensa, Luis Petri ni su par de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por nuestro país formarán parte de las operaciones los destructores ARA La Argentina y ARA Sarandí, las corbetas ARA Espora y ARA Rosales, junto a otras naves y helicópteros. Intervendrán, aproximadamente, 750 marinos. Para tener una dimensión del poderío de la flota, un portaaviones con su grupo aéreo completo, con sus escoltas de superficie y submarinos, podría estacionarse a 100 kilómetros de una costa hostil y atacar objetivos estratégicos, sin permitir el despegue de un avión enemigo y protegerse de un ataque aéreo, naval y submarino.
Nuevo orden nuclear
Todo este teatro de operaciones también es una muestra de la ofensiva estadounidense en el marco de la guerra mundial y las amenazas de una catástrofe nuclear. En ese sentido, de los nueve países con armas nucleares (EEUU, Gran Bretaña, Francia, Israel, Rusia, China, India, Pakistán y Corea del Norte), seis estarían aumentando sus arsenales. Actualmente Rusia es el de mayor capacidad, con 5580 ojivas nucleares y Putin confirmó el traslado de parte de su arsenal a Bielorrusia. Le sigue EE.UU. con 5044, que gastará 1,5 billones de dólares para modernizar su arsenal, en los próximos 30 años y tiene desplegadas cien armas nucleares a través del territorio de aliados de la OTAN, como Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y Turquía, entre otros países. Es decir, no muy lejos de Rusia. El tercer país a tener en cuenta es China con 500 ojivas nucleares, considerando que ha duplicado su arsenal en los últimos diez años y que también ha construido en secreto silos para almacenar misiles balísticos intercontinentales en el desierto.
Esto toma un cariz definitivamente político a través de la evaluación del gobierno de Biden de desplegar armas nucleares en Gran Bretaña por primera vez en 15 años, las afirmaciones de Putin de que está listo para usar armas nucleares si el Estado ruso está en juego, en medio de las amenazas de Macron al decir que no descarta el envío de soldados a Ucrania o en que el primer ministro británico conservador Rishi Sunak advirtió hace pocos días que "el mundo está más cerca de una escalada nuclear que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos".
Sergio Escalas
Macron en Nueva Caledonia: Un falso recule del imperialismo francés
Emmanuel Macron se ha visto obligado a suspender la reforma que habilita la renovación y ampliación del padrón electoral a las personas con más de diez años de residencia en Nueva Caledionia, principalmente de origen francés. La población indígena local -40 % de la población- se moviliza en defensa del derecho de voto exclusivamente a los canacos. NC es una colonia francesa.
Macron, que viajó de emergencia al archipiélago -ubicado a 17 mil kilómetros del Palacio Eliseo- aseguró, desde Numea, la capital de NC, que el territorio se enfrenta a un "movimiento de insurrección sin precedentes". "Nadie lo vio venir”, añadió, con tal nivel de organización y violencia” Nueva Caledonia posee el tercer reservorio mundial de níquel, un mineral vital para el desarrollo de los semiconductores y la industria armamentista.
El archipiélago, reclamado como territorio francés por Napoleón III en 1853, cuenta desde 1988 con un “estatus especial”: se asienta en un régimen de autonomía política, cuenta con presidente y parlamento propios. Hasta ahora sólo pueden votar los habitantes inscriptos hasta 1998 y sus descendientes. Este padrón es defendido por los canacos, y por una coalición de partidos agrupada en el Frente de Liberación Nacional Kanaco y Socialista (FLNKS) partidarios de la independencia de Francia. El sector conocido como “unionistas” es partidario de un estatus colonial. La celebración de tres referéndums (en 2016, 2018 y 2021) no resolvió el litigio. Luego de un empate técnico en 2018, en 2021 el FLNKS boicoteó el referéndum y los “unionistas” se impusieron, aunque con una abstención récord.
Hace 10 días, Macron ordenó militarizar el archipiélago y ´pacificar´ las calles. Impuso un toque de queda, la prohibición de la venta de alcohol y censuró a Tik-Tok, la red china, en cuanto a las protestas.
Los 3.000 efectivos desplegados no han podido tomar el control de las calles. Las barricadas improvisadas se suceden en las rutas y principales avenidas. Muchos barrios donde viven los canacos originarios se encuentran bajo control de los vecinos. La policía cuenta con la ayuda de grupos paramilitares de habitantes blancos franceses. Hay más de 280 manifestantes detenidos y 5 muertos. Las milicias francesas patrullan las calles con el beneplácito de la policía y las autoridades francesas. Los choques son permanentes.
Los partidos independentistas han tenido una reunión a solas con Macron, quien ha prometido retrasar la implementación de la reforma electoral. Los diarios titulan que Macron cede ante las protestas, pero la realidad es que las autoridades canacas han cedido. Macron ha ofrecido someter la reforma electoral al voto de los canacos, es decir, con el viejo padrón electoral. Esta maniobra es rechazada, principalmente, por la juventud movilizada, que ha expresado su rechazo profundo a las paupérrimas condiciones de vida a la que es sometida; los destinos “preferidos” de los manifestantes son las grandes compañías francesas, así como las escuelas de los blancos y los edificios del gobierno francés.
Una columna de Frédéric Grare (IPS journal, 21/05), quién fuera un importante funcionario del Ministerio de Defensa francés, da cuenta del lugar estratégico que ocupa para Francia este archipiélago del Pacifico Sur, en una posición de los enfrentamientos con China. Grare detalla las implicaciones internacionales del asunto y el carácter insurreccional que adquirieron las protestas.
Francia no esconde los métodos salvajes del colonialismo. Las calles se encuentran militarizadas y los manifestantes son arrestados o asesinados.
Francia cuenta con una importante base militar y una base de pruebas nucleares. El Pacífico Sur se ha convertido, en diversas declaraciones y acciones de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, en una zona de guerra contra China. Los preparativos del imperialismo para una confrontación bélica mundial chocan con las resistencias de sus poblaciones en las metrópolis, por un lado, y con los pueblos bajo su opresión directa, por el otro.
Joaquín Antúnez
Crisis de gabinete, una riña en la casta liberticida
Había numerosas razones para que el Gobierno de la LLA desatara una crisis política. La sublevación de la Policía en Misiones y la huelga de trabajadores de la educación y la salud habían dejado en evidencia que el aparato estatal de las provincias no tiene condiciones de hacer frente al cese de las ayudas del estado nacional y a la caída de la coparticipación federal y de la recaudación interna como consecuencia de una recesión industrial extraordinaria. El gobierno de Misiones ha pretendido sobrellevar esta asfixia mediante la instalación de una aduana interior, que grava el ingreso de las mercaderías del resto del país. Varias provincias han anunciado la disposición a hacer lo mismo. En las fronteras provinciales se cobra un adelanto del impuesto a los ingresos brutos, que debían ser recaudados al tener lugar la venta de esos bienes. Esta suerte de quiebra de la unidad económica de la nación tampoco dará un resultado efectivo, porque, como todo adelanto, resigna la recaudación posterior. De otro lado, el encarecimiento de los precios ha afectado el comercio menudo de exportación en las provincias con fronteras exteriores. La manifestación de este impasse habría debido provocar una crisis de gobierno, que replanteará el conjunto de su política. Este no es el caso – la expulsión de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, constituyó un desenlace precario de una lucha de camarillas al interior del Gobierno. Posse ha sido acusado de espionaje contra otros miembros del Gabinete, e incluso contra Milei y su hermana; de bloquear el ingreso al gobierno de figuras del PRO, para conservar su propio espacio; de copar áreas de Defensa y de Inteligencia, y de reservar el manejo de empresas públicas para su propia tropa. Posse, sin embargo, contaba con un apoyo especial – el del jefe de la CIA norteamericana Willliam Burns. La designación de Guillermo Francos como jefe de Gabinete es apenas un parche para dilatar el estallido de una crisis de gobierno en el sentido cabal de la palabra.
La cadena contradicciones que enfrenta la política oficial no se confina a Misiones. El caso del corte del suministro de gas a la industria, que el oficialismo atribuye a un invierno más crudo, es la consecuencia de la motosierra aplicada a la obra pública – en este caso, los gasoductos. La perspectiva de exportar gas licuado ha dado paso ahora a la importación de ese fluido, acompañado de un gasto fenomenal del Tesoro. El ministro Caputo, por su lado, acaba de chocar fuerte con las proveedoras de gas, al ofrecerles como pago un bono por el 50% de lo adeudado por la mayorista estatal Cammesa. Esto ha llevado a varias distribuidoras a proponer la reducción a la mitad de su propia deuda con la entidad. Junto con el anuncio de la expulsión de Posse, el ministerio de Economía determinó, por medio de un DNU, una licitación de deuda pública por 35 billones de pesos (equivalente a alrededor de 5 mil millones de dólares), para recomprar deuda del Banco Central con los bancos y poder disminuir la enorme emisión monetaria que realiza el Central para pagar los intereses de esa deuda. A esto hay que agregar la nueva deuda contraída por el BCRA con los importadores y los remisores de dividendos al exterior, conocida como Bopreal. Después de la ‘limpieza’ que promueve Caputo, el balance del Banco Central está más ‘sucio’ que nunca. La deuda del Tesoro se ha convertido en una hipoteca especial del Estado, porque ha crecido en forma exponencial, es de cortísimo plazo y lleva a un estallido de las finanzas públicas. Su cotización está garantizada por activos del Banco Central (emisión monetaria); por lo que un desarme de esa deuda por parte de los bonistas desataría una hiperinflación sin precedentes. La purga de la camarilla de Posse, por parte de Milei, no representa un giro político que dé salida a estas contradicciones explosivas, sino el estallido de una pelea de camarillas que son más o menos conscientes de que están llevando a la economía a un cataclismo.
En el vasto paquete de estas contradicciones, se encuentra el fracaso del Gobierno para conseguir la aprobación de la Ley Ómnibus, y ahora de la Ley Bases y el paquete fiscal. La nominación de Francos apunta a seducir a una parte del Senado a la idea de que Milei ha decidido abandonar su llamado ‘autoritarismo’ y colaborar con el Congreso. Es una maniobra de cortísimo vuelo, porque descuenta que estos cambios serían aprobados por Diputados. La posibilidad -o la certeza- de que estos proyectos acabarán en el fracaso, explica la designación de Federico Sturzenegger como ministro, dispuesto a meter por medio de decretos y regulaciones, la privatización de empresas públicas, incluida la confiscación del Fondo de la ANSeS.
Nada de todo esto significa que Milei pueda prescindir del Congreso, cuando pretende copar la Corte y el Poder Judicial mediante la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El control de Comodoro Py, donde reside la Justicia Federal, es fundamental para gobernar mediante DNUs. La controversia acerca de Lijo se ha convertido en una piedra de división estratégica en la burguesía. Es un asunto que sigue con atención el gobierno norteamericano. Pero en este punto, Milei no cuenta con el apoyo de la presidenta del Senado, Victoria Villaruel.
Encima de todas contradicciones, crece la tendencia a que la recesión se convierta en una depresión – muy lejos de la expectativa de un giro de la economía en V. Las suspensiones y los despidos crecen sin parar, en algunos casos afectando regiones o pueblos, como ocurre con Villa Constitución. Es lo que explica que se discuta la necesidad de otra devaluación del peso y la reactivación de la obra pública. La posibilidad de que renazca el crédito bancario es una fantasía, cuando los bancos tienen el 80% de sus activos en bonos del Tesoro.
Los trascendidos que ventila el periodismo llevan a la conclusión de que Milei y su entorno han decidido salir de este laberinto apostando a una victoria electoral en octubre de 2025. Han retrasado la aplicación de los tarifazos y regulado los aranceles de las prepagas para circunstancias económicas mejores, en función de ese propósito político. Las elecciones de 2025 han provocado una dura crisis en el PRO, ante el intento de Macri de evitar que lo fagocite la LLA, que va por la personería electoral en los 24 distritos del país. El aparato de gobierno no está aceitado todavía, ni de lejos, para ese objetivo. De modo que las peleas de camarillas continuarán, al menos hasta que explote el conjunto de la situación económica y política. El ritmo de este proceso no depende sólo de factores internos. Una crisis financiera en Estados Unidos y la Unión Europea está instalada en el horizonte, en el marco de una acentuación de la guerra comercial y fragmentación de la economía mundial.
La purga de Posse y las peleas de camarillas esconden todavía la profundidad de una crisis de gobierno, que deberá estallar de cualquier manera. Argentina viene atravesando las diversas etapas de una crisis, que finalmente llegará al núcleo de esta experiencia de ultraderecha.
Jorge Altamira
28/05/2024
Crece el repudio global a la acción genocida de Israel contra el pueblo palestino
Desde que las FDI entraron con tanques y efectivos en Rafah (este martes aseguraron haber llegado hasta el centro de la ciudad homónima), alrededor de 800 mil personas que se habían aglomerado allí, escapando de los bombardeos en el resto de la Franja, debieron volver a desplazarse, ahora hacia Al Mawasi, un paraje desolado junto al mar. La cadena qatarí Al Jazeera denuncia que cientos de miles de personas se hacinan, allí, en un área equivalente al tamaño de un aeropuerto.
Tras el ataque del domingo, hubo protestas en el Líbano, Estados Unidos y en Europa, destacándose en particular la de París, con miles de participantes. Siguen a la oleada de tomas y acampes en las universidades, ferozmente reprimidas y perseguidas, pero que lograron que algunas casas de estudio cortaran sus lazos financieros con Israel.
Hasta los aliados más firmes del régimen sionista, como Alemania, ya no pueden tapar el sol con las manos y tuvieron que reprobar, al menos de palabra, las últimas brutalidades de las FDI. El Ministerio de Relaciones Exteriores de este país afirmó, en un reciente comunicado, que “las imágenes de cuerpos carbonizados, incluidos niños… son insoportables” (La Nación, 28/5). Por el momento, la actitud de las potencias imperialistas, tanto la Casa Blanca como las europeas, es la de criticar la catástrofe humanitaria, mientras dejan correr la masacre y siguen financiando el ejército sionista.
De cualquier manera, Israel sufrió dos golpes diplomáticos en los últimos días, debido a una resolución del Tribunal Internacional de Justicia -donde Sudáfrica radicó una denuncia por genocidio- para que detenga la operación sobre Rafah, y el pedido del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a los jueces de esa Corte, para que lancen una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y los máximos dirigentes de Hamas (estos últimos, por la incursión del 7 de octubre). Si bien el planteo del fiscal reproduce una especie de “teoría de los dos demonios” que equipara a la potencia colonial agresora con el pueblo agredido, e Israel ni siquiera reconoce la jurisdicción de la CPI, terminó por amplificar el descrédito global del primer ministro hebreo y de Tel Aviv.
El patio interno
La situación no es sencilla para Netanyahu ni en el terreno de operaciones, donde a más de seis meses de conflicto, no ha podido liquidar a la resistencia palestina, ni en el plano político interno. El sábado 25, hubo una nueva protesta en Tel Aviv para reclamar su salida del poder y expresar la disconformidad con la política seguida para conseguir la liberación de los rehenes.
En tanto, Benny Gantz (del partido Azul y Blanco), quien se sumó al gobierno de “unidad nacional” después del 7 de octubre, lanzó un ultimátum con fecha 8 de junio para que Netanyahu presente una estrategia clara para el “día después” de las operaciones en Gaza. Gantz, y al parecer también el ministro de Defensa, Yoav Gallant (quien, al igual que Netanyahu, pertenece al Likud, pero tiene su juego propio), están en desacuerdo con que Tel Aviv asuma la administración civil y militar de Gaza, y, en el caso de Gantz, promueve, en cambio, una administración conjunta estadounidense, europea, árabe y palestina (obviamente, sin Hamas). Una línea semejante ha sido expresada, en más de una ocasión, por el presidente norteamericano Joe Biden.
Pero al interior del gabinete israelí hay otro sector que plantea que esta es la ocasión para avanzar hacia una recolonización de Gaza. Aquí se enrolan Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional y miembro de Poder Judío, y Bezalez Smotrich, ministro de finanzas e integrante del Partido Sionista Religioso. Estas dos fuerzas reúnen, juntas, alrededor de 14 bancas en el parlamento y son muy importantes para el sostenimiento de la coalición oficial. Tal vez por ello, Netanyahu desacreditó el planteo de Gantz, considerando que sería equivalente a una derrota de Israel.
A la fecha, el ataque israelí en Gaza dejó 36 mil muertos y un territorio destruido, en el que además faltan el agua, la comida y los combustibles, como fruto del bloqueo. Solo un tercio de los hospitales del enclave costero estarían funcionando en estos momentos. Detener este genocidio es una tarea urgente de los luchadores de todo el mundo.
Gustavo Montenegro
domingo, mayo 26, 2024
sábado, mayo 25, 2024
Ruckauf, el “panelista” con manos manchadas de sangre que ataca a los piqueteros desde TN
En la edición de la entrevista a Jeremías y Eduardo censuraron la denuncia que realizaron los compañeros en relación al hecho de que los programas sociales de quienes denuncian al Polo Obrero fueron dados de baja por el Estado por ser migrantes y viajar al exterior, y que es justamente esa organización la que está defendiendo la restitución de estos programas y presentó un amparo colectivo para que el gobierno los devuelva. También quedó claro que la “preparación” de las excompañeras del Polo para realizar esa denuncia corrió a cargo nada menos de que la diputada mileísta Lilia Lemoine, según ella misma reveló en el programa.
El ataque a los compañeros en el programa, del que participaron Lemoine y el panel de TN, contó con la presencia impune de Carlos Ruckauf. Es nada menos que responsable de la firma, junto a Ítalo Luder, de los decretos de exterminio del accionar subversivo en 1975, que habilitaron al Ejército a comenzar con los delitos de lesa humanidad que luego llevaron a los 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura. El decreto 2770/75 sostenía: “Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Este decreto es de noviembre del ’75, cuando ya se estaba ejecutando el “Operativo Independencia” con campos de concentración y torturas en Tucumán, a cargo nada menos de Jorge Rafael Videla, designado por el mismo gobierno de Isabel Perón. El número de desaparecidos durante el gobierno de Isabel llega a unos 900, a lo que hay que sumar unos 1.500 asesinatos a manos de la Triple A.
Ruckauf fue vicepresidente del gobierno de Menem, quien indultó a los genocidas de la dictadura. Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires encargado de reforzar a la maldita Bonaerense, con su secuela de casos de gatillo fácil, mafias y abusos policiales. En 2002 fue nombrado canciller del gobierno de Duhalde, y desde ese rol fue uno de los responsables centrales del ataque al movimiento piquetero que culminó en la masacre de Avellaneda, con el asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán.
La presencia de Ruckauf en los estudios de TN muestra a las claras la continuidad de la persecución al movimiento piquetero, que no lograron quebrar las represiones directas por parte del Estado. Ahora recurren a “testimonios” de vecinos confundidos de los barrios, que son sacados de contexto para demonizar a las organizaciones piqueteras y justificar allanamientos, intervenciones de teléfonos, seguimientos clandestinos y todo tipo de mecanismos para desarticular a las organizaciones. Una persecución judicial que a pesar de contar con todo el despliegue del estado, llevó al juez y el fiscal a la conclusión de que no hay motivos para apresar a los compañeros.
El derecho a réplica que pedimos fue totalmente censurado en una pantalla cómplice con genocidas y asesinos del movimiento popular.
Juan García
Ruckauf, el “panelista” con manos manchadas de sangre que ataca a los piqueteros desde TN
En la edición de la entrevista a Jeremías y Eduardo censuraron la denuncia que realizaron los compañeros en relación al hecho de que los programas sociales de quienes denuncian al Polo Obrero fueron dados de baja por el Estado por ser migrantes y viajar al exterior, y que es justamente esa organización la que está defendiendo la restitución de estos programas y presentó un amparo colectivo para que el gobierno los devuelva. También quedó claro que la “preparación” de las excompañeras del Polo para realizar esa denuncia corrió a cargo nada menos de que la diputada mileísta Lilia Lemoine, según ella misma reveló en el programa.
El ataque a los compañeros en el programa, del que participaron Lemoine y el panel de TN, contó con la presencia impune de Carlos Ruckauf. Es nada menos que responsable de la firma, junto a Ítalo Luder, de los decretos de exterminio del accionar subversivo en 1975, que habilitaron al Ejército a comenzar con los delitos de lesa humanidad que luego llevaron a los 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura. El decreto 2770/75 sostenía: “Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Este decreto es de noviembre del ’75, cuando ya se estaba ejecutando el “Operativo Independencia” con campos de concentración y torturas en Tucumán, a cargo nada menos de Jorge Rafael Videla, designado por el mismo gobierno de Isabel Perón. El número de desaparecidos durante el gobierno de Isabel llega a unos 900, a lo que hay que sumar unos 1.500 asesinatos a manos de la Triple A.
Ruckauf fue vicepresidente del gobierno de Menem, quien indultó a los genocidas de la dictadura. Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires encargado de reforzar a la maldita Bonaerense, con su secuela de casos de gatillo fácil, mafias y abusos policiales. En 2002 fue nombrado canciller del gobierno de Duhalde, y desde ese rol fue uno de los responsables centrales del ataque al movimiento piquetero que culminó en la masacre de Avellaneda, con el asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán.
La presencia de Ruckauf en los estudios de TN muestra a las claras la continuidad de la persecución al movimiento piquetero, que no lograron quebrar las represiones directas por parte del Estado. Ahora recurren a “testimonios” de vecinos confundidos de los barrios, que son sacados de contexto para demonizar a las organizaciones piqueteras y justificar allanamientos, intervenciones de teléfonos, seguimientos clandestinos y todo tipo de mecanismos para desarticular a las organizaciones. Una persecución judicial que a pesar de contar con todo el despliegue del estado, llevó al juez y el fiscal a la conclusión de que no hay motivos para apresar a los compañeros.
El derecho a réplica que pedimos fue totalmente censurado en una pantalla cómplice con genocidas y asesinos del movimiento popular.
Juan García
Los “extorsionadores” y “ladrones de fondos públicos” están en el gobierno
El gobierno, encabezado por Patricia Bullrich, se encuentra llevando adelante una feroz persecución judicial y política contra el movimiento piquetero y las organizaciones sociales, a lo que se suma un fuerte ataque mediático. La causa se fundamenta con mentiras y calumnias que intentan acusar a los referentes de dichas organizaciones por “extorsión”, “malversación de fondos” y “lavado de activos”, entre otras. Pero veamos quiénes son los que acusan.
Bullrich, la extorsionadora
Patricia Bullrich puso una línea al servicio de tomar denuncias contra los referentes de las organizaciones sociales (atribuyéndose funciones de la Justicia), lo que utiliza para acusar hoy de “extorsionadores” a los referentes de las organizaciones sociales, quienes administran la poca comida y la magra asistencia social que perciben los sectores más vulnerados. El argumento sostiene que estos amenazan a la gente con sacarle el plan si no marchan, una potestad que las organizaciones sociales no tienen y que solo tiene el Estado, por lo que la figura de extorsión en este caso se cae por si misma.
Pero la que no está libre de extorsión es Bullrich, quien llevó adelante la campaña “el que marcha no cobra” durante la movilización del 20 de diciembre, amenazando a los sectores más pobres con sacarles el plan si estos salían a reclamar que no les alcanza. Incluso el Ministerio de Capital Humano a cargo de Pettovello, llevó adelante más de 50 mil bajas y la reglamentación nueva del ex Potenciar Trabajo incluye que si te movilizás, lo perdés.
El único extorsionador entonces es el gobierno.
Caputo, el malversador
También se acusa a las organizaciones sociales por “malversación de fondos” y “defraudación de la administración pública” intentando criminalizar la autofinanciación de sus integrantes. Estamos hablando del mismo gobierno que preservó el aporte compulsivo a los sindicatos por parte de trabajadores no afiliados, a quienes se les descuenta la cuota sindical directamente del sueldo.
En los allanamientos, mal que le pese al gobierno, solamente encontraron algún dinero justificado en los papeles como herencia, y unos pocos pesos que los referentes sociales tenían para vivir. En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de la gestión de Macri fue el segundo funcionario más rico durante su gestión, con un patrimonio de $5.575 millones y es conocido por ser un fugador de divisas serial. El esquema fraudulento para llevarlo adelante se trató de una serie de subastas de dólares a precios menores a los de mercado, que significó una pérdida de 10 mil millones dólares de las reservas nacionales.
A su vez, fue un agente al servicio de los especuladores y los fondos buitre, sirviéndoles beneficios extraordinarios en las reestructuraciones de deuda como el “bono a 100 años”, que se trató de una licitación por 2750 millones de dólares, a una tasa efectiva de 7,9 por ciento anual donde los usureros ganaron U$S 209 millones en dos semanas, un negocio que no existe en ningún lugar del planeta.
La venta del bono estuvo a cargo de un grupo de bancos elegidos discrecionalmente: HSBC, Citi, Santander y Nomura, que cobraron 3,3 millones de dólares en comisiones directas. Entre los 148 fondos de inversión que compraron el bono a 100 años se encuentra Noctua Asset Managment LLC, una firma offshore de Caputo que se quedó con bonos por 5 millones. Un fraude millonario al fisco.
Las off shor y las defraudaciones al Estado son un clásico de Caputo. La megafiltración conocida como los Paradise Papers dio a conocer que había manejado los fondos Alto Global, inscriptos en las Islas Caimán, y Noctua, datos que omitió mencionar en sus declaraciones juradas, tanto en la AFIP como ante la Oficina Anticorrupción (OA). Además, el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, denunció una nueva “sociedad baúl” que sería utilizada por Caputo para esconder la fortuna familiar. Se trata de Sacha Rupaska Sociedad Anónima (SA), creada en 2007.
Sturzenegger, el de la administración fraudulenta
Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la era Macri y actual asesor de Milei, fue denunciado por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes del funcionario público; asociación ilícita; cohecho pasivo y activo; negociaciones incompatibles, y tráfico de influencias.
Sucede que Sturzenegger fue socio de Caputo en el esquema que dio lugar a la millonaria fuga de capitales, en favor de sectores allegados al poder y en detrimento de la economía nacional. Además fue procesado por el megacanje de 2001, el cual acrecentó exponencialmente la deuda argentina y ofreció un jugoso negocio para los siete bancos involucrados que se llevaron 150 millones de dólares, entre ellos el Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y el Crédit Suisse First Boston.
La Justicia “independiente”
Por otro lado están los jueces de la Cámara Federal de Casación, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que garantizaron el armado de esta causa trucha y viabilizaron los allanamientos ilegales a los referentes de las organizaciones sociales, a pesar incluso que Casanello (el juez de la causa) haya advertido que no había evidencia suficiente para llevarlos adelante.
Llorens ingresó a la Cámara Federal durante el macrismo. Fue denunciado por haber mantenido encuentros con Mauricio Macri cuando este era presidente por fallos vinculados a causas de interés del gobierno. Junto a los otros dos jueces que hoy integran el tribunal de Casación fueron quienes le garantizaron la impunidad a Macri en la multiplicidad de escuchas ilegales. Emitieron un fallo que sostenía que no hubo espionaje ilegal durante el macrismo sino “cuentapropismo” de los agentes de inteligencia; anularon los procesamientos por el “Proyecto Amba”, el cual consistía en el espionaje ilegal de organizaciones sociales y políticas; sobreseyeron a Macri y al resto de los imputados en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y declararon la nulidad de todos los procesamientos en el expediente de la “Gestapo Sindical” (conocido como reuniones entre la AFI, funcionarios bonaerenses de María Eugenia Vidal y empresarios donde concertaban cómo meter presos a sindicalistas), por citar algunos ejemplos.
El apoyo político que estos jueces le garantizaban al macrismo desde el Poder Judicial era tal que también establecieron como “desproporcionada” la pericia para revisar comunicaciones tomadas durante 4 años en la causa en la que se lo acusaba a Macri por utilizar una maniobra judicial contra el Grupo Indalo para apropiarse de sus propiedades y hasta dictaron el procesamiento de los funcionarios que entregaron las tierras que reclamaban los mapuches como propias y estaban en manos del Ejército.
Queda claro que la causa judicial trucha que armó el gobierno tiene un interés político claro y es desbaratar la organización de los más pobres, quienes están a la vanguardia de la lucha contra el programa político hambreador de Milei y a quienes mediáticamente se los trata de ubicar como seres sin conciencia, incapaces de luchar y de financiar su propia organización. El objetivo de tapar el desastre en el que está sumido el país producto de su política criminal y golpear a quienes la enfrentan. Esto es apalancado una Justicia que, lejos de ser independiente, es otra herramienta de la que se valen los gobiernos capitalistas para criminalizar a los que luchan.
Camila García
Ucrania retrocede, la Otan escala y Rusia muestra los dientes
Escalada Otanista
A las declaraciones persistentes del presidente francés Emmanuel Macron respecto del envío de tropas de la legión extranjera francesa y de la autorización pública del canciller británico David Cameron para que Ucrania pueda atacar territorio ruso con armas británicas, ahora se suman declaraciones de Antony Blinken que, de visita de emergencia por Kiev, dijo que Estados Unidos no está de acuerdo que sus armas transferidas a Ucrania se utilicen para atacar territorio ruso pero que, sin embargo, Kiev tiene derecho a utilizarlas para ese fin.
Además, Blinken insistió en la confiscación de los activos rusos congelados, mayormente embargados en la Unión Europea (UE). Afirmó, además, que Rusia debía pagar por la reconstrucción de Ucrania: “lo que Putin rompe, lo tiene que pagar Rusia”.
Un poco más atrás, el gobierno de Estonia manifestó que está considerando enviar tropas a Ucrania para proporcionar logística a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, respaldó la postura de Macron en una entrevista con The Guardian la semana pasada.
Pero la cuestión parece ser más escabrosa, porque “mientras Rusia avanza, la Otan considera enviar entrenadores a Ucrania” (New York Times, 16/5). Así, según el medio norteamericano “los funcionarios ucranianos han pedido a sus homólogos estadounidenses y de la Otan que ayuden a entrenar a 150.000 nuevos reclutas más cerca de la línea del frente para un despliegue más rápido”.
De momento, Estados Unidos ha dicho que no, “pero el general Charles Q. Brown Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo el jueves que el despliegue de entrenadores de la Otan parecía inevitable. ‘Eventualmente llegaremos allí, con el tiempo’, dijo” (ídem).
Pero el envío de instructores de la Otan representa todo un conjunto de problemas ya que los rusos han realizado ataques en todo el suelo ucraniano. La formación de 150 mil tropas ucranianas no pasará inadvertida para la inteligencia rusa, por lo que Kiev debería desviar parte de la escasa defensa antiaérea desde el frente y puntos clave de infraestructura para proteger a los asesores de la Otan.
Pero más allá de la elevación de las tensiones y la retórica, lo cierto es que “el nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Kiev no permitirá cambiar el rumbo del conflicto” (Le Monde 13/5). La publicación explica que Occidente espera ganar tiempo hasta que lleguen nuevos grandes suministros de ayuda militar a Kiev, previstos a partir de 2025, cuando el sector de defensa en Europa y Estados Unidos gane impulso. En este sentido deben considerarse las recientes declaraciones de que Ucrania lanzaría una contraofensiva de cara a 2025.
Rusia: aumento del gasto militar y amenazas nucleares
Ante esta escalada, el Ministerio de Exteriores de Rusia convocó a los embajadores de Inglaterra y Francia en Moscú. Tras la reprimenda diplomática respecto a que dichas acciones británicas y francesas configuran causus belli para Rusia, Putin ordenó la realización de ejercicios nucleares tácticos.
A dichos ejercicios se incorporará Bielorrusia, país donde Putin desplegó complejos de misiles Iskander con carga táctica nuclear. Asimismo, y esto habrá que verlo con el devenir de los días, se informa que Rusia está comenzando a redesplegrar tropas en la frontera sur de Bielorrusia.
Otra cuestión importante que hizo Rusia en los últimos días fue emitir un ultimátum sobre el envío de los cazas bombarderos F-16. En ese sentido, fueron claros en afirmar que, al tratarse de un avión fabricado para poder operar como un soporte para armas nucleares, el ejército ruso trataría su despliegue como tal.
Veremos qué ocurre. Por lo pronto, hay noticias sobre la inminente llegada de la primera tanda de F-16, aunque, claro está, lo cierto es que hace muchos meses que las fechas de entrega se van corriendo hacia adelante.
Asimismo, hay claros indicios de que Rusia proyecta ampliar considerablemente su producción militar de cara al intento de la Otan de aumentar la suya hacia 2025. En ese sentido, Putin anunció no solo el desplazamiento de Serguéi Shoigú del Ministerio de Defensa, sino también un aumento del presupuesto de defensa, desde el 6% al 8,9% del PBI.
Su reemplazante, Andréi Belousov, “aportará rigor económico al gasto de defensa ruso”, según Financial Times (12/5). “Belousov no sirvió ni un día en el ejército, pero ocupó diversos puestos como asesor económico” (ídem).
El nombramiento vino como parte de lo que pareciera ser una purga más general del Ministerio de Defensa. Hace dos semanas fue detenido el vice-ministro de defensa de Shoigú por un caso de corrupción. Recientemente, fue detenido el Jefe de la Dirección de investigación criminal del Ministerio de Defensa, también por un caso de corrupción.
Viaje a China
Tras asumir nuevamente la presidencia de Rusia y reorganizar el gabinete de ministros, Putin partió de visita oficial hacia China. Se trataba de una parada importante dada las intensas presiones de Estados Unidos y Europa hacia China para que corte lazos con Rusia.
La Otan pone el grito en el cielo porque, en cierta medida, China ha suplido las necesidades estratégicas de la industria rusa, del mismo modo (o mayor) de lo que previo a las sanciones la proveían Alemania y Estados Unidos. “Empresas chinas han proporcionado a Rusia semiconductores que son cruciales para fabricar diversos sistemas de armas. También han proporcionado equipos de navegación, repuestos para aviones y productos más genéricos como rodamientos de bolas, utilizados en piezas de artillería y otros equipos” (The Economist, 29/4).
The Economist señala que una complicación para aplicar sanciones a China es “que Ucrania también depende en parte de los fabricantes chinos para algunas piezas de maquinaria (aunque estos envíos son mucho menores que los que China suministra a Rusia). Cualquiera que diseñe y aplique sanciones occidentales debe considerar si imponer mayores restricciones a algunas empresas chinas también puede impedir las adquisiciones militares de Ucrania”.
China trata de mantener una retórica de equidistancia en la guerra, pero es plenamente consciente de que los planteos de ciertos sectores de la burguesía de Estados Unidos de frenar la guerra de Ucrania, por caso Trump y su promesa de terminar la guerra en 24hs, no son por un interés pacifista sino por la imposibilidad evidente de embarcarse en operaciones militares -directas o proxis- contra China, mientras sigue abierta la guerra contra Rusia.
Ante el gran recibimiento protocolar que China dio a Putin, el Departamento de Estado de Estados Unidos salió a declarar que, si China pretende seguir sus importantes relaciones comerciales con Europa, la UE no vería con buenos ojos que China apoyase a Rusia, “su principal amenaza de seguridad”.
China respondió a través de su cancillería que Estados Unidos deje “de echarle la culpa a China; no intentemos abrir una brecha entre China y Europa; y es hora de dejar de avivar la llama y empezar a hacer una contribución real para encontrar una solución política a la crisis de Ucrania”.
Guerra a la guerra
Como se ve, el progresivo deterioro de las posiciones del ejército ucraniano y la posibilidad de que los rusos rompan la línea del frente ponen sobre la mesa las tendencias cada vez más abiertas hacia una guerra mundial abierta entre la Otan y Rusia.
Abajo la guerra imperialista y los gobiernos que la promueven. Guerra a la guerra.
Facundo Miño
viernes, mayo 24, 2024
La crisis en el Reino Unido y las elecciones adelantadas
La debacle que el capitalismo británico arrastra desde la crisis de 2008, a la que la ruptura con la Unión Europea no logró poner punto final, opera como el trasfondo que se fagocitó, sucesivamente, a Cameron, Theresa May (2016-2019), Boris Johnson (2019-2022), la efímera Liz Truss y ahora a Sunak. Es cierto que, en el medio, Johnson consiguió un rutilante triunfo electoral en 2019, pero su efecto se esfumó pronto, ya que sufrió una dura derrota en las municipales de 2022, en medio de los escándalos por privilegios de los funcionarios durante la pandemia.
En vísperas del anticipo electoral dispuesto por Sunak, el Partido Conservador experimentó una estrepitosa caída en las elecciones municipales inglesas, en las que perdió centenares de las bancas que ponía en juego. Muchos creen que el adelanto de las parlamentarias responde a que, conforme pasan los meses, el resultado en las urnas podría ser aún peor.
Las encuestas vaticinan una victoria del Partido Laborista, que hoy tiene al frente a Keir Starmer, quien lo condujo más hacia la derecha, dejando pasar el ajuste de los tories y acompañando la política belicista en Ucrania. Aun así, con la genérica promesa de un “cambio”, probablemente canalice el malestar popular con los últimos gobiernos, bajo los cuales retrocedió el poder adquisitivo del salario (lo que desató una oleada de huelgas obreras en 2022 y 2023) y decayó fuertemente la calidad del servicio público de salud (las listas de espera se duplicaron). Según algunos medios, la economía no recuperó aún los niveles previos al Covid (El País, 16/5), el primer trimestre de este año arrojó un crecimiento anémico (0,6%), y la inflación se estaría desacelerando, pero aún supera el 2% mensual.
Para tratar de contrarrestar el impacto negativo de estos temas en la campaña, Sunak juega sus fichas a una propaganda de características xenófobas, poniendo el foco en la migración irregular, que en los últimos años creció en el Reino Unido, al calor de la crisis capitalista mundial. El primer ministro promete que el primer día de su nuevo mandato empezará a fletar vuelos a Ruanda con deportados.
Sunak adelanta las elecciones a pesar de que se había anotado un punto a favor el año pasado, cuando arribó a un acuerdo con la Unión Europa respecto al ríspido problema del protocolo para Irlanda del Norte. El logro de que las mercancías que van y vienen entre el Reino Unido e Irlanda del Norte quedaran exentas de controles aduaneros y sanitarios, a cambio de algunas concesiones por parte de Londres (reconocimiento del Tribunal de Justicia de la UE, monitoreo estricto de las mercancías que van al mercado común), destrabó, también, la formación de un gobierno en Belfast, que era bloqueado por el Partido Democrático Unionista (DUP, por sus iniciales en inglés).
Sin embargo, este paso tiene que ser matizado, debido a dos razones. En primer lugar, porque el tortuoso Brexit todavía arrastra sus dolores de cabeza: el sector de diputados conservadores euroescépticos vio con malos ojos que Sunak se echara atrás, en las últimas semanas, con su promesa de derogar cerca de cuatro mil leyes europeas que, como una rémora, aún rigen la economía británica en distintos aspectos. Llegados a este punto, el sector más recalcitrante de los promotores del Brexit ya tiene su balance del fracaso de la experiencia rupturista: Nigel Farage, viejo líder del ultraderechista Ukip, considera que faltó una desregulación aún más ambiciosa (“estamos regulando a nuestras empresas con más celo que si fuéramos miembros de la UE”, acaba de decir en un reportaje) y lo atribuye también a una mala gestión política. El Reform Party, una formación ultraderechista que le pisó los talones a los conservadores en cantidad de votos en las últimas municipales inglesas, es un desafío por derecha que tendrán que enfrentar en julio los tories.
En segundo lugar, en Irlanda del Norte se aquietaron temporalmente las aguas y volvió a funcionar el gobierno, pero asumió por primera vez en el máximo cargo una referente del Sinn Fein, la fuerza que había ganado las elecciones autonómicas de 2022. Se trata de Michelle O’Neill. Algunos dirigentes de este partido prometen conseguir algún tipo de consulta sobre la reunificación de Irlanda en la próxima década –una potestad que está en manos del palacio de Westminter. Las encuestas afirman que en Irlanda del Norte aún predomina el rechazo a una ruptura con Londres, pero que en el sur el 66% está a favor de la reunificación (ídem, 3/2). El de O’Neill es un gobierno moderado, y de hecho, como fruto de los acuerdos de Viernes Santo, es un cogobierno con los unionistas del DUP, pero no quita el hecho de que hay un cambio de humor en la isla.
La otra cuestión de gran importancia es la situación de Escocia. Aquí, a diferencia de Irlanda, los planteos independentistas vienen en retroceso. En 2021, el Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon arañó casi la mayoría absoluta en las elecciones regionales, y formó gobierno con el Partido Verde. Para darse una idea del fulgurante ascenso del SNP en una zona que tradicionalmente fue un bastión laborista, basta decir que en 2010 el Labour obtuvo 49 de las 59 bancas en juego, y en 2019 solo una. Sin embargo, Sturgeon no pudo cumplir su promesa de anudar un acuerdo con Londres para un segundo referéndum de independencia (el primero se produjo en 2014, con una derrota ajustada del independentismo), lo que condujo a su salida del poder en 2023, a lo que inmediatamente se sumó una crisis por denuncias de malversación de fondos dentro del partido. El relevo de Sturgeon (Humza Yousaf), a su vez, cayó en tiempo récord, ya que rompió la alianza con los verdes y estos, como revancha, se aliaron a conservadores y laboristas con la amenaza de una moción de censura, precipitando su renuncia. El ahora jefe de gobierno, John Swinney, coquetea con la independencia, pero en su primer discurso sostuvo que priorizaría en su agenda la cuestión económica. Se sospecha que, a la luz de la crisis del SNP, el laborismo podría recuperar posiciones en la región.
En este escenario desigual, el Reino Unido irá de nuevo a las urnas, en una campaña que aparece cruzada, además, por las gigantescas movilizaciones en apoyo al pueblo palestino y en rechazo a la complicidad del gobierno británico con el genocidio en Gaza.
Gustavo Montenegro
Pluspetrol: los lobbistas del Rigi son evasores y fugadores
La empresa argentina Pluspetrol opera más de cien pozos de fracking en Vaca Muerta y es el quinto productor de petróleo del país. Edith Rodriguez, su dueña, es la mujer más rica de Argentina. La compañía es ejemplo de fuga de capitales al exterior y evasión de impuestos. Mientras, junto al resto de las petroleras, hace lobby en favor de la Ley Bases y el Rigi afirmando que sin beneficios impositivos y cambiarios no vendrán inversiones y gira sus ganancias a cuentas offshore usando dos filiales en España que no tienen empleados ni facturación pero han visto crecer significativamente el valor de sus activos.
Esta compañía tiene su casa matriz en Holanda, presencia en tres continentes y un plantel de aproximadamente 2.000 empleados. Su página web dice que opera en siete países, pero entre ellos no está España. Petro Andina Resources Spain L y Petro Andina Spain SL, que poseen su sede en Madrid, funcionan como verdaderos refugios en los que Pluspetrol deposita las ganancias que obtiene explotando el trabajo asalariado y saqueando recursos naturales en otros países.
Los activos de esas dos empresas se multiplicaron por más de seis en los últimos años, alcanzando los 41,3 millones de euros. Asimismo, pertenecen a la matriz holandesa del grupo, que tiene como mayores accionistas a dos sociedades de Luxemburgo constituidas a finales de 2020 y controladas desde el paraíso fiscal de Islas Cook. Allí no se aplica impuesto sobre la renta ni sobre las plusvalías ni sobre el patrimonio ni tampoco otros tributos.
“Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de abril de 2022 describía un entramado con ‘varios niveles de sociedades en destinos de baja tributación o con secretos bancarios que se constituyen como cáscaras vacías cuya finalidad es ser propietarios de otras sociedades’. Se observa en el Grupo de la familia Rodriguez-Rey la intención de ocultar a los verdaderos accionistas y de generar capas de intermediación para alejar la responsabilidad de estos” (ElDiarioAr, 24/5).
Pluspetrol es en Argentina lobista del Rigi, el régimen de saqueo del país por parte del gran capital y de la burguesía imperialista que impulsa el gobierno nacional y cuya aprobación en el Congreso busca hacer pasar. De implementarse, las inversiones de más de 200 millones de dólares tendrán importantes beneficios cambiarios e impositivos.
En abril, Adrián Vila, CEO de Pluspetrol, advertía que las nuevas inversiones de la compañía están condicionadas a la situación macroeconómica del país. A su vez, reivindicó la política del gobierno de Milei en el terreno petrolero: liberación de los cupos para exportar, internacionalización de los precios del mercado interno de combustibles, desregulación y permisos para fugar divisas. Sus ejecutivos vienen de tener una reunión con Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, quien también viene de pronunciarse en favor de la sanción de la Ley Bases; una norma que hasta reduce la capacidad de control sobre las petroleras para, por ejemplos, cobrarles regalías.
Pluspetrol es el quinto productor de petróleo en Argentina y el sexto de gas. A fines de 2023 operaba en 163 de los 1.331 pozos de fracking operativos en Vaca Muerta. Ahora se ha introducido en el rentable mundo del litio: compró en enero de 2019 la empresa canadiense LSC Lithium Corporation, que tiene proyectos en Argentina, Bolivia y Chile (el famoso triángulo de litio).
Como se ve, todo esto muestra la impostura del discurso divulgado tanto por la empresa de energía como por toda la clase capitalista, que condicionan sus inversiones a mayores prebendas económicas e impositivas. Ya han venido desarrollando toda una política de saqueo (fuga de capitales, evasión de impuestos, etc.), avalada e impulsada por los gobiernos capitalistas de las últimas décadas, y los resultados están a la vista: Argentina es un país quebrado, con una industria atrasada y una economía primarizada, y con una clase obrera empobrecida. Si se avanza en la agenda de los Pluspetrol y compañía, el país asistirá a un derrumbe mayor.
Además de confiscar riquezas y evadir impuestos, Pluspetrol tiene denuncias por provocar derrames en Perú, política promovida en los noventa por el expresidente Alberto Fujimori, y por violaciones a los derechos de las poblaciones de la Amazonia. Años más tarde, Pluspetrol devolvería esos favores financiando la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011, la hija del dictador corrupto.
Para terminar con el saqueo de la clase capitalista, los trabajadores debemos tomar las riendas del país.
Prensa Obrera
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