jueves, mayo 16, 2024

Los comedores populares, centros de lucha contra el avance del hambre y los narcos


El gobierno de Milei quiere destruir las organizaciones sociales para hacer pasar el plan motosierra. 

 El gobierno de Milei lanzó una campaña artera y sucia contra las organizaciones sociales, particularmente contra el Polo Obrero, con la mira puesta en destruirlas y estar en mejores condiciones de imponer su plan motosierra en beneficio de la burguesía y el capital financiero internacional. 
 Los capitalistas y su gobierno, a través de los medios de comunicación patronales y los espacios de propaganda gubernamental, están tratando de instalar en el imaginario popular la idea de que las organizaciones sociales son bandas criminales, cuyos líderes dirigen masas acríticas que con una actitud pasiva llevan adelante una orientación política que se les impone a través de métodos coercitivos. 
 Lo cierto, sin embargo, es que las organizaciones sociales y piqueteras, cuyo periodo de ascenso tuvo lugar en la década del ’90 bajo Menem y cuyas filas se fueron nutriendo de trabajadores despedidos o que no consiguen trabajo por la incapacidad del modo de producción capitalista de introducir en el mercado laboral a todos los desocupados, se han convertido en verdaderos centros de organización y de lucha contra los planes antiobreros de la clase burguesa y sus distintos gobiernos. Cumplen un rol positivo desde el punto de vista de los intereses generales de la clase trabajadora. 
 El Polo Obrero, por ejemplo, no solo está a cargo de comedores a los que asisten cada vez más trabajadores y niños frente al crecimiento de la miseria. Comedores que son atacados por el gobierno de Milei, que ha recortado el envío de alimentos, y se sostienen con el aporte solidario de productos que hacen comerciantes y vecinos. También se transformó en un factor de lucha contra la cooptación de jóvenes por parte de las bandas narco, que tarde o temprano se verán beneficiadas por el blanqueo de capitales que impulsa el elenco libertario. En Rosario, ha impulsado piquetes y planes de lucha denunciando el avance narco y al poder político que está vinculado a ese negocio. En La Matanza ha llevado adelante iniciativas de características similares. 
 Asimismo, organiza luchas contra el Estado (municipios, provincias, Nación) por la urbanización de los barrios, la instalación de cloacas, el otorgamiento de viviendas para los trabajadores, contra la inseguridad, por el aumento de presupuesto para las escuelas y las salitas hospitalarias, por aumentos de salario, contra los femicidios, y por diversas reivindicaciones que tienen que ver con las condiciones de vida y las penurias del pueblo trabajador. Además, ha puesto en pie talleres de alfabetización y escolarización para que niños y jóvenes puedan salir adelante y para incentivar a que otros terminen sus estudios. Ha puesto en pie talleres de oficio para que trabajadores tengan más herramientas para salir a buscar empleo. No se trata, como se ve, de una actividad que se restringe a la lucha por la entrega de planes sociales, que son más bien la manifestación de que la burguesía no crea puestos de trabajo y también de una política de socialización de la miseria (en tanto se financian con dinero de los trabajadores). Ante la inexistencia de trabajo genuino, se le reclama al Estado que otorgue un ingreso a los desocupados para que puedan reproducir, con todos los límites que esto acarrea, sus condiciones de existencia. 
 Cuando el Polo Obrero y las organizaciones sociales salen a las calles para protestar contra el intento de los gobiernos de liquidar los planes sociales y por su universalización e incremento también están peleando en defensa del salario de todos los trabajadores. Esto, porque el plan social funciona como un piso salarial. Si algún patrón quisiera pagar un salario cuyo monto sea inferior al del plan social ninguna persona estaría dispuesta a aceptar ese trabajo. Es decir, se le pone un límite a la explotación capitalista. En cambio, si la burguesía lograra eliminar los planes sociales o reducir considerablemente su monto se generarían las condiciones propicias para que el capital pueda ir hacia una desvalorización brutal del precio de la fuerza de trabajo. 
 Las organizaciones piqueteras son, por otro lado, un factor de apoyo a la lucha de los trabajadores ocupados. Allí donde hay protestas obreras contra despidos o atropellos patronales de algún tipo muy probablemente haya delegaciones piqueteras bancando esa pelea para que triunfe. El sindicato del neumático (Sutna), que se hizo conocido fundamentalmente por conquistar la mejor paritaria del movimiento obrero en 2022, agradeció en innumerables oportunidades al Polo Obrero y al resto de las organizaciones por brindar apoyos a su pelea por aumentos de salario.
 El movimiento piquetero batalla contra la política de atomización de la clase obrera que la burguesía promueve mediante el desempleo. Cabe destacar que el Polo Obrero se ganó un prestigio entre los sectores más explotados y oprimidos por esforzarse denodadamente en ponerse a la cabeza de la lucha por mejorar las condiciones de vida en los barrios y por no someterse a ningún gobierno. En eso estriba la independencia política. Asimismo, se abrió paso en la escena política y fue sumando activistas y trabajadores a su causa desarrollando una lucha política directa contra los punteros y sus organizaciones, que responden a los partidos del régimen (PJ, PRO, UCR). Los mismos punteros que fiscalizaron para La Libertad Avanza en los comicios de 2023. Los métodos que utiliza el Polo Obrero para organizarse son los de la democracia obrera: se debate qué hacer en asambleas y se eligen delegados que se renuevan con el tiempo y son pasibles de ser revocados. Nadie es obligado a hacer nada. Es todo lo contrario a la organización burguesa que prima en el gobierno u otros sectores, donde una minoría decide todo despóticamente. 
 El gobierno de Milei está integrado por ladrones, defensores de la dictadura, fascistas, personas vinculadas al negocio narco y todo tipo de elementos con intereses hostiles a los de la clase obrera. “Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia”, dijo un Milei en modo campaña electoral hace unos años. Ocultó que las mafias en el mundo han crecido bajo el amparo de los estados y que el propio Estado es una organización mafiosa y conspirativa cuyo propósito histórico es sostener la explotación y opresión de una clase sobre otra. Ahora, él es el timonel del Estado argentino y gobierna con métodos gansteriles: hace allanamientos por la noche, amenaza a los trabajadores diciéndoles que si protestan su salario se verá reducido, le roba la comida a los pobres y los ingresos a los trabajadores y jubilados, etc. 
 Viva el movimiento piquetero, que organiza a los desorganizados y es uno de los mejores frutos que dio la clase obrera argentina. Lo defendemos a muerte porque impulsa la lucha contra el avance del hambre, que es el producto de la imposición de la política de la clase capitalista. Reforcemos la pelea contra el gobierno libertario, con la mira puesta en derrotarlo. 

 Nazareno Suozzi

El único “ladrón de pobres” es el gobierno de Milei


Recorta la asistencia social mientras agrava la pobreza. 

 Como es de público conocimiento, el gobierno se encuentra desarrollando una campaña infame contra el movimiento piquetero, allanando comedores populares de manera ilegal. Busca quebrar la organización en los barrios pobres del país y mancillar la imagen de quienes están al frente de la misma. En definitiva, agrava con sus políticas los índices de pobreza y decide perseguir a aquellos que la combaten por medio de la lucha. 
 Milei asumió con un plan de miseria planificada y, para llevarlo adelante, necesita lanzar diatribas contra el movimiento de desocupados, a los fines de golpear a la fracción más combativa de la clase trabajadora. Tal es así, que, según un informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, en abril de este año la pobreza alcanzó al 48,9% de la población, casi la mitad de los habitantes del suelo local. El gobierno desató deliberadamente una estampida inflacionaria tras la megadevaluación de diciembre dando como resultado que 29,4 millones de personas sean pobres hoy en Argentina. 
 Al sumarse nuevos contingentes de trabajadores a las filas de la pobreza, la asistencia social se vuelve más necesaria que nunca. Sin embargo, el gobierno decidió recortarla, dejando completamente desamparados a los sectores más vulnerables. Según un informe de Cepa, en base a datos oficiales, en abril la ejecución presupuestaria en comedores y merenderos cayó 45,1% interanual en términos reales. El desplome fue del 17,6% en las partidas destinadas a políticas alimentarias y del 61,9% en el presupuesto devengado para el ex Potenciar Trabajo. A su vez, la Asignación Universal por Hijo llegará recién en junio a los $74.354, una cifra que solo alcanza a cubrir un quinto de la canasta básica alimentaria de abril. Como vemos, si hay alguien que le roba a los pobres es el propio oficialismo, reduciendo hasta la más elemental ayuda económica para poder sobrevivir, mientras los grandes grupos capitalistas se llenan los bolsillos. 
 El gobierno, para encubrir que está provocando una catástrofe social de enorme envergadura y pos de evitar que el pueblo se revele a causa de ella, demoniza a las organizaciones que más decididamente han salido a enfrentar estas políticas. Aquellas que el 20 de diciembre plantaron bandera en la Plaza de Mayo e inauguraron un período de lucha en los albores de la gestión mileista. Las mismas que continúan en la calle peleando de manera infatigable por alimento para los comedores barriales y trabajo genuino. 
 Debería darle vergüenza a esta gente que nos gobierna presentar como criminales a las personas que sostienen a pulmón los comedores comunitarios, en su mayoría mujeres, que, frente a que el Pettovello y compañía se niegan a entregarles alimento, hacen lo imposible para recolectar donaciones y poder llenar la olla. En ese acto de solidaridad se juega el plato de comida diario de muchísimas familias. Aún así, deben tolerar el ataque de funcionarios y periodistas ladinos, que hablan desde un lugar de privilegio, con millones en sus cuentas bancarias y con la panza muy llena. 
 Sin embargo, ninguna campaña de desprestigio ni persecución política orquestada desde el poder político va a lograr aplastar la organización del movimiento piquetero. Por el contrario, en la medida que el gobierno siga defraudando las expectativas de su electorado, nuevos sectores se sumarán a la lucha por derrotarlo. La olla, la asamblea y el piquete pueden más que un puñado de derechistas que circunstancialmente ocupan cargos en la Casa Rosada. 

 Sofía Hart

Tarifazos en CABA


El gobierno porteño solicitó a la Legislatura que apruebe la eliminación del tope máximo de aumento de la tarifa de ABL permitido por la legislación vigente, que actualmente está fijado en un 100% anual. En el caso de ser aprobada, la administración de Jorge Macri estaría habilitada para repetir los incrementos del impuesto en el segundo semestre. 
 Desde 2018 y hasta la actualidad, el criterio para el cobro de la cuota mensual a los contribuyentes está sujeta a las variaciones que emanen del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, se ajusta por inflación. No obstante, se fijó un límite del 100% respecto del año anterior y su ejecución no es inmediata, sino que el coeficiente que marca la fluctuación de los precios recién se registra en las boletas emitidas cinco meses después. Según este modelo, en mayo, los vecinos tuvieron un aumento del 21,1%, que tuvo que ver con la variación registrada en diciembre. Y para septiembre próximo, el ajuste será de un dígito, en línea con la inflación de abril. 
 A partir de las estimaciones oficiales, y considerando los índices inflacionarios de los primeros meses de 2024, en junio la actualización acumulada del ABL llegará al techo del 100% previsto por ley, por lo cual, la cuota “quedaría planchada” en un mismo valor durante el segundo semestre. Macri ha solicitado el avall para este tarifazo. El proyecto llegará al recinto en la segunda sesión ordinaria del año, convocada para hoy, junto a otro tarifazo, en este caso, el de los valores de las entradas y de las actividades que se realizan en los parques públicos porteños, estimado en un 50%. 
 Subirán, aparte, los aranceles para utilizar las piletas climatizadas de marzo a diciembre en los polideportivos Chacabuco, Patricios, Santojanni, Martín Fierro y Pomar; y de las piletas a cielo abierto de enero a febrero en los complejos Pereyra, Dorrego, Avellaneda, Costa Rica y Colegiales. Por último, “actualizarán” los valores de algunos conceptos puntuales vinculados con los servicios de cementerios relativos a la cremación directa de ataúdes y la entrada de los turistas internacionales. 
 Esto se da en el contexto de los tarifazos que el gobierno nacional autorizó para la luz, el gas y el agua (en el caso del gas, las subas para este concepto se ubican hasta el 1.000 % y en el caso de la luz, un usuario residencial que pasa los 600 KW pagará solo de cargo fijo 30.000 pesos), al mismo tiempo en que se verifica una continua desvalorización de salarios e ingresos. 
 En este sentido, Jorge Macri decide duplicar el perjuicio del violento ataque que Milei genera sobre las condiciones de vida de los trabajadores, impactando en las familias porteñas y dejando expuesta una crisis de vivienda creciente que se manifiesta en la carencia de vivienda para la mayoría de la población de un lado y en la abundancia de viviendas ociosas, por el otro. Este es el contexto del crecimiento de la indigencia y la expulsión de quienes viven en la calle por parte del gobierno porteño y su política del terror contra los pobres, la expulsión del trabajador de la Ciudad es una orientación política de confiscación de la clase obrera en favor del parasitismo capitalista.

 Sergio Escalas 
 16/05/2024

El Comando Sur de EEUU veta el desarrollo nuclear argentino con financiamiento chino


La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informó la falta de presupuesto para continuar con las obras de los reactores nucleares Carem y RA-10 y de la central nuclear Atucha III.
 En 2022 se había firmado el contrato con China para construir la cuarta central nuclear del país, Atucha III, que abastecería al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con una potencia eléctrica bruta de 1.200 Mwe. El Carem (Central Argentina de Elementos Modulares), comenzado en 2014, es el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integralmente en Argentina y es el proyecto de su tipo más avanzado del mundo. Se podría instalar en lugares alejados para abastecerlos de energía.
 Por último, el RA-10 es el reactor multipropósito que se desarrollaba en el Centro Atómico de Ezeiza, que permitiría cuadruplicar la producción de radioisótopos de uso médico para estudios. Puede producir silicio dopado por transmutación neutrónica, un producto de alta demanda global para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y ofrecer innumerables servicios para la ciencia y tecnología como la producción, testeado y estudio de materiales. 

 Motosierra y licuadora 

La presidenta de CNEA, Adriana Serquis, ya presentó su renuncia dos veces para no ser responsable del desguace, sin obtener respuesta, y explicó cuál es la situación de las obras de los reactores: “En la actualidad, no se encuentran detenidas, ya que no hubo ninguna orden y pararlas es demasiado difícil de un día para otro. Sin embargo, hay deudas gigantes que se acumulan porque prácticamente no estamos recibiendo ningún pago. Dependemos de la Secretaría de Energía y tenemos una previsión presupuestaria que no se está cumpliendo por parte del Estado. Por lo tanto, no podemos prever lo que va a ocurrir y estamos en la peor de las situaciones(...) Hasta ahora ni siquiera responden al pedido de reuniones”.
 El Carem se financia a partir de un fideicomiso que según un decreto de comienzos de marzo requiere de una autorización del Ministerio de Economía, previa auditoría de la gestión de fondos. Al momento, según Serquis, el banco que funciona como intermediario no autoriza los pagos. Como la obra no se detuvo, la deuda con los contratistas se sigue incrementando y en el presente asciende a 7 mil millones de pesos.
 El gobierno está despidiendo a los trabajadores de a tandas y la UOCRA tomó algunas medidas de fuerza que hicieron intervenir al Ministerio de Trabajo bonaerense para dictar la conciliación obligatoria. 

 Costos y ganancias 

El RA-10 está terminado en más de un 80% pero al Carem le falta. Este ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría cerca de 200 millones más para concluir. Un proyecto similar en Estados Unidos cuesta 1.400 millones de dólares. La venta de un reactor así puede significar un ingreso de 4 mil millones de dólares. El RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.
 Es evidente que el cierre de los proyectos no los domina una lógica capitalista de generar divisas, sino el alineamiento ´geopolítico´ con el imperialismo. 
 En principio, la CNEA sufrió el mismo congelamiento presupuestario que las demás reparticiones estatales y que con la inflación galopante es un ahogamiento mortal. Pero a partir de la visita de Laura Richardson, quien expresó su preocupación por el financiamiento chino en Atucha III, el desfinanciamiento se acentuó. 

 La injerencia yanki

 Y es que la preocupación de Estados Unidos por el desarrollo nuclear argentino es histórica. Durante todos los gobiernos, por lo menos desde la dictadura, mantuvieron inspecciones unilaterales a las plantas en obra sin que mediara ningún acuerdo bilateral. 
 Actualmente Carem les preocupa porque aunque no esté vinculada con los chinos compite, con más desarrollo y menor costo, con los proyectos similares desarrollados por Westinghouse y General Electric. 
 Durante el gobierno de Alfonsin, Estados Unidos obligó a desechar el proyecto Cóndor que consistía en un misil nuclear, y la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu se salvó porque los responsables de la obra de la planta lograron engañar y esquivar sucesivas inspecciones norteamericanas.
 En el menemismo quedó suspendida la obra en Atucha II, como producto de las relaciones carnales, y se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), según el cual se permite el desarrollo sin fines bélicos pero "a puertas abiertas" sin posibilidad de mantener el secreto científico y comercial. Razón por la cual, dos de los proyectos norteamericanos, son posteriores e idénticos al Carem. Durante el macrismo esta obra se interrumpió con la excusa de falta de fondos.
 En el gobierno de Alberto Fernández, a través del entonces secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la embajada de Estados Unidos intentó frenar las obras y consiguió tandas de despidos para ralentizar la construcción. Eso fue después de las inspecciones unilaterales, sin acompañamiento, que funcionarios norteamericanos realizaron por las instalaciones nucleares argentinas hace un año, teniendo como anfitrión al propio embajador Stanley. 

 ´China atómica´ 

El verdadero temor es a los planes nucleares chinos, que revisten gran escala. China, que cuenta con 51 reactores en operación, y 18 en construcción, planea construir al menos 168 nuevos reactores en los próximos 15 años, más de los que el resto del mundo ha construido en los últimos 35. Si cumple su meta, el país superará a Estados Unidos como mayor generador de energía nuclear del mundo, que actualmente cuenta con 93 reactores. 
 Además, China afirma haber desarrollado un sistema que permite reutilizar los residuos radiactivos de las centrales nucleares como nuevo combustible apto para esas mismas plantas, evitando la generación de residuos radiactivos. 
 Y como vimos en Argentina, el proyecto nuclear chino no se reduce a su propio territorio, también espera exportar en función de un "camino de la seda Atómico". En 2019, el ex presidente de China National Nuclear dijo que China podría construir 30 reactores en el extranjero, que podrían hacer ganar a las empresas chinas 145.000 millones de dólares para 2030. 
 El gobierno que viaja a Estados Unidos rogando por dólares y que está dejando un tendal de deudas, renuncia a cierto financiamiento chino y a proyectos proveedores de divisas es pos de realizar nuevos gestos de pleitesía, totalmente gratuitos. 
 Milei no se cansa de incumplir contratos, la base jurídica y formal del capitalismo por el que tanto se rasga las vestiduras. 

 Luciana Diaz 
 14/05/2024

CON FILO | Todas las causas justas

Alejandro Horowicz - Presenta: Lenin y Trotsky Los dragones de Marx

Entrevista al presidente cubano Miguel Díaz-Canel

Rafah: 450 mil palestinos huyen de los nuevos bombardeos sionistas


El carnicero de Tel Aviv cumplió su promesa: por lo menos 450.000 palestinos tuvieron que huir a las rutas desde la ciudad de Rafah, en el límite con Egipto y el extremo sur de la Franja de Gaza. Los bombardeos israelíes han dejado más de 80 muertos en las últimas 24 horas, lo que lleva la cifra de muertos a 35.173 personas y unos 80.000 heridos.
 Los tanques sionistas han traspasado el umbral de la carretera de Salah al Din, que parte la ciudad en la mitad oriental y occidental, y hay enfrentamientos con las milicias palestinas en la zona urbanizada. 
 La ciudad es objeto de intensos bombardeos aéreos y de artillería, que tienen como objetivo casas y barrios residenciales. Mientras tanto, los tanques israelíes avanzan en dirección oeste hacia el centro de la ciudad, entrando en los barrios de Geneina, Salam y Brazil. 
 Los datos son de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que dijo que "las calles están vacías en Rafah y las familias huyen en busca de seguridad. La gente se enfrenta al agotamiento, hambre y miedo constantes". El lunes a la noche, una turba de adolescentes trató por segunda vez de incendiar la sede de la UNRWA en Jerusalén. 
 Los combates se han intensificado en otros lugares de la Franja de Gaza en los últimos días, incluido el norte, y el ejército israelí regresa a zonas donde había afirmado haber desmantelado a Hamás meses atrás. Los tiroteos han continuado en Jabalia, en el norte de Gaza, un extenso campo de refugiados construido para palestinos desplazados hace 75 años. Muchas personas están atrapadas en sus casas (EP 15/5). 
 Sin embargo, miles de palestino corearon: "Gaza no se arrodillará frente a tanques y armas" mientras celebraban una marcha anual en conmemoración de los 76 años de la Nakba, en 1948, cuando casi 800.000 palestinos fueron expulsados de su tierra por los sionistas (LN 15/5).
 Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha pedido al jefe de Gobierno, Benjamin Netanyahu, que fuerce a los palestinos a una "migración voluntaria" (sic) para que abandonen totalmente la Franja de Gaza. 
 Ben Gvir ha participado este martes en una manifestación en la ciudad de Sderot, convocada para reclamar a Netanyahu la ocupación del enclave palestino “una vez que finalice la guerra”. 
 En esa misma movilización, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, defendió el establecimiento de los asentamientos como una manera de "hacer pagar a los nazis de Hamás" y de defender la "nación" israelí.
 Las tensiones dentro del gobierno de Israel están expuestas; este miércoles, en respuesta a la declaración del ministro de Defensa Yoav Gallant de que el ejército “no permitiría” un gobierno ni civil ni militar israelí de Gaza después de la guerra, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que “no está dispuesto a sustituir Hamastán por Fatahstán”. Se refería a Al Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. 
 “Tras la terrible masacre del 7 de octubre, ordené la destrucción de Hamás”, declara Netanyahu en un vídeo de respuesta al discurso televisado de Gallant. “Mientras Hamás siga intacta, ningún otro partido intervendrá para gestionar los asuntos civiles en Gaza, y desde luego no la Autoridad Palestina. El 80 % de los palestinos de Judea y Samaria apoyan la terrible masacre del 7 de octubre", dijo Netanyahu refiriéndose a Cisjordania. Desde el 7 de octubre la expulsión de palestinos y la ocupación de los colonos de la Cisjordania se intensificó, con más de 450 muertos palestinos por el ejército o por las bandas de colonos. 
 Estados Unidos es socio activo de esta masacre, más allá de los contrapuntos verbales. Biden ha comunicado al Congreso su intención de seguir adelante con un plan para la venta de más de 1.000 millones de dólares en nuevas armas a Israel, según ha revelado el martes The Wall Street Journal (14/5). 

 Olga Cristóbal
 15/05/2024

Ucrania: el desbande de los frentes de la OTAN amenaza provocar una ampliación de la guerra


La guerra en Ucrania ha pegado en los últimos días un giro en el terreno. Los avances acotados en el frente oriental y en las costas del Mar Negro, han sido acompañados por una ofensiva fulminante en el noroeste del país, que pone a Kharkov ante la posibilidad de ser ocupada por el ejército de Rusia. Kharkov es la segunda ciudad más importante de Ucrania y se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Rusia. Para algunos comentaristas la defensa ucraniana ha colapsado. La toma de Kharkov se convertiría en el mayor episodio de toda la guerra. A diferencia de una tentativa similar en 2002, Rusia no se ha lanzado en bloque hacia la ciudad, sino en numerosas unidades separadas. De aquí la interpretación de que el propósito de Putin no sería ocuparla sino crear una zona tapón en su frontera, donde se encuentra Belgorod, reiteradamente atacada por Ucrania. El interés de Rusia no sería Kharkov misma, sino forzar al ejército ucraniano a venir en su defensa, en desmedro de la línea del frente oriental. Para algunos analistas, la toma de Kharkov sería considerada una violación de las “líneas rojas” trazadas por la OTAN, que Putin ha tenido en cuenta a lo largo de la guerra. Lo mismo ha ocurrido con la OTAN, que administró la entrega de recursos militares a Zelensky para mantener una guerra localizada y de desgaste. 
 Objetivamente, sin embargo, el ejército ucraniano se está desmoronando, en especial debido a la resistencia de la población en condiciones de ir a la guerra a rotar con las tropas que se encuentran en el terreno. En Rusia ocurre lo mismo, aunque la capacidad de reclutamiento es considerablemente mayor; de hecho, están excluidas las levas en las ciudades políticamente importantes. Adicionalmente, Ucrania sufre un desabastecimiento de municiones para artillería, debido a que la OTAN no desarrolló la industria militar para este tipo de guerras. En estas condiciones, la ofensiva sobre Kharkov y aledaños –que permitió un avance de 300 kilómetros al ejército ruso, algo inusual en esta guerra– podría hacer caer “las líneas rojas” en otras regiones. Odesa, una ciudad puerto sobre el Mar Negro, podría correr el destino de Kharkov. 
 En este escenario, Putin ha relevado al ministro de Defensa, el general Sergei Shoigu, y puesto en su lugar a un economista, Andrei Beloúsov. El objetivo es matar dos pájaros de un tiro: Shoigu es considerado el taparrabos de una enorme operación en cuanto a suministros militares, en tanto Beloúsov tiene el encargo de desarrollar la industria militar de base, integrando la economía a la guerra. La camarilla del general desplazado motivó el año pasado el levantamiento de Serguei Prigozhin, que movilizó tropas que combatían en Ucrania hacia Moscú sin enfrentar resistencia. El régimen de Putin está plagado de disputas de camarillas. A Beloúsov se le exige “innovación” y “competitividad” –un reconocimiento de su atraso tecnológico y una integración de la industria privada a la guerra. El gasto de Defensa se ha duplicado, con motivo de la guerra del 3.5 al 8 por ciento del Producto Bruto. Este replanteo es interpretado como la preparación de Rusia para una guerra prolongada, en el entendimiento de que la OTAN lanzará una contraofensiva de apoyo militar a Ucrania, luego de que los parlamentos de EE.UU. y la UE votaran gigantescas ‘ayudas’ militares y económicas. El Ministerio de Finanzas de Rusia y la presidenta del Banco Central han reaccionado contra la designación de Beloúsov, por temor a que el gasto de guerra desate un proceso inflacionario y la obligación de subir la tasa de interés. Rusia necesita modernizar su base militar, para restringir la dependencia de China. Cada vez más, la guerra de la OTAN y Rusia, por encima de los objetivos geopolíticos, asume el carácter de una lucha de clases contra el imperialismo mundial, de un lado, y contra la oligarquía restauracionista de Rusia, del otro. 
 El desmoronamiento del ejército ucraniano es la razón principal que invoca Emmanuel Macron, el presidente de Francia, para reclamar que la OTAN se involucre con tropas propias en la guerra. Sería en caso del cruce de una ‘línea roja’ por parte de Putin. Una guerra con líneas rojas es, obviamente, una incongruencia, o sea el pretexto para ampliar la guerra. De lo que se trata exactamente es de instalar tropas en Kiev, la capital de Ucrania, y en el oeste del país, para evitar la debacle del gobierno de Zelensky. En una entrevista reciente, Macron abogó por la instalación de bases nucleares en los países europeos fronterizos con Rusia. En un despliegue de propuestas, invitó a China a un acuerdo con la Unión Europea, en oposición a la guerra comercial y financiera de Estados Unidos contra Pekín, con la condición de que Xi Jing Pin abandone la alianza con Putin. Macron convoca a aumentar los presupuestos de guerra y desarrollar la industria militar. Se trata de una preparación sistemática de la guerra, con matices propios, junto a Alemania y Polonia y la mayor parte de la UE. En caso de un acuerdo de reparto de Ucrania, varias veces discutido durante esta guerra, pone la condición de que se incorpore a la Unión Europea y la OTAN. Más allá, sin embargo, de las genuflexiones verbales de Macron, la OTAN se prepara para un cruce de “líneas rojas” por parte de Putin, mediante el envío de misiles de largo alcance –Himar norteamericano, Taurus alemán– para atacar territorio de Rusia, bajo su estricta supervisión. Al mismo tiempo, refuerza los ejercicios militares interfuerzas –combinado– cuyas hipótesis de guerra es la invasión de Rusia. 
 Muchísimo de toda la alharaca de Macron tiene que ver con que en junio tendrán lugar las elecciones europeas. En noviembre se vota en Estados Unidos. Ningún gobierno podría afrontarlas enviando tropas a Kiev. La rebelión de los ‘campuses’ universitarios en Europa, Norteamérica y Asia anuncian la reacción popular que provocaría ese involucramiento. La quiebra de los propósitos geopolíticos de los Estados capitalistas en guerra, pasa por el desarrollo de la lucha de clases internacional.

 Jorge Altamira
 14/05/2024

miércoles, mayo 15, 2024

Medicamentos de venta libre: un nuevo beneficio al capital


El 14 de mayo el ANMAT publicó una nueva disposición en el Boletín Oficial (4171/2024), que cambia las condiciones de venta bajo receta a venta libre de todas las especialidades medicinales que contengan presentaciones para adultos, con omeprazol de 10 a 20 mg, esomeprazol 20 mg, lansoprazol 15 mg y pantoprazol 20 mg. 
 Si bien algunas marcas ya existían como venta libre y convivían con las marcas bajo prescripción médica, ahora se eliminan todas las presentaciones para adultos con esas dosis que hasta la actualidad tenían cobertura de obras sociales y prepagas. Por un lado, es un gran ahorro de dinero para las prepagas y obras sociales por dejar de cubrir esos medicamentos, que ahora deberán afrontar sin descuentos los mismos pacientes. Esto, además, se acompaña de un beneficio para los grandes laboratorios que pueden así ampliar sus bocas de expendio por fuera de las farmacias, gracias al DNU70/23, todavía vigente, el cual permite la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, almacenes, kioskos, etc., sin ningún tipo de asesoramiento profesional ni control de su procedencia que garantice la calidad del producto. Aparte, la condición de venta libre (también conocida como medicamentos OTC, “over-the-counter”) habilita la publicidad dirigida al público en general a través de medios de comunicación, prohibida para los de venta bajo receta. 
 La familia de los “prazoles” -conocidos como IBP, inhibidores de la bomba de protones-, usados bajo supervisión médica y durante el tiempo correcto en ciertas patologías, suelen ser bastante seguros. En cambio, sin control médico, por mayor tiempo que el adecuado, presentan riesgos: interacciones con determinados fármacos que un paciente sin asesoramiento profesional ignora y el vendedor del almacén, supermercado, o kiosko tampoco podrá advertirlo. 
 El uso prolongado de IBP puede provocar hipomagnesemia (disminución de la absorción de magnesio, lo que puede manifestarse, por ejemplo, en calambres y contracturas). Puede provocar disminución de la absorción de calcio y aumento del riesgo de fracturas óseas. También se ha observado disminución de la absorción de vitamina B12 y de hierro, lo que puede complicar seriamente los tratamientos de las anemias que requieren ingesta oral de suplementos con hierro. 
 Por otro lado, al modificarse el pH gástrico por disminuir la secreción de ácido, favorece las infecciones intestinales por Clostridium difficile, una bacteria que puede producir infecciones con diarreas severas. También aumenta el riesgo de neumonía adquirida de la comunidad (NAC). Otras patologías graves asociadas al uso prolongado y sin control de los IBP son enfermedades renales como la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la nefritis intersticial aguda. Ya tenemos experiencia con otros medicamentos de venta libre cuyo abuso producen enfermedades graves. El abuso de analgésicos es la primera causa de insuficiencia renal en el adulto. 
 También podemos mencionar una serie de interacciones con otros medicamentos. Es muy conocido, por ejemplo, que la interacción del omeprazol con el antiagregante plaquetario clopidogrel disminuye su transformación en metabolito activo si se toman ambos, porque comparten el mismo citocromo que los metaboliza y puede fallar el tratamiento del clopidogrel. ¿Eso el kioskero lo sabe? ¿El paciente lo sabe? Obviamente, no. Pero es responsabilidad del Estado disminuir esos riesgos, no aumentarlos. 
 Otros medicamentos, por el contrario, al interactuar con los IBP aumentan su absorción, lo cual puede resultar en efectos tóxicos cuando se trata de medicamentos de margen terapéutico estrecho como el metotrexato (un medicamento para tratamiento oncológico). Y puede requerir ajuste de dosis de otros medicamentos que también ven aumentada su concentración -como la furosemida- y ansiolíticos como alprazolam, diazepam, etc. 
 Otra vez observamos cómo este Gobierno prioriza los negocios sobre la salud. Es un modelo que ataca las condiciones de vida de los trabajadores por todos los flancos para beneficio de unos pocos. 

 Claudia Jati 
 15/05/2024

El falso empantanamiento en el Senado


Por una campaña contra los despidos masivos, que acompañe la derrota de los proyectos del Gobierno.

 La discusión en el Senado de los proyectos de Ley Bases y fiscal se ha convertido en una romería. Los testimonios desfilan por las comisiones mientras el pacto que Milei pretendía firmar en mayo se trasladaría a junio o se lo tragaría la crisis política. Los puntos de mayor discordía son los Incentivos para Grandes Inversiones, o RIGI, y el impuesto al salario. 
El RIGI ofrece beneficios descomunales a las inversiones mayores a 200 millones de dólares: el impuesto a las ganancias del 25 %, diez puntos menos que el oficial, y la liberación de importaciones de todo tipo. Las patronales de la minería califican al proyecto como imprescindible, en especial para los proyectos de Litio, en tanto que el presidente de YPF -un funcionario designado por el Estado- condiciona el proyecto de exportación de gas licuado a Europa y Asia y, por lo tanto, el destino de Vaca Muerta a su aprobación. Un sector de la oposición a este proyecto ha declarado que votaría contra la ley en general, otro lo haría en la votación en particular.
 El RIGI es, para Milei, el proyecto más acariciado. Sostiene que su implementación convertiría a Argentina en Irlanda, la cual redujo la tasa impositiva para las grandes inversiones al 15 %, en contraste con el resto de la Unión Europea. Las grandes compañías tecnológicas se precipitaron sobre Dublin, para vender con ventaja al continente. Irlanda ha exhibido, a partir de este régimen, tasas elevadas de crecimiento, aunque con una salvedad: calcula el PBI de dos maneras diferentes, con o sin giro de utilidades al exterior. Si se toma este último, exhibe una tasa de crecimiento anual superior al 12 %; si se incorporan esos giros, el PBI se reduce al 5 %, aproximadamente. En cualquier caso, el régimen ha desatado el cuestionamiento legal de parte de la Comisión Europea. Las sentencias judiciales han forzado a empresas como Apple o Microsoft a pagar impuestos allí donde se realiza la venta, no en Irlanda, la sede ficticia donde residen. El RIGI adolece, por lo tanto, de un déficit de legalidad en el comercio exterior, si la exportación es gravada adicionalmente en el mercado receptor. 
 La Unión Industrial Argentina apoya el RIGI, aunque ha sido presentada como opositora. Quiere que el proyecto pase, pero con modificaciones. La primera es que reduzca el monto de inversión para recibir los beneficios, por ejemplo a 100 millones de dólares. Por otro lado, reclama que los proyectos de inversión se comprometan a utilizar materias primas y bienes de capital que se producen en el país. Presenta como ejemplo la red de proveedores a las petroleras que explotan Vaca Muerta, aunque las principales son de capital extranjero. Podría exhibir a la ‘comunidad’ de Techint, que trabaja con un número similar de tercerizadas. La UIA quiere participar de la ganga -de ningún modo la rechaza- con el adicional de un régimen de trabajo precario y flexibilizado. El impuesto al salario (cuarta categoría) suscita también divergencias, más allá de la oposición sindical. Es útil para muchos gobernadores, porque es un impuesto coparticipable, pero en las provincias de la Patagonia provocaría el rechazo de los trabajadores a realizar las horas extras que reclaman las petroleras. Como el proyecto grava los ítems no remunerativos del salario, los adicionales e incluso las horas extras, pone en peligro la asistencia de los médicos en el sistema de salud, o en la industria de exportación. 
El impuesto es considerado esencial por parte del Gobierno, aunque carece de un Presupuesto fiscal para poder determinarlo. Los senadores que acompañan al Gobierno, pero que critican el proyecto, estarían dispuestos a votarlo en general si obtienen antes algunas modificaciones. Si lo votan en general, necesitarían luego el apoyo de la Unión Patriótica para modificarlo en particular, lo cual se debe estar discutiendo. 
 Mientras se desarrollan estos conciliábulos, sigue vigente el DNU, aunque sería una garantía insuficiente para las inversiones que dice buscar el Gobierno. El oficialismo, de todos modos, quiere el voto en general, como una muestra de respaldo político; los cambios que se produzcan en la votación en particular los resolverán por vía del veto parcial, la reglamentación y los acuerdos ya anudados con grandes inversores. El capital financiero y el Tesoro norteamericano observan la evolución de la crisis política en su conjunto, más que los avatares constitucionales. 
 Un sector de la dirigencia cegetista ha anunciado una movilización al Congreso para cuando se discutan estos proyectos. Dice querer impedir la sanción del capítulo de la Reforma Laboral, cuyos nuevos términos ha negociado con el Gobierno. Una jornada aislada, sin embargo, sin la preparación previa mediante la agitación y movilizaciones, es un caso flagrante de inmovilismo. Tiene también, sin la menor duda, un propósito distraccionista, mientras ocurren despidos masivos en la industria y el comercio. En esta empresa de claro colaboracionismo se encuentran acompañados por el FIT-U, que pone toda la apuesta a una jornada aislada. Esto explica que carezca de un programa de conjunto frente a las cesantías en masa, una campaña de agitación o acciones concretas.
 La campaña contra las proyectos del régimen liberticida deben poner el acento en los despidos masivos, el reparto de las horas de trabajo -sin tocar el salario- y la ocupación de las empresas que suspendan, despidan o cierren. 

 Jorge Altamira 
 15/05/2024

Los allanamientos nocturnos: una política persecutoria propia de la dictadura militar


Conferencia de prensa por los allanamientos. 

 La treintena de allanamientos contra organizaciones piqueteras (FOL, Barrios de Pie y Polo Obrero) que llevó adelante hoy el fiscal Pollicita a raíz de la denuncia de Patricia Bullrich siguen un manual policial y persecutorio propio de la dictadura militar. Como denunciaron hoy las organizaciones en conferencia de prensa, estos métodos persecutorios tienen un solo objetivo: quebrar al movimiento piquetero combativo que viene enfrentando al gobierno de Milei, un gobierno que en medio de una enorme crisis social ha retirado todo tipo de alimentos a los comedores populares, congelado y recortado los programas sociales y que lleva adelante un verdadero plan de hambre contra los trabajadores. Esta política represiva se suma a los intentos de establecer la reiterancia en CABA, y en todo el país, para reforzar la criminalización de las luchas populares, y a todas las medidas represivas que viene llevando adelante el gobierno.
 El método persecutorio de la justicia y el gobierno quedó en evidencia al difundirse la resolución de la Cámara de Casación que los ordena, y que intervino frente a la negativa original del juez Casanello para llevarlos adelante. Estos elementos quedaron en evidencia producto de la crisis circunstancial del gobierno con Casanello, que llevó a Bullrich a difundir la medida en la cual la Cámara le ordena los allanamientos, dándole la razón al fiscal. En la resolución de la Cámara queda en evidencia el largo trabajo de espionaje del Estado sobre las organizaciones populares, puesto en marcha casi seis meses atrás, el 20 de diciembre de 2023 luego de la gran movilización piquetera que desafió el protocolo de Bullrich ganando las calles y llegando a la Plaza de Mayo. Dicha movilización, que el gobierno buscó impedir por todos los medios, fue un acta de nacimiento del movimiento de lucha contra Milei. Ese día, por la noche, cacerolazos masivos ganaron las calles contra el anuncio del DNU presidencial. 
 Mientras esto ocurría, Patricia Bullrich presentaba una denuncia penal, la que derivó en los allanamientos del día de hoy, contra las organizaciones piqueteras, tomando como fuente dudosas “denuncias”, que luego en un masivo porcentaje los presuntos denunciantes no concurrieron a ratificar. Pero con este elemento, se ordenó, como lo reconoce la cámara de casación, un operativo de seguimiento, intervención de teléfonos e incluso espionaje sobre organizaciones populares, métodos que el gobierno ni siquiera aplica con las bandas narcos, que actúan al amparo del poder político y la justicia. 
 En los allanamientos, la policía secuestró los ingresos de los compañeros y compañeras, y sus magros ahorros, también en algunos casos, sumas de dinero que estaban destinadas a los comedores de los barrios. En todos los casos, se trata de un robo del Estado contra el sector más empobrecido que se organiza para luchar por sus reclamos. Un robo que apunta a amedrentar para garantizar un robo infinitamente peor: el saqueo que viven los barrios populares a manos del gobierno del capital financiero que está todos los días incrementando la pobreza y la miseria. 
 La denuncia está armada sobre la base de una enorme tergiversación: la que presenta a las organizaciones piqueteras y particularmente al Polo Obrero, y a sus dirigentes, como un grupo de extorsionadores contra los compañeros. Esta tesis no tiene sustento alguno. Las organizaciones no dan bajas de programas sociales, ni tampoco hay altas. Las decisiones en el Polo Obrero se toman en asambleas. Lo mismo vale para el control obrero de las conquistas e inclusive los recursos de la organizaciones. Hemos hecho de este método una bandera en la lucha contra los punteros del estado. Como nos hemos cansado de explicar, somos una organización de lucha, que agrupa voluntariamente a quienes quieren luchar contra el hambre, a la que el estado condena a mas de la mitad de la población del país. 
 Esta concepción quedó expuesta en el respaldo de Patricia Bullrich a los allanamientos, que trató de extorsionadores a los compañeros y particularmente a Jeremías Canteros. Querido y respetado por toda la militancia de todas las organizaciones populares del país, Jere es un enorme dirigente popular, que ha recorrido, organizado y luchado las villas de la Capital durante años, sosteniéndose con trabajos precarizados, impulsando y acompañando todas las luchas populares de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Como anunciaron en el día de hoy las organizaciones, no nos van a amedrentar con denuncias falsas. No van a quebrar la voluntad de lucha de un movimiento que viene peleando desde tres décadas contra la miseria impuesta por todos los gobiernos capitalistas en el país. En un momento en el cual en todo el movimiento obrero y popular se discuten los alcances de la nefasta “Ley Bases” de Milei y de toda su política, el movimiento piquetero va a jugar mas que nunca el rol que ha jugado históricamente, de organizar a los barrios mas sumergidos por sus reclamos y contra el gobierno criminal y anti obrero de Milei.

 Juan García

Milei y el busto de Menem, el gran empobrecedor de los últimos 40 años


El gobierno homenajeó a quien nos dejó a las puertas de la mayor quiebra de la historia nacional y el estallido del 2001. 

 El presidente, Javier Milei, homenajeó al expresidente Carlos Menem e inauguró un busto en su nombre que estará ubicado en un “lugar de privilegio” de la Casa Rosada. En la ceremonia estuvieron presentes la hija del expresidente, “Zulemita”, y otros miembros de la familia Menem, que actualmente forman parte de La Libertad Avanza, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. 
 Durante el discurso, Milei se despachó con elogios al gobierno del riojano y aseveró “Menem fue el mejor presidente de toda la historia”. Estamos hablando del mismo gobierno que nos dejó a las puertas de la mayor quiebra de la historia nacional y el estallido del 2001. Esto abrió una nueva interna en La Libertad Avanza con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien realizó en 2020 todo un hilo de twits denostando al gobierno de Menem: “A los aplaudidores del nefasto Menem agarren un libro de historia”, comenzaba. 
 El mandatario se la pasa destacando la política de flexibilización laboral de Carlos Menem como una medida de promoción del empleo. Esta incluía la rebaja de aportes patronales (los cuales no fueron repuestos por ningún gobierno), el pago en vales de comida, la reglamentación y limitación del derecho a huelga, los contratos flexibles y temporarios, los aumentos por productividad, la reducción de las indemnizaciones, las 12 horas de trabajo continuo sin pago de horas extras y el fraccionamiento de las vacaciones, revoque de convenios y eliminación de la ultraactividad, por citar algunos ejemplos. 
 Lejos de promover el empleo, esta política constituyó un golpe certero a las condiciones laborales y los derechos conquistados por el movimiento obrero durante décadas de lucha, todo en pos del beneficio patronal. La historia terminó con desocupación récord y proliferación del empleo informal. Este desmantelamiento laboral y productivo obtuvo como respuesta la constitución del movimiento piquetero que el gobierno se empeña en atacar hoy. 
 Por otro lado, el gobierno se encarga de afirmar que gracias a las privatizaciones se promovieron las inversiones en el país. Esto es falso. Las empresas terminaron siendo víctimas del desguace y el vaciamiento por parte de los capitalistas, y sin ningún tipo de beneficio para la población. 
 Es el caso de YPF, petrolera estatal privatizada en manos de Repsol (los Kirchner fueron socios de esta privatización), quien se encargó de usar los activos de la empresa para expandirse a nivel internacional, llevando al mínimo su producción y endeudándola para pagar dividendos. También es el caso de la privatización de los ferrocarriles, cuyo vaciamiento impulsó el cierre de ramales y la destrucción del 90% del sistema ferroviario. Esta política, y su profundización por parte de los sucesivos gobiernos, constituyó la piedra angular de consecuencias como la Masacre de Once. A su vez, la apertura comercial y la convertibilidad encareció enormemente la producción local, lo que promovió el cierre masivo de la industria nacional. 
 Las AFJP fueron un régimen previsional privado impulsado por Menem. Milei sostiene que sería la solución para que los jubilados salgan de la indigencia, pero constituyó un negociado descomunal a costa de la plata de los jubilados. Las empresas se quedaban con una comisión de más del 30% si los jubilados elegían poner su dinero ahí, e invertían ese dinero en bonos, acciones, depósitos a plazo fijo y otros activos. Además de reducir el monto de los haberes, la privatización de las jubilaciones liquidó el 82% móvil, redujo los aportes patronales a su mínima expresión, descapitalizó el sistema estatal de reparto e impulsó los más altos niveles de trabajo informal, lo cual vuelve a demostrar que es mentira que el abaratamiento del costo laboral fomenta la registración del trabajo. 
 Se trató de un sistema de expropiación forzosa de la riqueza producida por los trabajadores pero fue clave para la burguesía porque le permitió realizar negocios mediante la especulación bursátil. De este modo, los trabajadores quedaban expuestos a las crisis financieras, los derrumbes de bolsa, o las sucesivas devaluaciones, tal es así que la salida de la convertibilidad los hizo perder cifras millonarias. Cuando llegaba el momento de la jubilación, los capitalistas confiscaban nuevamente a los trabajadores. Esto, porque cada obrero debía contratar a una compañía de seguros que se encargue de pagarle la jubilación todos los meses. 
 De todos estos negociados capitalistas a costa de las condiciones laborales y de vida de la población, de sus ingresos y de los recursos nacionales, hubo varios ganadores, todos igual de honestos. Es el caso de la canciller Diana Mondino, quien continúa siendo una de las dueñas del banco de origen cordobés, Roela, y, por lo tanto, se ve directamente beneficiada por las normas que desregulan el sistema financiero, comprendidas en el megadecreto que ella misma firmó en calidad de ministra, y que acrecientan la usura sobre los trabajadores. El marido de Mondino, Eugenio Pendás, fue cómplice del denominado “fraude bancario más grande de la historia argentina”, un robo perpetrado contra 21 mil ahorristas bajo el gobierno de Carlos Menem. 
 En su discurso, Milei afirmó que Menem “sabía ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio”. No pareciera que esté hablando del mismo tipo que fue condenado a prisión domiciliaria por el contrabando de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina. 
 Los “paladines de la transparencia” que supuestamente venían a combatir los privilegios de la casta, reproducen las mismas prácticas de corrupción que sus antecesores, designando funcionarios que aprovechan su cargo público para hacer negocios, en perjuicio de las mayorías. 
 Quienes fueron protagonistas de graves estafas contra el pueblo, en lugar de haber sido juzgados, hoy son venerados por el gobierno, e incluso están al frente tomando medidas que profundizan la crisis social a la vez que engrosan los bolsillos de un puñado de capitalistas, muchos de entre los cuales se incluyen. 

 Camila García

martes, mayo 14, 2024

Julio Frondizi y el peso de ser un sobreviviente


El recuerdo de su padre Silvio asesinado por la Triple A en 1974 
 Tras el asesinato de su padre, Julio se refugió en Italia junto a su hermana y su madre.

 Los crímenes de la Triple A, el exilio y los homenajes al hermano de Arturo Frondizi. Este 2024 se cumplen 50 años del asesinato del intelectual marxista, Silvio Frondizi. 

 Este año se cumplirán 50 años del asesinato en Buenos Aires del abogado, profesor universitario e intelectual marxista Silvio Frondizi, que fue secuestrado por los paramilitares de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en su departamento de la calle Cangallo (hoy Presidente Juan Domingo Perón) y llevado a los bosques de Ezeiza donde fue encontrado muerto con más de 50 balazos. Su yerno, Luis Angel Mendiburu, que tenía sólo 26 años y era militante del Peronismo Revolucionario, intentó impedir el secuestro cuando vio que se lo llevaban. Pero la Triple A lo mató ahí nomás. Julio, uno de los hijos de Silvio, se salvó de aquella matanza y reside en Italia desde 1975. Allí recibió a Página/12 donde recordó aquellos eventos y reconoció que "el único peso que llevo dentro es el de ser un sobreviviente". 
 Todo ocurrió durante el gobierno de Isabel Perón y su consejero-ministro de ultra derecha José López Rega. El general Perón había fallecido el 1 de julio de ese año. El 27 de septiembre de 1974 fue asesinado. Frondizi era un intelectual reconocido en América Latina. Mantenía contacto con el entonces presidente de Chile, Salvador Allende, e incluso conocía a Ernesto "Che" Guevara.
 En memoria de Frondizi y Mendiburu, el próximo 18 de mayo se pondrá una nueva placa recordatoria frente a la casa donde ocurrieron estos hechos y donde ya en 2006 se había colocado una baldosa que los nombraba.
 --Teniendo presente todo lo que está sucediendo en Argentina y en el mundo, ¿qué significado tiene hoy, para vos y para tu familia esta nueva placa en memoria de la muerte de tu padre y de tu cuñado? 
 --El significado que tiene hoy no es solo para mí ni para mi familia, es un significado para todo el mundo; es recordar lo que se vivió, para que no se repita en ninguna parte. Lamentablemente no está sucediendo así. 
 --Es importante según vos, que se sigan recordando hechos como éste para que los jóvenes puedan entender mejor lo que pasa actualmente a su alrededor?
 --Por supuesto que es importante, la memoria es fundamental, como lo hacen las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo cada vez que vienen a Italia. Un ejemplo es Vera Jarach, con sus 96 años, quien va a las escuelas a hablar con los estudiantes. Se consideran, al igual que yo, Militantes de la Memoria. 
 --¿Y es importante también para los países de América Latina y de Europa que están viviendo situaciones muy particulares, como Italia por ejemplo? 
 --Sí, recordar es importante no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Recordar por ejemplo, Israel/Palestina, las guerras en África, los inmigrantes de estos países que escapan y dejan la vida en el Mediterráneo, los trabajadores en Italia que no vuelven a casa porque arriesgaron sus vidas en el trabajo. 
 --¿Lograron saber quiénes fueron los que secuestraron a tu padre?
 --Sí, yo logré saber quienes fueron porque mi viejo había defendido a varios policías, y no se hacía pagar por nadie. Y a través de estos policías llegué a saber quienes habían sido los que lo mataron. Meses antes yo había encontrado un amigo de mi viejo en el cine que me había dicho: “Decile a tu papá que se vaya del país”. En 1976 los milicos asaltaron de nuevo la casa. Nosotros ya no vivíamos ahí, y la destruyeron. Tal vez porque no se dieron cuenta que existía, no tocaron la biblioteca ni el archivo, ubicados en la parte trasera del departamento. Cuando le devolvieron el departamento a Don Arturo -como muchos llaman a nuestro tío y expresidente Arturo Frondizi- vieron que la biblioteca y el archivo estaban intactos. Los libros y archivos fueron donados después a la Biblioteca Nacional, donde los jóvenes, y no tan jóvenes, pueden consultarlos.
 --Yo sé que es muy doloroso para vos. Pero ¿podrías contarme qué paso luego de la muerte de tu padre?
 --No puedo reducirlo en pocas palabras. Mi hermana y viuda de Mendiburu se fue a Italia con su hija en enero del 75, mientras yo, medio desconcertado, esperaba a los milicos en mi casa de Buenos Aires, pensando que vendrían a buscarme. Después de algún tiempo, decidí irme a Italia. Viajé solo. Fue en diciembre de 1975. Mi madre, anciana, vino a visitarnos a Roma después. Todos pensábamos que esta locura duraría 6 meses, como máximo un año, y que ella tenía que volver a Argentina. Le pedimos que se quedara un mes más. Y aquí nos quedamos. Mi madre y hermana fallecieron ya.
 --¿Y como sobrevivieron en Italia? 
 --Mi hermana hacía limpieza en las casas. Yo vendía en la calle, artesanías que hacía con mis propias manos, algo que me enseñó mi viejo. En Argentina había estudiado algunos años de abogacía y trabajaba en el estudio de mi padre. Pero me quedé sin trabajo porque incendiaron el estudio de mi padre. Mi madre pagó el precio de no poder volver a su patria. Era muy católica y la fe la ayudó. Mi hermana formó otra familia y crió a sus hijos. Cuando obtuve la ciudadanía italiana, participé en concursos estatales. Y así entré a trabajar en la Agenzia dell’ Entrate (agencia estatal italiana de impuestos) y eso nos permitió vivir dignamente. Me jubilé allí. Quiero subrayar que la gente común, amigos italianos y la sección Ponte Milvio del PCI nos ayudaron mucho. El Estado estaba ausente. Yo también había formado una familia, con dos hijos maravillosos. Una es ingeniera electrónica y gerente de una multinacional, el otro es profesor universitario. El único peso que llevo dentro es el de ser un sobreviviente. Pero cuando veo a mis hijos, doy gracias por estar vivo.

 Elena Llorente 
14 de mayo de 2024 - 00:01

Vladimir Maiakovski el poeta revolucionario de la Unión Soviética

El patrullaje de la OTAN por el Mar Argentino y las consecuencias de un alineamiento sin límites


El peronismo habilitó el marco legal.

 Los barcos de la OTAN patrullan por las costas argentinas con autorización de una ley votada en el Congreso Nacional durante el gobierno de Alberto Fernández y presentada por el oficialismo de entonces. 
 El próximo 29 y 30 de mayo el portaaviones nuclear USS George Washington, que es parte de la Séptima Flota que opera en el Pacífico, participará de ejercicios militares con la Armada Argentina en el Atlántico Sur en aguas de la Zona Económica Exclusiva Argentina. 
 El USS George Washington, que es propulsado por dos reactores nucleares, llegará junto al destructor USS Porter y el buque logístico Lenthall, que también participará de los ejercicios navales.
 En Puerto Belgrano lo esperarán oficiales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay junto con los de Gran Bretaña, Canadá y Países Bajos, para iniciar “este operativo que proporcionará la ocasión de mejorar la interoperabilidad y crear confianza con las fuerzas marítimas de las naciones socias”, al decir del jefe de las fuerzas navales del Comando Sur, Jim Aiken (Tiempo Argentino, 12/5) 
 El ingreso de tropas extranjeras al país está contemplado en la Ley Bases que todavía no fue votada por el Senado, pero de todas maneras fue autorizado por el Congreso en septiembre de 2023, es decir, durante el gobierno de Alberto Fernández a través de una ley firmada por Ledesma Abdala de Zamora y Moreau, entre otros. 
 En la ley se contempla un gasto de más de 1.139 millones de dólares a cargo de la Armada y se autoriza el ingreso de tropas extranjeras desde septiembre del año pasado hasta agosto del corriente (Infobae, 11/05).
 La ley permite encuadrar la actividad dentro del Ejercicio Combinado Binacional de Adiestramiento en el Mar llamado "PASSEX", que Argentina mantiene con varios países, entre ellos, Estados Unidos, pero el mismo contempla el permiso a un solo portaaviones. El destructor y el buque logístico no entrarían. Tampoco entraría la comitiva británica saludando desde el puerto, con la que Argentina no mantiene ningún acuerdo bilateral de cooperación en defensa. 
 Además, la semana pasada se supo por una denuncia de la CGT fueguina que el domingo 5 de mayo dos naves de la armada francesa estacionaron frente a Río Grande, sin dar conocimiento a las autoridades provinciales. 
 Según los franceses, el Tonnerre, un poderoso portahelicópteros, y la fragata Guépratte llegaron en el marco de la misión Jeanne d’Arc, que se desarrolla con el objetivo de “formar una nueva generación de oficiales de la marina francesa en áreas de interés estratégico”. La armada local explicó que “la escala de los buques fue para reabastecimiento, aunque previamente se hicieron prácticas conjuntas”. Ni el ministro de Defensa Luis Petri ni la canciller Diana Mondino hablaron del tema (Tiempo Argentino). 
 Una semana antes de la incursión francesa había llegado al puerto de Montevideo el buque Cutter James, de la Guardia Costera norteamericana. El gobierno uruguayo se enteró de la visita por la web. El ministro de Defensa de Uruguay, Armando Castaingdebat, y el canciller Omar Paganini declararon haberse enterado por la prensa cuando los interpelaron desde la Comisión de Defensa del Congreso uruguayo. 
 Milei recibió al guardacostas el 29 de abril para realizar acciones conjuntas y vigilar a los barcos chinos. 
 Es claro que el alineamiento sobreactuado de Milei a la OTAN le da a todos sus miembros bríos de confianza desmedida, pero Unión por la Patria le habilitó el marco legal. Y es llamativo que, en los acuerdos de cooperación firmados por el peronismo, tan buen anfitrión con potencias imperiales, nunca se contempla que los buques argentinos patrullen las costas norteamericanas o europeas. 
 La intención del Comando Sur es controlar el tráfico chino e intensificar su presencia en la región. Estos son objetivos que se plantearon desde 2008, cuando la Cuarta Flota fue reactivada luego de 20 años de parálisis.

 Aviones F-16 

El 18 de abril, el mismo día que el ministro de Defensa presentó una carta de solicitud de Argentina para convertirse en un socio global de la OTAN, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina publicó en su página web oficial que “Estados Unidos se enorgullece de anunciar que está otorgando a Argentina 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero". Según La Política Online, dicho financiamiento finalmente no existió, pero lo que sí sabemos con certeza es que los aviones F-16 se compraron sin las armas de largo alcance que el Reino Unido tiene vetadas para la Argentina desde el 82'.
 Debido a que el equipamiento de las Fuerzas Armadas nacionales es obsoleto, durante la gestión anterior se planteó la compra de aviones de combate chinos, pero el gobierno actual le compró a Dinamarca los F-16 yanquis como un gesto más de vasallaje al imperialismo. 

 Liberticida y rastrero 

Otro gesto de vasallaje fue la inspección de la base espacial china y los contratos por parte de Cancillería luego de las quejas infundadas de Estados Unidos, tanto a través de su embajador en Buenos Aires, Marc Stanley, como por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que alertaban de presencia militar asiática. 
 Tenemos que agregar el anuncio que hizo Milei junto a Richardson de realizar una base naval conjunta en Tierra del Fuego, habilitando el control del tránsito bioceánico del extremo sur por parte de Estados Unidos, y la declaración, también presidencial, de brindar apoyo militar al Estado genocida de Israel para atacar a Irán, destruyendo la política histórica de neutralidad argentina.
 Lo que es más que un gesto y tiene implicancias en el desarrollo nacional concreto actual es el parate en el financiamiento de los proyectos nucleares argentinos. La estrategia es la misma que los liberticidas utilizan con las demás dependencias del Estado: el ahogo presupuestario, pero en este caso también hay razones de geopolítica. Estados Unidos expresó su preocupación por el financiamiento chino en Atucha III. Junto con Atucha también peligran los proyectos Carem y RA-10, dos reactores nucleares cuya construcción se inició en 2014 y 2016, respectivamente, y que ahora quedan al borde de la parálisis. Desde el punto de vista del presupuesto, el bloqueo no resiste el análisis, porque ambos reactores, de terminarse, son exportables y una fuente importante de divisas. No es historia nueva. Atucha II había dejado de construirse durante el menemismo y Caren ya estuvo frenada por el gobierno de Macri.
 Mientras Milei ajusta todas las partidas, hasta las de su gran burguesía amiga -a quien también quiere arreglar con un pagaré- se prepara para gastar más de 1.000 millones de dólares en un gesto de pleitesía con el imperialismo. 

 Luciana Diaz 
 13/05/2024

Se reabre la causa por el asesinato de Santiago Maldonado


La Justicia ordenó separar al juez que dictó la sentencia de impunidad. 

 A seis meses de que el juez Gustavo Lleral dictara el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa que investigaba la muerte de Santiago Maldonado y mandase a cerrar el expediente, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió la reapertura del caso y ordenó la remoción de Lleral. Los camaristas actuaron por la apelación de familiares de Santiago Maldonado y diversos organismos que cuestionaron la imparcialidad del juez, quien dictó la sentencia en octubre del año pasado, y se opusieron al cierre definitivo de la causa. Santiago Maldonado estuvo desaparecido en 2017 tras la represión a un piquete que realizaba la comunidad mapuche Pu Lof en la Ruta 40. Su cuerpo sin vida apareció 78 días después, sumergido en las aguas del río Chubut. Por el caso, fueron imputados cuatro gendarmes que participaron de la represión bajo las órdenes de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El apego de la justicia a un procedimiento imparcial e independiente estuvo cuestionado desde el día uno de la causa.
 En 2018, Lleral había intentado cerrar el caso, aduciendo que los resultados de la autopsia eran suficientes para afirmar que la muerte de Maldonado había sido “de naturaleza accidental” y que ninguna persona debía responder por lo ocurrido. La Cámara de Apelaciones no cuestionó los resultados de la autopsia, pero ordenó que se realizara una serie de nuevas medidas de prueba a fin de "profundizar la investigación para poder evaluar, desde una posición más firme, si sus artífices debían responder o no por lo ocurrido, sea por la influencia que los acusadores le atribuyeron a las autoridades en el desenlace fatal, o por la manipulación que el cadáver podría haber sufrido durante los días previos a su hallazgo". Pero el juez Lleral planchó la causa y sostuvo que ninguna investigación habría de cambiar sus conclusiones. Ante la paralización de la causa, la familia del joven convocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (que reúne a profesionales de México, Colombia y Chile), quienes ratificaron que hubo pistas que no fueron tomadas en cuenta por la justicia. Las pericias realizadas durante toda la investigación, además, fueron observadas por sus vicios.
 La nueva sentencia de Lleral, en 2023, no se movía un ápice de la que había dictado cinco años antes, por lo que los jueces ratificaron ahora la necesidad de realizar las mencionadas investigaciones, con el agravante del tiempo perdido durante todos estos años. Según explica La Nación (10/05), los jueces “volvieron a remarcar la necesidad de agotar toda las medidas de prueba pendientes, para terminar de despejar las dudas que se generaron luego de la autopsia, de modo de terminar la investigación. Pidieron ampliar el informe de la autopsia, peritar un bastón y unos billetes en poder de Maldonado, averiguar sobre la pista del polen sobre las vestimentas del fallecido y determinar mediante estudios si es posible que el cuerpo hubiera estado sumergido en un medio acuático distinto a aquél en que fue hallado”. 
 Uno de los hermanos de Maldonado explicó a Página/12 que “los gendarmes siguen imputados (Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra), estaban sobreseídos pero nunca fueron absueltos como dijeron. Es decir que continúa la investigación, no se puede descartar la desaparición forzada con un juez que no investigó, todas las medidas que pedimos no las hizo, por ejemplo, la reconstrucción de los hechos, el peritaje del DNI y los billetes (que estaban entre las ropas de Santiago), la declaración testimonial de Lucas Pilquiman con nuestra presencia, con el paso del tiempo algunas cosas se fueron perdiendo”. 
 Detrás de la imparcialidad judicial y del fallo de impunidad del juez Lleral se evidenciaban razones políticas. La sentencia de Lleral fue dictada dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios de las pasadas elecciones primarias para presidente, en las cuales Bullrich jugaba como candidata. Esa campaña electoral estuvo dominada por un discurso represivo y de “mano dura” por parte de los tres candidatos patronales principales, incluido el candidato del peronismo, Segio Massa. El golpe de estado económico que se preparaba contra las masas debía tener vía libre a los cuerpos de represión que actuaran contra los reclamos, huelgas y piquetes. 
 Ahora, los jueces de la Cámara Federal, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, dictaron un fallo donde se confirma que la investigación tuvo una larga "inactividad" y que existió una "reticencia" por parte de Lleral "en agotar los medios de prueba que tenía a su alcance”. A su vez, ordenaron que se lleven a cabo nuevas medidas de prueba y se decidió que el caso ya no se llevaría adelante bajo la justicia de Esquel, donde sucedieron los hechos, sino que se trasladaría al juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. 
 La lucha por justicia por Santiago Maldonado y todos los asesinados a manos del Estado, más que nunca, sigue en pie. 

 El Be
 12/05/2024

Crimen de Barracas: el juez no decide aún si el asesinato de tres mujeres lesbianas fue femicidio y crimen de odio


El domingo a la madrugada murió Andrea Amarante (42), la tercera víctima del incendio intencional con el que Justo Fernando Barrientos se propuso matar a las cuatro mujeres que vivían en el mismo conventillo que él, en Barracas, porque eran lesbianas. 
 Durante meses, Barrientos las había hostilizado -"engendros", "tortas”, “gordas sucias"- y amenazado de muerte. Cumplió. Cuando provocó el incendio, trabó la puerta para que no escaparan. Extrañamente, han trascendido pocos datos sobre Barrientos. Sabemos que es capaz de matar a alguien porque lo incomoda su opción sexual. Pero su nombre tampoco aparece en condenas de primera o segunda instancia del fuero correccional de la última década. 
 Es llamativo que el juez del caso, Edmundo Rabbione, que subroga el Juzgado N°14, todavía no haya citado al asesino ni haya definido el agravante del crimen de odio en la carátula. Esto significa que tres muertes fueron femicidios agravados por el odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
 Algunos medios dicen que intentará determinar si Barrientos es imputable. 
 Andrea Amarante estuvo internada en el Hospital Penna con el 75 % del cuerpo quemado. Había sido una de las sobrevivientes del incendio del boliche República Cromañón, en 2004. Sin embargo, nunca recibió atención para su salud mental ni tuvo una reparación económica, ya que no era "parte del padrón de víctimas que el Gobierno de la Ciudad elaboró en 2005", según denunció la Coordinadora Cromañón al conocer lo ocurrido en Barracas (Infobae 12/5). 
 Antes de Andrea habían muerto Pamela Cobas (52) y Roxana Figueroa (52). La cuarta víctima, Sofía Castro Riglos (49) ya declaró ante la Policía de la Ciudad. Los contenidos de la declaración de Sofía, así como el resultado de la pericia de la habitación, se mantienen en estricta reserva. La Policía de la Ciudad, por su parte, descartó el uso de una bomba tipo Molotov en el ataque. Esta masacre, sin embargo, no mereció la tapa de los diarios más grandes de circulación nacional. 
 Los asesinatos han encendido al movimiento de la diversidad sexual y a las organizaciones de mujeres. Esa misma noche, se realizó un memorial en la vereda de la calle Olavarría a donde acudieron vecinos, activistas, asambleas populares. 
 El viernes pasado, varios miles de personas reclamaron justicia en la Plaza Congreso. Organizaciones de la diversidad sexual, la campaña por el derecho al aborto, partidos de izquierda, asambleas populares, organizaciones de desocupados, La Poderosa, Movimiento Evita, los sindicatos Sipreba, AGD, Ademys y muchos jóvenes. Trabajadoras despedidas del INADI dijeron que en las últimas semanas el organismo recibía decenas de denuncias de agresiones físicas e insultos a personas GLTTB y en estado de prostitución. Responsabilizaron al Gobierno de fogonear los ataques. 
 La protesta también llegó a la Feria del Libro. Cuatro días antes de los crímenes, el ultraderechista Nicolás Márquez, amigo y biógrafo de Javier Milei, en una larga entrevista radial había definido a la homosexualidad como una conducta “insana y autodestructiva” entre otras falsedades. La presentación de su libro fue respondida por un escrache al grito de “no es libertad, es un crimen de odio”. 
 Este lunes hay otro acto y corte de calles en la Plaza Colombia (Av. Montes de Oca 841). “Los discursos de odio por parte del gobierno nacional, apoyados y viralizados por los medios de comunicación afines a su ideología, se materializan en acciones de violencia concretas en la sociedad”, dice la convocatoria. 
 Mujeres lesbianas, pobres, sin vivienda, con trabajo precarios. Nunca habían tenido un trabajo registrado. Vivían hacinadas y atemorizadas. Fueron muertas por un violento que ejecutó el último tramo de una lista infinita de agravios.
 La lucha por justicia para las compañeras es parte de la lucha contra todos los agravios que sufren las explotadas. 

 Olga Cristóbal 
 13/05/2024

Abajo la persecución contra las organizaciones de desocupados


Una causa judicial infame, armada con las provocaciones de Bullrich y Milei. Durante la madrugada del lunes 13 de mayo hasta entradas horas de la tarde, se desarrolló una seguidilla de allanamientos en el ámbito de Capital Federal sobre comedores populares, locales de organizaciones sociales y viviendas de sus dirigentes, por instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. La causa fue iniciada el 20 de diciembre pasado, a instancias de Patricia Bullrich y el elenco liberticida. Se encuentra caratulada como “coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública”. Las organizaciones afectadas fueron el Polo Obrero -oficial-, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. 
 Los 27 allanamientos comenzaron en la madrugada cuando aún era noche cerrada. Derribando puertas, oficiales con armas de fuego y en varios casos sin identificación ingresaron en las viviendas de dirigentes de varias organizaciones, con una brutalidad deliberada. Por distintos medios, trascendió que se esperan nuevas redadas.
 Este operativo represivo, precedido por un fuerte trabajo de inteligencia, se realizó a instancias del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien asegura haber recibido unas 900 denuncias telefónicas anónimas en la Línea 134, de las cuales se siguieron 45. De éstas, solamente 12 fueron respaldadas por una declaración testimonial. Sin mayores elementos de prueba, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal autorizó al fiscal esta razzia. 
 En la red X, Patricia Bullrich lanzó fotos y nombres de algunos de los dirigentes apuntados. En el país de “la libertad”, el principio de inocencia ha sido invertido. La ministra del Mossad lanza por las redes sociales este escrache de características fascistoides, con el respaldo político de Milei. Luego de despojar a centenares de miles de desocupados y precarizados de la asistencia social y de anular el envío de mercadería a los comedores populares, el Gobierno procede con esta ofensiva represiva.
 Al mediodía las organizaciones sociales se convocaron de urgencia y a las 17:30 horas se realizó una Conferencia de Prensa en Plaza Congreso, con la presencia de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sindicales.
 Las organizaciones sociales venimos de impulsar una jornada nacional con 500 cortes por el reestablecimiento de la ayuda social. 
 Junto con la Ley de Reiterancia que propone el gobierno de Jorge Macri en la Ciudad, estamos en presencia de un plan para destruir a las organizaciones sociales y remover toda resistencia al hambre en masa que propone el Gobierno.
 Este ataque debe ser enfrentado con una enérgica movilización de todas las organizaciones obreras y populares. Llamamos a luchar contra este atropello del gobierno antiobrero de Milei. 

 Leonardo Perna 
 14/05/2024

lunes, mayo 13, 2024

CON FILO | Otro asalto a la razón

La juventud se rebela en Estados Unidos.

El "default energético" y la cuerda floja de Milei y Caputo


A pesar del “superávit fiscal” ficticio que dicen haber obtenido Milei y Caputo, dos graduados en Economía, el martes pasado declararon el “default energético” al dictar una resolución que salda la deuda con las compañías que generan gas y combustible para electricidad con un bono que vence en 2038 –el AE 38– por un 50 % del monto total. La decisión ha conmovido las bases sociales del gobierno liberticida como no lo había hecho el “default” a la obra pública. Las Cámaras de productores de gas –AGEERA– y de combustibles –CEPH– saltaron como leche hervida. Algunas empresas se pronunciaron por su propia cuenta –la norteamericana AES y Central Puerto-. Pampa Energía, del multipartidario y multioficialista Marcelo Mindlin, rechazó la resolución y se ha presentado ante los Tribunales. Otro afectado es nada menos que Tecpetrol, que tiene varios ministros en el gabinete, incluido el secretario de Energía. El gobierno que declaró su sometimiento a los contratos, cuando se trata de los firmados con los capitalistas, no de jubilados ni asalariados, los rompe con esta tropa que supone propia. La mayoría de los diarios han destacado que la crisis provocó zozobras en tres guaridas de relevancia: la Bolsa de Nueva York, el Tesoro de Estados Unidos y, por supuesto, el FMI. Como las compañías damnificadas se han financiado con deuda externa, el “default energético” dispara un peligro de “default" de la deuda privada con el exterior. Los ultraliberales de nuevo cuño, como ha ocurrido con todos sus antecesores, llevan a Argentina a la bancarrota. 
 El “default energético” es interesante porque involucra a Cammesa, la intermediaria del mercado eléctrico mayorista, que debía garantizar el pago a las generadoras con el dinero que las distribuidoras reciben de los usuarios más los subsidios del Estado. El ‘vivo’ de Caputo sacó el déficit de Cammesa de las cuentas del Tesoro para mostrar el superávit de la mentira. El “muerto”, por el equivalente a 1.250 millones de dólares, con los privados, corresponde al impago de diciembre-enero pasado, el período del gran ajuste fiscal. El valor presente del bono AE/38 se encuentra en un rango del 25/30 % del valor nominal. Caputo, como si fuera un vendedor de edificios en pozo, les ha asegurado a las energéticas que el título subirá una enormidad, tal como ha ocurrido con los bonos externos, que subieron al 50/60 % del valor nominal. El cálculo del oficialista no ha convencido a nadie. En cuanto a la deuda con las energéticas del Estado, YPF Luz, Yacyretá, Salto Grande, Transener, Enarsa y Nucleoeléctrica, no es consuelo que el “default” sirva para aliviar las penas del Tesoro, por cuanto les crea un déficit operativo que no esperaban. Todo esto pone de relieve el cuadro de “default” del conjunto del sector público. El Gobierno alega, expresamente, que se encuentra ante un “déficit de recursos” disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista.
 ¿Inadvertidamente? la resolución de Caputo colisiona con una disposición de la Ley Bases que prohíbe al Estado inmiscuirse con las empresas que han sido privatizadas y cuyos contratos, del período menemista, siguen vigentes. Tendríamos aquí una doble ruptura de contrato, el firmado en los 90 y el de Cammesa. Pero la resolución fue dictada de acuerdo con el DNU 70/2023, que contradecía por anticipado lo que establece la Ley de Bases en tratamiento parlamentario. Las generadoras cuestionan que Cammesa subsidie a las distribuidoras en perjuicio de las generadoras, al permitir que no le paguen el ingreso por distribución en tiempo y forma. Malgrado toda esta lluvia de acusaciones que recibe, Caputo está indignado, porque sostiene que fue él quien, bajo el gobierno de Macri, mantuvo en vigencia los contratos de los 90 sobre cuyas cláusulas leoninas se ha calculado el subsidio a todo el complejo energético. “Arreglamos, dijo, el flujo futuro y el lío de los subsidios. Quedan fuera de que el Estado intervenga con el uso de la delegación de poderes”. Este contrapunto deja en evidencia que el tarifazo de Caputo, para el gas y la luz, contempla un monto elevado de dinero para las empresas, de características confiscatorias contra los usuarios, tanto residenciales como industriales. Sturzenegger pondera, en la entrevista dominical de Clarín, que la “ley (de bases) es generosa con la libertad que da al ejecutivo”, en referencia a la delegación de poderes.
 Este choque con pesos pesados del capital expresa, insistimos, un impasse de conjunto del plan del Gobierno. No es una crisis aislada entre particulares, porque Caputo, después de todo, necesita evitar ese pago para no caer en otros ‘defaults’ o en la simple emisión de moneda. Estamos ante un límite concreto de las posibilidades políticas del mileísmo. El asunto se ve en toda su dimensión cuando los protagonistas están llamados a participar del negocio del siglo: la venta de gas licuado a Europa y Asia, que requeriría inversiones por 30.000 millones de dólares. Sin RIGI, el plan que beneficia a inversiones mayores a 200 millones de dólares, dijo el presidente de YPF, Horacio Marín, no hay gas licuado. El choque de Caputo con las energéticas: ¿compromete todo este plan, o apunta a depurar al elenco de las compañías que serían incentivadas para este propósito? En Nueva York interpretan que es un grave retroceso para los grandes capitales extranjeros, para una próxima renegociación (‘voluntaria’) de la deuda externa y para la consolidación política del gobierno liberticida. 
 Los choques de una gran parte de la burguesía con Caputo-Milei no se limitan al ámbito de la energía –uno de los más importantes, si no el mayor-. Las cerealeras y mineras reclaman una devaluación del peso, así como gran parte de la industria. Las prepagas no reducen los aranceles o tarifas y han recurrido a la Justicia por la intervención en la salud del gobierno antiintervencionista. Las alimenticias protestan por la apertura de importaciones y lo mismo la de bienes durables o finales. El eterno jefe de las patronales, Funes de Rioja, se ha pronunciado contra el RIGI. Las compañías que remiten utilidades al exterior prefieren recurrir al giro paralelo que a suscribir el Bopreal, un bono más de un Banco Central quebrado.
 Gran parte de lo que la prensa caracteriza como reconocimiento del Congreso por parte de Milei no tiene otro trasfondo que una enorme pelea entre lobbys capitalistas, cuyo telón de fondo es el impasse formidable del Gobierno y la bancarrota del conjunto del régimen capitalista.

 Jorge Altamira 
 12/05/2024

Baja de edad de imputabilidad: blanqueo para narcos, cárcel para menores


En una reciente entrevista en Radio Mitre la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de menores de edad y que “se está discutiendo la edad: si es 14, 13 como en Uruguay o 12 como Brasil”. Actualmente, en la Argentina está establecida en 16 años de edad. Su modificación a la baja ha ingresado y reingresado numerosas veces en la agenda política, desde CFK, Macri y las “leyes Blumberg”. Zaffaroni propuso incluir a los menores en el Código Penal para que puedan tener garantías legales de defensa. 
 Bullrich explicó que pretenderían diferenciar las condenas según el tipo de delito, privando de libertad y acentuando las condenas en caso de homicidios, mientras que para otros delitos menores se aplicarían otras modalidades. 
 “No queremos bajar la edad de imputabilidad y que después los narcos recluten a chicos menores de 12 años”, sostuvo Bullrich. La imputabilidad de menores se convierte en un perro que se muerde la cola: podría llegar a los ocho o seis años de edad. 
 Bullrich volvió a reivindicar al exintendente de Nueva York, Rudolph Giuliani —condenado más tarde por fraudes cometidos en compañía de Trump-. La “teoría de las ventanas rotas”, en la década del 90, abogaba por la “tolerancia cero” en los llamados delitos menores para prevenir los mayores. El resultado fue un salto brutal de abusos policiales con especial ensañamiento contra la población negra, pobre y joven.
 Bullrich también apela a varios países que ya tienen una edad de imputabilidad menor, o incluso directamente no tienen ninguna, como es el caso de 33 estados de los EE. UU. Detrás de la imputabilidad el objetivo es encontrar justificaciones legales para desarrollar un estado policial. Los niños serían “potenciales criminales mayores” según Giuliani. El Ejército sionista justifica la matanza brutal de niños palestinos bajo el concepto de “futuros terroristas”. 
 Las estadísticas oficiales desmienten por completo a Bullrich. Según el informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la órbita de la Corte Suprema de la Nación, en el año 2023 los menores de 16 años solo estuvieron implicados en 614 delitos; el 1 % del total.
 Mientras se recargan las tintas para apuntalar la criminalización a niños y adolescentes, los diputados acaban de votar en el Congreso Nacional un nuevo blanqueo indiscriminado de capitales, que incluye dinero del narcotráfico.

 Emiliano Fabris
 12/05/2024