domingo, marzo 31, 2024

Hace sesenta años Brasil atravesó una situación revolucionaria


Hace 60 años, entre el 31 de marzo y el 1° de abril, tuvo lugar, en Brasil, el golpe militar probablemente más importante de la historia golpista en América Latina. Atravesó diferentes etapas políticas y, por lo tanto, una serie de crisis de diversa envergadura, para adoptar, a partir de 1969, un carácter represivo cada vez más brutal, al punto de convertirse, luego de los golpes militares en Bolivia (1971), Chile y Uruguay (1973) y Argentina (1976), en el pivot de lo que se conoce como la Operación Cóndor, que reunió a los servicios de seguridad de estas dictaduras en la planificación de secuestros, torturas y desapariciones, con el apoyo abierto de Estados Unidos. Luego de proceder a una vasta contrarrevolución agraria, que concentró aun más la gran propiedad capitalista, el gobierno militar se lanzó en su último tramo a una política “desarrollista”, fundada en una enorme redistribución de ingresos para sustentar inversiones en la gran industria. A finales de la década del 70 inició un retiro ordenado del poder, desde las elecciones digitadas de 1982 hasta la reunión de una Asamblea Constituyente en 1988.
 Lo que otorga al golpe militar del 64 una característica especial es que tuvo lugar en el cuadro de una crisis revolucionaria. Las Fuerzas Armadas exhibieron una división extraordinaria; se produjo una sublevación entre los cuadros inferiores de la Armada en defensa del gobierno constitucional; y la movilización popular cobró un ascenso veloz tanto en el campo como en las ciudades. Mientras la iniciativa golpista irrumpía en el estado de Minas Gerais y era recibida con cautela en Río de Janeiro, los cuerpos legalistas del ejército se manifestaban en contra del golpe en Río Grande do Sul, Pernambuco y Sergipe. El presidente en ejercicio, Joao Goulart, rehusó enfrentar el golpe alegando el peligro de una guerra civil, en tanto el Partido Comunista, con presencia vigorosa en Brasil, propiciaba el seguidismo a la parálisis del gobierno, como lo había hecho desde 1954, cuando el imperialismo norteamericano organizó la invasión a Guatemala por un cuerpo armado de la derecha. 
 El carácter extraordinario de la crisis que alumbró el golpe había quedado de manifiesto en la larga duración del proceso que llevó al golpe. Brasil atravesó una crisis prolongada en la década del 50, que culminó con el suicidio del presidente Getulio Vargas, calificado como el Perón brasileño, que fue adjudicado a un intento desesperado por evitar un golpe militar. Más inmediata en el tiempo, la crisis arranca en 1961 con la renuncia del presidente Janio Quadros, que había asumido meses antes. El episodio, todavía confuso para los historiadores, fue motivado por la oposición que generó la intención anunciad por Quadros de reconocer al gobierno revolucionario de Cuba y a la República Popular China. Quadros, sin embargo, no representaba al llamado ‘populismo’ sino, por el contrario, a la derecha del escenario político brasileño. La suspicacia que produjo la renuncia probablemente obedezca a la cadena de acontecimientos que la sucedió. Ocurre que en virtud de un sistema electoral ‘sui generis’, la elección del Ejecutivo separaba a los candidatos a presidente y vice, lo cual dio lugar a que la Vicepresidencia cayera en manos de la lista opositora a Quadros, que postulaba para ese cargo a Joao Goulart –heredero político de Getulio Vargas. La derecha y un amplio sector de los militares se opuso a que Goulart sucediera a Quadros; en este sentido, la renuncia de Quadros era funcional a un golpe. La crisis generó una situación prerrevolucionaria, con amenazas de golpe, de un lado, y movilizaciones populares, del otro. La salida a este choque, que se revelaría muy precaria, consistió en cambiar el régimen constitucional de Brasil. El Ejecutivo fue privado de todos sus poderes, que pasaron al Congreso, de un lado, y un Jefe de Gabinete, del otro. El engendro se agotó cuando un plebiscito impuso el retorno al sistema constitucional precedente. Entre 1961 y 1964, Brasil fue sacudido por un terremoto político. A lo largo de estos años crecerá el movimiento de las Ligas Campesinas, que la oligarquía denunció como un peligro comunista. 
 El otro fenómeno que convierte a la crisis golpista del 64 en extraordinaria es el papel relevante que jugó el imperialismo norteamericano, al punto de prever el envío de tropas para apoyar la asonada. La conspiración norteamericana comienza con John Kennedy, que caracteriza a la situación brasileña como “un agujero negro” en el tablero latinoamericano. Estados Unidos reclamaba la adhesión incondicional de Brasil contra la Revolución Cubana. Este fue el motivo, precisamente, que llevó al derrocamiento de Arturo Frondizi, en marzo de 1962, luego de una reunión que tuvo con el Che Guevara en la residencia de Olivos. Robert Kennedy, el hermano, fue enviado a Brasil, donde se reunió durante tres horas con Goulart para persuadirlo a que se alinee con Estados Unidos. A la salida ordena los preparativos políticos y militares para el golpe, que finalmente tendrá lugar bajo la presidencia de Johnson, el sucesor de John F. Kennedy. Goulart, sin embargo, no era un agente de La Habana ni de Pekin –en la crisis de los misiles, en Cuba, en octubre de 1962, fue reclamado por Kennedy para que opere como canal de contacto con Rusia para que retirara sus bases en Cuba-.
 En marzo de 1964 las masas brasileñas se manifestaron claramente para aplastar el golpe; esto explica la vacilación para intervenir de un ala mayoritaria del Ejército, incluso las dudas de quien sería el primer presidente del gobierno militar, Castello Branco. El nacionalismo y el stalinismo brasileño se interpusieron para que evitar que las masas frustraran el golpe. Goulart abandonó el gobierno sin presentar batalla; dejó a sus aliados políticos y militares en el vacío, para alojarse en su estancia en Río Grande do Sul y luego refugiarse en Uruguay. 
 Una situación revolucionaria no significa que se hayan reunido por completo las condiciones de una revolución. Pero sí es el momento para organizar a las masas en órganos soberanos propios e impulsar su armamento. En 1973, un escenario revolucionario se planteó en Chile, pero por eso precisamente el gobierno y los partidos de la Unidad Popular procedieron a desarmar a los trabajadores y cuadros inferiores de la Marina que veían venir el golpe. No es esta cuestión estratégica, sin embargo, lo que la izquierda democratizante brasileña está discutiendo acerca de este aniversario. Es un hecho que la tentativa golpista de Bolsonaro y su fracción militar, de enero del año pasado, no fue enfrentada mediante una convocatoria a las masas brasileñas. Al revés, Lula ha llamado a desistir de manifestaciones antigolpistas en este aniversario. Desde estas páginas señalamos el carácter revolucionario de la situación que precedió y acompañó aquel golpe militar, y el carácter contrarrevolucionario de sus direcciones políticas.

  Jorge Altamira 
 31/03/2024

Lula contra la conmemoración del 60 aniversario del golpe militar de 1964


“Que la ‘disputa’ quede en el pasado”. 

 Mañana, 31 de Marzo, se cumple el 60 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno de Joao Goulart, del Partido Trabalhista Brasileño, heredero de la corriente inaugurada por Getulio Vargas. Las Fuerzas Armada establecieron una dictadura que duró 21 años. 
 La conmemoración ocurre en una circunstancia especial, en tanto se desarrolla el proceso judicial contra Bolsonaro y gran parte de los militares de su gabinete, por el asalto al Planalto, donde residen los tres poderes del estado, el 8 de enero de 2023, en un intento de golpe de estado para anular las elecciones del mes de octubre precedente, cuando Lula derrotó a Bolsonaro. Durante gran parte de la gestión del gobierno ultraderechista, tanto Bolsonaro como numerosos de sus voceros, reclamaron a viva voz una reedición de aquel golpe militar. La dictadura brasileña se retiró del poder sin atravesar por el juzgamiento de los diversos crímenes que cometió, o sea en un pacto con el personal democrático que venía a sustituirla. El primer gobierno civil surgió de la fórmula presidencial Ulisses Guimaraes-José Sarney, que venían de las dos formaciones políticas que había autorizado la dictadura militar durante su gobierno. 
 El presidente Lula, sin embargo, que emergió políticamente en la transición de la dictadura al régimen constitucional, ha dejado en claro que no quiere ser parte de las conmemoraciones populares. De acuerdo a la agencia UOL, vetó cualquier participación del ministerio de Derechos Humanos. “Aunque hable de democracia en casi todos los discursos, Lula no mencionó hasta ahora el golpe del 64: pide que la ‘disputa’ quede en el pasado”. Lo que muchos llamados ‘negacionistas’ piden en Argentina. Una Asamblea Constituyente que tuvo lugar en Brasil en 1988, con el propósito de ‘democratizar’ el Estado, no hizo el menor intento por someter a investigación judicial a los partícipes del golpe y de las violaciones, torturas y desapariciones ejecutadas por los sucesivos gobiernos militares. 
 La reivindicación de ese golpe, sin embargo fue celebrada sin interrupción en forma oficial por las FFAA hasta el año 2016, o sea incluidos los dos primeros gobiernos de Lula. En ese año fue vetada por Dilma Roussef, bajo su presidencia, y retomada luego por Bolsonaro. Los militares han decidido abstenerse de la conmemoración mañana –en primer lugar porque el mismo Ejército la eliminó del orden del día-. Los militares, preocupados por el alcance del proceso judicial, no quieren mover el avispero de una depuración harto limitada o virtual en sus filas, por la complicidad en el intento golpista de Bolsonaro.
 La abstención política de Lula en una fecha tan sensible como el aniversario 60, es el vuelto que le da al alto mando militar. Él mismo evalúa que, en el momento, hay mucha “rusga”, o sea enredos, con las FFAA. El multitudinario gabinete de Lula cuenta con ministros que reivindican el golpe. 
 Como se puede ver, la “universalidad” de los derechos humanos que proclama la legislación posmoderna, es una cortina de humo. Basta ver lo que ocurre en Gaza y, en otro plano, el estado policial que procura construir Milei en Argentina. Lula viola otro principio muy caro al centroizquierdismo –“la memoria”-, que no pretende ejercitar en este aniversario.
 En el cuadro de guerra mundial y de avance político de corrientes fascistas, el compromiso de Lula con el aparato militar que lo llevó a la cárcel en 2018 y que intentó un golpe en 2023, muestra el carácter contrarrevolucionario del progresismo democratizante.

 Jorge Altamira 
 30/03/2024

Lacalle rinde cuentas con un discurso sobre un Uruguay idílico

El presidente Luis Lacalle inició el primero de marzo su último año de mandato y el 2 del mismo mes, brindó su última rendición de cuentas al Parlamento con referencias a la campaña electoral. Quedan menos de 365 días para que su gobierno termine y más que una rendición de cuentas, fue un resumen de estos cuatro años y un Uruguay idílico con una realidad que lo contradice. 
 Lacalle rindió cuentas en el Parlamento sobre cuatro tópicos a grandes rasgos: seguridad, vivienda, salud y educación. Ensayó una especie de consejo sobre la democracia, en tono con el imaginario colectivo de percibir a Uruguay como una excepción latinoamericana.
 Se debe “ayudar a cuidar nuestra democracia que es una construcción sucesiva de los partidos políticos y la sociedad civil” que a su vez según se ve “en otras naciones”, es “muy fácil que se destruya”. Este fue, según Lacalle, “un gobierno al que muchos le firmaron la partida de defunción antes de nacer”, pero que hoy es “una coalición de gobierno que está aquí con sus matices, con sus perfiles” pero que “sigue gobernando con un rumbo claro”. 
 En un tono no tan beligerante y más parco que su par argentino Javier Milei, Lacalle ha tenido a la libertad como slogan de gobierno. Incluso en su discurso de asunción, planteó a la libertad como parametro de bueno gobierno o no. “Si en cinco años los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas”. En medio de su rendición de cuentas dijo: “la libertad de vivir en paz”, y se introdujo en el tema seguridad. 

 Seguridad

 Este asunto, señaló, “era y al día de hoy sigue siendo un gran desafío para el gobierno y la sociedad” más allá de que “las cifras indican una mejora sensible” en comparación “con el 2019” donde “los hurtos bajaron casi un 20%, las rapiñas casi un 27%, el abigeato un 50%, el hurto de vehículos un 24% y los homicidios han descendido un 3%”.
 “Esa es la foto, a la foto hay que agregarle la película, ¿y qué dice la película? Que por primera vez en muchos años la tendencia al alza de los delitos quebró y hoy es una tendencia a la baja”, continuó Lacalle. “No estamos conformes, yo no estoy conforme”, aclaró, porque no cree “que la violencia y el delito sean una forma aceptada normal en la convivencia ciudadana”. 
 Esta tendencia a la baja “tiene una explicación”: “más despliegue policial, mejor tecnología, más investigación, más móviles, más armamento, más combate al narcotráfico”, sentenció Lacalle. 
 “Al mismo tiempo de reprimir fuertemente el delito nos hemos ocupado de las cárceles, porque ¿qué lleva como consecuencia el combate más fuerte al delito? Más encarcelación”, agregó y por eso el gobierno se ha “dedicado a generar centenas de nuevas plazas en todo el país”.
 Es cierto, se han creado 899 plazas en los centros penitenciarios (779 masculinas y 120 femeninas). Así y todo el modelo punitivista sigue colocando a Uruguay con un alto nivel de prisionización y un espiral ascendente de presidiarios desde el retorno de la democracia en 1985 hasta la fecha. 
 Ya en el Informe anual de 2022, cuando hubo un récord en el que se superó el umbral de 400 presos cada 100 mil habitantes, se anticiparon algunas tendencias que hoy permanecen vigentes: entonces Uruguay se ubicó como doceavo país en el ranking mundial de prisionización, pero en 2023 Uruguay pasó al décimo lugar. La tasa de prisionización, consistentemente, también aumentó. 
 Para entonces la población carcelaria era alrededor de 14.400 personas, y en 2023 tuvo picos por encima de los 15.500 entre noviembre y diciembre. Con una densidad, según plazas habilitadas, en torno al 130% (de acuerdo a datos del comisionado parlamentario penitenciario), hablamos de un déficit de alrededor de 3.000 plazas. 

 Techo

 “La libertad también es darle un techo a la familia”, comenzó diciendo el mandatario sobre las políticas públicas implementadas en vivienda. Hizo hincapié en el trabajo de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) que “ha tenido un gran impulso en este gobierno” 
 También se refirió a la inversión prevista para la erradicación de asentamientos. “Pasamos de 240 millones en el quinquenio a invertir 480 millones de dólares, este gobierno va a duplicar los fondos para la gente más carenciada”, señaló. Por último, manifestó que hace unos días se licitaron 500 viviendas “para construir en distintos lugares de nuestro país y solucionar el tema de los asentamientos”. 
 Cifras que parecen insuficientes cuando hay cada vez más indigentes en las principales ciudades del país y cuando también en su mandato se regalaban viviendas a través de la ex Ministra de Vivienda, Irene Moreira, a militantes de la coalición.

 Salud 

 En materia de salud, el mandatario comenzó haciendo referencia a la reciente inauguración del Hospital del Cerro, una obra que, a su entender, es “suficiente para describir la sensibilidad y la justicia con la que se invirtieron los recursos”. “Recuerdo una señora que en un videito dijo: ‘pensé que me iba a morir viendo piedras fundamentales en el Hospital del Cerro’”, contó. 
 Un constante de Lacalle: Anécdota versus realidad. Aún queda por investigar el caso de un hombre baleado que pidió asistencia en el Hospital del Cerro y falleció dos horas después en otro hospital, ya que en el primer hospital no contaban con los insumos necesarios. 
 También se refirió a la partida de 20 millones de dólares en la última Rendición de Cuentas para atender “exclusivamente” la salud mental y las adicciones. “Hoy me escribía una madre cuyo hijo está preso en Artigas, adicto en ‘recuperación’, por un rato, salió, volvió a delinquir y está en la cárcel. Vaya si será necesario tratar la adicciones, que es una compañía de por vida, no se deja ser adicto, y por eso es tan importante esa inversión que hicimos y necesaria, y me imagino que debe ser una política de Estado y allí no hay que dudar y hay que invertir, porque estamos salvando vidas”, dijo. 
 Lacalle introdujo otros temas dentro de su discurso, como ser la seguridad social. “Le podemos asegurar a los uruguayos que se van a jubilar” y “no van a faltar recursos”. En octubre de este año, junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se va a estar llevando adelante un plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Un plebiscito que dividió las aguas dentro del Frente Amplio y la central única de trabajadores Pit-Cnt. 
 En materia de trabajo, Lacalle Pou recordó que “el desempleo en febrero de 2020 era de 10,5%” y aseguró que entre 2015 y 2020 “se destruyeron más de 50.000 puestos de trabajo”; este gobierno, marcó, “generó casi 80.000 puestos de trabajo, recuperó los 50.000 y generó casi 30.000”. “En estos 364 días voy a cumplir con la palabra empeñada de hacerme cargo”, concluyó. 
 El precandidato presidencial frenteamplista Mario Bergara señaló que “Al igual que en años anteriores, da un panorama de que todo está mejor. No se plantea ninguna equivocación, ningún error, ningún matiz con respecto a las políticas. Eso obviamente nosotros no lo compartimos”. “Se destacan algunas variables y se soslayan o se ignoran otras. No hubo ninguna referencia, por ejemplo, a que la economía uruguaya hace un año y medio que no crece, que tenemos problemas de producción y exportación vinculados al tema del atraso cambiario”, insistió el senador frenteamplista.
 “Se habla de que hubo inversiones, las inversiones de Katoen Natie prácticamente no empezaron. Habló de que hubo un cambio sustancial en el Puerto de Montevideo; sí, claro, se pasa de la competencia al monopolio violando las normas, violando la Constitución y las leyes. Esta parte definitivamente yo no la aplaudo, creo que ese acuerdo ha sido un daño para el pueblo uruguayo, para la competitividad de la producción y aspiro a que todavía por la vía administrativa pueda revertirse ese acuerdo tan dañino”, afirmó. 
 Si hay algo que este gobierno ha hecho de manera rutilante, es no hacerse cargo. Desde el día uno y se puede vaticinar que hasta el final de su mandato -más sabiendo aún que la campaña electoral ya empezó- ese va a ser el denominador común. “La herencia maldita” del Frente Amplio, la constante recriminación a esta fuerza política y el achaque de todos los males del país.
 El discurso de Lacalle Pou es una curiosa mixtura entre el discurso de un presidente y un pastor/coach que te quiere convencer a través de las emociones con casos puntuales. Casos que vienen precedidos de cifras, de números, de porcentajes y que luego aparece la emoción, la historia individual que tiene que acongojar a todos por igual.
 Es cierto que la política no puede ser solo números, acuerdos y tecnicismos. Una de las grandes críticas que se le achaca a las izquierdas en general -y por estas latitudes al centroizquierdista Frente Amplio-, es sobre la falta de emotividad, de símbolos, de épica. Ahora, eso por un lado; lo otro es apelar a la emoción para dar un golpe bajo, para que nos olvidemos de contrastar sus números y sus políticas, para que la lágrima tape la realidad que el gobierno de Luis Lacalle la ha deteriorado día a día durante sus cuatro años de mandato.
 Disculpen, la de todos no. La de los grandes empresarios, seguro que no la ha deteriorado. 

Nicolás Centurión | 07/03/2024 
Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Despidos en el Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas


Otro golpe contra los derechos humanos.

 La Secretaría de Derechos Humanos de ATE sacó un comunicado denunciando la destrucción de la política de archivos y derechos humanos. Este proceso abarca dos cuestiones. 
 Por un lado, fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los Archivos de las Fuerzas Armadas. Estos despidos se enmarcan en la política de recorte del gobierno libertario, a lo largo de esta semana se produjeron miles de despidos en el Estado, aplicando la reducción del 20 % de empleados públicos y del 70 % del gasto público que pidió Milei. Los que sufrieron este recorte no fueron solo contratados que se irán sin indemnización, sino también trabajadores de planta permanente. 
 Por otro lado, representa un retroceso en las causas de delitos de lesa humanidad, pues saca a los civiles del trabajo con los archivos de las FFAA. El trabajo que realizaba la ERyA era el de investigar en algunos de los archivos de las FFAA, por medio de programas de “fortalecimiento de la democratización” de esa institución. Tales análisis e investigaciones eran requeridas por el Ministerio Público Fiscal y por el Poder Judicial para avanzar en causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todos los periodos de interrupción de la democracia, como expresa el comunicado de ATE. ATE denuncia que tal decisión fue tomada por el ministro Luis Petri, Claudio Pasqualini (Secretario de Estrategia y Asuntos Militares), Lucas Erbes (Director Nacional de Derechos Humanos) y Jerónimo Peres Vieyra (asesor de Erbes). 
 El desmantelamiento de áreas dedicadas a la causa comenzó hace semanas. En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio dio la orden de desarticular el Registro Único de la Verdad que, al igual que el ERyA, se encargaba de concentrar y analizar archivos de la última dictadura. Estos cierres de áreas y programas relacionados a la investigación de delitos de lesa humanidad, ponen en peligro el acceso de la sociedad a estos archivos y supone un estancamiento en su normalización y modernización archivística. 
 El caso del ERyA toma relevancia en un contexto de política videliana de parte de los integrantes del gobierno nacional, Milei y su secuaz Villarruel, una política de ataque a todos quienes reclamamos justicia por los desaparecidos y asesinados en la última dictadura cívico-militar y pedimos por la apertura de los archivos de ese periodo. Esta política videliana consta, también, de conocer la “historia completa” de la última dictadura, avanzando hacia un intento de lavado de cara de las FFAA, diciendo que cometieron “excesos contra los terroristas”, reviviendo la teoría de los dos demonios.
 Desde Política Obrera denunciamos los cierres de estos programas y pedimos por la reincorporación de los despedidos en todos los organismos del Estado. Nos pronunciamos nuevamente, gritando que fueron 30.000 y fue genocidio. Exigimos la apertura de los archivos de la última dictadura cívico-militar. 

 Vicky Medina 
 30/03/2024

La dictadura de nuestras orgullosas democracias


“Milei insta a Maduro a realizar elecciones libres en Venezuela” rezan los titulares del continente. Para redondear el efecto propagandístico, les ofreció refugio a los opositores, como si sus vidas corriesen peligro, como sí era el caso de sus admiradas dictaduras liberales, como la de Pinochet, admirada por sus admirados Milton Friedman y Friedrich von Hayek quien, en Chile, 1981, lo dejó más que claro: “Prefiero una dictadura liberal a una democracia que no respete el liberalismo”.
 No voy a defender aquí la proscripción de políticos a las elecciones de ningún país, pero recordemos que la empresaria María Corina Machado, por su conocido historial golpista y entreguista, también hubiese sido proscrita de las elecciones en muchos países como en Estados Unidos. Vayamos más allá de la adoctrinación histórica y sistemática de los medios hegemónicos y del discurso cristalizado por siglos de tradición imperial (Entre los ideoléxicos secuestrados y de mayor efectividad están “libertad” y “adoctrinación” y que urge rescatar sin timideces).
 Observemos que tampoco las elecciones son libres cuando las corporaciones compran políticos con miles de millones de dólares en donaciones, les escriben las leyes, llevan de vacaciones a los jueces de la Suprema Corte, dominan los medios creadores de realidades paralelas y son los primeros en contratar mercenarios tipo Team Jorge que manipulan a los electores al mejor postor―que, no por casualidad, suelen compartir la misma ideología de los grandes negocios, todo en nombre de “freedom, freedom” (“la libertad, carajo”) y contra la “adoctrinación de niños inocentes”. 
 La hipócrita invocación a “nosotros somos una democracia” ha servido desde el siglo XIX para que los imperios occidentales impongan su brutalidad genocida en las colonias a las que vampirizaban y exterminaban, con un récord de cientos de millones de muertos. Historia que continúa hoy con los niños esclavos en África y en gran parte de las naciones estratégicamente endeudadas, fanatizadas y adoctrinadas del Sur Global. El mismo argumento que usa el Estado de Israel y los cristianos sionistas para justificar las históricas violaciones a los derechos humanos de los palestinos desde hace un siglo. Les cuesta entender la confusión estratégica creada por la maquinaria propagandística imperial. Algo tan simple como el hecho de que yo pueda poner un maldito voto en mi país no me legitima para imponer mi voluntad a otros países, sean o no democracias liberales. Mucho menos a bombardearlos y masacrarlos en nombre de la democracia y la libertad. 
 Al menos en algo estoy de acuerdo con Vargas Llosa, quien aseguró que todas las dictaduras son malas. Claro, así, en abstracto. Pero no todas las dictaduras son iguales. No estoy de acuerdo en decir que la dictadura de Pinochet o de Castro fueron la misma cosa. Hay diferencias radicales y no se trata de “la prosperidad”, porque una fue creada y financiada por el imperio del momento; la otra fue acosada, invadida, bloqueada, demonizada, hambreada y saboteada por décadas con bombas, armas biológicas y atentados terroristas de todo tipo―ampliaré en mi próximo libro a publicarse este año, aunque me han dicho que no alcanzaré a verlo. 
 Las múltiples dictaduras del Sur desde el siglo XIX fueron dictaduras coloniales y bananeras, apoyadas por los imperios del Atlántico Norte. En América Latina, todas fueron hijas de Washington y sus jefes, las transnacionales. Como ya explicamos varias veces, la Revolución cubana no sólo fue una revolución independentista contra la dictadura pro-mafia y pro-Washington de Batista, sino también contra un historial de humillantes intervenciones, apropiaciones y privatizaciones de la isla. Como bien lo advirtió Ernesto Che Guevara, si permitían una democracia abierta iban a ser destruidos como lo fue la democracia de Árbenz en Guatemala, por lo que la solución era prevenir la manipulación de los medios por parte de los “campeones de la libertad”. El fiasco de Bahía Cochinos le dio la razón, invasión y bloqueo que derivó en la asociación con la Unión Soviética.
 La misma historia del golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, del cual participaron empresarios como Corina Machado y fueron apoyados por la prensa nacional e internacional, como el New York Times, razón por la cual Chávez fue contra estos lobbies y conglomerados cleptofascistas que evangelizan todos los días en nombre de la libertad, paradoja similar a los terroristas como los Contra o los del Batallón Atlácatl que eran definidos por Reagan como “freedom fighters”.
 Como ya dijimos, las peores dictaduras racistas, genocidas e imperialistas fueron orgullosas democracias. ¿Estoy contra las democracias? Por el contrario, estoy a favor de la democratización de las democracias, en contra de ese discurso y ritual vacío creado por sus medios hegemónicos. 
 Hace pocos días, un carguero derrumbó el puente sobre la bahía de Baltimore matando a seis personas. A la prensa le tomó varios días decir que todos eran trabajadores que estaban reparando el puente durante la noche. Le costó más tiempo decir que eran de Guatemala, Honduras y México. Nunca mencionó que algunos de ellos eran indocumentados. Pero basta con que un solo indocumentado en algún lugar del país cometa un crimen para aparecer en todos los medios. Luego las masas repiten el evangelio según el capitalismo que criminaliza sus propios desechos humanos (los trabajadores), sobre todo los más pobres que ni pueden votar. 
 Ayer, una amiga venezolana había ido a un gimnasio y escuchó que dos hombres hacían músculos mientras miraban Fox News. Uno dijo: 
 ―Los venezolanos que vienen están todos en la lista del FBI. Obviamente, si ese fuese el caso, no iban a ser tan tontos de venir aquí. Excepto si, como fue por décadas el caso de la mafia cubana (Bosch, Posada Carriles Ricardo Morales y cientos más) trabajaron para la CIA. 
 Otros explican que “los venezolanos vienen huyendo de la dictadura de Maduro”. No dicen que Washington promovió esa inmigración cortando la década de crecimiento económico y reducción de la pobreza de Hugo Chávez con sucesivos bloqueos comerciales, restricción de créditos que hicieron explotar la inflación y se cobraron la vida de decenas de miles vidas durante la pandemia debido a la prohibición de Washington de permitirle a Venezuela el retiro de treinta toneladas de su propio oro de los bancos de Londres.
 Similar historia de la ley “Pies secos, pies descalzos” que garantizaba que los cubanos no fuesen a tramitar visas legales al consulado estadounidense en La Habana, sino que arriesgaran sus vidas en el mar emigrando de forma ilegal, porque al llegar a Florida tenían residencia automática y Miami tenía propaganda fácil. 
 “Los socialistas tienen una doble vara”, remató el presidente argentino. “Si los dictadores son de ellos está todo bien”. Al presidente se le cayó su propia doble vara. Podría recordar la máxima de Jesús, aquello de la paja en el ojo ajeno, pero tal vez no la recuerda. Milei no se cansa de mencionar a Moisés (a pesar de que no era un liberal, sino un dictador que distribuyó a dedo tierra ajena, jamás en régimen de propiedad privada), pero no cita a Jesús porque es demasiado comunista para su gusto. 

 Jorge Majfud | 29/03/2024

sábado, marzo 30, 2024

La ´unificación´ del sistema de inteligencia, la CIA y la militarización del Estado


Es notorio que en el seno del gobierno se desarrolla una feroz interna por la orientación y conducción del aparato represivo estatal. 
 Se trata de una disputa a varias bandas, aunque la más elocuente es la que involucra a Victoria Villarruel, de un lado, y al tándem Patricia Bullrich-Luis Petri, del otro. A la vice le habían prometido el control de las áreas de Seguridad y Defensa del gobierno libertario, pero terminaron en manos de la fórmula presidencial del extinto Juntos por el Cambio. El episodio más resonante de esta disputa gira en torno a los cambios en la ley de seguridad interior, promovidos por Bullrich, para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interna. Villarruel dice resistir la aventura, en primer lugar, por la falta de “garantías jurídicas” para los militares. “Los que combatieron al terrorismo en los 70 están presos”, afirmó en una entrevista reciente. Para Villarruel, discípula de Videla y Astíz, las Fuerzas Armadas deben recuperar el fuero propio –la Justicia Militar-. La mayoría de la camarilla libertaria quiere sacar las cosas por decreto, lo más rápido posible.
 El gobierno ha dado pasos consistentes en la unificación de la inteligencia criminal y militar. Seguramente el tema fue ventilado en las reuniones que mantuvo el jefe de la CIA, William Burns, con Nicolás Posse y Silvestre Sívori, en su reciente visita al país. El proyecto no es nuevo. Se intentó concretar a comienzos de los años 2000 y más tarde, en 2015, con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El área de inteligencia tiene tres actores: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Dirección de Inteligencia Criminal y la Dirección de Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Un exfuncionario de Macri, Martín Verrier, señala que la AFI es actualmente “juez y parte” de este aparato, porque “además de ser una agencia de inteligencia, actúa como coordinador del sistema, lo que genera incentivos negativos en el funcionamiento de los demás actores del sistema” (Pucará Defensa, 25/9/23). En Estados Unidos, luego de los atentados de 2001, se creó, en 2004, el cargo de Director Nacional de Inteligencia, de rango ministerial, con carácter de coordinador y enlace del sistema de inteligencia -que incluye agencias privadas- con el poder ejecutivo. 
 Ahora se han encarado negociaciones firmes llevar adelante este proyecto. Clarín (24/3) revela que “a principios de marzo, de hecho, se realizó una reunión en Casa de Gobierno para 'coordinar' la integración de los tres subsistemas en la histórica sede de calle 25 de Mayo. Participaron de ese encuentro Silvestre Sívori, interventor de la AFI, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y su secretario de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer, el titular de Defensa, Luis Petri y el brigadier retirado Jorge Antelo, secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete y, a la postre, los 'ojos' de Nicolás Posse desde la época en que estuvieron vinculados a Aeropuertos Argentinos 2000”. Mientras el planteo es resistido por Bullrich, “en Defensa [es decir, Petri], en cambio, se mostraron dispuestos a respaldar la eventual integración de las tres áreas”. Semanas atrás, asumió como director nacional de Inteligencia Estratégica Militar Marco Alberto Constela, a quien vinculan con la ex SIDE y que sería conocido del influyente Antelo (ídem). Bullrich es promotora del involucramiento de las fuerzas armadas en la “lucha contra el narcoterrorismo”, la persecución de las organizaciones de desocupados y la prohibición de huelgas, piquetes y manifestaciones callejeras.
 Sin embargo, “un ex funcionario de Defensa aseguró que estos movimientos buscan recortar la potencialidad del país en esta área, un proceso similar al registrado durante el mandato de Mauricio Macri cuando -según observó-, se eliminaron operativos para vigilar la actividad en las Islas Malvinas. Ahora, aseguró, el oficialismo intentaría reducir las posibilidades de las agencias nacionales de hacer 'inteligencia externa' -para así depender de la información que le pueda brindar la central norteamericana- y, en todo caso, apuntar a que se concentren en la vigilancia interna” (íbidem). Incluso cuando se trata de la militarización se manifiestan los roces entre ‘nacionalistas’ y ‘liberales’. 
 Por el lado del kirchnerismo, Kicillof ha suscripto una declaración de apoyo a los “esfuerzos” del gobierno Milei en la “persecución penal del narcotráfico y el terrorismo”. El cristinismo ha sido autor de las leyes ´antiterroristas´. En rigor, el trabajo “coordinado” del aparato de inteligencia fue también uno de los objetivos de la creación de la AFI. Durante los gobiernos kirchneristas, la colaboración e intercambio con las agencias de inteligencia extranjeras fueron aceitados y frecuentes. Tanto Jaime Stiuso como el finado fiscal Alberto Nisman mantenían un fuerte vínculo con el Mossad y la CIA, con la excusa de la causa AMIA. El ´proyecto´ de unificación se cayó tras la ruptura de Stiuso con el kirchnerismo, con motivo del memorando con Irán, y el gobierno de CFK se apoyó en el aparato de inteligencia militar, capitaneado por César Milani, un hombre de los ‘grupos de tareas’, al que llevó a la jefatura del Ejército. 

 Jacyn 
 29/03/2024

Motosierra en la ciencia pública


El plan motosierra y licuadora implementado por el gobierno nacional sobre todas las áreas del Estado está aplicándose con rigor e inclemencia en el CONICET, la Agencia I+D+i y los demás organismos de Ciencia y Tecnología (áreas que, desde el comienzo, fueron blancos de campañas de estigmatización y desprestigio, desarrolladas primero por trolls y, ahora, financiadas por el gobierno nacional). En la actualidad, la gestión de Javier Milei está llevando adelante un brutal plan de vaciamiento y desfinanciamiento del sistema científico nacional, a través de despidos arbitrarios, estrangulamiento presupuestario, reducción de la asignación de becas doctorales (de 1300 anunciadas, se otorgaron solo 600) y postergación de la fecha de su efectivización (que comenzarían en agosto en lugar de abril, como ha ocurrido históricamente), ajuste salarial, no adjudicación de proyectos en áreas clave, restricción presupuestaria en materia de financiamiento externo. A mediados de enero se formalizaron 49 despidos de empleados administrativos y técnicos. A esto se sumó la amenaza efectuada la semana pasada de cesantear al personal incluido en régimen artículo 9º, cuyos contratos vencen el 31 de marzo. 
 Cabe aclarar que, pese a la continua campaña de desprestigio que recae sobre el personal estatal y la justificación del accionar arbitrario gubernamental (que hace referencia a un sobredimensionamiento de sectores y dependencias y tilda de “ñoquis” a quienes se desempeñan en ellas), los empleados administrativos de las áreas de CyT no son muchos (alrededor de 1500 en todo el país), al tiempo que cumplen funciones esenciales para el funcionamiento del sistema científico y tecnológico en su conjunto: gestionan todos los ingresos de CIC (carrera del investigador), CPA (carrera del personal de apoyo) y becas, preparan los trámites para la evaluación en comisiones asesoras, confeccionan los proyectos de resolución de todos los temas (ingresos, RRHH, cambio de lugar de trabajo, convenios, patentes, liquidación de sueldos, DDJJ, impuestos, vinculación, prensa, comunicación, etc.). 
 En muchos lugares de trabajo, el gobierno solicitó a los sindicatos que armaran las listas de despedidos (juego perverso para hacerlos colaboradores del ajuste). Frente a esta situación de amenaza y extorsión, sumada a otros despidos en el ex MinCyT (que quedó degradado a la categoría de Subsecretaría) y otras áreas estratégicas del Estado, el viernes 22 de marzo se convocó a una movilización masiva en la Jefatura de Gabinete de la Nación (de la cual depende ahora la Subsecretaría) para frenar el accionar arbitrario de los altos funcionarios públicos. 
 Luego de la masiva movilización, ese viernes por la tarde, el presidente de CONICET, especialista en clonación animal, Daniel Salamone, de modo unilateral e inconsulto firmó el despido de 86 trabajadores, sin respetar criterios de razonabilidad ni de pertinencia. Todo esto se efectuó contrariando lo dispuesto por el Directorio -la máxima autoridad del CONICET- y también de los directores de los CCT e institutos del país, los cuales exigieron la inmediata reincorporación de los agentes cesanteados.
 Ante semejante atropello y arbitrariedad, todas las agrupaciones de trabajadores científicos y becarios resolvieron convocar a una concentración masiva el lunes 25 de marzo en la explanada del Polo Científico y en los CCT del país, exigiendo la reincorporación de todos los despedidos y la renuncia de Salamone. En la asamblea convocada, luego de una votación dividida, se resolvió cortar la calle en el cruce Godoy Cruz y Paraguay en lugar de tomar la sede (que era la propuesta originaria, orientada a interceptar a las autoridades una vez adentro, acción similar a la ocurrida el 14 de febrero pasado), a pedido de los trabajadores más expuestos, pero en un marco de desmoralización y derrotismo por parte de algunos sectores de la dirigencia sindical.
 En cuanto a la Agencia I+D+i (el organismo que distribuye recursos a los proyectos científicos) esta estuvo acéfala hasta el 19/03, cuando se nombró directora a una exfuncionaria macrista, sin experiencia ni trayectoria en el área de CyT. La prolongada acefalía implicó una total parálisis en el funcionamiento del área y una angustiante demora en la notificación sobre la adjudicación de Proyectos financiados (de lo cual depende buena parte de nuestra labor en grupos colectivos de investigación). A esto se agregó que -sin listado oficial ni dictámenes sobre los Proyectos 2022/23- un día antes del cierre de la Convocatoria 2024, se anunció que no habría prórroga para la misma. Esto implica: otro año más en el que muchos grupos de investigación se quedan sin financiamiento externo. Todo esto, comunicado por empleados administrativos que estaban haciendo el doble de tareas (dadas las cesantías de las semanas anteriores) y aguardando la siguiente tanda de despidos a ser comunicada el día posterior. El martes 26 de marzo a última hora se convocó a otra movilización para el día siguiente frente a la Agencia I+D+i, en el propio predio del Polo. La movilización tuvo más participación de lo esperado, aunque su asistencia fue inferior a la de instancias previas, dado el aviso sobre la hora, el cansancio generalizado de los activistas del área y el miedo -funcionalmente inducido desde arriba- de quienes temen estar incluidos en el próximo listado de despedidos. 
 Nuestra tarea en este urgente contexto es combatir al derrotismo, organizarnos como trabajadores estatales en general y de la CyT en particular, unificar y articular todas las luchas que la clase obrera está llevando adelante, mientras se aplica este plan criminal de ataque sistemático a nuestras conquistas, de atropello a nuestros derechos y reivindicaciones y de extraordinaria transferencia de recursos a los sectores más concentrados del capital especulativo y extranjerizante.
 En este momento, se impone reivindicar la función social que la ciencia pública debería cumplir y llamar a la urgente unidad, organización y movilización de toda la clase obrera.
 ¡No al vaciamiento del sistema científico y al desguace del Estado! ¡Por la renuncia de Daniel Salamone y de Nicolás Posse! ¡Por la reincorporación inmediata de todos los despedidos ya! ¡Por la unidad de todos los trabajadores! 

 Ariadna Gallo (Investigadora Independiente de CONICET)
 29/03/2024

ANSES: despido de trabajadores, reciclaje de la “casta”


Mientras miles de trabajadores están siendo cesanteados en todas las dependencias de la ANSES, en el gobierno “libertario” se ha desatado una pelea interna por el control político de este organismo, incluyendo su planta política y laboral, entre la ministra de ´capital humano´ Sandra Petovello y la ´jefa´ Karina Milei. 
 Luego del paso fugaz del ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano -del palo de Schiaretti y caído en desgracia porque su mujer, que es diputada, no apoyó artículos de la fallida “ley de bases”-, se designó a Mariano De Los Heros como su sucesor, quien fue desde el inicio una figura decorativa, e incluso los diarios informan que estaría pronto a renunciar. Según La Nación (29/3) Eduardo Menem, mano derecha de Karina Milei, fue el responsable de las ultimas designaciones en detrimento de Pettovello, cuyo ministerio tiene el control operativo de la ANSES.
 Entre los cargos estratégicos de la ANSES, en la secretaría de legal y técnica, fue designado Enrique Buscio, quien ostentó este cargo durante el gobierno de Alberto Fernández. El mismo está apuntado de favorecer el negociado en la contratación de seguros por el cual ha sido procesado el ex presidente y además fue el responsable de bloquear los intentos por suspender la doble pensión vitalicia de Cristina Kirchner. Un garante de la impunidad de todas las trapisondas que se sigan haciendo con el dinero de los trabajadores. Por otra parte, se ha designado como subdirector ejecutivo de Administración a Gervasio Corach, socio de Guillermo Scarcella un ex funcionario sciolista en Aguas Bonaerenses, operador judicial de Comodoro Py y quien fueron denunciado por Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito. Por último, es inminente que el puesto de director del área de prestaciones sea otorgado a Gustavo Xamena, ex funcionario de la ANSES y que en el 2006 fue sospechado cuando integraba el ANSES por el tráfico masivo de datos de ese organismo en beneficio de empresas crediticias. Todas estas designaciones ya venían siendo cuestionados tempranamente por el macrismo.
 A estos movimientos, hay que agregar que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, pactó con Pettovello para sostener a la cúpula de la ANSES de ese distrito. Ferraresi es un promotor de la candidatura de Kicillof, pero absolutamente separada de Maximo Kirchner y La Cámpora. Los contratos del personal en la ANSES que el gobierno está caóticamente terminando (muchos trabajadores todavía no saben si continúan o no trabajando) son fundamentalmente aquellos que fueron designados entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. 
 Milei, que no tiene estructura política alguna, está armando una purga por abajo mientras reacomoda su cúpula para realizar una reconfiguración del organismo, por ahora de la mano de antiguos o reconvertidos dirigentes peronistas. Pero esto está abriendo una fractura con Pettovello, a quien se le ha encomendado una batalla contra otro sector del peronismo, el que regentea las llamadas “organizaciones sociales”. Además de la inmensa caja, el ANSES está presente en todo el territorio nacional y tiene una “llegada” a la población más vulnerable y que recibe las prestaciones de la seguridad nacional. 
 Las jubilaciones y todas las prestaciones que el ANSES otorga están financiadas fundamentalmente por los aportes hechos por los trabajadores y aportes patronales, todo lo cual integra el salario de un trabajador. Toda empresa es gestionada por sus financistas pero, en este caso, la ANSES ha quedado en manos de los gobiernos responsables del desfalco en las jubilaciones y de una asistencia social miserable para desviar fondos en el pago de la deuda. Muchos de esos funcionarios son los que ahora está reciclando en el gobierno “libertario”. 
 Ningún despido en la ANSES. Asambleas para ocupar cada dependencia y que la ANSES pase a mano de sus verdaderos propietarios: la clase obrera.

 Emiliano Fabris
 29/03/2024

Escándalo del Tai An y la Merluza Negra


La corrupción libertaria pone de manifiesto la crisis con los gobernadores y con el ejército. 

 Días atrás, salió a la luz un hecho de corrupción que tiene como protagonistas principales a funcionarios de la cancillería, dirigida por Diana Mondino, y de la subsecretaría de Pesca, a cargo de Antonio López Cazorla. 
 Un buque pesquero de Tierra del Fuego (TAI AN), con bandera nacional y cuyo dueño es un empresario chino-taiwanés radicado en Argentina hace más de 20 años, capturó 175 toneladas de Meluza Negra joven, una especie protegida en Argentina y a nivel internacional. La pesca, que fue intencional según un informe del INIDEP (1), se produjo en un área protegida, dónde se encuentra prohibida por resolución de la misma subsecretaría la captura de esa especie a menos de 800 metros de profundidad (donde viven los juveniles). Esto con el agravante de que se utilizó un arte de pesca prohibido: el uso de una red de arrastre de fondo, que barre con todo a su paso. Las redes de arrastre son muy criticadas en la pesca por tratarse de “técnicas predatorias”. El buque, que realizó una faena de más de 40 días en el mar, desde el 4 de febrero hasta el 20 de marzo, hizo 7 incursiones en el área protegida de Merluza Negra con intervalos de entre 4 y 5 días entre una y otra. Sin embargo, y a pesar de llevar a bordo un Asistente de Investigación Pesquera, el estado intervino solo cuando un marinero del mismo buque publicó una foto en sus redes de la faena. Como el Tai AN no posee cuota de pesca de Merluza Negra (adulta), fue denunciado, según medios el 8 de marzo, por las empresas competidoras ante la Dirección de Coordinación y Fiscalización Pesquera, a cargo de Julián Suarez. Según el comunicado publicado en la página del Ministerio de Economía de Luis Caputto, se le ordenó al buque el alejamiento del área protegida, permitiéndole terminar su faena y volver al puerto en la fecha planificada. Producto del escándalo, renunció Julián Suárez, denunciando que su orden primera había sido que el buque vuelva a puerto para su control y que había recibido presiones del representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero, Pablo Ferrara, para que rectifique su resolución. Ante el pedido de Cancillería, el subsecretario de pesca intervino en el caso y solo se le ordenó al Tai An alejarse del área protegida. La renuncia posterior de Ferrara, aceptada por la canciller Mondino, corroboró los dichos de Suarez. 
 En un primer momento, el pánico que generó en la burguesía la escalada internacional del escándalo hizo que enmarcara el problema en la corrupción política: mientras algunos medios le pegaban al libertario Ferrara, otros le apuntaban al exfuncionario de Alberto Fernández, Suárez. Cuando la renuncia de Pablo Ferrara, sobrino de Diana Mondino y reconocido lobista de los intereses chinos, corroboró sus responsabilidades, los medios comenzaron un operativo de encubrimiento pasando a hablar del problema de la irregularidad de la pesca y de la necesidad de la reglamentación de alta mar. Es cierto que la irregularidad en la actividad pesquera es una constante en todo el mundo. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un problema que desde hace años se viene tratando en los foros internacionales. La ONU arribó el año pasado a un Acuerdo de Alta Mar que debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Pero ni la irregularidad ha sido siempre un problema para el capital ni el acuerdo tiene como principal objetivo la conservación de las especies marinas. Esto último porque la depredación está en la esencia del capitalismo, toda vez que este es un sistema de producción a gran escala y que genera necesidades por encima de las estrictamente necesarias para la supervivencia y el desarrollo intelectual de la sociedad. En el caso concreto que tratamos aquí, la pesca de Merluza Negra es totalmente innecesaria y solo es consumida por un selecto sector de la sociedad que puede pagar sus altos precios, provocando a cambio un dislocamiento de la cadena alimentaria y del ecosistema biológico marino. Por otro lado, La reglamentación de la depredación pesquera, en realidad, deriva de la imposibilidad del capital pequero norteamericano y europeo de competir con los capitales chinos. Cuando la clase obrera británica conquistó derechos laborales y políticos, los capitales ingleses corrieron en desventaja con los norteamericanos, comenzando la campaña internacional de abolición de la esclavitud y de “reglamentación de las relaciones laborales”, a mediados del siglo XIX. Las “reglamentaciones internacionales” en torno de estándares de explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, buscan establecer condiciones medias de explotación y ganancias para todos los capitales. La burguesía le llama a esto “competencia leal”. Pero, concretamente, en el marco de la guerra comercial, ya devenida en guerra militar, entre Estados Unidos y China, el Acuerdo de Alta Mar, busca quitar ventajas al capital chino. Ventajas que China justifica invocando su “derecho a ser un país desarrollado”. 
 Además, la “irregularidad” en la explotación del recurso ictícola tiene en el Mar Argentino una particularidad que funcionarios y medios omitieron por igual: el carácter de territorio ocupado de las Islas Malvinas. Desde que Domingo Cavallo iniciara como canciller la política de entendimiento con Margaret Tatcher y reconociera, por medio de la cooperación científica en el campo de las ciencias del mar, la zona económica exclusiva de facto creada por la primera ministra en 1986, Gran Bretaña consolidó su control de 150 millas alrededor de las islas. Todo esto con el conocimiento del entonces secretario de agricultura, ganadería y pesca, el inefable Felipe Solá. Según un informe presentado en la Cámara de Diputados en 2015 (2), un importantísimo número de buques licenciados por el RU, que controla las islas, realizan pesca furtiva al borde de la milla 200 y, muchas veces, ingresando a la ZEE argentina. La mayoría de estos buques portan bandera de Taiwán, Corea y España. Esta omisión es una concesión a la ocupación británica de las islas, pues la actividad pesquera es uno de los dos pilares del sostenimiento financiero de la ocupación; el otro proviene de las arcas de la corona. La otra omisión es la relativa al avance de la explotación petrolera de la plataforma marítima argentina, de la mano de una empresa israelí.

 La pelea entre Nación y provincias

 La corrupción libertaria arrojó luz también sobre la pelea entre Milei- Caputo y los gobernadores, en este caso, los patagónicos. Es que la intervención, según algunos medios inédita, de Cancillería en asuntos de pesca, además de estar motorizada por la compra de voluntades, responde a los intentos de la cartera nacional de controlar la gestión de los recursos de las provincias, uno de los puntos que mantiene trabada la discusión acerca del Pacto de Mayo con los gobernadores patagónicos. La ley ómnibus, que los gobernadores mandaron momentáneamente al archivo por el veto que la burguesía agraria hizo a las retenciones, contenía también reformas estratégicas de la Ley 24.922 de pesca. Las reformas, fundamentalmente, quitaban potestades al Consejo Federal de Pesca para la autorización de permisos de explotación. Es un primer paso para monopolizar las tasas y aranceles que el estado cobraría en un futuro para la licitación de las cuotas de pesca. Los gobernadores criticaban la anulación de las cláusulas de la ley que priorizan a empresas nacionales y a la contratación de proveedores y trabajadores argentinos en nombre de la “defensa de la patria”, pero nada hicieron para impedir cientos de despidos y cierres de empresas pesqueras, quebradas por la competencia del capital extranjero. Tampoco fiscalizan las condiciones y régimen de trabajo de los obreros de la pesca y de los barcos que salen al mar, como quedó de manifiesto con el hundimiento de El Repunte. Volvemos a repetir que uno de los dos principales factores del saqueo del “recurso nacional”, el permiso de un estado ocupante como lo es el Reino Unido, tampoco es denunciado por los estados provinciales ribereños, que se autoproclaman patriotas. Además de una pérdida estratégica de posiciones en el control del recurso, los gobernadores pierden una preciosa caja paralela generada por las coimas de las empresas pesqueras que no declaran todo lo capturado. El dueño del buque Tai An denunció que él había tramitado el pedido de una cuota de Merluza Negra en enero, y que se encontraba a la espera por la falta de los nombramientos de los integrantes del CFP. Quiere decir que coimeó a la cancillería para que le garantice la impunidad en la faena ilegal. Algo que finalmente sucedió, porque el empresario chino solo pagará 56 mil dólares de multa y aún tiene la posibilidad de recomprar la carga decomisada al valor del mercado (20.000 dólares la tonelada). No se han abierto investigaciones sumarias administrativas a todos los funcionarios implicados y no se ha procedido a un informe sobre los daños ambientales ocasionados con la perspectiva de una denuncia penal por delito ambiental. En cuanto el gobierno nacional se ponga de acuerdo con las provincias en la cuestión presupuestaria, el slogan “La patria no se vende” será archivado. 

 El realineamiento internacional con la OTAN y Malvinas 

Hay algo cierto, sin embargo, en eso de que uno de los puntos de disputa respecto de la cuestión pesquera, es el problema del reclamo de la soberanía sobre Malvinas, sobre todo, dentro del ejército. Es que la vieja ley 24.922, establecía un registro de buques que tiene, principalmente, el objetivo de limitar las flotas de bandera británica en el Mar Argentino. La reforma que el gobierno de Milei pretende quita este registro y, complementariamente, permite a los barcos que pesquen en las costas nacionales, descargar en puertos extranjeros, lo que reforzaría la actividad de Puerto Argentino y, por ende, la ocupación inglesa de las islas. Las reformas mencionadas obligarían al gobierno a reconocer institucionalmente la ZEE de las Islas Malvinas, blanqueando una actividad que se desarrolla hoy de facto, y que obstaculiza la entrada a las islas de más inversiones, porque la ONU no ha reconocido la ocupación ni la ZEE. Esto no ha sido denunciado por el senador radical Lousteau, como tampoco el avance petrolero de mano de empresas israelíes, lo que pone de manifiesto el carácter demagógico de su interpelación frente al rabino Wahnish, cuyo pliego de todos modos autorizó sin garantías. Este realineamiento con la OTAN, que no tiene nada de principista y todo de pragmático (el salvataje del imperialismo al gobierno de Milei y el reinicio de un nuevo período de financiamiento/endeudamiento de la economía nacional) traerá choques hasta con el mismo ejército. 
 En lo inmediato, el escándalo de corrupción libertario, ha dejado de manifiesto que la famosa “batalla cultural” de Milei consiste en el pasaje de los privilegios y prebendas de unos capitalistas hacia otros capitalistas. 

Patricia Urones 
 29/03/2024

 1.Leer informe completo aquí: text 2.text ; text

La alianza de Milei con el terrorista Uribe, la retroscena de los insultos contra Petro


Una censura, en algunos casos velada, en otros abierta, rodea el episodio de los insultos de Javier Milei, el presidente de Argentina, contra Gustavo Petro, el de Colombia. Milei es un farsante, pero no una cuerda suelta de la política criolla e internacional. Lo que parecen exabruptos son teatralizaciones perfectamente preparadas; es característico de la ultra derecha lo que en inglés se describe como “double-down” y en castellano “redoblar la apuesta”. El mote de “terrorista asesino” aplicado por el cesanteador serial a Petro, encaja como un molde en esta caracterización. 
 Javier Milei es un compinche especial, no solamente de Messías Bolsonaro, Donald Trump y el sionista Netanyahu, sino de Álvaro Uribe Vélez, otro colombiano, ex presidente, bajo cuyo mandato se registraron en la nación del Pacífico-Caribe las peores atrocidades contra los poblaciones campesinas y contra luchadores en general. Petro, un guerrillero del M-19, un movimiento nacionalista, en la década del 90 del siglo pasado, se destacó, luego de su reinserción en el régimen constitucional, por las denuncias de infiltración de las bandas paramilitares en los servicios de Inteligencia del Estado. En ese marco quedó en evidencia que Álvaro Uribe era el jefe político. Dedicado al tema del paramilitarismo colombiano, Wikipedia informa que “si bien desde el año 2002, cuando era Representante a la Cámara, el senador Gustavo Petro venía denunciando la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de Luis Camilo Osorio, fue durante el año 2005, en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2006, que se generaban varias polémicas alrededor de la presencia de personas cercanas al paramilitarismo en las listas de partidos que apoyaban al presidente Uribe; mientras que en mayo de 2005 Petro denunciaba con nombre propio y documentos judiciales a varios parlamentarios de Sucre, en junio del mismo año, Clara López Obregón, miembro del Polo Democrático Alternativo, denunciaba ante la Corte Suprema de Justicia la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que se conocieran afirmaciones del jefe máximo de dicha organización Salvatore Mancuso en las que aseguraba que un 35 por ciento del Congreso 'eran amigos' de su organización”. 
 Cuando, mucho tiempo después, se iniciaron las “negociaciones de paz” con las FARC y se estableció un fuero judicial para la violación de derechos humanos, quedaron en evidencia los famosos “falsos positivos”, como se denominó a los asesinatos del paramilitarismo y las Fuerzas Armadas que habían sido disfrazados como crímenes de las guerrillas –durante el gobierno de Uribe-. Más adelante, cuando tuvieron lugar las elecciones de 2019, Uribe promovió la candidatura que saldría triunfante de Iván Duque, ocasión en la que “decidió aliarse con un poderoso narco llamado José Gregorio el 'Ñeñe' Hernández, quien financió la compra de votos con las que resultó ganador Duque y a su vez Uribe” (La Oreja Roja, 14.5.2021). Álvaro Uribe también se ha distinguido como un secuaz de Donald Trump, quien además de los intercambios de saludos y apoyos lo condecoró con una medalla. 
Desde el 10 de diciembre pasado, Álvaro Uribe, un reconocido manipulador de X, no ha hecho más que halagar y apoyar la política de cesantías y ‘licuación’ de salarios y jubilaciones de Milei. Es claro que Milei trabaja con la ultraderecha internacional para un retorno de la ultraderecha al gobierno en Colombia. Las medidas salvajes de Milei en Argentina le han ganado una indudable notoriedad internacional y se ha convertido en un punto de reagrupamiento de la ultraderecha en América Latina. Incluso en Cuba, la derecha levanta su nombre como una salida al emprobrecimiento extraordinario de la población. Como es conocido, Milei ha hecho un eje publicitario entre el “empobrecimiento” y el “socialismo”. 
 La descalificación de Petro no conforma un escenario de ‘incidente diplomático’, ni la canciller Mondino se encuentra empeñada en atenuarlo. Es una movida estratégica. Aunque Petro no ha resuelto ninguno de los problemas de las masas colombianas y gobierna con sus propios métodos para la burguesía, también se ha destacado en la denuncia del genocidio que desarrolla Israel contra la nación palestina. Milei, por contraste, fue a abrazarse con Netanyahu mientras los aviones sionistas mutilaban y mataban de miles de mujeres y niños, y reducía a la población sobreviviente de Gaza al hambre. Es conocido, en Argentina, el incremento notable de la injerencia del sionismo en el Estado, aunque Milei jamás abrirá los archivos, como tampoco lo hizo ninguno de sus predecesores, acerca de los atentados terroristas contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA –son un secreto bien guardado con la CIA y el Mossad-.
 La conclusión, por último, es que este falso episodio es parte del intento de insertar a Argentina en la guerra mundial desatada por la OTAN en Ucrania, el Medio Oriente y el África sub-sahariana. Es lo que la prensa internacional llama la pelea por el “Sur Global”. Efectivamente, mientras soltaba la lengua contra Petro, el compinche del terrorista Uribe, Milei lanzaba una serie de provocaciones contra China, desde la persecución a un buque pesquero que no pescaba o la denuncia de camiones con vacunas vencidas de China, que se demostró falsa. Para Mayo, Milei tiene previsto asistir al congreso de la ultraderecha española (o sea el franquismo), donde se reunirá con todos los invitados fascistas al evento, para complotar la instalación de una Internacional Negra. Pasará antes por Italia, donde gobierna una sucesora del Duce, y luego lo hará a Kiev. 
 Como se dijo ya desde estas páginas, recientemente, cuando mayor sea la proyección internacional que se dé a la figura de este amigo de terroristas y criminales, mayor será el impacto internacional de la derrota que sufrirá a manos de la clase obrera de Argentina.

 Jorge Altamira 
 29/03/2024

CON FILO | En silencio ha tenido que ser


viernes, marzo 29, 2024

“Nos vemos en Agosto”: García Márquez por la liberación de las mujeres


“En un acto de traición, decidimos anteponer el placer” 
 La novela póstuma de García Márquez 

“Antes de arreglarse se quitó el anillo de casada y el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho…”. Así inicia el tercer párrafo de la obra póstuma del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, expresando un nuevo grito por el empoderamiento y la igualdad de la mujer. 
 Coincidiendo con el 97º aniversario de su nacimiento, el miércoles 6 de marzo, salió a la venta la nueva novela corta donde narra la vida de Ana Magdalena, que visita, como de costumbre, siempre el mismo día del año, la tumba donde descansan los restos de su madre, en un cementerio ubicado en una isla caribeña.
 “Había repetido aquel viaje cada 16 de agosto, a la misma hora, con el mismo taxi y la misma florista, bajo el sol de fuego del mismo cementerio indigente, para poner un ramo de gladiolos frescos en la tumba de su madre. A partir de ese momento no tenía nada que hacer hasta las nueve de la mañana del día siguiente, cuando salía el transbordador de regreso”. De este modo nos presenta a la protagonista, Ana Magdalena Bach, una mujer casada, que abandonó sus estudios, su vida particular, luego de casarse. La excelente (y simple) prosa de García Márquez abre la oportunidad de reflexionar. Si el cementerio es el único lugar que ella visita, como acto obligado, como parte de una vida marcada por la cotidianeidad, ausente de deseos propios, la aparición de un nuevo hombre, una relación furtiva, provocará, en cambio, una revolución. 
 Sin dar nombres de ciudades (ni reales ni ficticias) y solo informando que se encuentra en una isla del Caribe, como el 100% de sus obras literarias, presenta a la localidad mediante una breve denuncia, que puede ser aplicable a la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos. “La deprimió [a Ana] la miseria de la aldea, donde tuvieron que dormir a la intemperie a hamacas colgadas entre dos cocoteros”.
 El nombre de la figura principal es un homenaje a Anna Magdalena o Anna Magdalena Wicje (1701-1760), soprano y segunda esposa del compositor barroco, Johann Sebastian Bach. Las mujeres en la bibliografía del autor siempre han ocupado un lugar de importancia, que acompañaron, y en algunos casos definieron el devenir de personajes, como José Arcado Buendía (“Cien años de soledad”, 1967), Santiago Nasar (“Crónica de una muerte anunciada”, 1981) y Florentino Ariza (“El amor en los tiempos del cólera”, 1985). Entre amores y adiós.
 Pero lo novedoso es que, en esta ocasión, el sexo femenino no ocupa un papel secundario, sino protagónico principal. “En esta novela de setenta páginas García Márquez supo ver el rumbo que tomaban las mujeres en su camino a la libertad, hacia sí mismas. Da vida a una mujer culta y felizmente casada, hace 27 años, hasta que descubre el deseo y la necesidad de sentirse deseada” (W Magazín, 9/3). 
 El cambio de una mujer, encerrada en su casa, asustada de las salidas nocturnas de su hija Micaela, y su regreso embarazada. “Así estaban las cosas en una noche en que Ana Magdalena soltó en la cena el temor que la hija regresara encinta de sus fines de semana, y Micaela quiso tranquilizarla con la buena noticia de que un médico amigo le había implantado desde los quince años un dispositivo infranqueable. La madre, que nunca se había atrevido a superar la audacia de los preservativos ilustrados, le gritó fuera de sí, y directo al corazón: ¡Puta!”. La isla y sus regresos la transforman, la cambian, al mejor estilo “Dr Jekyll y Mr Hyde” (Robert Louis Stevenson), conociendo y desarrollando amoríos ocasionales (de solo una noche) con hombres desconocidos. 
La  Ana Magdalena de Gabo también es una mujer que lucha, a su modo, contra el patriarcado, buscando su lugar en el mundo, como persona. “Es una historia tan feminista que nos parecía que hacía muy buen trío con sus últimas novelas cortas: ‘Del Amor y Otros Demonios’ (1994) y ‘Memoria de Mis Putas Tristes’ (2004)”, señaló el hijo del autor.
 García Márquez (1927-2014) fue uno de los escritores colombianos más aclamados a nivel continental (y por qué no, mundial). Junto a Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, forma parte del “boom Latinoamericano”. 
 Durante todo el relato corto, el autor hace referencia, de forma constante, en boca de la protagonista, a importantes obras de la literatura universal. Utilizándolo como homenaje, antes que el maldito Alzheimer avanzara y debilitara su memoria.
 Algunos ejemplos: “(…) El libro era ‘Drácula’, de Bram Stoker. Había leído la mitad en el transbordador con el fervor de una obra maestra”; “Siguió varios años con novelas cortas de cualquier género, del orden de ‘El Lazarillo de Tormes’, ‘El Viejo y el Mar’, ‘El Extranjero’. Detestaba los libros de moda y sabía que el tiempo no le alcanzaba para ponerse al día”; “Tardó varios meses sin avanzar en la ‘Antología de la Literatura Fantástica’ de Borges, Bioy Casares y Ocampo”; “Decidió llegar al cuarto para leer ‘El Día de los Trífidos’ de John Wyndham, que tenía en turno desde hacía más de tres meses”; “Ella buscó un remanso en el comedor desierto a las once de la mañana para concentrarse en la lectura de ‘Crónicas Marcianas’ de Ray Bradbury; “Ella acabó de leer ‘El Misterio del Miedo’, que había empezado en la isla; apagó la luz de su lado y se volvió contra la pared sin despedirse (de su marido)”; “Colgó la ropa y puso el libro en la mesa. Era ‘El Diario del Año de la Peste’ de Daniel Defoe (…) Todo parecía arreglado a propósito para no ser feliz”. 
 Frente a los discursos reaccionarios de sectores políticos y del clero, la novela póstuma de García Márquez es un empujón a favor de las mujeres y la lucha por sus derechos. 

 Maxi Robes

Brasil: Lula concilia con los militares fascistoides


Han pasado escasos días desde que el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo (constituidos por organizaciones ligadas al PSOL, PCB y PT) convocaran a un acto de respuesta al realizado por el expresidente Jair Bolsonaro en San Pablo, en el que éste reclamó su amnistía y la de los participantes en la asonada del 8 de enero del 2023 contra Lula.
 Esta “iniciativa” fue desactivada por orden del propio presidente Lula quien vetó todo acto político en oportunidad del 60° aniversario del golpe que depuso a Joao Goulart, el 31 de marzo de 1964 instaurando una dictadura militar que duró 21 años. No podemos lamentar el pasado, dijo el presidente petista. Lula instruyó a sus ministros y a todo su gobierno a no realizar ningún acto, ceremonia, discurso, ni producir material que es de una generación diferente, omitiendo que muchos derechistas bolsonaristas han declarado, en más de una oportunidad, que quieren derribarlo. El diario Correio Braziliense señala que Lula “no quiere desacuerdos con los militares”. 
 El levantamiento del acto ha sido criticado por el hijo del presidente Goulart (Joao Vicente Goulart), quien sostuvo que igualmente marchará el 23 de marzo “en defensa de la democracia”. Un historiador (Lucas Pedretti) calificó como una cobardía la conducta de Lula, a quien acusó de que tal decisión fue adoptada a cambio de que el Comando del ejército no publique la Orden del Día (nota oficial sobre la fecha del golpe). Resulta evidente que Lula se ha adaptado, con exageración, a las exigencias del ejército, y que su determinación va en el mismo sentido de las demandas de amnistía de Bolsonaro (hoy inhabilitado judicialmente para ser candidato presidencial en el 2026). La actitud de Lula es la continuidad de su conducta de no recibir a los familiares de la represión por parte de la dictadura iniciada en 1964, y ha envalentonado a militares activos y retirados como lo prueba la convocatoria, el día 27 de marzo, de un almuerzo para conmemorar los 60 años del golpe, en Lagoa, Zona sur de Rio de Janeiro, en la que hablará el general retirado Maynard Marques de Santa Rosa, ex integrante de la secretaría de asuntos estratégicos de Bolsonaro, que continúa agitando el fraude electrónico de las pasadas elecciones presidenciales.
 Los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo anunciaron que igualmente, sin la presencia de Lula, “saldrán a las calles el próximo sábado 23 de marzo” en Brasilia. La manifestación tendrá como consigna central “la defensa de la democracia”. Se trata de un vergonzoso (¿?) apoyo político al gobierno de Lula-Alckmin, que ellos mismos integran. 
 En este marco están teniendo lugar importantes huelgas. Desde el 12 de marzo, los profesores estatales de Minas Geraes cesaron labores, una medida resuelta en una asamblea realizada en Belo Horizonte por aumento de salarios, convocada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación. La huelga de técnicos administrativos de instituciones de educación superior pública de Brasil, que nuclea a 60 unidades educativas de diez estados, también es por mejoras salariales. Y hay numerosos reclamos del mismo tenor. 
 En más de un año de gobierno, Lula no ha revertido las medidas antiobreras impuestas por los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro (reformas previsional y laboral, etc.). La CUT (Central Unica de Trabajadores) se ha subordinado al apoyo político al gobierno “democrático” de Lula-Alckmin. No organiza ninguna acción en respaldo de las huelgas, ni para romper el cuasi congelamiento salarial existente y permitir que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo. 
 Se trata de una “lucha contra el fascismo” de Bolsonaro que mantiene intacto el poder de las Fuerzas Armadas que lo encumbraron y apoyaron y mantienen sojuzgadas a las masas trabajadoras bajo una feroz explotación capitalista. El propio Lula ha manifestado su disposición a conformar un frente antifascista internacional con Joe Biden y Pedro Sánchez, presidente español. Otro verso: ¿un frente antifascista con el que guía las guerras imperialistas en Ucrania y Gaza?
 Tal planteo es complementario de la pasividad con la que actúa Lula en Brasil frente a los que hipotéticamente podrían imponer el fascismo, mientras utiliza a la burocracia de la CUT como un instrumento de freno y estrangulamiento de cualquier intento de lucha de los trabajadores. Este es el verdadero contenido de la “defensa de la democracia”: el apoyo a un gobierno explotador. 
 La estrategia de Lula, lejos de contribuir a la lucha “contra el fascismo”, actúa como un favorecedor de su eventual maduración. Concilia con las fuerzas armadas que apoyaron activamente al gobierno fascistoide de Bolsonaro, sostiene el ataque a los trabajadores en materia reivindicativa y las reformas laboral y previsional antiobreras, envalentona a sectores golpistas y paraliza a la clase obrera. 
 La “estrategia” de Lula es apoyada por el gran capital y el imperialismo porque es garante de “paz social”, superexplotación de las masas y saqueo nacional. Es necesario poner en pie a la poderosa y enorme clase obrera brasileña, que la CUT mantiene paralizada porque respalda al gobierno. 
 Insistimos en la necesidad de reclamar a las organizaciones de masas de Brasil la ruptura de la tregua con el gobierno y organizar la lucha y movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones sociales impostergables y por las banderas democráticas que la derecha cercena (derecho al aborto, etc.). Esta es la manera de impedir el progreso de la derecha bolsonarista y oscurantista: poner en pie de lucha a las masas trabajadoras y explotadas. 
 Estratégicamente: bregar por la convocatoria de un congreso de los trabajadores que abra paso a una perspectiva independiente de los trabajadores, que rompa con las ataduras al gobierno petista en el campo político y electoral, sobre la base de la movilización y la acción directa. 

 Roberto Gellert

Por una lucha contundente contra la sangría en el Estado


Si intervenimos con la fuerza de la clase trabajadora, podemos frenar al gobierno de Milei. 

 Al momento de escribir este artículo se hacen públicas nuevas tandas de despidos masivos en el Estado. El miércoles a última hora circuló la resolución del cierre de todas las delegaciones del Enacom en las provincias. A la vez, llegaron notificaciones de cesantías en el ex Ministerio de Educación y se habla de más de 500 despidos en Trabajo. Más temprano, se amplió la nómina de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. La lista es interminable: Anses, Economía, Agricultura Familiar, Acumar, Incaa, Conicet, Parques Nacionales… La motosierra criminal no es solo patrimonio del gobierno nacional: su mejor alumno, Jorge Macri, despidió 300 personas en Educación de la CABA. Donde todavía no hay despidos, el recorte presupuestario es tan salvaje que pone en vilo el funcionamiento de instituciones como el Hospital Garrahan o las universidades.
 El revoleo de números que hace el gobierno, con un Milei que afirma “el cese de 70 mil” para luego ser “corregido” por su vocero Adorni con un número de “solo” 15 mil, busca en forma deliberada desarticular y generar terror entre las y los trabajadores, que si enfrentan esto en forma atomizada estarán cada día al filo del abismo, esperando ansiosamente su eventual renovación discrecional por solo unos meses más.
 La patronal echa encima del eslabón más débil de la cadena toda su crueldad, notificando desvinculaciones al borde del fin de semana para intentar evitar cualquier respuesta colectiva. No hay ningún recorte de “ñoquis”, simplemente dejan en la calle a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores que cumplían funciones diariamente por sueldos miserables, para garantizar a los verdaderos parásitos sociales (el capital financiero) el cobro de su deuda fraudulenta. La casta sigue en sus puestos, con ejemplares repugnantes como Scioli o Bullrich, que viven realmente del Estado hace décadas.
 Lógicamente se empiezan a multiplicar los choques y distintas formas de resistencia a esta masacre social, con decenas de miles de personas desocupadas en un cuadro recesivo. Hubo movilizaciones, ruidazos, cortes de calle, asambleas y acciones de diverso tipo en muchísimas dependencias, pero las acciones son deliberadamente dispersas como consecuencia de la política de la burocracia sindical, que dejó correr conscientemente el tiempo frente a un ataque completamente conocido y anticipado hace meses. UPCN llegó al bochorno de firmar una rebaja salarial al gobierno (8%) esta semana ¡al mismo tiempo que se producían los despidos masivos! Su secretario general, Andrés Rodríguez, protagonizó un bochornoso reportaje radial, donde terminó “proponiendo” en forma patoteril a los periodistas que convoquen un paro, ya que él no haría ninguno. 
 ATE se pasea por la televisión fingiendo combatividad, pero el balance es contundente en sentido contrario. El secretario general nacional, Aguiar, proclama por los medios paros que no concretan en la realidad. A la vez, los plenarios son casi inexistentes, y el único que pretendió asemejarse hasta el momento fue para validar una decisión ya tomada. Catalano sugiere rechazar esta metodología, pero la seccional Capital no termina aplicando nada distinto. La mentada “unidad” por arriba fue solo un bloqueo a iniciativas más fuertes de lucha. Mientras tanto, seguimos en el papelón de medidas separadas, aunque luego se disimule con presencias “en palcos”.
 Esto debe ser modificado en forma urgente. Como planteamos varias agrupaciones y juntas, e incluso algunas votaciones en dependencias, es momento de una gran asamblea sin distinción de afiliación para organizar un plan de lucha. Tenemos que apuntar a golpear como un solo puño, con acciones que la base tome como propias. En primer lugar, es urgente unificar con un paro real de todo el Estado que incluya una movilización a la Plaza de Mayo. En ella deberíamos convocar a todos los sectores obreros y populares agraviados por la política de Milei. Al mismo tiempo, está el desafío en cada dependencia: el norte debe ser la permanencia, es decir, pelear por el dominio del lugar de trabajo, con el ingreso de todxs lxs compañerxs el próximo miércoles. La tardía convocatoria a un plenario por parte de ATE para ese día por la tarde debe ser escenario de una unificación de todos los sectores que rechazamos la entrega sin pelear contundentemente. 
 Si dejamos pasar esta tanda de despidos, vendrán por más en el sector público y privado. Pero si intervenimos con la fuerza de la clase trabajadora, podemos frenar al gobierno de Milei. 

Alejandro Lipcovich
 Secretario general de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan.

El gobierno miente sobre la vacuna contra el dengue: los especialistas sí la recomiendan


Sostuvo que la CoNaIn la desrecomendaba cuando se expidió a favor de su aplicación. 

 Tras la reunión que mantuvieron los ministros de Salud del país, en la que no se resolvió medida alguna para enfrentar la epidemia de dengue, desde la cartera nacional volvieron a aclarar que descartan incluir la vacuna contra el virus dentro del calendario obligatorio. Para justificar esta decisión completamente antisanitaria tuvieron que recurrir a una mentira: adujeron que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) “no recomienda su implementación en el calendario nacional”, cuando es exactamente al revés.
 A diferencia de lo que sostiene el oficialismo, el CoNaIn le hizo llegar al Ministerio de Salud un paper con recomendaciones para combatir el brote de dengue, entre las cuales se encontraba, precisamente, la de “avanzar en la implementación de una estrategia focalizada de vacunas contra el dengue con vacuna Qdenga”. El gobierno miente de forma descarada para intentar ocultar que no existe evidencia científica que respalde la decisión de excluir la vacuna del calendario obligatorio. Monta un relato a fin de disimular que el único criterio que rige su política sanitaria es el del plan motosierra.
 Así, deja a la deriva a la población de menos recursos que no puede pagar $140 mil para vacunarse contra el dengue, quedando más expuesta a desarrollar formas graves de la enfermedad. El cuadro de desidia estatal se completa con la falta de campañas de prevención y de distribución gratuita de repelentes y el desfinanciamiento del sistema de salud, que se traduce en hospitales saturados ante el aumento de casos. Es una orientación verdaderamente criminal, que muestra a todas luces la literalidad de la frase “el ajuste mata”. 
 Frente al accionar desvergonzado del gobierno, que llega al punto de falsificar las recomendaciones de los especialistas en pos privar a las mayorías populares del acceso a la vacuna, urge que los trabajadores nos organicemos colectivamente por su gratuidad. El proyecto de ley presentado por Gabriel Solano en la Legislatura porteña, reclamando planes de vacunación gratuita contra el dengue, busca ser un insumo para la movilización callejera en torno a este reclamo. 
 Pongamos en pie asambleas en cada barrio donde se voten acciones de lucha que le exijan al Estado vacunas, repelentes, urbanización, saneamiento y equipamiento de las salitas. Abajo la motosierra en salud, que ocasiona daños irreparables entre la población trabajadora. 

 Sofía Hart

jueves, marzo 28, 2024

Perpetua para represores de la Noche de los Lápices


Absolución para un ´cliente´ de Cúneo Libarona. 

 El lunes 25 de marzo finalizó el Juicio contra las brigadas de Lanús-Avellaneda, San Justo, Banfield y Quilmes, con un total de 11 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Se los juzgó, entre otros, por la llamada Noche de los Lápices, el secuestro de un grupo de estudiantes secundarios, militantes y constructores de sus centros estudiantiles en la clandestinidad, ocurrido en La Plata el 16 de septiembre de 1976 – hace 48 años y 41 del ‘retorno a la democracia’. También estaban en el banquillo de los acusados los responsables del secuestro de Adriana Calvo, fundadora de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, fallecida en 2010. 
 Las brigadas operaron clandestinamente durante la década del ’70, utilizando como centros de detención los Pozos de Banfield y Quilmes, donde retuvieron, torturaron, redujeron a la servidumbre y finalmente desaparecieron a, por lo menos, las más de 600 víctimas que se les adjudican.
 Las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°1 de La Plata fueron de diez condenas a perpetua a Federico Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Jorge Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Carlos Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata), Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata), el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana), el médico policial Jorge Bergés, el comisario Horacio Castillo y Carlos Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601). También fue condenado Alberto Canditi (Integrante del Departamento 101) a 25 años de prisión. En cambio, Enrique Barre (segundo del “Nazi” Wolk en el Pozo de Banfield) fue absuelto. Hasta diciembre pasado, fue defendido por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación – otro más para su prontuario. Entre los acusados se encontraba el asesino Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, que murió a mitad del juicio.
 El juicio comenzó en octubre de 2020. A lo largo de estos cuatro años pasaron numerosos testigos, tanto sobrevivientes como familiares y compañeros de desaparecidos, que dieron cuenta de la existencia de un plan sistemático de exterminio de la vanguardia obrera de aquellos años.
 Familiares y compañeros de los desaparecidos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos definieron como “reparador” el fallo, pero no definitivo. No sólo los condenados apelarán la absolución de Barre. Las condenas llegan a más de 40 años de los hechos y el fallo no satisface enteramente a los familiares y sobrevivientes. Tales cuestiones toman vital relevancia en el contexto en cual nos encontramos, frente a un gobierno de videlianos confesos que pretende militarizar la represión interna bajo la excusa de la “lucha contra el terrorismo”. 
 Miles de represores se encuentran libres e impunes. Gozan de impunidad gracias a las maniobras de los partidos de la burguesía, que fueron cómplices del golpe. 
 Fueron 30.000 y fue genocidio. Abran los archivos desde 1973 hasta 1983. Juicio y castigo a represores. 

 Vicky Medina 
 28/03/2024

El derrumbe del puente en Baltimore evidencia la crisis de infraestructura de Estados Unidos


El derrumbe del puente Francis Scott Key, en Baltimore, en la madruga del martes pasado, puso en evidencia la crisis de obsolescencia de la infraestructura de los Estados Unidos de América. 
 El buque carguero Dalí lo tiró abajo al llevarse puesto uno de sus pilares, luego de perder el control debido a una falla eléctrica. No sólo las defensas del pilar fueron insuficientes para prevenir su destrucción, sino que el puente tampoco pudo resistir la caída en cadena de toda su estructura. Hay numerosos muertos y desaparecidos. La tragedia no fue mayor porque la tripulación del barco emitió una alerta desesperada y se cortó abruptamente el tráfico hacia el puente, pero muchos vehículos quedaron atrapados y se hundieron en el agua. 
 Construido en 1977, el Francis Scott Key no estaba pensado para barcos del porte y la inercia de los cargueros modernos ni el caudal del transporte marítimo para el comercio mundial era tan intenso como ahora. 
 Las advertencias sobre la fragilidad de esta construcción considerada clave no sólo para la ciuda de Baltimore sino para todo el tránsito comercial de la región nordeste de Estados Unidos. En 2011 este puente había sido considerado estructuralmente deficiente por el Departamento de Transporte de Maryland, como tantos de los miles de puentes decrépitos que existen actualmente en EEUU, según la American Society of Civil Engineers (ASCE). EEUU obtuvo en 2021 una "C-" por el estado nacional de los puentes, dice un informe de la ASCE. 

 No es solo Baltimore 

Por esto, el accidente en Baltimore es solo una muestra del deterioro en que se encuentra la infraestructura en todo Estados Unidos, y de su falta de modernización, si se la compara con las inversiones que se realizaron en los últimos años en países de la Unión Europea y en China. Por ejemplo, un estudio del conservador American Enterprise Institute recogía que, según datos recopilados entre 2004 y 2012, un viajero de tren estadounidense tiene 58 veces más posibilidades de salir herido que un viajero de tren francés.
 La ASCE asegura que un 42% de los más de 600.000 puentes que hay en EE.UU. tienen, por lo menos, medio siglo de antigüedad y 46.154 -el 7.5% del total-, se consideran estructuralmente deficientes o en mal estado. 
 La red de carreteras, puentes o puertos data principalmente de la administración de Franklin D. Roosevelt, entre 1933 y 1945. Muchas de estas obras siguen operativas en la actualidad, incluso más allá de la vida útil que habían estimado los ingenieros que las construyeron. 
 En cuanto a la red de autopistas interestatales, ésta data de la década del 50, durante la presidencia de Eisenhower. "La infraestructura (de EEUU) es la décimo tercera del mundo. Encontrarán mejores carreteras, puentes, aeropuertos y banda ancha en los Emiratos Árabes Unidos que en los Estados Unidos de América", declaró Chuk Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado en 2021. 
 Este problema ocupó un lugar relevante en la última campaña presidencial. A instancias de Biden se aprobó a finales de 2021 la Ley Bipartita de Inversión en Infraestructura y Empleos, que destina 1,2 billones de dólares a la renovación de 45.000 puentes, la reconstrucción de vías de tren, la modernización de puertos y aeropuertos, la instalación de internet de alta velocidad en las regiones rurales y la expansión del suministro de agua potable. Sin embargo, el proyecto de ley original contemplaba gastar el doble, 2,3 billones de dólares, una suma más aproximada a la requerida por los informes que se realizaron entre 2018 y 2019. Al ritmo al que se mantienen y reparan, el país acabaría de aplicar los arreglos necesarios recién en 2071, dándole una ventana de tiempo enorme a nuevas tragedias. 

 Consecuencias

 La falta de inversión responde a la lógica capitalista de reducir costos, incluso a costa de la vida humana.
 El colapso del puente Francis Scott Key, ha desencadenado una crisis en el puerto de Baltimore, con consecuencias de alcance nacional. Baltimore figura entre los puertos más importantes la costa atlántica, con un tráfico de mercancías valuado en 80.000 millones de dólares en 2023. Es, además, la principal vía para el transporte de la industria automotriz del país. 
 El puente es también una arteria importante para el tráfico rodado, ya que une la carretera interestatal 695 a través de un tramo del río de 2,5 kilómetros de longitud y es el único camino permitido para el transporte de materiales peligrosos en la Bahía. Por lo tanto, el costo de transporte originado por el accidente es multimillonario. 
 La reconstrucción del puente podría tener además un costo hasta 10 veces mayor que el de su edificación original, debido a que la urgencia de restablecer el flujo del tráfico interurbano impulsa la necesidad de una construcción acelerada. Esta premura supone un aumento significativo en el costo de construcción.
 Esto se reproduce en todo el país. Como estiman otros informes de 2018 y 2019, la congestión del tráfico cuesta a Estados Unidos 87.000 millones de dólares anuales; los retrasos en los vuelos, 33.000 millones y así podríamos seguir enumerando un sinfín de áreas con déficit en inversión. Es un síntoma agudo del retroceso del imperialismo norteamericano y su crisis mortal. 
 En su etapa de decadencia el capitalismo cae en contradicciones insalvables como multiplicar sus costos por diez por cada dólar que pretende ahorrarse en obra pública. En la Argentina estamos asistiendo a una versión extrema de esta tendencia. Desde el gobierno se jactan de "terminar con el curro de la obra pública", pero la ´patria contratista´ goza todavía de total impunidad. Los únicos afectados seremos los trabajadores. 

 Luciana Diaz 
 28/03/2024