martes, junio 30, 2020

Brasil: récord de contagios y más de 500 muertes en Rio Grande do Sul



El Estado de Rio Grande do Sul tuvo un aumento del 20% en los contagios de Covid-19 en las últimas 72hs, superando los 24 mil infectados y 500 muertes (Diario Popular 20/6). La ciudad de Pelotas pasó de ser la única ciudad en no registrar muertes por Covid 19 en toda la región sur, a tener 3 decesos en el último fin de semana.
Este pico de aumento se debe a la flexibilización de la cuarentena que viene llevando adelante con bastante énfasis el gobernador Eduardo Leite (PSDB), en conjunto con el sector empresarial gastronómico, del comercio y los prefectos de los municipios.
Como se viene manifestando a lo largo y ancho de todo el Brasil, cada vez son más los contagiados y muertos en todo el país. Brasil es el segundo país más afectado del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Mientras Bolsonaro se opone a las medidas de aislamiento social, los gobernadores de cada Estado van flexibilizando las cuarentenas en función de los reclamos empresarios.
Dada la coyuntura del momento y la presión a la que vienen sometiendo a los sectores populares, los primeros roces se hicieron presentes en Pelotas, una de las ciudades principales del Estado de Rio Grande do Sul. El reclamo de les trabajadores del mercado Los Persas por la mejora en las condiciones en las cuales estaban desarrollando sus tareas, se hizo escuchar con un corte de calle y quema de cubiertas en la puerta del municipio. En respuesta a esto, el gobierno mandó a la policía reprimir el reclamo y dejar por el suelo el pedido de les trabajadores, mostrando una vez más que lo importante no es la vida del trabajador sino mantener la ganancia de un sector empresarial, cueste lo que tenga que costar.
Es el desafío de todas las organizaciones y sindicatos discutir una intervención organizada para poder enfrentar la embestida contra el salario y los puestos de trabajo. Y en defensa de las condiciones de seguridad e higiene, frente a la pandemia. Una lucha que debe unirse a la de las organizaciones sociales, que semanas atrás se manifestaron en contra del racismo sistemático.
Los trabajadores necesitan desarrollar una alternativa política propia, repudiando la política de frente amplio con sectores de la burguesía planteada por partidos como el PT, que además viene siendo implacable con las medidas anti-populares en las ciudades en las que gobierna. La CUT debe romper su política de colaboración de clases y organizar un plan de lucha, en el camino a la huelga general.
Fuera Bolsonaro-Mourao y todo el régimen corrupto, por una asamblea constituyente libre y soberana que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.

Matías Grandia
desde Rio Grande do Sul

El sionismo anuncia el inicio de una acción judicial contra los legisladores del Frente de Izquierda

La Organización Sionista Argentina anuncia en un comunicado emitido el 28 de junio que realizará una acción penal contra los legisladores del Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de ello es el texto que firmamos los tres legisladores del FIT-U donde rectificábamos un voto emitido en la sesión de la Legislatura del pasado 18 de junio, donde por error votamos positivamente la adhesión del Estado de la Ciudad a la definición de antisemitismo establecida por la Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) y a la cual ya había adherido el gobierno nacional. Como explicamos en nuestro comunicado, la causa del error es que la votación se hizo de modo subrepticio, pues el asunto fue tratado en un segmento de tablas sin debate referidas a los temas más diversos. En otras condiciones jamás podríamos haber votado ese texto. La propia Organización Sionista Argentina admite que los tres legisladores tenemos “una larga trayectoria antisionista y antiisraelí”, algo que para nosotros es motivo de orgullo político.
El anuncio del comienzo de una acción penal no es solo una clara violación al derecho de opinión dentro y fuera de un parlamento, sobre todo encubre una debilidad de fondo de la Organización Sionista Argentina. Es que en su texto es incapaz de refutar la posición que hemos desarrollado en nuestro comunicado, a saber: “nuestra lucha a muerte contra el antisemitismo la hemos desarrollado siempre sobre la base de la denuncia al sionismo y del Estado de Israel, construido a partir del genocidio y la ocupación y el robo de tierras y bienes al pueblo palestino”. Sucede que aquí se encuentra la clave del asunto, pues el sionismo pretende identificar la denuncia contra él y contra el Estado de Israel al antisemitismo, para encubrir las masacres sistemáticas cometidas contra el pueblo palestino y la función de gendarme del imperialismo norteamericano en toda la región. Esta función no es coyuntural, es decir que no depende de tal o cual gobierno israelí, sino que es estructural. El propio fundador del movimiento sionista Theodor Herzl señaló en su libro “El Estado judío”: “constituiríamos allí –en Palestina- un baluarte de Europa contra Asia, una avanzada de la civilización contra la barbarie” representados en ese momento por las potencias imperialistas que colonizaron a fondo todo el Medio Oriente. Con esta posición la dirección sionista no tuvo empacho de entrar en negociaciones con todos los regímenes antisemitas, desde la autocracia rusa hasta el propio Hitler, esto mientras los propios judíos eran perseguidos y masacrados por estos regímenes reaccionarios.
Los legisladores del Frente de Izquierda tenemos toda la razón cuando diferenciamos el antisemitismo del sionismo y aún más del propio Estado de Israel. El antisemitismo moderno es el resultado de la decadencia capitalista. Vino a frenar el proceso de integración, de la población judía a las distintas sociedades en la que estaba dispersa, abierto por la Revolución Francesa y sus avances democráticos y transformó a los judíos en chivos expiatorios para desviar la lucha de las masas contra el capitalismo y sus Estados. El sionismo, por su parte, es una ideología nacionalista reaccionaria surgida a la luz de la decadencia capitalista, que fue utilizada por el imperialismo primero para dividir a los obreros y campesinos judíos del resto de las clases explotadas de cada país, y para colonizar Palestina luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial que llevó a la disgregación del Imperio Otomano. Esta colonización fue impulsada primero por el imperialismo inglés (Declaración Balfour) hasta que ese lugar lo ocupó definitivamente el imperialismo norteamericano. El salvaje proceso de colonización se llevó adelante con los métodos más criminales, muchos emulados del propio nazismo, tal como lo han probado mediante una gran investigación científica la corriente de los llamados “nuevos historiadores” dentro de Israel. Se probó que la máxima sionista de que Palestina “era una tierra sin pueblos” era una falsedad completa, que sirvió para encubrir que la formación del Estado de Israel se hizo sobre la base de la expulsión violenta de casi un millón de palestinos y la expropiación de sus tierras y propiedades. Estos métodos criminales se han exacerbado con el correr del tiempo, como lo prueba en la actualidad el inhumano cerco a Gaza y la creciente colonización de Cisjordania. Denunciamos que el acuerdo sellado entre Trump y Netanyahu es un nuevo salto en esta política de limpieza étnica, que busca imponer una “solución final” la cuestión palestina en Medio Oriente y reforzar una política de apartheid sobre la población árabe que vive dentro de las fronteras israelíes.
Los legisladores del Frente de Izquierda no solo tenemos el derecho a dar nuestra posición de rechazo a esta ley votada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Más aún, como militantes socialistas de la Argentina tenemos la obligación de hacerlo para deslindar responsabilidades con el gobierno nacional y el gobierno de nuestra Ciudad que cierran filas en su apoyo al sionismo y al criminal Netanyahu.
Como señalamos en el comunicado, nuestra lucha contra el antisemitismo es una lucha a muerte, tal como el Partido Obrero lo ha dejado expresamente claro movilizándose contra todo acto de discriminación y persecución. Hemos estado movilizados desde el primer día repudiando el atentado a la Amia y denunciando a que el Estado argentino fue cómplice y encubridor del mismo, responsabilidad que alcanza a buena parte de la dirigencia sionista con la Daia a la cabeza. Pero justamente porque la lucha contra el antisemitismo tiene un carácter de principios, no admitimos que se la confunda con el sionismo y el Estado de Israel, que son opresores de los pueblos explotados.
Desde ya, repudiamos la amenaza de persecución judicial del sionismo y declaramos que defendemos nuestra posición en todos los ámbitos, sea en el parlamento, en las calles o en los estrados judiciales. Nuestra lucha por el derecho al retorno de las masas palestinas y por una Palestina única, laica y socialista, es innegociable.

Gabriel Solano

Unas 5 millones de personas perderían el IFE



El gobierno le suelta la mano a quienes más lo necesitan.

Con los anuncios oficiales del pasado viernes 26, el gobierno nacional dio a conocer la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en su tercera versión, pero esta vez restringido a las zonas más afectadas por la propagación del coronavirus. Con esta diferenciación, se estima que el gobierno recortaría entre el 55% y el 50% de los beneficiarios del IFE, lo que podría afectar a unas 5 millones de personas.
Si bien aún no está la letra chica de esta disposición, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, brindó algunas precisiones a los medios. El pago del IFE estaría condicionado a tres parámetros que, según la funcionaria, evaluarían “una cuestión de precariedad habitacional, otra de línea de pobreza e indigencia, y una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cuidar esa no salida". Estas tres variables habría que combinarlas con “una definición geográfica para definir dónde va a llegar”. Es decir que a todas luces estamos ante un recorte del escaso programa que ofrecía unos $10.000 como prestación económica excepcional, para todos aquellos trabajadores desocupados o independientes que vieran suprimidas sus fuentes de ingreso debido a la cuarentena y los efectos de la pandemia en la economía.
Sobre estas bases, se estima que por zona geográfica abarcada se estaría hablando del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) –que implica a la Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos de la provincia de Buenos Aires-, Chaco, y las previsiones más optimistas incluyen la ciudad de Córdoba.
Si consideramos que el segundo pago del IFE implicó a casi 9 millones de personas, de las cuales un 36,3% pertenece a la provincia de Buenos Aires (mayoritariamente al Amba), un 3,8% a CABA y un 4% a Chaco, totalizaríamos un 44%1 del beneficio previsto para el segundo pago, lo que dejaría 5 millones de beneficiarios por fuera del tercer pago. A su vez, se calcula que, en su mejor momento, el costo de este beneficio llegó a alcanzar los casi $90.000 millones. El actual recorte implicaría un “ahorro” para el Estado de $50.400 millones (LPO 28/6). También se ha dejado entrever la posibilidad de un aumento de $2.000 para quienes queden en carrera en la tercera entrega del IFE, lo que llevaría el costo total el programa a $47.520 millones, apenas por encima de la mitad de los recursos destinados en los pagos anteriores.
También es importante señalar que, a más de 100 días de iniciada la cuarentena, aún no se ha depositado la totalidad del segundo pago del IFE, siendo que según el cronograma oficial se concluiría recién el 17 de julio: a casi cuatro meses de iniciada la cuarentena.

La doble vara el gobierno

El gobierno ha decidido cortar el hilo por lo más delgado, en vistas a que se trata de millones de personas cuya capacidad de incidir contra estas medidas hace primero necesaria su organización colectiva. Alberto Fernández se basa para esta decisión en que se estima que el 85% de la actividad productiva y comercial del país ya se ha recuperado, debido a la implementación de fases más flexibles de la cuarentena en la casi totalidad del territorio nacional. Sin embargo, omite el carácter alimentario de la prestación que se dispone recortar para millones de beneficiarios, que por efecto de la pandemia han visto reducirse sus ingresos, independientemente de la fase en la que se encuentre su provincia o región.
Tal es así el reconocimiento de esto que el gobierno nacional aplica una doble vara para resolver respecto al beneficio que perciben los sectores de trabajadores más golpeados y el ATP que va dirigido a subsidiar a los capitalistas. Respecto de este último, el gobierno mantendría una tercera edición del ATP, sin límites a la cantidad de empleados por empresas –abarcando así a los grandes capitalistas con espaldas propias para sustentar los salarios-, y con un aporta más bajos para la empresas del interior, sin diferenciar entre empresas que se encuentran funcionando y las que no (Clarin 29/6). Es decir que el gobierno sigue financiando a los empresarios pero le corta el sustento a 5 millones de trabajadores, cuando estos más lo necesitan.
Con una crisis económica agravada, cientos de miles de nuevos desocupados y una proyección de caída económica del 9,9%, la tarea inmediata consiste en otorgarle una respuesta a millones de trabajadores afectados por esta situación. El IFE debería ser otorgado a todo solicitante que lo necesite y su monto aumentado para satisfacer las necesidades alimentarias, sanitarias y habitacionales de quienes se ven impedidos de garantizárselo por otros medios. Es el señalamiento que desde el primer día realizó el Partido Obrero en pos de un seguro económico de $30.000 para desocupados y trabajadores independientes durante esta crisis. Se instala entonces la necesidad de ir a fondo por el pago nacional del IFE, sin ninguna discriminación geográfica y el aumento del monto a $30.000 para defender las economías de las familias obreras.

Marcelo Mache

Detenciones en la causa por el espionaje ilegal de la AFI, la soga aprieta



Se va cerrando el cerco contra Macri.

En la causa que investiga el espionaje ilegal que llevaba adelante el grupo de espías de la AFI llamado Súper Mario Bros bajo el gobierno de Mauricio Macri, fueron detenidas 22 personas. Entre ellas se encuentra Susana Martinengo, la Coordinadora de Documentación Presidencial durante el mandato anterior, y Diego Dalmau Pereyra, entonces director de Contrainteligencia de la AFI, sucesor de Jaime Stiusso. El único detenido hasta el momento era Alan Ruiz, exdirector de Operaciones Especiales de la AFI.
En la causa se investiga el espionaje ilegal sobre dirigentes opositores, sindicales, empresarios, periodistas, fuerzas de izquierda, obispos y hasta miembros del oficialismo, e incluso la propia hermana del expresidente. Por haber sido señalado como receptor de esos informes fue allanado también el domicilio de Darío Nieto, quien hasta hoy sigue siendo el secretario privado de Macri. Las flechas apuntan también contra otros miembros del núcleo duro el macrismo, como Gustavo Arribas y Patricia Bullrich, que fueron mencionados en las declaraciones de Dalmau Pereyra ante la Comisión Bicameral encargada se seguir estas cuestiones.
El universo en que se desarrollaba este espionaje ilegal solo confirma la extensión y la profundidad del aparato conspirativo del Estado. Como revelaron las escuchas sobre los informes que estos espías realizaban en la previa a la movilización que el 18 de diciembre de 2017 contra el robo a los jubilados, este aparato es un valuarte en la represión a los trabajadores y la persecución a los luchadores.
Pero es también, por supuesto, un terreno más de la despiadada “competencia” entre los capitalistas y disputas entre los partidos patronales. Si el propio Macri se valió del acecho judicial sobre Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno para distanciar al kirchnerismo del pejotismo más abiertamente colaborador, ahora le toca probar un poco de su propia medicina con este cerco que busca ahondar la grieta que lo separa de Rodríguez Larreta, Vidal y los gobernadores radicales, esa “oposición responsable” a Alberto Fernández. La movida no está exenta de choques, como se expresa en el tironeo de los jueces de Comodoro Py por hacerse de la causa, cuestión sobre la que deberá expedirse la Cámara Federal de La Plata en estos días. El método de los carpetazo es representativo, de todas maneras, de la crisis del régimen político.
Toda esta trama vuelve a poner de manifiesto la justeza de la lucha por el desmantelamiento del aparato de conspiración y espionaje del Estado, y la necesidad de desarrollar una investigación a fondo de todo el entramado, basada en la apertura de todos los archivos de los servicios de inteligencia -que son descendientes directos de la Side de la dictadura militar. Esto esclarecería varias sombras de la historia nacional, como el encubrimiento del atentado a la Amia. Pero es una tarea que solamente puede realizarse contra este Estado, y por lo tanto será obra de un gobierno de trabajadores que repose sobre nuevas bases sociales. En cambio, toda esta novela será utilizada por Alberto Fernández al servicio de lubricar los acuerdos con la oposición en función del acuerdo con los bonistas y la suscripción de un nuevo programa con el FMI, con todos los ataques contra el pueblo que eso conlleva.

Iván Hirsch

Las protestas en Canadá ponen la violencia estatal en la mira



El movimiento #blacklivesmatter denuncia la opresión sistemática contra pueblos originarios y afrodescendientes

La rebelión popular disparada en Estados Unidos a partir del asesinato racista de George Floyd a manos de la policía generó movilizaciones a lo largo y ancho del mundo. En Canadá, tuvieron lugar importantes manifestaciones en todas las grandes ciudades del país, así como en las capitales provinciales. En Ottawa, la capital, miles se movilizaron desde el parlamento hasta la embajada de EEUU, que se sumaron a los miles movilizados en Toronto o Vancouver, pero las movilizaciones llegaron incluso a ciudades del extremo norte del país como Iqaluit, la capital del territorio autónomo de Nunavut.
Además de solidarizarse con Floyd, las protestas canadienses denuncian la persecución contra la población indígena y afrodescendiente. Un estudio citado por el sitio de CBC News (3/6) indica que la población negra de Toronto representa el 36,5% de las víctimas a manos de la policía, entre los años 2000 y 2017, siendo apenas el 8% de la población de la ciudad. Y hace sólo un año atrás, una investigación oficial confirmó el asesinato de mil mujeres indígenas entre 1980 y 2012 y más de 100 desapariciones. El informe alude a un genocidio planificado, con la complicidad del Estado.
Las protestas han puesto en la mira algunos de los últimos casos del accionar policial: la descendiente de africanos y originarios Regis Korchinski-Paquet murió luego de caer de su departamento en el marco de un operativo policial en Toronto. La familia reclama la formación de una comisión investigadora independiente, porque sospecha del accionar de los efectivos. En abril, D’Andre Campbell, un afrodescendiente, fue asesinado por la policía con un arma convencional en su casa luego de haber sido inmovilizado por una pistola Taser. Jason Collins, un hombre originario, paciente psiquiátrico, fue víctima también del ‘gatillo fácil’.
La opresión hacia los pueblos originarios y afrodescendientes se expresa fuertemente también al considerar la población carcelaria, en la que tienen un peso desproporcionado los miembros de pueblos originarios, quienes representan el 30% de quienes se encuentran privados de su libertad mientras son solo el 5% de la población general. Entre los afrodescendientes, los números son de un 8.6% y un 3% respectivamente. La discriminación y la violencia hacia las minorías son constitutivas del Estado canadiense, cuyo desarrollo ha estado íntimamente ligado a la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras y a la explotación de los recursos naturales allí existentes. El 35% de las exportaciones canadienses provienen de la minería y de la industria forestal. Las relaciones entre el Estado canadiense y las comunidades nativas aún se rigen por la colonialista ‘Ley de indios’ vigente desde 1876. El desenlace de esta política ha sido el abismo existente entre las condiciones de vida de esas comunidades y el resto de la población canadiense: el porcentaje de niños originarios bajo la línea de la pobreza orilla el 40%, contrastando con el 13% entre la población de origen europeo. Se prevé que la actual migración de la pandemia de Covid-19 desde los centros urbanos a los espacios rurales haga estragos en comunidades carentes de agua potable y con instalaciones de salud públicas deficientes (Informe de Human Rights Watch 9/6).
Ante este cuadro y para canalizar el crecimiento de las protestas en los marcos del régimen político, el primer ministro Justin Trudeau, del progresista Partido Liberal, ha emprendido un rumbo de coqueteo con las movilizaciones, participando de las mismas y buscando generar un contrapunto con la virulencia de Trump contra las protestas. Es un acto de una inmensa hipocresía, puesto que la persecución proviene del Estado que él mismo encabeza. Canadá integra también la Otan y sus tropas han participado de la intervención militar en Afganistán y Libia.
Las protestas canadienses desenmascaran los crímenes del Estado capitalista, gobernado alternativamente por liberales y conservadores. Para derrotarlo, es necesaria la intervención y el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.

Leandro Morgan

Esta vez los disturbios



Protesta antirracista en Eugen, Oregon (31 de mayo de 2020).

Elogio de aquellos que dicen “no” a la dominación militar y a la discriminación racial.

Sola y aislada durante estas primeras semanas de verano, monitorizo los disturbios en mi interior. Como alguien que estuviera enferma, de inmunocompromiso, la cuarentena y el confinamiento no se han acabado para mí. Cuando las primeras personas comenzaron a salir de sus casas, cautelosas y somnolientas, y más tarde osadas y bulliciosas, no sentí envidia por ellas. Le hacían la corte al virus retozando en los parques o atizándose bebidas de botellas sudorosas en las terrazas de bares y restaurantes. Yo, mientras tanto, estaba contenta en mi refugio, rodeada de libros y ocupándome en escribir. Sentí miedo por ellos, por el vigor que pensaban haber adquirido tras capitular frente a una larga sentencia de soledad. Yo seguía cumpliendo la sentencia, contenta, con una circunspección que me sorprendía incluso a mí misma.
La muerte de George Floyd y las posteriores protestas que han estallado por todo el país, y hasta por todo el mundo, han cambiado todo eso. Hemos observado el retrato de la tortura que fue la muerte de Floyd, ese policía-asesino como un Grendel licántropo de nuestra era, con “su garra maligna” invisible pero omnipresente. Su manada se aseguró de que consiguiera su presa, y también pudimos ver cómo miraban y garantizaban que la cacería mórbida tendría su sórdido final público.
Ante la evidencia de una injusticia tan orgullosa de su rapiña, la ofrenda corporal parece ser lo único que se puede hacer
Los demás (casi como la entidad política que brutaliza Grendel, la bestia del antiguo poema épico) no pueden sino boquear ante lo que han visto, lo que saben y el curso de acción que conlleva tal conocimiento. Esa es la carga moral de ver morir a George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. No hay una única respuesta; los más valientes y los más jóvenes se han echado a las calles, donde marchan, se sientan y yacen boca abajo, y luego marchan de nuevo, obligados en algunos casos a lamentar la repentina muerte de su propia fantasía estadounidense. Con el calor y en medio del asfalto, las bolas de goma se dirigen hacia ellos y los gases exprimen las lágrimas de sus ojos, porque sus míseros trapos y máscaras no pueden rivalizar con las meticulosas tecnologías del daño que infligen las pistolas y las granadas.
Así y todo, les tengo envidia. Yo también quiero ofrecer mi cuerpo como lo han hecho ellos, en carne, hueso y nervios, burlándose de la policía, la Guardia Nacional, el ejército, con su rechazo a ser heridos como lo han sido los manifestantes. Ante la evidencia de una injusticia tan orgullosa de su rapiña, la ofrenda corporal parece ser lo único que se puede hacer. Parece extraño y hasta impropio querer conservar mi cuerpo, invocando la razón y el sentido común en un mundo repentinamente transformado en el que nada continúa según los parámetros establecidos.
Como una nube amorfa de inciertos límites en expansión, la muerte, que lleva meses sobrevolando Estados Unidos e insistiendo en arrancar una cifra abrumadora y aún desconocida, se ha hecho fuerte entre los más pobres, los más negros y los más latinos. El 1 de junio, el presidente Donald Trump, o alguien de su séquito, ordenó que se dispersara y atacara de forma deliberada a una multitud de pacíficos manifestantes para que él pudiera dar un paseo desde la Casa Blanca hasta una iglesia cercana y marcar el territorio como lo hacían algunos antiguos salvajes. El mismo día hablé con un amigo doctor que ha atendido a los afectados por la covid-19: “Morirán más personas”, me confirmó. “Es verdad, morirán más personas”, pensé yo.
Tengo algo de experiencia con monstruos que se pasean por las calles y con salvajes gobernando desde sus palacios. En el Pakistán de mi infancia, la democracia era algo delicado y en peligro de extinción, mientras que las normas de la ley marcial eran reales y se hacían cumplir. De niña recuerdo cómo unos soldados vigilantes llegaban y apuntaban sus armas hacia nosotros a través de las ranuras de unos búnkeres construidos con sacos de arena. Cuando aprendí a leer el periódico, comencé a familiarizarme con el lenguaje de la opresión, y con los dedos desarmados e impasibles que siempre señalan la ausencia de ciertas cosas, ya allí, ya entonces. La ley y el orden y hasta la paz y la seguridad, aprendí, eran palabras que podían arrojarse como piedras, dispararse como balas y utilizarse como pretexto para torturar, mutilar y asesinar.
Ahora los niños de Estados Unidos, ese otrora “modelo de democracia”, lo aprenderán también. Unos instantes antes de que el presidente Trump ordenara dispersar violentamente a los manifestantes, recitó una letanía de opresión. Ahora el objetivo pasaría a ser el de “dominar” las calles y a los manifestantes. Se movilizaría al ejército, que recibiría la orden de aplacar las protestas. A los gobernadores díscolos que no permitieran la entrada de los tanques, anunció, se les obligaría en aplicación de la Ley de Insurrección de 1807. Esa ley, que se aprobó en una época en la que los pobladores-colonizadores estaban ocupados desplazando a los indios nativos hacia el oeste, solo fue invocada en una época reciente de la historia de Estados Unidos sin que lo solicitaran las autoridades municipales. En esa ocasión, los presidentes Eisenhower y Kennedy la utilizaron para hacer cumplir la desegregación de las escuelas por orden judicial.
Este será un verano de descarte y siembra. Hasta los que estamos aislados tenemos que tomar decisiones
Todo el mundo sabe que esta vez no es lo mismo. Se parece mucho a esa impactante época cuando se grabó en vídeo la paliza que le propinó la policía a Rodney King, y a la rabia que se produjo en abril de 1992 cuando los cuatro policías involucrados fueron absueltos. Los Ángeles estalló y hubo cinco días de agitación, durante los cuales se habló mucho de la necesidad de una conversación nacional sobre la raza y el mantenimiento del orden. Ahora todos, yo también, observamos a los jóvenes que se agolpan en las calles, que no han cedido, que no se han dejado intimidar por la sed de sangre de aquellos que ven en la opresión una virtud. Este será un verano de descarte y siembra. Hasta los que estamos aislados, que no podemos sumarnos a las filas de los valientes, tenemos que tomar decisiones. Los que son blancos tienen que enfrentarse a la crueldad de su silencio y a la fealdad de su complicidad, a la facilidad con la que denuncian el racismo pero nunca seleccionan al candidato negro o latino para un puesto de trabajo, que fingen tolerancia pero utilizan al tío o amigo bien colocado para dar un empujoncito a sus carreras o a las de sus hijos. Esos también son actos de racismo que permanecen intactos y que no se cuestionan, que resultan en consentimiento, en la aceptación de unas fuerzas policiales violentas y racistas que nos deparan los cataclismos de Breonna Taylors asesinadas en sus casas y George Floyds ejecutados en las calles.
Los ciudadanos estadounidenses negros y latinos tienen sus propias decisiones que tomar. En las revueltas de nuestros corazones, un lado clama a favor de protestar, gritar y enumerar las veces que se nos ha ignorado, que se nos ha invisibilizado, que no se nos ha tenido en cuenta en los trabajos, en la sanidad, en nada. El otro lado apoya el manso silencio que nos ha permitido sobrevivir a algunos de nosotros en una tierra donde el racismo, como Grendel, el monstruo mitológico, campa a sus anchas irrestricto. En ese relato, un héroe llamado Beowulf vino para matar al monstruo, pero en la realidad actual de Estados Unidos es poco probable que aparezca ningún héroe épico y no habrá ninguna victoria decisiva que determine la victoria. Al contrario, será una guerra con un millón de minúsculas batallas que librarán los manifestantes que se niegan a ser silenciados, esos hombres y mujeres que se niegan a aceptar la sumisión que el presidente nos exige al amenazarnos con la dominación.

Rafia Zakaria

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Rafia Zakaria es la autora de The Upstairs Wife: An Intimate History of Pakistan (Beacon, 2015) y Veil (Bloomsbury, 2017). Es columnista de Dawn en Pakistán y escribe con asiduidad para Guardian, Boston Review, The New Republic y The New York Times Book Review.
Este artículo se publicó en inglés en The Baffler.
Traducción de Álvaro San José.

Derribar estatuas no borra la historia, nos hace verla con más claridad



Estatua de Colón decapitada, Waterfront Park , 10 de junio, 2020 Boston, Massachusetts.

Los manifestantes que derriban monumentos dedicados a esclavistas y genocidas son a menudo acusados de «borrar el pasado». Sin embargo, sus acciones están obligando a analizar con más detalle a las personas que honran estos monumentos, permitiendo así que la historia se vuelva a contar desde el punto de vista de sus víctimas.
El antirracismo es una batalla por la memoria. Esa es una de las características más notables de la oleada de protestas que ha surgido en todo el mundo tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis. En todas partes los movimientos antirracistas han cuestionado el pasado al atacar monumentos que simbolizaban el legado de la esclavitud y el colonialismo: el general Robert E. Lee de los confederados en Virginia; Theodore Roosevelt en la ciudad de Nueva York; Cristóbal Colón en muchas ciudades de Estados Unidos; el rey belga Leopoldo II en Bruselas; el traficante de esclavos Edward Colston en Bristol; Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Louis XIV y autor del infame Code Noir en Francia; el padre del periodismo italiano moderno, y ex propagandista del colonialismo fascista, Indro Montanelli, etc. Ya sean derribadas, destruidas, pintadas o grafiteadas, estas estatuas personifican una nueva dimensión de lucha: la conexión entre los derechos y la memoria. Ponen de relieve el contraste entre el estatus de los negros y los sujetos poscoloniales como minorías estigmatizadas y embrutecidas, y el lugar simbólico dado en el espacio público a sus opresores, un espacio que también conforma el entorno urbano de nuestra vida cotidiana.

Estallidos de iconoclastia

Es bien sabido que las revoluciones poseen una furia iconoclasta. Ya sea espontánea, como la destrucción de iglesias, cruces y reliquias católicas durante los primeros meses de la Guerra Civil española, o algo más cuidadosamente planeado como la demolición de la columna Vendôme durante la Comuna de París, este estallido de iconoclastia da forma a cualquier subversión del orden establecido.
El director de cine Sergei Eisenstein presentó Octubre, su obra maestra sobre la Revolución rusa, con imágenes de una multitud derribando una estatua del zar Alejandro III, y en 1956 los sublevados de Budapest destruyeron la estatua de Stalin. En 2003, como una confirmación involuntariamente irónica de esta regla histórica, las tropas estadounidenses organizaron el derribo de una estatua de Saddam Hussein en Bagdad, con la complicidad de muchas estaciones de televisión afines, para disfrazar así su ocupación como un levantamiento popular.
A diferencia de ese caso, dondequiera que la iconoclastia de los movimientos de protesta sea auténtica ésta siempre provoca reacciones indignadas. Los comuneros fueron tachados de «vándalos» y Gustave Courbet, uno de los responsables por derribar la columna, fue encarcelado. En cuanto a los anarquistas españoles, éstos fueron condenados como feroces bárbaros. Una indignación similar ha estallado en las últimas semanas.
Boris Johnson se escandalizó cuando una estatua de Churchill recibió la pintada de “racista”, algo sobre lo que existe un consenso académico, vinculado a los debates actuales sobre su caracterización de los africanos y su responsabilidad por la hambruna de Bengala en 1943.
Emmanuel Macron se quejó amargamente de una iconoclastia similar en un mensaje dirigido a la nación francesa que curiosamente nunca mencionó a las víctimas del racismo: “Esta noche les digo muy claramente, queridos conciudadanos, que la República no borrará ninguna huella o cualquier figura de su historia. No olvidará ninguno de sus logros. No derribará ninguna estatua”.
En Italia, el lanzamiento de pintura roja sobre una estatua de Indro Montanelli en un parque público de Milán fue denunciado unánimemente como un acto «fascista» y «bárbaro» por todos los periódicos y medios de comunicación, con la excepción de Il Manifesto. Herido en la década de 1970 por terroristas de izquierda, Montanelli fue canonizado como un heroico defensor de la democracia y la libertad.
Después de esta «ofensa cobarde» infligida a su estatua por los lanzadores de pintura, un editorialista del Corriere della Serainsistía en que ese héroe debía ser recordado como una figura «sagrada». Sin embargo, este acto «bárbaro» resultó fructífero al revelar a muchos italianos los «sagrados» logros de Montanelli: en la década de 1930, como joven periodista, ensalzó el Imperio fascista y sus jerarquías raciales; enviado a Etiopía como corresponsal de guerra de inmediato compró a una niña eritrea de catorce años para satisfacer sus necesidades sexuales y de servicio doméstico. Para muchos comentaristas esas eran las «costumbres de la época» y, por lo tanto, cualquier acusación de apoyo al colonialismo, el racismo y el sexismo eran injustas y estaban injustificadas. Sin embargo, todavía en la década de los años 60, Montanelli condenó el mestizaje como fuente de decadencia civilizatoria, con argumentos tomados directamente del Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de Arthur Gobineau de 1853-55.
Estos fueron de hecho los mismos argumentos defendidos vigorosamente por el KKK en ese mismo periodo con ocasión de su oposición al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y, contra toda evidencia, el padre espiritual de dos generaciones de periodismo italiano negó ferozmente que el ejército fascista hubiera llevado a cabo bombardeos con gas durante la guerra de Etiopía. Los «bárbaros» de Milán sólo querían recordarnos estos simples hechos.
Es ciertamente interesante observar que la mayoría de los líderes políticos, intelectuales y periodistas indignados por la actual ola de «vandalismo» nunca expresaron una indignación similar por los repetidos episodios de violencia policial, racismo, injusticia y desigualdad sistémica contra la que se emprende la protesta. Se han debido sentir bastante cómodos en esa posición.
Muchos de ellos incluso elogiaron la tormenta iconoclasta de signo contrario hace treinta años cuando las estatuas de Marx, Engels y Lenin fueron derribadas en Europa Central. Mientras que la posibilidad imaginaria de vivir entre este tipo de monumentos es intolerable y agobiante, ellos están muy orgullosos de que las estatuas de generales confederados, comerciantes de esclavos, reyes genocidas, diseñadores legales de la supremacía blanca y propagandistas del colonialismo fascista constituyan el patrimonio histórico de las sociedades occidentales. Tal como insisten al señalar que «no borraremos ningún rastro o figura de nuestra historia».
En Francia, demoler los vestigios monumentales del colonialismo y la esclavitud generalmente se caracteriza como una forma de comunitarismo, una palabra que actualmente tiene un sentido peyorativo, ya que implícitamente significa que tales vestigios molestan exclusivamente a los descendientes de esclavos y pueblos colonizados, no a la mayoría blanca que es la que fija las normas estéticas, históricas y conmemorativas que enmarcan el espacio público. De hecho, muy a menudo el supuesto universalismo de Francia tiene un sabor desagradable en forma de comunitarismo blanco.
La furia iconoclasta, que actualmente se extiende por las ciudades a escala mundial, reclama al igual que lo demandaran sus antepasados, nuevas reglas de tolerancia y coexistencia. Lejos de borrar el pasado, la iconoclastia antirracista entraña una nueva conciencia histórica que inevitablemente afecta el paisaje urbano. Las estatuas en disputa celebran el pasado y a sus actores, un simple hecho que legitima su retirada. Las ciudades son cuerpos vivos que cambian de acuerdo con las necesidades, valores y deseos de sus habitantes, y estas transformaciones son siempre el resultado de conflictos políticos y culturales.
Derribar monumentos que conmemoran a los gobernantes del pasado da una dimensión histórica a las luchas del presente contra el racismo y la opresión. Quizás signifique incluso algo más que eso. Es otra forma de oponerse a la gentrificación de nuestras ciudades que supone la metamorfosis de sus distritos históricos en lugares cosificados y fetichizados.
Una vez que una ciudad es clasificada por la UNESCO como «patrimonio de la humanidad» está condenada a morir. Los «bárbaros» que derriban estatuas protestan implícitamente contra las políticas neoliberales actuales que al tiempo que expulsan a las clases bajas de los centros urbanos transforman a éstos en vestigios congelados. Los símbolos de la antigua esclavitud y el colonialismo se combinan con el rostro deslumbrante del capitalismo inmobiliario, y éstos son los objetivos de los manifestantes.

La mirada de los vencidos

La iconoclastia antirracista, según un argumento más sofisticado y perverso, expresa un deseo inconsciente de negar el pasado. Según este argumento, a pesar de lo opresivo y desagradable que fuera el pasado, éste no se puede cambiar. Esto es desde luego cierto. Pero transitar el pasado, particularmente si se trata de un pasado repleto de racismo, esclavitud, colonialismo y genocidios, no implica celebrarlo, como vienen a hacer la mayoría de las estatuas derribadas.
En Alemania el pasado nazi está abrumadoramente presente en las plazas y calles de la ciudad a través de monumentos conmemorativos que celebran a sus víctimas y no a sus perseguidores. En Berlín, el Memorial del Holocausto se erige como una advertencia a las generaciones futuras (das Mahnmal). Los crímenes de las SS no se recuerdan con una estatua que rememore a Heinrich Himmler, sino a través de una exposición al aire libre y bajo techo llamada «Topografía del terror» que se encuentra en la sede de una antigua oficina de las SS.
No necesitamos estatuas de Hitler, Mussolini y Franco para recordar sus fechorías. Precisamente porque los españoles no han olvidado el franquismo es la razón por la que el gobierno de Pedro Sánchez decidió retirar los restos del Caudillo de su monumental tumba. Es solo desacralizando el Valle de los Caídos como este monumento fascista podía consignarse en el reino de la memoria de una sociedad democrática que no olvida.
Por esta razón es profundamente engañoso equiparar nuestra actual iconoclastia antirracista a la intencionalidad de la antigua damnatio memoriae (condena de la memoria). En la antigua Roma, esta práctica tenía como objetivo eliminar las conmemoraciones públicas de emperadores u otras personalidades cuya presencia chocaba con los nuevos gobernantes. Tenían que ser olvidados.
Borrar a León Trotsky de las imágenes oficiales soviéticas bajo el estalinismo fue otra forma de damnatio memoriae, e inspiración para la obra 1984 de George Orwell. Escribió que en el Estado ficticio de Oceanía el pasado se había reescrito por completo: «Estatuas, inscripciones, piedras conmemorativas, los nombres de las calles, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado había sido sistemáticamente alterada».
Estos ejemplos son comparaciones engañosas porque se refieren a la eliminación del pasado por los poderosos. En cambio, la iconoclastia antirracista busca provocativamente liberar el pasado de su control, «cepillar el pasado a contrapelo», al repensarlo desde el punto de vista de los dominados y los vencidos, y no con la mirada de los vencedores.
Sabemos que nuestro patrimonio arquitectónico y artístico está cargado con el legado de la opresión. Como dijera un famoso aforismo de Walter Benjamin: «No hay ningún documento civilizatorio que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie». Quienes derriban estatuas no son nihilistas ciegos: no desean destruir el Coliseo o las pirámides.
Más bien, preferirían no olvidar que, como señalara Bertolt Brecht, estos monumentos admirables fueron construidos por esclavos. Edward Colston y Leopold II no serían olvidados: sus estatuas deberían conservarse en museos y preservarse de manera que no se explicara solo quiénes fueron y sus logros extraordinarios, sino también por qué y cómo sus personas se convirtieron en ejemplos de virtud y filantropía, objetos a venerar – en resumen, la encarnación de su civilización.

Ola global

Esta oleada de iconoclastia antirracista es global y no admite excepciones. Los italianos (incluidos los italoamericanos) y los españoles están orgullosos de Colón, pero las estatuas del hombre que descubrió las Américas no tienen el mismo significado simbólico para los pueblos indígenas.
Tal iconoclastia reclama legítimamente un reconocimiento público y la transcripción de su propia memoria y perspectiva: un descubrimiento que inauguró cuatro siglos de genocidio. En Fort-de-France, la capital de Martinica, dos estatuas de Victor Schœlcher, tradicionalmente celebradas por la República Francesa como un símbolo de la abolición de la esclavitud en 1848, fueron derribadas el 22 de mayo. Como nos dice el diario derechista Le Figaro «Los nuevos censores creen poseer la verdad y ser los guardianes de la virtud».
De hecho, los «nuevos censores» (es decir, jóvenes activistas antirracistas) desean pasar página a una tradición paternalista y sutilmente racista del universalismo francés. Siempre describió la abolición de la esclavitud como un regalo para los esclavos por parte de la República ilustrada, una tradición que Macron resumía bien en el mensaje citado anteriormente.
Los «nuevos censores» comparten el juicio de Frantz Fanon al abordar este cliché en su libro Piel negra, máscaras blancas de 1952: «El hombre negro se contentó agradeciéndole al hombre blanco, y la prueba más palmaria de este hecho es la impresionante cantidad de estatuas que se erigieron por toda Francia y colonias para mostrar a la Francia blanca acariciando el cabello rizado de este bonito negro cuyas cadenas acababan de romperse”.
Trabajar con el pasado no es una tarea abstracta o un ejercicio puramente intelectual. Requiere más bien un esfuerzo colectivo que no puede disociarse de la acción política. Este es el significado de la iconoclastia de estos últimos días. De hecho, si bien ha estallado en el seno de una movilización antirracista global, el terreno ya había sido labrado por años de compromiso contra-memorial y una investigación histórica desarrollada por multitud de asociaciones y activistas.
La iconoclastia, como toda acción colectiva, merece atención y crítica constructiva. Estigmatizar despectivamente es simplemente exonerar una historia de opresión.

Enzo Traverso

Enzo Traverso es historiador y profesor en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York. Su libro más reciente es Melancolía de izquierda (Galaixia Gutenberg, 2019).

lunes, junio 29, 2020

La metáfora de Julian Assange

Descalabro social y sanitario en la India



Los 490.401 casos confirmados en la India han convertido al país asiático en uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19, colocándolo solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. La cuarentena de 21 días para toda la población (1.300 millones de personas) decretada el 24 de marzo y luego extendida hasta el 17 de mayo por el gobierno derechista de Narendra Modi fue ineficaz para contener los contagios, toda vez que no se reunieron los recursos sanitarios en un mando centralizado y menos aún se avanzó en una reconversión de la industria en aras de equipar a los establecimientos sanitarios de insumos médicos básicos, hoy casi inexistentes en la órbita de la salud pública, medidas fundamentales a tomar en un país corroído por la pobreza extrema y el hacinamiento.
Pese a la trágica propagación del virus, que al día 1 de junio se cobraba la vida de 5.608 personas, el líder del hinduista partido de gobierno Bharatiya Janata Party (BJP) marchó hacia una política de apertura de la actividad económica. Los resultados de esta flexibilización prematura de la cuarentena están a la vista: solo en Delhi (Estado de la capital), al número de 29.500 casos a la fecha del 8 junio se le han sumado más de 40.000 nuevos contagios en los últimos 16 días. Es así como el 45% de los casos positivos de Covid-19 se encuentran en dos Estados: Maharashtra, con 147.741 contagios (el núcleo contagioso central es su capital, Bombay), y Delhi, con 73.780. A estos dos focos de infección les sigue el Estado sureño de Tamil Nadu, que totaliza una suma de 70.977 contagios.
Conjuntamente al incremento de los casos en las ciudades, el coronavirus ha comenzado a circular en las zonas rurales, donde habita casi el 70% de la población. Este panorama dispone un horizonte aún más lúgubre para el país puesto que la atención médica específica de esas regiones es extraordinariamente precaria y varias de las autoridades municipales de las urbes han priorizado el cuidado de sus residentes locales, negándole el derecho a la salud a un vasto número de trabajadores.
Una de las principales razones por la cual se ha producido un aumento de los casos en áreas rurales del país fue el éxodo de trabajadores migrantes ocasionado por el confinamiento y los despidos masivos, donde millones de obreros textiles, mineros y de la construcción, que son superexplotados en las ciudades, se vieron obligados a regresar a sus lugares de origen a pie. Ante este episodio, la respuesta del gobierno ha sido desplegar a las fuerzas de seguridad, cuyo papel represivo consistió en aglutinar trabajadores en campamentos de refugiados, maltratándolos y privándolos del acceso a una alimentación saludable. Luego de la reclusión, prolongada por más de 21 días, los obreros fueron librados aunque sin haber sido testeados para evaluar si efectivamente estaban infectados de Covid-19, dando pie a una poderosa expansión del virus en 98 de los 112 distritos rurales más pobres del país. La migración provocada a raíz de la cuarentena ha dejado un saldo de 200 muertos, obreros que perdieron la vida por el agotamiento o en accidentes volviendo a sus casas (Infobae 7/6).
El cataclismo sanitario que sufre hoy la India es la consecuencia de los sucesivos ajustes perpetrados tanto por el gobierno de Modi como también por el nacionalismo burgués indio nucleado en el Partido del Congreso, fuerza histórica de la burguesía nativa liderada en su génesis por Mahatma Gandhi. Una prueba que testifica el cuadro descripto es que solo un 1% del PBI indio se destina al financiamiento del sistema de salud, siendo así uno de los “gastos públicos” más bajos del mundo. El gigante del sur asiático solo cuenta con un médico por cada 11.000 habitantes y un hospital público por cada 55.000 personas (El Mundo 25/6), y también es uno de los países que menos tests realiza a nivel mundial: hasta el día 23 de junio, solo se han efectuado 5.17 pruebas por cada mil individuos. En la ciudad de Bombay, los médicos denuncian el estado calamitoso de los hospitales al declarar que, a modo de ejemplo, un tanque de oxígeno es compartido entre tres o cuatro pacientes. En Delhi, enfermeras del All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), principal hospital del sector público indio, han realizado protestas repudiando la criminalidad de la política gubernamental, que entrega cantidades insignificantes (y de baja calidad) de EPPS (equipos de protección personal). Según el periódico India Spend, son al menos 300 los trabajadores de la salud que han contraído Covid-19 en el AIIMS. El telón de fondo de este colapso sanitario es la ausencia de una centralización de los recursos nacionales existentes, cuya manifestación central es el rol intrascendente cumplido por la medicina privada, que representa dos tercios de las camas y casi el 80% de los respiradores que posee la India en su combate contra el virus. Las clínicas privadas manejan menos del 10% de los casos críticos de Covid-19 y además cobran precios siderales por utilizar sus prestaciones.
Entretanto, el gobierno estima que la situación sanitaria se agravará en las próximas semanas. En el estado de Delhi se espera un alza de los casos que treparía a los 550.000 para fines de julio. De la misma forma, Gurgaon, ciudad industrial cuyas plantas manufactureras explotan brutalmente a un gran número de trabajadores en el estado de Haryana, estaría recibiendo el impacto de 150.000 infectados para fines del mismo mes.

Clase obrera

En este periodo, han tenido lugar algunas expresiones de lucha, aunque aisladas y parciales, como lo fue la gran movilización de trabajadores migrantes atrapados en la capital de Maharashtra en reclamo de transportes para volver a sus hogares, duramente reprimida. O protestas lideradas por el sindicato de trabajadores de la construcción, exigiendo asistencia económica y la prohibición de despidos. Otra demostración de acción directa fue ejecutada por las obreras textiles de la empresa sueca H&M en la ciudad de Bangalore, en lucha por el pago de salarios.
Se hace necesario llevar adelante tareas elementales, pero de fondo, para proteger la vida de la población, es decir la nacionalización del sistema sanitario y un seguro al parado equivalente a la canasta básica familiar. Para esto es indispensable que el gigantesco movimiento obrero indio emprenda una acción de carácter independiente en el camino de poner en pie una organización política propia.

Nazareno Kotzev

La cuarentena se hizo «cientena» y nos alcoholizó a todos

Dejamos la cuarentena y entramos en sesentena primero y ya en cientena, con la pregunta del millón dando vueltas: ¿Qué pasará en la pospandemia? Esta cientena nos tiene a mal traer. Uno que se sentía seguro con su trabajo, sabe hoy que puede volverse desocupado en un abrir y cerrar de ojos, si es que ya no lo está y ni siquiera se enteró.
Fabulan que esta historia empezó con una sopa: un chino se comió una de murciélago, y ahora se receta distanciamiento y cuarentena. El mundo se ha volcado entre el pánico, la ciencia, el escepticismo y la distopía que ha provocado el nuevo coronavirus. La normalidad que conocimos no existe más, se ha ido para siempre. Ya ni siquiera se llama normalidad.
Lo tenemos en claro: no vamos a abrazarnos ni estrechar las manos y vamos a andar con barbijos hasta que haya una vacuna. Para las coquetas, salieron a la venta los barbijos de marcas famosas que tienen el mismo efecto que las caseras, pero eso sí, son mucho más caras.
Dejamos la cuarentena y entramos en sesentena primero y ya en «cientena», con la pregunta del millón dando vueltas: ¿Qué pasará en la pospandemia? Esta «cientena» nos tiene a mal traer. Uno que se sentía seguro con su trabajo, sabe hoy que puede volverse desocupado en un abrir y cerrar de ojos, si es que ya no lo está y ni siquiera se enteró.
Tenemos miedo a todo, sobre todo a lo que vendrá. Éste es un miedo novedoso, callado, solapado, escondido y agazapado, que nos hace abrazar con fuerza las almohadas, que es lo único que podemos abrazar para sacarnos el temor.
La cuarentena sirve para angustiarse pensando en sobrevivir. Súmele el encierro y el miedo al virus. Hay mucho miedo, y éste es –también- un recurso usado por quienes mandan, para mantener el rebaño más o menos ordenado.
Esto no es nada novedoso. Lo hizo la iglesia cristiana durante dos milenios casi, y también –antes y después- los judíos, musulmanes, hindúes, que invocaron la ira de las deidades para ordenar las sociedades; inventaron rituales, formas de obediencia, pecados imperdonables. En ciertas épocas no tan lejanas instalaron el terror para mantener el control del «rebaño» (y ahora algunos pentecostales insisten con el mismo verso).
También es cierto que la pandemia ha llevado a un aumento alarmante en el comportamiento autoritario de los gobiernos de derecha, aquí en América Lapobre y en el resto del mundo, que están utilizando la crisis para silenciar a los críticos, según dicen en una carta abierta que firmaron más de 500 exlíderes y ganadores del premio Nobel.
Muchas conductas se observan refractarias a las normas, unos por patanería o inconsciencia, por razones de supervivencia, otros por razones ideológicas u odios apenas partidistas.
Y quizás ahí anide esa negación donde ignorar el peligro oficia como una fórmula para que ese peligro no exista. Hasta que sale a buscar un respirador y una cama en algún hospital y lo virtual se convierte en la cruda y dura realidad.
Pensadores contemporáneos han publicado sus propias reflexiones sobre la pandemia y los efectos que tendrá. Por ejemplo, “El coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo”, escribió el filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural esloveno de moda, Slavoj Žižek. Amén.
Y nuestros opinadores repiten el pensar del norte, que a pesar de estar igualados por la pandemia, sigue siendo el norte, olvidando la necesidad perentoria de vernos con nuestros propios ojos y teniendo en cuenta, siempre, que nuestro norte es el sur. ¡Qué buena oportunidad para intentar retomar el pensamiento crítico latinoamericano, pensando en qué pospandemia –para todos- podemos ir diseñando!
Algunos aluden a una motivación de cambio, otros a un reflejo de la disfunción social y económica, y otros más al poder de los medios y las redes sociales, sin duda más virales que el virus mismo.
Uno de los grandes y graves problemas del distanciamiento social y las medidas sanitarias tomadas en (casi) todo el mundo por la pandemia del coronavirus es que nos han convertido a todos en alcohólicos o en alcoholengélicos. El olor a alcohol no nos sale de la boca, como era el caso de una santa borrachera, sino de nuestras manos.
Pero no hay mal que por bien no venga (uno tiene una cantidad de refranes a disposición que debe usar en alguna parte de la nota). Los barbijos significaron un ahorro en afeites, maquillaje y lápiz labial, pero a medida que el mundo adopta el uso de máscaras faciales, ha surgido un efecto secundario: los dermatólogos están viendo un aumento en los casos de brotes de acné, que afecta las áreas de la boca y la nariz.
Lo peor de las cuarentenas o «cientenas» es que uno se va acostumbrando a ellas. Vivimos la pandemia virtualmente y la soportamos realmente. En estas medidas de distanciamiento o aislamiento social, los matrimonios o parejas deben estar, obligatoriamente juntos, cara a cara, las 24 horas de todos los días, muchos en pequeñas casas o apartamentos.
¿Habrá subido el índice de separaciones y divorcios? Y ni hablemos de los mártires que tienen suegras viviendo con ellxs (sí, este chiste hoy es políticamente incorrecto).
Uno se va acostumbrando a mirar a los vecinos desde la ventana, a no acercarse a menos de metro y medio de los amigos –ni de los enemigos-, a apagar el televisor, cansado de ver series y películas porque los noticieros uno dejó de verlos a la segunda semana, convencido de que es difícil superar tanta mediocridad, tanta mentira, feikniús, manipulación del imaginario colectivo…
Curas milagrosas, teorías conspirativas, (des) informaciones médicas, catástrofes inminentes viralizadas por las redes sociales y difundidas como ciertas por los medios, circulan, se reproducen. La incertidumbre, el miedo (muchas veces actuado en cámara)y los intereses políticos alimentan el floreciente mercado de la información falsa.
La cuarentena se vuelve una enfermedad, aunque la enfermedad es la infección del coronavirus. El aislamiento no es un castigo, dicen, sino una herramienta terapéutica, pero dolorosa, que atenta contra nuestro sistema de relaciones, la psiquis, la economía.
Hay gente –de alguna forma hay que llamarlos- como Olavo de Carvalho, el astrólogo terraplanista y gurú del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que dice que el covid-19 no existe, y que la globalización es una invención de los comunistas. También están quienes afirman que la pandemia es un engaño chino y por ello son anticuarentena y defensores a ultranza de los negocios (ni siquiera los propios) antes que de la salud.
Claro, también hay gente que dice y escribe que el mundo fue creado hace 6.010 años, que los dinosaurios jamás existieron, que el hombre nunca llegó a la Luna y que todo fue un montaje holiwudense, que el centro de la Tierra es hueco, habitable y que por allí anda Adolfo Hitler. Ah, y están quienes aún hoy aseguran que Carlos Gardel no murió en Medellín hace 85 años…
(La computadora me sorprende reproduciendo Cuesta Abajo, y ahí está Carlitos cantando “…ahora, cuesta abajo en mi rodada,/ las ilusiones pasadas/ yo no las puedo arrancar./ Sueño/con el pasado que añoro,/ el tiempo viejo que lloro/ y que nunca volverá”).
Volver, pero con la frente marchita. La alusión a una vuelta a la normalidad tal vez devenga de una expresión de deseos, y quedará para un tiempo futuro aún no definido. Ese viaje de regreso observará varias escalas (ojalá que con otros pilotos), sin duda.
Permítame salir de América Lapobre y dar una vueltita por los países “serios”, civilizados, que suman centenares de miles de muertos por coronavirus y están al borde la peor crisis económica. Esos países que nuestros queridos y generalmente diestros gobernantes y los medios hegemónicos dicen que debemos imitar para salir del subdesarrollo.

Dos pantallazos primermundistas

Uno: Michael Flor salió en sillas de ruedas y ovacionado por el personal sanitario que lo atendió en un hospital al este de Seattle, en Estados Unidos. Sus 62 días internado lo hicieron famoso en el estado de Washington por pasar más tiempo que nadie luchando contra el coronavirusen un centro médico.
No podía imaginar que volvería a ser noticia unas semanas después al recibir la factura del hospital por un 1.122.501 dólares, una cuenta que ilustra lo desquiciante del sistema sanitario en la primera potencia mundial.
Dos: Alemania fue el primer país europeo que volvió a confinar a alrededor de 600.000 personas, después de una explosión de casos de coronavirus en dos cantones de Renania-del-Norte-Westfalia, Gütersloh y Warendorf. En el origen de la decisión está una explosión del número de cerca de 1.600 casos positivos en el matadero Tonnies, en Gütersloh, uno de los más grandes de Europa.
La mayoría de sus 6.700 empleados son inmigrantes búlgaros y rumanos, que trabajan en condiciones precarias y se alojan en promiscuas residencias comunes. La totalidad del personal del matadero y sus familias -unas 7000 personas- fueron puestas en cuarentena, 21 personas debieron ser hospitalizadas y seis están en terapia intensiva.
Más de 300 policías fueron enviados al lugar para hacer respetar las medidas sanitarias e impedir que los productos llegaran a los consumidores. Seguramente los manden a algún país subdesarrollado, para poder empezar a desarrollar una nueva pandemia.
Augusto Monterroso, escritor guatemalteco-hondureño-mexicano, escribió un excelente cuento de apenas siete palabras: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Lamentablemente, mañana, cuando despertemos abrazados a la almohada, la pandemia seguirá ahí.

Aram Aharonian
Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

domingo, junio 28, 2020

La DEA «vuelve» a Uruguay



El ministro de Interior Larrañaga ha confesado que se está en tratativas para el regreso al país de la DEA norteamericana. La agencia dependiente del Departamento de Justicia yanqui se retiró en marzo del año pasado trasladándose a Buenos Aires. En un episodio por demás oscuro la explicación fue que se estaba efectuando una “reorganización de recursos”. El gobierno (de entonces) por boca de Bonomi dijo que se iban porque en Uruguay el narcotráfico no era un problema y la oposición porque la DEA no había recibido respuestas favorables. En honor a la verdad hay que decir que esto es un juego de sombras, pues la oficina de la DEA funcionaba en la embajada de Estados Unidos, es decir que nunca se fueron, pero sí les interesaba dar ese mensaje.

Morabito

Rocco Morabito, ciudadano italiano, vivió más de diez años en Punta del Este con identidad falsa. En su país era una de las cinco personas más buscadas por tráfico internacional de drogas. Líder del Cartel Ndrangheta, unos de los brazos de la Mafia Calabresa. En junio del año pasado se fue caminando literalmente de Cárcel Central. Jorge Diaz fiscal de Corte aseguró que la investigación fue “compleja porque involucra muchas cosas (…) El día que esa investigación salga a la luz muchos se van a llevar muchas sorpresas.” (El Observador 29/5). Es que la fuga del italiano era imposible sin colaboración interna. “El núcleo de quien arregló estas cosas está ahí adentro», dijo en ese encuentro el por entonces subsecretario de Interior, Jorge Vázquez” (ídem). Se sabe que Morabito está en la zona de la Triple Frontera Brasil-Paraguay-Argentina, según trascendió protegido por “grupos criminales” y además se tiene casi la certeza de que estarían involucradas las policías locales.

DEAler

Desde la anunciada partida de la DEA se produjeron al menos tres casos de repercusión Internacional: La fuga de Morabito, junio; y dos incautaciones en Europa de cargamentos de cocaína muy voluminosos: 600 kilos en Francia trasportado en un jet privado, valuado en 180 millones (julio) y el gigantesco cargamento descubierto por las autoridades alemanas en un contenedor proveniente de Uruguay de 4.5 toneladas de cocaína camuflados entre granos de soja. El escándalo meses antes de finalizar la segunda administración de Vázquez y en medio de la campaña electoral fue de proporciones. Se especuló con la renuncia del ministro y varios otros jerarcas. En el caso del cargamento capturado en Francia la Europol y (vaya) la DEA sabían de su existencia desde por lo menos mayo.
No asistimos a una pelea entre narcos y policías, sino a bandos entrelazados con el crimen organizado. La DEA tutela estas relaciones y rige sobre ellas según los intereses del momento del imperialismo. Resulta muy claro que Uruguay es un país de paso de la droga, aunque algunos observadores han señalado que también se ha transformado en uno de acopio.
En medio de estos tejemanejes se ha filtrado el audio de la vicepresidencia con un elemento lumpen de su propio entorno que insinúa un sistema de escuchas telefónicas todo terreno. El bochorno tiene otros ingredientes: consumo de drogas, extorciones y amenazas en las altas esferas del poder del país. La cloaca es profunda.
Todo este pantano no ha hecho mosquear al Frente Amplio que no sale de los comunicados de prensa de su bancada, mientras el gobierno utiliza la “guerra al narcotráfico” (una bravuconada) para un avance represivo de mayor alcance. El factor común es que tanto Argimon-Lacalle como el Frente Amplio forman parte de este mismo régimen social podrido y su estado. El griterío contra los atropellos policiales por parte de los legisladores del FA no debe llamar a engaño, fueron ellos quienes reforzaron legal e instrumentalmente la represión y el sistema de conspiración contra el pueblo: Guardian y ley de faltas. A la vez que le vota LUC y venias a los “fascistas”.
Sobre eso se apoyan ahora la coalición derechista para avanzar en la línea de habilitar los allanamientos nocturnos, que tiene que ver muy secundariamente con el combate al narcotráfico. Mientras por puertos y aeropuertos salen contenedores y bolsos repletos de cocaína o los morabitos se van de la cárcel en Uber, Larrañaga nos viene con el cuento que hay que permitir irrumpir por las noches en los domicilios para desarticular carteles inexistentes, pues las bocas de los barrios apenas llegan al narcomenudeo, una parte ridícula del total de sustancias que circula en el país.
Para defender a la juventud en los barrios contra los narcos y sus eventuales mafias y la policía que colabora activamente en la preservación de este delito junto a funcionarios corruptos desde aduanas a los juzgados y la política los trabajadores deben tomar la lucha contra el flagelo de las drogas en sus manos.
La LUC presentada como la vacuna contra todos los males no va a resolver nada, en cualquier caso, empeorar las arbitrariedades y acoso a la población en los barrios. En esa línea hay que rechazar también los allanamientos nocturnos, la presencia de la DEA y reclamar la apertura de los archivos de todos los servicios, en dictadura y democracia.

Camilo Márquez
26/06/2020

Los cien días de la cuarentena



El anuncio de la nueva cuarentena no se animó a enfrentar una nueva conferencia de prensa. Ocurre que el nuevo aislamiento se destaca por sus flagrantes contradicciones. Aunque reducen a 24 las llamadas “actividades esenciales”, la descripción de cada una de ellas deja ´adentro´ a una parte sustancial de la gran industria. Es donde se están registrando casos de Covid19 entre sus trabajadores. Las limitaciones y controles que se imponen al transporte son de difícil cumplimiento, cuando se admite un funcionamiento económico relativamente amplio. La exposición de estadísticas fue mucho menos rigurosa a la hora de presentar avances en el equipamiento sanitario. Quirós, el ministro de salud de CABA, anunció a la prensa la incorporación de 50 nuevas unidades de UTI (terapia intensiva). A un ritmo de mil contagios diarios en la Ciudad, representa estadísticamente las necesidades de internación de un solo día.

Cien días

Al comienzo de la pandemia, la cuarentena “dura” fue presentada como el recurso para “achatar la curva”. Cien días después, la escalada de contagios y muertes delata las graves falencias en los testeos, la expansión de camas y la incorporación de equipos de cuidado sanitario. El temor ahora es, precisamente, el colapso de la atención hospitalaria.
Fernández dijo “la situación económica es grave”, como consecuencia de la pandemia. No: el Covid-19 se ha limitado a poner en evidencia los perjuicios de la ´economía de mercado´, como llaman los economistas a la anarquía capitalista. No hubo ni siquiera intención de producir una reconversión de la industria para atender a las necesidades sanitarias y sociales. Simplemente se adoptaron operaciones de rescate para mantener a la industria ociosa. El estado financió a la industria ociosa sin tomar a cargo la dirección de ella, sólo para evitar perjuicios a los capitalistas. Peor aún, volvió al sistema de Leliqs, que es una protección a los bancos a cargo del estado – en este caso el Banco Central. Tuvo que imponer restricciones al mercado de cambios, porque las patronales usaban el dinero para especular contra el peso, remitir utilidades al exterior o recomprar acciones. La cuarentena ha sido una operación capitalista, antagónica con las necesidades sanitarias. Habiendo destinado el 3% del PBI al rescate de las empresas - unos cinco billones de pesos-, el gobierno fue incapaz de imponer una reconversión industrial compulsiva, para asegurar la producción de respiradores mecánicos, equipamiento sanitario, unidades de terapia. Por último, y lo más importante, pagó intereses de la deuda externa por un monto igual a todas las ATP juntas, y pretende seguir por esta vía.
Fernández, Kicillof y sus socios macristas de la Ciudad despachan la situación económica con una frase. La dicotomía salud-economía es típicamente capitalista. Pone de manifiesto la importancia de una economía planificada, o sea que no atienda a intereses de lucro del capital, sino que destine una parte de los recursos acumulados a la atención de la crisis sanitaria. La “economía” tiene mucha tela para cortar en función de la emergencia sanitaria.
La pretendida “prohibición de suspensiones y despidos” resultó un fraude, porque el gobierno habilitó los acuerdos de suspensiones y rebaja salarial entre las patronales y la burocracia. Mientras tanto, el único subsidio directo a los trabajadores desocupados consistió en un “ingreso de emergencia” (IFE) de 100 dólares por cabeza, que muchos no llegaron a percibir.

Advertencia

Pero el señalamiento de Fernández sobre la “grave situación económica”, en momentos en que se discute la pandemia, tiene otro significado. El gobierno advierte que la clase capitalista no está dispuesta a más cuarentenas; los muertos no se contabilizan en el rubro de pérdidas de los balances. El palabrerío sobre el “fin de la paciencia ciudadana” o el “mal humor social” es un recurso para justificar la apertura de actividades, sin haber modificado antes las condiciones sociales que harían viable una actividad planificada, supervisada por los trabajadores en los lugares de trabajo. Quieren sobrevivir como lo hicieron cuando la ´gripe española´ (1918/9), a costa de más de cincuenta millones de muertes.
La crisis de la cuarentena tiene que ser vista en el cuadro de una crisis política. Durante la “Argentina en aislamiento”, el gobierno FF aspiraba a poner en caja la cuestión de la deuda externa, para pasar a arreglar la deuda local (u$s65 mil millones), con el FMI y otras instituciones (una cifra similar), la deuda externa de las provincias, los bancos públicos y la del capital privado – todo sumado, unos u$s400 mil millones. Pero la negociación de deuda avanza hacia un acuerdo gravoso para el país, que sin embargo aún no cierra. En estas condiciones, la tentativa de expropiación de Vicentin se ha convertido en una crisis de carácter político, mientras la cuarentena vuelve al primer día.
Ante el programa del capital, los trabajadores han ido desarrollando su propio programa. Por protocolos obreros, control de las condiciones de trabajo, incorporación urgente de trabajadores en hospitales, turno de 6 horas. Centralización de todo el sistema de salud, público y privado. Vigencia irrestricta de las paritarias, ningún recorte a salarios y aguinaldos.
La lección de esta crisis es que el capitalismo es un obstáculo para proteger la salud. Esta planteada la nacionalización integral de la banca, la gran industria y el comercio exterior; un plan único para atender, en principio, la emergencia sanitaria y la crisis social. Es necesario coordinar las luchas sanitarias y sociales, desarrollar plenarios y congresos de delegados, en primer lugar, de los sectores en lucha, como personal de salud, la industria de Santa Fe y el grupo Vicentin, los docentes, y extenderlo a todo el movimiento de los trabajadores.

Marcelo Ramal
27/06/2020

Macri, Michetti y Boudou se acaban de jubilar y entre los tres cobran $1.730.000



Equivalen a 100 haberes mínimos como cobra el 50% de los beneficiarios

El Anses sigue cerrado para todos los trámites jubilatorios o de concesiones de otro tipo de beneficios para el común de los mortales, pero sus puertas se abrieron para que fuera autorizado el pago de las “pensiones vitalicias” -brutales jubilaciones de privilegio- del expresidente Mauricio Macri, a quien le otorgaron un haber de $750.000 mensuales, a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, que recibe $560.000 y al también exvice, Amado Boudou, que se hace acreedor a $420.000 mensuales. Todos ellos perciben este haber de por vida por el solo hecho de haber cumplido un período de cuatro años en las funciones y, como beneficio extra, están eximidos del pago de Impuesto a las Ganancias, que si abona una amplia gama de trabajadores de ingresos medios.
La concesión de estas suculentas pensiones se dan cuando, desde el gobierno nacional, se dispuso congelar la movilidad de las jubilaciones ordinarias de millones de beneficiarios que aportaron a las cajas durante 30 o 40 años de su vida laboral y que hoy cobran desde $17.000, por imperio de la “emergencia sanitaria que vive el país”, lo que supone una nueva pérdida frente a la inflación, en estos haberes que apenas llegan a cubrir la tercera parte del costo de la canasta de subsistencia.
Evidentemente, desde el Anses (el gobierno) han considerado que, en este punto, había que cerrar la “grieta” que, desde la oposición política y mediática, habían abierto al cuestionar el otorgamiento de la pensión a Boudou porque el exvicepresidente enfrenta una condena por desfalco al Estado. Es que los tres beneficiados, colocados en distintos lados de la “grieta”, pueden ser medidos por un raseto común ya que todos tienen por delante imputaciones judiciales para nada menores.
El Anses también les reconoció -claro está- el retroactivo correspondiente que, en el caso de Macri, alcanza a $6.000.000; en el de Michetti a 4.500.000 y, en el de Boudou, a poco más de $14.000.000. Los tres deberán esperar para recibir estos montos, aunque no deberán encarar eternos juicios de años como los jubilados sin privilegio, que deben litigar para que el Anses les reconozca sus derechos, sino que la postergación del pago de las retroactividades será solo hasta que “dure la emergencia pública en materia sanitaria”.
Es ilustrativa esta celeridad para asistir a “las necesidades” del personal político de la clase capitalista, para ver con claridad a quienes responde este gobierno que llegó para atender “primero a los que menos tienen”.
Estas jubilaciones, que reciben los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como las altas jerarquías de la Iglesia, como los obispos y los arzobispos, tienen como única justificación el pago de un retiro con la mayor opulencia para quienes se encargan de sostener un sistema general de privilegios para toda la clase capitalista.
Tienen un carácter de privilegio, además, porque ellas no sufrieron ni sufren el congelamiento de ninguna movilidad como los jubilados del régimen general.
Es que los haberes jubilatorios de estos privilegiados equivalen, en el caso de los expresidentes, al 100% del salario de un juez de la Corte y en el de los exvice, al 75% y su movilidad se rige por la de los salarios de esos magistrados. quienes se fijan ellos mismos los incrementos de los sueldos. En el 2019, los integrantes de la Corte se “concedieron” aumentos por un total del 69%, por encima de la inflación y casi el doble de la media que recibieron los trabajadores que revistan en blanco.
Hay que liquidar todos los regímenes de privilegio. Hay que reponer todos los derechos despojados a trabajadores y jubilados. Trabajadores y jubilados tienen por delante una pelea por la subsistencia, contra la miseria, por salarios mínimos que cubran el costo de la canasta familiar, y por jubilaciones mínimas que alcancen al 82% del sueldo en actividad.

Nelson Marinelli

Miles de millones de niños castigados por la pandemia



El “gran cierre” persiste mes tras mes. El virus prosigue su marcha por todo el mundo; la enfermedad continúa infectando personas y arrancando vidas. La incertidumbre nos afecta a todos, sin saber si se ha alcanzado el pico de la enfermedad y si el “gran cierre” se levantará pronto y si lo hará lentamente. En lugares como Brasil, India y Estados Unidos, gobiernos irresponsables e incompetentes están ansiosos por abrir todos los sectores para impulsar la actividad económica; no parecen preocuparse por romper la cadena de la infección. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería que las pruebas se ralentizaran, una peligrosa declaración que va en contra de todos los consejos de la Organización Mundial de la Salud. No tiene sentido terminar con el “gran cierre” si la apertura no va a conseguir más que seguir infectando a las personas y evitar un final adecuado de la pandemia.
Hay cifras inmensas de víctimas de este “gran cierre”. Los ingresos se han derrumbado para la mitad de la población mundial, mientras que las tasas del hambre van en aumento. Pero hay otras bajas, otras víctimas, de las que a menudo nos acordamos menos.

Brecha digital

Los padres de todo el mundo se han visto sorprendidos por el cierre de escuelas. Sus hijos han tenido que permanecer en casa, experimentando con diferentes formas de educación en el hogar. Las escuelas han cerrado en 191 países, con al menos 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de maestros de primaria y secundaria fuera de las aulas. Donde se dispone ampliamente de Internet, los niños han podido seguir sus estudios a través de plataformas digitales, aunque el carácter de ese aprendizaje pueda ser dudoso. La concentración ha disminuido y la profundidad de la experiencia educativa se ha vuelto superficial.
Donde no se dispone de Internet, los niños no han podido continuar con sus estudios. Un estudio de UNICEF de 2017 mostraba que el 29% de los jóvenes en todo el mundo no disponen de conexión con Internet; en el continente africano, el 60% de los niños no están conectados, en comparación con el 4% de los niños europeos.
Muchos de esos niños pueden conectarse a través de un teléfono haciendo uso de datos celulares que les resultan muy costosos; no tienen ordenador ni conexiones inalámbricas a Internet en el hogar. Un estudio reciente de la UNESCO descubrió que la mitad de los niños que no están en un aula, es decir, 830 millones de estudiantes, no tienen acceso a un ordenador; más del 40% de los niños no tienen Internet en casa. En África subsahariana, casi el 90% de los estudiantes no tienen ordenador en casa y el 82% no puede conectarse a través de banda ancha. La brecha digital es real y continúa impactando en las oportunidades educativas de los niños durante esta pandemia.
No está nada claro que estos niños puedan regresar a la escuela pronto. Se están estudiando formas creativas para continuar el aprendizaje a distancia, como el uso de estaciones de radio y canales de televisión comunitarios. Pero no ha habido voluntad de imponer un mandato para una programación educativa en canales privados de televisión y emisoras de radio.

Violencia

En junio, la OMS, junto con otras agencias de la ONU, lanzó un estudio trascendental: «Informe Global sobre la Prevención de la Violencia contra los Niños 2020». Lamentablemente, este estudio, como la mayor parte de las informaciones sobre la situación de los niños en nuestro tiempo, no ha recibido prácticamente la cobertura de los medios.
Los datos sobre la violencia contra los niños antes del gran confinamiento son impactantes. Uno de cada dos niños de 2 a 17 años sufre cada año alguna forma de violencia. Un tercio de los estudiantes entre las edades de 11 y 15 años fueron intimidados por sus compañeros durante el último mes, mientras que aproximadamente 120 millones de niñas han sufrido algún abuso sexual antes de los 20 años (es importante tener en cuenta que no hay números globales sobre las tasas de violencia sexual contra los niños). El informe ofrece la primera cifra mundial de homicidios en niños menores de 18 años; en 2017: 40.000 niños fueron víctimas de homicidio. Existen leyes en el 88% de los países del mundo que prohíben todas estas atrocidades; sin embargo, las tasas de información son bajas, y en al menos el 47% de los países, esas leyes se aplican de forma miserable.
El estudio de la OMS dice que las tasas de violencia contra los niños han aumentado durante la pandemia y que tal violencia “va a tener, probablemente, consecuencias negativas duraderas». En muchos países, como Estados Unidos, hay una disminución en la notificación de casos de abuso infantil a los servicios de protección infantil. Esto, argumentan los autores del estudio, se debe a que los “proveedores esenciales de servicios comunitarios, como los maestros, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, que en circunstancias normales reconocerían los signos de abuso, ya no tienen contacto directo con los niños y, por lo tanto, no pueden denunciar las sospechas de abuso”. En el Reino Unido, las llamadas a la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños han aumentado en un 20%.
Las restricciones al movimiento, desempleo, aislamiento, hacinamiento y otros factores, señala el informe, “han aumentado los niveles de estrés y ansiedad en padres, cuidadores e hijos”. Para aquellos hogares donde la violencia familiar es ya un problema, es un escenario de pesadilla. “Las medidas para quedarse en casa han limitado las fuentes habituales de apoyo para familias e individuos, ya sean amigos, familiares o profesionales, erosionando aún más su capacidad para hacer frente con éxito a las crisis y nuevas rutinas de la vida cotidiana”. En su artículo en The Atlantic, Ashley Fetters y Olga Khazan dicen que esta es “la peor situación imaginable para la violencia familiar”.

Soluciones

Mientras el “gran cierre” prosiga, no hay buenas soluciones para la brecha digital o la violencia dentro de los hogares. Sin un sector público robusto que invierta en el acceso gratuito y universal a Internet y proporcione un ordenador a cada niño, no habrá un avance real sobre la brecha digital.
Del mismo modo, a menos que los gobiernos transformen sus sistemas de salud pública y sus programas de trabajadores sociales para que puedan tener un contacto frecuente con los hogares de las comunidades, no habrá una forma real de identificar casos de abuso infantil para proteger a los niños.
Ninguna privatización o filantropía puede resolver los problemas de la brecha digital y la violencia contra los niños. Lo que se necesita son programas bien financiados por un Estado descentralizado pero fuerte, con wifi gratuito y oficinas de salud pública y trabajo social en el vecindario. En un mundo posterior a la COVID-19, tales demandas políticas deberían estar en boca de todo el mundo. Es el único enfoque que podrá brindar protección a los niños.

Vijay Prashad

Fuentes: CounterPunch - Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Vijay Prashad es historiador y periodista, de origen indio. Ha sido profesor del Trinity College y actualmente es director del Instituto Tricontinental en Delhi. Es autor de numerosas obras, entre ellas: The Darker Nations: A People’s History of the Third World and The Poorer Nations: A Possible History of the Global South, No Free Left: The Futures of Indian Communism (New Delhi, LeftWord, 2015) y Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017).

Colapsa Bolivia, único país que atraviesa la pandemia con dictadura

Bolivia, cumplidos 100 días de cuarentena, reporta hasta el 24 de junio 27.487 contagios, 876 muertes y un promedio de mil contagios por día. Pero también cierre parcial de hospitales y laboratorios, contagio de personal sanitario, falta de insumos de bioseguridad y muertos en las calles, ante la falta de políticas y la corrupción del gobierno de facto.
El sistema sanitario colapsó en Beni y Santa Cruz, y es inminente que suceda lo mismo en Cochabamba y La Paz. Estos cuatro departamentos concentran el 92% de los contagios y Santa Cruz con el 60% de infectados es el foco.
Bolivia es el único país de la región que atraviesa la pandemia con una dictadura, y se dirige, sin una política de estado de prevención y de contención del Covid-19, al colapso absoluto a nivel nacional. No se cuenta con un plan de contingencia coordinado, ni con un comité científico idóneo, y hay demanda urgente de médicos especialistas, insumos y equipos de salud.
Lo que la presidenta de facto Jeanine Áñez realiza es la mera administración de cifras oficiales de contagios y muertes.
Tres ministros de Salud que se han relevado durante la cuarentena, presentaron su “plan estratégico”, en base a promesas de adquisiciones de insumos y equipos de salud, que no se verifican en la realidad. Añez no cumplió con el objetivo de la cuarentena de abastecer al sistema sanitario de insumos, equipos de salud, infraestructura, contratación de personal, etc., para atender la gran demanda que se podía producir.
No hay coordinación de acciones entre el nivel central y los niveles gubernamentales y municipales, tampoco con los diversos sectores de la sociedad, lo que hace imposible entablar un abordaje serio de contingencia.
El “comité científico” carece de idoneidad: de su composición se excluyó a seis sociedades científicas, de medicina crítica, terapia intensiva, medicina interna, infectología, neumonología, pediatría y a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA.) de Bolivia.
El mismo está conformado por ocho médicos sin experiencia en la materia y cuyo presidente era el yerno de Áñez, Mohammed Mostajo, quién fungía de asesor, definía las acciones del plan contra el Covid-19 y la compra de insumos y equipos. Implicado en el “caso respiradores”, se fugó a EU bajo el argumento de que “su trabajo como asesor había terminado”, en pleno colapso sanitario.
Desde el inicio de la cuarentena se registraron en el país numerosas marchas de médicos suplicando por insumos y equipos de bioseguridad, capacitación, contratación de personal, etc. También, los alcaldes reclamaron que se les gire el presupuesto correspondiente para abonar los sueldos atrasados de los médicos.
El departamento de Beni, de donde es oriunda Áñez se encuentra colapsado y un 50% de sus médicos llegó a contagiarse, según Jorge Gómez, director del servicio departamental de salud (SEDES), debido a la falta de equipos de bioseguridad. Trinidad, su capital es el foco. El 22 de mayo el gobernador de Beni declaró el desastre sanitario y tuvo que pedir ayuda a un distrito limítrofe con Brasil.
Recién el 25 de mayo, una delegación de seis ministros, entre ellos la actual titular de Salud, Eidy Roca arribaron a Beni, con 10 ambulancias y con donaciones de la ONG “Mano a mano” de insumos de bioseguridad y tres avionetas ambulancias. De tal forma, venden una imagen de una Bolivia “pobre” que sobrevive con donaciones.

La herencia recibida

Añez acusa a Evo Morales por la “herencia recibida”. En Bolivia el presupuesto en salud hasta el 2005 era de 362 millones de dólares, en 13 años Evo lo multiplicó por 7 a 2.600 millones de dólares. Entre 1825-2005 (época republicana), habían 2.870 hospitales en el país, entre el 2006-2018, el gobierno de Evo construyó 1.061 hospitales.
La contratación de personal de salud, de 1825- 2005 era de 17.175 ítems, se incremento del 2006-2018 con 18.550 ítems llegando al total de 35.725. Solo 579 ambulancias había en todo el país al 2005, y el gobierno popular de Evo las incremento a 2.076.
Se implementó el Sistema Único de Salud (SUS), garantizando la atención sanitaria universal y gratuita al 51% de las y los bolivianos que no poseían seguro de salud. Se realizó transferencia de tecnología del INVAP argentino a tres centros de oncología de Bolivia, algo inédito en la historia del país.
Médicos bolivianos fueron becados a especializarse a Cuba, Rusia, Argentina, China, entre otros países, y estaba estipulado para este año la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología, hecho que quedó trunco por el golpe de estado.
Hay 20 hospitales de segundo y tercer nivel que el gobierno de Morales dejó próximos a inaugurar, que no son utilizados. Lo mismo sucede con las avionetas ambulancias que se adquirieron.

La pandemia

El 10 de marzo se registró el primer caso en el país y el 22 de marzo se declaro la cuarentena. El 1 de junio el país implementó la cuarentena dinámica con el fin de abrir diversos sectores de la economía y, como en otros países, en simultáneo, controlar la curva de contagios.
En Bolivia sucedió algo insólito, el gobierno central sin plan de salida gradual de la cuarentena rígida se desligó de su responsabilidad de contención frente al Covid-19, y la trasladó a las gobernaciones y alcaldías. Diversas regiones se autoencapsularon al ver avanzar sus niveles de contagio.
En La Paz y Cochabamba se cerraron varios hospitales, entre ellos el Tórax y el Viedma por el contagio masivo de personal que no es reemplazado, y se volvió a endurecer la cuarentena esta semana.
Resultado del desgobierno de Áñez, se reportaron 10 muertos en las calles, algunos de ellos en las puertas de los hospitales y otros en sus casas sin recibir atención médica. Las imágenes recuerdan la cruda realidad de Guayaquil. Uno caso demoledor ocurrió en Cochabamba con el cadáver de un hombre en la calle que peregrinó por siete hospitales durante cinco horas solicitando asistencia sin lograrlo.
Otros casos se registraron en Beni, Santa Cruz y La Paz. El 24 de junio un paciente con Covid-19 se suicido al complicarse su cuadro a falta de medicamentos y se lanzó del tercer piso del hospital Solomon Klein, en Cochabamba.
Por otro lado, el Instituto de investigaciones forenses reportó 50 muertes diarias en los domicilios por insuficiencia respiratoria en Santa Cruz, a la espera de confirmar si son positivos. En Cochabamba se reportaron 13 cuerpos en sus domicilios y se habilitaron fosas comunes por el colapso del horno crematorio para cuerpos no identificadas.
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó que las muertes reportadas en las calles ocurrieron porque hay personas que “esperan hasta último momento para ir al hospital”. En contraposición, la Comisipón Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “estas muertes se deben a la imposibilidad de recibir atención médica ante la saturación de los hospitales”.

El país requiere en carácter de urgencia insumos y equipos de salud.

Según la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (SBMCTI), en el país hay 210 médicos intensivistas y se precisa duplicar esta cifra, pero Áñez no permite la entrada de médicos cubanos. Solo se cuenta con 100 camas destinadas a Covid-19, cuando se requiere 700 en el país.
Al respecto, el 16 de abril Mohammed Mostajo, anunció la compra de 500 camas de unidades intensivas y de 450 mil reactivos. Las camas nunca llegaron y luego de casi dos meses, recién el 3 de junio llegaron solo 70 mil reactivos. Los ex ministros de salud Aníbal Cruz y Marcelo Navajas prometieron 500 respiradores hace tres meses, y llegaron el 15 de mayo 170 respiradores con sobreprecios e inservibles para pacientes críticos con Covid-19.
El 22 de junio se conoció la compra de solo 10 respiradores que desaparecieron y otra vez con sobreprecios.
En el país hay faltante de reactivos desde el inicio de la cuarentena y las pruebas se restringieron a pacientes con “toda la sintomatología activa”, de tal manera Bolivia pasó a ser el que menos pruebas realiza de la región. Las insuficientes pruebas que se realizan llegan posmortem, luego de más de una semana porque deben ser trasladados por tierra a los laboratorios de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
Recién hace un mes, se pusieron en funcionamiento laboratorios en Tarija, Beni y Chuquisaca. El colapso en los laboratorios es inminente por falta de personal. El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), el laboratorio más importante de Santa Cruz se declaró en emergencia al no recibir los termocicladores requeridos para procesar las pruebas y tiene cuatro mil análisis en espera.
Lo llamativo es que en el país hay 33 laboratorios, según lo anunciado el 16 de abril por Mohammed Mostajo, 23 pertenecientes al programa HIV y tuberculosis y 10 donados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (Pnud), lo que permitiría tener tres laboratorios en los nueve departamentos del país.
Por otro lado, en las clínicas privadas las pruebas cuestan un promedio de 150 dólares, por lo que Bolivia es el segundo país de la región de mayor costo en pruebas.
El 18 de junio Áñez, que sostiene un falso discurso de preocupación por la salud, evitó la entrada de un avión de China con una carga con sobreprecios de hasta el 400% de 1.600.000 insumos de bioseguridad: 800 mil barbijos, 500 mil barbijos N95, 200 guantes, 50 mil overoles, 5 mil termómetro, 20 mil gorros y 10 mil lentes que tenían como destino a empresas privadas y al Ministerio de Energía que intervino en la compra.
El vuelo se canceló para evitar otro escándalo de corrupción ante la filtración de la información.

Administración macabra de cifras epidemiológicas para evitar elecciones.

Al principio de la cuarentena las cifras epidemiológicas del país eran bajas y se vendieron como un “éxito”. De repente, cuando el pueblo boliviano puso en agenda la demanda electoral, en simultáneo las cifras oficiales se dispararon, y Eidy Roca, actual ministra de Salud, proyectó más de 130 mil contagios para la fecha de las elecciones del 6 de septiembre, casi triplicando las proyecciones del ex ministro de Salud Aníbal Cruz de 48 mil contagios.
El golpismo administra desde el principio macabramente las cifras epidemiológicas en función de intereses y cálculos electorales con el fin de evitar las elecciones en el país. Debido a la inacción del gobierno de facto, se desconoce con exactitud las cifras epidemiológicas, no solo porque no se realizan las pruebas masivas y hay muchas a la espera de los resultados, también porque Áñez oculta y manipula sistemáticamente información al respecto.

Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)