sábado, febrero 29, 2020

Latinoamérica: la región más peligrosa para defensores del medioambiente y los derechos humanos



En su reporte 2019, la ONG Front Line Defenders, documentó que el 68% de los asesinatos de activistas ocurren en Latinoamérica, detalla que las personas defensoras enfrentan importantes amenazas y riesgos, ya sea por exigir libertades civiles y políticas o por proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático.

La ONG Front Line Defenders presentó su Análysis Global 2019, donde detalla los ataques físicos, las campañas de difamación, las amenazas de seguridad digital, el acoso judicial y los ataques de género que enfrentan los DDH y las defensoras de derechos humanos (WHRD) en todo el mundo.
El reporte señala que las personas defensoras enfrentan importantes amenazas y riesgos, ya sea por exigir libertades civiles y políticas o por proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. También reveló que América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas, ya que registró el mayor número de asesinatos.
Front Line Defenders señala que los países con más asesinatos de defensores y activistas ambientalistas, son: Colombia con 106 casos documentados, Filipinas (único país no americano de la lista)con 43, Honduras con 31, México con 23, Brasil con 23.
“Es la (región) más peligrosa en el sentido de que es la más mortífera, es donde más personas defensoras de derechos humanos son asesinadas en el mundo”, advirtió Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders. (Vía: EFE)
Además, el reporte añade que el 40 % de las personas defensoras de derechos humanos en el mundo trabajan temas ambientales, de tierra y territorio y derechos de los pueblos indígenas.
El 2019 se caracterizó por levantamientos sociales de notable magnitud en cada una de las regiones del mundo. El papel que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos en esas protestas incluye la organización y movilización, el monitoreo y documentación de las violaciones de derechos humanos, y la asistencia a las personas heridas y detenidas.
Pese a que los motivos de las protestas y malestar social difieren en cada lugar, todas giraban en torno al rechazo categórico de la desigualdad económica, la corrupción desenfrenada y el llamado a favor del respeto a los derechos civiles y políticos.
Por último señala que las amenazas y los ataques contra las defensoras de los derechos humanos adquieren dimensiones específicas relacionadas con su género, y a menudo entrañan amenazas y violencia de carácter sexual. Las mujeres son castigadas por su labor pública mediante ataques a su vida privada y cuestionamientos a su papel como madres, esposas y compañeras. Este informe destaca la compleja naturaleza de las amenazas e intimidaciones contra las defensoras de los derechos humanos.
El informe no contempla los recientes asesinatos de defensores como Jerhy Rivera de Costa Rica, Homero Gómez y Raúl Hernández de México, ocurridos en lo que va de este año.

Axomalli Villanueva
@axomalli1

Uruguay: termina el ciclo de Gobiernos frenteamplistas



Luego de la derrota en segunda vuelta, este domingo llega a su fin el ciclo de gobiernos del Frente Amplio y vuelve la derecha encabezada por Lacalle Pou. El hecho amerita un balance de este periodo, inédito en la historia del país.

Con la asunción de Luís Lacalle Pou este próximo domingo se cierra el ciclo de gobiernos del Frente Amplio (FA) comenzado en el año 2005.
Tabaré Vázquez primero, José Mujica en el segundo mandato y posteriormente nuevamente Tabaré fueron los líderes que encabezaron estos gobiernos, que constituyen una experiencia inédita en el Uruguay, donde siempre habían gobernado los partidos capitalistas tradicionales Blanco y Colorado.
Más allá de la experiencia concreta de estos 3 periodos, la oportunidad invita a reflexionar sobre el proceso que se inició a principio de los 70 con el surgimiento del Frente Amplio. Veremos cómo desde entonces esta coalición ha intentado ser parte del régimen y finalmente terminó administrando el estado capitalista uruguayo.
A lo largo de todo este periodo histórico se dieron procesos tan importantes como el ascenso obrero y popular de los 60 y 70, la posterior dictadura cívico militar, la transición democrática y el Pacto del Club Naval, los gobiernos blancos y colorados (1984-2004) con el FA en la oposición y finalmente la llegada de esta fuerza política al gobierno, donde se mantuvo 15 años.

15 años de gobierno: más continuidad que ruptura

La llegada al gobierno de Tabaré Vázquez despertó grandes ilusiones en los trabajadores y sectores populares.
Luego de la crisis del 2002, con sus secuelas de hambre, crisis económica y desocupación, el triunfo del FA generaba muchas expectativas de cambio y de mejoras en las condiciones de vida.
A grandes rasgos, y como balance más general, podemos decir que hubo más continuidades que rupturas en relación a los gobiernos precedentes. Muy lejos quedó de aquel Frente Amplio que en su fundación prometía el cambio y una transformación social estructural, promesa que constituyó el motor del apoyo entre los trabajadores y sectores populares.
A lo largo de sus 3 periodos, aún con los matices que separan a Vázquez de Mujica, lo que primó fue un enfoque político que ubicó al Frente Amplio como un gestor y administrador del capitalismo en nuestro país, en el que el pago de la deuda externa y la aceptación de las directivas de los organismos internacionales imperialistas (FMI, BM, BID) nunca fueron puestos en cuestión.
A nivel económico, y en el marco más que favorable de los buenos precios de las materias primas que exporta tradicionalmente Uruguay, se favoreció la apertura de la economía, fomentando la llegada de capitales internacionales con subsidios, exoneraciones, creación de zonas francas y otras facilidades.
Las negociaciones para la segunda planta de celulosa de la trasnacional UPM ejemplifican la política que intentó llevar adelante el gobierno; buscar satisfacer las demandas de las multinacionales realizando obras en función de sus necesidades, negociación a la baja de las condiciones y derechos laborales y falta de cuidado por el medio ambiente.
Si bien los niveles de desempleo fueron comparativamente bajos, el “modelo” se sostuvo en base a bajos salarios y trabajo precario, especialmente entre los jóvenes.
Al culminar este tercer periodo, aproximadamente un 40% de los trabajadores ganan alrededor de 24mil pesos (600 dólares); cuando la canasta básica familiar se ubica en casi 85mil pesos ( alrededor de 2200 dólares).
Cabe agregar que en los sucesivos gobiernos frentistas no se revirtieron los procesos de tercerizaciones y privatizaciones en el sector público; e incluso en algunas áreas se profundizaron (UTE, OSE, IMM, ley de riego, entre otras).
A todo esto se suma el profundo proceso de extranjerización de la tierra (fenómeno de una magnitud nunca vista) que llevó a que alrededor del 50% de las tierras estén en manos extranjeras y que los propietarios uruguayos se desprendieran en los últimos 18 años de una superficie equivalente a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha y Durazno.
A nivel de derechos humanos también hubo una continuidad de parte del Frente Amplio respecto de los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales. En lo esencial, se mantuvo la impunidad para los crímenes de la dictadura, y el discurso oficial (tanto con Tabaré como con Mujica) apuntó hacia el "olvido", la reconciliación y la "vuelta de página".
La presencia de otro de los históricos líderes del FA, Fernández Huidobro, un defensor confeso de militares genocidas, atestigua el límite que puso el Frente Amplio para avanzar, aunque sea mínimamente por el camino de la verdad y la justicia. El propio fenómeno de Manini Ríos es en parte responsabilidad del FA; su figura fue sostenida y promovida durante el gobierno de Mujica y luego de Vázquez, aún con su pensamiento conservador y autoritario que nadie desconocía.
En relación a los derechos humanos en democracia, no se puede dejar de remarcar que durante los gobiernos frenteamplistas la cantidad de presos sociales alcanzó un record histórico y en relación a la población es una de las más altas de América Latina; además de que las condiciones de privación de libertad han sido inhumanas y condenadas a nivel internacional.
Con el correr de los años se fueron endureciendo las políticas represivas, aumentando las penas, poniendo trabas a los regímenes de libertad anticipada, fortaleciendo a las fuerzas represivas, dando un rol a las fuerzas armadas en la custodia de las cárceles y en zonas de frontera, entre otras cuestiones. Desde el gobierno se apeló a megaoperativos en barrios populares y se reprimieron movilizaciones opositoras que criticaban distintas políticas del gobierno (UPM, Codicen, esencialidad en la educación, etc.)
Tabaré Vázquez, además, elaboró el decreto antipiquetes que da cobertura legal a la represión estatal ante cortes de rutas u ocupaciones y durante su segundo mandato se sancionó la ley antiterrorista, a tono con las políticas del imperialismo para la región y para reprimir la protesta social.
En relación a la agenda de derechos democráticos elementales durante los periodos de gobierno del Frente se dieron algunas concesiones y sancionaron leyes progresivas aunque con muchas limitaciones como el matrimonio igualitario, aborto legal, consumo de marihuana, etc.). Estos logros, en ocasiones con opositores en las propias filas del partido de gobierno y limitados producto de las negociaciones con los sectores conservadores, fueron motorizados por los movimientos sociales pro derechos; nadie regaló nada, en todo caso fueron productos de décadas de luchas y movilizaciones para ampliar derechos y libertades.

Un Frente Amplio totalmente integrado al régimen político

Cabe preguntarse entonces qué puede haber sucedido en estos 50 años que llevaron a que aquel Frente Amplio temido, resistido y perseguido por las clases altas y el imperialismo en los comienzos de los 70 se haya transformado en un partido confiable para estos mismos sectores.
Ya desde sus orígenes, y a pesar de un programa tenuemente transformador (que incluía al menos en los papeles cuestiones tales como la reforma agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior), la naciente coalición de izquierdas buscó canalizar el ascenso obrero y popular hacia el terreno de las elecciones, generando confianza y expectativas en que se podrían lograr transformaciones profundas con solo llegar al gobierno.
Ante el golpe del 73 (e incluso durante las jornadas previas de febrero) el Frente no potenció la profunda disposición a la lucha de los trabajadores y estudiantes que enfrentaban en la calle a los militares. La dirección mayoritaria llevó la resistencia hacia un callejón sin salida y a pesar del heroísmo de su base militante, durante el gobierno militar buscó acuerdos y acercamientos a sectores burgueses (que en su momento incluso votaron medidas represivas) como el nacionalista Ferreira Aldunate.
Hacia el final de la dictadura, cuando nuevamente el pueblo se encontraba a la ofensiva y quería terminar con el régimen de miseria que habían impuesto los militares, el Frente se constituyó en la pata izquierda de la transición pactada con los genocidas. Pacto de Club Naval mediante, el FA fue garante de la impunidad y del mantenimiento de cambios regresivos impuestos durante el periodo dictatorial.
Partiendo de esa matriz reformista y conciliadora, con los años fue profundizando su integración al régimen político, mostrándose primero como una "oposición responsable", que contenía a los trabajadores cuando aumentaba la conflictividad; o luego siendo un prolijo gobernante en la Intendencia de Montevideo (con su política de privatizaciones y tercerizaciones, así como de represión a vendedores ambulantes como sucedió en los 90 cuando Tabaré era intendente).
De aquel discurso confrontativo y crítico con el Uruguay batllista (por José Batlle y Ordóñez que impulsó una modernización capitalista a principios del siglo XX), que al menos declarativamente proponía transformar al Uruguay con cambios profundos, se pasó a esta versión “moderna” del Frente Amplio, aceptada por las clases dominantes y totalmente integrada al régimen político.
La crisis del 2002 puso en evidencia el rol del FA como instrumento de contención y apaciguador de los conflictos; pero su llegada al gobierno mostró en toda su plenitud su perfil de gestor y administrador del capitalismo neocolonial del Uruguay.
Su derrota en estas últimas elecciones hay que entenderla desde las expectativas que alguna vez despertó en los trabajadores y el pueblo, pero que llegado al gobierno no cumplió, dando lugar de esta manera a la recomposición electoral de la derecha.
La apatía, el escepticismo, incluso el voto de sectores pobres a conservadores autoritarios como Manini, hay que entenderlos desde el desengaño que provoca ver que más allá de algunos matices el Frente Amplio no se diferencia mucho de los mismos partidos tradicionales que han gobernado a favor de las clases dominantes por casi 180 años.

Hernán Yanes
Sábado 29 de febrero | 00:26

El Banco Mundial, el coronavirus y Wall Street



“Los `bonos pandémicos` del Banco Mundial podrían dejar de pagarse”

Que el capital lucra de las penurias humanas no es noticia. Lo que sí resulta relativamente novedoso es que desde 2017 el Banco Mundial –institución señera - emitió dos series de bonos por un total de u$s 320 millones atados a la eventualidad de cataclismos como … “una pandemia” (sic, Financial Times, 27/2). Lo hizo para “ayudar a los países en vías de desarrollo”.
Los bonos, muy atractivos, “pagarían intereses, de hasta un 15% anual (en dólares), siempre y cuando no se desatara una pandemia o se reunieran ciertos requisitos propios de ellas. (…) una vez que esas circunstancias se dieran, el repago a los acreedores se interrumpiría y el capital generado se utilizaría para ayudar a los países pobres que se vieran afectados por la emergencia sanitaria. Es decir, si efectivamente se desata una pandemia, el inversor pierde parte o la totalidad del dinero invertido en el bono” (ídem).
Según informa el Financial Times “los pagos no se interrumpieron durante anteriores brotes infecciosos como la epidemia de ébola de agosto de 2018 … sin embargo los inversores parecen creer que con el brote de coronavirus que se originó en China la cosa será diferente”.
Lo que los capitalistas llaman su “riesgo” (sic) se refleja en la cotización del bono en el mercado. Pues bien, el “llamado Tramo B –la más riesgosa de las dos series (emitidas)– ya se están negociando a un promedio de 57 centavos por dólar”. La eventualidad de que el capital pierda su inversión se produce, según los términos contractuales del bono, “pasadas doce semanas desde el brote inicial, lo que en el caso del coronavirus ocurrirá el 23 de marzo. Además, la enfermedad tiene que haber provocado al menos 250 muertes en el país de origen, una cifra ampliamente superada por el coronavirus en China … además es preciso que el virus haya cruzado una frontera internacional y provocado al menos 20 muertes en un segundo país, lo que según datos oficiales todavía no ha ocurrido” (aquí el Financial Times está atrasado; en Irán se superaron ya las 30 muertes).
El otro tramo del bono, el supuestamente menos riesgoso “se activa una vez que se han registrado al menos 2500 muertos”. Este bono “paga un interés anual del 6.9% por encima de la tasa Libor –el hecho que todavía se estén transando muy cerca de su valor nominal le da más munición a los críticos del instrumento” (ídem).
Como hasta ahora no hubo que activar la cláusula que transfiere el capital del bono al Banco Mundial, la operación ha representado una ganancia simplemente gigantesca para los fondos internacionales. Los intereses acumulados durante dos décadas, que ha debido pagar el BM superan la inversión inicial que recogió. Esto es así incluso si el BM ha invertido la recaudación de esos bonos en otros bonos o en préstamos a los países asociados. O sea que el Banco Mundial ha incurrido en un déficit – no tiene los recursos para ir en ayuda de la pandemia del coronavirus. Por eso la Organización Mundial de la Salud no la declara como tal. Si lo hiciera, los estados miembros del banco se convertirían en acreedores de un Banco Mundial que se encuentra en default. Esta circunstancia debe ser asociada al derrumbe de los mercados accionarios y de deuda pública.
Nada de esto, sin embargo, por importante que es, constituye lo fundamental. El capital derivado al Banco Mundial es el que falta al sistema de salud, que se encuentra definitivamente impreparado para atender a una pandemia. La utilización del sistema privado sería insoportablemente costosa para pacientes y estado; una pandemia obligaría a intervenirlo sin compensación para las compañías que lo regentean. Se hace evidente que la plata inyectada al BM es capital ficticio, no representa ningún activo productivo o real, como habría ocurrido con una inversión masiva en los sistemas de salud pública.
Es presumible que el impacto mayor de una pandemia recaería en Estados Unidos, que tiene el sistema privado más extenso del mundo. Para Wall Street el virus del capital ficticio podría ser más mortal que el coronavirus.

Norberto Malaj
28/02/2020

Assange: imperio de la vigilancia e imperialismo



El juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, es una metáfora perfecta de como opera hoy el imperialismo estadunidense en el mundo. Son las fuerzas armadas, el Departamento de Estado y la CIA los que causaron miles de muertos en Afganistán, Irak, Libia o Siria, pero es a quien mostró al mundo esos crímenes a quien se quiere condenar a 175 años de cárcel por 18 delitos (17 de ellos tipificados por la Ley de Espionaje de 1917, aprobada con motivo de la I Guerra Mundial).
Lo ha expresado Rafael Correa de manera contundente. Si las revelaciones de Assange hubiesen sido sobre China o Rusia, en Washington ya se hubiera construido el Memorial Assange en defensa de la libertad de expresión y contra los crímenes de guerra.
Pero en esta era digital se mata al mensajero, sea este australiano, como Assange, o estadunidense, como Chelsea Manning, que pasó 7 años en prisión (de una condena de 35 años conmutada por Obama). Exactamente 7 años más que cualquier analista de inteligencia estadunidense que haya torturado civiles afganos o iraquíes.
También 7 años (2 mil 487 días) fueron los que Julian Assange pasó refugiado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido tras la retirada de su condición de asilado político por un Lenín Moreno subordinado a los intereses de Estados Unidos.
Si de algo es culpable Assange es de habernos abierto los ojos ante los crímenes de guerra estadunidenses, de ponernos delante los manuales de tortura de Guantánamo, o el video Collateral Murder, donde helicópteros AH-64 Apache abrían fuego en las calles de Bagdad y masacraban a 11 civiles (entre ellos dos colaboradores de la agencia de noticias Reuters). Manuales e imágenes que hacían difícil mirar para otro lado ante los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y sus aliados a lo largo y ancho del planeta.
Pero torturas y masacres de civiles son solo la punta del iceberg de una nueva era digital donde ya no existe privacidad, y aunque hay una libertad de comunicación aparente gracias al Internet, nuestras comunicaciones son espiadas y se ha militarizado el ciberespacio y la vida civil en general.
Wikileaks hizo emerger el iceberg y de repente se convirtió en un elefante que estaba ante nosotros y no nos permitía mirar hacia otro lado. Gracias a Wikileaks conocemos qué es SIPRNet, un protocolo secreto de redes de enrutado de Internet que opera el Departamento de Defensa para alojar información confidencial.
Las filtraciones de Collateral Murder o Irak War Logs en abril y octubre de 2010, abrieron el camino para que en 2013 Edward Snowden filtrara la información sobre los programas PRISM y Xkeyscore de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadunidense. Programas que servían para obtener y analizar de forma masiva datos y metadatos recogidos de compañías como Google, Facebook o Apple.
Es por mostrarnos como operan el imperio de la vigilancia y el imperialismo en la era digital, una alianza entre los aparatos militares de seguridad y las grandes empresas de Internet, que Snowden está refugiado en Rusia, y a Assange se le retiene en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Londres, mientras se le juzga con el propósito de extraditarlo a Estados Unidos en un juicio que será retomado entre el 18 de mayo y el 5 de junio. Mientras tanto, la primera semana de juicio a Snowden se ha convertido también en una metáfora de lo que le espera al fundador de Wikileaks en caso de ser extraditado: el primer día de juicio fue desnudado dos veces, retenido en cinco celdas diferentes y esposado 11 veces.
Más allá de lo que dictamine un tribunal de un aliado estratégico de EU en la OTAN, tanto el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han calificado de detención arbitraria la situación de Snowden, e insistido en la necesidad de garantizar el asilo. Por no hablar de la condena mundial al intento de censurar la libertad de expresión, en un caso amparado por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Resulta paradójico que en 2020 estemos debatiendo recorte de derechos que si se hubiesen producido hace 50 años, hubiesen imposibilitado el escándalo de Watergate y la renuncia de Nixon.
Es por ello que el juicio al fundador de Wikileaks es un juicio contra la libertad de expresión, porque como dijo el propio Assange: Cada vez que somos testigos de una injusticia y no actuamos somos más pasivos ante su presencia y con ello podemos llegar a perder toda habilidad para defendernos y para defender a quienes queremos.
Pero además, el juicio a Assange es la posibilidad de manifestarnos contra el imperialismo de la era digital y el imperio de la vigilancia que construye. Lo dijo el propio Snowden: No quiero vivir en un mundo donde todo lo que yo diga o haga, toda persona con quien yo hable, toda expresión de creatividad, amor o amistad sea grabada.
No queremos que los gobiernos vigilen de forma indiscriminada a sus ciudadanos, pero sí queremos una ciudadanía que mantenga observada a las cloacas del poder para que respondan por los crímenes cometidos en guerras de despojo por los recursos naturales del planeta.

Katu Arkonada. Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina

"Llegó la hora... de la Coordinadora"

A lo largo del siglo XX la clase obrera ha dado a luz diversos organismos de coordinación que cumplieron el rol, con mayor o menor éxito, de centralizar su acción como sujeto des alienado del Estado. Desde los soviets rusos de 1905 a las coordinadoras interfabriles de 1975, el proletariado articuló su acción logrando constituir una intervención revolucionaria en períodos de crisis. En dichas experiencias, que analizaremos a continuación, existió una articulación entre clase y partido/s que determinó, en una relación dialéctica, sus alcances.
Existe un error en la izquierda argentina al rechazar la formación de coordinadoras que aglutinen al conjunto de los trabajadores. La argumentación compartida para oponerse a esta línea y discutir su pertinencia es que no estaríamos en una situación prerrevolucionaria que lo ameritaría: la experiencia histórica del ‘75 es analizada entonces como una experiencia fetichizada, originada en un marco de ascenso de la lucha de masas que en la actualidad no se estaría produciendo. De igual manera y sosteniendo la tesis de un reflujo de las masas, la fracción oficial del PO se niega a discutir la posibilidad de desarrollo de esta línea táctica priorizando los espacios de proselitismo y ombliguismo, como el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) que ha demostrado su incapacidad de articular una intervención revolucionaria de la clase obrera. Por tales motivos, en este breve artículo pretendemos discutir dicha idea, puntualizando en lo oportuno de realizar un planteo estratégico que sirva al conjunto de la clase obrera para intervenir en esta coyuntura.

Un poco de historia

Las coordinadoras no son una invención nacional, como la identificación por huellas dactilares, el bypass coronario o la birome. A lo largo de su historia, la clase obrera se ha dotado de diversos elementos y organismos con el objetivo de establecer su unidad y evitar el aislamiento frente a la patronal y el Estado. Sin embargo, la cuestión más importante –y que se ignora-, es que dichos organismos la dotaron de un programa para alcanzar su victoria y, en ese proceso, se produjeron notables experiencias de elaboración y discusión política. De esta manera, en tanto laboratorios políticos, la existencia de coordinadoras o soviets (o como quiera llamárseles) ha dado a los partidos revolucionarios un escenario y marco de acción sumamente valioso.
El proceso revolucionario ruso, nos da la pauta de, al menos, dos formas que puede tomar el surgimiento de este tipo de organizaciones. Por un lado, la revolución de 1905 parió la forma soviética como una creación espontanea de las masas obreras urbanas, que venían de protagonizar grandes huelgas sectoriales y estaban empezando a experimentar la confluencia con otros sectores sociales. Los dirigentes revolucionarios se sumaron a la experiencia una vez esta se encontraba en marcha y, en algunos casos, llegaron a dirigir soviets, jugando roles significativos. Sin embargo, en la experiencia de 1917 encontramos a los partidos organizándolos desde el primer momento. En los meses de abril y mayo de 1917, los soviets se encontraban principalmente dirigidos por las fuerzas políticas mencheviques, los socialistas revolucionarios y el Partido Kadete que apoyaban al Gobierno Provisional de Kerensky. Frente a este escenario, Lenin, con una parte del CC bolchevique en contra, llamó a formar comités fabriles (organizaciones similares a los soviets, pero por lugar de trabajo) que dieron origen a una red alternativa de organismos de base que disputó la dirección de los soviets y logró establecer una situación de “doble poder” en las fábricas, donde se producía una encarnizada lucha contra los locks outs patronales y el desabastecimiento. El desarrollo de esta política allanó el camino a los bolcheviques para conquistar la mayoría en los soviets y, pese a su marginalidad inicial, poder concretar el desplazamiento del gobierno provisional.
En Italia de 1943, también se desarrollaron este tipo de organismos. En las principales ciudades del norte italiano (Turín, Génova y Milán) la clase obrera desplegó un movimiento huelguístico de tal magnitud, en el contexto de la lucha contra la ocupación nazi, que llegaron a conformarse Consejos de Fabriles. Estos organismos, que en la mayoría de los casos tomaron formas soviéticas, fueron el centro de la deliberación y organización de la clase obrera, cuyo principal órgano de dirección era el Comité de Liberación Nacional (CNL) impulsado principalmente por el Partido Comunista (PC) italiano. En 1944, cuando el nazismo fue derrotado, estos organismos encabezaron las ocupaciones masivas de las fábricas. Derruido el régimen fascista local, que cayó junto a Hitler, la burguesía italiana se encontró en una gran encrucijada: cómo recomponer el régimen político de dominación sobre las cenizas del fascismo y con una imparable movilización popular. Los acuerdos de Yalta y Postdam le dieron su salida y el PC italiano operó para desmovilizar a la clase obrera industrial, a un sector importante de la población rural y al estudiantado disolviendo todos los organismos de doble poder e incautando sus armas. Viniendo un poco más para acá, existió una experiencia de este tipo del otro lado de la Cordillera de los Andes. Los Cordones Industriales de Santiago de Chile (1972-1973) fueron una creación de las masas chilenas que rápidamente se convirtieron en organismos de doble poder y con posibilidad de dirigir al conjunto de las clases explotadas frente a la deriva de la vía pacífica al socialismo. Además de los planteos reivindicativos, en los cordones la deliberación popular se llegó a imponer la consigna de control obrero de la producción (incluyendo la minería) y la conformación de una “Asamblea de Trabajadores” para reemplazar al Congreso chileno. En tanto órganos de deliberación popular y organización obrera por lugar de trabajo, los cordones industriales lograron superar a la conducción de la central obrera chilena (CUT) abriendo un camino independiente de movilización obrera. El gobierno de Allende y el PC chileno consideraron a las acciones llevada a cabo por los obreros como “desestabilizadoras” y divisionistas –al “romper la organicidad” de la CUT–, razón por la cual desarrollaron acciones de presión y cooptación para lograr diluir su alcance político y propiciar su desarme. De esta manera, el reformismo preparó las condiciones para el golpe de Augusto Pinochet (1973).

¿Y en Argentina?

En la Argentina del post-Cordobazo, la clase obrera en lucha fue encontrando distintas formas de organización colectiva. De esta manera, en la Córdoba de julio de 1970, en el contexto de una huelga mecánica, los sectores activistas impulsaron la formación de un “Comité de Acción” que unificaba la actividad huelguística de las principales fábricas de la provincia. Pese a la derrota y el despido de 400 activistas de este comité, tal movimiento expresó un profundo cambio respecto a las formas de organización de la acción sindical que marcaría a fuego la recuperación del SMATA en 1972. Además, daría lugar al uso de violencia por los obreros para su defensa: la organización consciente del enfrentamiento, cuyo caso más cristalizado fue la experiencia de SITRAC-SITRAM. Estos sindicatos de fábrica, convocaron en agosto de 1971 a un congreso nacional de agrupaciones clasistas para votar un programa y, sobre todo, desarrollar la coordinación nacional de las organizaciones obreras antiburocráticas y clasistas. Ante la negativa de algunos sectores de votar el documento por contener expresiones como “gobierno obrero” y realizar una crítica al peronismo, el congreso culminó en un fracaso. Además, la iniciativa fue abiertamente boicoteada, algunos sectores como la JTP, el PC y los sectores independientes (Tosco) llamaron a no participar. El fracaso de este congreso marcaría el inicio del ocaso de la experiencia clasista de SITRAC-SITRAM, produciéndose la intervención militar y encarcelamiento de sus principales cuadros.
Una vez producida la vuelta de Perón, el movimiento obrero no detuvo su marcha ascendente. Pese a la política del Pacto Social, en abril de 1974 el comité de lucha compuesto por las principales fábricas metalúrgicas de Villa Constitución (provincia de Santa Fe) llamó a un Plenario Antiburocrático. Como tal, este plenario se inscribió en una coyuntura muy particular que determinó su carácter, empalmó con la lucha de los metalúrgicos de la ciudad, con la lucha por la revalidación de la Lista Marrón en la seccional del SMATA Córdoba y las luchas salariales en varios gremios. En dicho plenario fue donde Jorge Fischer (Miluz – PO) realizó la propuesta de impulsar una coordinadora nacional, al considerarla una tarea prioritaria para fortalecer la intervención política de la clase obrera. Pese al clima propicio, la propuesta fue rechazada por Salamanca, Piccinini y Tosco, con el argumento de que no estaban dadas las condiciones para organizarla. En esencia, esta negativa expresaba el rechazo a enfrentar a Perón y a impulsar una dirección clasista en el movimiento obrero, en oposición al nacionalismo burgués y a la política de conciliación de clases.
Entre finales de 1974 y comienzos de 1975 comenzaron a surgir las coordinadoras en los principales centros industriales del Conurbano bonaerense y el Cordón industrial santafesino. La clase obrera y su vanguardia desarrollaban aquello que las fuerzas políticas conciliadoras con distintos sectores de la burguesía nacional habían rechazado. Muchas de ellas comenzaron a organizarse luego del plenario en Villa Constitución, impulsadas por agrupamientos minoritarios que habían sostenido dicha posición, sobre la base de articular las luchas salariales y sortear tanto la presión patronal como la persecución de la burocracia sindical y la Triple A. En tanto organismos semiclandestinos e, inicialmente, como una línea minoritaria en el movimiento obrero, las coordinadoras estaban compuestas mayormente por activistas de o vinculados a organizaciones de izquierda. Pese a esto, las coordinadoras jugaron un rol muy importante en la convocatoria y la movilización en las jornadas de junio-julio de 1975, aunque no llegaron a plantearse, salvo notables excepciones, la necesidad de una estructuración a nivel nacional, la recuperación de los sindicatos y la construcción de una alternativa de gobierno frente a la renuncia de medio gabinete y el vacío político que dejó la primera huelga política de masas a un gobierno peronista. Este aspecto es sumamente importante para diferenciar con el caso chileno. La dirección política de las coordinadoras se encontraba en manos de la JTP-Montoneros y del PRT que llamó a impulsar “el pleno respeto de la soberanía popular”, la defensa “de la unidad nacional” y no a constituir un polo de disputa al poder político peronista. Esta situación fue provocando el paulatino retroceso de la movilización de los trabajadores, dándole oxígeno a la burguesía nacional para preparar una salida en favor de un golpe militar que se concretará en marzo de 1976. Luego de casi veinte años, a fines de la década de los 90, volverían a aparecer, con otro carácter, organismos similares. En medio de la desocupación y las ollas populares surgieron coordinadoras de trabajadores desocupados. En muchas de ellas se puede observar el protagonismo de activistas sindicales que dirigieron las huelgas petroleras, telefónicas, ferroviarias y fabriles a lo largo de los 80 y los 90. En ese plano se produjo la unión práctica de obreros ocupados y desocupados que compartían el barrio como lugar de sociabilidad y de la que pasaron a formar parte las fabricas recuperadas. Dicho canal de organización marcó una tendencia nacional que se replicó por todo el territorio nacional y de la que participó activamente el Polo Obrero. De esta madera, la línea que se dio nuestra organización fue la conformación de las Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT) como una herramienta para impulsar, a través de la deliberación y la acción directa, un espacio de deliberación y centralización de la clase obrera. La recuperación de la tradición de organización obrera y el combate de la burocracia sindical y las corrientes de colaboración de clases (como FTV de D´Elia) determinaron el carácter de la participación y movilización popular durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001.

¿Pueden organizarse coordinadoras en el escenario actual?

Las elecciones nacionales reflejaron no solamente la crisis del macrismo sino que lo convirtieron en un cadáver político. Además, este proceso puso sobre la mesa que la “transición” es una etapa convulsiva a la cual la clase obrera no llega ni “planchada” ni “frenada”. Se han reflejado una serie de luchas que tomadas de conjunto expresan una importante tendencia a la movilización popular que no se proyecta como alternativa por la ausencia de un planteo estratégico de movilización política de clase. Por lo tanto, el primer motivo de la necesidad por impulsar coordinadoras debe ser el superar el estado del aislamiento, asegurado por la burocracia sindical, y constituir una red de unidad de clase con perspectiva política. En el mismo sentido, es primordial establecer, junto con los movimientos de desocupados, un pliego reivindicativo común que se base en la defensa de las condiciones de vida de la población laboriosa y tenga como eje rector la independencia política de clase.
Un segundo propósito, para conformar las coordinadoras, recae en que los sindicatos y comisiones internas clasistas tienen una autoridad ganada en el conjunto del activismo y la clase obrera movilizada que permitirá estructurar la coordinación territorial e, incluso, plantearse objetivos a escala nacional. Además, en este proceso, las direcciones clasistas pueden plantearse como un ámbito de formación de la vanguardia que tendrá como tarea recuperar los sindicatos de las manos de la burocracia. Sin embargo, en el desarrollo de esta situación de inestabilidad política y bancarrota del régimen en su conjunto, se podría dar una situación donde persista, por un lado, la dirección burocrática de los sindicatos formales y, por el otro, las coordinadoras o comités fabriles en los lugares de trabajo jueguen el rol dirigente y le arrebaten la representatividad obrera.
En relación a ello y como un tercer propósito, consideramos que la situación convulsiva incuba las condiciones para una irrupción masiva de la clase obrera argentina. Frente a esto, reviste una importancia excepcional estar a la altura de las circunstancias. Siendo la crisis nacional una forma de emergencia de la crisis de la dirección proletaria: consideramos central llevar al conjunto de la clase obrera una propuesta estratégica, que sirva de base para transformarla en un sujeto consciente que logre imponer su programa de salida a la crisis. Los albañiles no ven el mundo como los jardineros y necesitamos que los trabajadores cambien de oficio, transformándose en clase dirigente.
Las coordinadoras pueden ser un instrumento revolucionario para la clase obrera argentina en la medida que exista una dirección política que se coloque a la altura de sus tareas históricas. Esto es, preparar las condiciones para fusionar vanguardia revolucionaria y clase. Tomando el marxismo y el desarrollo histórico desde el método de la revolución proletaria destacamos la importancia de analizar el devenir de la situación política como un proceso vivo y no como un conjunto de datos empíricos sometidos a un esquema predeterminado. Esto último, en nuestra consideración, fue lo que permitió a Lenin y el Partido Bolchevique triunfar en octubre de 1917. Esta es la tarea que nos proponemos desde la Tendencia Pública del Partido Obrero.

José Barraza y José Valente
20/01/2020

A 200 años de la primera Batalla de Cepeda



El 1° de febrero se cumplieron 200 años de la batalla que terminó con el régimen del Directorio, el que había dado lugar a la Declaración de Independencia –Congreso de Tucumán (1816)– y a la primera constitución nacional, que duró apenas un año. Con esta batalla nacen las visiones “unitaria” y “federal” que sirvieron de parteaguas de la historiografía (burguesa) argentina.
Bajo esa denominación se enfrentaron en un arroyo que lleva ese nombre y divide a Buenos Aires de Santa Fe, los caudillos de esas dos provincias denominados “federales” contra las fuerzas porteñas o bonaerenses, identificadas como “unitarios”. Si bien esta batalla no las inaugura, inicia si el mayor ciclo de guerras civiles y desunión nacional, que dura casi 50 años.
La denominación de esos campos ha sido siempre muy controvertida. Los “unitarios”, se distinguieron por promover un régimen centralista con epicentro en la ciudad puerto a beneficio de las casas comerciales porteñas asociadas a Inglaterra. De este modo querían estrangular económicamente al interior; como antes permitieron (y virtualmente promovieron) que medio ex Virreinato del Río de la Plata se desmembrara (Paraguay y todo el Alto Perú) y, lo más grave, prefirieron entregar la Banda Oriental (hoy Uruguay) a Portugal –poder colonial sobre el Brasil– antes que dar satisfacción al proyecto plebeyo-republicano de Artigas; al contrario, buscaron aplastarlo por todos los medios. Artigas junto a Mariano Moreno y Castelli fueron las expresiones más avanzadas de un intento de emancipación nacional revolucionario para la época en todo el ex Virreinato.

Rivadavia, prototipo de los ´unitarios´

La figura más destacada de los “unitarios” (que Mitre y Sarmiento luego enaltecerán tras su muerte, en 1845) fue Bernardino Rivadavia: secretario del Primer Triunvirato (1811/2), luego gobernador de la provincia de Buenos Aires a inicios de los años 20 y finalmente cabeza (1826/7) del primer gobierno ´patrio´ (de allí lo del “sillón de Rivadavia”). El que lleva al país al primer default de nuestra historia, con la banca inglesa (Baring Brothers). Sería necio negar que este sector tuvo, al mismo tiempo, rasgos enormemente progresivos para la época: Rivadavia se enfrentó con el Vaticano y la iglesia como no lo hizo nadie en Argentina después en casi 200 años (en el subcontinente, sólo México conoció un gobierno que fue más allá, el de Benito Juarez, a mediados del siglo XIX: Benito Juárez expropió todas las propiedades de la iglesia). B.Juárez, a diferencia de Rivadavia, encabezó la resistencia nacional contra la invasión francesa de México (el Vaticano bendijo a la emperatriz Carlota, esposa del emperador Maximiliano I, designado por su hermano el Segundo Napoleón para regir los destinos de México. A la iglesia poco le importó que el sobrino de Napoleón el ´grande´ (tío del otro) hubiese roto relaciones con el Vaticano: en América Latina éste operó siempre a favor de las fuerzas más oscuras de la reacción: antes, primero bajo la colonia; luego (y en forma descarada) en la era de la independencia y más tarde y hasta el presente, salvo muy escasas excepciones, siempre estuvo a la ´vanguardia´ de los intereses más nefastos.
El enfrentamiento de Rivadavia con la iglesia, a escala de Argentina, tuvo un correlato bajo otro gobierno oligárquico: con el del general Roca en sus dos presidencias. Curiosamente el “unitario” Rivadavia; y Roca, ´prócer´ compartido por igual por historiadores de uno y otro bando de la historiografía (igual que San Martín y Belgrano –los tres únicos) estuvieron en las antípodas de lo que ocurrirá bajo los gobiernos de los dos más grandes ´próceres´ del nacionalismo burgués del siglo XX: Hipólito Yrigoyen (en ambas presidencias) y Perón, bajo sus 10 años de gobierno, se apoyaron y postraron ambos ante la iglesia –otra historia es el enfrentamiento de Perón (1954/5) con la iglesia; que ´compensa´ con creces en su último gobierno (1973/5) entregando la educación a la ´misión Ivanisevich´.

Los ´federales´ a lo Ramirez-López-Rosas, los ´nac&pop´ del siglo XIX

Los “federales” por lo ya dicho sobre Artigas, se dividen claramente en dos sectores: el minoritario que encabeza Artigas con la Liga Federal y que todos los gobiernos desde 1813, incluida la famosa Asamblea Constituyente de ese año, el Congreso de Tucumán y todos los Directores Supremos, especialmente Juan Martín de Pueyrredón, buscaron y finalmente lograron derrotar. Todos ellos superpusieron (o bien dicho colocaron en primer plano) este objetivo reaccionario y antinacional antes que apuntalar, primero las expediciones al Alto Perú y luego al Ejército de los Andes, encabezado por San Martín (sobre esto hay consenso unánime entre todos los historiadores).
La derrota de Artigas hubiese sido imposible sin afectar la causa de la independencia; pero más importante aún, hubiese sido más imposible aún sin la colaboración de los otros caudillos “federales”, especialmente los de Entre Ríos y Santa Fe, que en principio integraron la Liga Federal y luego traicionaron a Artigas. Fueron precisamente esos caudillos, Francisco Ramirez y Estanislao López quienes, batalla de Cepeda mediante, terminaron con el gobierno “unitario” porteño que encabezaba José Rondeau –un general mediocre responsable en buena medida de la derrota de los ejércitos patrios en Sipe Sipe, enviados a defender (¿o a entregar?) el Alto Perú.
La batalla de Cepeda será recordada en la historia por su brevedad como la batalla “de los 10 minutos”. Como resultado los 13 estados miembros de las Provincias Unidas (nunca se reconoció como tal a la Banda Oriental) quedaron desmembrados. Hasta la siguiente batalla de Cepeda, en 1859, cuando Buenos Aires es obligada a reintegrarse al régimen nacional post-rosista, la República Argentina virtualmente no existió. Ambas batallas tienen mucho en común. No sólo su escasa duración o que sus víctimas se contaron por cientos entre masas indígenas y negras conchavadas como carne de cañón de ambos ejércitos. De paso sea dicho: el desprecio a la ´sangre´ gaucha e indígena de Sarmiento y los ´unitarios´ queda casi empalidecida frente al de Rosas y Roca –y ni hablemos de Perón (la última gran matanza de pueblos originarios, la de Pilagá, ocurrió bajo el primer gobierno del ´general´).
Mientras la primera batalla concluye en el Tratado del Pilar que deja la ´unión nacional´ contradictoriamente a merced, una vez más, de los ´derrotados´ porteños –el interior ´federal´ reclama sólo una compensación en armamento–; en la segunda, el ´triunfante´ general Urquiza, el gran estanciero y gobernador entrerriano que lidera ahora al ´federalismo´ capitula olímpica y políticamente frente al mitrismo porteño.
Si hubo un asunto sobre el que jamás hubo ´grieta´ entre federales y unitarios fue en torno al estrangulamiento del Paraguay. La guerra de la ´triple infamia´ de Mitre y Sarmiento y el imperio esclavista del Brasil contra el Paraguay de López Solano fue apoyada, sin fisura alguna, por todas las huestes oligárquicas. Rosas habrá tenido el mérito de enfrentarse –relativamente– a ingleses y franceses frente al bloqueo del Río de la Plata de estos; pero el bloqueo del libre tránsito de los ríos Paraná y Uruguay contra el Paraguay fue impuesto como nadie por Rosas durante más de 20 años.

El prototípico ´federal´: Sarratea

Las fuerzas ´federales´ jamás fueron homogéneas, y mejor aun frecuentemente cambiaron de bando. Entre los integrantes de esta fracción revisten no pocos de los ´próceres´ más entreguistas de nuestra historia: entre los más destacados, Manuel de Sarratea. Embajador de la Primera Junta de gobierno ante Lord Strangford en Río de Janeiro, integra luego también el Primer Triunvirato. Es entonces que firma un tratado con el virrey Francisco Javier de Elío, por el que se le cedía la Banda Oriental a cambio de nada (la capacidad de de Elío de atacar Buenos Aires desde Montevideo eran nulas); cuando en 1812 se rompe ese acuerdo Sarratea encabeza las tropas porteñas cuya principal misión era hacerle frente a Artigas. Lo intenta por las buenas y luego por el soborno; como no tiene éxito, lo declara traidor. En 1814 el director Gervasio Posadas lo envía a Madrid para ofrecer a Fernando VII la sumisión a la corona española bajo una cierta autonomía. Fracasa y viaja a Inglaterra, allí se encuentra con Belgrano y Rivadavia, a quienes convence de coronar como rey del Río de la Plata a un hermano de Fernando, Francisco de Paula de Borbón, con el aval de su padre, Carlos IV. Las negociaciones fracasan, pero llegaron bastante lejos (se redactó incluso un proyecto de constitución monárquica). En 1816 Sarratea fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Juan Martín de Pueyrredón. Caído éste cambia de ´camiseta´. Tras la batalla de Cepeda se une al ejército federal de Ramírez y López, quienes lo designan gobernador porteño. En condición de tal firma el Tratado del Pilar que cierra el conflicto. Junto a Ramírez da la batalla final contra Artigas (1920). Según los historiadores fue su mayor éxito personal. En 1825, Juan Gregorio de Las Heras lo nombra Encargado de Negocios de las Provincias Unidas del Río de la Plata cerca de S. M. B. En 1826, nuevo giro al campo ´unitario´, el presidente Rivadavia lo envía a desempeñar distintas misiones diplomáticas a Inglaterra. En Londres apoya la política inglesa de separar la Banda Oriental de las demás provincias argentinas. En 1928 el gobernador ´federal´ Manuel Dorrego lo mantuvo en su puesto, y más tarde Juan Manuel de Rosas lo nombra su embajador en Río de Janeiro y Francia.

Una clase dirigente endeble y de escasos principios

Las fronteras entre ´unitarios´ y ´federales´, igual que antes y después con la mayoría de los ´prohombres´ de nuestras clases dominantes fueron siempre difusas. La burguesía argentina, salida de las entrañas de una clase oligárquica contraria a un desarrollo agrario y nacional fecundo –tipo farmer, como en los Estados Unidos– se caracterizó por mamar de la renta agraria, impedir el desarrollo del mercado interno y la industrialización nacional. Con muy escasas excepciones que este texto no puede abordar, desde el altoperuano-argentino Bernardo de Monteagudo al chileno José Miguel Carrera (combatió en la primera batalla de Cepeda junto a los ´federales´), destacamos a estos dos por sus conductas inicialmente radicales, los próceres de nuestra independencia se caracterizan mayoritariamente por sus conductas contradictorias –pasaron en breve tiempo de revestir posiciones revolucionarias a conservadoras. Vale no sólo para los señalados: Manuel Dorrego, hermano de Mariano y miembro del ala ´moreno-castellista´ de Mayo se transforma años después en un político conservador rosista; Bernardo de Monteagudo –también miembro de ese ´club´, en Perú primero como lugarteniente de San Martín y luego con Bolivar, adopta posturas igualmente conservadoras. Ni hablar del creador de la bandera de quien se cumplen este año también 200 años de su muerte.
Toda la historia de América Latina es la de sus ´prohombres´ con enormes limitaciones. José Martí, el gran prócer o ´apóstol´ como lo denominaron siempre los cubanos, pagó tributo a Bartolomé Mitre, para quien no sólo trabajó como columnista de La Nación, sino que suscribió a pie juntillas su historiografía liberal, especialmente su odio visceral a la experiencia nacionalista del ´dictador´ Solano López.
Curiosamente muchos de los que surcaron las primeras etapas de la vida ´independiente´ nacional, como ocurrió con Monteagudo entre los primeros patriotas; Rivadavia o Sarmiento, entre los unitarios; o Rosas y muchos otros federales, terminaran sus vidas en el exilio o bajo la bayoneta de sus enemigos (Monteagudo es asesinado en Lima; Facundo Quiroga, el ´Chacho´ Peñaloza, Urquiza y otros federales fueron asesinados dentro del país).

La izquierda y su historiografía

La endeblez de las delimitaciones en el campo de la burguesía entre unitarios y federales, se reprodujo de alguna manera en el campo de la izquierda. A pesar del auspicioso inicio del Partido Socialista (PS) en la última década del siglo XIX con un famoso manifiesto en que parecía afirmarse una postura de independencia de clase la izquierda tradicional de nuestro país fue mayoritariamente tributaria del campo liberal-burgués, o sea se valió del discurso Levene-mitrista. Esto fue así desde José Ingenieros, el primero que dio lugar a una producción historiográfica, que suscribieron tanto el PS como el stalinismo hasta bien avanzados los años 70 del siglo XX. Nadie fue más mitrista que el PC argentino, quien denigró como a la peste a Artigas (hay un texto del luego ´renovador´ y finalmente menemista, Fernando Nadra, de inicios de los años 50, que reivindica a Juan Martín de Pueyrredón frente al “anarquista” (sic) Artigas. Frente a esta deformación-degeneración, el peronismo especialmente, desde alas ´integristas´ (derechistas) en particular, dio lugar a una literatura alternativa de carácter ´revisionista´ de reivindicación de los “federales” a lo Rosas, Roca y entonces Perón, de la que abrevó toda la llamada ´izquierda nacionalista´, incluido el PC reciclado filoK y todas sus variantes nac&pop. Entre estos destacan no sólo el (bien financiado) Centro Cultural de la Cooperación del Credicoop, sino particularmente los chavistas que actúan bajo el ropaje de las Madres. Los ´teóricos´ de esta escuela salieron casi todos del viejo tronco stalinista, con Rodolfo Puiggros, Astesano & Cía. a la cabeza; con quienes contribuyó el ´trotsko´ Jorge Abelardo Ramos –se inició como Nahuel Moreno como filogorila (ambos caracterizaron al 17 de octubre de “asalto policial”) y terminó, igual que Nadra, como funcionario del riojano.
Frente a ambos exabruptos se alzó Milcíades Peña a quien reivindicamos precisamente por esto. Peña, sin embargo, como bien señaló nuestro querido compañero Christian Rath, no supo ver las energías revolucionarias de nuestra gesta independiente. Peña no sólo ignora a Artigas o desprecia a Moreno, ignora olímpicamente la gran revolución haitiana.
La tarea de reconstruir la historia de nuestros explotados, del país y del continente, queda enteramente en nuestras manos.

Norberto Malaj
27/02/2020

viernes, febrero 28, 2020

Francia: el movimiento obrero frente a un gobierno en la cuerda floja



Las movilizaciones contra el proyecto del presidente Emmanuel Macron de destrucción del sistema de jubilaciones por reparto reúnen cada vez menos manifestantes y el gobierno está cada vez más en dificultades. Esta aparente paradoja resume la situación actual en Francia.
La combatividad de la población y de la clase obrera en defensa de las jubilaciones es notoria pero no encuentra un nuevo eje de centralización -luego del levantamiento de la huelga histórica de los obreros del transporte de 50 días- y el proyecto de ley está empantanado. La crisis política emerge y el interrogante es si va a estallar con una intervención independiente de las masas.

Un régimen político cuestionado

El tratamiento del proyecto de ley comenzó en la Asamblea Nacional el lunes 17 y recién siete días después se aprobó el artículo primero -de 65. La obstrucción parlamentaria de la oposición -con la presentación de decenas de miles de enmiendas y de mociones de procedimiento- ha logrado paralizar el proceso legislativo. Este retroceso del Ejecutivo se explica simplemente porque la población rechaza el proyecto y los diputados mayoritarios están desmoralizados, se dividen y algunos comienzan a criticarlo públicamente.
El gobierno quería terminar el trámite en la Asamblea hacia el 6 de marzo, una semana antes de las elecciones municipales, que serán una nueva cachetada para Macron. Es materialmente imposible. Al ritmo actual, duraría un par de meses.
La única salida es la aplicación del artículo 49-3 de la Constitución, que permite la “aprobación” de un proyecto de ley sin debate parlamentario, salvo si una moción de censura derriba al gobierno. Este procedimiento supone un nuevo escalón muy ancho en la degradación política del presidente y del primer ministro.
Se sabe que el gobierno sustrajo al debate parlamentario una serie de puntos clave del nuevo sistema -que serían aprobados por decreto- y el tema candente del financiamiento, para llegar a un déficit cero. La CGT y FO (Fuerza Obrera) resolvieron participar en la “conferencia sobre el financiamiento” a pesar de que es una parodia de negociación. El gobierno es el único que decide y está claro y anunciado que impondrá un aumento progresivo de la edad de jubilación. Esta conferencia también se empantanó. El gobierno puso sobre la mesa un déficit de 113.000 millones de euros entre 2018 y 2030; y el presidente del Medef, la central patronal, indicó que “al menos 90% de esa cifra tiene que ser compensada por un aumento de la edad”.
El financiamiento del nuevo sistema es una de sus claves. El proyecto prevé que el déficit deberá ser de cero en un horizonte de cinco años. Si no fuera el caso, deberá alargarse la edad de jubilación (llegar rápidamente a los 65 años e ir más allá, ¿por qué no?) y/o disminuir las prestaciones. La participación del monto total de las jubilaciones en el producto bruto anual no puede exceder el 13%, por más que aumente el número de jubilados. Las decisiones serían tomadas en forma paritaria y en caso de falta de acuerdo la decisión está a cargo del gobierno. Se estatiza un sistema basado en las cotizaciones y se asegura que la jubilación va a bajar y, en el caso más que probable de una crisis, se va a derribar. El régimen capitalista legaliza así su política reaccionaria en este período en lo que concierne a las jubilaciones.
Los tropiezos del gobierno son tan evidentes que el Medef se inquieta a su vez y su presidente declara: “nosotros no queríamos una reforma tan profunda (… ) espero que el primer ministro tenga la capacidad de respondernos. No podemos abordar el nuevo sistema sin una certeza sobre su financiamiento. El calendario impuesto no es posible”. En otros términos: dudamos de la capacidad política del gobierno y tenemos que rediscutir su forma bonapartista de ejercicio del poder.

La reorganización del movimiento obrero

La CGT anunció que se retiraba de la conferencia sobre el financiamiento y luego rectificó el tiro: tomará una decisión en unos días. El secretario general de FO declaró que “el barco hace agua en todos lados” pero tampoco se retira. Las confederaciones anuncian, en cambio, “su propia conferencia sobre el sistema de jubilaciones” y prevén que la próxima jornada de movilización será el 31 de marzo y que el 8 de Marzo habrá una fuerte movilización de las mujeres (comunicado del 20 de febrero). El rol de las direcciones burocráticas queda claro: impedir el avance de la huelga en primera instancia, dilatar luego las movilizaciones.
Como todo movimiento profundo de la clase obrera, de la juventud y de la población oprimida, este largo período de huelga política de masas -que empezó con el paro masivo del subte parisino del 13 de septiembre- da lugar a cambios cualitativos en las formas y en los contenidos de la intervención popular. Hay una afirmación progresiva de la capacidad de intervención de los cuadros de vanguardia, hay nuevas estructuras de lucha que aparecen, nuevas formas de enfrentar al régimen político. Se sacude el conservadurismo y la rutina, mucho más después del año de presencia callejera y combativa de los "chalecos amarillos". Todo esto está pasando en Francia, incluso con el retroceso que implicó el levantamiento de la huelga de transporte y los obstáculos que encontró para generalizarse al sector privado. Los abogados, el personal de los hospitales, los docentes, los universitarios, no dejan de intervenir.
La “coordinación nacional de Asambleas Generales, comités y coordinaciones de huelguistas” tomó la iniciativa de organizar una nueva reunión de huelguistas para el domingo 23. El llamado indica correctamente que “se trata ahora de reagrupar todas las fuerzas que quieren luchar por el retiro del proyecto de ley sobre jubilaciones y contra Macron”. La convocatoria reunió unas 40 estructuras de lucha y decidió un plan de lucha cuya primera instancia es el 5 de marzo, cuando debe comenzar una huelga universitaria y continuar el 8 con la movilización de las mujeres y el 14 con la manifestación de los "chalecos amarillos". Se llama a una nueva reunión de coordinación nacional el 7 de marzo.
Esta iniciativa es valiosa. Hay dificultades para reunir en forma unitaria a las corrientes y estructuras combativas y para que se sucedan las iniciativas locales. La “Coordinación RATP-SNCF Región parisina”, que se expresa en el sitio Revolución Permanente, hizo su propio llamado a “un encuentro nacional por la huelga general”, junto a dos sindicatos de la CGT opuestos a la conducción, sin fecha. Participó en parte y firma el llamado del encuentro del domingo 23. Otras corrientes se concentran en este momento en el movimiento estudiantil y de los docentes, contra la destrucción de la educación nacional.
El 24 de febrero, las Uniones Departamentales CGT, FO, Solidaires, FSU y Unef de París llamaron a una nueva manifestación frente a la Asamblea Nacional para el día 26, si el gobierno concretaba la aplicación del 49-3. Aparentemente, quedó postergado para la semana próxima.
Las iniciativas diversas e incluso divergentes de los sectores combativos no deberían ser un obstáculo a un trabajo común para reforzar su capacidad de intervención. Se puede poner en pie un cuadro unitario de discusión y acción. Es una de las herramientas esenciales para lanzar nuevamente el movimiento de la huelga.

Roberto Gramar

Chile: entre las jornadas de marzo y el plebiscito de abril



El miércoles 26 de febrero comenzó formalmente la campaña hacia el plebiscito emanado del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que se realizará el 26 de abril. En la votación se definirá si se procede o no a una reforma constitucional, y si los representantes a la Constituyente serán electos por el voto popular o si esta será mixta -es decir que la mitad de sus miembros sean los actuales parlamentarios.
El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución fue la estrategia contrarrevolucionaria montada por el gobierno de Piñera y el conjunto de los partidos del régimen en noviembre pasado, con el objetivo de desviar el proceso abierto por la rebelión popular iniciada el 18 de octubre.
Jaqueado por esta rebelión, y especialmente por la gran huelga general del 12 de noviembre, el gobierno debió echar lastre y habilitó la realización de una Convención Constituyente, tutelada por el propio presidente Sebastián Piñera.
El carácter amañado de esa Constituyente está dado por el hecho de que se garantiza el derecho de veto a la derecha en el poder, porque establece un piso de dos tercios en la Convención para aprobar una reforma. Además es un intento de dilatarla en el tiempo, ya que los parlamentarios se elegirían recién en octubre y el proceso constituyente se extendería de 9 a 12 meses, tras los cuales las modificaciones que surjan a la constitución deberán ser ratificadas en un nuevo plebiscito.
Aferrados a la agenda emanada del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, todos los partidos del régimen (la coalición oficial Chile Vamos, la “oposición” de la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio e incluso el Partido Comunista) se han lanzado a la campaña por el plebiscito. Con la excepción del ala derecha de la coalición oficialista -que se ha dividido entre el “rechazo” y el “apruebo”- el resto del arco político se pronunció en favor de una nueva constitución. Buscan cierta relegitimación entre las masas, luego de haber jugado un papel fundamental en el sostenimiento en el poder del asesino Piñera.
Pero antes de que el plebiscito sea la noticia excluyente, Chile deberá atravesar el mes de marzo, en el que se prevé la emergencia de “un nuevo estallido social”. Sucede que, desde el 18 de octubre a esta parte, el gobierno ha sido incapaz de satisfacer las reivindicaciones motoras de la rebelión popular: la recomposición de salarios y pensiones, terminar con el régimen de las AFP (jubilación privada), garantizar el derecho a la vivienda, al agua, a la salud y educación gratuitas. Por el contrario, el gobierno -con el apoyo de todo el arco político tradicional- sólo ha reforzado su política represiva.
Es por eso que para el primer día hábil del mes se prepara un “súper lunes” por parte del movimiento de mujeres, que realizará acciones en todo el país y concentraciones masivas por la tarde. El 4 de marzo retornarán los secundarios a las escuelas y se prevé la toma generalizada de los establecimientos, y es probable que la onda se expanda a las universidades. El 7 y 8 serán días de lucha protagonizados por las mujeres y, para el 9, la Coordinadora Feminista 8M llama a una huelga laboral a la que se sumarán los estudiantes y la Mesa de Unidad Social (CUT, Colegio de Profesores, Confusam y No+AFP). Entre muchas otras, las organizaciones sindicales convocan a una movilización a la Casa de la Moneda para el 11, cuando se cumple un nuevo aniversario de la asunción de Sebastián Piñera como presidente de Chile. También está citada una “marcha de las marchas” para el 22 y otra por “NO + AFP” para el 31.
Las consignas “Fuera Piñera, por una Asamblea Constituyente libre y soberana” seguirán presidiendo todas y cada una de las movilizaciones y protestas. Como se ve, en Chile, el otoño arrancará más que caliente.
Las grandes jornadas que se vienen en marzo ponen en el orden del día la necesidad de impulsar un Encuentro Nacional de asambleas y organizaciones populares para centralizar y potenciar el movimiento de lucha. Al mismo tiempo, plantean la pelea por un congreso de delegados de base de todos los sindicatos, para superar el rol colaboracionista de la burocracia de la CUT y la Mesa de la Unidad Social, y sumar a la lucha al conjunto del movimiento obrero impulsando la huelga general.

Pablo Giachello

India: recrudecen las masacres contra musulmanes del gobierno de Modi



La visita de Donald Trump a la India coincidió con una ola de ataques criminales de las bandas supremacistas hindúes contra integrantes de la comunidad musulmana. En total, hay 29 muertos por la violencia sectaria de estos días.
Los hechos comenzaron cuando integrantes de estos grupos atacaron los barrios de población musulmana de Nueva Delhi y los campamentos de quienes se vienen manifestando contra una ley discriminatoria que permite el ingreso de inmigrantes de algunos países vecinos siempre y cuando no sean musulmanes. La minoría musulmana abarca a 200 millones de personas. El 90% de sus integrantes son pobres y la mayor parte de ellos analfabetos (El País, 26/2).
Los agresores han incendiado mezquitas y casas al grito de “India para los hindúes” (ídem), bajo la mirada cómplice de las fuerzas policiales que responden al gobierno federal. No es correcto hablar de enfrentamientos, los manifestantes y la población musulmana simplemente se defienden como pueden de ataques de bandas paraestatales. Las mismas bandas que atacan hoy son las que irrumpieron recientemente en los campus universitarios para atacar a los estudiantes.
La responsabilidad del poder político es completa. Días antes de los hechos, un dirigente del partido de gobierno (el hinduista BJP), Kapil Mishra, había amenazado por redes sociales a los manifestantes con represalias si no deponían las protestas. Previamente, durante la campaña electoral en la capital, referentes del mismo partido habían llamado a atacar los campamentos.
El gobierno de Narendra Modi agita intencionalmente la violencia sectaria, como parte de una política de división de las masas trabajadoras y de reforzamiento de un régimen represivo. En agosto pasado, eliminó la autonomía de la parte de Cachemira que administra su país y militarizó la zona, de mayoría musulmana, reabriendo de paso la posibilidad de un nuevo conflicto armado con Pakistán.
Además de la enmienda discriminatoria en la ley de ciudadanía, Modi alienta un exigente registro de ciudadanos que podría dejar en el limbo y bajo riesgo de deportación a cientos de miles de musulmanes.
Los violentos pogroms de las bandas que abrevan en la hinduvta no tenían un alcance tan sangriento desde 1992, cuando estos grupos incendiaron la mezquita de Ayodhya y se desató una ola de violencia sectaria con más de 2 mil víctimas. Recientemente, cabe señalar, la justicia autorizó la construcción de un templo hindú sobre las ruinas de dicha mezquita, inflamando las tensiones en la región.
Trump brindó su apoyo a este régimen criminal en su intervención ante una multitud en un estadio de cricket en Ahmedabad, estado de Gujarat, en el noreste del país. Las buenas migas del magnate con el presidente indio responden al intento de cercar a China, en medio de la guerra comercial. India viene desarrollando una política de privatizaciones y apertura al capital extranjero. Como parte de la gira, Modi se comprometió a comprar material armamentístico yanqui por 2 mil millones de dólares. Frente a estos movimientos, China se recuesta en Pakistán.
No obstante este acercamiento entre Trump y Modi, Estados Unidos ha impuesto una serie de aranceles adicionales sobre el país asiático. Washington presiona también por mayor acceso para sus productos lácteos y avícolas en el país.
El gobierno de Modi y el imperialismo están produciendo una peligrosa inflamación de las tensiones sectarias y geopolíticas. Colocan a la región en la perspectiva de nuevas masacres y guerras.
Es necesario detenerlos.

Gustavo Montenegro

Asesinan a un líder indígena en Costa Rica



Jhery Rivera, de la comunidad Brorán de Térraba

A tan solo dos semanas de cumplirse un año del asesinato del líder de la comunidad indígena Bribri, Sergio Rojas Ortíz, se consuma un nuevo crimen. Esta vez, se trata de Jerhy Rivera, líder de la comunidad Brorán de Térraba, quien recibió un golpe fatal por parte de un terrateniente.
Dicho evento ocurrió en la madrugada del 24 de febrero, al tiempo que la comunidad indígena se encontraba realizando una recuperación legítima de territorios que habían sido arrebatados tiempo atrás. Aunado a este evento, existe un número considerable de personas heridas y un clima de tensión extendido, en razón de amenazas por parte del sector terrateniente y la fuerza policial.
Existen a estas horas diversos grupos contratados por los terratenientes que buscan la expulsión por la fuerza de las comunidades indígenas. Haciendo alusión a esta cuestión, una vecina de Térraba afirma: “son gente ajena a esa finca, son gente que no sabemos ni de dónde vienen. Llegan carros, buses, camiones con gente, como si fuera ganado”.
El evento cuenta con la complicidad del gobierno de Carlos Alvarado y del Estado costarricense, cuyo aparato policial se ausentó a sabiendas de las reiteradas amenazas que se recibieron días atrás. Alvarado señaló en redes sociales su indignación por el crimen, en busca de desentenderse de un nuevo homicidio que pesa sobre sus hombros.
A su vez, los medios de comunicación hegemónicos, principalmente Teletica Canal 7, prepararon el terreno e intentaron manipular la opinión pública para que se ejerza el uso de la violencia. Pasan por alto que el 85% de los territorios indígenas han sido usurpados por personas exógenas. Recordamos, como si fuera poco, que la ley indígena de 1977 en su artículo 3 declara que “las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para quienes los habitan”. Es a raíz de esta problemática que se gesta la recuperación de tierras, además de los costos ambientales que se reportan en sectores aledaños, la extracción de recursos y el creciente intercambio de drogas.
Repudiamos la represión y los asesinatos sufridos por los pueblos de Térraba y Salitre, al igual que las amenazas a las personas involucradas en recuperaciones. Defendemos la declaración de emergencia del territorio en Térraba y el pleno reconocimiento de sus tierras, sumado a la expulsión de las personas usurpadoras.
La problemática de Costa Rica no es distante a aquella que se da en otros países latinoamericanos como Colombia, en el que se asesina un promedio de un indígena cada tres días. Las causas son estructurales, y se vinculan estrechamente al modelo de explotación y extracción capitalista que rige actualmente, aunado a sus dinámicas de expansión constante, que encuentran su legitimidad en discursos de odio racial.
¡Justicia por Jhery Rivera!

Roberto Sanchez Moreno

Alberto Fernández y la construcción de un relato para el ajuste



La votación sobre las jubilaciones de privilegio fue un paso más en el desarrollo de un discurso que busca una mística para una política de ajuste fiscal. Como un equilibrista, el nuevo Gobierno intenta construir un relato que justifique la política actual pero que a la vez lo muestre distinto del Gobierno anterior.

“Ctrl Z”. Con esas letras y los colores de Cambiemos, una conocida cuenta de memes se reía de Mauricio Macri en los primeros tiempos de su Gobierno.
El chiste, que hacía referencia al comando para “deshacer” en una PC, tenía que ver con las repetidas idas y vueltas del macrismo, que de forma recurrente tenía que volver atrás cuando se pasaba de la raya en alguna medida que había anunciado.
En las últimas semanas, algunos analistas políticos han comenzado a observar un problema parecido en el nuevo Gobierno del Frente de Todos. Los dichos de ministros que se contradicen entre sí o el presidente desautorizando públicamente a su jefe de Gabinete respecto de algún anuncio importante, hicieron saltar a la luz estas “desprolijidades”.
Basta repasar lo sucedido desde la semana pasada con el debate sobre un posible aumento de la edad jubilatoria o con la confusa comunicación respecto de cuándo volverán los tarifazos, para tomar nota de que esto efectivamente está ocurriendo.

De promesas y realidad: un problema de origen

En el fondo de la cuestión está el hecho de que el Gobierno de Alberto Fernández tiene que lidiar con una contradicción que lo acompaña desde su origen.
Ganar la presidencia fue tarea sencilla: con el apoyo de casi todo el peronismo, bastaba con proponer en campaña electoral una orientación inversa a la de Mauricio Macri, que era visto por gran parte de la sociedad como el “Gobierno de los ricos” después de años de tarifazos, baja del salario y miles de despidos.
Pero lo difícil es gobernar después de haber hecho promesas que no se está dispuesto a cumplir.
Como un equilibrista, en sus primeros meses el nuevo Gobierno intenta construir un relato que justifique la política actual pero que a la vez lo muestre distinto del Gobierno anterior.
El arte para el oficialismo está en cómo hacer un ajuste fiscal afectando a millones de jubilados pero que parezca una medida “solidaria”; en cómo negociar seguir bajo los dictados del FMI aparentando una política soberana en la que supuestamente “nos dieron la razón”; en cómo beneficiar a los bancos sin tocar sus intereses o a las mineras y petroleras bajándoles las retenciones, simulando a la vez que el plan económico es para beneficiar a “los que menos tienen”; en cómo ser a la vez “feminista” y amigo de la Iglesia; o en cómo decirles a los militares que hay que “dar vuelta la página” pero ser rápido de reflejos para desdecirse y no romper con importantes referentes de los derechos humanos.
Este jueves fuimos testigos de dos nuevos pasos en ese sentido. Por un lado, bajo un discurso de que se están cuestionando privilegios, se dejaron intactos importantes beneficios de una casta de jueces, obispos, presidentes o funcionarios que seguirán cobrando cientos de miles de pesos por mes, pero siempre bajo un discurso de que se están cuestionando jubilaciones de privilegio.
Así, el jubilado que está siendo ajustado, o el trabajador al que se le rechaza la cláusula gatillo para defenderse de la inflación, debería entender su situación y ver que en realidad hay que darle tiempo al Gobierno está enfrentando a los poderosos. Pero la realidad, como denunció Nicolás del Caño, es que la sesión en diputados no fue más que una “cortina de humo” para cambiar algo sin que nada cambie para estos sectores poderosos.
Por otro lado, el Gobierno puso en escena una negociación con las patronales del campo. A última hora de la tarde, se supo que por ahora seguirán sin aumentarse las retenciones a la soja, hasta nuevo aviso. El oficialismo en este terreno posa de negociador duro ante este sector, cuando la realidad es que las retenciones están al mismo nivel que estuvieron con Macri en 2018 y es uno de los sectores que más ganaron con las últimas devaluaciones que pulverizaron el salario. A los bancos, las mineras o las petroleras, tampoco se les pide que sean solidarios.
Asimismo, mientras un bochornoso show tenía lugar en el Congreso Nacional, la policía del gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni reprimía a los trabajadores de Cresta Roja que reclamaban sus puestos de trabajo. Un oficio que Berni ya sabe de memoria, con su larga trayectoria en reprimir luchas obreras como en Lear y tantas otras bajo el último mandato de Cristina Kirchner.
Desde la semana que viene, tendremos una nueva versión de este relato cuando vuelva la misión del FMI a la Argentina. Allí, bajo la cobertura de plantarse ante el Fondo y los bonistas privados, se estará reconociendo en realidad una deuda impagable que no es más que un mecanismo para el capital financiero siga saqueando el país a costa de las grandes mayorías.

No se puede vivir del relato

El Gobierno cuenta con la ventaja de que la “pesada herencia” que le dejó Macri es percibida por millones de personas, que están dispuestas a darle un tiempo al Frente de Todos para ver los resultados de su Gobierno.
Pero esa situación tendrá fecha de vencimiento. Como sostiene la izquierda, es imposible revertir la decadencia, el atraso y los altos niveles de pobreza sin un desconocimiento soberano de una deuda ilegal e ilegítima y medidas como la nacionalización de la banca, el comercio exterior o la expropiación de los grandes terratenientes y los servicios estratégicos, para poner los recursos en función de un plan favorable a las grandes mayorías y no de la ganancia de unos pocos.
Por más negociación “dura” que haya con el FMI o los bonistas, la moneda de cambio que ofrecerá el Gobierno es el ajuste fiscal, que seguirá cayendo sobre los jubilados, los trabajadores, la salud o la educación.
Tarde o temprano, millones de trabajadores, mujeres y jóvenes querrán ver cumplidas las promesas que se les hicieron en campaña. Desde la izquierda apostamos entonces a desnudar las mentiras de los poderosos, exigir a las centrales sindicales que se pongan al frente de recuperar lo que millones perdieron bajo el macrismo y sembrar las ideas para dar vuelta la historia.

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik
Jueves 27 de febrero | 22:46

¿Cómo impactará el coronavirus en la economía global?



Ariel Slipak, economista y docente, conversó con La Izquierda Diario sobre los efectos de COVID 19 en el panorama mundial. Opiniones de los especialistas Nouriel Roubini y Michael Roberts.

El coronavirus o COVID-19 surgió a fin del año pasado en China, se expandió y ya afecta a 50 países del mundo, con nuevos casos de contagios y muertos en Asia, Europa y el primer paciente confirmado en Brasil.
Esta semana se desplomaron las bolsas del mundo ante los temores de avance de la epidemia y su posible impacto en la economía mundial.
La Izquierda Diario conversó con Ariel Slipak, economista y docente, sobre los efectos del COVID-19 en la economía. Slipak integra la Sociedad de Economía Crítica (SEC), el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y el Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA.
Además, reproducimos extractos del economista marxista, Michael Roberts, publicados en su blog y el economista Nouriel Roubini publicado en el diario Financial Times.

“Los impactos son diferenciales según las clases sociales”

Ariel Slipak sostuvo que “en primer lugar hay que evaluar si el virus se va a seguir propagando, o si se va a estancar para poder hacer grandes proyecciones”. Partiendo de este considerando, el economista explicó que “hay varios efectos que ya se pueden encontrar. La República Popular de China es el primer emisor global de turistas, algunos de los países que más reciben turismo proveniente de la República Popular de China son Australia, Nueva Zelanda, pero también Europa y se ven flujos turistas del país asiático en América Latina, entonces eso tiene su impacto en lo que es el ingreso de divisas”.
Por otro lado, Slipak señaló que se puede observar “la suspensión de espectáculos deportivos en Europa, el flujo global de turismo también se está frenando”.
“También es importante tener en cuenta que el consumo en China se está frenando, además de la producción, entonces en la medida que se frene el consumo es probable que uno pueda esperar una menor demanda de algunos productos primarios extractivos”, agregó el especialista.
Slipak advirtió que “el estancamiento en la producción en distintos lugares de China hace que se corten algunas cadenas de suministros. China es hoy un proveedor global para la economía norteamericana, alemana, y son productos de alta complejidad tecnológica”, esto implica que si en el corto plazo “se buscan proveedores alternativos podría también subir el precio de ese tipo de productos”. El economista indicó que “podría haber un cambio por lo menos en el corto plazo en los precios relativos que perjudicaría a algunos países de América Latina”.
Slipak advirtió que es importante tener en cuenta que “los impactos son diferenciales según las clases sociales”. El economista afirmó que es popular el dicho “cada crisis es una oportunidad”, se va a desacelerar la economía global y enfatizó que “la clase trabajadora tiene que estar organizada, pensar con qué estrategias como clase nos vamos plantar ante las presiones de distintas ramas del capital por seguir precarizando las condiciones de trabajo” ya que este tipo de situaciones de pánico podrían generar “la capacidad de determinados actores afines al capital en pos de incrementar la tasa de ganancia y atentar contra las condiciones de trabajo de la clase trabajadora”.

Coronavirus: “Uno de los choques negativos que afectarán a la economía mundial este año”

Por su parte, el economista Nouriel Roubini publicó en Financial Times que la previsión de que “el impacto económico alcanzará su punto máximo antes de fines del primer trimestre ahora parece muy inestable”.
Roubini afirmó que “el daño a China es grave, y las cadenas de suministro mundiales se ven seriamente afectadas, en un momento en que China representa aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial, no el pequeño 4 por ciento que tenía en el momento de Sars en 2003”. Además, hay que agregar el “shock económico para grandes economías como Japón, Corea del Sur e Italia. Cuando la enfermedad se propaga a otros mercados desarrollados y emergentes, este daño aumentará”, agregó el economista.
Según Roubini, “este brote de coronavirus es principalmente un shock de oferta negativo que reduce el crecimiento y aumenta los costos y la inflación, con algunos efectos secundarios para la demanda agregada”.
En conclusión, el economista advirtió que “es probable que el brote de coronavirus sea sólo uno de los muchos choques negativos que afectarán a la economía mundial este año”. También hay otros factores que agregan ruido al escenario internacional como “una guerra entre Estados Unidos e Irán que provoque un aumento en los precios del petróleo; caos político en los EE. UU. a medida que los rivales extranjeros interfieren en las próximas elecciones; y una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China”, añadió Roubini.

"Podría ser un desencadenante de una nueva recesión económica”

El economista Michael Roberts señaló que “si el crecimiento de China se desacelera bruscamente durante un par de trimestres, eso solo aumentará los problemas de las principales economías”.
Roberts advirtió que el COVID-19 "podría ser un desencadenante de una nueva recesión económica porque la economía capitalista mundial se ha desacelerado a casi la “velocidad crítica". Estados Unidos está creciendo a solo 2% anual, Europa y Japón a solo 1%; y las principales economías emergentes de Brasil, México, Turquía, Argentina, Sudáfrica y Rusia son básicamente estáticas. Las enormes economías de India y China también se han desacelerado significativamente en el último año y si China sufre un impacto económico por la interrupción causada por COVID-19, eso podría ser un punto de inflexión”.
El economista indicó que “hasta ahora, los mercados bursátiles del mundo han ignorado este riesgo, convencidos de que las tasas de interés cero o negativas para los préstamos y la especulación continuarán, gracias a la Reserva Federal de los Estados Unidos, y también al esperar que la epidemia se disipe para el final de este trimestre, para que se pueda reanudar el "negocio habitual"”.
Roberts alertó que “con el brote que se desata fuera de China y la probable recuperación económica lenta de China, los fantasiosos de las acciones pueden ser demasiado optimistas” y añadió que “las ganancias corporativas globales están estancadas junto con la inversión empresarial, la principal causa de la desaceleración global”.

Redacción La Izquierda Diario
Jueves 27 de febrero | 19:49

Diez claves para entender por qué el proyecto oficialista no elimina los privilegios

El proyecto aprobado en Diputados es una pantalla que busca ocultar el ajuste que significó la suspensión de la movilidad jubilatoria. Mientras se limita tímidamente las abultadas remuneraciones de funcionarios judiciales y diplomáticos, hay privilegios que para el Gobierno y la oposición de derecha son intocables.
El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados apenas plantea algunas leves limitaciones a las insólitas sumas de dinero que ganan los funcionarios judiciales y diplomáticos. Mientras tanto la mayoría de sus actuales privilegios quedan intactos y tanto el oficialismo como la oposición se niegan incluso a discutirlos.
¿Qué cambia con el proyecto?La edad para jubilarse de los varones que se desempeñan en el Poder Judicial subirá hasta los 65 años de manera gradual, es decir: será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
Las remuneraciones se van a calcular aplicando el 82 % móvil sobre el promedio de las recibidas durante los últimos 10 años – actualmente solo se tomaba el último año- mientras que los aportes personales se incrementan en un 7 %.
Se elimina el inciso que permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.

Privilegios que quedan intactos y ni siquiera se debaten

Los jueces son y seguirán siendo vitalicios, es decir que se mantienen en funciones desde que son designados hasta el momento de su jubilación.
Seguirán siendo nombrados de acuerdo a una negociación entre los partidos mayoritarios, en vez de ser electos por el voto popular.
Además de mantener intactos sus elevadísimos sueldos, que llegan a superar los $300.000 según las palabras del ministro Moroni, seguirán sin pagar el impuesto a las ganancias que sí se le cobra al resto de los trabajadores y las trabajadoras.
Al momento de jubilarse accederán al 82 % móvil que se le niega a la gran mayoría de los jubilados que trabajaron durante toda su vida, de los cuales cerca del 70 % apenas percibe la mínima de $15.891,50.
Las jubilaciones de privilegio de quienes han sido presidentes, vicepresidentes y ministros de la Corte Suprema no se tocan, con básicos que rondan los 370.000 pesos y con el beneficio de jubilarse al 100 % gracias a una ley del menemismo que ni siquiera se discute.
Los miembros de la jerarquía de la Iglesia, como los arzobispos y obispos, seguirán cobrando un haber jubilatorio que actualmente está entre los 103.000 y 119.000 pesos por mes. Así lo establece el decreto n º 21540 -promulgado el 3 de marzo de 1977 por el dictador Videla y que ningún Gobierno derogó- el cual ordena pagar al Estado “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la alta jerarquía católica apostólica y romana que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”.
Los privilegios de la casta política tampoco se ponen en discusión, razón por la cual funcionarios políticos como diputados y senadores seguirán gozando de sus actuales privilegios, con sueldos de bolsillo que superan los $150.000. Mientras tanto, el proyecto que fue presentado varias veces por Nicolás del Caño en el Congreso y que propone equiparar estos salarios con el salario de un docente ni siquiera es puesto a discusión.

La Izquierda Diario

jueves, febrero 27, 2020

Retrocediendo en chancletas (ante el FMI)



El gobierno ha aceptado la revisión del FMI (artículo 4) y se compromete a pagar los 44.000 millones de dólares tomados por Macri

Durante muchos años el kirchnerismo presentó la decisión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de rechazar la revisión establecida en el artículo 4 del FMI como un acto de soberanía nacional y justicia social. La misma lógica debería llevar a concluir ahora que el reciente anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que el gobierno argentino solicitó el envío de una misión del Fondo Monetario para llevar adelante la revisión de acuerdo al artículo 4, indica que estamos ante un recule en chancletas con efectos políticos, económicos y hasta simbólicos de enormes dimensiones. Los guardianes del relato kirchnerista se han visto obligados a improvisar sobre la marcha. Del rechazo al Fondo han pasado a la versión macrista de que existiría un nuevo FMI; una especie de aliado que nos ayudará a lidiar con los codiciosos especuladores internacionales. En el recule, sin guardar siquiera las formas, dejaron atrás el reclamo de quita de la deuda con el propio organismo, que había sido agitado por Cristina Kirchner desde Cuba y luego avalado por el propio Alberto Fernández solo un par de semanas atrás. O sea que la decisión del gobierno argentino ha tenido una doble significación: aceptar la revisión del FMI y comprometerse a pagar los 44.000 millones de dólares tomados por Macri, que sirvieron para financiar la fuga de capitales y pagar la deuda.
No debe pasar inadvertido que este recule supone antes que nada un cambio en la hoja de ruta que se había fijado el gobierno. Inicialmente Alberto Fernández se había declarado partidario de una reestructuración de deuda que priorizara la negociación con los bonistas y dejara de lado al FMI. Pero en la gira europea, sus nuevos amigos, los Merkel-Macron y compañía le hicieron saber que esa decisión no sería bien vista y que debía negociar primero con el Fondo Monetario. El mismo mensaje llegó desde los EE.UU. El fracaso de Kicillof en renegociar el vencimiento de la deuda provincial y el chasco posterior de Guzmán con el llamado “Bono Dual” completaron el mensaje y llevaron al gobierno a buscar el amparo del FMI. El mismo reclamo había sido realizado por los acreedores privados, que le pedían una negociación con el Fondo Monetario como condición para una reestructuración de la deuda. El motivo es muy sencillo: los Templeton y los BlackRock no están en condiciones de negociar y monitorear la aplicación de un determinado plan económico, que asegure las condiciones de repago de la deuda. Para eso, claro, los Estados imperialistas y el capital financiero internacional tienen al FMI.

Mucho más que un ajuste

Los funcionarios del gobierno festejaron el comunicado del FMI resaltando unas frases donde señala que la deuda actual “no es sostenible”. Menos difusión le dieron a la frase que dice que “hay que asegurar la sustentabilidad fiscal y comercial”, que en buen criollo es el superávit de las cuentas públicas y prolongar el superávit comercial logrado con una pavorosa recesión, para asegurar el repago de la posible reestructuración. Se trata de un operativo político para ocultar el ajuste que ya está en marcha. En primer lugar, el que afectó a los jubilados, con la anulación de la movilidad previsional que dispuso la ley de emergencia económica. Según todos los cálculos, el ahorro fiscal de esta medida alcanza los 5.000 millones de pesos mensuales. Si una medida similar se tomase con el aumento que estaba previsto para mitad de año, el robo a los jubilados rondará los 100.000 millones de pesos en el año. A esto debe agregarse el aumento de impuestos, especialmente en las provincias, que tiene un impacto directo en los precios finales, como sucede con los Ingresos Brutos. Como si esto fuera poco, el gobierno anunció también aumentos de tarifas en los servicios de gas y electricidad, y también en el transporte público, aunque después debieron desdecirse. El motivo de las idas y venidas tuvo que ver con que incomodaban al pacto anudado con las distintas burocracias sindicales para hacer pasar la suspensión de hecho de las paritarias, así como la imposición de sumas fijas que convalidan lo perdido bajo el macrismo y achatan las escalas salariales.
A los recortes jubilatorios, a los impuestazos y a la eliminación de la cláusula gatillo en las paritarias, el gobierno impuso un ajuste más sutil, que es mantener los gastos del Estado sobre la base del Presupuesto 2019, que ha quedado desvalorizado por una inflación anual superior al 50%. Este es el significado de su negativa de enviar al Congreso el Presupuesto 2020, viabilizando un ajuste de hecho de enormes proporciones. Por otra parte, mediante el poco difundido decreto 132/20 congelaron la planta estatal, cuando 10.000 estatales despedidos por Macri esperan reincorporación y, además, obtura todo reemplazo -una medida que caracterizó el ajuste brasileño que empezó Dilma y sigue Bolsonaro.
Las consecuencias de la decisión del gobierno de pactar con el FMI y aceptar sus revisiones no solo son económicas sino también políticas. Mientras Guzmán negociaba en las oficinas del FMI, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, se reunía con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para discutir la agenda yanqui para la región. Según trascendió, los acuerdos alcanzados incluyeron la política sobre Venezuela y estuvo en la mesa la cuestión boliviana. De modo sugerente, el gobierno argentino no emitió comunicado alguno denunciando la proscripción de la candidatura de Evo Morales y de decenas de dirigentes del MAS.

¿Alcanza?

Sería un error, sin embargo, deducir que estos recules del gobierno en términos económicos y políticos aseguran por sí mismos una reestructuración exitosa de la deuda. Como lo hicieron saber los grandes fondos de inversión, la negociación de la deuda aún no comenzó y no están dispuestos a aceptar quitas significativas de capital. No solo eso. Además, piden que se presente primero un plan económico que asegure las condiciones de repago de la deuda -es decir, un fuerte ajuste. El gobierno ya tomó nota de ello. No es casual que se hable ahora de que las quitas serían sobre el llamado “valor presente” (una relación entre capital, intereses y plazos) y en mucho menor medida sobre el capital. Algunas versiones hablan que el 30% de quita que el gobierno plantearía sería solo un 15% sobre el capital y el otro 15% sobre la tasa de interés o los plazos de pago. Así, para quienes compren los bonos en la actualidad el negocio sería redondo, pues su cotización ronda entre el 45 y el 55%. Si a esto se le suman los intereses, que con seguridad estarán muy por encima de la tasa internacional actual, la reestructuración podría ofrecer beneficios cercanos al 100% para quienes compraron bonos ya desvalorizados y asegurar ganancias igualmente a los que entraron al principio, a valor nominal.
Muchos analistas han señalado que si el gobierno pretende una quita mayor deberá pasar primero por un default. Aunque la variante no puede descartarse, ya que hay fondos de inversión que pueden pretender cobrar el 100% mediante juicios, lo cierto es que no es la política del gobierno, que sigue orientado a hacer concesiones para lograr un acuerdo. Es lo que acaba de suceder con el Bono Dual: luego de dos fracasos consecutivos, acaban de formular una propuesta que equivale a pagar casi el 100%. Estos recules del gobierno anuncian otros nuevos. Queda por ver si esas capitulaciones son suficientes porque el deterioro económico continúa y se agravan las contradicciones de fondo. En los próximos días los vencimientos de deuda en pesos son gigantescos: solo en Lecap alcanzan los 80.000 millones de pesos en marzo y 90.000 millones en abril. La “solución” del gobierno ha sido recurrir a la emisión monetaria, luego de prometer que no usaría la “maquinita”. Los efectos inflacionarios de esta medida serán inevitables, echando más leña al fuego a una carestía que no cesa. Durante enero la caída de la actividad económica se agudizó -“fue el peor enero de los últimos 10 años”, titularon varios diarios- y con ello la recaudación impositiva, que creció muy por debajo de la inflación. La posibilidad de alcanzar un superávit fiscal choca con el retroceso económico y más en general con el pago de la deuda. Medidas como la pesificación de una parte de la generación eléctrica traerán con seguridad crisis, pues chocan con la dolarización que mantiene el precio del gas -que le sirve como insumo. Como ya sucediera en el pasado, las empresas ajustarán sus costos por el lado de la inversión, afectando el servicio. Si se procediera a la pesificación del gas a boca de pozo, el choque con las petroleras golpearía el proyecto madre de Alberto Fernández, que es usar a Vaca Muerta como usina de divisas. Otro tanto ocurre con el aumento de las retenciones a la soja, que de todos modos buscaría ser compensado con la reducción de los impuestos que pagan el maíz y el trigo. La promesa de reactivación vía el mercado interno choca con la caída del salario y las jubilaciones y con la parálisis de la obra pública impuesta por la necesidad de ajuste fiscal. Es natural que en estas condiciones todos los pronósticos coincidan en una nueva caída económica en el 2020.

Que la crisis la paguen los capitalistas

Como lo explicamos en la campaña electoral en mil ocasiones, la bancarrota económica plantea una cuestión de fondo: quién paga la crisis, si los trabajadores o los capitalistas. La decisión del gobierno de abrazarse al FMI, admitiendo los monitoreos y revisiones, preanuncia una capitulación de fondo ante los acreedores internacionales. Esto planteará mantener el hipotecamiento nacional y más ajustes como los que ya están en marcha contra los trabajadores, los jubilados, la salud y la educación. La derecha macrista avala esta política y es por ello que ha dicho que acompañará al gobierno, votando sus leyes y aplicándolas en las provincias donde gobierna. No es solo un gobierno, es un régimen del FMI.
El Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, plantea que la crisis la paguen los capitalistas. Esto significa repudiar la deuda usuraria, nacionalizar la banca y el comercio exterior y tomar todas las medidas de defensa nacional contra los usureros internacionales y nacionales. A la vez, llamamos a defender las jubilaciones luchando por la indexación por inflación arrebatada y el 82% móvil, la recomposición de los salarios recuperando lo perdido bajo el macrismo y la vigencia de las cláusulas gatillo, la prohibición de los despidos y las suspensiones, la puesta en marcha de un plan de obras públicas para reactivar la economía bajo el control de los trabajadores. Sobre esta base planteamos una campaña en todos los sindicatos por asambleas y plenarios de delegados, para deliberar y resolver un plan de acción en defensa de nuestras reivindicaciones. Los docentes de Chubut vuelven a mostrar este camino.

Gabriel Solano