miércoles, junio 30, 2021

Se encuentran los restos de casi 1.000 niños indígenas en internados católicos de Canadá


La repercusión ha sido la quema de 4 iglesias católicas en lo que va de la semana.

 Entre los meses de mayo y junio de este año, Canadá fue sacudido ante la conmoción que produjeron dos hallazgos: una fosa común con los restos de 215 niños en el internado “Kamloops Indian Residential School” en Columbia Británica, (al oeste de Canadá) que se encontraba cerrado desde 1978 y otras 750 tumbas sin identificación en el emplazamiento de otro internado de la iglesia católica en la Residencia Merieval. Las repercusiones por estas horas, es la quema de 4 iglesias católicas en lo que va de la semana; dos en Okanagan y otras dos al sur del país. 
 Si bien aún se desconocen los detalles de las muertes, las especulaciones más fuertes giran en torno a una política de “exterminio” de las comunidades originarias de la zona que tenía como eje el “Sistema Escolar de residencias indígenas” y que se extendió desde 1860 hasta 1998 aproximadamente. Este sistema comprendía 139 internados/ escuelas, que estaban administrados por el gobierno y por autoridades religiosas, particularmente de la Iglesia Católica entre el siglo XIX y XX. Los internados/escuelas cumplían la función de integrar por la fuerza a los jóvenes indígenas. Entre 1869 y 1998, más de 150.000 niños fueron arrancados de sus familias para ser enviados a estas escuelas donde no podían ni siquiera hablar su propia lengua. 
 «Los graves descubrimientos han reavivado el trauma sufrido por unos 150.000 niños amerindios, mestizos e inuit que fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura y reclutados a la fuerza (…). Muchos de ellos fueron sometidos a malos tratos o abusos sexuales y más de 4.000 murieron, según una comisión de investigación que concluyó que Canadá había cometido un «genocidio cultural» (Elmundo.es, 28/6).
 Por el momento, solo el primer ministro Justin Trudeau pidió disculpas en nombre de su país, una mera formalidad, mientras que el Papa y las iglesias se han negado siquiera a pronunciarse.
 Las tropelías cometidas por la iglesia católica no cesan y las estrategias para encubrir o quitarle responsabilidad de los hechos tampoco. Llevan una larga tradición encubriendo los abusos de sus propios miembros a menores de edad, bloqueando el acceso a nuestros derechos, interfiriendo en la educación y en todos los estratos estatales dada su connivencia con los gobiernos.
 Por ello, más que nunca ¡Separación de las Iglesias y el Estado!

 Laura Carboni

La victoria de la abstención en las elecciones francesas


Afiche de Reagrupamiento Nacional, tachado con mensajes contra el fascismo. 

Golpe al régimen político. 

La segunda vuelta de las elecciones regionales y departamentales francesas volvió a mostrar este domingo un altísimo nivel de abstención. Un 66% de los inscriptos no concurrió a las urnas, cifra que trepa al 80% entre los menores de 35 años. También estuvo por encima del promedio en los sectores obreros (75%, según L’Humanité del 29/6). Son los números más bajos de participación desde el nacimiento de la V República, en 1958. Indican un fuerte desprestigio del régimen político.
 Si bien el componente de este malestar debe ser heterogéneo, es difícil sustraerlo del impacto de la pandemia, que ya dejó más de 100 mil muertos y expuso -como en el resto del mundo- el desastre que implica su gestión capitalista (despidos, desmanejo sanitario). En el caso de los sectores obreros influye seguramente el hecho de que los ataques a sus condiciones de vida han provenido tanto de gobiernos derechistas como socialistas (basta recordar la reforma laboral de François Hollande, en 2016), desalentándolos de asistir a las urnas. A sus ojos, no ven ninguna alternativa política que los represente.
 En cuanto al desempeño de las fuerzas políticas, el partido del presidente Emmanuel Macron es el más golpeado. La República en Marcha (LREM) promedió el 10% de los votos en los lugares que se presentó y ni siquiera talló en la disputa de ninguna región. 
 Reagrupamiento Nacional (RN), la fuerza de extrema derecha que comanda Marine Le Pen, retrocedió en votos respecto de las regionales de 2015 (alcanzó aproximadamente un 20% en la primera vuelta, contra un 28% de los comicios previos). Si bien ganó en primera vuelta en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, fue derrotada en el balotaje por la centroderecha, Los Republicanos, que se vio favorecida por el retiro de la lista de la centroizquierda (PS, PC, Verdes). En la legislación electoral francesa, para pasar a la segunda vuelta hay que sacar más del 10% de los votos en la primera. Este frente centroizquierdista lo había conseguido, pero aun así retiró su lista. Lo concreto es que RN no logró su objetivo de sumar su primer triunfo, un lugar desde donde empezar a mostrar capacidad de gestión de gobierno, de cara a las presidenciales del año próximo. 
 Los ecologistas (EELV), que habían tenido un buen desempeño en la euroelección de 2019, también se quedaron sin nada. En Isla de Francia, su candidato Julien Bayou quedó debajo de la candidata de la centroderecha tradicional, pese a que el PS y el frente entre La Francia Insumisa-Partido Comunista levantaron sus listas para apoyarlo en el balotaje. 
 En el reparto de regiones, la centroderecha de Los Republicanos, más fuerzas afines, se quedaron con las siete que tenían (Altos de Francia, Auvernia-Ródano-Alpes, Normandía, Países del Loria, Provenza-Alpes-Costa-Azul, Gran Este, Isla de Francia), en tanto que la centroizquierda (el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Comunista y otras fuerzas en algunos distritos) retuvo las cinco suyas (Borgoña, Bretaña, Nueva Aquitania, Occitania, Centro-Valle de Loira). En Córcega, los nacionalistas mantienen su predominio. 
 Los resultados llaman la atención porque las dos fuerzas que disputaron el último balotaje presidencial, y que según las encuestas podrían protagonizar también el próximo, LREM y RN tuvieron un magro desempeño; y al revés, los partidos tradicionales que se hundieron en 2017, socialistas y republicanos, aparecen como los ganadores esta vez. Sin embargo, éstos han conservado sus posiciones en el marco de una abstención histórica, lo que muestra que no hay en ellos una pujanza. Al mismo tiempo, están carcomidos por divisiones internas. 
 En el caso de Macron y Le Pen, según las encuestas, siguen perfilados para las presidenciales, dado que serían elecciones con una dinámica diferente a la de las regionales. De todos modos, es indudable que han sufrido un traspié en esa carrera. 

 La izquierda 

Uno de los puntos más importantes de la jornada, como ya señalamos, fue la elección de Provenza-Alpes-Costa Azul. Allí, el candidato de la centroizquierda, Jean-Laurent Félizia, que había quedado tercero en primera ronda con casi el 17% de los votos (encabezando una coalición del PS, el PC y los ecologistas, entre otros), se retiró para favorecer al finalmente reelecto Renaud Muselier, de Los Republicanos, que en primera vuelta había quedado por debajo de RN. Este pacto con la derecha se buscó justificar en nombre de evitar el triunfo del lepenismo, pero lo que no se dice es que esa centroderecha “democrática” va asumiendo ella misma las banderas de la extrema derecha. La lucha contra el fascismo debe motivar la acción común de la clase trabajadora en las calles, no puede ser un pretexto para integrarse al régimen político.
 La Francia Insumisa (LFI), la formación de Jean-Luc Mélenchon, apeló a las más diversas combinaciones políticas, en una muestra de gran oportunismo político. Se presentó en solitario en algunos distritos (Bretaña); con el PC en otros (Auvernia-Ródano-Alpes); con los ecologistas (Centro-Valle del Loira); con el PS, el PC y los ecologistas (Altos de Francia) o con otras fuerzas (Borgoña). Como vemos, LFI acordó con el PS, una fuerza tradicional del régimen, que dirigió varios gobiernos. 
 El Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), en medio de una crisis que hemos abordado en artículos específicos, solo se presentó en dos regiones, junto a LFI. En Occitania, el frente LFI-NPA obtuvo el 5%; en Nueva Aquitania, 5,7%. El frente con LFI (un partido pequeño burgués nacionalista, es decir, en Francia, de convivencia con el imperialismo) es una expresión de la derechización de la dirección mandelista. 
 Lucha Obrera, que se presentó en solitario en algunas regiones, tuvo un módico progreso (pasó del 1,45% en 2015 al 2,4% ahora) y, según su análisis, en algunos distritos recibió el respaldo de un sector de votantes comunistas, desconformes con los acuerdos de la cúpula partidaria del PCF con fuerzas de la centroizquierda. 
 El malestar de grandes franjas de jóvenes y trabajadores con un régimen que no tiene nada para ofrecer, y que se ha verificado en la abstención masiva de estas elecciones, plantea la necesidad imperiosa de producir un reagrupamiento revolucionario que enfrente al régimen capitalista en todos los terrenos con la perspectiva estratégica de la lucha por un gobierno obrero. 

 Gustavo Montenegro

Ritmo de vacunación en picada: hay un stock de más de 5 millones de dosis


Mientras se elevan los casos, el gobierno desacelera la campaña de inmunización.

 Aunque esta semana se espera el arribo de 5 millones de dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm, el ritmo de aplicación sigue siendo un importante limitante para dar un salto en la campaña de vacunación. Lo cierto es que este continúa en bajada: en los últimos 7 días disminuyó un 9% en comparación al periodo anterior. 
 El promedio está muy por detrás del pico de 389.924 administraciones diarias el 4 de junio. Después de eso se ubicó por encima de los 300 mil para luego descender nuevamente, hasta alcanzar menos de 250 mil inoculaciones diarias esta última semana. Hay algunas provincias con mayor descenso, como Córdoba (64%) y Tierra del Fuego (54%), seguidas por la provincia de Misiones (43%), Mendoza (36%), Entre Ríos (32%), Catamarca (30%), Santa Cruz (21%), Santa Fe (17%), Chubut (13%), Río Negro (11%), CABA (9%), Corrientes (8%), Buenos Aires (5%) y Chaco (1%). 
 Evidentemente, la llegada de más y más dosis cambió el panorama de la inmunización. Hace un mes, cuando los cargamentos comenzaron a llegar sucesivamente, el gobierno tenía la excusa de que la tardanza era “esperable” por el trabajo que requiere adecuar la matriz de la logística. En ese entonces, a inicios de junio, el stock era de aproximadamente 2 millones de dosis.
 Hoy ese stock llega a más de 5 millones, teniendo en cuenta el cargamento que llegó ayer de Rusia, con 709 mil dosis del componente 1 y 2: 4.468.658 distribuidas y 777.739 para enviar a las provincias. El gobierno no ha podido eliminar o, al menos, reducirlo. Es llamativo porque, mientras Vizzotti reúne nuevamente a su comité de expertos debido al alza en los casos, el alto número de muertes y los esquemas de vacunación, el gobierno retrasa la campaña de inmunización porque, para colocar los recursos necesarios, sería necesaria una inversión que chocaría con el ajuste sanitario en curso. La cuestión de la vacunación cobra doble importancia en este contexto. Primero, porque en otros países se ha visto cómo los esquemas incompletos generan menor inmunidad frente a las variantes del virus, particularmente frente a la Delta, que en algunos casos reduce la protección a un 33% con una sola dosis. Así, en gran parte del planeta se están discutiendo las terceras olas y rebrotes que vendrán de la mano de las actuales y próximas mutaciones. En segundo lugar, porque en Argentina están subiendo nuevamente los casos, luego de una segunda ola extremadamente virulenta, que se cursó con contagios rozando los 40 mil diarios y de la cual aún se ven las consecuencias. Las muertes, por ejemplo, desde la primera semana de mayo mantienen un promedio por encima de las 400 diarias, con picos que llegaron hasta las 800. 
 Este fenómeno, el de batir récords en términos de contagios y muertes, se observa en toda América del Sur y está consagrando al continente como el epicentro de la pandemia, con 323 casos diarios por millón de habitantes frente a los 40 de América del Norte, 59 de Europa y 29 en Asia. Argentina, Brasil y Colombia están atravesando niveles de incidencia de Covid nunca antes vistos, y Uruguay y Paraguay se caracterizan por tener la mayor cantidad de muertes nuevas por millón a nivel mundial. 
 Los expertos refieren que la baja de casos en los continentes mencionados está dada por el avance en la vacunación, más acelerada que la aparición de nuevas variantes, cosa que no sucedió en América Latina donde las cepas le ganaron a la inmunización. En noviembre del año pasado inició la subida, con un piso de 95 casos, y por estas semanas es incapaz de bajar de los 300 diarios. Por esos meses comenzó también a separarse del resto de las naciones del mundo con respecto a la vacunación: mientras estos avanzaban, los países latinoamericanos quedaron relegados debido a su incapacidad para competir en el mercado mundial y la monopolización de las dosis por los países imperialistas. 
 Argentina aporta su grano de arena con un aumento del 17% de contagios en 20 provincias. El ritmo de la vacunación no estaría dando resultados para ponerle un freno al avance del virus, al menos no a esta velocidad de inoculación. La necesidad de poner en pie la logística y los recursos económicos y materiales está a la orden del día, especialmente en vistas de que todavía falta inmunizar al 50% de los adultos, y muchos necesitan también la segunda dosis. Pero también reforzando el sistema de salud para cuidar a aquellos que no llegaran a la vacunarse antes de la tercera ola, con un aumento presupuestario, de recursos y de personal para evitar el colapso sanitario, de la mano de test masivos que permitan aislar y frenar rápidamente la aparición de cepas más virulentas. 

 Lucía Cope

“La tercera ola es inevitable” (Fernán Quirós), entonces ¡abramos todo!

Es casi sorprendente advertir que el gobierno federal y los gobernadores e intendentes asistan a la llegada de la “tercera ola” sin otra recomendación que la de ´convivir con el virus´. Incluso si, como se menciona, la nueva variante, delta, es “más agresiva y letal” que las precedentes y cuando se duda de que las vacunas aprobadas en forma emergencial mantengan su eficiencia para el caso. El jefe sanitario de Larreta, Quirós, resumió el diagnóstico: “es inevitable”. Argentina, sin embargo, se acerca a los 100.000 muertos sin necesidad de estas mutaciones, y cuando el sacrificio inmenso de médicos y enfermeras disimula la saturación de los servicios hospitalarios. ¿Hay alguna duda de que esta recepción de brazos abiertos a la ‘tercera ola” obedece a la presión de los intereses del capital para que no detenga la máquina de succión de plusvalía al trabajador y de reparto de dividendos a los accionistas? En Europa y en verano, esta tercera corrida de la pandemia ha forzado al retorno de numeras cuarentenas – como ocurre en Gran Bretaña y en Rusia, y más allá en Indonesia e Israel. Ni la vacunación más exitosa hasta el momento, ni el asiento de los “lugares sagrados” ha evitado que Israel vuelva por lo pronto al barbijo.
 La crisis de las vacunas ha agregado ahora un nuevo episodio: con el arribo de cifras más holgadas de inoculantes, se ha acumulado un stock de 4,5 millones a la espera de mejor destino. Los funcionarios, en la era del ‘fake news”, le endilgan este inventario a “los jóvenes”, a quienes atribuyen un ´asco´ a las vacunas. Lo que ocurre, en realidad, es la ausencia de una enérgica movilización sanitaria para llegar a todos los barrios y distritos. Se repite en los medios “Argentina Presidencia”, pero no una campaña pedagógica de vacunación. Superada la frontera de los que se anotan voluntariamente por medio del celular o la computadora, un amplio sector de la población, por cierto la más humilde, es dejada de nuevo a la vera del camino.
 La población que ha recibido la segunda dosis no supera el 15 por ciento. El palabrerío acerca de combinar las segundas dosis entre diferentes vacunas siembra confusión en un tema delicado de salud. La pelea desatada acerca de cuál es la mejor vacuna, por ejemplo, entre Pfizer y Sputnik, debido a rivalidades de mercado y geopolíticas, desparrama mayor confusión aún. Es el teatro del absurdo, pero carente de creatividad. La descomposición capitalista se manifiesta en cuestiones vitales, literalmente. Como ya ocurre en Europa, la población será tomada como campo de pruebas de una ´nueva fase III´. El pronóstico, cada vez más repetido, de que la actual no es la última pandemia y de que habrá peores significa, para muchos directorios de empresas, la aparición de un nuevo mercado y la promesa de lucros enormes. Argentina se mueve como una hoja al viento, de un lado porque no se ha interesado por producir una vacuna propia (la materia prima), del otro porque el presupuesto nacional de ciencia y técnica es la cuarta parte de lo que, por ejemplo, Argentina debe desembolsar al FMI en el curso de este año. 

 Abramos las aulas al virus 

El régimen político, de Larreta a Kicillof, ha elegido el invierno, el frío y las vísperas de la ´tercera ola´, para declarar una apertura total – con aforos. En la gran industria, se ha arrasado con la distinción entre producción esencial y no esencial, luego que el estado desembolsara 20 mil millones de dólares, en la cuarentena de comienzo del año pasado, para llenar los bolsillos de pulpos y grandes industriales. 
 El regreso al trabajo se ha impuesto aun cuando los contagios y las muertes resultan moneda corriente. Los funcionarios del ´power point´ y de las estadísticas nunca informan, sin embargo, sobre la concentración de casos en los grandes centros laborales. La patronal privada de educación dice que el colegio no contagia; la del transporte asegura que viajar no es peligroso; la de la industria jura que el virus se detiene en los portones de entrada y la rural, en las tranqueras. El coronavirus se ha convertido en imaginario, porque la imaginación contagia. Al restringir, sin embargo, el ingreso de pasajeros del exterior (en realidad por Ezeiza) -con un régimen de aislamiento insuficiente en hoteles- el propio gobierno admite que lo hacía para contrapesar la apertura general de actividades en el país. La presencialidad escolar no se arría ni a pesar de las condiciones invernales que impiden airear las aulas. La “recomendación” del gobierno porteño para que los alumnos concurran con bufandas y mantas (sic) va a entrar en la historia de la desvergüenza. Sabe a quién se dirige con su dislate, porque la escuela privada no carece de calefacción ni de medios para proveer a la circulación del aire. 

 Crisis humanitaria, en su ápice 

Todo esto no es ´impericia´. Es la confesión de una bancarrota política. Los Fernández, como ocurre en todo el mundo, han incorporado la cifra diaria de muertes y contagios -que no baja de 500 y 25.000 respectivamente- a la ‘nueva normalidad’. Sólo falta que la información la brinde el Indec en lugar del Ministerio de Salud. La gestión cotidiana del Estado y la orientación social del gobierno no están dictadas por la lucha contra la “tercera ola”, sino por la agenda de los fondos internacionales. Por eso, las jubilaciones han caído un cerca de un diez por ciento ¡en pandemia! Cuando más debían haber aumentado los ingresos de las familias trabajadoras, es cuando más han caído. Martín Guzmán se ha convertido en candidato al premio Nobel de economía por haber logrado imponer un ajuste fiscal feroz, fundamentalmente a costa de los jubilados, superior al de ‘Mauricio’, en medio de una catástrofe sanitaria. Es necesario enterrar al ‘nacionalismo popular’ y al ‘republicanismo cipayo´, por medio de una acción histórica de masas. 

 Marcelo Ramal 
 30/06/2021

Malí, bajo el fuego cruzado del golpismo y de la intromisión imperialista


Malí, un país ubicado en la región de África Occidental, se ha convertido hace tiempo en el teatro de fuertes batallas y realineamientos políticos. A fines de mayo pasado, como fruto del segundo golpe de Estado en menos de un año, la situación política nacional ingresó en una nueva etapa. Se trató de un “golpe dentro de un golpe” que desplazó a una pequeña parte del elenco que protagonizó la toma del poder en la primera ocasión. 
 El coronel Assimi Goïta, cuya trayectoria en la vida política maliense ha estado ligada a los enfrentamientos con rebeldes y yihadistas, juró como presidente el 7 de junio en una ceremonia celebrada en el Centro Internacional de Conferencias de Bamako, desde donde aseguró a la “comunidad internacional” que celebrará “elecciones creíbles, justas y transparentes en los plazos previstos” (El País, 7/6), es decir el año próximo. Ya desde su lugar como mandamás del país africano, ha prometido avanzar en la “reconstrucción de Malí”, lo que incluye la convocatoria a un referéndum constitucional, modificar la ley electoral, y profundizar la lucha contra los grupos insurgentes. 
 Goïta ha sido el líder de la junta militar que se apoderó del gobierno en agosto de 2020, un proceso que puso fin a meses de manifestaciones contra la otrora coalición oficial. Las protestas a menudo combinaban el rechazo a la catástrofe social reinante con el repudio a la intervención imperialista, lo que incluyó la quema de banderas francesas. 
 El nuevo presidente ocupaba hasta ahora el lugar de vice. Este segundo golpe se ha abierto paso tras importantes disputas al interior de la clique militar, y, como ocurriera anteriormente, en medio de una agudización de la lucha de clases. 
 En mayo, el entonces presidente Bah Ndaw y su primer ministro, Moctar Ouane, destituyeron a dos elementos vinculados a Goïta, precisamente quienes ocupaban los estratégicos ministerios de Seguridad y Defensa. La maniobra, según una columna del periódico galo Le Monde, apuntó a desactivar la tutela ejercida por la fracción castrense vinculada al actual mandatario, y, al mismo tiempo, a calmar a los militares que no estaban de acuerdo con ella. El coronel respondió encerrando a ambos individuos en la base militar de Kati y fueron liberados unos días más tarde sin sus respectivas carteras.

 Huelgas y movilizaciones 

El golpe, asimismo, ha tenido lugar en momentos donde el país era sacudido por una intervención obrera creciente, o sea, ha fungido como un mecanismo para salvaguardar al régimen político tomado de conjunto, toda vez que no ha logrado dar respuestas a las necesidades más apremiantes de la población. No por nada Goïta acusó al gobierno de no poder “controlar” la ola de huelgas en Malí. Es por esto, además, que el líder castrense nombró como primer ministro de transición a Choguel Maïga, miembro del movimiento civil M5-RFP, la fuerza que encabezara las protestas del año pasado. 
 Una semana antes de que se produjera, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Malí (UNTM, por sus siglas en inglés), que es la principal organización obrera del país, convocó a una huelga de cinco días después del fracaso de las negociaciones salariales con el gobierno. La acción de lucha fue acatada con fuerza, especialmente en los bancos, hospitales y escuelas. Además de aumentos salariales, bonificaciones y compensaciones, los huelguistas exigieron la contratación de al menos 20.000 jóvenes graduados para la administración pública, la integración al servicio público de todos los docentes de las escuelas comunitarias, y la aplicación para el sector privado de los aumentos salariales obtenidos en el sector público en 2014 y 2019. El descontento de los trabajadores llegó a un punto tal de algidez que la dirección burocrática del UNTM se vio obligada a amenazar con una huelga por tiempo indefinido, tentativa que, bajo el pretexto del golpe, terminó durmiendo el sueño de los justos. 
 Las condiciones de vida de las masas se encuentran en un retroceso mayúsculo; alrededor de un 40 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza, el 70 por ciento trabaja en la pesca o la agricultura, y los niños en muchos casos son utilizados como mano de obra en granjas, minas, entre otros. En estos sectores no existe ninguna legislación que establezca un salario mínimo, o que regule la jornada laboral, lo que funciona como un acicate para que en el resto de la economía ocurra lo mismo.
 Por otro lado, la investidura de Goïta coincidió también con un recrudecimiento de la violencia intercomunitaria, que viene golpeando duramente en el Sahel, fundamentalmente en Malí y Burkina Faso. La intervención imperialista, naturalmente, ha potenciado las tendencias a la desestabilización regional. Como consecuencia de esto, más de 2,2 millones de personas han sido desplazadas del Sahel y casi 7.000 murieron solo en Malí durante 2020, según diversos estudios. 

 Una disputa internacional 

Desde el punto de vista geopolítico, los acontecimientos en Malí han generado todo tipo de movimientos. Estados Unidos y las potencias europeas han condenado el golpe y amenazaron a la nueva junta con la imposición de sanciones económicas; la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana, por su parte, suspendieron la membresía de Malí. El gobierno francés, que apoyó la primera versión del golpe, ha reaccionado poniendo punto final a la cooperación militar con las fuerzas malienses y planteó un rediseño de su intervención bélica en la región del Sahel. Algunos ven en esta acción una respuesta a los intentos de un sector del nuevo gobierno de aproximarse a los rusos; Abubacar Siddick Fomba, miembro del Consejo Nacional de Transición (CNT), dijo que ya es tiempo «de presentar peticiones de cooperación militar a Rusia, China y Turquía» (Infobae, 11/6). Un eventual repliegue francés podría ser utilizado por Moscú o Beijing para penetrar aún más en la estratégica región del África, la cual posee un tercio de las reservas minerales del planeta (oro, diamantes o platino, por ejemplo) y es muy rica en petróleo. El presidente galo Emmanuel Macron se encuentra en una encrucijada: su misión militar se encuentra empantanada, pero si la retira cede influencia. De allí el planteo que hizo de poner fin a la Operación Barkhane, pero no a la presencia de unidades. 
 Las masas deben organizarse de manera independiente para enfrentar al gobierno y echar, del mismo modo, a las tropas imperialistas de la región. 

 Nazareno Kotzev

martes, junio 29, 2021

La crisis etíope


Guerra étnica, crisis humanitaria y una cortina de humo electoral en el país africano. 

 Con el pronóstico de una clara victoria oficialista, aunque sin resultados oficiales a la vista, el 21 de junio se celebraron elecciones legislativas generales en Etiopía. Acosado por una crisis de proporciones mayúsculas, el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed busca encubrir la dramática situación nacional y salir fortalecido de los comicios. Sin embargo, todos los ingredientes que hacen a la convulsión en el país, incluida la posibilidad de una desintegración nacional, siguen en pie y, con toda seguridad, se profundizarán en el próximo periodo. 

 Enfrentamientos étnicos y masacre 

El principal factor de crisis en el país del cuerno de África viene siendo el conflicto armado que, desde noviembre del año pasado, se libra entre el gobierno federal y el Frente Para la Liberación de Tigray (FPLT), la principal organización política de esa región del norte etíope. La causa inmediata del conflicto fue la decisión del FPLT de realizar elecciones locales, contra la prohibición dictada desde Adís Adeba (capital) habida cuenta la pandemia de coronavirus. Empero, el motivo de fondo del enfrentamiento lo constituye la tentativa de las autoridades centrales de reemplazar al régimen federal basado en criterios étnicos que rige en el país desde la caída, acaecida en 1991, del pro soviético gobierno del Derg. 
 Hasta la llegada a la primera magistratura de Ahmed en 2018, el país fue gobernado por una coalición de partidos étnicos representativos de las distintas regiones del país, en donde la primacía de uno u otro generaba recelos en los demás y tensiones interétnicas, azuzadas por el contexto de miseria y expoliación en una de las regiones más pobres del globo. Lejos de buscar una salida democrática y transformadora, el gobierno actual busca imponer un régimen autoritario pasando por encima de las distintas poblaciones. 
 Así, la orientación ensayada por Ahmed ha provocado no solo la guerra en la región de Tigray, sino también revueltas en las regiones de Benishangul-Gumaz y en Oromía, de donde es el propio primer ministro. La respuesta del gobierno federal ha sido el encarcelamiento masivo de opositores y el cercenamiento de la actividad de los partidos políticos étnicos. 
 Con todo, la muestra más clara del carácter del gobierno de Ahmed (premio Nobel de la paz 2019 por haber cesado la guerra con Eritrea), ha sido su accionar en Tigray. Allí ambos bandos estarían cometiendo crímenes de guerra, pero desde Adís Adeba se está bombardeando a la población civil y bloqueando la ayuda humanitaria y alimenticia con lo que 300 mil personas se encuentran sufriendo hambruna y cerca de dos millones están en una situación de emergencia alimentaria. 

 Las elecciones y la disputa interimperialista 

En este cuadro de proscripción a opositores y masacres contra la población, el acto eleccionario fue una puesta en escena con la que el gobierno busca legitimarse. Los principales partidos de la etnia oromo rehusaron su participación y solo se presentaron quienes comparten el programa de Ahmed de pasar a un régimen centralista. Incluso, el gobierno dispuso que en las soliviantadas regiones de Benishangul-Gumaz y Oromía la elección se traslade al 6 de septiembre mientras que en Tigray directamente no tienen fecha. Para completar el cuadro de este verdadero fiasco electoral, solo un 25% de la población se empadronó para votar. Así las cosas, el objetivo buscado por Ahmed difícilmente sea alcanzado. 
 Las potencias extranjeras se encuentran medrando en Etiopia y en toda la región. Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron enviar veedores de los comicios denunciando que no estaban dadas las condiciones para que desarrollen correctamente sus tareas. El gobierno de Biden ha impuesto sanciones a los funcionarios del gobierno etíope con motivo de la situación en Tigray, como el retiro de visados, y ha conminado a sus pares europeos a seguir el mismo camino. 
 Para la potencia americana, lejos de una genuina preocupación humanitaria, se trata de un aspecto más para buscar aumentar su influencia en esta disputada región en donde apoya a Egipto y a Sudán en la disputa que libran contra Etiopía alrededor de la monumental represa que este último país aspira a construir en el origen del río Nilo. En esta cuestión se enhebra otra crisis para el primer ministro Ahmed, ya que sus vecinos vienen de firmar un pacto militar de ayuda mutua, dirigido contra el país del cuerno de África. El principal punto de apoyo de Etiopía es China, principal financista de la represa y desde donde se han emitido declaraciones contrarias a las sanciones norteamericanas en nombre de la no intromisión. Con la alianza con China, las perspectivas de una apertura general de la fuertemente estatalizada economía etíope al capital occidental, otro aspecto clave del programa “modernizador” de Ahmed, parecería encontrar límites. Con todo, el interés de una u otra potencia pasa por ganar espacios en el marco de la recrudecida guerra comercial internacional y no por el bienestar de los pueblos de la región. 
 Frente al sectarismo étnico y el gobierno autoritario de Ahmed, las masas trabajadoras del país deben construir una alternativa democrática basada en sus propios intereses: la unidad socialista de Etiopía y del conjunto del cuerno de África. 

 Leandro Morgan

Aumentaron los casos, ¿entramos a una tercera ola?


Expertos advierten su llegada más temprano que tarde. 

 El coronavirus en Argentina no da respiro: volvieron a subir los casos diarios. Desde el 22 de junio el promedio pasó de 18 mil a 21 mil, luego de casi un mes de descenso. La tendencia aún debe confirmarse, pero los expertos ya advierten que puede ser la puerta de entrada a una tercera ola. 
 Las bajas temperaturas, que ocasionaron nevadas sorpresivas en varias regiones del país, y la alta circulación que aún tiene el virus en nuestro país, sobre todo en los centros urbanos, es el caldo de cultivo perfecto para un rebrote. La amenaza de la variante Delta lo hace aún más posible, ya que según lo observado es hasta un 60% más contagiosa que el resto de las cepas. 
 El aumento de casos y la preocupación ante una variante que poco se sabe potenció la incertidumbre de la población y hasta del gobierno, luego de un año de medidas poco efectivas y fracaso sanitario. “No sabemos si hay una tercera ola, esperemos que no” fue lo único que atinó a decir Kreplak, viceministro de Salud de PBA, además de mencionar la suba en los contagios y “desaconsejar” los viajes durante las vacaciones de invierno. Por su parte, Quirós, titular de la misma cartera en CABA, advirtió que «no hay ninguna duda de que tenemos por delante una nueva ola, probablemente vinculada a las nuevas variantes”. 
 Lo cierto es que la tercera ola llegará y, probablemente, lo haga más temprano que tarde. Los escasos controles en los aeropuertos y pasos fronterizos ya demostraron su ineficiencia para contener el ingreso de las distintas variantes que se presentaron. Según lo declarado por el propio gobierno, ni siquiera le garantizan el análisis de PCR a los recién llegados ni el hotel para que los positivos cumplan con el aislamiento, cuestiones básicas que ayudan a la vigilancia epidemiológica.
 El que llegue antes de lo previsto es particularmente peligroso porque implica que la curva de la segunda ola no bajó lo suficiente, es decir que la tercera comenzaría con un valle o meseta de 20 mil casos. A modo de comparación, la meseta con la que entramos a la segunda ola era menos de la mitad, de aproximadamente 8 mil casos diarios, a finales de marzo. El promedio actual es extremadamente alto y condena a un rebrote con mayor cantidad de casos. 
 Esta sencilla conclusión fue apaciguada por Quirós, quien dijo que “podrá ser significativa en términos de casos pero los daños por hospitalizaciones y muertes van a depender de la campaña de vacunación”. Al igual que el gobierno nacional, la única apuesta para contener el virus es la inoculación de la población. Pero esta se está llevando adelante muy lentamente, dato que se revela de las más de 4 millones de dosis que aun faltan distribuir y/o administrar y de la disminución del 4% en el ritmo de vacunación. El retraso está en particular sobre la administración de las segundas dosis, que han demostrado ser claves en la protección frente a la variante Delta. De hecho, la brecha entre primeras y segundas dosis es cada vez mayor: aún falta dar una segunda inyección a 12.235.969 personas de las 16.228.833 vacunadas. 
 A este ritmo de llegada de dosis y administración, la vacuna no alcanzará para cubrir a todos los mayores de 18 años (aproximadamente 30 millones de personas) antes de la tercera ola. Con esto en vista, lo más probable es que la nueva suba de casos afecte con prioridad a la población activa aun no vacunada, que diariamente va a trabajar, toma el transporte público y sus hijes asisten al colegio primario o secundario. Esta tendencia ya se ve en la baja en la edad de los internados en las UTIs, que en provincias como Córdoba roza los 49 años, cuando a principio de año era de 60. 
 Es decir que la vacunación no tendrá efecto protector si no se avanza en otras medidas que acompañen y ayuden al distanciamiento social, se aumentan los controles como los tests PCR y de secuenciación para identificar las variantes circulantes, y se refuerza el sistema de salud para evitar el colapso y el estrés del personal de salud. 

 Lucía Cope

¿Alcanza con reducir los vuelos para combatir la variante Delta?

El país se aproxima a la tercera ola con pocas segundas dosis aplicadas, con un sistema de salud vaciado y una cantidad de testeos insuficiente. 

 A partir del 1° de julio entrará en vigencia el nuevo DNU presidencial que establece un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país. Solo se permitirá el regreso de argentinos que se encuentren en el exterior dado que las fronteras permanecen cerradas para el turismo internacional. Se trata de una medida que pretende aletargar la llegada de la variante Delta, más contagiosa, y, de este modo «ganar tiempo» para avanzar en la aplicación de las segundas dosis de la vacuna. Sin embargo, se toma de manera aislada sin un plan integral que permita reducir el impacto de la inminente tercera ola. 
 Si bien amerita ejercer un mayor control sanitario en torno al arribo de personas al territorio nacional, producto de los rebrotes que se están produciendo en los distintos lugares del mundo debido a la variante Delta, la resolución oficial presenta un alto grado de improvisación. En primer lugar, no hay claridad sobre cuáles van a ser los centros de aislamiento para aquellos pasajeros cuyo testeo dé positivo. El gobierno provincial de Kicillof, presuroso de desligarse de toda responsabilidad, ya aclaró que cada quien se pagará su propio hotel donde deberá estar aislado durante cuatro días, puesto que las instalaciones que funcionaban en Tecnópolis el año pasado para alojar personas en esa situación han sido desmanteladas. Sin embargo, no puntualizó si ya existen hoteles disponibles para cumplir esa función. El gobierno porteño, por su parte, no precisó cómo se llevará adelante el aislamiento.
 Por otra parte, las disposiciones alrededor del cupo de pasajeros, los testeos al arribar y los días de aislamiento solo contemplan a quienes ingresan por los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando y a través de Buquebús. En los pasos fronterizos terrestres, donde solo está permitida la entrada de personas por motivos comerciales, no está previsto operativo sanitario alguno. Allí el único requisito es presentar un PCR negativo, el cual tiene vigencia durante siete días, de modo que es imposible detectar aquellos casos donde el contagio se produjo en ese lapso de tiempo. Esto, sin mencionar que en Argentina existen al menos 840 pasos ilegales hacia los países limítrofes, como la frontera fluvial del Río Bermejo en el límite con Bolivia, donde lógicamente no se lleva adelante ninguna política destinada a mitigar la propagación del virus. La orientación de ajuste en el terreno de la salud, consagrada por medio de los votos favorables del Frente de Todos y Juntos por el Cambio al Presupuesto 2021, es la principal traba para que exista un abordaje adecuado de la tercera ola, que, para empezar, «le pisa los talones» a un ritmo de vacunación donde tan solo 3.992.864 habitantes recibieron ambas dosis, es decir, apenas el 8,72% de la población. 
 Lo anterior obedece a que, por un lado, el gobierno resguardó los intereses de las farmacéuticas, las cuales incumplieron en la entrega de vacunas sin recibir a cambio ninguna penalidad, y, por otro, a una logística deficiente en la inoculación como lo demuestra la existencia de 4.089.794 disponibles que aún no fueron aplicadas. Sin ir más lejos, hubo días enteros como el 16, 25 y 28 de junio donde la campaña de vacunación se detuvo por completo en todo el país, y ni una sola dosis fue aplicada. Evidentemente, el gobierno no destina los recursos necesarios como para dar lugar a un cronograma de vacunación más ágil. 
 Lo mismo ocurre con los testeos. El índice de positividad local fue del 24,7% en el día de ayer, cuando lo recomendado por la OMS es mantenerlo por debajo del 10% y eso se logra realizando más hisopados. Algunos expertos recomiendan que de acuerdo al número de habitantes y el porcentaje de positividad que viene habiendo, deberíamos estar realizando 300 mil testeos diarios, mientras que en la actualidad no se realizan más de 75 mil. Desde que comenzó la pandemia, en Argentina nunca se implementó correctamente la estrategia de testear a todos los casos sospechosos, aislarlos, rastrear los contactos estrechos y aislarlos también. Esto significó un «ahorro de dinero» para el Estado y las patronales, quienes debieran ser los responsables de costear las pruebas PCR. Es decir, se avecina una nueva ola de Covid y sin la cantidad acorde de testeos estamos a ciegas para combatirla. 
 Por otra parte, no se robusteció el sistema de salud para cuando azote la variante Delta. El número de UTIs y de respiradores disponibles no se ha modificado a pesar de que hay provincias donde la ocupación de camas supera el 80%. A su vez, no hubo ninguna recomposición salarial para el personal de salud, quienes además trabajan bajo un régimen de informalidad laboral como lo indica el informe reciente de la Sati, el cual revela que la mitad de los médicos de terapia intensiva son monotributistas. En ese sentido, el cierre de fronteras es insuficiente cuando asistimos a un vaciamiento sanitario que nos expone a las peores consecuencias del virus. De esa forma solo se logrará retrasar la llegada de una cepa más rigurosa, pero no se conseguirá atenuar sus efectos. Como dijimos, la oposición derechista, que ahora se embandera con el reclamo de los 45.000 argentinos que viajaron al exterior y verán reprogramado su regreso, es cómplice del ajuste que lleva adelante la gestión de Alberto Fernández en el sistema de salud, ya que ambos bloques patronales votaron una reducción presupuestaria del 9% en el Congreso. 
 Necesitamos de manera urgente la triplicación del presupuesto de salud en función de garantizar los testeos suficientes, un adecuado ritmo de vacunación, ampliación de camas de terapia intensiva y de respiradores y atender a todos los reclamos laborales del personal de salud. Es fundamental la centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores para poner todos los recursos disponibles al servicio de combatir el recrudecimiento de la pandemia. Avanzar en una producción nacional de vacunas, poniendo a disposición toda la capacidad técnica y científica del país, es un aspecto de primer orden para garantizar dosis para todos y reducir el contagio y la mortalidad. Este plan debe ser financiado por medio de romper con el FMI, repudiar el conjunto de la deuda usuraria y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital. Sin estas medidas estamos a la intemperie ante la llegada de la tercera ola. 

 Sofía Hart

“Su política se resume en: ajuste en salud, salarios y educación” // Amanda Martín Legisladora CABA

Viva la rebelión colombiana! Fuera Duque! // Testimonios de manifestantes

lunes, junio 28, 2021

A 125 años del Congreso Constituyente del Partido Socialista


De la fundación del primer partido de trabajadores a la transformación en un partido del régimen. 

 Este 28 de junio se cumplen 125 años del Congreso Constituyente del Partido Socialista. Se trata de un hecho fundamental en la historia del movimiento obrero y la izquierda de nuestro país, ya que el PS fue el primer partido de trabajadores argentino. En su constitución, un salto en la representación política de la joven clase obrera argentina, jugaron un rol determinante emigrados socialistas europeos que aportaban su formación política y sus experiencias de organización y lucha. 
 Aquel Partido Socialista fue un avance en la organización política de los trabajadores, aunque no constituyó nunca un partido revolucionario en sus métodos y programa, lo cual marcó un límite casi inmediato a su capacidad de expresar los intereses profundos de la clase obrera. No obstante, a ningún análisis puede escapar el evidente contraste que existe entre lo que es actualmente el Partido Socialista y lo que pudo ser, incluso con sus límites. En el medio ha habido una historia de adaptación al régimen político dominante tan grande que el primer partido obrero ha devenido inocultablemente en un partido de la clase capitalista.

 De la primera crisis capitalista al primer partido de trabajadores 

El año 1890 se ha signado como un momento de quiebre para la historia política y social argentina en la medida en la cual, al mismo tiempo que estallaba la primera crisis capitalista, se desarrollaba el sublevamiento cívico-militar de la Unión Cívica conocido como la Revolución del Parque, y la evidente crisis del régimen arrojaba en la escena política a la clase obrera. La profunda movilización reivindicativa, a la par el desarrollo de grupos socialistas y anarquistas de los años 1888 y 89, precedieron el salto político y organizativo que representó el primero de mayo de 1890. 
 Signado como un momento fundacional del socialismo y del movimiento obrero de nuestro país, el acto culminó con la presentación al Congreso de la Nación de un documento de reivindicaciones obreras firmado por casi 8 mil trabajadores, que fue rechazado. Los socialistas, con la experiencia de la militancia ya desenvuelta en Europa, desarrollarían en los conflictos obreros una propaganda en pos de la organización de sociedades de resistencia e incluso la conformación de federaciones y gremios. Dos meses después del primero de mayo de 1890 se conformaría entonces la Federación Obrera, impulsada por los socialistas, que fue la primera central obrera de América Latina. La misma presentaba un programa reivindicativo que, si bien no tuvo resultados provechosos, tuvo el indudable mérito de plantear demandas elementales -en consonancia con la II Internacional- que años posteriores tomaron sectores gremiales: la jornada de 8 horas o una legislación protectora del trabajo eran algunas de ellas. 
 Durante este mismo año, no obstante, el movimiento obrero padeció un reflujo. Esto debilitó a la naciente Federación Obrera, así como a la acción de los socialistas que ya venía con retraso: la fundación de la federación y de un periodico tenía lugar cuando el ciclo de huelgas se había cerrado. La federación atravesaría dificultades en este sentido y el movimiento socialista sufrió rupturas en los años 1892/93. 
 Durante aquel período, sectores anarquistas, quienes también intervenían en el movimiento, tenían una línea “antiorganizadora”; considerando que las medidas de acción tomadas aún se enmarcaban en el propio régimen social vigente y que había que plantearse una alternativa revolucionaria. La cual, sin embargo, no tenía un marco de acción concreto y pecaba por su ambigüedad. Estos planteos fueron aislando al grupo anarquista postulante de ellos, editores del periódico “El Perseguido”, que perdió fuerza y activismo entre 1894 y 1896. Al mismo tiempo, esta orientación no pudo confluir con el nuevo ascenso de las luchas de los trabajadores hacia 1894, para la cual el movimiento socialista se vio más empalmado planteando una delimitación de clase, la lucha por la jornada de 8 horas y la conformación de sociedades de resistencia. 
 Sin embargo, los socialistas debieron enfrentar el creciente desafío de otros dos adversarios políticos que cobraban influencia en el movimiento obrero: los anarquistas “organizadores”, que se organizaban en torno a periódicos como El Oprimido o L’Avvenire, y sectores que no se alineaban ni con el socialismo ni con el anarquismo, sino que planteaban la organización gremial sin abordar el problema político e incluso rechazando este debate.
 En el año 1896 la huelga por la reducción de las horas de trabajo (entre otros reclamos, pero con este denominador común) se fue reproduciendo de un gremio a otro en Buenos Aires y Rosario, motivando a trabajadores de otras industrias a luchar por sus reivindicaciones. En la práctica existieron dos polos de unificación del reclamo obrero: “El prado Español”, donde predominaban los anarquistas y los gremios zapateros y panaderos, teniendo por otro lado el local socialista de Barracas que funcionaba como cuartel de la huelga de ferrocarrileros y mecánicos. 
 La cristalización de esta fuerte tendencia a la huelga y la lucha obrera, sin embargo, no pudo confluir en una huelga general unitaria declarada formalmente; esto se debió principalmente a la negativa de los socialistas que dirigía la Federación Obrera. Sostenían que había que focalizar el reclamo en ciertos oficios que estaban en conflicto, mientras los anarquistas “organizadores” daban mayor importancia al planteo de la huelga general, pero no contaban con la fuerza ni la organización para declarar una medida de estas características. El desenlace de derrota de la “Huelga grande” impactaría en el desarrollo posterior de las corrientes, que en el caso de los socialistas fortaleció el planteo de la necesidad de no solo dar una lucha gremial sino la necesidad de dar una lucha política. 
 De alguna forma, la crisis de los años 1880 y principios de 1890 funcionó como un catalizador que permitió dar un salto a la organización de la clase obrera, dándole un lugar en la escena política. Un proceso de maduración al calor de la carestía y la marginación política y social, y la intervención de activistas socialistas y anarquistas. 
 Aquí es donde resulta indispensable vincular la génesis del movimiento obrero con los inicios de una izquierda en nuestro país, en la medida en la cual los militantes de estas fuerzas políticas jugaron un rol activo en este proceso. Al mismo tiempo que – a la inversa- los enfrentamientos de clase que marcaron el periodo, con sus flujos y reflujos, marcaron el desarrollo de las corrientes de izquierda que intervinieron en el movimiento obrero.

 El Congreso Constituyente 

El 28 de junio de 1896 se conforma entonces, como resultado de este cuadro de ascenso del movimiento obrero, el Partido Socialista. Aquel primer congreso es conocido como el Congreso Constituyente. Allí concurrieron 19 organizaciones políticas y 11 organizaciones sindicales reivindicadas socialistas para resolver el estatuto, la declaración de principios y el programa mínimo.
 Algunas de las organizaciones participantes tenían ya cierto renombre en la lucha de clases de aquellos años. Hablamos por ejemplo del mencionado Club Vorwärts, conformado por alemanes exiliados por las leyes antisocialistas de Otto von Bismarck, que fueron los primeros en difundir una prensa socialista en el país. Había una clara influencia de inmigrantes europeos -muchos exiliados- que traían desde sus países de origen las tradiciones socialistas más ricas. Es el caso a su turno de los franceses del Les Egaux, los italianos del Fascio dei lavoratori o la Agrupación Socialista, de predominancia española pero con presencia de alemanes, franceses, argentinos y uruguayos. Decenas de centros socialistas de distintos barrios porteños, el conurbano bonaerense y hasta el interior de la provincia de Buenos Aires terminaron de dar forma a la jornada. 
 El congreso de por sí tuvo una importancia trascendental. Al momento, todas estas organizaciones militaban bajo programas y estrategias políticas distintas. La fundación del denominado en primera instancia Partido Socialista Obrero Internacional (PSOI) en 1894 por parte de algunas de las principales agrupaciones extranjeras auguraba una unificación programática y estratégica elemental, porque avanzaba en la construcción de un partido de la clase obrera en un cuadro de conflictos cada vez mayores. No obstante, hay un punto que es elemental para comprender todo lo descrito a posterior: la posición de estas agrupaciones respecto a las huelgas desarrolladas por la clase obrera eran por demás ambivalentes y oscilantes. Latía entre ellas ya la expresión de un reformismo que caracterizaba no solo a los socialistas argentinos, sino a toda la socialdemocracia de la época. 
 El PSOI declaró en la antesala de la formación del PS un programa que, en la tinta, sostenía algunos preceptos revolucionarios de cualquier modo. No solo erigía demandas internacionales de la clase obrera recogidas por la II Internacional como la jornada laboral de 8 horas, que se anotaban en el sentido de un programa mínimo; también planteaba la revocabilidad de cargos, la designación de jueces por votación popular o la supresión del ejército permanente y el armamento general para el pueblo. Ni que hablar ya del planteo de un “gobierno de las comunas”, apoyado en la experiencia del primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París. Un dato no menor: ya aquel programa planteaba consignas que resuenan muy actuales, como la “abolición de la deuda pública” o la separación de la Iglesia y el Estado.
 Pero, por otro lado, ahí mismo ya era que se empezaban a observar planteos reformistas. Planteaban por ejemplo la “anulación de los contratos que enajenan la propiedad pública” -como lo eran los puertos o los ferrocarriles, por demás estratégicos en la economía nacional-, pero sin plantear directamente una nacionalización. Lo propio frente a la oligarquía nacional: planteaban una renta cada vez mayor sobre los agroexportadores, sin plantear la expropiación de los latifundios. Ni mencionar que la estrategia, claro estaba, era ganar a los trabajadores a una conciencia política con vistas a un desarrollo en el terreno de las elecciones burguesas. 
 El partido, de cualquier forma, no había resuelto aún una estructuración interna tampoco. La ausencia de cualquier tipo de dirección era notoria: la mayor parte de las veces las decisiones importantes se tomaban por la votación de un delegado por cada una de las agrupaciones que lo lideraban. Esto dividía inevitablemente la intervención política. Fue para 1895 cuando Les Egaux propone crear un comité central, redactando también una carta orgánica que fijase sus criterios de dirección. Ese comité, integrado por tres delegados por cada una de las cinco agrupaciones (Vorwärts, Les Egaux, Fascio dei lavoratori, el Centro Socialista Obrero y el Centro Socialista Universitario) fue el que redactó un programa mínimo, lo cual, sin duda, fortaleció el consenso programático. 
 Para aquel mismo año, el PSOI lanzó su primer manifiesto público, convocando a una gran acción para el primero de mayo. Este recorrido es elemental, porque se trata ni más ni menos que de las células que dieron vida al Partido Socialista. Fue en 1895 también cuando tuvo lugar otro avance hacia este suceso: el PSOI pasó a llamarse “Partido Socialista Obrero Argentino” (PSOA). Ello implicó una incisión aún mayor en los problemas de la clase obrera argentina, la supresión de cualquier diferencia de nacionalidad e incluso el avance dentro del mismo de figuras y agrupaciones de socialistas locales. En la misma convención se discutió a su vez reemplazar el comité central por un comité ejecutivo, en el que aparecieron con fuerza figuras importantes como Juan B. Justo o José Ingenieros. Allí mismo también se lanzó la campaña para presentarse en las elecciones de 1896, que renovarían la mitad de la Cámara de Diputados, y se resolvió la presencia del PSOA a través de representantes en el Congreso Socialista Internacional de Londres en 1896. 
 Pasadas las elecciones de 1896, donde el Partido Socialista concentró toda su acción, dejando como preocupación secundaria la intervención en los procesos vivos de lucha de la clase obrera, hubo ocasión para celebrar el primer congreso. Hablamos del Congreso Constituyente, celebrado aquel 28 de junio. Como se ve, el mismo fue el retrato de un proceso previo de confluencias políticas de corrientes socialistas diversas, donde había una primacía ya latente del reformismo que caracterizaba a la socialdemocracia reagrupada detrás de la II Internacional. 
 Esto se constató rápidamente sobre varias cuestiones. La más importante probablemente fue cuando luego del reguero de conflictos obreros, la Argentina atravesó en 1902 por primera vez en su historia una huelga general. La medida fue convocada por la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), la central gremial que había sido fundada tan solo un año atrás como expresión de estas revulsiones ascendentes. Se trató como se puede apreciar de un suceso histórico para la clase obrera, que expresaba un grado de maduración y desarrollo superlativo unificando los procesos huelguísticos particulares en un hecho nacional. La respuesta del gobierno de Roca -pero detrás de él, de todo el régimen oligárquico- fue inmediata, apurando la denominada “Ley de Residencia” en las cámaras del parlamento a fines de poder extraditar o impedir la llegada de inmigrantes ligados al anarquismo o al socialismo. 
 Sin embargo, la actitud del Partido Socialista fue cuanto menos traidora y criminal. Pocos días después del hecho lo caracterizaron como “una obra descabellada y absurda que no encuentra otra atenuación que la conducta también descabellada y absurda del Gobierno en los recientes sucesos”. Una concepción que cayó con agrado entre los medios de comunicación del establishment. Entre 1901 y 1902 la cuestión de la huelga general estuvo en el eje del debate de los socialistas. No solo en Argentina, sino en el mundo. No hay que dejar de lado en el análisis la inserción del PS en la II Internacional, que en sus congresos ya venía discutiendo el punto. En 1900, de hecho, la comisión encargada de discutir el punto de la huelga general quedó escindida en París. El ala predominante alegaba que la cuestión de la huelga general “era importante”, pero que “no tenía relevancia en el próximo tiempo en el escenario internacional”. No se trataba de un error de caracterización, sino de la pudorosa confesión de adaptación al régimen de la socialdemocracia. La huelga general que marcó la revolución rusa de 1905 no hizo más que tirar por la borda esta perspectiva. Se trataba de los elementos que tendrían su punto cúlmine en la ruptura por parte del Partido Bolchevique para fundar la III Internacional, tras la discusión sobre la cuestión de la guerra imperialista que ubicó a los socialdemócratas en la defensa de los “intereses nacionales” -de las potencias imperialistas, claro-. 
 En los meses previos a la gran huelga de 1902, ya el PS se había referido a las huelgas de Rosario como “un conato desgraciado, pues además de no haber participado en ese movimiento sino una escasa minoría, fue un fracaso, dejando como consecuencia varias víctimas, un profundo desaliento en las filas obreras y el fracaso de los estibadores”. Se trataba además de una delimitación forzada con el anarquismo, cuya participación en los procesos de huelga no había sido cuanto más numerosa, pero sí más decidida frente a ellos. Por ello es que ante la primera huelga general del país, el PS argumentó incluso que “constituía un peligro para la clase obrera producto de la irresponsabilidad de los anarquistas”. 
 Las perspectivas políticas del PS desnudaban por todos los flancos la adaptación de la II Internacional. Por ejemplo, en 1899, la UIA -que encolumnaba a la incipiente burguesía local- convocó a una movilización “en defensa de la industria nacional” reclamando aranceles importativos y otro caudal de medidas en su beneficio. El Partido Socialista deliberadamente tomó partido por los capitalistas extranjeros, alegando que los mismos sostenían una producción cuantiosamente más económica al consumo de las familias obreras del país. Esta caracterización que no explicó la cuestión del desarrollo de la burguesía nacional frente al imperialismo y la necesidad de la independencia política de la clase obrera dejó abierta la puerta para que miles de trabajadores movilizaran junto a la burguesía nacional. No obstante, era el reflejo de toda una adaptación al imperialismo de la II Internacional. Por ello era que el Partido Socialista consideraba que para alcanzar el socialismo, Argentina debía alcanzar un grado de desarrollo “similar” al de Inglaterra, en lugar de plantear la cuestión del imperialismo y las implicancias que revestía en nuestro país dado su carácter semicolonial. Ello fue lo que lo llevó, por ejemplo, a ubicarse en el campo de los golpistas durante la Libertadora en 1955. El PS opuso a Perón, a quien acusaba de “nazi” sin ninguna comprensión del carácter contradictorio de los movimientos nacionalistas burgueses, no desde la independencia de la clase obrera, sino desde un bloque con la oligarquía, el imperialismo yanqui y eventualmente los interventores militares de los sindicatos. Asistimos en esta etapa a la debacle de un partido de la clase obrera en un partido repudiado por la clase obrera, marginal y cruzado por interminables divisiones. La inviabilidad de las “reformas” a favor de los trabajadores que pretendía lograr por dentro del régimen lo fue transformando en un arma directa de la reacción.
 Los “socialistas” que han gobernado Santa Fé para los sojeros y los agroexportadores son la clara confesión de ello. Ni que hablar ya de la integración del PS en sus dos alas principales al Frepaso en 1994 con figuras como Chacho Álvarez, así como la integración del mismo a la Alianza que llevó al poder a De la Rúa en 1999, su paso por las filas del gobierno de Kirchner en 2003 y por ahí sigue la lista de la deriva.
 El PS conserva de socialista tan solo el nombre. La única perspectiva genuinamente socialista que se plantea ante la debacle del capital es la de un gobierno de los trabajadores que abra paso a una nueva sociedad sobre otras bases. Por esta tarea es que nos comprometemos a construir un gran partido obrero. 

 Ailu Ríos 
 Manuel Taba

El golpe de Onganía con el apoyo de toda la burguesía, el peronismo y la burocracia sindical


 El golpe de estado autodenominado “Revolución Argentina” producido hace 55 años, el 28 de Junio de 1966, buscó implantar una derrota y regimentación de la clase obrera, y reformular el régimen político y económico en la Argentina. Sin embargo la que terminaría derrotada fue la propia dictadura a partir primero de la resistencia obrera y estudiantil que la fue desgastando, y luego del ascenso de la clase trabajadora que se coronaría con el Cordobazo. En esta nota intentaremos realizar un análisis del golpe y la intervención que tuvieron distintas fuerzas políticas ante este, entre ellas Política Obrera (PO, predecesora del Partido Obrero). 

 Una crisis de régimen 

El golpe del 66 derroca al gobierno de Arturo Illia, que había llegado a la presidencia en las elecciones de julio de 1963 con tan solo un 25% de los votos, y alrededor del 20% de votos en blanco que representaban un rechazo popular a la proscripción del peronismo. 
 En todo el periodo posterior al golpe del 55 de la llamada “Revolución Libertadora”, la burguesía había sido incapaz de integrar al peronismo a un régimen político estable. Frente a la división que había en el ejército entre “azules” y “colorados” sobre si se debía buscar una integración paulatina del peronismo o sostener indefinidamente su proscripción. Illia salió electo cuando los “azules” lograron que se convocara a elecciones, pero se terminó imponiendo la proscripción del peronismo. 
 El peronismo, en tanto, procesaba su propia crisis. A los diez años de haber sido desalojados del poder por un golpe militar sin haber ofrecido resistencia, se sumaba la entrega de la huelga general de 1959 estallada a partir de la represión a la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, y la impotencia del peronismo y la burocracia sindical ante la anulación frondizista-militar del triunfo peronista en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en 1962. 
 El “operativo retorno” de Perón de 1964 buscaba realinear a su tropa, pero su fracaso (Perón fue bloqueado en Brasil) demostraba lo que sostuvo el PO en uno de sus primeros documentos (1): que Perón volvería a la Argentina solo cuando la burguesía lo necesitara para contener un ascenso revolucionario. 
 Estas derrotas, sumado a las constantes defecciones del peronismo y la burocracia sindical habían provocado una desmoralización de la clase trabajadora, a partir del cual –en el marco de una recesión económica-se montó un aumento de la desocupación y una ofensiva patronal y del gobierno sobre los salarios. 
 El gobierno de IIlia, a partir de la bonanza de una buena cosecha y la mejora de los precios de exportación, intentó reactivar el proceso productivo y el golpeado mercado interno con el ensayo de una política intervencionista: la anulación de contratos petroleros entreguistas que había firmado Frondizi, la aplicación de un control de cambios, la ley de medicamentos que perjudicaba a las empresas farmacéuticas. El Partido Comunista celebraba el “coraje” de Illia y su supuesta evolución política antiimperialista. Esto pese a que el gobierno pagó onerosas indemnizaciones en las negociaciones con las empresas petroleras, y a que el excedente comercial se orientó fundamentalmente al pago de intereses de la deuda externa (acuerdos con el Club de París). Y defendió internacionalmente la política yanqui en Vietnam, saludó a los golpistas de Bolivia y Brasil y, si bien no se llegó a enviar tropas a la invasión yanqui a Santo Domingo para aplastar una fuerte rebelión popular -por la masiva oposición interna y la crisis que provocó- adhirió a la creación de una Fuerza Interamericana de Paz a su servicio.
 Pero el gobierno de Illia y el régimen iban entrando a una crisis más profunda. Las medidas proteccionistas que quiso ensayar le produjeron roces con sectores del imperialismo y la burguesía, y representantes mediáticos de esta. A la vez la burguesía reclamaba una ofensiva más decidida sobre la clase obrera para eliminar conquistas, imponer una mayor “racionalización”-explotación e incrementar la “productividad”- que el gobierno de Illia demostraba no contar con las condiciones políticas para llevarla adelante: había fracasado en su intento de reglamentación de la actividad sindical y no lograba concitar el apoyo de las masas que lo identificaban como un representante del gorilismo histórico. 
 La burocracia de la CGT lanzo un plan de lucha pero lo dividió en sucesivas etapas para contener y mantener su control sobre la clase obrera. Sin embargo, se evidencio que seguía manteniendo su poder de fuego y, también, la potencialidad que podría desarrollar el movimiento obrero. La última “etapa” de dicho “Plan” fue la toma de once mil empresas, pero esto no abrió ningún curso revolucionario, porque se trato de una acción controlada y administrada. 
 A esta situación, se sumó que en las elecciones legislativas de marzo de 1965, Illia intento aprovechar las divisiones del peronismo para derrotarlo, permitiendo su presentación electoral (bajo la denominación de Unión Popular),pero fracasó, alcanzando la victoria la lista peronista. Volviendo a colocar a la burguesía frente al problema de qué hacer frente a las elecciones presidenciales de 1967 y un seguro triunfo del peronismo. 

 Tendencia internacional 

A nivel internacional, EE.UU., en su lucha contra la “insurgencia” desarrollaba en Latinoamérica una fuerte campaña “anticomunista”, basada en la llamada “doctrina de seguridad nacional”. La Escuela –militar- de las Américas promovía golpes y dictaduras en toda la región, para disciplinar su “patio trasero”, volteando a gobiernos nacionalistas burgueses o populistas. 
 En marzo de 1964 un golpe de estado en Brasil, derribo al presidente Goulart y colocó en su lugar a Castello Branco. En noviembre de ese año, un golpe militar en Bolivia destituye a un presidente del Movimiento Nacionalista Revolucionario, electo pocos meses antes y coloca una Junta Militar presidida por Rene Barrientos. En el curso de 1965 las Fuerzas Armadas ocuparan los pueblos mineros y producirán una masacre de trabajadores. En abril de 1965 los yanquis realizan un desembarco en la República Dominicana para enfrentar una rebelión popular e impedir que triunfara “el comunismo”.
 Este cuadro latinoamericano, de ofensiva reaccionaria, fue disparado como reacción al triunfo de la revolución cubana de 1959 y la derrota del desembarco contrarrevolucionario de 1961 en Playa Girón.
 Si bien el gobierno de Illia estaba alineado con la ofensiva yanqui contra la “subversión”, no demostraba tener las condiciones políticas para emprender un ataque en regla sobre las conquistas obreras, ni dotar de estabilidad al régimen político, logrando representar los intereses del conjunto de la burguesía. El golpe ya estaba en marcha. Fue uno de los golpes más anunciados y más alentados por la gran mayoría de la burguesía y las burocracias sindicales. Los militares “azules” encabezados por Juan Carlos Onganía comenzaron a marcar la cancha de un modo insistente: pugnando por el alineamiento con el imperialismo yanqui en Santo Domingo y desatando un conflicto chauvinista con Chile. 

 Un golpe con el apoyo de toda la burguesía incluyendo al peronismo y la burocracia sindical 

En la asunción de Onganía se hicieron presentes, además de la plana mayor de las fuerzas armadas, representantes de la iglesia y de todas las cámaras patronales argentinas (la Sociedad Rural, la CRA, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la CGE del “nacional y popular” José Ber Gelbard) y extranjeras. También la dirección de la CGT, con Vandor, y José Alonso, líder de las “62 de pie”. Perón desde Madrid el día del golpe declaraba: “Para mí este es un movimiento simpático porque se cortó una situación que ya no podía continuar (…) Si el nuevo gobierno procede bien, triunfará. Es la oportunidad de la Argentina para evitar que la guerra civil se transforme en la única salida (…) Dios quiera iluminar a Onganía y sus muchachos, y que estos muchachos acierten”. (2) 
 Por su parte el exembajador norteamericano Braden declaraba: “La Revolución Argentina es la mejor cosa que le ha ocurrido a la Argentina en mucho tiempo” (3). De esta manera la “Revolución Argentina” lograba algo inusitado: el apoyo desde Braden hasta Perón, consiguiendo una unanimidad política pocas veces vista en la historia argentina. “El optimismo en el ámbito patronal, se reflejó con las alzas registradas en la Bolsa, donde algunos papeles llegaron a subir 70 puntos.” (4). 
 Se trataba de un verdadero frente unido de toda la burguesía y la burocracia sindical en apoyo al golpe. La incapacidad de los partidos de la burguesía para resolver la integración del peronismo y domar la organización y combatividad de los trabajadores, condujo finalmente a que aceptaran su disolución y que el estado fuera dirigido por las Fuerzas Armadas. Se constituyó como un gobierno bonapartista, de arbitraje entre las clases dominantes, oposición contra los trabajadores y represión contra la izquierda y una evolución de radicalización en sectores de las masas. Para ahuyentar un triunfo peronista en las elecciones de 1967 se daba un golpe preventivo anulando sin fecha esas elecciones. Dicha unanimidad política le permitió a Onganía proclamar que sus objetivos no tenían plazos, consolidando el golpe con la proscripción al conjunto de las fuerzas políticas. 
 El “peronismo revolucionario” referenciado en las ’62, mantuvo su seguidismo a Perón guardando silencio junto al resto de sus dirigentes “deseosos de no entorpecer algún posible curso popular.”(5) 
 Y la llamada “izquierda nacional” (PSIN) de Abelardo Ramos sostenía que ante el golpe había que esperar “hasta que los hechos hablen”(6) ya que Onganía podía llegar a convertirse en un “segundo Perón” o “un nuevo Nasser”. Fomentaban la esperanza de que los militares iniciaran un nuevo curso “nacionalista” similar al golpe de 1943, del que surgió Perón. 
 En el N° 1 del periódico Política Obrera (5/7/1966), denunciábamos todo esto y polemizabamos con las corrientes de izquierda que se habían enfeudado en un apoyo a la burocracia sindical vandorista a la que veían como progresiva: el MUCS (brazo sindical del PC), los morenistas del PRT (ex Palabra Obrera, recientemente disuelta después de años de “entrismo” conservador en el peronismo) y el posadismo (PO T).Esta política entraría en contradicción por los acuerdos de la burocracia con el golpe de Onganía. 
 El PC se opuso al golpe de Onganía al que tildo de fascista, identificándose con el gobierno “democrático” de Illia y con los partidos burgueses llamándolos a “un frente democrático… cuando la burguesía que está detrás de esos partidos resolvió apoyar al ‘nuevo orden’(PO N° 1).La radicalización del PC en la “caracterización” de “fascista”, encubría su oportunismo en el llamado a un frente “democrático” (de conciliación de clases) con los partidos burgueses. Pero no se trataba de un régimen fascista, sino de una dictadura bonapartista burguesa contra las masas. El fascismo implicaba la movilización de las clases medias contra el proletariado. Pero los ataques de Onganía a las conquistas democráticas de esa pequeñoburguesía (intervención a las universidades, censura artística, moralina católica, etc), iba a enajenar su apoyo y llevarla a un campo de lucha contra la dictadura y de alianza creciente con el proletariado, que culmino, con su movilización en el “Cordobazo” de 1969. 

 Política Obrera: desde el primer día movilizado contra el golpe y en defensa de los sindicatos y organizaciones obreras

 Política Obrera (PO) -que se había conformado pocos años antes- se delimitó de entrada denunciando el carácter reaccionario y represivo del mismo y llamando a resistirlo. El mismo 28 de Junio de 1966, mientras se producía el golpe, publicábamos un volante y declaración pública en la que se advertía: “el golpe militar que se ha producido es una expresión de una tendencia hacia una salida más reaccionaria aún para la crisis del país; es una expresión del curso derechista de la política de clase patronal imperialista y nacional”.(7) Y advertía a los delegados y activistas sobre “la necesidad de elaborar planes de acción y defensa” para enfrentar a la dictadura. 
 A la semana del golpe, en su periódico Política Obrera, denunciaba que “si la CGT no ha sacado una vigorosa denuncia del golpe es porque no aspira más que a integrarse a él.”(8) 
 Justamente esa fue la caracterización que Política Obrera sostendría sobre el golpe en sus siguientes materiales “una síntesis reaccionaria del peronismo y la Revolución Libertadora”: que tomaba del peronismo su tendencia a estatizar y regimentar al movimiento obrero a través de apoyar la integración estatal de la burocracia sindical, y de “la Libertadora” el objetivo de eliminar la presencia de la base sindical en las fábricas y las conquistas obreras. En esos primeros números de la nueva época de Política Obrera, se dedicaba una parte importante de su contenido a analizar las principales luchas obreras y sindicales en curso. No eran solo denuncias, sino análisis concretos de la intervención de cada corriente en la lucha en curso. Y de los debates que se desarrollaban en el seno de la vanguardia obrera, en elaboración y debate directo con sectores de esta. Planteando políticas alternativas a las burocráticas de empantanamiento y traición a la lucha obrera. No eran notas “sindicales”, sino de política sindical. Por una salida política antidictatorial (y anticapitalista). 

Luchar por derrocar a la dictadura. Por una Asamblea Constituyente Soberana

 El editorial del PO denunciaba también que los “funcionarios principales a cargo de la conducción económica son conocidos agentes del capital financiero”. Llamaba a enfrentar la política represiva y de ataque a las conquistas obreras y democráticas levantando la consigna de “abajo el gobierno dictatorial”. Y “frente al régimen de excepción que quiere instaurar la dictadura, nosotros exigimos que sea una Asamblea Constituyente la que decida la constitución política del país”.
 El editorial era muy claro sobre el carácter transicional y extraordinario de esta consigna: “Nosotros nos oponemos a la consigna de Asamblea Constituyente como consigna histórica que resume las tareas revolucionarias que se propone la clase obrera porque consideramos que la misión histórica de una Asamblea Constituyente que es organizar al país en función de las necesidades de la burguesía, es una tarea, que en lo esencial, está cumplida. Si hoy levantamos esta consigna es, en un sentido táctico, como expresión de los objetivos democráticos generales que se imponen a la clase obrera y pequeña burguesía empobrecida para rescatar sus más elementales derechos políticos. Esta consigna unifica hoy los intereses democráticos del proletariado y de todas las masas de la población, y debe ser entendida como consigna de transición entre la situación de retroceso actual y el objetivo de la revolución socialista”. El PO planteaba que no iba a ser la dictadura la que convocara a una Asamblea Constituyente soberana. Esta iba a surgir del derrocamiento de la dictadura y un nuevo gobierno revolucionario, que el PO luchaba para que fuera un “gobierno obrero y popular”. 
 Planteaba también que era una consigna fundamental para desarrollar en el movimiento sindical: “el movimiento sindical debe enfrentar el máximo peligro en la presente etapa: su control por el estado”. Unía la lucha contra el totalitarismo de la dictadura y la burguesía en la vida política nacional, con la lucha por la independencia de los sindicatos. 

 La militancia bajo la dictadura: un salto del PO 

El PO había sacado desde su fundación, 4 revistas teóricas, 6 “suplementos” políticos y varios folletos (retorno de Perón, contra la devaluación monetaria, denunciando la política oportunista del PC, etc.). Pero el crecimiento organizativo del PO y su desarrollo cualitativo (buscando ligarse a la vanguardia obrera, desarrollando una organización y agrupamiento en el movimiento estudiantil y la juventud) había llevado a plantearse armar un trabajo político más estructural. Empezando por la salida regular de periódico y una creciente agitación política. El estallido del golpe no postergo este objetivo, sino que lo aceleró, lo puso al orden del día:Una semana después del golpePolítica Obrera comenzó a salir quincenalmente! Y nunca dejó de salir, ni siquiera bajo la dictadura de Videla!
 En próximas notas iremos reseñando la intervención del PO en la lucha de clases y los desafíos que tuvo que afrontar. 

 Un proceso que abrirá lugar al desarrollo del clasismo y al Cordobazo 

Mientras la dictadura mantenía una relación dual con la burocracia sindical. Por un lado quería regimentarla a fondo para separarla del peronismo y utilizarla como “policía del trabajo” contra las luchas obreras. Por el otro, tejía puentes para pagarle su corrupción (más adelante llego a otorgarle la administración de un sistema de fondos de las obras sociales, sostenido por aportes obligatorios de patrones y obreros). El gobierno de Onganía comenzó una política de ajuste en regla: transfirió tierras del estado a la iniciativa privada, incrementó las tarifas de electricidad, privatizó las emisoras oficiales de televisión y radio, dejó sin efecto la anulación de los contratos petroleros; a la vez que la moneda se devaluó un 6,8% mientras se sostenía el congelamiento salarial y se derogó la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil, y las paritarias. 
 La dictadura de Onganía irá sosteniendo una orientación cada vez más reaccionaria con la implementación de una Ley Anticomunista, la intervención de las Universidades Nacionales con la “Noche de los bastones largos” en la UBA y la represión en Córdoba(que desarrollaremos en una próxima nota), y una ofensiva permanente contra el movimiento obrero, comenzando por sectores estratégicos como portuarios, ferroviarios y el cierre masivo de Ingenios en Tucumán. Los crecientes enfrentamientos de trabajadores y sectores estudiantiles, la resistencia sostenida por el activismo frente al abandono de la burocracia sindical; irían preparando el camino para el ascenso del clasismo (en el que el POtendría un importante papel),y el levantamiento popular que explotaría en 1969 a partir del Cordobazo. 

Miguel Eibuszyc
   
 [i] Política Obrera frente al retorno de Perón (1964)
 [3] Extraído del Boletín quincenal de Política Obrero N° 3 del 9 de Agosto de 1966.
 [4]González E. (1999), op. cit. pp. 134. 
[5]Galasso, N. (2005): “Cooke, de Perón al Che”. Citado en Defensa del Marxismo N° 49 pp. 142. 
[6] Revista Izquierda Nacional, año 1 N° 2. Citado en Política Obrera N° 4 del 25/8/66 pp. 25. [
7] Reproducido en el Boletín quincenal de Política Obrera N° 1. [8] Ídem.

Un golpe contra el ascenso obrero y popular de los 70


Este 27 de junio se cumplen 48 años del golpe cívico militar y el comienzo de la huelga general con que los trabajadores enfrentaron a la naciente dictadura. Frente a los intentos de borrar estos acontecimientos de la memoria colectiva la Coordinadora 27 de junio convoca a movilizase el domingo
 Desde distintos sectores sociales, e inclusive medios de comunicación, parece haber un intento de borrar de la memoria colectiva un hecho tan importante como el golpe de estado cívico militar del año 73. 
 Los 27 de junio de cada año parecen ser un día común, sin grandes actos conmemorativos que recuerden el aniversario del comienzo de la dictadura y de la huelga con la que los trabajadores la enfrentaron. No se trata de un hecho casual, se pretende cubrir con un manto de olvido las atrocidades que cometieron los militares contra los trabajadores y también la responsabilidad política que tuvieron integrantes de los partidos que hoy se encuentran en el gobierno para que los acontecimientos se dieran de esa manera. 
 Una variante de esta posición es la que propone entender el golpe como una consecuencia del accionar de la guerrilla del MLN, es decir que en todo lo que hicieron los militares (con apoyo de sectores civiles) caso fue una simple respuesta a las acciones de los tupamaros en los años previos. 
 Con la huelga general sucede algo parecido, se intenta minimizar su significado y presentarla como una acción popular que solo intentaba defender la democracia. Como trasfondo de todos estos intentos de deformación de la historia se encuentra el ocultamiento del ascenso obrero y popular que en Uruguay (al igual que en otros países de Latinoamérica y el mundo) ponía en jaque al capitalismo y abría las posibilidades de una profunda transformación social . 

El ascenso obrero de los 60 y 70 

 El golpe que se consumó en junio del 73 no fue hecho azaroso. 
 El Uruguay no fue la excepción en un panorama regional y mundial de ascenso obrero, revoluciones y rebeliones contra los colonialismos, así como de auge de luchas por los derechos civiles y democráticos.
 El mayo francés y la revolución cubana son algunos de los hitos de esas décadas en que trabajadores y estudiantes cuestionaban el orden burgués en el marco de luchas y movilizaciones que se extendían por todo el planeta. 
 El golpe fue el corolario de un avance represivo que en nuestro país comenzó con las Medidas Prontas de Seguridad que dictaron distintos gobiernos desde mediados de los 60.
 La supresión de garantías constitucionales apuntaba a enfrentar el creciente proceso de movilización que los trabajadores y el pueblo uruguayo llevaban adelante para enfrentar los ataques sobre las condiciones de vida que intentaban descargar los gobiernos blancos y colorados. La relativa bonanza de posguerra comenzó un lento declive desde mediados de los 50 y esto repercutió en pérdidas salariales y aumento de la inflación, así como en los primeros acuerdos con el FMI con sus recetas de liberalización de la economía y endeudamiento externo. 
 Ante estos ataques los trabajadores llevan adelante grandes acciones de resistencia, en un contexto de radicalización y ascenso, que en perspectiva abrían la posibilidad de romper con el imperialismo y avanzar cambios estructurales que terminaran con el capitalismo.
 Las clases dominantes, con la complicidad de blancos y colorados implementan distintas medidas represivas, con una mayor injerencia de las fuerzas de seguridad (policías, fuerzas armadas, bandas parapoliciales, etc.) con desalojos, detenciones, ilegalizaciones de grupos políticos, represión de movilizaciones etc.

 La huelga general enfrenta la naciente dictadura 

 El golpe abre un periodo en que se implementan cambios económicos regresivos que disminuyen drásticamente las condiciones de vida de los sectores populares (trabajo, salud, educación) y a la vez promueven mayores ganancias empresariales y una mayor injerencia imperialista y de las multinacionales.
 El golpe del 27 de junio desencadenó una huelga general por casi 15 días en que los trabajadores enfrentaron heroicamente a la naciente dictadura. En la noche que se decreta la disolución de las cámaras y la imposición del gobierno de facto de Bordaberry y las fuerzas armadas, fueron la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, y sectores populares quienes se opusieron al golpe. 
 Con gran heroísmo las bases obreras (pese a las vacilaciones de la dirección de la CNT) ocupaban sus lugares de trabajo, resistían la proscripción de los sindicatos y sufrían detenciones masivas de sus principales dirigentes y activistas. 
El movimiento estudiantil acompañó la Huelga con movilizaciones masivas que fueron brutalmente reprimidas y que le costaron la vida a dos estudiantes, Ramón Peré y Walter Medina.
 La Huelga duró 15 días en los que la clase obrera dio enormes demostraciones de valentía y disposición a la lucha. Pero la dirección mayoritaria de la CNT (hegemonizada por el Partido Comunista) no desarrolló todo el potencial de ese gran movimiento dispuesto al combate y renunció a postular a la clase obrera como sector social que podía convertirse en hegemónico entre las clases subalternas para derrotar el golpe militar. 
 Esta alternativa podría haber abierto la posibilidad de profundizar el cuestionamiento del orden burgués y llevar a cabo un cambio revolucionario.
 El 12 de Julio la dirección de la CNT decidió levantar la medida llamando a resistir “por otros medios”. 
 Esta posición era la continuidad de la política de confianza en un sector de los militares considerados “patriotas” o “peruanistas” (como ya habían hecho en ocasión de los comunicados 4 y 7 de los militares de febrero), lo que llevó al movimiento a un callejón sin salida, y que permitió en definitiva que la burguesía infringiera una derrota física y moral a toda un generación y una relación de fuerzas favorable a los sectores reaccionarios de la sociedad.
 Por otra parte, los “demócratas” de la burguesía lejos de resistir el golpe de Estado en las calles, demostraron su cobardía no solo frente a los militares, sino también frente a la movilización popular, a la que en todo momento observaron temerosos.
 El interés de estos sectores era que nada se saliera de los carriles de la negociación y el respeto a las instituciones de la democracia para ricos. 

 La dictadura cívico militar 

 La derrota de la huelga, en la que también tienen responsabilidad las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero, abrió las puertas a más de 10 años de gobierno autoritario. 
 Decenas de miles de presos y exiliados, asesinatos políticos y desapariciones durante el gobierno cívico militar es el costo que pagaron los trabajadores en la resistencia a los planes antipopulares.
 Los que implementaron este modelo socioeconómico así como los que cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos hoy están libres gracias a la impunidad que les garantizó el régimen político desde el Pacto del Club Naval en adelante. 
 El aparato represivo no fue desmantelado y lo esencial de toda esa estructura se mantiene hasta el día de hoy. 
 El Golpe de Estado de Junio fue apoyado por las grandes patronales nacionales y extranjeras, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos del Uruguay, y la Cámara de Industrias del Uruguay. Todas estas instituciones reaccionarias, sumadas a algunos sectores de la Iglesia y a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales (Partido Nacional, Partido Colorado y la Unión Cívica) promovieron que los militares dieran la asonada. 
 Vale recordar que ya desde antes, en el gobierno de Jorge Pacheco, los partidos tradicionales sostuvieron la política represiva de éste, la instauración sistemática del régimen de excepción a través de las medidas prontas de seguridad y la declaración del estado de guerra interno en 1972, medida que fue votada por el parlamento y apoyada por los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales. 
 El golpe fue el punto cúlmine de esta política represiva, que a sangre y fuego se propuso detener el ascenso obrero y popular y el exterminio de toda una generación que luchaba por terminar con el capitalismo. 
 Fue también la respuesta que tuvo el imperialismo a nivel regional, por eso se suceden los golpes en Chile, Argentina, Bolivia y otros países y se expresa en la coordinación represiva del Plan Cóndor. 

 Ayer y hoy políticas represivas 

 Con distintos gobiernos y a lo largo de las décadas podemos observar una continuidad en las políticas represivas que lleva adelante el Estado. 
 El capitalismo no se sostiene sin represión; a veces más descarnada y cruda como cuando los militares dieron el golpe de estado o a veces más sutil y con ropajes democráticos como en estos últimos 35 años. 
 En los 60 y 70 la represión tuvo como cometido el aniquilamiento de los militantes trabajadores y estudiantes que estaban al frente de las luchas populares y resistiendo con una perspectiva anticapitalista el ajuste que en ese momento se quería implementar. 
 Hoy, detrás de la consigna de mayor seguridad, se quiere imponer la mano dura y la represión como “solución” a los problemas que genera el propio régimen social. Grandes sectores de excluidos están en el foco de todos los mecanismos de control social que dispone el Estado, desde las leyes penales hasta las fuerzas represivas; y en mayor o en menor medida todas las variantes del régimen proponen cárcel, condenas más largas y más castigo para aquellos que quedan en los márgenes del sistema. 
 En los próximos años los ajustes tenderán a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores; con el aumento de las fuerzas represivas y las leyes más duras también el régimen se prepara para enfrentar a los que como en los 60 y 70 opongan resistencia. 
 La lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado, los torturadores y genocidas libres son señales de que se intenta preservar al aparato represivo y reconciliar a las fuerzas represivas con la sociedad, para poder recurrir a ellos cuando vuelva a ser necesario.
 Este nuevo aniversario del golpe de estado se da en un contexto en que el gobierno de la Coalición Multicolor, formado por los impulsores directos de la ley de caducidad e incluso de los que reivindican el accionar represivo estatal de los 60 y 70, promueve tácita o explícitamente el olvido y el perdón para los crímenes de lesa humanidad, y a la vez propone un claro avance represivo en el presente con la Ley de Urgente Consideración, sus operativos policiales y sus políticas de criminalización de la pobreza, como ha sucedido en estas semanas en el Barrio San Miguel de Santa Catalina. 

 A movilizarnos este 27 de junio

 Esta es la lucha en que nos encontramos hoy, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, contra la impunidad de ayer y de hoy y contra el nuevo avance represivo que se intenta imponer. 
 Hoy, ante el fallecimiento del torturador y asesino más despiadado de Uruguay, José Nino Gavazzo, debemos salir fuertemente a las calles a seguir gritando MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.
 A pesar de las múltiples condenas Gavazzo estuvo preso en cárcel vip o en su propia casa y gozó de múltiples privilegios; la lucha es también por cárcel común para los genocidas, que los asesinos, violadores y torturadores de la dictadura no sigan muriéndose impunemente, y que paguen por los crímenes que cometieron. La Izquierda Diario Uruguay convoca a marchar este domingo en recuerdo de aquellos hechos, junto a la Coordinadora 27 de junio, a partir de la hora 13, desde la Explanada de la Universidad hacia la Embajada de Estados Unidos. 

 La Izquierda Diario Uruguay
 Sábado 26 de junio | 15:09