jueves, enero 31, 2019

Respondamos al bloqueo de Trump contra Venezuela



Amenaza de intervención militar

Trump acaba de adoptar las medidas más extremas contra Venezuela, si se exceptúa la agresión militar. Por un lado, ha bloqueado los activos del Estado venezolano en Estados Unidos, lo cual no excluye a los que se encuentran en el resto del mundo, debido al derecho de veto que se atribuye Estados Unidos sobre todas las transacciones internacionales nominadas en dólares. El bloqueo de los activos de Venezuela por parte de Estados Unidos significa, de inmediato, el bloqueo de la venta de petróleo de Venezuela a las refinadoras con sede en Estados Unidos, ya que retiene la contrapartida en dinero que deben pagar los importadores. De igual modo, embarga la importación, por parte de Venezuela, de los aditivos químicos necesarios para el tratamiento del crudo pesado y embarga también la importación, por parte de Venezuela, de los combustibles que se refinan en Estados Unidos con el crudo venezolano -de nuevo, por el bloqueo de la transacción correspondiente.

Macri y Bolsonaro

Estas medidas colocan a la refinadora venezolana Citgo, que opera en Estados Unidos, bajo la supervisión operacional del Departamento de Justicia norteamericano, que se convierte, de hecho, en el gerente de la compañía. Esto no solamente violenta el derecho de propiedad de Venezuela (con el pretexto de resguardarla) sino también, por caso, de los derechos internacionales de empresas rusas, que poseen en 49% de Citgo en calidad de garantía o colateral por préstamos otorgados a Venezuela. La Justicia norteamericana acaba de fallar a favor del resarcimiento de la minera canadiense Cristallex, nacionalizada por el chavismo, autorizando el embargo del valor equivalente de los activos de Citgo. Las medidas violentas de Trump fueron saludadas con un alza de la cotización de la deuda externa venezolana -del 0,10 a 0,35 centavos de dólar-, por la que los acreedores no han pedido hasta ahora el defol. La deuda de vencimiento inmediato cotiza, por esta razón, al 95% de su valor de emisión la pregunta es ahora si Maduro la seguirá pagando, como lo ha venido haciendo, ¡en el marco del bloqueo!
Estas medidas contra Venezuela equivalen, de hecho y también de derecho, a una declaración de guerra. Sin embargo, han sido saludadas por los Macri y los Bolsonaro de América Latina, así como también por los Massa y los Pichetto -los mismos a quienes el kirchnerismo convoca a la unidad contra Cambiemos. Trump y sus secuaces internacionales proceden de este modo sin la hoja de parra de las Naciones Unidas, luego de que fuera derrotada, en el Consejo de Seguridad de la ONU, su moción de reconocer a Juan Guaidó como presidente ‘encargado’ de Venezuela.

¿“Elecciones libres”?

La ficción jurídica que avala esta agresión económica consiste en presentar a Juan Guaidó como el verdadero titular del Estado venezolano, sin que esto se encuentre avalado por ninguna norma constitucional. Guaidó ha ‘asumido’ sus pretendidas funciones sin siquiera el voto de la propia Asamblea Nacional. El levantamiento del bloqueo impuesto a Venezuela tendría lugar luego de que un ‘gobierno de transición’ haya convocado a ‘elecciones libres’. La falacia del planteo apenas esconde su arbitrariedad y sus intenciones reales, porque bajo las condiciones de un bloqueo, el ‘gobierno de transición’ sería, en realidad, un gobierno vasallo, y las ‘elecciones libres’ las más condicionadas de la historia moderna de cualquier país. Al final de este proceso, el imperialismo yanqui liberaría los activos de Venezuela a un gobierno títere.
Las posiciones del bloque imperialista no son homogéneas, aunque se parezcan casi como dos gotas de agua. Los yanquis y los gobiernos de derecha de América Latina exigen un ‘gobierno de transición’ encabezado por Guaidó -o sea un golpe de Estado en toda la línea. Para la Unión Europea, ese gobierno, encargado de convocar a elecciones generales, debe ser el resultado de una negociación. La diferencia no traduce solamente intereses contrapuestos, en el cuadro de sanciones económicas y bloqueos de activos que caracterizan, en parte, a la guerra económica internacional en desarrollo entre las diferentes potencias. Está presente también el temor de que un golpe de Estado y un gobierno exclusivo de Guaidó pueda desatar una guerra civil. Las divergencias políticas en el campo opositor se incrementan a medida que presienten la posibilidad de tomar el poder. Un ‘gobierno de transición’ no podría siquiera asegurar una campaña electoral si no encara el derrumbe económico de Venezuela, lo que, en el caso de Guaidó y la derecha, equivaldría a un gobierno del FMI.
El gobierno de Maduro (y en especial el Ejército) se vale de esta alternativa catastrófica para salvar un rol de arbitraje que se agota a enorme velocidad y sus cartas de negociación. En lo que parece una maniobra de guerra psicológica, el asistente de Seguridad de Trump, John Bolton, dejó fotografiar su cuaderno de notas, donde anuncia el envío de 5 mil tropas yanquis a Colombia, mientras llegaba a ese país el jefe del Comando Sur del Pentágono norteamericano. Por distante que pueda parecer una intervención militar internacional en Venezuela, ella se encuentra inscripta como una alternativa en caso de una división de la cúpula militar del chavismo. Quienes alegremente se posicionan en favor de la ‘democracia’ que alienta el proto-fascista Trump, pasan por encima de la amenaza de intervención imperialista en Venezuela y lo que ella representaría para el conjunto de América Latina.

¿“Resistencia”?

El oficialismo venezolano cuenta con el apoyo internacional de Rusia, China, Turquía, Irán y contados gobiernos latinoamericanos, pero también con el de Sudáfrica y varios de Europa del este, que se alinean con Putin o tienen una posición de compromiso con Rusia. En función de esta configuración, varios comentaristas creen ver una reproducción de la situación en Siria. En todo caso, es claro que la crisis venezolana se ha integrado a la crisis internacional y que se encuentra condicionada a negociaciones entre actores muy alejados de los intereses de Venezuela y de las masas venezolanas. América Latina se ha convertido en un campo de disputa en la guerra económica de Trump contra China y en la guerra política contra Rusia. La posibilidad de una salida para el chavismo, mediante la reorientación del comercio del petróleo hacia Asia, tiene, por lo menos, alcance limitado, de un lado por el derrumbe de la economía petrolera venezolana y del otro porque la deuda acumulada por Venezuela con Rusia y China es insustentable. La salida a la crisis de Venezuela y la derrota, por sobre todo, del bloqueo y la intervención imperialista, está condicionada a la lucha de clases a nivel internacional y especialmente en América Latina. Cada golpe que se inflija a Trump y a los gobiernos de derecha de América Latina será un refuerzo en favor de una salida anti-imperialista en Venezuela.
La intervención imperialista se ve potenciada por el derrumbe del chavismo en todos los planos, como se manifiesta en la miseria descomunal en que ha hundido a los trabajadores, en la destrucción de la industria, en la emigración forzada de millones de personas y en la pretensión de salir de esta debacle mediante la entrega de los recursos mineros a los capitales de China, Rusia y otros. Es un régimen sin salida. En los últimos días se han producido movilizaciones en los reductos chavistas contra el gobierno (Petare, oeste de Caracas) debido a la situación desesperante en que se encuentran las masas, pero sin una dirección política independiente. La expresión “Maduro resiste al imperialismo” es un eufemismo: no moviliza a las masas sino a su aparato paramilitar; no desarrolla un control colectivo y una gestión obrera de los recursos productivos, sino que busca un compromiso con el imperialismo, sea en forma directa, sea por la intermediación de Putin, Xi Jinping o Erdogan. La lucha contra la intervención imperialista no puede implicar ningún apoyo al régimen, porque debe servir como una vía de salida comandada por los trabajadores.

Cómo derrotamos al imperialismo

El llamado ‘populismo’ latinoamericano tampoco resiste al imperialismo, pues se confina a maniobrar en los foros internacionales. Aunque el caso del kirchnerismo sea el más patético, por las dos semanas de silencio de su jefa, lo mismo ocurre en Brasil y Bolivia; el uruguayo Mujica se ha pronunciado por una transición electoral en favor de la derecha. Unidad Ciudadana sacó un comunicado que repudia el “intento de golpe de Estado”, llama a una solución basada “en el diálogo y en la paz” que plantea la Unión Europea. Del otro lado se encuentran los talibanes de la democracia, a los que les resulta indiferente si ella es el producto de Trump o de una lucha de masas. Reprochan a la izquierda revolucionaria que no acompañe el reclamo político de Trump y la derecha latinoamericana, incluso si está acompañada por el bloqueo y la amenaza de intervención militar. Para este sector ‘progre’, opresión nacional o independencia; explotación y miseria capitalista, de un lado, defensa de los trabajadores, del otro, son válidos como tema de ‘discusión institucional’ -nunca como eje de una lucha de clases, huelgas generales y revoluciones sociales. Observan la crisis mundial desde las alturas de un muro.
No se puede caracterizar adecuadamente la crisis internacional acerca de Venezuela sin atender al amplio campo de la lucha de clases a nivel mundial. Los regímenes de derecha en América Latina asisten impotentes al impacto de la crisis mundial, ven caer sus apoyos en picada y enfrentan luchas populares sin respiro. Lo mismo ocurre en Francia o Hungría e India -o en México, Túnez, Sudán, Irán, Irak, China y Rusia. Trump ha sufrido reveses sucesivos, sea los propinados por sus adversarios capitalistas como por los trabajadores -huelgas docentes e industriales. El Brexit planea en forma catastrófica sobre la economía mundial. La crisis en Venezuela y los ataques del imperialismo no tienen lugar en un período de retroceso de la lucha de clases sino de viraje en la disposición de lucha, cada vez mayor, de las masas.
La crisis venezolana no es local sino internacional. Los trabajadores y la izquierda de América Latina debemos convertirla en foco estratégico de una movilización, que golpee al imperialismo y sus secuaces en cada uno de sus países, y sirva de este modo a una derrota del bloqueo internacional y la intervención militar en Venezuela.

Jorge Altamira

El país de los bosques arrasados



Tras las denuncias de Greenpeace, Chaco derogó permisos de desmonte

Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.

A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. “Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.

Tiempo Argentino

¿Cómo pinta el 2019 para la Argentina?

Empezó el 2019 manteniendo las tendencias económicas heredadas del 2018 en la Argentina: elevada inflación y consolidación de la recesión productiva con impacto regresivo sobre la mayoría empobrecida de la población.
Los pronósticos aluden a una elevación de precios que oscilará entre el 30 y el 35% contra actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales que perderán mayor capacidad de compra, la que se acumula a la perdida de los años previos.
El registro inflacionario de los precios minoristas en 2018 alcanzó el 47.6%, mientras que los precios mayoristas marcaron un 73,5% de aumento, asegurando un remanente de incrementos para el comienzo del 2019, con la lógica consecuencia de un registro elevado pronosticado para todo el año.
Como hemos sostenido, la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, de los que menos tienen a los sectores de ingresos más concentrados, agravando el cuadro de desigualdad vigente en el país.
Desde los organismos internacionales señalan una caída de la actividad económica para el presente año muy por encima del -0,50 % pronosticado por el Gobierno en su presupuesto para el próximo año y que avalara el Parlamento, es decir, oficialismo y oposición cómplice.
La CEPAL alude a una caída del -1,8% y el FMI a una retracción similar del -1,7%, manteniendo la situación del presente año, que a noviembre del 2018 registra una caída del -2,2%, confirmando tres años recesivos de los cuatro de la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019.
El tema de la recesión se agrava porque la menor producción de bienes y servicios derivada de la menor actividad económica tiene que distribuirse para consolidar la estructura del poder concentrado y por ende, hay menos para repartir. Agravado el tema con el condicionante del achique del gasto público para lograr el déficit fiscal primario cero, privilegiando cuantiosos pagos de deuda, asegurados con el ingreso de los fondos del FMI.
Se confirma así una situación que augura un año de empobrecimiento de la mayoría de la sociedad en beneficio del sector más concentrado, el que se explicita en el 10% de la población de mayores ingresos, que como mucho puede extenderse a una 40% en condiciones de superación del ingreso promedio percibido por la población en la Argentina.
Queda claro que los perjudicados de la realidad económica recesiva, tal y como se presenta al comienzo del año afectará al 60% según las propias estadísticas del INDEC.

Impacto en la política en un año electoral y de conflicto social

El interrogante es si esto afectará el objetivo reeleccionista de Macri para un nuevo periodo presidencial entre 2019 y 2023.
Bajo condiciones normales, tras un periodo de gestión de gobierno con deterioro de todos los indicadores sociales, podría vislumbrarse un voto castigo y la expectativa por un nuevo rumbo de la economía y la política.
Sin embargo, la división del peronismo opositor puede facilitar la renovación gubernamental del macrismo. Desde los medios se instala la voluntad electoral divida en tercios entre Mauricio Macri y Cristina Fernández, habilitando la posibilidad de terciar con otra candidatura. Son especulaciones que solo se resolverán cuando se inscriban las candidaturas que disputen la representación política institucional.
En estos días y a propósito del debate sobre Venezuela, la perspectiva estratégica de los principales referentes del peronismo y otros espacios con capacidad de liderar proyecto político electoral, apareció fragmentada en el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro o a la injerencia extranjera y el aliento a un gobierno paralelo en la tierra de Bolívar y Chávez.
No es un dato menor a la hora de definir coincidencias ideológicas sobre el rumbo a definir para el desarrollo inmediato de la política en la Argentina.
Hasta la fecha solo juega la candidatura oficial de Macri, aun cuando algunos auguran variantes y opciones improbables en el macrismo, sea la gobernadora provincial bonaerense o el jefe gubernamental de la ciudad capital del país.
En el campo opositor con probabilidades de acceder al gobierno, son variadas las pre postulaciones sin quedar en claro el mapa de la confrontación electoral, especialmente en el balotaje, lo que se descuenta ante la imposibilidad de lograr alguna mayoría electoral en la primera vuelta de octubre 2019.
La incertidumbre al respecto impacta en una mayor presión del poder económico, los “inversores”, para que no se modifique el rumbo económico de ofensiva del capital contra el trabajo.
Más allá de la disputa por el Gobierno nacional, será 2019 un año de renovaciones en los ejecutivos provinciales, lo que supone una sucesión de elecciones primarias y finales entre febrero y octubre próximos; pero también de renovaciones legislativas en municipios, provincias y en la nación, con un debate político electoral extendido durante todo el año.
Claro que ese debate transitará en simultáneo con una conflictividad social creciente derivada de la reaccionaria política oficial.
Las discusiones políticas trascenderán el escenario electoral y se pondrán de manifiesto en la movilización y organización popular más allá del resultado institucional provincial y nacional.
El verano empezó con movilizaciones populares contra el incremento de las tarifas de servicios públicos, de agua, luz, gas o transporte.
Movilizaciones que recorren todo el territorito interpelando al conjunto de la sociedad y conformando un entramado social y político que contiene a diferentes proyectos políticos electorales, los que no necesariamente confluirán en propuestas unificadas en el proceso electoral.
La imposibilidad de pagar cuentas por parte de las familias o sectores sociales populares organizados en clubes sociales, organizaciones barriales e incluso pequeñas y medianas empresas, convoca a organizar el reclamo por la condonación de las deudas con empresas prestadoras de servicios públicos o entidades financieras que aplican intereses imposibles de cubrir por las menguadas economías familiares y populares.
Desde el movimiento sindical se procesan las condiciones para un paro general antes de finalizar el verano, confluyendo con la tradicional discusión sobre el conflicto educativo a comienzos del año escolar. Los docentes universitarios, con inicio de clases previsto para febrero en algunas casas de estudios, amenazan con paros si no se recupera la escandalosa cifra perdida en 2018, agravada con la perspectiva del 2019.
Es una situación que se comparte con estatales de diversas actividades que sufren la aplicación del ajuste fiscal.

Los programas en lucha

El debate político ya está planteado más allá de las elecciones de renovación de cargos institucionales.
Se asocia la discusión a los niveles de organización popular necesarios para constituir un proyecto político que supere los límites que instala el programa del poder.
Un programa que se sustenta desde el gobierno y la complicidad opositora en el Parlamento y que para el 2019 tendrá epicentro en la reforma laboral y previsional, contenidas en el acuerdo con el FMI y como demanda estratégica del poder económico local y mundial.
La respuesta desde el movimiento obrero, para el caso argentino es sustancial, pues se trata de uno de los países de mayor sindicalización en la región y con una larga tradición de lucha, especialmente con capacidad de convocar y realizar paros nacionales.
Sujetos movilizados en lucha, construyendo un programa propio más allá del resultado electoral, aparece como desafío popular para construir propuesta política alternativa que supere los límites de una coyuntura que aparece definida por la continuidad de las políticas de ajuste contempladas en el acuerdo con el FMI.

Julio C. Gambina

miércoles, enero 30, 2019

EE. UU. filtra una amenaza intervencionista mostrando la anotación “5.000 tropas a Colombia”



En un deliberado acto de prepotencia imperial, el Asesor de Seguridad yanqui, John Bolton, dejó ver a la prensa una anotación en su libreta con la amenazante leyenda. Colombia negó tener información al respecto, pero la tensión sigue en aumento.

Este lunes, durante el anuncio en conferencia de prensa de la confiscación de parte del patrimonio de la empresa estatal petrolera de Venezuela (PDVSA), el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dejó ver que tenía escrito en su cuaderno "5.000 tropas a Colombia".
En una ampliación de fotografías tomadas por diversos medios de comunicación durante la rueda de prensa se aprecian dos inscripciones en el cuaderno de Bolton: la primera era "Afganistán, bienvenidas las negociaciones" con los talibanes, mientras que la segunda decía "5.000 tropas a Colombia".
Al cierre de esta nota, la Casa Blanca no había dado explicaciones sobre la cuestión, mientras que Colombia, uno de los principales aliados de EE.UU. en América Latina que también reconoció como presidente a Guaidó, dijo a través de su canciller Carlos Holmes Trujillo, que el Gobierno de su país no tiene información alguna sobre la anotación de Bolton. "Con respecto a la mención de Colombia en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación", dijo.
Aunque Bolton no hizo mención alguna durante la rueda de prensa a este hipotético envío de tropas a Colombia, país que comparte una amplia frontera con Venezuela y recibe la mayor parte de emigrados, sí instó a los militares venezolanos a apoyar a Guaidó, que se autoproclamó presidente interino del país caribeño el pasado miércoles 23 y al que EE.UU. reconoció inmediatamente ya que fue parte fundamental en su planificación.
"Llamamos a los militares y fuerzas de seguridad venezolanas a aceptar la transición de poder pacífica, democrática y constitucional", dijo Bolton, que habló junto al secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, quien detalló las sanciones contra PDVSA, incluyendo el insólito anuncio de que “el camino de suspensión de estas sanciones es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente". Es decir que pone esos fondos, que pertenecen al pueblo y al Estado venezolanos, a disposición del diputado derechista Juan Guaidó. Ninguna prueba más contundente de que la Casa Blanca pretende digitar quién gobierna Venezuela.
El gobierno de Maduro no solo viene hace años descargando la crisis económica de manera brutal sobre los trabajadores y el pueblo pobre a través de una inflación descomunal que está hambreando al pueblo, sino que viene reforzando y profundizando el autoritarismo del régimen y la represión contra la protesta social. Los falsos eslóganes sobre el “socialismo” y la “revolución bolivariana” son meros taparrabos de un capitalismo dependiente que ha garantizado, incluso en los años de Chávez, los grandes negocios capitalistas, muy especialmente los de Estados Unidos que es su principal comprador de petróleo. Y jamás, aunque el pueblo pasa hambre, se le pasó por la cabeza dejar de pagar la deuda externa, principal mecanismo de expoliación de la riqueza de nuestros pueblos latinoamericanos.
Pero a medida que pasan los días, va quedando cada vez más claro que las intenciones norteamericanas no tienen nada que ver con “restaurar la democracia”, “devolver la libertad a los venezolanos” o mejorar la catastrófica situación económica. Las acciones imperiales de este lunes dejan meridianamente claro, por si quedaba alguna duda, que el objetivo es imponer un gobierno títere de sus intereses en Venezuela y así profundizar los avances que vienen dando en toda la región desde hace años, especialmente tras el golpe institucional a Dilma Rousseff en 2016 y la posterior manipulación del electorado brasilero para imponer al ultraderechista Bolsonaro, la completa subordinación del gobierno de Macri al FMI, o el resto de gobiernos también derechistas y pro imperialistas como los de Piñera, Duque, Moreno, Vizcarra, etc.
De hecho, el gobierno yanqui, dijo la semana pasada que "todas las opciones están sobre la mesa" en alusión a una eventual intervención militar en Venezuela, una provocación que ahora se renueva con esta filtración deliberada sobre las “5.000 tropas a Colombia”. Son mensajes patoteriles para tratar de generar un quiebre en algún sector de las Fuerzas Armadas venezolanas que le permitan tirar a Maduro.
En este marco de creciente tensión, las sanciones anunciadas contra PDVSA tienen como objetivo ahogar económicamente al Gobierno de Maduro. Según Bolton afectarán a 7.000 millones de dólares en activos de la petrolera y provocarán 11.000 millones de dólares en pérdidas a lo largo del próximo año.
La guerra económica es una herramienta muy común utilizada por la maquinaria imperialista para imponer sus intereses sobre pueblos soberanos, que no tiene miramiento alguno sobre las consecuencias catastróficas causadas a la población trabajadora provocándole todavía más penurias de las que ya soportan.
Por eso, más que nunca, hay que rechazar y enfrentar estas agresiones y provocaciones imperialistas y exigir el cese inmediato de la injerencia yanqui sobre la política interna de Venezuela, de manera independiente del gobierno de Maduro que, con su política de hambre y represión, es responsable de haberle allanado el camino a la derecha y facilitado los planes del imperialismo.
El Frente de Izquierda estará esta tarde movilizándose a la Cancillería argentina de Buenos Aires para repudiar la intentona golpista y la creciente injerencia imperialista, con una política independiente.

Diego Dalai

Segunda Guerra Mundial: la caída de Francia



El 14 de junio de 1940, a casi un año de iniciada la Segunda Guerra Mundial, las tropas hitlerianas entraban a París a paso marcial por los Campos Elíseos. A pocos días de iniciada la “batalla de Francia”, bajo el imperio de la blitzkrieg alemana (guerra relámpago), Francia había caído bajo su dominación, siguiendo el camino de Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica. La bota nazi se expandía por Europa occidental, luego de la rápida ocupación de Checoslovaquia y Polonia en Europa Oriental entre 1938 y 1939. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde París se había salvado de caer frente al ejército alemán que se detuvo a menos de 40 km de la capital en la batalla del Marne, esta vez Francia entraba en el dominio de la Europa ocupada y lo estaría por 4 años más, hasta su liberación en 1944.

La desbandada militar francesa y las "lecciones" de (anti) patriotismo burgués

Ante el avance alemán, el Ejército francés mostró una impericia militar notable. Su estrategia de guerra continuaba ceñida a las tácticas de la Primera Guerra, que había sido una guerra de trincheras con grandes frentes de batalla estáticos. Así, la dinámica de guerra relámpago nazi llevó a que Francia cayera en pocos días: el 3 de junio la aviación alemana bombardeaba París y once días después las tropas marchaban sobre la capital francesa. Para ese momento el gobierno francés había huido a Burdeos y a los dos días el primer ministro Paul Reynaud dimitía y era sustituido por el mariscal Henri Pétain. Este gozaba del prestigio de haber sido el responsable de la defensa de Verdún en la Primera Guerra Mundial y era venerado por la Francia burguesa y aristocrática por haber “salvado al país del bolchevismo” reprimiendo a sangre y fuego los motines en el Ejército Francés que siguieron en 1917 a la desastrosa ofensiva del Aisne [1], mientras en Rusia se extendía la Revolución de Febrero.
En esta oportunidad, Pétain volvió a ser el “héroe” de la Francia burguesa, pero no lo sería por el grito de ¡No Pasarán! que lo catapultó a la historia luego de Verdún sino por encabezar la política del armisticio con los alemanes, es decir la abierta rendición militar. La impericia militar era continuidad de la claudicación política de la burguesía francesa.
En su libro París después de la liberación, Beevor y Cooper describen que en las trajinadas reuniones ministeriales de los días anteriores a la rendición Pétain presionaba por un rápido armisticio y colaboracionismo con los alemanes para evitar que comenzara una guerra de guerrillas en el país, expresando el punto de vista de la burguesía francesa. Charles de Gaulle, Secretario del Consejo de Defensa Nacional y contrario a la rendición, se exiliaba en Londres y fundaba el movimiento “Francia Libre” contra el nuevo régimen colaboracionista. En efecto, el 22 de junio este se materializaría en la firma del armisticio en el vagón de un tren en la comuna de Compiègne, acto de un gran valor simbólico por ser el mismo vagón donde en 1918 los alemanes habían firmado su rendición frente a los aliados. El armisticio estableció que el norte y oeste de Francia fueran ocupadas por el Ejército alemán, el resto del país quedaba gobernado por un gobierno francés con sede en la ciudad de Vichy mientras que Alsacia-Lorena eran anexadas por Alemania como entre 1871-1918. La burguesía francesa iniciaba el camino del colaboracionismo con los nazis, prefiriendo dejarse invadir antes que la profundización de una perspectiva de resistencia en manos de las masas. Frente a esto, el manifiesto de la IV Internacional de mayo de 1940 sentenciaba: “La burguesía no defiende nunca la patria por la patria misma. Defiende la propiedad, los privilegios, las ganancias. Cuando estos valores sagrados corren peligro, la burguesía entra enteramente en el camino del derrotismo”.

La Guerra, continuación de la política por otros medios

La conocida máxima clausewitziana aplica de conjunto a la Segunda Guerra Mundial, donde las burguesías imperialistas fueron a la guerra a forzar un nuevo reparto del mundo, y en particular al caso de Francia, donde la ubicación claudicante del Estado Mayor frente al nazismo fue continuidad del curso de derechización creciente que venía experimentado el régimen político previo a la guerra. Desde mediados de la década del ’30 la situación francesa tornó convulsiva por el impacto de la crisis económica y la radicalización de masas que desató el ascenso de Hitler al poder. Crecían las ligas fascistas como Acción Francesa o La Cruz de Fuego y se fortalecía un polo entre los trabajadores dispuestos a combatirlas, ante la inestabilidad política con caídas y formaciones de nuevos gobiernos. El gobierno del Frente Popular en 1936 formado entre la izquierda y partidos burgueses como el Partido Radical que defendían las posesiones coloniales de Francia [2] había sido definido por Trotsky como un intento burgués de maniatar las organizaciones obreras, preservar el Estado capitalista y evitar una perspectiva abiertamente revolucionaria, tarea para la que contaron con el favor del Partido Socialista y Comunista: “’El Frente Popular’ es una coalición del proletariado con la burguesía imperialista, representada por el Partido Radical y otras podredumbres (…) el Partido Radical, que conserva toda su libertad de acción, limita brutalmente la libertad de acción del proletariado… La tendencia general de las masas trabajadoras, incluidas las masas pequeño-burguesas, es por completo evidente: hacia la izquierda. La orientación de los jefes de los partidos obreros no es menos evidente: hacia la derecha. Mientras que las masas, por su voto y por su lucha, quieren derribar al Partido Radical, los jefes del frente único, por el contrario, aspiran a salvarlo” [3] .

Sólo la revolución puede frenar el fascismo

El ascenso revolucionario que siguió a la llegada del Frente Popular al gobierno fue visto por Trotsky como la última posibilidad de frenar el curso hacia la guerra que preparaba la burguesía. En efecto, las miles de fábricas tomadas y más de 2 millones de trabajadores en huelga que había para junio de ese año, con comités de fábrica en el sector metalúrgico que planteaban la nacionalización de las empresas y su producción bajo control obrero, hicieron tambalear a la Francia burguesa. Pero el Frente Popular logró desactivar este enorme ascenso a cambio de algunas concesiones que más tarde fueron liquidadas por la burguesía. El PC y el PS habían traicionado la última posibilidad de impedir el curso hacia la guerra. Poco más tarde, ante la necesidad de reprimir abiertamente a las masas, el Frente Popular caía abriendo paso a una sucesión de gobiernos derechistas que recortaron las libertades democráticas, atacaron al movimiento obrero y militarizaron el país. En 1938 se promulgó la ley “La organización de la Nación en tiempos de guerra”, que implicaba la posibilidad de requisar a todo trabajador e impedirle, bajo penas de cárcel, llegar tarde o ausentarse del trabajo, además de la prohibición de mantener conversaciones contrarias a la guerra y de cualquier pedido de aumento salarial. Así se “defendió” la senil democracia burguesa de Francia de manos de los fascistas, preparando las condiciones para su ascenso. La invasión nazi vio roturado su camino.

La ocupación y la política de los revolucionarios

Ante la ocupación, y el fenómeno general de avance fascista sobre Europa (que marcó una particularidad de la Segunda Guerra), los revolucionarios de la IV Internacional debatieron sobre el carácter de la Francia ocupada: ¿dejaba de ser un país imperialista y se convertía en una semicolonia alemana? Esto, lejos de una cuestión teórica, hacía a la política concreta que se tuviera hacia la burguesía francesa, si se sostenía el derrotismo revolucionario o no [4]. Pero, como se explica en el ensayo introductorio al libro Guerra y Revolución, si bien Francia estaba oprimida como nación, no había perdido su carácter imperialista ya que sólo una parte de su maquinaria pesada fue trasladada a Alemania y su burguesía siguió administrando el grueso de su aparato industrial y de negocios, y tanto en Argelia como en Indochina continuó administrando bajo métodos brutales sus colonias junto al imperialismo alemán o japonés. Incluso aunque Alemania tenía bajo custodia a parte del Ejército Francés, más de 100 mil hombres siguieron bajo el mando de Pétain.
La lucha contra el ocupante nazi iba de la mano con la lucha contra la burguesía francesa. Desde este principio, los cuartistas promovieron la necesidad de la resistencia obrera y popular al interior de Francia, impulsando el mayor frente único en la acción pero con completa independencia política del gaullismo, que avanzaba en sus intentos de hegemonizar políticamente los distintos grupos en que se dividía el movimiento de Resistencia. Esta última crecía frente a las brutalidades del régimen colaboracionista como la imposición del Servicio del Trabajo Obligatorio por parte de Alemania que requería mano de obra gratis para sostener el esfuerzo bélico por el que fueron deportados a aquella unos 700 mil franceses entre 1942 y 1944.
Por eso era clave la lucha por dotar a la Resistencia de una orientación independiente de los intereses burgueses: “El gaullismo no persigue el objetivo de un régimen libre de toda opresión de un pueblo sobre otro sino que aspira a reconstituir el Imperio francés, dentro del marco de la hegemonía inglesa (...) La vanguardia proletaria debe evitar que se opongan las tareas nacionales a la lucha obrera por la emancipación, debe saber distinguir el patriotismo de los oprimidos con el nacionalismo burgués (...) Todo el problema de la acción común entre el proletariado y la pequeño-burguesía es planteado por la existencia del gaullismo. Participamos de cada acción de las masas que luchan contra la opresión nacional, pero para alejarlas de los canales chovinistas" [5].
Así, contra los métodos del gaullismo centrados en la organización de células de saboteadores profesionales que actuaban como apéndices del aparato militar inglés, los militantes de la IV internacional promovían métodos y un programa encaminado a consolidar una resistencia de masas bajo hegemonía obrera: huelgas, lucha por el restablecimiento de los sindicatos ilegalizados por Pétain, por el control obrero de las fabricas, por comités de control de víveres que controle precios y distribución de los mismos frente a la escasez y la especulación, etcétera.
La liberación de Francia en agosto de 1944, producto del avance de la organización de la resistencia donde participaban organizaciones de izquierda y sectores independientes de las masas a los que temían no solo los nazis sino la burguesía aliada, que hizo que EEUU desembarcara en el sur de Francia el día D, reabriría una situación revolucionaria. Nuevamente quedó en manos del PC el trabajo sucio para la reconstrucción de la Francia burguesa que tras la trágica "medianoche del siglo" recompuso su dominación.

Paula Schaller

Referencias:

1. Batalla librada en abril de 1917 contra tropas alemanas y donde Francia perdió en pocos días más de 187.000 soldados.
2. Coalición encabezada por el socialista León Blum y formada entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Radical, la CGT (Central de Trabajadores) y la Confederación General del Trabajo Unitaria (dirigida por el PC).
3. León Trotsky, ¿A dónde va Francia?, Ediciones CEIP, Obras Escogidas vol. 5:
4. Política planteada por los revolucionarios en la época imperialista, contra la “unión nacional sagrada” impulsada por la burguesía, que sostiene que el “principal enemigo está en casa” y es preferible la derrota de la propia burguesía y su aparato de Estado si esto favorece un curso de avance revolucionario; a excepción de tratarse de una semicolonia o un Estado obrero donde es progresiva la victoria militar de estos últimos frente a un país imperialista.
5. “Francia bajo Hitler y Pétain”, Comité Ejecutivo de la IV Internacional, noviembre de 1940, Guerra y revolución..., op. cit. p. 323.

“La mayor parte del armamento no podría fabricarse sin financiación de los bancos”



Entrevista a Audrey Esnault, coordinadora de la campaña Banca Armada

¿Cómo se sustenta el complejo militar-industrial? ¿Quién ofrece soporte económico para que fabriquen misiles, aviones de combate, bombas de dispersión, balas y armas nucleares? La banca mundial ha financiado con 526.159 millones de dólares a la industria del armamento durante el periodo 2011-2017, según la Base de datos Internacional de Banca Armada que publica el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Estados Unidos encabeza entre 2011 y 2017 la ratio de países en que la banca “participa en el negocio armamentístico”, con financiación al sector por valor de 375.032 millones de dólares, seguido de Francia (33.255 millones), Reino Unido (31.812 millones), Japón (21.925), Alemania (12.718 millones) y España (10.244 millones).
La plataforma financiera BlackRock financia, a través de fondos de inversión, acciones o bonos, con un total de 35.912 millones de dólares a empresas de armamento como Boeing, Honeywell International, Airbus Group y Northrop Grumman, entre otras (periodo 2011-2017). La entidad financiera JP Morgan Chase ha firmado operaciones –que incluyen créditos y emisión de bonos y pagarés de las empresas- por valor de 25.086 millones de euros con industrias armamentísticas como Honeywell International, Boeing y Loockheed Martin. Bank of América es otra de las sociedades destacadas en el negocio de las armas; en el citado periodo ha aportado financiación por valor de 4.496 millones de dólares a Loockheed Martin; 2.823 millones a Honeywell International y 2.141 millones a General Dynamic. Además de las financieras estadounidenses, las europeas también engrasan la maquinaria bélica. Por ejemplo Crédit Agricole y BNP Paribas, con sede en Francia, la británica Barclays o las alemanas Commerzbank y Deutsche Bank.
Un capítulo destacado es el de las armas nucleares. El informe “Don’t Bank on the Bomb” (2018) de la ONG holandesa PAX ha publicado un listado de 329 bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de activos financieros de 24 países, que proporcionaron –entre 2014 y 2017- financiación a empresas productoras de armamento nuclear; tres de ellas, las estadounidenses BlackRock, Vanguard y Capital Group, aportaban según el informe más de 110.000 millones de dólares a compañías como Airbus, BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin o Northrop Grumman; entre las instituciones financiadoras están el BBVA, Banco Santander y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En el estado español, la Campaña Banca Armada denuncia públicamente a las entidades financieras vinculadas con la industria de las armas. Forman parte de esta iniciativa el Centre Delàs, el Observatori del Deute en la Globalització, las ONG Setem y Justícia i Pau; el colectivo RETS, la asociación Fets-Finançament Ètic i Solidari; Alternativa Antimilitarista-MOC y, en el País Valenciano, la fundación Novessendes. Difunden el siguiente listado de bancos que invierten en empresas de armamento (2011-2017): BBVA (3.307 millones de euros); Banco Santander (2.430 millones); Bankia (181 millones); Banc Sabadell (96,9 millones); Caixabank (95,8 millones); Helaba (95,7 millones); Bankinter (49 millones) e Instituto de Crédito Oficial –ICO- (48,2 millones).
“Entre 2014 y 2017 el BBVA ha invertido 2.710 millones de euros en siete empresas que diseñan, mantienen o modernizan armamento nuclear”, afirmó en marzo de 2018 una activista de la Campaña Banca Armada durante la junta de accionistas del banco. En la reunión de los accionistas del Banco Santander, otra activista informó de que esta entidad concedió créditos a Honeywell International por valor de 129,5 millones de euros entre 2013 y 2017; la multinacional estadounidense es “una de las más implicadas en el complejo industrial de armamento nuclear, por ejemplo en el mantenimiento de los misiles Trident II”. Otro miembro de la iniciativa Banca Armada recordó en abril, durante la junta de Bankia, que la entidad financió con créditos por valor de 142 millones de euros entre 2011 y 2015 a la española MAXAM, gigante mundial en la fabricación de explosivos civiles y militares que exporta armas a Arabia Saudí (una coalición internacional liderada por este país inició en marzo de 2015 los bombardeos en Yemen).
Asimismo en una de las intervenciones, ante los accionistas de Caixabank, señalaron que este banco financió con cerca de 8 millones de euros a la empresa Indra, entre 2011 y 2016, a través de fondos de inversión, acciones y bonos; el estado español es, a través del SEPI, el principal accionista de Indra (18,7% de las participaciones); “entre los productos estrella de Indra figuran el caza Eurofighter, las fragatas de guerra F-100 o los helicópteros Tigre”, desplegados por el ejército español en Afganistán, informó la Campaña. Un campo de investigación y denuncia añadido es el de la relación entre las instituciones públicas y la banca armada. En marzo de 2018 el Centre Delàs y Setem publicaron un análisis sobre el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Barcelona en Comú; la investigación concluye que el 48% de los pagos corrientes del consistorio se realizan con la banca armada. De hecho, el ayuntamiento barcelonés trabaja con Crédit Agricole y Société Générale (Francia), HSBC (Gran Bretaña), BBVA, Banco Santander, Bankia y Caixabank, entre otras entidades.
Audrey Esnault es economista, coordinadora de la Campaña Banca Armada –en la que participa desde hace tres años- y coautora del estudio “De la banca armada a la banca ética” sobre el consistorio barcelonés. También es autora, con Jordi Calvo, del estudio de caso sobre la Generalitat Valenciana, presentado el 23 de enero en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València (en el País Valenciano gobiernan en coalición el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos). “El 95% de la deuda viva de la Generalitat Valenciana, al cierre de 2017, y el 88,7% de sus cuentas operativas (ingresos y pagos) en 2017 ha estado en manos de la banca armada”, señala el informe. El pasado 23 de marzo Audrey Esnault estuvo presente en la junta de accionistas del Banco Santander, donde recordó que –mediante créditos, emisión de bonos y pagarés- la empresa Leonardo recibió 178 millones de euros de la sociedad que preside Ana Botín; este grupo italiano (hasta 2016 Finmeccanica) es “responsable del desarrollo y el diseño del vehículo de transporte para el misil intercontinental estadounidense Minuteman III”, subrayó.
-P: ¿En qué medida depende de los bancos el complejo militar-industrial?
-AE: Cuando estudiamos la ratio de endeudamiento de las empresas militares españolas, es decir, sus necesidades de financiación, llegamos a la conclusión de que tres de cada cuatro armas no podrían fabricarse sin la financiación de los bancos. Esta proporción es la que publicamos en la introducción del informe “Los bancos que invierten en armas” (Centre Delàs, 2016). El análisis no habrá cambiado mucho. Una de las formas de financiación bancaria es la participación accionarial directa en las empresas militares; asimismo un banco, o consorcio de bancos, puede otorgar préstamos a estas empresas (por ejemplo los créditos del BBVA a Airbus Group, Boeing y Leonardo); otra vía es comprar bonos y pagarés de las industrias militares o bien ofrecérselos a los clientes, a cambio de una comisión. Además los bancos pueden financiar las exportaciones del sector armamentístico; y ofrecer a sus clientes fondos de inversión con participaciones en las empresas de armas.
-¿A qué problemas se enfrentan los investigadores a la hora de revelar la vinculación entre empresas y bancos? Algunos gigantes de la industria bélica fabrican también para el sector civil…
Los grupos multinacionales son enormes y resulta muy complicado. Entre el 20 y el 30% de la producción de Indra es de uso militar. Esta multinacional española desarrolla tecnologías aplicadas al ámbito náutico y la aviación para los ejércitos, a la electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de dirección de misiles. A escala internacional, el grupo Airbus –con sede en Francia- está especializado en la fabricación de aviones civiles y militares, además de helicópteros y misiles; al igual que Boeing, primer productor militar mundial, que también fabrica aviones civiles y militares. El problema es que hay una gran opacidad. Son más sencillas las averiguaciones si, por ejemplo MAXAM, cuyos explosivos militares podrían haber sido destinados a la guerra de Siria, realiza una inversión en su filial EXPAL, dedicada íntegramente al sector militar. El Banco Santander, el BBVA, Caixabank y Bankia conceden créditos a MAXAM. Para obtener la información, trabajamos mucho en red; colaboramos con organizaciones como PAX, también accedemos a la base de datos SABI, las revistas de Defensa o las páginas Web de las empresas y, cuando tenemos recursos, compramos datos primarios.
-Por último, la Ley 53/2007 del Estado español sobre el control del comercio exterior de material de defensa establece, en el artículo 8, que las autorizaciones de venta serán denegadas ante indicios de que las armas puedan emplearse “en acciones que perturben la paz” en un ámbito mundial o regional; y también “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”. ¿Hay algún ejemplo reciente en que podrían estar vulnerándose las leyes?
El ejército de Arabia Saudí, que lidera las operaciones militares en Yemen, utiliza armas –como el Eurofighter- con componentes y productos electrónicos fabricados por Indra. Esta empresa tiene, además, un papel importante en la frontera sur, en el empleo de la tecnología contra las personas migrantes; de hecho, es la responsable de la construcción de una tercera valla en la frontera española con Melilla. Por otra parte, en abril de 2018 el Gobierno español firmó la venta a Arabia Saudí de cinco corbetas construidas por la empresa pública Navantia, que también podrían utilizarse en la guerra de Yemen. Entre 2015 y 2017 España vendió armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros, según cifras oficiales, cuando sabemos que la situación humanitaria en Yemen es brutal. Estas armas no tendrían que llegar allí.

Enric Llopis

Amenaza militar a Venezuela desde Colombia

Podría ser: la descripción de la tragedia

Un veterano “perro de la guerra” como John Bolt, de bigote blanco, consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, deja ver una anotación manuscrita de su libreta personal e inspira la mas curiosa acción secreta que manipula el Imperio en el enunciado de “todas las opciones” sobre la mesa, para el paso a seguir en la derrota a la República Bolivariana de Venezuela; sepultar cualquier forma de opción alterna, no propiamente socialista, al neoliberalismo salvaje; proseguir con el asalto y saqueo a los recursos de esa nación e instalarse en el control del Esequibo ( conocida como la Guayana Esequiba cuya soberanía disputa Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 y desde entonces controlada por las Fuerzas Bolivarianas), arrebatarle al mundo el pulmón amazónico y darle a América Latina el zarpazo contra la Pacha Mama.
La intervención militar según los apuntes en las notas de John Bolton dice: “Afganistan- > welcome the talks. 5.000 troops to Colombia”. La interpretación para encontrar el verdadero sentido de lo anotado alude a 5.000 efectivos de tropas a Colombia; o en Colombia; o por Colombia. Lo claro es el objetivo con destino a una intervención militar a Venezuela. Si fuere a Colombia significaría el efectivo del paso de marines por Colombia. Si fuere o aludiría a la disposición de los 5.000 soldados colombianos, de su inmenso pie de fuerza militar expansionista para penetrar a territorio venezolano. O por Colombia se refiere a manipulada preparación de efectivos de otros países con Colombia; preparando o haciendo cambios para conseguir un número óptimo de tropas junto con países como Perú y Brasil enrutados en el beneficio conspirativo contra la República Bolivariana. Deja entrever que las acciones secretas preparatorias apuntan a la invasión a Venezuela por la Amazonía y no por el Atlántico, ni el Caribe. El portaviones de guerra ruso anclado en la isla Margarita, era una verdadera montaña en el mar y supera en volumen al de los Estados Unidos. Los aviones de guerra rusos, dispuestos en el océano, solo sus llantas son superiores a la estatura de un ser humano. La Cabeza de playa, es un término militar que comprende el arribo de suficientes efectivos para crear una posición fuerte que garantice un comienzo ofensivo. El numero optimo seria 15.000 soldados. Es decir, 5.000 por cada país citado. Así, la creación de ese Vietnam latinoamericano correría a cargo de los cipayos y luego vendrá la posesión del amo yanqui.
Asistimos a una retórica, en el que lenguaje empleado, resume palabrerías que significan todo lo contrario. Cuando el ministro uribeño y militarista de Relaciones Exteriores de Colombia, anuncia que desconoce la razón de la anotación de su congénere gringo, es porque sabe y conoce bien que el tinglado diplomático y de ámbito político sobre Venezuela, está desplazado por la diplomacia de las cañoneras norteamericanas.
En cuanto respecta a nuestro país, Colombia, las condiciones geopolíticas objetivas no dan para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno. La errática decisión política del presidente I. Duque de dar por finalizados los diálogos con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N.), causa escozor en el Departamento de Estado. Tan desafiante su actitud que el malhadado proceso anticipado de desarme de las antiguas Farc-ep resulto pírrico. Tan desafiante que habilita el que las Insurgencias armadas (ELN, EPL y fracciones de las antiguas Farc-ep) en la extensa frontera desde El Catatumbo por Arauca, hasta el Río Negro en el punto de confluencia de las tres fronteras: La Guadalupe de Colombia, Cucai de Brasil y la orilla o cauce venezolano del río negro, identifiquen un “enemigo común”. Esas Insurgencias se erigirían en atalayas contra el ejército invasor. Y como el calificado cártel de Lima, por parte del presidente Maduro, por mandato de sus oligarquías cipayos y lacayas, para no aludir a eufemismos sobre personas aduladoras y serviles, le apuntan a jugar con el fuego de la guerra, es de esperarse que en esos países las juventudes antiimperialistas y antifascistas engrosaran miles de milicias internacionalistas en apoyo material al bravo pueblo y soberanía de la Patria de Bolívar.
El escenario de la guerra será la extensa frontera colombo-venezolana y asolará de devastación, miseria y sangre a campos y ciudades: a nuestro pueblo.
Al escribir esta nota lo hago bajo la influencia del tremendismo literario. Tendencia literaria que surgió posguerra civil española. Como producto de la “Generación de la violencia”, la de los colombianos (as) nacidos en la década de 1940 que padecimos en los vientres maternos la desesperanza de la guerra mundial y la tragedia por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. En mi imaginación revuela la tragedia. De mi pluma fluye la trama de la violencia, el maltrato de experiencias vividas por los pueblos o la Humanidad en guerras. El desgarre por lo duro. No puedo clamar por el puño enhiesto; como por la conquista de la independencia de los pueblos en forjar su propio destino interno.

Carlos Meneses Reyes

martes, enero 29, 2019

Brasil: Bolsonaro tiene su propio "mensalao"



El escándalo que involucra a Flavio Bolsonaro, hijo del actual madatario, ha ido subiendo en voltaje político. Lo que empezó como un caso marginal de transferencias entre cuentas de funcionarios de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, involucrando a un asesor de la familia Bolsonaro, tomó nuevas dimensiones. El caso ha empezado a ser conocido como “mensaliño” (pagos pequeños, que son los que le habrían estado girando a las cuentas de Flavio Bolsonaro por supuestas coimas), remoderando el "mensalao", el escándalo que envolvió al gobierno de Lula y que en su momento casi le costó la cabeza al líder del PT.
Tratando de hurgar las fuentes de la denuncia. hay quienes señalan que las revelaciones provinieron del Coaf, órgano de control de actividades financieras, a pedido del propio Sergio Moro. Otra alternativa que se baraja es que haya sido la fiscalía federal (MPF), quien viene llevando la investigación del Lava Jato carioca, una deriva local del escándalo general que conmovió al país.
Partiendo de estas sospechas, algunos comentaristas sostienen que el Departamento de Estado norteamericano no sería ajeno a estas denuncias. El interés sería golpear al clan familiar Bolsonaro, perteneciente el ala más nacionalista del nuevo gobierno y que podría poner palos en la rueda en el paquete de medidas que se propone implementar Paulo Guedes, el ultraliberal ministro de Economía.
Pero mas allá de conjeturas sobre el punto, si estamos ante una operación preparada o no, estos episodios han puesto al desnudo los choques internos en el seno de la coalición gobernante y como, a río revuelto, las alas en disputa no vacilan en querer sacar provecho de esta situación.
Guedes promueve una aproximación mayor con Estados Unidos. Esto implica abrir la economía y el país a un desembarco en mayor escala al capital norteamericano, desplazando a los competidores locales y extranjeros. Esto choca con los intereses que están afincados en los agronegocios que dependen de las relaciones comerciales con China que es el principal destinatario de las exportaciones brasileñas, empezando por la soja. Asimismo, el gigante chino, en esta última década, ha ido ampliando sus inversiones en el país vecino. EL PSL (partido de Bolsonaro) envió una nutrida comitiva de parlamentarios a China. El vicepresidente Hamilton Mourao, que, ahora, ha quedado provisoriamente a cargo de la presidencia, desautorizó los ataques a China, en un claro contrapunto con el Ministerio de Economía.
Bolsonaro mismo tuvo que recular en el anuncio sobre la instalación de una base militar norteamericana en el Amazonas. Estas idas y vueltas expresan las contradicciones internas de una colación heterogénea de gobierno.
A esto se agrega la investigación que lleva adelante la fiscalía de Río de Janeiro en la que ha saltado a la superficie el vínculo el clan Bolsonaro con el accionar de las milicias de la ciudad a la que se responsabiliza por el asesinato de la legisladora del Psol, Marielle Franco.
Lo cierto es que este escenario ha encendido las alarmas de los mercados. La prensa da cuenta de la preocupación reinante en Davos entre los inversores extranjeros de que la situación descripta “pudiera socavar el capital político del presidente, justo cuando necesita todo el apoyo que pueda lograr en el Congreso para aprobar las polémicas, pero vitales reformas del sistema de pensiones brasileño” (El Cronista, 24/1) .

Pulseada estratégica

Precisamente por este motivo, la reforma jubilatoria ha pasado a ser una pieza fundamental, pues es la llave del ajuste que está programado. La intención es un recorte de grandes dimensiones de modo que los fondos estatales quedarían liberados para asegurar el pago de la deuda y al mismo tiempo, impulsar un enorme negociado consagrando un sistema de capitalización, abriendo paso a la jubilación privada y a la creación de un mercado de capitales que permitiría dar un nuevo impulso a la operatoria especulativa y fínanciera.
Este objetivo se complementa con una privatización en masa de las empresa públicas, que incluye el desmantelamiento de Petrobras, abriendo la explotación de los recursos energéticos, empezando por la plataforma submarina (Presal), a la voracidad de las petroleras extranjeras (en primer lugar, las norteamericanas). Esto va de la mano de un tendal de despidos.
La suerte del gobierno Bolsonaro dependerá de su capacidad por hacer pasar esta ofensiva a los trabajadores. El capitán retirado debe pasar aún por la prueba de la lucha de clases. Solo si sale airoso de esa pulseada estratégica, estará en condiciones de consolidar su gobierno, afianzar su autoridad y conquistar una autonomía respecto a su mandantes y el capital financiero y avanzar en sus ambiciones facistizantes.
Se trata, por ahora de de un proceso incierto, pavimentado de crisis políticas de diversa naturaleza. Por otra parte, está el condicionamiento que impone la bancarrota capitalista que viene haciendo su trabajo implacable de topo. El alineamiento con Estados Unidos está lejos de asegurarle un desahogo económico y financiero. Para ello, basta mirar la experiencia macrista. Una salida de capitales que hoy están invertidos en la Bolsa brasileña podría ser mortífera y pondría en cuestión la nueva transición política.

Congreso de trabajadores

Bolsonaro y sus acólitos no quieren repetir la experiencia argentina. En lugar del “gradualismo”, abogan por una política de shock. Pero eso puede terminar precipitando el efecto inverso y concluir en un desbarranque mas rápido que el del propio Macri.
Esto pone más al rojo vivo la necesidad de abrir una nueva perspectiva política y sindical. El frente democrático y parlamentario que alienta el PT es el principal escollo que enfrentan los trabajadores y la izquierda. Los supuestos aliados de ese frente son quienes votaron la destitución de Dilma Rousseff y terminaron alinéandose con Bolsonaro. Esta supuesta oposición democrática, incluye a sectores demagógicos como Ciro Gomes, y del PSDB, partidarios también de una reforma previsional.
Estamos en presencia de una gran adaptación por parte del PT y las burocracias sindicales a la nueva situación, incluido el avance militar. La vuelta al status quo previo al desenlace actual es imposible. No hay lugar para un proyecto progresista y distribucionista cuando vienen abriéndose paso y causando estragos las tendencias disolventes de la crisis mundial capitalista. El Psol, y la izquierda que integra sus filas, es incapaz de ofrecer una alternativa, porque ha renunciado a una estrategia de independencia de clase y ha terminado haciendo seguidismo al PT. Esta estrategia “institucional” es la excusa para un freno de la acción directa y lleva a la parálisis a las organizaciones obreras y populares.
La gran tarea y el desafío de la hora pasan por poner en pie de lucha a los trabajadores y derrotar este plan de guerra, impidiendo, en primer lugar, que pase la reforma jubilatoria. La situación en Brasil pone a la orden del día una campaña por asambleas y un congreso de delegados electos para discutir un programa de conjunto y un plan de lucha debidamente preparado.
La lucha victoriosa contra el fascismo y la derecha sólo puede provenir del lado de la clase obrera, de sus métodos de lucha y de un accionar independiente. Lo que está en juego no es un retorno a un pasado agotado sino preparar el terreno para una salida de los trabajadores.

Pablo Heller

Arriba la huelga en las maquiladoras mexicanas



Más de 50 mil trabajadores en lucha

Desde hace 17 días los obreros de las maquiladoras mexicanas de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, están protagonizando una huelga histórica por un aumento salarial del 20%, un bono de 30 mil pesos (unos 1700 dólares) y el mejoramiento de las condiciones laborales.
El régimen de las maquiladoras es aprovechado en buena medida por el gran capital yanqui, que se vale de los bajísimos salarios mexicanos.
Más de 50 mil trabajadores, provenientes de aproximadamente 45 fábricas, se involucraron en el movimiento. Al momento, once empresas han cedido a los reclamos (La Jornada, 26/1), lo cual debe constituir un impulso fundamental para seguir adelante con los paros y ocupaciones a fin de alcanzar los del resto de las maquilas. La huelga ha afectado a algunos de los proveedores de las llamadas “Big 3” estadounidenses –Fiat Chrysler, Ford y General Motors.
Los obreros de las maquiladoras tienen salarios bajísimos y trabajan en condiciones paupérrimas, con jornadas de más de diez horas, muchas veces ininterrumpidas -casi sin permisos para ir al baño o tomar agua-, sin suministros de seguridad, etc.
Para llevar adelante esta lucha, los trabajadores han tenido que pasar por encima del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM), que presionaron desde el primer momento para finalizar el paro. En oposición a esto, decidieron elegir sus propios representantes en asambleas y avanzar con la ocupación de las plantas.
Asimismo, enfrentaron los intentos de desalojo y represión de las fuerzas de seguridad. Hubo también un intento de ilegalizar la huelga por parte de las autoridades laborales. Los trabajadores denuncian que un senador de Morena (el partido de López Obrador), Ricardo Monreal, se puso al frente personalmente de una orden de desalojo en Autoliv.
La huelga se desarrolla en una región convulsionada. No es menor señalar que esta rebelión de los obreros mexicanos se lleva a cabo en la frontera en la que Trump exigió hace unas semanas construir el muro fronterizo y que militarizó para enfrentar a las caravanas de los migrantes centroamericanos.
Vamos por la victoria de esta lucha.

Camila Pérez

México, rebelión de más de 50 mil trabajadores de las empresas maquiladoras



En el norte del país, en las provincias cercanas a la frontera con Estados Unidos como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Tamaulipas, existe un régimen especial para empresas generalmente estadounidenses, japonesas y coreanas que importan materias primas sin pagar aranceles, producen con mano de obra barata y comercializan la producción en el país de origen obteniendo ganancias millonarias.
Generalmente estas empresas adheridas al régimen de la maquila producen para los sectores dedicados a la industria eléctrica, metal mecánica, médica, plástica y textil. En el parque industrial de Matamoros donde se desarrolla la huelga histórica hay instaladas alrededor de 45 empresas maquilladoras que abastecen la industria metalmecánica de Estados Unidos, entre otras, y que ocupan a 45 mil trabajadores, pero en toda la zona de frontera se calcula que hay 1.300.000 obreros en las maquiladoras.
Durante los últimos años el salario el salario mínimo perdió un 80% de su valor, el salario de un armador era de 164 pesos mexicanos diarios o 1300 a 1500 semanales (entre 70 y 80 dólares), muy por debajo de lo que necesita una familia para vivir y un sexto de lo que deberían pagar estas empresas en sus países. Los bajos salarios obligan a los trabajadores a realizar largas jornadas que pueden llegar a 17 horas bajo un régimen laboral carcelario, hasta el tiempo para ir al baño está estipulado. Para llevar adelante la super explotación de millones de trabajadores las empresas ofrecen incentivos por productividad, puntualidad y un bono navideño que este año no se cumplió en algunos casos, lo que dejó malestar entre los trabajadores. A esto se sumó el anuncio de la empresa Cepillo de cierre, dejando a 1500 trabajadores en la calle, a los cuales no se les realizaron las liquidaciones correspondientes.
El aumento del salario mínimo anunciado por el presidente centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador alcanzó a una parte menor de los trabajadores y las empresas incumplieron con el contrato colectivo de trabajo que las obliga a aumentar el tabulador salarial. Por otra parte, los trabajadores denuncian que las empresas han compensado los aumentos quitando prestaciones con la vista gorda de los sindicatos y los funcionarios de las carteras laborales.
La burocracia sindical ha sido obligada a decretar la huelga frente a la rebelión obrera, en Matamoros hay 3 grandes sindicatos, el mayoritario es el de jornaleros y obreros de la industria de la maquiladora que integra la Confederación de Trabajadores de México y que agrupa a 35 mil trabajadores, según su secretario general Juan Villafuerte. El 12 de enero dos mil trabajadores de este sindicato marcharon desde la Plaza de Hidalgo en Matamoros exigiendo la renuncia de Villafuerte al grito de “vendido". Fueron hasta la puerta del sindicato y allí obligaron a salir a dar la cara a Villafuerte. Los trabajadores reclaman un aumento salarial del 20% y el incremento del bono que reciben todos los años a $320,000 o 1600 dólares. Se han conformado comités de base que han entrado a las negociaciones por la desconfianza en las direcciones y que prometen llevar adelante una democratización de las organizaciones obreras.
La huelga se desarrolla firme a pesar de las presiones. Al día de hoy la huelga se encuentra firme impidiendo el inicio de la producción con piquetes en algunas empresas donde se ha logrado el compromiso del pago de los aumentos y de los días de huelga al 60%, a la espera de que el acuerdo sea aceptado por todas las empresas. El conflicto ha causado una crisis en torno a la jurisdicción. El gobierno local solicitó la intervención del gobierno nacional en el conflicto, López Obrador no quiere atender la solicitud de audiencia porque no hay respuesta para recibir a los directivos de las empresas afectadas, según el diario El Universal.
Existe una fuerte presión de las cámaras patronales que ya han anunciado el traslado de algunas empresas a otros estados y la suspensión de inversiones como la del a autopartista Aptiv. Viva la huelga de los trabajadores de las Maquilas, nuestra solidaridad con todos sus reclamos.

José Díaz

Ofensiva golpista en Venezuela: EE. UU. sancionará a PDVSA y congelará sus cuentas



Así lo anunció el Departamento del Tesoro. Maduro afirmó que habrá respuestas legales. Por su parte, John Bolton volvió a hacer un llamado a los militares venezolanos a que apoyen el intento golpista.

Este lunes el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una serie de sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La medida anunciada por el gobierno de Trump implica que todos los bienes e intereses en propiedad de empresa petrolera que se hallen sujetos a la jurisdicción estadounidense, quedan bloqueados. Al mismo tiempo se prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA.
En el comunicado difundido por el gobierno de EE. UU., se citan declaraciones de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, quien indicó que “la designación de hoy ayudará a evitar que Maduro desvíe más los activos de Venezuela (…) el camino hacia el alivio de las sanciones para PDVSA es a través de la transferencia expedita del control al presidente interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente”.
Por su parte, el asesor de seguridad nacional John Bolton afirmó "esperamos que las medidas de este lunes bloqueen U$S 7.000 millones en activos además de más de U$S 1.000 millones por exportaciones perdidas a lo largo del próximo año".
En lo que parece un llamado a las FANB, el comunicado indica que “las sanciones no tienen por qué ser permanentes (…) consideraremos levantar las sanciones para aquellos que tomen acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela, incluida PDVSA”.
La justificación esgrimida por el Departamento del Tesoro son una serie de irregularidades cometidas por funcionarios de la petrolera y del gobierno de Venezuela entre los años 2011 y 2015. La "demora" en realizar sanciones podría explicarse como parte de la maniobra de cambio de régimen en curso.
La decisión de la administración norteamericana se enmarca en una ofensiva golpista que avanzó varios casilleros a partir del miércoles pasado, cuando el legislador Juan Guaidó se autoproclamó "presidente legítimos" de Venezuela, obteniendo un inmediato reconocimiento del gobierno de Donald Trump y los mandatarios derechistas de varios países latinoamericanos.
Esa ofensiva golpista es facilitada por la crisis social y económica aguda en la que se halla sumido el país como resultado de la gestión de Maduro y el chavismo. Sobre la base de utilizar demagógicamente el amplio descontento social, EE. UU. intenta avanzar posiciones en la región de conjunto.
Horas más tarde llegó la respuesta de Nicolás Maduro. Lo hizo en el transcurso de una reunión con el cuerpo diplomático venezolano que cumplió tareas en EE. UU. hasta el momento en que se declaró el fin de las relación entre ambos países.
La reunión, que fue transmitida por medios afines al oficialismo, sirvió para que Maduro presentara una respuesta a la decisión del Departamento del Tesoro sobre PDVSA. Lo hizo señalando que las sanciones "son ilegales, inmorales, criminales". Además, indicó que habrá "respuestas legales" por parte de su gestión.
"He dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo", indicó.

Un nuevo llamado a las FANB

Durante la jornada también hubo declaraciones de John Bolton interpelando a las Fuerzas Armadas de Venezuela. "Pedimos al ejército venezolano y a las fuerzas de seguridad que acepten la transición pacífica, democrática y constitucional del poder", afirmó el Asesor de Seguridad Nacional de la gestión Trump.
La presión internacional y la que ejerce la derecha venezolana que encabeza Juan Guaidó buscar lograr un quiebre en las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, en el marco de la crisis nacional en curso, esa institución es el pilar fundamental en que el se viene apoyando Maduro.

La Izquierda Diario

Reality show gopista y real politik

10 de enero. La toma de posesión oficial como presidente reelecto de Nicolás Maduro a principios de año, después de su victoria en las elecciones de mayo de 2018, se desarrolló en un clima de sorprendente calma política a pesar de la grave situación económica producto de la guerra, el bloqueo, las mafias especuladoras, las redes corruptas y la impunidad denunciada por el chavismo de base y comunal.
La primera medida del nuevo gobierno, anunciada ante la Asamblea Nacional Constituyente fue decretar un aumento de un 400% del salario mínimo, (de 4.500 a 18.000 bolívares), lanzando un claro guiño a los sectores populares. Sin embargo, en apenas una semana la creciente espiral especulativa asociada a la guerra contra el valor de la moneda nacional, el bolívar, pulverizó la recuperación del poder adquisitivo de las y los asalariados.
De cualquier manera, la mayoría de analistas en el país dibujaban un panorama político caracterizado por la desmovilización de los dos bloques políticos mayoritarios (derecha y chavismo oficial) y por una cotidianidad muy dura en la que la gran masa dedicaba casi todas sus energías y recursos al sostenimiento precario de su núcleo familiar. En concreto, en las bases de la derecha reinaban teóricamente la apatía, la frustración y las pocas expectativas.
23 de enero. Bajo esas coordenadas, casi nadie preveía una movilización importante, y mucho menos un intento de golpe, como el que se puso en marcha el pasado miércoles, en el 61º aniversario de la caída de la última dictadura en el país, la comandada por el general Marcos Pérez Jiménez. 6 décadas después, aprovechando el simbolismo de la fecha y las manifestaciones anuales, un sector de la derecha venezolana volvía de nuevo, por enésima vez, a intentar derrocar al gobierno por la vía del golpe.
Para intentar comprender este último golpe, más de efecto que de facto, por ahora, hay que analizar 3 escenarios del teatro político: por un lado, el reality show golpista, es decir, el circo mediático; por otro lado, los camerinos, donde se planifica la trama golpista; y por último, la real politik, que es donde se juega realmente la partida de ajedrez.
Reality show golpista. En un tiempo record el latifundio mediático global logró, a través de la ya conocida doctrina del shock, aturdir a miles de millones de personas con las imágenes combinadas de un supuesto líder venezolano que se autoproclamaba presidente frente a las masas y que en breve tiempo conseguía ser reconocido por la principal potencia mundial, EE.UU. y por importantes países de la región, como Brasil, Argentina, Colombia, etc. A esto se agregaba una falsa matriz de opinión que presentaba a un gobierno acorralado desde el exterior y con las horas contadas.
Esto logró un efecto político a corto plazo muy contundente ya que mucha gente fuera de Venezuela empezó a creer esa versión ficticia, incluidos sectores de la izquierda internacional, que manifestaban una enorme preocupación, e incluso desanimo, a través de la redes. Paralelamente, en Caracas, la marcha chavista concluía y la dirigencia animaba a las bases a regresar a sus hogares, lanzando mensajes de que todo estaba bajo control. La histeria exterior provocada artificialmente se contraponía a al mundo real en el país caribeño.
La trama golpista. Es obvio que más allá de la dramatización teatral hay un plan real para volver intentar derrocar al actual Ejecutivo y materializar una restauración conservadora. Los principales actores del actual Termidor son, además de los habituales (la Casa Blanca y la derecha criolla), el autodenominado Grupo de Lima, más conocido en Venezuela como el “Cartel” de Lima, que agrupa a los gobiernos anti-populares de América Latina subordinados a EE.UU.
En la trama, los gobiernos de estos países lideran el bloque duro golpista, mientras que el bloque blando está siendo liderado por la Unión Europea. Mientras que los primeros han desconocido al presidente electo en las urnas, la UE tratará de mantener cierto equilibrio reconociendo la legitimidad de los diferentes actores pero amenazando a Maduro para que convoque elecciones.
En este contexto de posicionamientos, sorprende la torpeza política del partido hegemónico vasco, el PNV, a quien le gusta presumir de centralidad política, pero que ahora ha decidido ubicarse más cerca de hooligans políticos como Trump y Bolsonaro que de sectores políticamente más inteligentes y pragmáticos de su ámbito ideológico en el arco europeo. Probablemente algún sector empresarial vasco con inversiones en la región termine dándoles un buen tirón de orejas a los burukides más despistados de Sabin Etxea.
Real Politik. Por encima del reality show mediático la política cruda de verdad nos muestra las verdaderas cartas con las que se está jugando esta partida. En primer lugar, la derecha venezolana hoy día no tiene el músculo de antaño y su incapacidad de mover el tablero nacional le ha obligado a tener que poner toda la carne en el asador foráneo. En otra época habrían marchado hacia el Palacio de Gobierno e intentado superar la barrera simbólica que separa el este (pudiente) del oeste (popular) de Caracas. Ahora tuvieron que recurrir a los EE.UU. y sus súbditos para presumir de una fuerza de la que realmente carecen en el país.
En segundo lugar, la joven “promesa” de la cantera del partido ultra Voluntad Popular, Juan Guaidó, tiene más el perfil de un suicida político que el de un líder con futuro. En un supuesto encuentro privado con altos cargos del gobierno reconoció que estaba siendo cada vez más presionado “por los gringos” y por su capo partidario, Leopoldo López. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo bolivariano en los últimos años ha actuado con la contundencia esperada contra algunos golpistas de la oposición, las opciones de futuro del joven Guaidó no son muchas a corto plazo: o un exilio dorado, o una larga estancia en alguna prisión del país.
En tercer lugar, tanto Washington como Miami saben que el nuevo “presidente” no tiene la capacidad efectiva de ejercer el control real sobre el territorio. El Ejecutivo de Maduro sigue teniendo el control de los recursos estratégicos (petróleo y minerales) y la lealtad de las Fuerzas Armadas, probablemente por un periodo bastante más largo de lo que desearían sus enemigos. No solo la cúpula de la FAB sino todas las regiones militares han dejado claro su apoyo al gobierno electo.
Cuarto, el apoyo de dos potencias como Rusia y China, visto el discurrir reciente de algunos conflictos en el actual tablero geopolítico mundial, es un indicador relevante para prever que la caída del gobierno venezolano no la van a poder provocar fácilmente EE.UU. y sus aliados europeos.
Finalmente, la violencia planificada por la derecha, volviendo a contratar a grupos de malandros (delincuentes) para que generen caos nocturno en los barrios populares, están siendo respondido no solo por la policía bolivariana, sino también por el chavismo de base que sabe de nuevo lo que está en juego.
La Real Politik también provocará una nueva ronda de negociación, no tanto para acordar unas nuevas presidenciales (recientemente celebradas) sino para fijar una fecha para las próximas parlamentarias, que por ley debían realizarse en 2020 pero quizás puedan adelantarse a este año, y así superar la anomalía de la existencia de 2 Asambleas. Ahí la derecha tendría otra oportunidad, si gana, para legislar y no para intentar derrocar al Ejecutivo.

Luismi Uharte. Parte Hartuz Ikerketa Taldea

Debate imperial



Opositores venezolanos repartieron en complejos y cuarteles militares fotocopias de la ley aprobada en la Asamblea Nacional que da todas las garantías constitucionales a soldados y civiles que colaboren en la restitución de la democracia.

No deja de asombrar la arrogancia imperial de un país donde se puede debatir abierta y públicamente si se debe o no intervenir en otro país. Casi nadie cuestiona si es legítimo o no ese debate; o sea, si Estados Unidos tiene el derecho y la autoridad moral –después de su larga historia de intervenciones y guerras ilegales, todas realizadas engañando a este pueblo– de definir el futuro de otro país.
No deja de asombrar la arrogancia imperial de un país donde se puede debatir abierta y públicamente si se debe o no intervenir en otro país. Casi nadie cuestiona si es legítimo o no ese debate; o sea, si Estados Unidos tiene el derecho y la autoridad moral –después de su larga historia de intervenciones y guerras ilegales, todas realizadas engañando a este pueblo– de definir el futuro de otro país.
Para los políticos, sobre todo en momentos de crisis como el que está azotando al régimen de Trump, estas aventuras intervencionistas pueden ser muy útiles. La decisión tiene casi nada que ver con el pueblo estadunidense, sino con la suposición de la cúpula de este país de que tiene el derecho, y hasta el deber, de cambiar cualquier régimen que no coopera con o sirve a sus intereses.
La gran mayoría de la población estadunidense no está enterada de lo que ocurre en Venezuela, al igual que en otros países declarados como enemigos.
Recientemente William Arkin, experto en asuntos militares y de seguridad nacional, renunció a NBC News porque, entre otras cosas, no aguantaba más la manera en que los medios masivos reportan sobre las guerras de Estados Unidos. Al ser entrevistado por otro noticiero, señaló que la inmensa mayoría de estadunidenses no podrían nombrar los nueve países que actualmente son bombardeados por Washington. El propio locutor tuvo que confesar que él tampoco. ¿Habrá otro país en el mundo que está en guerra contra otros países, o que está interviniendo, pero cuya población no pueda ni nombrar al enemigo ni ubicarlo en un mapa?
Pero igual que en todas las guerras, invasiones e intervenciones lanzadas en los pasados 170 años, incluso contra México, la propaganda oficial envuelta en bonitos listones de retórica sobre la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, tristemente aún parece funcionar, sobre todo cuando no es cuestionada por los medios y con las redes sociales comprobando qué tan efectivas son para promover incluso la propaganda del régimen más mentiroso que ha habido en la historia moderna.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela hubo un consenso bipartidista en Estados Unidos en favor de un cambio de régimen; nada más había diferencias en cómo lograrlo (igual que en el caso de Cuba). Eso quedó de nuevo comprobado en el transcurso de esta semana, cuando la demócrata de mayor rango en Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuiteó el jueves que Estados Unidos respalda al pueblo de Venezuela, a quienes se levantan contra el gobierno autoritario y exigen respeto por los derechos humanos y la democracia, posición respaldada por varios en el Congreso.
Hubo disidentes de este consenso en Washington. El senador Bernie Sanders, por un lado, deploró la represión del gobierno de Maduro, pero a la vez advirtió: “tenemos que aprender las lecciones del pasado y no estar en el negocio de cambio de regímenes o apoyando golpes como lo hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y República Dominicana…”. La nueva representante Ilhan Omar declaró que “un golpe en Venezuela respaldado por Estados Unidos no es la solución… Tenemos que apoyar a México, Uruguay y el Vaticano para facilitar un diálogo pacífico”. Ro Khanna, otro diputado, expresó su diferencia con Dick Durbin y otros líderes de su partido al afirmar que Estados Unidos no debería nombrar al líder de Venezuela, y se sumó a la posición de Omar. La diputada y precandidata presidencial demócrata, Tulsi Gabbard, dijo que Washington debe quedarse fuera de Venezuela y dejar que ese pueblo determine su futuro. Nosotros no queremos que otros países escojan a nuestros líderes; entonces tenemos que dejar de intentar escoger los de ellos.
Y también hubo expresiones en contra de la intervención estadunidense por intelectuales y activistas de este país.
Pero al escuchar este debate sobre si intervenir o no en Venezuela entre ciudadanos, políticos y activistas aquí, es difícil no pensar: ¿Quién les está preguntando? ¿Quién los nombró no sólo jueces de lo que ocurre en otro país, sino quién les dio el derecho de decidir o no el futuro de otro pueblo?

David Brooks
La Jornada

El experimento venezolano

I.-

Escribo estas primeras líneas cerca de la medianoche del miércoles 23 de enero. La velocidad con la que se suceden los hechos obliga a ordenarlos. En la ruleta de la historia, hay truhanes apostándole fuerte al caos y a la desmemoria.
Afuera, la violencia es un rumor lejano. Ese rumor ha vuelto a instalarse entre nosotros desde el día lunes: al llamado de un pequeño grupo de efectivos de la Guardia Nacional a desconocer al Presidente Nicolás Maduro, ocurrido durante la madrugada, le han seguido varios focos de violencia en el oeste de la ciudad, en horas de la noche. Catia, El Valle, La Vega, La Pastora: todas parroquias populares.
El martes por la mañana, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, escribía en Twitter que las protestas en el oeste de Caracas demostraban “que no hay talanqueras que saltar. Aquí todos quedamos en el mismo corral: sin luz, sin agua, sin medicinas, sin gas y con un futuro incierto” (1). Pronto quedaba muy claro que se trataba de una estrategia: a diferencia de 2014 y 2017, cuando la violencia se expresó fundamentalmente en los territorios controlados por el antichavismo, casi siempre zonas acomodadas, en esta oportunidad se concentrarían en las zonas populares, al menos en una fase inicial. En efecto, durante la noche no se presentó un solo incidente en el este de la ciudad, y recrudeció la violencia en el oeste, más o menos en los mismos lugares de la jornada previa.
El mismo martes, Mike Pence, Vicepresidente estadounidense, se refería al Presidente Maduro como “un dictador sin derecho legítimo de poder” que “nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa”, y expresaba su apoyo a las intenciones de Guaidó de “declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición” (2).
Este miércoles, minutos después de la autojuramentación de Guaidó como “Presidente Encargado”, vino el reconocimiento de la Administración Trump, y de inmediato la previsible seguidilla de presidentes alineados con Estados Unidos: Mauricio Macri, Iván Duque, Jair Bolsonaro, Lenín Moreno… Más temprano, habían llegado los primeros reportes de violencia en el estado Amazonas. Alrededor de las 7 de la noche, se hablaba de víctimas mortales en Barinas, Táchira, Portuguesa, Yaracuy… El golpe de Estado en marcha dejaba su estela de violencia.

II.-

Si de algo no es posible acusar al gobierno estadounidense es de inconsecuente: no solo se apresuró a reconocer la dictadura de Pedro Carmona Estanga, quien se autojuramentó como Presidente de la República el 12 de abril de 2002, sino que se negó a reconocer la victoria de Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, hecho que, pese a ser más reciente, es mucho menos recordado (3). Para Estados Unidos no es nuevo esto de desconocer Presidentes legítimos y apoyar dictadores, y poco o nada le importa si el diputado Guaidó, ahora “Presidente Encargado”, resultó electo en comicios organizados por el mismo Poder Electoral que organizó las presidenciales del 20 de mayo pasado, en las que resultó reelecto Maduro.
No es nueva tampoco la violencia: al desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2013 le sucedió una oleada de violencia política antichavista que dejó un saldo de once muertos. Además, fueron asediados o violentados treinta y cinco centros de salud públicos (Misión Barrio Adentro), dos hospitales, treinta y nueve instalaciones de la red pública de distribución de alimentos, dieciocho medios alternativos y comunitarios, siete sedes regionales del Consejo Nacional Electoral, entre otras instalaciones públicas y establecimientos privados (4).
De acuerdo al relato dominante sobre Venezuela, ha habido dos grandes “ciclos de protestas antigubernamentales” desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia: la primera entre febrero y junio de 2014, y la segunda entre abril y julio de 2017. Uno más violento que el otro. Estaríamos, en consecuencia, en presencia del tercer “ciclo”, iniciado el 21 de enero pasado. Pero esto es completamente falso. Esta versión de los hechos omite de manera deliberada la oleada de violencia del 15 al 19 de abril de 2013.
A tal punto han ganado terreno el ocultamiento y la desmemoria, que cualquiera que lea el siguiente relato concluirá sin dudarlo un instante que se trata de algún episodio ocurrido durante las violentas jornadas de 2017: “De esos lesionados hay una persona que la quemaron viva, o sea, pretendían matarla quemándola. La incendiaron viva. Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en este momento tiene un grupo de personas. ¿Tú sabes lo que es un hermano venezolano tratar de quemarlo vivo? Eso es terrible” (5). Sin embargo, se trata de un extracto de las declaraciones que ofreció la ex Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el 16 de abril de 2013.
Estos hechos no caben en el relato dominante porque la mayoría de las víctimas mortales eran chavistas, y ninguna antichavista. Pero ¿qué ha ocurrido en la sociedad venezolana desde entonces? ¿Qué traumas ha sufrido? ¿Qué mutaciones ha experimentado? ¿Qué explica que aquellas terribles circunstancias resulten ajenas al propio chavismo?
Desde entonces la sociedad venezolana está en shock, y esa es una historia de la que muy poco se ha contado. La importancia de contarla tiene que ver en buena medida con el hecho de que hay fuerzas muy poderosas interesadas en que nos quedemos sin memoria. Y contarla pasa también por recuperar nuestro lenguaje o, como escribía recién un amigo, “volver a hablar sobre Venezuela en nuestro propio idioma”.
Esto último vale no solo para quienes luchamos en Venezuela, sino para quienes, en cualquier parte del mundo, luchan por la igualdad y la justicia, y por evitar la catástrofe capitalista. La pérdida de capacidad heurística de nuestros marcos interpretativos es algo que nos afecta a todos por igual, en mayor o menor medida. Y para ser capaces de transformar primero es preciso comprender.
Hoy Venezuela nos interpela. Nos plantea un serio desafío. Evadir el tema por tratarse de un asunto “tóxico” no puede seguir siendo una opción. Tenemos que ser capaces de sobreponernos a la intoxicación discursiva de los poderes fácticos globales. Ya solo poner en duda el relato de la “crisis humanitaria” es un paso importante. Lo que no significa, de ninguna manera, negar los graves problemas. Pero solucionarlos pasa por develar el entramado de relaciones de poder y saber tras aquel discurso. Nuestro punto de partida no puede ser precisamente aquello que es necesario explicar.
Sin duda alguna, en nuestro país está en marcha un experimento. Sin habérselo propuesto, ni mucho menos, el “Presidente Encargado” ha empleado una metáfora que sirve para ilustrarlo: estamos en un “corral”, sometidos a situaciones-límite. Y pretenden llevarnos al matadero mientras nos hablan de democracia y libertad (6).
Por lo pronto, llama la atención el cuasi-silencio respecto de las víctimas mortales en días recientes. Algunos medios antichavistas han hecho las consiguientes reseñas, con el sesgo correspondiente. Provea, alguna vez, hace mucho, una organización de derechos humanos respetable, ha vuelto a sumarizar de la manera más irresponsable: “La muerte de estos 27 venezolanos eleva a 242 el total de fallecidos en protestas desde que Maduro asumió el poder en 2013” (7).
Pero lo cierto es que las víctimas no han tenido, ni de cerca, la centralidad en el discurso antichavista que tuvieron en 2014 y 2017. ¿La razón? Muy similar a la de 2013: eran pobres en su gran mayoría. Como comentaba una amiga: sus nombres no fueron tendencia en Twitter, ni serán estampados en las franelas que se usarán en las marchas, ningún influencer hablará de ellos.
No todos estamos en el mismo “corral”. Solo la mayoría. Para ellos no aplican las palabras del Vicepresidente estadounidense, Mike Pence: “Estamos con ustedes” (8).

Reinaldo Iturriza López

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(1) Juan Guaidó [@jguaido]. (22 de enero de 2019, 9:52). Las protestas en el Oeste #Caracas demostraron que no hay talanqueras que saltar. Aquí todos quedamos en el mismo corral: sin luz, sin agua, sin medicinas, sin gas y con un futuro incierto. Todos estamos sumergidos en esta crisis, menos el usurpador. #MañanaNosReencontramos
Recuperado de https://twitter.com/jguaido/status/1087709559479767040
(2) Mike Pence [@VP]. (22 de enero de 2019, 11:32). As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad.
Recuperado de https://twitter.com/VP/status/1087734655804194819
(3) Eva Saiz. Estados Unidos se niega a reconocer a Maduro como Presidente de Venezuela. El País, España. 16 de abril de 2013.
https://elpais.com/internacional/2013/04/16/actualidad/1366134296_720903.html
(4) Foro Itinerante de Participación Popular. Las víctimas de la arrechera. Caracas, Venezuela. Junio de 2013.
http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2013/06/VICTIMAS-DE-LA-ARRECHERA-WEB.pdf
(5) Últimas Noticias [Últimas Noticias]. (16 de abril de 2013). Fiscal Luisa Ortega Diaz ofrece balance de fallecidos y lesionados [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_CvHciI2P7o
(6) RT en Español [@ActualidadRT]. (23 de enero de 2019, 18:32). Los paralelos en el trato de EE.UU. a Venezuela en 2019 y a Libia en 2011. Recuperado de https://twitter.com/ActualidadRT/status/1088202749597175810
(7) Provea. Asesinato de 27 personas en protestas 2019, eleva a 242 el total de fallecidos en manifestaciones durante la era Maduro. 25 de enero de 2019.
https://www.derechos.org.ve/actualidad/asesinato-de-27-personas-en-protestas-2019-eleva-a-242-el-total-de-fallecidos-en-manifestaciones-durante-la-era-maduro
(8) Mike Pence [@VP]. (22 de enero de 2019, 11:32). As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad.