viernes, diciembre 31, 2021

El país está ardiendo - Apaguen el fuego ¡Ya!

Una conquista que se defiende en las calles // Un año del aborto legal

Cuba y un barrio llamado Fusterlandia

 

 Un recorrido por el barrio de Jaimanitas en La Habana, transformado por el artista José Fuster.

Uruguay deberá vender el águila del Graf Spee para pagar a quienes rescataron el emblema nazi


El barco alemán protagonizó la batalla del Río de la Plata al comienzo de la Segunda Guerra 

 La Justicia uruguaya falló a favor de dos hermanos en litigio con el propio Estado por los elementos rescatados frente a las costas de Montevideo que pertenecieron al buque alemán Admiral Graf Spee. Concretamente, Uruguay deberá vender el águila del buque de guerra y el telémetro que encontraron los hermanos Felipe y Alfredo Etchegaray. 
 Se trata de un fallo de segunda instancia, dictado por el Tribunal de Apelaciones, que ordena llevar el águila y el telémetro (un instrumento para medir distancias en el mar) a un remate público o a un llamado a precios, tal como está estipulado en el organigrama del Estado. Lo obtenido por las ventas irá a los bolsillos de los Etchegaray. 
 Son “muchos años litigando contra el Estado, luego de obtener los permisos correspondientes para la búsqueda y rescate de los elementos”, dijo Alfredo Etchegaray sobre la sentencia. Él y su hermano costearon la operación para encontrar esos elementos en las profundidades. 

 Uruguay y el águila del Graf Spee 

La historia del litigio se remonta a 2004, cuando formaron un contrato con el gobierno de Uruguay. Ese año encontraron el telémetro entre los restos del Graf Spee. A los dos años hallaron el águila, que pesa más de 300 kilos. Ubicada en la proa del navío, tiene una cruz esvástica tallada.
 Entonces comenzaron los problemas judiciales. Uruguay se negó a pagar. Fueron a juicio y en primera instancia ganaron los Etchegaray. Ese fallo obligaba a vender el material y compartir la mitad de las ganancias con los hermanos. Tras el fallo de segunda instancia, el gobierno uruguayo puede apelar a la Corte Suprema, pero eso no quita que debe cumplir con la sentencia. 
 Los Etchegaray podrían pedir la imposición de una multa al Estado por cada día de incumplimiento hasta tanto se cumpla con lo ordenado por la Justicia. La causa tuvo sus demoras por la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de coronavirus, que llevó a dos pedidos de prórroga por parte de los abogados del Estado. 
 Tras conocerse la sentencia, el ministro de Defensa, Javier García, informó que el gobierno de Luis Lacalle Pou se asegurará de que el destino de la venta del águila "no sirva para publicidad ni culto nazi”. El gobierno alemán buscó este tiempo que el águila no saliera a la venta para evitar que la compren nostálgicos del nazismo. De hecho, desde Berlín adujeron que su destino final debería ser un museo 

 La batalla del Río de la Plata y el Graf Spee

 La batalla del Río de la Plata fue uno de los primeros grandes relatos que suscitó la Segunda Guerra. Ocurrió en diciembre de 1939 y significó la única acción bélica del conflicto más grande de la historia en el Atlántico Sur, además de ser el primer combate naval entre Alemania y el Reino Unido en la contienda.
 El 13 de diciembre de 1939, el Graf Spee se enfrentó a tres buques ingleses en el estuario del Río de la Plata: el Ajax, el Aquiles y el Exeter. El barco alemán quedó averiado y el capitán Erich Langsdorff atracó en Montevideo. La tripulación quedó en la Argentina. La presión diplomática obligó al barco a zarpar. Langsdorff ordenó hundir el barco apenas soltó amarras, el 18 de diciembre, y después se suicidó en Buenos Aires.

 Página/12

La imperdonable soledad de Julian Assange


Julian Assange está enterrado por la “Justicia” inglesa en una cárcel de máxima seguridad. Lo de enterrado no es una tramposa apelación a una palabra que nos estremece sino un sobria descripción de la celda en la cual -de a poco, hora tras hora- el fundador de WikiLeaks va cumpliendo la sentencia de muerte que la tienen reservada. ¿La razón? Haber filtrado a la prensa cientos de miles de documentos probatorios de la infinidad de asesinatos, torturas, bombardeos y atrocidades que Washington perpetró en Irak, Afganistán y en otros países, cosa que ocultaba con sumo cuidado. Ese fue el crimen de Assange: informar, decir la verdad. Y tal cosa constituye una afrenta imperdonable para el imperio que persiguió al periodista por años.
 La valentía del presidente Rafael Correa (ya manifestada cuando expulsó a las tropas de Estados Unidos de la base de Manta) lo puso a salvo de esa amenaza concediéndole no sólo asilo en la embajada del Ecuador en Londres sino la ciudadanía ecuatoriana. La nauseabunda discapacidad moral de su corrupto sucesor, Lenín Moreno, privó a Assange de ambas cosas y lo entregó inerme a las autoridades británicas; es decir, a manos de uno de los más despreciables lugartenientes de la Casa Blanca. Y ahí sigue, esperando lo que parece un final ineludible: su extradición a Estados Unidos. Allí el periodista será exhibido como un trofeo, torturado psicológica y físicamente hasta lo indecible y luego, con maldita astucia, condenado a una dura sentencia, aunque menor a los 175 años pedidos por el fiscal y enviado a una cárcel, en donde poco después morirá descosido a puñaladas en una bien orquestada “riña de reclusos.” En un infinito alarde de hipocresía Washington se apresurará a declarar su pesar por tan lamentable desenlace y el presidente enviará condolencias a sus deudos. Moraleja que el imperio desea grabar a fuego sobre una piedra: ”quien revele nuestros secretos lo pagará con su vida.” 
 Hablábamos de la soledad de Assange en estos días finales del aciago 2021 y la calificábamos de imperdonable. ¿Por qué? Porque el calvario que ha martirizado al australiano no ha provocado, salvo en Londres, masivas manifestaciones de solidaridad y apoyo a su causa. Sorprende y preocupa que ésta no haya sido asumida como propia por la izquierda y los movimientos populares que sí libraron grandes batallas a finales del siglo pasado y comienzos de éste en contra del Acuerdo Multilateral de Inversiones –abortado, ni bien sus leoninas cláusulas secretas fueron reveladas por hackers canadienses- o contra el neoliberalismo, el ALCA, y los tratados de libre comercio hoy no se movilizan para exigir la inmediata liberación de Assange. Creo que esta desgraciada situación obedece a varios factores: primero, el debilitamiento y/o desorganización de las fuerzas sociales que libraron aquellas grandes batallas, producto del permanente ataque sufrido a manos de los gobiernos neoliberales; segundo, por la suicida exclusividad que en la construcción de la agenda de los movimientos contestatarios tienen los temas económicos, siendo que éstos no pueden ser el único asunto que convoque a su militancia. La lucha anticapitalista y antiimperialista tiene varias facetas, y la batalla por la información y la publicidad de los actos del gobierno es una de ellas. Y en ella Assange es nuestro héroe, que resiste en soledad. A lo anterior hay que agregar un tercer factor: el nefasto papel de la “prensa libre”, es decir, la antidemocrática concentración de poderes mediáticos que jamás asumió no digamos la defensa de un periodista de verdad como Assange sino que se esmeró en ocultar la información sobre el caso. La “canalla mediática”, que nada tiene que ver con el noble oficio del periodismo, se alineó voluntariamente para ocultar los crímenes denunciados por Assange y justificar su encarcelamiento. Es decir, se hizo cómplice de sus verdugos.
 Ojalá que la izquierda y los movimientos populares reaccionen a tiempo y abandonen su abulia en este tema. Mucho puede aún hacerse para salvar la vida de Assange: desde un tuitazo mundial apoyando su causa hasta fomentar una masiva cibermilitancia en las redes sociales y organizar multitudinarias manifestaciones callejeras en las principales ciudades del mundo reclamando su libertad y presionando a los gobiernos para que se solidaricen con el periodista amordazado.. Todavía se está a tiempo. Las grandes organizaciones populares no pueden ni deben ser cómplices de su martirio. ¡No le suelten la mano a Assange, no lo dejen solo!

 Atilio A. Boron 
31 de diciembre de 2021 - 01:17

Alberto Fernández, yudoca


El gobierno nacional está haciendo el mejor uso de la derrota que sufrió en Diputados, cuando la oposición unida rechazó el proyecto de Presupuesto para 2022. El revés dejó numerosos agujeros en las cuentas públicas, que no podrían ser remediados con la prórroga por decreto del Presupuesto del año que termina. En primer lugar, claro, porque no se puede obtener un acuerdo con el FMI, el acreedor principal del Estado, sin una hoja legal que determine los gastos y recursos del año fiscal. En segundo lugar, porque el rechazo deja en el camino inversiones públicas, de Nación y provincias, comprometidas con capitales y gobernadores. Específicamente, el archivo del proyecto de Presupuesto dejó a las provincias sin un financiamiento de 180 mil millones de pesos, más allá de los recursos que el estado federal co-participa con ellas. La promesa del ministro Guzmán de ofrecer un plan plurianual de una década, se convirtió en la incapacidad para obtener uno para el año próximo, si es que se puede llamar presupuesto a un plan que prevé una inflación del 33% anual. 
 El gobierno no demoró en reaccionar ante el revés. Enseguida después copó una sesión especial convocada por JxC, para hacer aprobar una modificación al impuesto a los bienes personales, que aumenta las alícuotas impositivas a partir de un mínimo muy bajo – alrededor de 30 a 50 mil dólares. El aumento de recursos apunta a financiar en el tiempo el pago de la deuda pública, sea con el FMI o los acreedores privados – el objetivo obsesivo del gobierno popular. No figuran, sin embargo, entre los activos afectados por el impuesto los más importantes de ellos, como son los bonos de la deuda pública, que es donde los ricos meten la plata. Es que están exentos de cualquier gravamen, así como las cajas de ahorro y plazo fijo de los bancos. Los afectados, entonces, podrían zafar toda vía, convirtiendo más activos en su poder en títulos de la deuda pública. Es lo que el Banco Central está discutiendo para las Leliq, las deudas que tiene con el sistema bancario. Para ello canjearía las Leliq por títulos de la deuda pública, evitando de paso la emisión monetaria. Los títulos de la deuda pública están nominados en dólares o indexados al dólar, lo cual representa un seguro de cambio gratuito para el ‘inversor’. La deuda dolarizada refuerza el rechazo del peso como moneda de valor general y constituye una forma disfrazada de devaluación. 
 Luego de convertir, como improbable yudoca, aquella gran derrota en un pequeño triunfo, el oficialismo fue por más. Alberto Fernández les dijo a los gobernadores que “hay que reconducir” las partidas tras el rechazo (La Nación, 22.12). Es así que obtuvo el acuerdo de ellos, peronistas y macristas, para alcanzar un “consenso fiscal” que compromete al estado nacional a cubrir los gastos que quedaron en la nada luego del rechazo al Presupuesto/22, y que autoriza a las provincias a aumentar Ingresos Brutos. Este impuesto grava el giro de negocios de las empresas y se traslada a los precios de modo significativo. O sea que lo paga el contribuyente. El pacto fiscal con los gobernadores de los dos lados de la grieta, implica también un ‘pacto de gobernabilidad’, que busca superar el impasse que se ha producido en el Congreso. El golpe de mano ha sembrado el desconcierto en el bloque macrista.
 Los popes de la gran patronal denuncian que este impuesto los perjudica frente a la competencia de mercancías importadas, y lo han calificado como “regresivo”, junto al IVA, en tanto impuestos al consumo. El mote sorprende, porque el IVA es de completa hechura patronal y fue impuesto por Martínez de Hoz, Cavallo y el FMI. El IVA cubre el 40% de la recaudación fiscal, en tanto que ganancias a las empresas no supera el 3% del PBI – unos 12 mil millones de dólares. El FMI desaprueba también Ingresos Brutos, pero quiere llevar a cero el déficit fiscal. Recurrir a una amputación de gastos es visto por las mismas patronales como una convocatoria a la rebelión popular. Significativamente, el gobierno se opone al impuesto progresivo a gravar los latifundios abundantes en las provincias, por una cuestión de clase; casi toda la oligarquía peronista, además, es dueño de grandes superficies agrícolas. Este impuesto progresivo sería una salida para los Tesoros provinciales y un principio de salida para la dependencia de las provincias de los impuestos nacionales. Habilitarían de inmediato, junto a otras medidas de fondo, a eliminar los impuestos al consumo, que son los más coparticipables. 
 Sin la menor deferencia por las fiestas, el oficialismo puso los cambios en quinta y fue por los monotributistas, como se llama a una mayoría de trabajadores precarizados que tienen que pagarse jubilación, salud e impuestos. En efecto, el gobierno subió en un 26% el mínimo no imponible a los monotributistas, frente a una inflación del 50 por ciento. La reforma laboral que propugnan las patronales y el FMI, que es convertir al asalariado en monotributista, viene con una gran carga impositiva adentro.
 La corrida al bolsillo del trabajador no se detiene, sin embargo. Ya ha sido convocada la audiencia pública para aumentar la tarifa de gas. La pandemia ya pasó, arguye el gobierno, volvamos a la ‘vieja normalidad’. Se calcula un tarifazo del 40%, justificado por una ‘segmentación’ de la población, que “es de difícil aplicación”, según los agoreros, pero que por eso mismo prevé subas del 300% para las clases altas, que a lo mejor no lo son tanto. El lenguaje sociológico de moda clasifica como clase media a un obrero industrial especializado, que se encuentra en algún nivel por encima del costo de la canasta familiar. Todo lo dicho sobre el gas, vale para la electricidad. 
 Todo lo expuesto hasta acá constituye, a corto o mediano plazo, una convocatoria a la rebelión popular. El gobierno lo ve de otro modo. Visualiza un crecimiento imparable de la actividad económica, en especial de las exportaciones, y una mejora cada vez mayor de la demanda de fuerza de trabajo. La inflación ‘multicausal’ retrocedería como resultado de un impacto menor de los precios internacionales del agro, y como consecuencia de un acuerdo con el FMI para alargar los plazos de pago de la deuda con el organismo. Esta hoja de ruta plagada de incertidumbres, parte de consolidar un nivel histórico bajísimo de jubilaciones y salarios, y de índices extraordinarios de pobreza. El ministerio de Industria insiste en la intención de derogar las retenciones a la agroexportación adicional a los niveles actuales, como ocurre con la industria automotriz. Los K creen contar con un espacio de tiempo económico y social lo suficientemente largo para sus propósitos, al igual que lo que creía Macri ente 2016 y 2018. En ese mismo espacio de tiempo, los observadores económicos vislumbran una fuerte perspectiva de crisis financiera internacional, basada en un nivel de endeudamiento público y privado relativo sin precedentes en la historia mundial. Al final, lo que precipitó el derrumbe del macrismo fueron los violentos giros financieros internacionales entre finales de 2017 y finales de 2018. 

 Jorge Altamira 
 28/12/2021

jueves, diciembre 30, 2021

¿Cuál era el país mejor preparado ante una pandemia?


En 2019, el “Índice de Seguridad de Salud Global”, elaborado por equipos expertos vinculados al Centro Johns Hopkins para la Seguridad de Salud y a The Economist, colocaba a EEUU como el país mejor preparado del mundo para enfrentar una pandemia. Hasta que llegó esa pandemia.

Trotsky en América Latina

 

 Conversación con Christian Castillo

El miedo a los de abajo


La LUC y la militarización de las sociedades: Los países y los estados más armados no son los estados más seguros; los mayores índices de criminalidad coinciden con mayores índices de desigualdad. 
 Un día de 1987, mis abuelos fueron a la capital de Uruguay para hacerse análisis médicos y, por razones económicas, me dejaron solo en su granja, donde yo solía pasar las vacaciones. El Tata me dejó su escopeta y me dijo que no la tocase si no tenía necesidad. Sin electricidad, las noches en la granja eran interesantes pero muy oscuras y, a veces, algunos cazadores cruzaban su propiedad sin permiso.
 “Dejalos pasar”, me dijo. “Si alguien se acerca a la casa para robar, agarrá la escopeta. Si no tenés más remedio que disparar, apuntale a los pies. Mi granja no vale la vida de nadie ni la carga de conciencia que te quedaría para el resto de la vida si matas a alguien”. 
 Ahora, cada vez que escuchamos los discursos reclamando más seguridad, cada vez que vemos las acciones de “defensa” de los imperios o leemos las nuevas leyes de los países civilizados, podemos pensar lo contrario: la propiedad privada es más sagrada que la vida ajena.
 De las invasiones imperiales en nombre de la “defensa propia” he escrito algo. Ahora quisiera echar una mirada a ese pequeño país, Uruguay, relativamente pacífico y civilizado. 
 El nuevo gobierno conservador se reservó un paquete de reformas al Código penal para después de las elecciones presidenciales de 2019 (por lo cual llamarlo “Ley de Urgente Consideración” fue otra ironía rioplatense) y logró aprobarlo unos meses después. Actualmente, 135 artículos de este paquetazo están bajo amenaza de ser derogados por un referéndum popular. Algo semejante al referendum de 1992 que detuvo la ola neoliberal, cuando el padre del actual presidnete era presidnete. 
 El lenguaje técnico de los nuevos artículos de la LUC no difiere de sus versiones de 2008, pero en cada detalle exuda su ideología, propia de las clases altas en el poder: los problemas de “la gente bien” se resuelven con mano dura, con más represión, con la criminalización más temprana de adolescentes (pobres) y limitando el ejercicio de la democracia en la base de la sociedad. Más allá de la narrativa moderada de cada nuevo artículo, claramente podemos ver una criminalización de un lado de la sociedad para proteger los intereses y los privilegios del otro lado. En la mayoría de los casos son intereses y privilegios fantasmas, es decir, adoptados como promesa de ese ascenso social que nunca llega, excepto en la fantasía de los individuos aferrados a pequeños “éxitos”.
 El objetivo de la LUC son, socialmente hablando, los pobres. Ahora, quienes promueven su derogación en el referéndum publican videos sobre la violencia policial como factor reivindicado por la nueva ley, sin darse cuenta que en todo el mundo las clases medias le temen más a los de abajo que a los de arriba. Según esta psicología, los pobres nos roban con los impuestos y nos roban la billetera en el autobús. Los ricos no. Los ricos saben robar sin que te sientas ni inseguro ni estafado. De hecho, les agradecemos por no estar peor, como los pobres. Es la tradicional moral del esclavo: cualquier mínimo privilegio se lo acreditamos a los que mandan; cualquier pérdida es culpa de los insaciables y perezosos esclavos que siempre quieren más. 
 Uno de esos factores de la nueva Ley es la legalización implícita del “arresto ciudadano”, lo cual se puede rastrear en los linchamientos y las leyes Jim Crow en Estados Unidos para controlar a los negros convertidos en ciudadanos luego de la Guerra Civil. En Uruguay, el racismo ideológico ha sido mínimo (nunca hubo un equivalente al KKK o al partido Nazi), pero nuestro orgullo antirracista debería ser revisado seriamente cuando se trata de racismo cultural y estructural. Esa actitud que nos lleva a sentir “orgullo legítimo” por ser rubios y europeos y, en el mejor de los casos, un “orgullo reivindicativo” por ser pocos indios y negros tan buenitos. Otra consecuencia del colonialismo internacional (imperialismo) y del clasismo nacional (patriotismo). 
 También la tendencia a la proto militarización de la policía en la LUC es otra importación inadvertida. Es la carta de los conservadores en Occidente para reprimir manifestaciones y rebeliones, producto de las políticas neoliberales y capitalistas bajo la vieja excusa de combatir la delincuencia y el desorden producidos por el mismo sistema ideológico que los crea. Chile, Colombia y EEUU tienen más experiencia. 
 El Artículo 45, por ejemplo, mencionando la “Oportunidad para el uso de la fuerza” la justifica “cuando el personal [policial?] advierta la inminencia de un daño [y] deba disolver reuniones o manifestaciones que perturben gravemente el orden público, o que no sean pacíficas”. El artículo 30 de 2008 establecía que “En toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir [y] está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros”. Por lo cual la sutil y secreta reforma de la LUC consiste en establecer (Artículo 31 bis) la “Presunción de legitimidad de la actuación policial: Salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones, es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”. 
 El nuevo artículo 43 establece, bajo el mismo espíritu del control y la represión como prerrogativas del derecho ajeno, que “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera. […] Cuando una persona se niegue a identificarse […] podrá ser conducida a la correspondiente dependencia policial”. Otra vez, la discreción del caso recae en cada policía, quien podrá detener a cualquier ciudadano sin documentos, no basado en un delito cometido sino en una sospecha. 
 Para no hacerlo infinito, un último ejemplo referido a la educación y al miedo a la democracia directa. El Artículo 76 de 2008 establecía que “En todo centro educativo público de Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior y Educación Técnico-Profesional, funcionará un Consejo de Participación integrado por: estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad. Los respectivos Consejos de Educación reglamentarán su forma de elección y funcionamiento”. Para corregir este descontrol de decisiones en las bases de la sociedad, la LUC corrige la última línea: “Las respectivas Direcciones Generales propondrán al Consejo Directivo Central la reglamentación de su forma de elección y funcionamiento”.
 Ni la LUC ni las políticas de los gobiernos de derecha priorizan las causas de la violencia sobre la represión de sus consecuencias. Lo cual no sólo sería de justicia social sino también de interés general. Un botón de muestra que observo en Estados Unidos y es extensible a sociedades (económicamente) más pobres: El cerebro de un individuo no madura ni se estabiliza por lo menos hasta los 25 años. Quienes son ricos o clase media acomodada pueden y saben cómo tratar a sus hijos más problemáticos, muchas veces jóvenes violentos o deprimidos, con los mejores psicólogos y psiquiatras y con la mejor comprensión de un problema que no se resuelve a fuerza de palos. Los hijos de los pobres (negros, en Estados Unidos) terminan en la cárcel y allí hacen posgrados de delincuencia.
 Sólo esta observación debería ilustrar lo que quiere decir “injusticia social”. Pues no. Para nuestros hijos, profesionales. Para los hijos de los de abajo, policía y mano dura, lo que de paso confirma todos los estereotipos de la cadena cultural. 
 Los países y los estados más armados no son los estados más seguros; los mayores índices de criminalidad coinciden con mayores índices de desigualdad. Pero no nos engañemos: debido a la pandemia, la criminalidad ha descendido en muchos países. Lo mismo las protestas sociales, que reventarán cuando la pandemia y la autorrepresión pasen. 
 Al día de hoy, las encuestas informan que el referéndum contra la LUC perderá por amplio margen. Al día de hoy, hay esperanzas de que el pueblo uruguayo reaccione. Como siempre, en el último minuto.

 Jorge Majfud | 30/12/2021

Luis Lacalle provoca al pueblo… y el pueblo uruguayo responde

Peligra que se apague la histórica chimenea de la refinería de la planta de combustibles de la estatal petrolera ANCAP, en el barrio obrero montevideano de La Teja. La primera y única vez que apagó su llama había sido en 1973 en protesta contra el golpe de Estado. 
 El gobierno tensa las relaciones con los sindicatos y los mismos responden con medidas combativas. Los conflictos se elevan cuando la Corte Electoral confirma la fecha del referendo (27 de marzo) contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). A pesar de las adversidades y en pandemia, otra vez el pueblo uruguayo dio vuelta la taba. 
 De hecho, las casi 800 mil firmas logradas en la movilización popular (en un país de poco más de tres millones de habitantes) en julio ya tuvo consecuencias palpables, como la decisión dl gobierno de postergar gran parte de su agenda, e incluso dejar de aplicar el procedimiento previsto en artículos impugnados de la LUC para fijar precios de los combustibles, que habría determinado sucesivos aumentos mensuales.
 Gana terreno la noción de que el referéndum será una expresión de apoyo o de rechazo a todo lo que el gobierno nacional se propuso hacer. El problema, nada menor (para ambas partes), es que luego del 27 de marzo quedarán casi tres años antes de las elecciones de 2024, y carece de sentido pensar que, en ese largo período, el oficialismo debe tener carta blanca o abandonar todos sus planes, advierte el analista Marcelo Pereira.

 La llama y la chispa 

 El presidente de los trabajadores petroleros (Fancap), Gerardo Rodríguez, señaló que “ante la denuncia unilateral por parte de ANCAP del convenio colectivo donde queda sin efecto la obligación de Fancap de brindar guardia gremial ante paros sindicales, se acuerda una parada excepcional para la refinería de La Teja”. 
 Añadió que, en el uso del derecho a huelga y en un día histórico (7 de diciembre), “resuelve por primera vez en la historia en democracia, que la refinería de La Teja para junto a todas las áreas de ANCAP en defensa del portland y la decisión popular de los referéndums 1992 y 2003”.
 Estas fechas a las que alude Gerardo Rodríguez son emblemáticas y significativas. La primera en la década de los 90, cuando el padre del actual presidente pretendió liquidar las empresas públicas. Luego en el 2003, con el gobierno colorado del difunto neoliberal Jorge Batlle se pretendió, luego de la crisis del 2002, liquidar ANCAP. En ambas ocasiones el pueblo ajustició con miles de votos en las urnas al proyecto privatizador. 
 La secretaria general del sindicato, Natalia Belo, calificó la medida gremial como excepcional, ya que desde 1973 no se había vuelto a concretar la suspensión de las actividades de la refinería. Belo cuestionó que las autoridades digan que se trata de una medida “irreflexiva” por parte del sindicato, cuando era “tan sencillo como mantener el principio de ultractividad, es decir, que se mantuviera el convenio anterior durante la negociación de un nuevo convenio”. 
 “Pretenden deshacerse del negocio, de la soberanía, eliminar un montón de puestos de trabajo y ceder la riqueza de la piedra caliza a privados. Lamentablemente, no se está poniendo arriba de la mesa; el pueblo ya decidió en 2003 que quería Ancap estatal y pública”, expresó. 
 Luis Lacalle Pou, finalmente dio un discurso en la cena de fin de año de la Cámara Española de Comercio, que tuvo lugar en el Club de Golf del Uruguay. “Tienen derecho de parar, nosotros de avanzar. Aunque el statu quo quiera seguir teniendo un lugar en su empresa pública que da pérdida, vamos a seguir adelante porque lo comprometimos”, dijo el presidente. A su vez el Directorio de Ancap dispuso “que gerencia inicie trámites para importar combustible” 
 A esto se suma la liberalización de importaciones en los aeropuertos, donde antes la empresa estatal tenía el monopolio. Además de la concesión directa entregada a privados de seis aeropuertos del interior y la extensión del Aeropuerto de Carrasco y Laguna del Sauce a Puerta del Sur, filial uruguaya del grupo Corporación América Airports del empresario argentino Eduardo Eurnekian.
 Sigamos con la lista: entrega del puerto a una multinacional belga hasta 2081, la frontera entregada a Brasil en medio de la pandemia solo para consumo en la frontera con el Chuy y Rivera; la extranjerización de la tierra y las concesiones a pastera finalandesa UPM. Fronteras, puerto, aeropuertos, tierra a remate. ¿Qué más queda? 
 Bueno, una posible respuesta es la de medrar y debilitar al movimiento sindical y popular para que no frene ni luche contra las medidas entreguistas de este gobierno. Pero hay noticias para Lacalle Pou… 

 Extra, extra 

 En la misma semana el Frente Amplio le envió la fuerte señal al gobierno de que se está recuperando de manera vigorosa con sus elecciones internas, alcanzando 130.000 votantes en elecciones no obligatorias. Sumado a esto, la Corte Electoral informó que el 27 de marzo será el referendo contra la LUC. 
 Este miércoles se validaron las 671.544 firmas necesarias para habilitar la votación. En rueda de prensa, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, informó que se imprimirán papeletas rosadas para el Sí (a favor de derogar 135 artículos de la LUC) y celestes para No (en contra de derogar los artículos). 

 Parece 1973 

 Este jueves 9 de diciembre se realizó una marcha desde la Suprema Corte de Justicia hacia el Palacio Legislativo en contra del proyecto de ley presentado por la formación política de extrema derecha Cabildo Abierto, que pretende otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años. Lo que parece un simple proyecto de ley, en realidad tiene nombre y apellido.
 Este proyecto influye directamente a los presos vip de la cárcel de Domingo Arena donde el 90% son condenados por delitos de lesa humanidad durante al dictadura (1973-1985), que la mayoría obviamente supera los 65 años. La medida no aplicaría para casos de violación y homicidio agravado así como tampoco para delitos de lesa humanidad a partir de 2006. Una verdadera infamia. 

Nicolás Centurión | 11/12/2021
Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Coronavirus en Argentina: la inmunidad de rebaño


El país se encuentra en un brote de contagios que acelera rápidamente, en 14 días se triplicaron los casos. En Córdoba el contagio es 5 veces más rápido que las “olas” anteriores. Entre el 20 y 26 de Diciembre el alza de contagios fue de un 217%. Afrontamos aproximadamente 34.000 nuevos contagiados.
 En este contexto, Carla Vizzoti, Ministra de Salud, decidió declarar a los contactos estrechos como “nuevos positivos”, para evitar el testeo. Lo que sucede es que las UFU están comenzando a colapsar, por la gran demanda por parte de la población para testearse y el poco personal de salud que hay contratado en los hospitales. Los testeos a su vez escasean, por lo que este anuncio significa sustituir el diagnóstico médico por una reclusión que nadie controla, o sea, una lavada de manos. Lo mismo hacen, por ejemplo, Estados Unidos e Italia, el primero mandando a casa al contagiado por cinco días, el segundo por tres días. Alberto Fernández sugirió también el “autotest”, en una farmacia cercana. Trata de evitar el aumento del presupuesto de Salud y cumplir con el FMI.
 Holanda y China aplicaron cuarentenas que lograron disminuir el porcentaje de infectados. China con una política “Covid cero” ha implementado en el día de hoy otro nuevo confinamiento en la ciudad de Xian con 13 millones de habitantes y 143 contagios. Con esta política, China es el primer país en lograr una ‘recuperación económica’ que al mundo capitalista de la ‘nueva normalidad’ le resulta esquiva. El gobierno chino tiene los ojos puestos también en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín para 2022 y la nueva temporada del año nuevo lunar, dos eventos que atraen al turismo y por lo tanto las ganancias. China logró eliminar casi por completo el virus (en el día de hoy los confirmados positivos fueron 371, sin muertes, en el país más poblado del mundo). Es también el país con mayor desarrollo de pruebas masivas para la detección de posibles infecciones del virus. 
 EE UU y Argentina defienden a muerte la ‘nueva normalidad’, o sea, la convivencia con el Covid. Siguen la lógica de la inmunidad de rebaño. Han acortado el periodo de aislamiento para contactos estrechos, y para infectados sin síntomas es de 5 días. Sin aplicar ninguna medida preventiva. Así, han llegado al medio millón de contagios. Al mismo tiempo, tiene el récord de trabajadores que renuncian a su trabajo debido a las condiciones insostenibles de la presencialidad. Además registra un gran proceso de huelgas.
 En Argentina, tampoco se han implementado medidas preventivas en plena celebración de las fiestas, y cuando hay una suba en el turismo estacional.
 El gobierno de Buenos Aires dictaminó que “(los) profesionales médicos y no-médicos son personas habilitadas para la realización de testeos COVID-19”, una manera de no aumentar el personal de salud requerido en los hospitales. Sin embargo, los médicos en las UFU ya han comenzado a manifestarse: en Navidad algunas UFU pararon sus servicios, a su vez enfermeros se concentraron en la Casa de Gobierno el pasado 28 de Diciembre, para reclamar aumentos salariales, la reapertura de paritarias y el cobro del bono de fin de año.
 Los trabajadores de la salud reaccionan ante la política del capital, que busca el beneficio económico antes que la salud de la población, recargando al personal sanitario sin haber modificado sus condiciones laborales ni salariales. Esta situación va a extenderse a las fábricas, empresas y a los propios hospitales, generando comités de trabajadores, primero para el armado de protocolos de cuidado, que han sido suprimidos cuando se declaró ‘la pos-pandemia’, enseguida con el reclamo del cese de la ‘presencialidad’ en los lugares de trabajo. La nueva variante, Ómicron, se ha ensañado con los mismos, lo que desautoriza los ‘discursos’ de Fernán Quirós y Larreta. 

 Florencia Suárez 
 29/12/2021

Intendentes Buenos Aires: una "re-re" antes de Reyes


Finalmente, en sesiones exprés y simultáneas, ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires aprobaron una sustancial modificación a la ley que, en 2016, limitó a dos periodos la posibilidad de elección de intendentes, diputados provinciales y concejales. La nueva ley toma a 2019 como punto de partida para permitir una reelección en 2023, lo que podría extender la permanencia, al menos por ahora, hasta 2027. Antes de eso una veintena de intendentes había decidido tomar ´licencia´, para poder presentarse de nuevo dentro de dos años, con derecho a reelección, lo que les habría permitido pelear el mandato 2027-31. Es lo que había permitido el decreto reglamentario de la ley votada en 2016 e impulsada por Vidal-Massa. Como consecuencia de todas estas maniobras, los promotores de la ley aprobada en las dos cámaras de la legislatura bonaerense, que permite la reelección hasta 2027, alegan que la nueva ley es anti-reeleccionista, porque la anterior, que fue votada como anti-reelección, posibilitaba llegar a 2031, gracias al decreto que la reglamentó. 
 La nueva ley fue votada por el peronismo, los radicales y el PRO, en votaciones divididas; en el kirchnerismo sólo ‘no acompañó’ Duranoña y Vedia, él mismo un ex intendente. En el oficialismo el sector de Massa se opuso e hicieron lo propio algunos legisladores de Vidal. La Coalición Cívica y un solitario diputado de Lousteau tampoco acompañaron. El ´sororo´ Lipovetzky, aunque públicamente se manifestó en contra, luego se abstuvo. Como el proyecto se trató “sobre tablas” se necesitaron y consiguieron dos tercios en ambas cámaras. 

 De yapa, el presupuesto 

Aunque todas las miradas se las llevó la extensión de mandatos a los intendentes, la legislatura trató y aprobó el presupuesto provincial, con la habilitación del quórum otorgado por la oposición macrista. El Frente de Todos va encarrilando el trámite parlamentario en su conjunto, después de la derrota sufrida en el presupuesto nacional. A lo mismo han apuntado el ‘consenso fiscal’ con los gobernadores peronio-macristas y la modificación de la ley de “bienes personales”. 
 El presupuesto, que en línea generales continua los ´parámetros´ del presupuesto nacional rechazado, habilita fundamentalmente un endeudamiento de 90 mil millones para la provincia y una ´suba´ de la recaudación por impuestos patrimoniales del 35%, aunque la inflación anual excede por bastante esa cifra. La propiedad agraria vuelve a salir indemne, aunque no tributa casi nada. El presupuesto también prevé un déficit de 180 mil millones de pesos, si se suma el primario y el financiero. Como parte del paquete las cámaras también aprobaron una modificación de la ley impositiva y una ampliación de los ministerios provinciales. 
 Este pacto de gobernabilidad provincial le otorgó, por el momento, la iniciativa al campo oficialista. A “Juntos por el cambio” las victorias electorales les quedan grandes. 

 El poder permanente 

Para un columnista de La Nación, la victoria de los intendentes muestra la vigencia de “un poder permanente”, que elude cualquier forma de renovación. El radical Gustavo Posse es intendente de San Isidro desde hace 21 años. Fue famosa la longevidad en el cargo de parte de Quindimil, en Lanús. El macrismo fracasó miserablemente en el intento de quebrar el aparato peronista en el conurbano durante su mandato. Este poder ‘vitalicio’ se proyectaría al resto del país, porque condiciona a los gobiernos bonaerenses y de aquí al aparato del Estado nacional. En las provincias, el poder municipal no es tan determinante, salvo por excepción. 
 La burguesía no está satisfecha con esta situación, porque debe pagar un elevado tributo a este ‘poder permanente’. En los municipios se beneficia una burguesía clientelar de medio pelo, que comparte ganancias con el aparato estatal. Pero todos reconocen que este ‘poder permanente’ es fundamental a la hora de controlar y reprimir las barriadas, como lo hacen, con resultados menguantes, las burocracias en los sindicatos. Este ‘poder’ está asociado al juego legal y no legal, y es por eso que el juego no paga impuestos. El video dado a conocer por la AFI, que muestra una conspiración del aparato macrista con los servicios de inteligencia y el intendente macrista de La Plata, Julio Garro, es instructivo porque demuestra la pugna por el control territorial y sindical contra un barrabrava de la burocracia sindical, como el ‘Pata’ Medina. Pero, más allá, contra el clan Moyano, que es más que una burocracia, es un grupo empresarial insertado en el aparato de salud del mismo Estado. 
 Este breve ‘paneo’ sobre el ‘poder permanente’ explica la tenacidad con que todos los partidos patronales han peleado las reelecciones, que volverán a discutirse en el futuro para volver a hacerlas indefinidas. El ímpetu del ‘retorno a la democracia’ está largamente agotado. 

 Fede Fernández 
 29/12/2021

miércoles, diciembre 29, 2021

Testeos y vacunas son la clave ante el aumento exponencial de los contagios


Los epidemiólogos calculan que “los peores meses de contagio” serán febrero y marzo. 

 El crecimiento de los contagios a números que recuerdan a la segunda ola de coronavirus despertó tensiones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia y las obras sociales y prepagas por el colapso en los testeos. Según el Ministerio de Salud porteño, la Ciudad realiza 1 de cada 3 tests del país y 1 de cada 3 personas que toman la prueba en el sistema vive en otras jurisdicciones. Ninguno quiere hacerse cargo de aumentar la capacidad de testeo, fundamentalmente porque están comprometidos con el ajuste sobre el sistema de salud. 
 Durante la jornada de ayer se dieron 20.263 contagios con una positividad de 28,72%. Siete días atrás era 10%. El crecimiento del virus es exponencial, y la incapacidad del sistema de testeos actual para encontrar a todos los positivos pone en riesgo a toda la población. Para sumar, los epidemiólogos calculan que “los peores meses de contagio” serán febrero y marzo, por lo que es probable que los números durante ellos rompan los récords de casos históricos del país. 
 El aumento de la demanda no solo llevó a las largas filas que se vieron esta última semana sino también a una sobrecarga laboral de los profesionales en las postas. Esto ocasionó episodios de violencia cuando un paciente que no conseguía turno para testearse golpeó a un médico del Hospital Santojanni. La escasez de personal es uno de los problemas centrales, especialmente después de que el gobierno de la Ciudad despidiera a miles de ellos durante los meses de descenso de casos y desmantelara las unidades de testeo móviles en los barrios -las cuales tuvo que volver a poner en pie por la avalancha de casos, pero en menor cantidad. 
 En sintonía con el gobierno porteño, el gobierno nacional anunció que no será necesario testear a quienes tengan un contacto estrecho y se encuentren con síntomas, sino que directamente se darán como positivos. La estrategia supuestamente es para “distender” el sistema de testeos, pero en realidad esconde la flexibilización de los protocolos de aislamiento de los contagiados, lo que abre la puerta a que las empresas obliguen a los trabajadores a asistir a sus puestos de trabajo por ser casos estrechos asintomáticos sin confirmación con una prueba positiva. Lo cierto es que si el gobierno busca distender los testeos tiene que anunciar el aumento en la cantidad de postas y en el personal, no sin antes aumentar el salario de sus trabajadores.
 En la provincia de Buenos Aires el panorama no dista mucho. La falta de información sobre dónde testearse y la escasez en la cantidad de postas empuja a los bonaerenses a testearse en la Ciudad. Además, muchos de ellos trabajan y se atienden en CABA, por lo que tiene sentido que puedan testearse donde mantienen su vida cotidiana. 
 La denuncia también es hacia las obras sociales y prepagas. Desde el 2020 están obligados a cubrir la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de coronavirus, lo que incluye tests de diagnóstico, traslados, medidas de aislamiento e internaciones. Sin embargo, utilizaron todo tipo de maniobras para escurrirse de brindar dichos servicios mientras el gobierno miraba para otro lado y permitía el aumento de las cuotas en cuatro oportunidades durante este año. No solo eso, sino que las patronales de la medicina privada aprovecharon para recortar servicios y cerrar hospitales sin que haya ni un mínimo de inversión que permita mejorar la calidad de atención.
 Ninguno tiene como prioridad la salud de la población; el compromiso es con el ajuste. Caso contrario se dispondría de presupuesto para aumentar los testeos y disipar las largas filas, además de la contratación de más personal para evitar la sobrecarga de los trabajadores.

 Lucía Cope

Rebrote de covid en el mundo: colapsó la nueva normalidad


Los contagios alrededor del mundo aumentan, los países adoptan medidas que no logran aplanar la curva. Los hospitales están al borde del colapso ya que, la inmunidad que genera la vacuna previene la muerte pero no la infección. 
 Las vacunas según la OMS tienen una cantidad de tiempo de inmunidad de alrededor de 5 meses. Además, dicho organismo ya comunicó que a partir de la nueva circulación de la variante Omicrón, los anticuerpos neutralizantes de las vacunas caen dramáticamente, entre unas 35 y 50 veces. A su vez los grandes laboratorios se benefician de la compra de las vacunas mientras hay países que todavía tienen dificultad en su acceso. Uno de esos casos es Sudáfrica, donde se generó la variante Omicrón. 
 Las nuevas generaciones son las más afectadas por la pandemia, un estudio reciente realizado por parte de investigadores de la Universidad de Peking en Beijing, informaron que 4 de cada 10 casos son asintomáticos y que el grupo más contagioso se encuentra entre las mujeres embarazadas y niños.

 Europa al rojo vivo

 El continente está siendo azotado por una ola de contagios por la variante Ómicron en pleno festejo de las fiestas navideñas. Holanda ya cerró los comercios no esenciales y centros educativos hasta el 14 de Enero. La medida logró reducir los contagios. 
 En Francia se cancelaron los conciertos, Portugal, Finlandia y Suecia cierran sus bares y discotecas. Mientras que el colegio de médicos en España anuncia que los centros de salud están a punto de “colapsar”, desbordando la atención primaria de la salud. El consejero en Sanidad cifró en más del 60 % la expansión de la variante ómicron en el país. Sin embargo, el gobierno no anunció ninguna medida de aislamiento preventivo. 
 En Reino Unido en Londres se cerraron bares, museos y transporte tras declarar “estado de emergencia” donde la nueva cepa supero los 147mil casos, en el momento donde los negocios turísticos logran más ganancias. El sector de la industria gastronómica y hotelera exigió al gobierno un subsidio para que más de 100.000 firmas no quiebren. Esta semana se anunció un subsidio de 7.900 dólares para propietarios de locales y hoteles. 
Sin embargo, esta ayuda no alcanza. Los principales diarios del país se preguntan si se podrá sostener una nueva cuarentena que no implique profundizar aún más la crisis económica. 

 Estados Unidos 

El país norteamericano también tuvo un gran impacto en la suba de contagios llegando casi al medio millón de contagiados, un 47% más que la semana pasada. Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca advirtió que la variante ómicron puede causar un récord de hospitalizaciones y muertes cuando la temporada de invierno se avecina. Sin embargo, el gobierno no anunció medidas de aislamiento, sino un duro mensaje para el sector de la población que aún no se vacunó, y además anunció la reducción del periodo de cuarentena para los contactos estrechos, como así también el aislamiento para los infectados sin síntomas a 5 días (la mitad del tiempo requerido), Biden sigue la lógica de la inmunidad de rebaño. 
 Sin embargo, en los últimos meses se vio una suba en la cantidad de huelgas realizadas por los trabajadores en el país. El comienzo de las protestas fueron por la situación de la pandemia y la exigencia de las fábricas de volver a la presencialidad que luego se desarolló en una lucha por la cuestión salarial. 
 Una de las principales huelgas se encuentra en el Hospital St Vincent en Massachusetts donde aproximadamente 700 enfermeras se encuentran en huelga desde el 8 de Marzo, por sus condiciones de trabajo y por el inadecuado equipamiento para hacer frente a la pandemia en los hospitales. Es la huelga más larga de la historia en Massachusetts. Los trabajadores comienzan a reaccionar ante la inacción del gobierno para defender la salud de la población.

 Argentina apuesta a la presencialidad cuidada 

En el día de hoy se confirmaron 33.902 la cifra más alta desde el 12 de agosto, terapia intensiva creció en un 35%. El país se destaca en ser uno con menor índice de testeo a la población. Las UFU (Unidad Febril de Urgencia) se encuentran colapsadas, la situación es denunciada por los propios médicos, el personal sanitario no es suficiente para atender la gran demanda de infectados que cada vez es mayor. 
 En Diciembre tiene finalización los contratos por Covid que se habían realizado al personal de salud en la ciudad de Buenos Aires. Es decir no se aumentó el personal de salud, ni se mejoraron sus condiciones salariales pero, el gobierno anuncia con bombos y platillos el pago de US$1900 millones al FMI. Mientras el presupuesto general de salud a nivel nacional se encuentra sub-ejecutado solo en un 40%. 
 Ante la llegada de las fiestas navideñas y las reuniones el gobierno solo anuncio el pase sanitario, como medida preventiva del virus. Se espera para luego de las fiestas de fin de año una suba de contagios importante dentro de la población.
 La pandemia es un problema internacional que barre con las fronteras nacionales. Implica una lógica de salud colectiva, que las vacunas sean dispuestas para la salud de la población sin embargo, prima la disputa entre Estados por la primacía y la dominación. Los laboratorios hacen grandes negociados (aproximadamente la acumulación de ganancia es de 152.000.000.000 de dólares), debido al corto periodo de inmunización que ofrece la vacuna que implica una compra constante por parte de los diferentes países, aquellos que no pueden acceder son sometidos a la lógica de la inmunidad del rebaño, aumentando a su vez el desarrollo de nuevas variantes del virus. 
 El aislamiento preventivo que demostró ser efectivo implica poner en jaque a la circulación comercial, es decir a la circulación del capital, esto implica grandes pérdidas económicas, que provocó el estancamiento mundial de los mercados de valores y la actividad del consumidor. Finalmente, con estas medidas que quedan impotentes frente al avance del virus, el brote de contagios se descarga sobre los trabajadores de la salud (nuevamente), los hospitales se encuentran al borde del colapso. Sin embargo, desde el comienzo de la pandemia el personal de salud realizó diferentes huelgas en defensa de la salud de la población y las condiciones de trabajo (no olvidemos que fueron los primeros en salir a la calle para bloquear aquellas personas que no respetaban el aislamiento, en pleno pico de la suba de contagios). Los trabajadores en las fábricas a su vez crearon protocolos de cuidado, ya que las patronales los obligaban a la “presencialidad cuidada”. Estas expresiones muestran que los primeros en entender la complejidad del problema fueron los propios trabajadores, poniendo la salud por encima del lucro. 

 Política Obrera

Cómo enfrentamos los impuestazos y tarifazos


Que el acuerdo con el FMI planteará un cimbronazo inflacionario ha dejado de ser un pronóstico. La política oficial marcha en esa dirección. 
 En el caso de los alimentos se prevé que trepen en diciembre casi un 4 por ciento. En este mes, el gobierno liberó restricciones a las exportaciones de trigo y maíz, por un lado, y de carne por el otro. Los cortes “cuidados” y los alimentos con precios regulados desaparecen de las góndolas a favor de otros alimentos a valores extorsivos. 
 El gobierno, por otra parte, ya convocó a audiencia pública para que las empresas concesionarias de gas presenten sus pretensiones de aumento (y los usuarios, las protestas “no vinculantes”). El ente regulador del gas también anunció un “reempadronamiento” de los usuarios, de acuerdo a su condición social. Es una excusa para habilitar a un sensible aumento de tarifas a los que viven de un sueldo – y una “tarifa social” residual. En cualquier caso, los desocupados pagarán el tarifazo cuando deban consumir alimentos y productos industriales que serán “remarcados” de acuerdo al aumento de la energía o de los combustibles. En estos mismos días, los prestadores de servicios de salud –que trabajan para las prepagas y obras sociales, o sea, el 80% del sistema- han amenazado con un copago (plus) sobre todo tipo de atención médica. 

 Todos ponen 

El gobierno acusó a la oposición de “dejarlo sin presupuesto 2022”. Lo cierto es que el gobierno “sin presupuesto” busca salir del paso con una política que agrava la crisis social. La modificación del régimen de bienes personales –que apenas incide en un punto porcentual de los recursos del fisco- ha sido la pantalla para avanzar en un “consenso fiscal con las provincias”. Consiste en aumentar el impuesto a los ingresos brutos. Este impuesto afecta “en cascada” a toda la cadena productiva y arriba al bolsillo de los consumidores. La suba abarca también a los impuestos inmobiliarios y a los automotores. La guadaña se completa con una elevación de la facturación admitida para ser monotributista de sólo el 26%, cuando la inflación anual resultó el doble. Muchos cuentapropistas corren el riesgo de ingresar en el llamado “régimen general”, que los obliga a inscribirse en el IVA y el impuesto a las ganancias. 
 Los impuestazos, ni qué decirlo, tienen el completo aval del FMI, entre otras cosas, porque la estructura impositiva del país recae en un 80% sobre tributos que paga directa o indirectamente la clase obrera. De todos modos, tampoco es cierto que el ´equilibrio fiscal´ no implique un ajuste del gasto: el mayor de los impuestazos vendrá de la mano de la inflación, porque sube con los precios, como es el caso del IVA. La inflación viene acompañada con la “desindexación” de salarios, jubilaciones y gastos sociales. Toda la política fiscal del gobierno F F es un acomodamiento al acuerdo con el Fondo. Las patronales industriales o agrarias que levantan la voz en estas horas contra el “agobio de impuestos” sólo reclaman resarcimientos y exenciones para sí mismas. No nos equivocamos cuando, días atrás, en “Política Obrera” web, al referirnos a la votación de “bienes personales”, señalábamos que “el sistema fiscal debe ser caracterizado en su conjunto, no se lo puede cortar como ocurre con un salame. Considerar cada medida fiscal en sí misma es engañoso para las masas populares (https://politicaobrera.com/6160-bienes-personales-reconstruyen-el-proceso-legislativo-para-firmar-con-el-fondo-monetario-internacional). 

 Qué política 

Este arranque caliente del 2022 va a sacudir todavía más la vida de los trabajadores. La burocracia sindical se ha colocado como garante de hierro del acuerdo con el Fondo, con una oferta de “paz social” en un país que, hundido en la miseria social. Los voceros oficiales baten el parce de la recuperación “postpandemia”, que llega al 10% del producto bruto. Pero esa levantada no se ha el traducido en ninguna recuperación del trabajo en blanco. Los capitalistas y el Estado, también por anticipado, se han servido de la pandemia para aplicar en los hechos la reforma laboral. 
 Es muy claro, a la luz de todo este escenario, que se impone una deliberación en las fábricas, en los hospitales y reparticiones. El reclamo que debe abrirse paso es el del aumento de emergencia para salarios y jubilaciones, la indexación mensual del salario y la reapertura de paritarias con representantes mandatos y electos. El consenso de precios y salarios -la gran coartada de la burocracia para no luchar- no sólo ha fracasado hacia atrás: el gobierno la desmantela mirando hacia adelante, y hacia los acuerdos con el capital internacional. Trabajemos para que 2022 sea el año de la gran respuesta obrera, la huelga general contra la liquidación del salario y las jubilaciones.

 Marcelo Ramal 
 28/12/2021

martes, diciembre 28, 2021

“No miren arriba”, el fin del mundo en manos del capitalismo


Algunos apuntes sobre “Don´t Look Up” el nuevo éxito de Netflix.

 “No miren arriba” (“Don´t Look Up”) el reciente estreno de Netflix cuenta la historia de dos astrónomos. Uno es Randall Mindy, profesor en la Universidad de Michigan (Leonardo Di Caprio), la otra una estudiante que está realizando un doctorado en astronomía, Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), quien descubre que un meteorito va a estrellarse y destruirá el mundo tal cual existe. Desesperados informan a sus superiores del fatídico descubrimiento, sabiendo que corren contrarreloj para encontrar cómo evitarlo y en cuestión de horas se encuentran volando a Washington para encontrarse con la presidenta de Estados Unidos. Mientras en la Casa Blanca, Janie Orlean (Meryl Streep) está preocupada atendiendo algunos escándalos que la salpican a ella y a su partido a meses de las elecciones legislativas. Su personaje y su entorno recordarán muchas veces al ex mandatario republicano Donald Trump. 

 “Nos mean y la prensa dice que llueve” 

“Exactamente dentro de seis meses y catorce días, un cometa de entre seis y nueve kilómetros de ancho –mucho mayor al que acabó con los dinosaurios– caerá sobre el Océano Pacífico, a cien kilómetros de Chile, y generará un cataclismo de proporciones bíblicas que extinguirá a la humanidad en un abrir y cerrar de ojos”. Está es la noticia que entregarán los científicos al alto mando estadounidense y sorprendidos por ser burlados e ignorados acudirán a los grandes medios en busca de que el mundo tomé conciencia. Pero no importa la veracidad de los hechos que presentan, cuando en las redes son un meme conspiranoico. 
 “Adam McKay -director y guionista- pensó una película sobre la crisis climática, pero creó una sensación de urgencia haciéndola sobre un cometa que golpeará la Tierra y cómo la ciencia se politiza frente a eso” comentó Di Caprio durante la conferencia de prensa de lanzamiento del film. “El personaje de Kate es increíblemente franco, como a su modo lo es Greta Thunberg. Mi personaje, en cambio, trata de jugar dentro del sistema”, agregó. 
 El actor viene desarrollando una militancia ambiental hace unos años con varias producciones sobre la temática en su haber. “Durante décadas busqué una película que tratara sobre el cambio climático, pero es un problema que todos sienten que está en última instancia. La pregunta es qué diferencia podemos hacer nosotros, qué podemos aportar a esta causa”, señala al ser consultado. 

 “El mundo se está desmoronando y a nadie parece importarle” 

Está sátira sobre el capitalismo tiene representado por supuesto a un gran empresario, Peter Isherwell (Mark Rylance), una suerte de Elon Musk, un multimillonario fundador y CEO de la compañía tecnológica Bash y el mayor aportista en la campaña de la Presidenta Orlean. 
 ¿Cómo abordaría una potencial destrucción del planeta un sistema que solo piensa en la mayor productividad y el mayor lucro en mano de unos pocos? Esta comedia plantea que el destino de la humanidad no tiene futuro si quienes pueden hacer algo para salvar el mundo de la catástrofe no trabajan por el bien de las grandes mayorías. 
 Al ser una sátira se encuentra en un equilibrio un poco confuso entre la denuncia y la banalización. Ciencia versus teoría conspiranoica o ciencia ficción. “No miren arriba” se burla de la sociedad capitalista actual mientras intenta enviar un mensaje aleccionador, después de todo, como señala la periodista estrella del canal al que fueron Randall y Kate, «eso es lo que hacemos, alivianar las malas noticias». 
 La película da en el clavo en contar que la humanidad se conduce hacía la destrucción del ambiente y por lo tanto del mundo que habitamos mientras políticos, empresarios y medios nos dicen que “no miremos arriba”. 

 Hay que mirar arriba, antes que sea irremediablemente tarde 

Impulsada por Bash hay una campaña mediática y política en torno al meteorito y las posibles ventajas que acarrearía que incluyen muchos relatos, donde cualquier semejanza con la realidad no son pura coincidencia. Una de ellas es la falsa idea de la generación de empleo y de los potenciales desarrollos que generaría su explotación como recursos naturales, algo como lo que se oye decir en las tierras donde se pretende avanzar con el agronegocio y la megaminería. Parodiando al terraplanismo, la película juega con la idea del descredito a la ciencia y lo extrema en este planteo de evitar levantar la mirada para no ver al meteorito. 
 El film deja ver una incipiente organización que gana lugar en las redes sociales y que encabezan Kate y Randall pero que no logra generar levantamientos que tuerzan el brazo a los líderes mundiales. La humanidad según esta historia, parece destinada a ver pasar el fin del mundo o a lo sumo saquear algunos supermercados. Incluso el guion plantea una falsa expectativa en los gobiernos capitalistas que no lograron entrar al negocio del meteorito (China y Rusia) y que recién cuando se quedan afuera deciden emprender sin éxito un intento de bloqueo a la llegada del meteorito. 
 Pero más allá de la pantalla, en el mundo real, las grandes puebladas como el Chubutazo que logró frenar hace semanas una ley que abría paso a la megaminería en la provincia patagónica, son señales de alerta y una alternativa que muestra que herramientas tenemos a mano para frenar las catástrofes a las que nos empuja el capitalismo. Más cuando el arco gubernamental está saliendo a defender al negociado y cuando los medios burgueses solo se hicieron eco sobre que ‘algo andaba mal’, cuando las oficinas gubernamentales comenzaron a arder y lo hicieron apelando al típico discurso de los “disturbios”. El negocio de la megaminería y la votación exprés quedaron opacados, tras la noticia del fuego en Rawson. 
 La enorme victoria popular no dejó sepultado el operativo minero por parte del gobierno. La propia vocera presidencial, Gabriela Cerrutti es la que viene poniendo la cara en las conferencias de prensa de los últimos días afirmando que “hubo muchas cosas que se dijeron en Chubut que no son ciertas. No es cierto por ejemplo que estuviera comprometido el tema del agua por la explotación de esta mina”. El Chubutazo es una alerta en el mundo real que grita que es hora de levantar la cabeza (y levantarnos), aunque los Arcioni o los Fernández digan a través de Cerrutti “no miren arriba”. 
 Terminando con el film, con muchos condimentos hollywoodenses y el enorme elenco que la componen, hacen de esta película un buen plan para pasar las casi 2 horas y media que dura, palpitando si el mundo está o no por explotar. 

 Beita De

Chile: Boric se pronuncia por un rumbo de conciliación de clases


Para conquistar las demandas populares son necesarias la organización y la lucha independientes. 

 Tras el triunfo del candidato centroizquierdista Gabriel Boric el pasado domingo, rápidamente comenzaron las reacciones: en la derecha, en los sectores de la burguesía y en el propio seno de “Apruebo Dignidad”. En la derecha la dura derrota sufrida por José Antonio Kast profundiza la crisis en que se encuentra sumergida tras el estallido y las divisiones entre los distintos partidos de la coalición; se han agravado tras los reproches cruzados. Es que el apoyo al candidato republicano, que rehusó a participar en las primarias del sector, tiene un costo político difícil de cuantificar a mediano y largo plazo, pero por lo pronto la tentativa de los últimos años de presentarse como una derecha “moderna y democrática” ha sido sepultada, tras la expectativa de revertir las sucesivas derrotas de la mano del ultraderechista Kast. 

 La urgencia de dar “tranquilidad al mercado” 

Si bien las estimaciones coincidían en presentar a Boric como ganador, no se esperaba que lo fuera por un amplio margen como finalmente sucedió. El mercado reaccionó al día siguiente con una violenta caída de la Bolsa de Santiago de un 7,45% y un alza del dólar que no se registraba desde el 2008 que lo llevó a 876 pesos chilenos. Mientras los medios ponderaban el récord de participación del electorado y la alta votación que obtuvo Boric, el capital hace una demostración de poder real a modo de advertencia al gobierno electo. Nada nuevo bajo el sol, pero queda en evidencia que las amplias garantías brindadas por “Apruebo Dignidad” al empresariado en cada oportunidad que tuvo, empezando por su programa de gobierno, no serán respondidas con condiciones de gobernabilidad si los poderes concentrados de la economía ven peligrar sus intereses. Es una advertencia de que pueden tratar de imitar el camino adoptado por la burguesía y la derecha en Perú ante el inesperado triunfo electoral de Pedro Castillo, teniendo en cuenta además la falta de mayoría parlamentaria propia de Boric. 
 El presidente electo se apresuró entonces declarando: “quiero dar una señal de tranquilidad de que las certezas, las certidumbres en materia económica son importantes” reafirmando su pleno compromiso con “la convergencia fiscal, con los equilibrios macroeconómicos, y la gradualidad de las grandes reformas”. La Bolsa y el dólar “se recuperaron” en los días siguientes pero ahora los ojos están puestos en las definiciones en torno al Ministerio de Hacienda. La académica Andrea Repetto, con suficientes credenciales para dar certidumbres al mercado, ya descartó estar disponible para asumir la titularidad del ministerio en cuestión y comenzó a hablarse de Roberto Zahler, Guillermo Larraín (ambos economistas ligados a la DC) y Eduardo Engel (con antecedentes en el gobierno de Bachelet). En todo caso se busca un perfil moderado para calmar los ánimos de la burguesía, que en todo este tiempo se dedicó a fugar capitales. 

 El desembarco oficial de la ex Concertación 

La alianza del FA con la ex Concertación no es nueva y como ejemplos más recientes basta con ver lo que sucede en la convención constituyente, donde funcionan como un bloque con el PS; la incorporación de cuadros políticos y técnicos del PS y la DC de cara a la segunda vuelta; así como puntos programáticos de este sector que quedó fuera de carrera en la primera vuelta. En el caso del PC cuenta con el precedente de haber integrado el segundo gobierno de Bachelet, más allá de las rivalidades que se inflan para la tribuna. 
 Sobran entonces antecedentes por lo que las conversaciones que han tenido lugar en las últimas horas con los partidos de la ex Concertación, así como las deliberaciones internas para definir el carácter de la integración y ultimar los detalles del arribo de estos partidos de la coalición gobernante, no deben sorprender a nadie. Así como rescataron al gobierno de Piñera y lo sostuvieron hasta el final, lo harán igualmente con la izquierda del orden de los 30 años repudiada por el pueblo chileno. “Los desafíos que nos estamos planteando como gobierno entrante son gigantescos, hay absoluta conciencia, de manera unánime, de que no basta solo con Apruebo Dignidad…”, ratificó Giorgio Jackson (otro líder del FA), ensayando una suerte de justificación para presentar en sociedad la alianza política que ya opera en los hechos y que seguramente se volverá a evidenciar en la integración del gabinete. 

 ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario político? 

Pese a la conclusión interesada de ciertos medios y sectores políticos -funcional a la política capituladora y entreguista de Apruebo Dignidad- que presenta el giro a la derecha del discurso y los planteos programáticos del ahora electo presidente como determinantes del triunfo. Lo que deja en claro la votación del domingo es que fueron los sectores populares, particularmente la juventud, los que aparecieron en escena y frenaron la llegada de la derecha pinochetista al gobierno. 
 En comunas como la Pintana, Boric pasó de 16 mil votos a casi 50 mil en segunda vuelta, en San Ramón de 10 mil a 30 mil, Cerro Navia de 15 mil a 42 mil votos. Este crecimiento se verificó también en comunas periféricas del Gran Concepción como Coronel -de 8 mil votos en primera vuelta a 26 mil votos en la segunda- o en Lota -de 3 mil a 13 mil-. En Antofagasta (23% al 60%) o Calama (15% al 54%) en el Norte, o en Copiapó (del 21% a 61%). Mientras Boric se derechizaba, organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles, del movimiento de mujeres, sindicatos, etc protagonizaron acciones concretas para enfrentar el avance de la ultraderecha. Lamentablemente, el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora -que integramos como Fuerza 18 de Octubre y que presentó candidaturas parlamentarias con banderas de independencia obrera- no fijó una posición unitaria llamando a usar como herramienta el voto a Boric para aplastar en el terreno electoral la amenaza de un triunfo del pinochetista Kast. Nuestra agrupación sí lo hizo y consideramos un error esta falta de definición, pues nos privó de la posibilidad de intervenir en este proceso como un frente único alternativo, cediendo de esta manera el terreno y la iniciativa a las fuerzas que actúan bajo la tutela directa de Boric y su coalición política. 
 El despliegue de diversos sectores populares demuestra la capacidad organizativa y las reservas de lucha del pueblo trabajador. En la comprensión que los derechos negados en todas estas décadas debemos conquistarlos a fuerza de movilización ya que los compromisos asumidos con la burguesía por parte del gobierno electo son incompatibles con la posibilidad de dar respuesta a las demandas populares. En primer lugar está la lucha por la libertad de las y los compañeros presos políticos, así como justicia y reparación para las víctimas del estado terrorista. 
 El de Boric pretende ser un gobierno frentepopulista de “conciliación de clases”, lo que significa la defensa del orden burgués, lo que incluye el respeto de gran parte de los avances reaccionarios del pinochetismo, aggiornados por los gobiernos de la concertación. Las declaraciones de Boric en materia internacional se colocan en el terreno de los Biden y de la expresidenta y actual alta comisionada de la ONU para los DD.JJ., Bachelet, contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. La llegada de Boric al gobierno no representa un ascenso de una fuerza que estuvo al frente de la extraordinaria irrupción de la rebelión popular de octubre del 2019. Por el contrario, siempre jugó un papel de morigeración de la lucha de las masas. De hecho negoció una “salida” que impidió la caída revolucionaria de Piñera y se jugó porque finalice su mandato. 
 Es fundamental que la vanguardia obrera, luchadorxs y quienes se reclaman de la izquierda revolucionaria saquen las conclusiones de la experiencia en curso. La necesidad de crear un partido obrero, independiente del gobierno, de la burguesía y de los partidos burgueses (y pequeñoburgueses), que tenga por objetivo estratégico la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y que intervenga en todas las luchas del pueblo explotado. 
 En primer lugar sería oportuno convocar a un plenario nacional de todxs lxs que luchamos por la libertad incondicional de todxs lxs presxs políticxs para arrancar este reclamo. Asimismo abrir la deliberación sobre la convocatoria de un Congreso de Trabajadorxs con delegadxs elegidxs por asambleas de fábricas, barriales, estudiantiles, etc. para discutir una agenda propia del pueblo trabajador y explotado, que levante los reclamos reales de las grandes luchas populares y que solo se podrán imponer mediante la acción directa.

 Olivia Campos

En Argentina sobran dólares


Las reservas internacionales del Banco Central siguen cayendo, a pesar de que en tres años se acumula un superávit comercial de casi 43.000 millones de dólares.

 El gobierno sigue afirmando que negocia con el FMI un nuevo programa «que no limite el crecimiento», asegurando que será sobre la vía de un mayor desarrollo de la economía nacional que se saldaría el megacrédito con el organismo. Es una falacia. A pesar de la bonanza exportadora de este año y de los DEG que recibió el gobierno, la reservas del Banco Central cerrarán el 2021 por debajo de su nivel de doce meses atrás. Para que el mentado crecimiento no se fugue es necesario adoptar un rumbo opuesto. 
 Luego de pagar la semana pasada otro vencimiento de capital al Fondo por casi 1.900 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA quedaron apenas por encima de los 39.000 millones de dólares. Algo debajo de como concluyeron el 2020, cuando entre enero y noviembre la balanza comercial dejó un saldo positivo de 14.300 millones de dólares. Los pagos de deuda (casi 5.200 millones al FMI) y las operaciones financieras para contener las cotizaciones paralelas del dólar explican esta dinámica. 
 De hecho, contando desde inicios de 2019 el superávit comercial acumulado en estos tres años se aproxima a los 43.000 millones de dólares según cifras del Indec, pero las reservas internacionales en divisas registraron en período una caída en picada, desde los casi 57.000 millones de dólares con que cerraron en 2018. Esto incluso cuando la mayor parte de este tiempo rigió un cepo cambiario, se reestructuró la deuda externa con los bonistas y se postergaron vencimientos como el del Club de París; finalmente, se trata de medidas de crisis para rescatar precisamente el pago de la deuda.
 Es falso por donde se lo mire entonces que el problema de la Argentina sea una «restricción externa» o escasez de divisas. Incluso, el gobierno contó este año nada menos que con más de 10.000 millones de dólares que la cayeron como un maná del cielo, es decir por condiciones meramente externas: sumando los 4.350 millones de los DEG girados por el FMI y una mejora en los términos de intercambio que redundó en ingresos extra por 5.670 millones según Indec (porque los precios de exportación crecieron muy por encima de los de importación -mientras que en cantidades las primeras crecieron 10% contra casi 30% de las segundas). 
 El hecho de que las arcas del Central sigan en niveles críticos es el reflejo entonces de un saqueo de proporciones astronómicas, que corre paralelo a un incremento del endeudamiento a niveles récord. Desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, la deuda pública sumó unos 30.000 millones de dólares, hasta superar los 353.00 millones. Esta dinámica ascendente se agrava especialmente por la política oficial de financiarse con bonos atados a la inflación, que ya representan dos tercios de toda la deuda en moneda nacional, y por ese motivo se licúan en caso de una devaluación. La deuda en moneda extranjera también creció, unos 10.000 millones desde la asunción del Frente de Todos. 
 En conclusión, podría decirse que en estos años en que se disparó la pobreza y se ajustó sostenidamente en el gasto público fueron de una amplia bonanza comercial, lo cual refuta de plano la idea de que la cuestión es retomar un rumbo «de crecimiento» para saldar los compromisos financieros. En el Fondo Monetario lo tienen perfectamente claro, y por eso todo el programa que se negocia se centra en un fuerte recorte del gasto público y facilidades a las multinacionales exportadoras para que el país acceda nuevamente al crédito internacional, de manera de que pague sus cuentas con el FMI a base de nueva deuda con privados. Este círculo vicioso es lo que explica el declive de la economía nacional y las sucesivas crisis de deuda. Por lo demás, es decir por fuera del pago de deuda, que del «crecimiento» exportador no quede nada es el resultado de un régimen de saqueo en el cual las grandes firmas exportadoras gozan de flexibilizaciones del cepo para poder girar sus dividendos al exterior, mientras que la burguesía criolla sigue incrementando sus activos colocados en el extranjero y dólares afuera del sistema financiero local. Este régimen de fuga de capitales explica además la huelga de inversiones que impera en Argentina. La perspectiva de suba de tasas de interés internacionales agudizará la tendencia a la estampida de capitales. 
 Por último, lo que evidencian las estadísticas del Indec es que el comercio exterior argentino es netamente colonial. Los primeros cuatro rubros de exportación que concentraron dos tercios de todas las ventas son productos del reino vegetal, animal, sus derivados, y de la industria alimenticia; al tiempo que tres cuartas partes de las importaciones obedecen a los ítems de bienes de capital, intermedios, y piezas y accesorios. Los proyectos oficiales de leyes de incentivo a las cereleras, petroleras y automotrices reforzarán esta inserción subordinada en el mercado mundial. Es justamente el camino que traza el FMI y el resto de los organismos multilaterales con los que este gobierno apuesta a seguir endeudándose. 
 Solo rompiendo con el Fondo y el capital financiero internacional puede abrirse un rumbo opuesto, procediendo a la nacionalización del comercio exterior y la banca bajo control obrero para dar lugar a una recapitalización del país y financiar un plan de desarrollo nacional. Son medidas que apuntan a quebrar un régimen de saqueo que sostuvieron todos los que gobernaron en las últimas décadas.

 Iván Hirsch

lunes, diciembre 27, 2021

Una misión secreta a China durante la revolución sandinista

A mediados de los años ochenta viajé a China en misión secreta. Acompañado por Javier Chamorro Mora, viceministro de Relaciones Exteriores, la tarea consistía en tener un intercambio político con autoridades del Partido Comunista Chino y suscribir la apertura de relaciones partidarias y de Gobierno entre la República Popular China, el Frente Sandinista y el Gobierno de Nicaragua. 
 Por primera vez me refiero públicamente a estos encuentros, en el contexto del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el gigante asiático en 2021. 
 Este viaje tenía algún parecido al que apenas unos meses después del triunfo de la Revolución Sandinista había realizado, en mi calidad de director de Relaciones Internacionales, junto con una delegación del FSLN encabezada por dos miembros de la Dirección Nacional, con destino a Moscú. Entonces fue el primer encuentro político -también secreto- del sandinismo en el poder con la dirección soviética.
 La misión a China me fue encomendaba por la dirección sandinista, en el contexto de la abierta confrontación y hostilidad con la Administración Reagan, empecinada en destruir la revolución nicaragüense. Se realizaba pues, en el marco más amplio del conflicto este-oeste que entonces tenía poco de “Guerra Fría”, por lo menos en Afganistán y Nicaragua. La tarea requería, como poco, ser manejada con prudencia y discreción. Al emprender el viaje había sido autorizado a decidir en el terreno sobre la apertura oficial o no de las relaciones partidarias y de Gobierno.
 Menciono aquí lo que en aquellos momentos fueron las principales consideraciones que motivaban la búsqueda del establecimiento de dichas relaciones. 
 En primer lugar, en Nicaragua estábamos conscientes de la voluntad públicamente expresada por Reagan de imponerse por la fuerza en Centroamérica. Para él, era un asunto de prestigio imperial. Reagan había sostenido incluso en cámaras conjuntas del Congreso que ello era indispensable para que Estados Unidos pudiera sostener sus alianzas en el mundo. 
 A su vez, estábamos conscientes que China había iniciado desde 1979, bajo la dirección de Deng Xiaoping, un profundo proceso de reforma y apertura. También sabíamos que desde la visita de Deng a Washington la mirada de China en occidente priorizaba a los Estados Unidos. Buscaba ahí alianzas, tecnología, inversiones, mercado, etc. Los principales dirigentes chinos habían sido recibidos por Carter y Reagan. De manera que no podíamos más que especular sobre el eventual interés de China con la naciente revolución nicaragüense, confrontados abiertamente con su principal y deseado aliado. 
 Los que nos dedicábamos al trabajo internacional sabíamos que para la revolución era vital ampliar al máximo el apoyo, simpatía y respaldo de la comunidad internacional. Ello nos permitía sostener una correlación de fuerzas externas que impidieran a Reagan justificar sus propósitos y específicamente una intervención directa de las tropas gringas en Nicaragua -lo que ocurriría después en Panamá en diciembre de 1989. En este sentido, las relaciones con China -que se comportaba con un amigo de nuestro enemigo- implicaban intereses diversos. 
 Sabíamos que Nicaragua no representaba ningún interés económico o comercial para el país asiático. El único interés que China podría tener con nosotros estaba vinculado con el enorme prestigio que la revolución sandinista tenía en América Latina y otras partes del mundo. A su vez, estas relaciones podrían ir ampliando espacios en el hemisferio, a la vez que le ayudaban a limpiarse la cara por algunas acciones u omisiones en la región, como su silencio con el Golpe de Estado a Salvador Allende y sus posteriores buenas relaciones con Pinochet en Chile. 
 Por nuestra parte, no nos hacíamos ilusiones de que este gigante fuese a darnos un significativo respaldo material o bélico para sostener la resistencia contra Reagan. Pero sí esperábamos contar con su apoyo político internacional. China había ocupado su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y había proclamado su respaldo a los movimientos de liberación nacional como un principio de su política internacional.
 En la dirección sandinista había consenso sobre la conveniencia de establecer las relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, había criterios y opiniones matizadas sobre establecer relaciones partidarias. No había diferencias ideológicas al respecto. Se trataba más bien de sensibilidades políticas que imponían cierta cautela. La Unión Soviética y el campo socialista -y Cuba desde luego- era nuestro principal aliado en aquella confrontación con Estados Unidos y conocíamos lo distante y frías, para decir lo menos, que eran las relaciones entre Moscú y Pekín. Es más, en aquel juego de apertura entre Washington y Pekín no se ocultaba aquello que sí tenían en común: la URSS como su enemigo o adversario. Por lo tanto, nuestros pasos hacia China no podían obviar esas circunstancias. 
 A su vez, había también que tomar en cuenta que para importantes cuadros y dirigentes sandinistas también era sensible el estado de las relaciones de China con Vietnam. No se ignoraba que mientras a inicios de 1979 los sandinistas combatían en su fase final a la dictadura somocista, el heroico pueblo de Vietnam lo hacía contra casi 300 mil soldados chinos que habían invadido su país por tres puntos de su frontera. Vietnam, su gente y su lucha contra las ocupaciones chinas, los colonizadores franceses y el imperialismo gringo estaban demasiado presente en nuestra memoria. Aquí comenzaba para mí la reserva principal para la apertura de las relaciones partidarias.
 Una vez en China, sus dirigentes manifestaron de manera unánime su admiración por la lucha del Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua, recibiéndonos con afecto. Reiteraron el respeto a la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos como principios. También nos explicaron su proceso de reformas y expresaron sus deseos de la apertura de relaciones de partido y Gobierno, pero no ofrecieron cooperación material que pudiese crear falsas expectativas. 
 Todo fue impecable salvo el asunto de Vietnam. Las autoridades chinas se mostraban muy hostiles con lo que ellos consideraban era una actitud expansionista de la dirección vietnamita que había intervenido en Kampuchea y que entendían constituía una amenaza a la paz en la región. 
 Por nuestra parte, con franqueza señalamos que no entendíamos los actos de guerra de su gran nación contra el pueblo vietnamita. Expresamos que para nosotros era una situación muy dolorosa y que no podíamos ni queríamos ocultar que nuestros sentimientos estaban con Vietnam. 
 Finalmente, luego de evaluar la situación con el viceministro Javier Chamorro Mora, decidimos expresar la disposición del gobierno de Nicaragua para la apertura de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, y que informaríamos a la dirección del FSLN de todas las consideraciones políticas que ellos habían expresado. En esa ocasión no se abrieron formalmente las relaciones, como era su expectativa, pero sí terminarían de concretarse a finales de 1985.
 Hoy la situación ha cambiado muchísimo. China progresa cada día más en la línea inicialmente trazada por Deng Xiaoping, mientras en Nicaragua la Revolución es cosa del pasado y seguimos siendo el mismo segundo país más pobre de América Latina. El Frente Sandinista de aquella revolución no existe más. De aquel prestigio y admiración con que se miraba a Nicaragua en la escena internacional hoy no queda nada, más que la vergüenza de haber convertido al sandinismo en su contrario: el orteguismo. El culto a la pareja presidencial es peor y más vergonzoso que aquel que Fidel en su momento criticara con dureza de Mao. Hoy no existen ni dirección ni organismos colectivos. No hay democracia interna ni nada que consultar y muchísimo menos discrepar. Solo obedecer como mandos militares sin razón y sin principios. Tampoco hay hoy un horizonte de agresiones imperialistas armadas contra Nicaragua. Eso sí, viendo a Daniel, los chinos quizá recuerdan a Pinochet. 

 Julio López Campos | 18/12/2021

Uruguay exporta cereales y ganado e importa fugadores seriales

En ambos márgenes del Río de la Plata la política tiene sus vaivenes y correlatos desde tiempos de la conquista española. En este continium histórico, la reciprocidad de las élites de un lado y el otro lado sigue existiendo.
 Por un lado Uruguay rompe records de exportaciones de ganado y cereales, mientras por lo llano los trabajadores rurales reclaman. Por el otro, los millonarios argentinos que no quieren ceder ni un sólo dólar de su fortuna para paliar la crisis provocado por la Covid-19, se refugian en la esquina sur del continente, buscando paz…y que nadie les toque la caja fuerte. 
 Advierten que el impuesto a la riqueza en Argentina provocará fuga de inversiones a Uruguay. El director del programa de Latinoamérica del Wilson Center dijo que el impuesto contribuirá a que Uruguay reclute “argentinos adinerados”, titulaba el sitio Montevideo Portal. 
 Hasta el diario inglés The Guardian se ocupó del tema y señaló que los argentinos acuden en masa a Uruguay en medio de la pandemia», donde asegura que se mudaron entre 15.000 y 20.000 argentinos desde que empezó la pandemia. 
 Añadió que Uruguay está fomentando el flujo. No solo redujo el valor mínimo de las propiedades que los extranjeros deben adquirir para obtener la residencia fiscal de 1,7 millones de dólares a solo 380.000 dólares a principios del 2020, sino que también aprobó una nueva ley que ofrece a las personas que llegan una «moratoria fiscal» de 10 años, añadió.
 La pandemia y parece que el impuesto a las grandes fortunas contribuyeron para que personajes de la plana mayor del empresariado argentino se mudaran hacia el Uruguay. Ejemplo de ello es el director ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperin, quien se vino a vivir a Uruguay tras las elecciones presidenciales de Argentina. 
 Incluso el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con Galperin en el megatambo que está desarrollando en tierras orientales. Otros ejemplos fueron el de Federico Tomasevich (de Puente) y Gustavo Grobocopatel del grupo Los Grobo. 
 Estos movimientos de son medianamente inusuales al compás mundial. El último informe del Instituto Internacional de Finanzas señala que “existe una salida extraordinaria de capitales desde los países emergentes hacia activos seguros del mundo desarrollado.” El movimiento de estos grandes capitales argentinos es porque gravitan a nivel regional pero, por otra parte, no pueden competir para invertir en mercados internacionales. 
Mientras que Uruguay importa grandes fugadores seriales, exporta materias primas con cifras records. Las exportaciones crecieron 33,4 % en el primer semestre de 2021, sin contar lo vendido desde las zonas francas, anunció este jueves el informe de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).
 Si se compara con junio de 2020, hubo un incremento de 12,6 % en las exportaciones respecto al mismo periodo. La UEU detalla además que, si se incluye lo exportado desde las zonas francas, el aumento registrado es de 43,3 % en junio y de 32,5 % en el primer semestre. 
 El aumento de las exportaciones hacia China han sido exponenciales, con un 160,49 % por colocaciones de carne, soja, madera y lácteos, o hacia Brasil por un 49,28 % de aumento tras la venta de lácteos y vehículos y hacia Argentina con 23,73 % de suba en exportaciones de plásticos, autopartes y productos farmacéuticos. 
 El principal destino de las exportaciones uruguayas continúa siendo China (24,1 %), seguido de Brasil (17 %), Estados Unidos (6,8 %), Argentina (4,6 %) y Países Bajos (2,5 %), entre otros. 
 Todos estos números podrían reflejar cierta bonanza en el campo, pero la realidad plantea otro panorama. La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) denunció que en 2020 la caída de ingresos en hogares rurales fue del 4,7%, cuando el sector empresarial del agro tuvo exoneraciones de 139 millones de dólares. 
 En las rondas de negociación salarial el gobierno planteó desregulación laboral proponiendo dos laudos para estos sectores de actividad, en “donde existe resistencia a incorporar cambios más beneficiosos para los trabajadores tanto en mejoras de ingresos, como en condiciones de trabajo y beneficios en un ámbito en donde los mecanismos de contralor denotan dificultad y ciertas ineficacias para garantizar cumplimientos de derechos laborales”, reclama la Unatra. 
 Esta situación ha obligado a la delegación de trabajadores «revolver como gato entre la leña, para lograr un 3,5% de recuperación de salarios perdidos, y un total de ajuste salarial de un 14% en un convenio a dos años, sorteando los lineamientos”
 El Presidente Lacalle Pou finalizó recientemente una gira por Qatar, país donde las libertades individuales mínimas no son respetadas, existe trabajo esclavo, el mundial de fútbol a disputarse el año próximo viene teñido de corrupción y no se han consagrado elecciones desde hace más de cinco décadas. Así y todo Lacalle Pou olvidó su rol de “líder mundial” y paladín de la democracia como quiso posicionarse en la Cumbre de la OEA contra Cuba, Nicaragua y Venezuela.
 China sigue siendo el principal socio exportador, y ahora se busca tender una línea con Qatar. La democracia para este gobierno de coalición derechista, es algo relativo, según la inversión que se ponga sobre la mesa.

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)