miércoles, marzo 31, 2021

Estados Unidos pide la liberación de los golpistas bolivianos


El asesino vuelve a la escena del crimen. 

 El sábado pasado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, emitió un comunicado en que reclama la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez y el resto de los detenidos por el golpe de Estado de noviembre de 2019. No es casual, toda vez que Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Evo Morales. 
 Hasta el momento, se encuentran en prisión, además de la exmandataria, dos de sus ministros (Álvaro Coímbra, de Justicia; Rodrigo Guzmán, de Energía) y el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta. Hay órdenes de detención contra otros ministros y militares, algunos de los cuales huyeron del país. A su vez, el general Alfredo Cuéllar y el excomandante de policía Jaime Zurita están en prisión domiciliaria por la masacre de Sacaba, Cochabamba, en que once personas fueron asesinadas en el puente de Huayllani, en noviembre de 2019. En el caso de las masacres en Senkata, en El Alto, ocurridas ese mismo mes, en las que fueron asesinadas diez personas, solo está detenido el comandante de la División Mecanizada del Ejército, Franco Orlando Suárez. Al mismo tiempo, 27 policías fueron procesados por la quema de la wiphala (bandera indígena) en esa misma época. 
 Pese a la machacona propaganda de los propios golpistas por presentar la asunción de Áñez como resultado de una sucesión constitucional, no hay ninguna duda de que se trató de un golpe de Estado. Las fuerzas armadas efectuaron una conferencia de prensa el 10 de noviembre de 2019 en la que “sugirieron” a Evo Morales que dejara el poder. Y fue el comandante en jefe de esas fuerzas, Williams Kalimán, quien le colocó la banda presidencial a la entonces senadora Áñez dos días más tarde, en una sesión irregular del Senado, sin el quórum correspondiente. Como parte del operativo golpista, Luis Fernando Camacho organizó milicias fascistas que arribaron a La Paz desde el oriente boliviano. El mismo ingresó al Palacio Quemado con la Biblia bajo el brazo. Como resultado de una extraordinaria lucha obrera y popular, un año más tarde los golpistas debieron convocar a elecciones presidenciales y perdieron el poder. 
 Frente a las detenciones, la derecha inició una campaña. Camacho, que en las últimas elecciones de gobernadores de este mes logró ser electo gobernador de Santa Cruz (por la fuerza Creemos), amenazó con que “un preso más y paramos el país” (La Nación, 16/3). Se protege, en primer lugar, a sí mismo. Comunidad Ciudadana (CC), la fuerza del expresidente Carlos Mesa, emitió un comunicado en que reclama la libertad de los presos con el argumento de la “reconciliación” y la “paz” (hablan de paz los defensores de un golpe que dejó decenas de manifestantes muertos). El gobierno de Bolsonaro también salió a defender a Añez. En Cochabamba, esposas de policías encabezaron una movilización para que cesen las aprehensiones. A su vez, la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) de La Paz y Cochabamba se declararon en estado de emergencia.
 Aunque el gobierno del MAS criticó las declaraciones de Blinken como una intromisión en los asuntos internos de Bolivia, trascendió estos días una entrevista al presidente Luis Arce en que señala que el ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, se contactó con representantes norteamericanos para iniciar diálogos y “mejorar las relaciones” (La Razón, 28/3). La entrevista sería previa al posicionamiento público del titular del Departamento de Estado, pero es ilustrativa de la línea contemporizadora del gobierno boliviano. Del mismo modo, el ecuatoriano Andrés Arauz ha usado una parte de su campaña presidencial en seducir a Estados Unidos (pronosticó que “nuestra relación va a ser excelente, especialmente ahora, con la administración del presidente Biden”). Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en tanto, más allá de algunas críticas en sus discursos, siguen negociando un acuerdo con el FMI. Los “nacionales y populares” no tienen intenciones de emprender una lucha contra el imperialismo. 
 La lucha por la cárcel a los responsables del golpe en Bolivia y por justicia para las víctimas tiene que ir de la mano del desarrollo de una independencia política del movimiento obrero y campesino. Es necesario poner en pie un partido de trabajadores. 

 Gustavo Montenegro

Brasil: crisis política (y militar)


La nueva crisis política en marcha tuvo como detonante la corrupta y criminal ineptitud gubernamental para enfrentar el colapso sanitario y la expansión del coronavirus. Brasil ha escalado rápidamente el podio en víctimas de la pandemia y colapso sanitario. 
Con 330 mil muertos, con récords que llegan a 3000 fallecidos y decenas de miles de contagiados diarios. El sistema de salud está en terapia intensiva. 
 Ante el incremento de los contagios y sus víctimas fatales, hace 15 días, fue reemplazado el ministro de salud, general Eduardo Pazuello, el cuarto desde el inicio de la pandemia. Según palabras del propio Bolsonaro, «a partir de ahora vamos a partir en forma más agresiva contra el virus”, aunque la semana anterior trató como un «capricho» y «cobardía» las acciones (cuarentenas, etc.) para frenar los contagios masivos. Llegó a presentar un recurso ante la Corte Suprema para prohibir estas cuarentenas por parte de algunos gobernadores. Y en el ínterin, sus acólitos fascistoides, organizaron caravanas frente a los hospitales atestados de enfermos críticos, contra las vacunas y cuarentenas.
 Esta tirada de “lastre” no sirvió ante la continuidad del crecimiento de la pandemia. La “renuncia”, ayer lunes, del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, venía siendo exigida por la mayoría del Congreso. Este era portavoz radicalizado del pensamiento reaccionario-fascistoide de Bolsonaro. Desde su ministerio se colocó en una posición ultramontana al lado de Trump contra la lucha contra el coronavirus y de agresión a China. Este último no solo atacó el principal destino de las exportaciones agropecuarias del Brasil, sino que se opuso y bloqueó la importación de las “peligrosas” vacunas. Su política terraplanista demoró la concreción de acuerdos comerciales para recibir las vacunas necesarias. Apoyó a Trump hasta el final, incluso en sus denuncias golpistas contra el fraude de Biden.
 El Congreso había amenazado la semana pasada con iniciar un impeachment (proceso de destitución) de Bolsonaro por su política criminal frente al coronavirus, entre otras acusaciones. Al presidente reaccionario, no le quedó otra que sacrificar a su más fiel ministro. Pero… la renuncia de Araujo indicó la existencia de una crisis política y de diferencias entre Bolsonaro y parte de la cúpula militar que lo viene sosteniendo no solo política, sino físicamente con miles de militares en lugares ejecutivos claves del gobierno.
 Fue seguida el mismo día por media docena de cambios en el gabinete ministerial. La que más resalta es la renuncia del ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, quien habría intentado mantener un relativo equilibrio en el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno, para no ver arrastrada a estas ante un eventual colapso del gobierno Bolsonaro. En noviembre pasado, Azevedo e Silva y los comandantes de las tres ramas militares del país —el general Edson Pujol (Ejército), el almirante Ilques Barbosa (Armada) y el brigadier Antonio Carlos Moretti (Fuerza Aérea)— emitieron una declaración conjunta en la que reafirman la separación político-institucional entre las Fuerzas Armadas y la “política”. Esto luego de que Bolsonaro amenazara con el uso de «la pólvora» para defender su política depredatoria en el Amazonas. El nuevo ministro de Defensa, el general Walter Souza Braga Netto, ex Jefe de Estado Mayor, retirado en el 2020 y especie de primer ministro de Bolsonaro, viene a encarar una reestructuración más profunda de las Fuerzas Armadas, para lo cual piensa defenestrar a la actual comandancia de las 3 armas.
 Se trata de un choque importante, ya que Bolsonaro cuenta con mayor apoyo entre militares retirados que en actividad. También se producirá un enroque entre el Ministerio de Justicia y la Abogacía General de la Unión (Fiscalía General). El actual ministro de Justicia, André Mendonca, reemplazará al fiscal José Levi que se retira porque no había querido apoyar el ataque ante la Corte Suprema de Bolsonaro contra gobernadores opositores que decretaban medidas de cuarentena. Por supuesto que en el lugar del ministro de Justicia, asumirá un conocido represor: un comisario de la Policía Federal, Anderson Torres. Por otro lado, el Ministerio de la Secretaría de Gobierno, que se ocupa de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, pasará a manos de la diputada Flavia Arruda, esposa de un exgobernador de Brasilia destituido y preso en su momento por corrupción, de buenos oficios con el “centrao”, la bancada derechista mayoritaria en el parlamento que apoyó todas las medidas reaccionarias de Bolsonaro (reforma jubilatoria, privatizaciones, etc.) pero que aspira a contener sus “excesos” y a cogobernar. 
 Se trata de una tirada de lastre con la renuncia del reaccionario ministro de Relaciones Exteriores, combinada con un semigolpe ministerial que pretende, por parte de Bolsonaro, afianzar su dominio político directo sobre las Fuerzas Armadas y conciliar al mismo tiempo, con la bancada civil del “centrao” derechista. La crisis no se ha cerrado ni por lejos. Por lo pronto, se acaban de conocer las renuncias de los jefes de las tres armas, producidas tras la dimisión de seis ministros, lo cual no tiene precedentes en la historia política del país. 
 Por supuesto que detrás de esta fuerte crisis política y militar está no solo la feroz crisis sanitaria, sino el trasfondo de la crisis económica-social. La deuda externa se ha elevado a más del 90% del PBI. La desocupación, precarización laboral y la miseria (hambre) se expanden más rápido que el coronavirus. 
 El ausente en forma directa es el movimiento de lucha de las masas trabajadoras. Esto es producto de la política de contención del Partido de los Trabajadores, el PCdoB y el PSOL que se han colocado como perspectiva la formación de un Frente súper Amplio para derrotar electoralmente a Bolsonaro en las elecciones de fines del 2022. Las centrales obreras y de masas están frenadas desde adentro por esta orientación. Lula –que ha sido habilitado por la “justicia” para presentarse a elecciones– ha salido a plantear que es necesario un frente electoral con sectores opositores de la derecha. Disputa con Bolsonaro el apoyo del corrupto “centrao” parlamentario. Los intentos de imponer un impeachment que destituya a Bolsonaro son solo un saludo a la bandera. Colocar a las masas trabajadoras detrás de esta perspectiva es llevarlas a la parálisis y el fracaso. 
 Es necesario que la clase obrera y los explotados recuperen las centrales obreras y sus organizaciones de masas para enfrentar la masacre sanitaria y social que impulsa con amenazas de creciente represión el gobierno Bolsonaro. Impulsar y apoyar todo movimiento de resistencia de las masas. Organizar encuentros y congresos de trabajadores con delegados electos en las provincias y a nivel nacional. Los trabajadores necesitan organizar un plan de lucha en marcha a la huelga general, para rechazar los ataques e imponer sus reivindicaciones, para echar a Bolsonaro, Mourao y todo el régimen capitalista de barbarie y explotación. 

 Rafael Santos

Parques científico-tecnológicos en Cuba

Altamira: “La salud de la población es rehén de una pugna geopolítica de las grandes potencias”

Armando Bartra: "La Comuna de París"

Una salida a la crisis de la vacunas // Gabriel Solano · Partido Obrero - FIT

Para el gobierno, nada contagia


Pero la segunda ola ya llegó.

 En medio de la segunda ola que azota a Argentina, el ministro de Trabajo de la Nación dijo que “no hay motivo para pensar que los lugares de trabajo son espacios de contagio” por lo tanto “no tiene sentido parar ninguna actividad”, sin importarle la suba de contagios y descartando cualquier tipo de medida que permita reducir la circulación de personas. 
 El ministro ignora uno de las principales fuentes de contagio: el transporte público, que usan millones de trabajadores diariamente y que no posee ningún tipo de control para disminuir la cantidad de usuarios (por ejemplo, mediante el cierre de algunas actividades no esenciales) o para evitar las aglomeraciones de gente (cómo se podría hacer aumentando la frecuencia). Moroni tampoco se detiene en los endebles protocolos de bioseguridad laborales, que son poco aplicados y que bajo estas circunstancias deberían, al menos, ser reforzados. 
 Con la llegada del otoño, la falta de medidas y la segunda ola en América Latina, el aumento de casos de la última semana fue muy pronunciado, tanto así que se duplicaron la cantidad de contagios de una semana a la otra. Hoy en día no hay actividades restringidas en Argentina; de hecho, luego de abrir hacia finales del año pasado, se llevó adelante durante el verano una gran campaña por fomentar el turismo interno. 
 Las declaraciones de Moroni están en sintonía con el resto de los funcionarios y ministros del gobierno, que tras la suba de casos de las ultimas horas tomaron una posición de negación de los contagios. Por ejemplo, en vísperas de Semana Santa, el gobierno anunció que no habrá restricciones ya que para el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, “claramente está demostrado que no es el turismo el problema en la suba de contagios”. Pero lo cierto es que el aumento en la circulación de los próximos días puede ser una bomba que estalle en la situación sanitaria del país, que ya roza números aún peores que los de julio del 2020. 
 En el mismo tono se pronunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien dijo que el contagio del docente de CABA fallecido por Covid “no necesariamente se produjo en la escuela”. Para el gobierno, los contagios no se producen en ningún lugar, aunque el promedio se haya mantenido en 10 mil diarios la última semana. 
 La situación sanitaria no parece ser suficiente para que el gobierno, sus ministros y los gobernadores discutan un dispositivo de cuidado y protección de la población mediante la reducción en la circulación. La reunión entre Vizzotti, Alberto Fernández y Santiago Cafiero del domingo pasado solamente anunció el cese de la actividad presencial para la administración pública nacional por tres días y la “recomendación” a las gobernaciones de las provincias para que adopten medidas. 
 Que el gobierno no cierre ciertas actividades (de las medidas más eficientes para enfrentar la pandemia) responde, por un lado, a las presiones patronales a las que se subordinan el Estado de mantener sus negocios y ganancias a costa de la salud de la población. Por el otro, al hecho de que el gobierno no pone en pie medidas que permita que la población priorice su cuidado y cumpla un aislamiento en medio de la profunda crisis económica, como lo fue -aunque miserable- el IFE y las ayudas sociales entregadas en 2020. 
 En este escenario, la vacunación se mete de lleno como una de las cuestiones fundamentales para la prevención del Covid-19. Las idas y vueltas del gobierno en torno a este punto y la lenta campaña de inoculación junto con el escandalo de la vacunación VIP pusieron de manifiesto que el proceso en manos de quienes nos gobiernan es un absoluto fracaso, así como lo fue la cuarentena y el manejo de la pandemia en su conjunto, desde la porción netamente sanitaria hasta lo económico, pasando por la cuestión social. La vacunación masiva es claramente una prioridad, y por lo tanto también lo es la defensa de un programa que plantee la confiscación de la producción del grupo de Sigman, que hoy produce millones de dosis en Argentina pero que las lleva a otros países, aun cuando el nuestro tiene un contrato por más de 20 millones de vacunas. 

 Lucía Cope

Brasil en modo golpe

La columnista del diario O Globo, Miriama Leitao, no tiene la menor duda: “El gobierno de Bolsonaro se encuentra en una crisis sistémica. Las (diversas) áreas de gobierno están colapsando, nada funciona”. El texto lleva un encabezamiento sin matices: “Bolsonaro empeora (agrava) la crisis del gobierno”. Un colega de ella tampoco se va por las ramas: “Un autogolpe”. 
 En 48 horas, Bolsonaro tuvo que echar a su funcionario preferido, el ultrareaccionaro canciller, Ernesto Araujo. En un país que lleva casi 14 millones de contagiados y 350 mil muertos, el evangélico ministro fue imputado de sabotear la importación de vacunas, con lo que pretendía servir a sus prejuicios oscurantistas, por un lado, y bloquear el ingreso de las dosis de China, por el otro. La vacunación en Brasil es de alrededor del 7% de la población, con expectativas francamente malas de aquí en más. Varios centenares de empresarios y los líderes del Senado se habían vistos obligados a pedir su cabeza. El alejamiento de Araujo y la designación para la Casa Civil de la diputada Flavia Arruda, de la bancada del Centrao, fue interpretado como una concesión a ese bloque mayoritario del Congreso. El presidente de Diputados, Arthur Lira, de esa misma bancada, había amenazado con llevar a Bolsonaro a un juicio político. 
 Este recambio fue, de todos modos, un fuego de artificio. El golpe fundamental fue propinado contra el ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva y, más allá de éste contra el jefe del Ejército, Edson Leal Pujol. La prensa brasileña coincide que la renuncia de Pujol podría arrastrar la de los jefes de la Marina y la Aeronáutica. El lugar de Azevedo fue entregado a otro general, Walter Braga Netto, hasta ahora jefe de Gabinete de Bolsonaro. No menos importante, un jefe de la Policía, Anderson Torres, fue designado para la cartera de Justicia. El mencionado integra el bloque de ‘la bala’ en el Congreso, en alusión a que está compuesto de represores. Justicia ocupa un lugar central para interferir en las acciones de Supremo Tribunal Federal y en la crisis abierta por la anulación de las condenas a Lula. En conjunto, estas remociones y designaciones son interpretadas como un golpe contra los mandos que profesan la doctrina de la autonomía militar y que no secundarían un autogolpe de Bolsonaro en una situación de crisis extrema. Se les adscribe la resistencia a acompañar a Bolsonaro en el propósito de intervenir los Estados que no siguen la orientación presidencial o decretar estados de sitio parciales o general. 
 La crisis humanitaria desatada por la pandemia ha hecho saltar las bisagras de todos los regímenes capitalistas. Brasil es, probablemente, un caso extremo, pero de ningún modo una excepción. Basta ver la ‘tercera ola’ en Europa, con cuarentenas extensivas, para comprobar que la atención al rescate de bancos y grandes empresas, algo que constituye el gen del capital, ha llevado a la humanidad a una catástrofe sin precedentes, si se tienen en cuenta los recursos científicos y productivos acumulados. Trotta y Acuña, Kicillof y Larreta, los Fernández y los macristas, no se diferencian cualitativamente de Bolsonaro a la hora de defender la continuidad de la ‘normalidad’ capitalista. - ni qué decir del centroizquierdismo e incluso de la izquierda. 
 De modo que el derrumbe histórico del momento no es el resultado de la irrupción de un meteorito. Es en este contexto histórico que estallan, como dice la columnista de O Globo, las “crisis sistémicas”. Los medios de comunicación debaten sin remilgos la variante de un ‘asalto al Capitolio’ a la brasileña. A 150 años de la Comuna de París, no sería por supuesto la primera vez que un derrumbe del poder pone a las masas ante el desafío de una acción revolucionaria. En los entresijos de los recambios ministeriales del fin de semana reciente, se observan dos cosas: un reforzamiento a nivel ministerial de las llamadas milicias que operan bajo la tutela de la Policía Federal y un principio de división en las Fuerzas Armadas. En repetidas ocasiones la prensa brasileña ha llamado la atención acerca de esas milicias en distintos escalones del Ejército. 
 La ‘crisis sistémica’, por si algo faltaba, ha recibido un invitado indeseado. El Dujovne brasileño, Paulo Guedes, no ha presentado aún el Presupuesto 2021, y no por indolencia. De acuerdo a O Globo es “defectuoso y está lleno de ilegalidades fiscales; el Tesoro informó al gobierno que no puede ser sancionado – (de lo contrario) el presidente podría incurrir en el crimen de responsabilidad fiscal”. Por mucho menos que eso, el Congreso brasileño voteó a Dilma Roussef. La confesión de que Brasil enfrenta un agujero fiscal enorme, no podría ser más clara, y esto cuando tiene que gastar más que nunca para evitar que se convierta en un gran cementerio. En poco tiempo, Argentina dejará de estar sola entre quienes sufren la huida de la moneda. Con dos billones y medio de deuda, entre la pública y la externa del sector privado sumadas, la bancarrota brasileña tiene desde ya asegurado un nuevo gran capitulo en la historia de la economía mundial. 
 Las principales corrientes de la izquierda en Brasil – el PT y el Psol -, no advierten a los trabajadores acerca de este escenario y de la perspectiva que ofrece, ni siquiera cuando las automotrices cierran plantas e incluso levantan campamento. Los gobernadores del PT, en el Nordeste, no se distinguen de lo que hacen sus pares de derecha. Está ausente de sus programas, por completo, la nacionalización sin resarcimiento de la industria y de los bancos, así como del conjunto de la industria farmacéutica. Incluso bajo Bolsonaro, solo el Instituto Butantan ha tomado iniciativas serias en producción de vacunas. Tampoco indican un programa de transición, o sea un programa de acción que movilice a las masas por sus reivindicaciones económicas, sanitarias y políticas. No hay que desesperar, sin embargo. Si la izquierda no convoca a las masas por medio de la agitación y la organización, de ello se encargará la burguesía a través de crisis sociales y políticas más severas. 
 Toda América Latina debe tomar nota. 

 Jorge Altamira
 30/03/2021

Brasil: desastre sanitario y barbarie social

¿Cómo llegamos al desastre, sin camas para los enfermos graves? Brasil superó la marca de las 300 mil muertes, por encima de las tres mil muertes por día, más de dos muertos por minuto. Fiocruz (Fundación Oswaldo Cruz) ha planteado la posibilidad de llegar hasta las cinco mil muertes diarias, y llegar al medio millón a mediados de este año. El fantasma del millón de muertos totales, descrito como una exageración impensable al comienzo de la pandemia, aparece como una posibilidad real. Ninguna otra causa de muerte mata tanto: las enfermedades cardiovasculares, que son las más mortales, tardan cuatro días juntas en alcanzar la suma actual. Río de Janeiro, que tenía el 79% de las camas de UCI ocupadas, empeoró rápidamente y alcanzó el 85%: la espera se cuadruplicó. Todo el sureste empeoró: Minas Gerais, Espírito Santo y São Paulo superaron el 90%. Y en el Medio Oeste y el Sur, las tasas superan el 96%. Anvisa advirtió que la capacidad de la industria para la producción de medicamentos utilizados en el proceso de intubación está en su límite. 
 La escasez tiene causas políticas: Bolsonaro recortó el presupuesto federal del 72% de las camas de la UCI para pacientes con Covid-19. En diciembre pasado, el Gobierno Federal transfirió fondos para el mantenimiento de 12.003 camas de UCI, hoy se financian 3.372. Los datos son del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass). La reducción se produjo en medio del momento más grave de la pandemia, con casi todos los estados al borde del colapso del sistema de salud. El recorte en la financiación de las camas de UCI fue total en Goiás, Maranhão, Acre y Rondônia. En São Paulo, que tiene el mayor número de camas de UCI del país, la reducción fue del 81%, similar a lo ocurrido en Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Paraíba y Sergipe. La reducción del financiamiento golpeó el colapso generalizado de la salud en todo Brasil. 
 Sin pestañear, Jair Bolsonaro hizo un comunicado en radio y televisión nacionales: “Somos incansables en la lucha contra el coronavirus”, dijo. El brevísimo discurso tuvo gemas como "Siempre dije que adoptaríamos cualquier vacuna", "las vacunas están garantizadas", "para fin de año, habremos llegado a más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población" y " en poco tiempo, el gobierno no tomó medidas importantes tanto para combatir el coronavirus como para combatir el caos en la economía”. Por primera vez, se solidarizó con las familias que cuentan a los muertos. Sin sonrojarse.
 El "comité de coordinación de la acción antipandémica" nació rodeado de una crisis: el propio presidente no estuvo de acuerdo con la propuesta, hecha por el alcalde. Rehecha por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, la idea fue finalmente aceptada y el presidente delegó en Pacheco el diálogo con los gobernadores. La subcontratación no fue bien recibida. Planalto (Gobierno) solo convocó a siete gobernadores, seis de ellos alineados con el bolsonarismo. 
 La enfermedad mortal tiene clase y raza. Las personas que más se infectan y mueren más a causa de Covid-19 son las personas de raza negra, que se están quedando atrás en las líneas de vacunación. Una parte de la población negra que podría ser incluida en los grupos prioritarios, por estar en la primera línea contra la pandemia, no recibió la vacuna: en algunas regiones, los trabajadores de limpieza y seguridad de hospitales no ingresaron a la primera etapa. Incluso un estudiante de medicina que no estaba en primera línea terminó pasando por delante de los trabajadores de limpieza. El cambio de guardia en el Ministerio de Salud no acabó con el negacionismo. El cardiólogo Marcelo Queiroga, cuarto ministro de salud de Brasil en la pandemia, dijo inicialmente que no estaba a favor del uso de cloroquina para el tratamiento de Covid-19. Luego de hablar con Bolsonaro, cambió: "Hay ciertos medicamentos que se utilizan, cuya evidencia científica no está probada, pero aún así, los médicos tienen la autonomía para prescribir", dijo, defendiendo la búsqueda de "un punto en común" con el negadores. Respecto a los encierros, Queiroga dijo que no pueden ser “política de gobierno” ya que hay “otros aspectos de la economía a considerar”. Queiroga, recordemos, hizo campaña por Bolsonaro en 2018. Su toma de posesión fue casi clandestina. La ceremonia se llevó a cabo en el despacho de la Presidencia, fuera de la agenda oficial, sin prensa, ni invitados.
 El defenestrado Eduardo Pazuello (exministro de Salud) atribuyó a Centrão su caída y, en su discurso de despedida, lanzó un claro mensaje corporativo-militar contra los “políticos” en general, con potencial golpista. Los agentes parlamentarios de Bolsonaro también sufrieron. El alcalde, Arthur Lira, fue desprestigiado públicamente tras ofrecer su apoyo a la nominación, para la cartera de Salud, de Ludhmila Hajjar, desatendida por Bolsonaro. Lira y Pacheco también hablaron sobre posibles investigaciones gubernamentales en el Congreso, pero se quedaron en eso. Pacheco, que tiene la posibilidad de aceptar una solicitud del CPI firmada por decenas de senadores, descartó rotundamente esta hipótesis: “La solución no vendrá de una CPI”, dijo. “El CPI, si es necesario instalarlo, se instalará para conocer hechos pasados” (léase prescrito). 
 El presidente del Senado también criticó la postura de "pensar que nada funciona y que nada vale" y sugirió dejar a un lado todo ese "negativismo". Así, en lo que respecta al Congreso Nacional, Bolsonaro permanece hasta el final de su mandato. El STF (Supremo Tribunal Federal) no está en contra de esto, donde el lunes hubo una votación a favor de la sospecha del ex juez Sérgio Moro – que dejó a Lula cercano a participar en la disputa electoral de 2022. La sombra del ex presidente pesa sobre la "popularidad" de Bolsonaro, pero la política del PT es esperar hasta finales de 2022, quién sabe cuántos muertos más habrán (ciertamente, la gran mayoría de los potenciales votantes de Lula).
 ¿Negativismo? Los números de la pandemia son apocalípticos y el desastre social, el hambre, también tiene números. En 12 meses, desde el inicio de la pandemia, el precio de los alimentos ha subido en promedio un 15%, casi tres veces la inflación del período. Según el IBGE (como el INDEC argentino), los precios que más subieron fueron los cereales, las legumbres y las oleaginosas (57,8%). La canasta básica en São Paulo cuesta alrededor de R $ 639,00. El Dieese estima el salario mínimo requerido para los gastos básicos de una familia de cuatro en R $ 5.375. El 1 de enero de 2021, este salario pasó de R $ 1.045 a R $ 1.100, apenas el 20% del mínimo necesario para la supervivencia de una unidad familiar. En este marco social, las empresas “ofrecieron” recursos para las camas Covid-19, con la condición de que se les devolviera este dinero como devolución del IRPF (impuesto a la renta): más presión para las exenciones fiscales y aprovechar para hacer marketing. 
 El llamado “PEC de emergencia” (PEC 186/2019), subsidio aprobado por el Senado, permite al gobierno federal pagar ayudas de emergencia en 2021 fuera del techo de gasto del Presupuesto General y del límite de endeudamiento del gobierno federal. Aún se definirá el importe, la duración y el alcance de la nueva ayuda. En la práctica, el texto aprobado colocará definitivamente el ajuste fiscal dentro de la Constitución y profundizará brutalmente las consecuencias ya existentes de la Enmienda Constitucional 95, la del Tope de Gastos. 
 El PEC 186 permite financiar las ayudas de emergencia con créditos extraordinarios, que no están limitados por el tope de gasto. Los gastos del programa no se contabilizarán para la meta de resultado fiscal primario y tampoco se verán afectados por la llamada regla de oro, un mecanismo que prohíbe al gobierno contraer deudas para pagar los gastos corrientes, que son el costo del sector público. El programa se limitará a un costo total de R $ 44 mil millones. Cantidad ingresada en el texto en el último minuto para evitar que el valor sea resaltado y votado. Como señala María Lucía Fattorelli, de Auditoría de Deuda Ciudadana, “¡tenemos casi R $ 5 billones en la gaveta! R $ 1,289 billones en la cuenta única del Tesoro Nacional, R $ 1,836 billones en reservas internacionales, R $ 1,393 billones en efectivo sobrante de bancos parados en el Banco Central que devengan intereses sólo a los bancos, a expensas del pueblo”.
 Con el límite, el gobierno solo quiere una excusa para no pagar una ayuda de R $ 600. La primera versión de la ayuda superó el costo total de R $ 300 mil millones, habiendo alcanzado alrededor de 68 millones de personas, en dos rondas: la primera, que duró cinco meses, fueron cuotas de R $ 600 por persona; en el segundo, denominado “ayuda residual”, se realizaron cuotas de R $ 300 en cuatro meses, y con un público objetivo menor. El nuevo monto representa menos que la ayuda residual, que costó alrededor de R $ 64 mil millones.
 El borrador final del PEC fue fruto del relator Marcio Bittar (MDB), lo que no impide que la “izquierda” (Lula) presente a este partido como un potencial integrante de un futuro “frente electoral progresista”. La PEC impone "moderación fiscal", para "compensar el aumento de gastos". El principal son los dispositivos que se activan cuando el gasto público alcanza un cierto nivel. Estos "detonantes" se vuelven permanentes y válidos para todas las situaciones de calamidad pública decretadas oficialmente, y no restringidas a la pandemia de Covid-19. 
 Los disparadores previstos en el texto llegan a los empleados de los estados y municipios. Luego de presiones desde el “bancada de la bala” (en referencia a los diputados militares), la Cámara eliminó del texto del PEC de Emergencia la prohibición de ascensos a la función pública del país en un período de calamidad, que podría afectar a los militares. Se mantuvieron los demás “gatillos” de contención del gasto, como las prohibiciones de reajustes a los funcionarios y, también, de concursos: con la medida, el servicio público enfrentará 15 años de congelación salarial. La lucha contra el gobierno de Bolsonaro es una cuestión de supervivencia. Las jornadas aisladas de lucha, con convocatoria parcial y sin continuidad, atestiguan la voluntad de lucha de vastos sectores, así como los cacerolazos contra el discurso de Bolsonaro, pero no abren camino a la victoria. Las direcciones políticas de las grandes organizaciones obreras, la mayoría de los representantes intelectuales de la izquierda y del "progresismo", concibieron en estas medidas como etapas de acumulación política de cara a unas elecciones (con “Lula ahí”) que se celebrarán en más de año y medio, con el traspaso del poder en un año y nueve meses. Sin que la candidatura de Lula estuviera siquiera garantizada. 
 Para salir del estancamiento, es necesario un plan de lucha conjunto, de todas los sindicatos y sectores, decidido en conferencias de delegados de base, sectoriales y generales. Esta demanda debe ser lanzada para todas las direcciones políticas y sindicales, y esta propuesta para toda la clase obrera, tomada por la vanguardia obrera organizada políticamente en un frente único. 

 Osvaldo Coggiola 
 28/03/2021

martes, marzo 30, 2021

Osvaldo Bayer - Cronista de los vencidos

Lacalle lo logra: caída del 5,9% del PIB y aumento crítico del coronavirus

Las autoridades uruguayas estimaron la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa, mientras que el cierre de oficinas estatales y la cancelación de espectáculos públicos se extenderá hasta el 12 de abril de este año, como estrategia para disminuir los contagios de Covid-19. 
 Quizás el acto más reprochado fue tomar “la decisión contundente” sobre el eslabón más débil, porque todo lo que involucre a los niños, niñas y adolescentes tiene ese plus de protección que todos reclaman, pero la educación al igual que bares, gimnasios, termas, no mueven la aguja. 
 “Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad y una vez más la acción de Gobierno tiene necesariamente que estar acompañada por las conductas individuales”, dijo Lacalle. Con la exhortación «Quédate en tu burbuja» es la medida que sugiere a los ciudadanos sobre quedarse con su círculo o su núcleo familiar en sus hogares para actuar de “forma responsable” ante el nuevo brote de coronavirus. 
 La presencia de la cepa brasileña P1 del virus en siete departamentos uruguayos, la dupilcación de casos de Covid-19 en 24 horas, fueron razones de peso para que el Gobierno acordara las medidas nacionales en una reunión previa.
 El telón de fondo de todo esto es la confirmación, por parte del Banco Central, de que la caída del producto interno bruto (PIB) el año pasado fue por demás importante, del 5,9 poor ciento, poniendo fin a 17 años de crecimiento, 15 de ellos bajo gobiernos del Frenbte Amplio. Pero incluso en este terreno hay que tener en cuenta las diferencias. Mientras muchos sectores sufrían duros golpes, el agropecuario y el de la construcción crecieron. 
 Duros golpes recibieron los sectores menos favorecidos en 2020, ya que, según cifras oficiales-en las que muchos no confían-, la pobreza subió casi tres puntos porcentuales y alcanzó a 11,6 por ciento de la población. El Ejecutivo ha rechazado expresamente en varias ocasiones la propuesta de brindar un ingreso transitorio de emergencia a sectores más amplios afectados por la crisis. 
 Cien mil personas habían caído en la pobreza en abril del año pasado, a apenas 15 días de decretada la emergencia sanitaria y a un mes del cambio de gobierno. La disparada del dólar (devaluación) mandó millones de pesos directamente de los bolsillos de ,los ciudadanos a las cuentas bancarias del sector agroexportador. Sí, a ese sector siempre lo cuida este gobierno y lo financian entre todos los uruguayos. 
 Obviamente, la pobreza afecta más a los hogares con jefatura femenina en todo el país, y más a las personas jóvenes que a las de mayor edad. La emergencia sanitaria fue un factor de mucha importancia para que se produjera el fenómeno. Sin embargo, no fue el único, ya que el Ejecutivo, respaldado por votos oficialistas en el Parlamento, dispuso una pérdida de salario real en el sector público, y que aseguró que habrá luego una recuperación, pero todavía no asumió compromisos sobre cuándo y cómo producirla. 
 La respuesta del primer mandatario -que reiteró en la rueda de prensa la actitud de acaparar el micrófono, resalta la prensa montevideana- fue que, si bien esperaba que las decisiones adoptadas fueran eficaces, no le correspondía a él, sino a los periodistas y la opinión pública, evaluar su oportunidad ni su suficiencia. Llamó la atención que no incluyera entre quienes deben opinar sobre el asunto a los científicos y especialistas en temas sanitarios. 
 Lacalle dejó en claro que es el que manda y no escucha ni a los asesores científicos y menos aún a alguien de la oposición. Por eso no extrañó que no dijera palabra sobre ampliar el diálogo y la búsqueda de acuerdos con organizaciones sociales y políticas. Parece que el presidente se toma muy en serio lo de no salir de su burbuja.
 Una investigación de la Universidad de la República y la Asociación de Bancarios de diciembre del año pasado revelaba la existencia de cerca de 700 ollas populares y merenderos que, a fuerza de trabajo voluntario y ayuda silenciosa, trataban de paliar el hambre de miles y miles de personas que vieron severamente comprometida su alimentación durante el último año. 
 Sólo se refirió en una ocasión, genéricamente, al asesoramiento científico con que cuenta, pero sin mencionar al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) relación que se ha tensionado en los últimos días, por la insistencia de los expertos en sugerir medidas que planteó el 7 de febrero (hace mes y medio) que no se adoptaron, y porque desde todos lados se le señaló públicamente al Ejecutivo que si no se hacía algo pronto para reducir la movilidad social seguirían produciéndose “muertes evitables”. 
 Esto último tiene un claro y considerable efecto sobre la opinión pública, ya que implica poner sobre la mesa una cuestión grave de responsabilidades políticas. Suspender la asistencia a los centros de educación y las actividades culturales siguen siendo los primeros recursos a los que se echó mano, ya que son medidas sin costos adicionales para el Estado o para los empresarios que lo apoyan. 
 El gobierno mantiene la cerrada negativa a que haya mayores aportes, por vía tributaria, de los grandes capitales y de quienes tienen mayores ingresos en el sector privado, y es obvia la carga ideológica en esta actitud, transparentada además por la referencia de Lacalle Pou a “las ramas de actividad representadas en el gobierno”. 
 El gobierno no aclara en qué se va a gastar el fondo coronavirus ni qué medidas se tomarán para garantizar la alimentación por esos tres días de los niños y niñas de las escuelas en la única decisión contundente que tomó el gobierno. 
 Esto no significa que la derecha y el gobierno se sientan acorralados, ya que siguen con su ofensiva a todo nivel: en el campo de la política, de la economía y de las ideas. Las luchas internas en la coalición de gobierno se van tensando por ahora, algo que no pueden disimular ya, ni siquiera en las conferencias. 
 El Presidente se dedica a explicar la nada misma, mientras la maquinaria comunicacional le inventa sentido a todo esto. Aún así, no es un gobierno derrotado sino todo lo contrario. Avanzan en el modelo de sociedad donde solamente entran unos pocos, cual urbanización privada.
 Las conferencias semanales contienen signos poco improvisados, pensados para generar en el receptor un sentido determinado. Lacalle tiene un grupo de asesores que “couchean” cada paso que da, cada símbolo y representación con una intencionalidad política determinada, al punto de verse casi como un absurdo la reproducción y las similitudes con mandatarios como Mauricio Macri en la Argentina de 2015-2019. 
 Pero la última conferencia de prensa mostró otra cara del mandatario, y trajo a escena un caos generalizado que se vio en distintas oportunidades y bajo distintos signos corporales menos planificados a los usuales. La imagen del presidente tranquilo y decidido se vio afectada por una impronta corporal errática y de titubeo. 
 El movimiento excesivo de sus manos como efecto de reflejos nerviosos inconscientes, junto a su voz acelerada y sin las pausas normales de su oratoria dejaron ver un presidente no tan consolidado como intenta transmitir mediante símbolos canónicos habitualmente (como lo hizo por ejemplo en el discurso de un año de su gestión en el Parlamento), señala Ladiaria.
 La consulta constante a los documentos escritos con las medidas adoptadas, también son señal de inseguridad, de decisiones tomadas con apremio y poco “digeridas”, y de incomodidad a la hora de anunciar las medidas. Una vez finalizados los anuncios, comenzaron las preguntas de los y las periodistas. a prensa montevideana observa tensiones entre el Presidente y el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, lo cual se refleja en los tonos de voz utilizados para referirse a él, la ausencia de miradas directas a su persona y el no nombramiento del mismo por su nombre en toda la conferencia. Por otra parte, a la hora de hablar de la vacunación fue Salinas quien tuvo que solicitar la palabra ya que el primer mandatario decidió no hablar de los éxitos del Ministerio de Salud Pública.También surgieron quejas ante la suspensión de algunas actividades, como las de Richard Sander, intendente de Rivera (limítrofe norte con Brasil) por los free-shop de ese departamento. Por otra parte, reclamos contra el mantenimiento del trabajo en ciertos sectores, como el de la Asociación de Funcionarios Judiciales, que definió un paro de 48 horas. o es seguro que la variante P1 del virus sea la única o la principal causa de que se haya acelerado la propagación de esta enfermedad en Uruguay, pero le ha servido a Lacalle para tomar resoluciones que no quiso adoptar una semana atrás, cuando ya era obvio que las tendencias conducían a la actual situación, sin que parezca que está reconociendo un error.
Falta mucho para que la vacunación mejore la situación sanitaria del país, pero todo indica que revertir sus efectos sociales será aún mucho más lento y difícil. El gobierno de la coalición derechista está empeñado en favorecer a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, en especial los del agronegocio exportador.

 Luvis Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El «lastre» del Mercosur, el Uruexit y los liberales uruguayos

El cruce entre el presidente argentino Alberto Fernandez y el uruguayo Luis Lacalle Pou en la Cumbre virtual por los 30 años del Mercado Común del sur (Mercosur), del que son socios con brasileños y paraguayos, es noticia en todos los medios rioplatenses y aledaños. 
 El mandatario uruguayo calificó de “lastre” al Mercosur. «Lo que no puede ser ni debe ser (el Mercosur) es un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se puede mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional».
 «Si nos hemos convertido en una carga lo lamento, lo más fácil es bajarse del barco» le contestó Fernandez.
 Las reacciones en ambos márgenes del Río de la Plata no tardaron en aparecer. Los gorilas antiperonistas uruguayos vitorearon una vez más a Lacalle Pou. La primera vez había sido en su tour por todos los medios de Clarín. Si bien Uruguay pasó a ser de los peores países de Latinoamérica en combate a la pandemia, los medios hegemónicos argentinos, aliados del neoliberalismo, olvidaron al gobernante uruguayo. Hoy lo reflotan para hacerle críticas como tiros por elevación a Alberto Fernandez. 
 En Uruguay, de este lado del charco, lo primero que surgió en las redes fue un chovinismo berreta, un nacionalismo de segunda mano. Los cuadros de primera línea de la derecha autóctona junto con periodistas y figuras mediáticas salieron en twitter en una coreografía perfecta a decir “yo, uruguayo”. Se despertó el más elemental antiporteñismo uruguayo que no sabe más de Argentina por la television y piensa que Chaco, Formosa y Tierra del Fuego son lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires. Enseguida aparecieron los fantasmas de Jorge Battlle y su “los argentinos son una manga de ladrones del primero hasta el último”, o la crítica de José Mujica hacia Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo al lado de un micrófono abierto: “esta vieja es peor que el tuerto (Nestor Kirchner)”. 
 Lacalle Pou cuida mucho sus palabras y las prepara. Por eso, haber elegido “lastre” no es una casualidad. Como así tampoco la reacción en redes de sus seguidores y una campaña con el hashtag #URUEXIT, haciendo juego con la campaña por la salida, que luego se concretó, de Reino Unido de la Unión Europea que se llamó Brexit. 
 Esta estrategia se enmarca en una semana donde Argentina salió del Grupo de Lima, donde el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se pospuso para 2023, donde Uruguay cada día rompe récord de contagiados por covid-19. La cortina de humo es perfecta y es calco de la táctica del Brexit, sumado a que este deseo ya lo había planteado Luis Alberto Lacalle, padre del actual Presidente y del Mercosur, en la campaña presidencial de 2009. 
 Ni lerda ni perezosa, la Academia Nacional de Economía, reducto del liberalismo a ultranza en Uruguay, salió a respaldar al gobierno. La Academia está presidida por María Dolores Benavente, abonada de los think tanks uruguayos y una de las alumnas preferidas de Alejandor Vegh Villegas, ministro de Economía en la dictadura por dos períodos.
 Su vicepresidente es Ignacio de Posadas, quien fuera ministro de Economía y Finanzas entre 1992 y 1995, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. El “Chicago-boy” Carlos Steneri, fue uno de los responsables de la negociación del canje de deuda tras la crisis de 2002, también integra el Consejo Directivo. 
 En 2005, al comienzo de la primera presidencia frenteamplista, Steneri fue designado Director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo que ocupó hasta el 2010. Aquí vemos cómo el liberalismo ha impregnado al progresismo desarrollista y que la visión de la deuda sigue siendo monolítica, no acorde a los intereses nacionales. 
 En el diccionario de la burguesía uruguaya no existe la palabra integración. Simplemente hay que liberalizar las economías y el dios Mercado resolverá los desajustes del propio sistema, pero poco y nada se habla de las desigualdades.
 La burguesía uruguaya es un caso interesante para estudiar. Nunca en la historia ha promovido siquiera una industrialización y un desarrollo productivo dentro de un marco capitalista, para el crecimiento del país. Siempre hemos sido furgón de cola, con resabios de un feudalismo colonial. El capitalismo uruguayo es deforme y dependiente. Esta “suicida flexibilización” como bien apuntó Aram Aharonian, servirá para condenar cincuenta años más a Uruguay a ser un país agroexportador, donde se sucedan temporadas buenas y malas según las commodities. Si las materias primas van al alza, será un veranillo… que pronto será un invierno desolador cuando el precio de estas vuelvan a caer. Winter is coming… 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Por qué la OTAN destruyó Libia ‎hace 10 años‎


Aunque el Pentágono ya había emprendido su estrategia de destrucción de todos ‎los Estados en los países del Medio Oriente ampliado, la destrucción de Libia fue ‎resultado de una maniobra urgente de orden financiero. ‎ 
 Hace 10 años, el 19 de marzo de 2011, fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN iniciaban ‎su campaña de bombardeos contra Libia. ‎ 
 Aquella agresión contra un país soberano fue dirigida por Estados Unidos, inicialmente a través ‎del AfriCom (el mando de las fuerzas militares estadounidenses en África) y después a través de ‎la OTAN, que actuaba bajo las órdenes del Pentágono. ‎ 
 En 7 meses, los aviones de Estados Unidos y de los países de la OTAN implicados en aquella ‎agresión realizaron 30.000 misiones contra Libia, entre ellas 10.000 misiones de ataque, ‎utilizando contra el pueblo libio más de 40.000 bombas y misiles.
 ‎ Italia, “gracias” al consenso multipartidista en el Parlamento –con el Partido Democrático en ‎primera línea– participó en la guerra contra Libia poniendo a la disposición de la campaña de ‎bombardeos 7 bases aéreas (Trapani, Gioia del Colle, Sigonella, Decimomannu, Aviano, ‎Amendola y Pantelleria) y enviando además sus cazabombarderos Tornado, Eurofighter y otros ‎más, así como el portaviones Garibaldi y otros buques de la marina de guerra italiana. Pero desde mucho antes del inicio de la agresión aeronaval, una serie de grupos tribales así como grupos islamistas ‎hostiles al gobierno libio ya estaban recibiendo financiamiento y armas desde el exterior y ‎unidades de fuerzas especiales de diferentes países, principalmente de Qatar, habían sido ‎infiltradas en Libia para provocar enfrentamientos armados dentro de la Yamahiriya. 
‎ Así fue destruido ese Estado africano que, como consta en la documentación del Banco Mundial ‎correspondiente al año 2010, mantenía «altos niveles de crecimiento económico», con un ‎aumento anual de su PIB de 7,5% y registraba «altos indicadores de desarrollo humano», como el ‎acceso universal a la escuela primaria y la instrucción secundaria y con más de un 40% de personas ‎incorporadas a estudios universitarios. 
‎ A pesar de ciertos desequilibrios, el nivel de vida promedio de los libios era considerablemente ‎más alto que el de los demás países de África. Incluso 2 millones de inmigrantes, en su mayoría ‎africanos, encontraban trabajo en la Yamahiriya Árabe Libia. El Estado libio, que poseía las ‎mayores reservas de petróleo de toda África, además de grandes reservas de gas natural, dejaba ‎márgenes de ganancia limitados a las compañías extranjeras.
 ‎ Gracias a la exportación de recursos energéticos libios, la balanza comercial de la Yamahiriya ‎registraba un excedente anual de 27.000 millones de dólares. Con tamaños recursos, el Estado ‎libio había invertido en el exterior unos 150.000 millones de dólares.
 Las inversiones libias ‎en África eran fundamentales para el proyecto de la Unión Africana tendiente a la creación de ‎‎3 organismos financieros: 
 el Fondo Monetario Africano, con sede en Yaundé (Camerún); 
el Banco Central Africano, con sede en Abuya (Nigeria); 
el Banco Africano de Inversiones, con sede en Trípoli (la capital libia).
 Esos nuevos organismos financieros africanos debían crear a su vez un mercado común y una moneda ‎única para las naciones de África. ‎ 
 No es casual que la guerra de la OTAN contra Libia comenzara menos de 2 meses después de ‎la cumbre de la Unión Africana que había dado –el 31 de enero de 2011– luz verde a la creación, ‎durante aquel mismo año, del Fondo Monetario Africano. Así lo demuestran los correos ‎electrónicos de la secretaria de Estado de la administración Obama, Hillary Clinton, ‎posteriormente divulgados por WikiLeaks. 
‎ El hecho es que Estados Unidos y Francia querían eliminar a Muammar el-Kadhafi antes de que ‎el líder libio utilizara las reservas de oro de su país para crear una moneda panafricana como ‎alternativa al dólar estadounidense y al franco CFA (la moneda que Francia impone desde 1945 a 14 de sus antiguas colonias africanas). ‎ 
 Eso está demostrado por el hecho que, antes del inicio de los bombardeos en 2011, fueron ‎los bancos los que entraron en acción contra Libia apoderándose de los 150.000 millones de ‎dólares que el Estado libio tenía depositados en el extranjero y que en su mayor parte ‎‎“desaparecieron”. En ese descarado saqueo de los fondos libios se destaca nada más y ‎nada menos que Goldman Sachs, el todopoderoso banco de negocios estadounidense, que tuvo ‎como vicepresidente a Mario Draghi [el hoy jefe de gobierno de Italia]. ‎ 
 Hoy en día, los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos libios van a manos de los grupos ‎que se disputan el poder y de unas cuantas transnacionales extranjeras mientras que la población ‎libia trata de sobrevivir en medio de una situación caótica caracterizada por constantes ‎enfrentamientos armados entre diferentes facciones. ‎ 
 Después de la caída de la Yamahiriya, los inmigrantes africanos, acusados de ser «mercenarios de ‎Kadhafi» fueron perseguidos, capturados y encerrados hasta en jaulas para animales, torturados ‎y asesinados. Hoy Libia se ha convertido en la principal vía de tránsito, ampliamente explotada por ‎traficantes de personas, de un caótico flujo migratorio hacia Europa que ya ha dejado más ‎víctimas que la guerra de 2011. 
‎ En la ciudad libia de Tawerga, las milicias islamistas de Misurata –las mismas que asesinaron a Kadhafi ‎en 2011–, respaldadas por la OTAN, procedieron a una limpieza étnica, obligando a ‎‎50.000 libios a huir de sus hogares, a los que nunca han podido regresar.
 ‎ Y de todo eso es responsable también el parlamento de Italia, que el 18 de marzo de 2011 ‎comprometió el gobierno a «adoptar toda iniciativa destinada a garantizar la protección de las ‎poblaciones de la región». De esa manera justificaron los parlamentarios italianos la ‎participación de Italia en la guerra contra Libia. ‎

 Manlio Dinucci | 29/03/2021 
 Il Manifesto

lunes, marzo 29, 2021

¿Sabías que en Argentina se producen millones de dosis de vacunas pero no llegan a la población?

Alberto Fernández y el repago de lo “impagable”


Acerca de la entrevista que brindó al vacunado VIP, Horacio Verbitsky. 

 Alberto Fernández brindó una entrevista dominical nada menos que a Horacio Verbitsky, y sus declaraciones acerca de la «deuda impagable» que renegocia con el Fondo Monetario levantaron polvareda. 
 El reportaje radial fue indudablemente una suerte de reconciliación pública tras el escándalo del vacunatorio VIP, originado por las declaraciones de Verbitsky comentando que había accedido a una dosis de la Sputnik V con solo pegar un tubazo a su amigo Ginés González García, quien luego debió ser eyectado de su sillón de ministro tras el repudio generalizado -ya que mientras tanto el operativo de vacunación avanzaba a pasos de tortuga. En ese tono, la pretensión fue dejar en claro desde el inicio que, en lo que respecta a deuda externa, no existen posiciones divergentes al interior del gobierno sino simplemente «diferentes maneras de decir las cosas».
 Esas palabras fueron las empleadas por Alberto Fernández para contestar a la pregunta sobre si Martín Guzmán y Cristina Kirchner expresaban estrategias opuestas de cara a la negociación con el FMI. El presidente se manifestó de acuerdo con las declaraciones realizadas por su vice el 24 de marzo, acerca de que esa deuda que dejó el gobierno de Macri es «impagable». Lo demostró de una forma inapelable: si este año la economía del país está en vilo para ver cómo se afrontan vencimientos por 4.000 millones de dólares con el organismo financiero, no se puede ni pensar en cancelar casi 20.000 millones el año próximo. 
 Al igual que Cristina, enfatizó que la política del gobierno es buscar un acuerdo para establecer las condiciones de un repago, partiendo por supuesto del reconocimiento íntegro de esta hipoteca descomunal, a pesar de haber anunciado una «querella criminal» contra los funcionarios de la administración macrista por defraudación. Finalmente, toda la escenografía de la expresidenta para mostrar una pulseada con el FMI y el imperialismo yanqui apenas puede ocultar que los 4.300 millones de dólares (en Derechos Especiales de Giro) que este organismo repartirá para atender gastos frente a la segunda ola de la pandemia serán utilizados… para pagarle al propio FMI. 
 Fue en ese sentido que Fernández reivindicó la labor del ministro de Economía, quien acaba de volver de una serie de encuentros con agentes del Fondo en Washington, afirmando que la negociación está «encaminada» y vanagloriándose de que esta cueva del capital financiero internacional haya definido que los planes de pago deben ser «sustentables» para evitar hundir las economías. Es un fraude. 
 En primer lugar, el pago de la deuda es una vía principal de la fuga de divisas del país, por lo cual es uno de los factores de la desinversión crónica que ha encarrilado a la economía Argentina en una declinación secular durante todas las últimas décadas. Las restricciones cambiarias actúan como una losa, ya que las trabas a las importaciones agudizan la recesión industrial y la imposibilidad de las empresas de cancelar sus deudas corporativos las deja afuera del mercado de crédito (base la la inversión, porque ninguna lo hace con capital propio). 
 Pero lo más importante es que el currículum que llevó Guzmán a Estados Unidos se compone del robo de la movilidad jubilatoria, los topes paritarios, la puesta en marcha de los tarifazos y recorte del gasto público como la eliminación del IFE en pleno crecimiento de la pobreza; entre otras medidas que entierran la pretensión oficial de reactivar la actividad económica en base a una recuperación del consumo. El único aspecto en el que se «encamina» la negociación es en la promesa del economista de que el déficit fiscal no superará este año los 3 puntos del PBI (es decir que el ajuste será muy superior a lo dibujado en el Presupuesto 2021). 
 Esto último nos devuelve a la entrevista con Verbitsky, en la cual el presidente se regocijó del hecho de que las autoridades del FMI hayan afirmado que la inflación obedece a muchas causas, y no solo de la emisión monetaria y el déficit fiscal. Ello no exime al gobierno argentino de ninguna de las exigencias clásicas del Fondo Monetario. 
 Ya vimos lo que sucede en relación al ajuste del gasto público, pero la política monetaria también refuta el entusiasmo de Alberto Fernández: el gobierno se viene endeudando a pasos acelerados para evitar que el Banco Central deba emitir más billetes para asistir al Tesoro, y como son bonos indexados al dólar o a la inflación ni siquiera se deprecian con una devaluación (es decir que anula el beneficio de la deuda en pesos). Este gobierno ya incrementó el endeudamiento en más de 20.000 millones de dólares (canje mediante). La bola de nieve de Leliq y pases pasivos del Central, que supera los 3 billones de pesos, ilustra también los límites que enfrenta el gobierno. 
 Lo fundamental es, en definitiva, que el repago de esta hipoteca impagable condenará al país por varias décadas. El FMI rechazó de plano el reclamo de Cristina Kirchner de un acuerdo a 20 años de plazo, pero todo el mundo es consciente de que un programa de 10 años para pagar 50.000 millones de dólares caerá nuevamente en un incumplimiento, y que por lo tanto deberá volver a ser renegociado. Esta dinámica anticipa que el monitoreo de las cuentas nacionales por parte del Fondo y el imperialismo se extenderá por generaciones, si se sigue en esta dirección. Finalmente el propio Macri cayó en default después de haberse endeudado para cancelar la deuda anterior.
 Independientemente de los vaivenes de la coalición oficial y de las disputas internas, que expresan además el empantanamiento gubernamental, existe un alineamiento en cuanto a honrar el pago de una deuda externa usuraria. Que ello es incompatible con un desarrollo nacional y más aún con una descompresión de cuadro de miseria creciente queda demostrado ya de antemano, con el rumbo actual de la política económica. Que, a su vez, esta política nos lleva a un laberinto sin salida lo graficó el propio viaje de Guzmán, quien en Nueva York se reunió con los bonistas que ingresaron al canje, furiosos por el desplome bestial de la cotización de los bonos reestructurados.
 Del círculo vicioso de renegociaciones y defaults solo se puede salir rompiendo con el FMI y desconociendo la hipoteca fraudulenta que condena a la Argentina al saqueo y la pobreza. Sería un quiebre en la espina dorsal de todo el régimen que ha imperado las últimas décadas, y un pilar para una reorganización social del país sobre nuevas bases, bajo la dirección de los trabajadores. 

 Iván Hirsch

Los Fernández y los Macri: una ‘apertura’ a la segunda ola

La conferencia de prensa que brindaron en la noche del domingo Carla Vizzoti y Santiago Cafiero aportó datos concluyentes acerca de la llegada de la segunda ola a la Argentina. Además del aumento sostenido del número de casos, Vizzotti identificó también a los pacientes con las nuevas cepas del virus –Manaos, Inglaterra- sin que se haya podido rastrear el origen del contagio. Se trata, por lo tanto, del ingreso a la etapa de “circulación comunitaria”, la fase de propagación que sigue a continuación de los contactos con viajeros.
 El informe lapidario de los funcionarios contrastó brutalmente, sin embargo, con la mezquindad de sus respuestas: el gobierno anunció un asueto presencial de tres días en la administración nacional y una “recomendación” a las provincias para que hagan lo mismo. Vizzotti informó de 45 distritos del país severamente afectados por los contagios. Los gobernadores, sin embargo, han sido los más firmes vehículos de la presión a favor de reabrir la economía e impulsar “la normalidad”. El gobierno “centraliza” los datos, pero se desentiende de las medidas de aislamiento. 

 Presencialidad y turismo

 En la conferencia, Cafiero se encargó de aclarar que el asueto estatal no alcanza al sistema educativo. Volvió a reivindicar la ‘presencialidad’ cuando la Ciudad de Buenos Aires registra el primer docente muerto por Covid, en una escuela de Villa Lugano. Los contagios –y “burbujas” clausuradas- se cuentan por centenares en las escuelas de toda el área metropolitana. Sin grietas, Kicillof y Larreta sostienen esa presencialidad, para eximir a las patronales del pago de licencias para el cuidado de los hijos. Cafiero también pidió “vacaciones responsables de Semana Santa”, un eufemismo para anunciar que la circulación nacional de personas –que debe sostener a la industria del turismo- no será interrumpida en el feriado. 
 El escenario se completa con la crisis del proceso vacunatorio. Los retrasos en la provisión de vacunas han tenido como respuesta la decisión de demorar por tiempo indefinido la aplicación de la segunda dosis, precisamente cuando algunos laboratorios aseguran que será necesaria una tercera aplicación de la vacuna. La principal apuesta del gobierno –la vacuna de Astra Zeneca- se encuentra en un impasse, pues la producción de su principio activo está siendo exportada a Estados Unidos, con el pretexto de que México ha incumplido con la tarea de fraccionamiento y envase para ser re-exportada a Argentina y América Latina, a costo cero. (Ver Nota: El triángulo vacunatorio de las Bermudas) 
 Pero los efectos de la pandemia se han adelantado a la producción de vacunas, como se manifiesta en las segundas o terceras olas en número creciente de países. La escalada de contagios exige una severa política de reforzamiento sanitario, protección de la población y asistencia a quienes no puedan trabajar; el gobierno, en cambio, defiende a rajatablas la continuidad de las reaperturas, como se lo exigen los poderes dominantes. La austeridad fiscal ya pactada con el FMI es letal para la asistencia y el rescate de la población precarizada o desempleada. 
 Los Fernández marchan ciegamente a la pandemia agravada que envuelve a Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Advirtamos que, reaperturas mediantes, entre la primera y segunda olas, Manaos perdió al 10% de su población. 
 La clase obrera no enfrenta este descalabro capitalista en silencio, como lo demuestran las luchas del personal de salud y docentes, y en cada lugar de trabajo. Es necesaria, sin embargo, una acción de conjunto. 
 Rotación diaria y semanal de los trabajadores esenciales. 
 Reforzamiento del personal de salud, jornadas de seis horas. 
 Protección de los trabajadores no esenciales, con el pago del 100% del salario. 
 Suspensión inmediata de la presencialidad educativa en todos los niveles. 
 Asegurar los elementos necesarios para la conectividad y virtualidad. 
 Incautación de laboratorios productores de principios activos y desconocimiento de patentes, para asegurar la vacunación de toda la población.
 Aumento del 50% de los salario; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, jubilación al 82%; seguro al desocupado iguales a la canasta familiar; asistencia social igual al costo de la canasta familiar.
 Discutamos un programa y una lucha en nuestros lugares de trabajo y organizaciones sindicales.

 Marcelo Ramal 
 29/03/2021

Argentina-Carlos Slim-México, el triángulo vacunatorio de Las Bermudas

El empantanamiento del proyecto de producción de vacunas entre Astra Zeneca, la corporación del mexicano Slim y el empresario K Hugo Sigman ha sumado un ingrediente explosivo a la crisis sanitaria y social y del gobierno de los Fernández. En agosto pasado se había anunciado con bombos y platillos el acuerdo para producir en Argentina el principio activo de la vacuna contra el Covid 19, con licencia del laboratorio Astra Zeneca. El proyecto sería financiado por el empresario mexicano Carlos Slim, y el fraccionamiento y envasado a cargo de una empresa de México, Liomont. De la promesa de las centenares de millones de vacunas para abastecer parte de la demanda de la región, no ha quedado nada, ni una sola vacuna ha llegado a Argentina. El laboratorio de Sigman, mAbxience, ha enviado a México una producción equivalente a varios millones de vacunas. Las razones por las cuales la operación se encuentra empantanada no son claras. El laboratorio mexicano Liomont aduce trabas regulatorias y burocráticas. Al mismo tiempo, afirma depender del abastecimiento norteamericano para ciertos insumos relacionados con el envasamiento. En contradicción con esta excusa, otro laboratorio avanzaba en México con el fraccionamiento de una vacuna, pero proveniente del laboratorio chino Cansino. El vacío de las dosis de AstraZeneca era llenado también por Pfizer, con vacunas importadas desde Estados Unidos. Queda el interrogante de qué pasa con el dinero invertido por la Fundación Slim y del compromiso de producir la vacuna a gratuidad. 
 Según declaró al diario “El País”, el empresario argentino estaría enviando los lotes del principio activo de la vacuna a Estados Unidos, al laboratorio que Astra Zeneca dispone en Ohio, para que “lleve adelante la tarea de Liomont”, o sea, el fraccionamiento. Los envios a Estados Unidos representan el equivalente de 12,8 millones de vacunas, más del doble de todas las que recibió la Argentina hasta ahora, de todos los orígenes o laboratorios. Supuestamente, y una vez envasadas, esas vacunas deberían volver a la Argentina. Pero según quienes denuncian esta operación, la posibilidad de reexportación de ese material al país es incierta. Hasta ahora, Astra Zeneca no cuenta con autorización para vender su producto en Estados Unidos. Cuando ello ocurra, las vacunas envasadas en Ohio podrían ser “retenidas” y colocadas en aquel país. Sería el enésimo episodio de piratería de vacunas que se han registrado en estos meses. En todo caso, cabe preguntarse qué alteraciones ha sufrido el contrato Slim-Sigman, para que la compañía de este último envíe a EEUU lo que debió ir a México. Porque obviamente, Sigman cobra por lo que exporta, aunque no se sabe si paga Slim o los laboratorios de Ohio. 
 Como consecuencia de todo lo anterior, en Argentina se produce una vacuna con la que sus habitantes, ni los de ningún país de América Latina pueden contar. No obstante esto, los Fernández prosiguen como si nada con la presencialidad escolar y hacen virtud de la aplicación de una sola dosis de las vacunas, cuando Pfizer acaba de anunciar que probablemente sean necesarias tres, frente a las mutaciones que ha sufrido el virus.
 Es obvio, en este cuadro, que tanto AstraZeneca como Slim vetarían que la vacuna de la primera se produzca en el país o sin acordar la licencia para ello. La producción de una vacuna propia sólo sería posible si el estado asume la dirección de los laboratorios nacionales –comenzando por el de Sigman- para trabajar en conjunto con las Universidades y el Instituto Malbrán, incluida la posibilidad de acuerdos con la vacuna de Cuba. Es un hecho que esta crisis pone al desnudo el derrumbe del famoso ‘estado de derecho’ y el incumplimiento de contratos. AstraZeneca recibió fuertes subsidios de parte de EEUU, Gran Bretaña y la UE, para producir una vacuna gratuita. Es claro, entonces, que la salida de una vacunación igualitaria, rápida, masiva y gratuita pasa por la expropiación de las grandes farmacéuticas internacionales, que han prosperado, precisamente, por el aporte dinerario y científico del poder público. 
 Ha comenzado una crisis que tendrá un impacto político poderoso en Argentina y a nivel internacional. 

 Marcelo Ramal
 29/03/2021

Curso Historia de las Revoluciones :. 1. La Comuna de París de 1871


Curso "Historia de las Revoluciones". Clase 1. La Comuna de París de 1871. Con Jean Baptiste Thomas, historiador, profesor de estudios hispanoamericanos por la Universidad de Poitiers (Francia), militante del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) y miembro del Comité editorial de RevolutionPermanente. En la mañana del 18 de marzo, con las mujeres a la cabeza, el pueblo de París se insurrecciona, estableciendo desde entonces esta fecha en el calendario revolucionario de la clase trabajadora. De este levantamiento va a surgir el primer gobierno obrero de la historia. “La Comuna era, esencialmente, un Gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo”, escribió después Marx.

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Mercosur, no los separa la pelota


El “lastre” que Argentina representa para el Mercosur, fue la imputación que disparó el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, luego que, el día antes, Alberto Fernández anunciara que Argentina se retiraba del llamado grupo de Lima. El uruguayo no podía esconder el fastidio que le provocaba una medida que iba contra su compatriota, Luis Almagro, un lacayo de Trump en la OEA, y el mascarón de proa de todas las provocaciones políticas y golpes de estado que se suceden en América Latina. Al día siguiente del entrevero ocurrido en la reunión de presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el canciller de Biden salió con los tapones de punta contra el enjuiciamiento de la golpista boliviana Jeaninne Áñez. El canciller de EEUU, Antony Blinken, parecía haber esperado que la despenalización de Lula, en Brasil, fuera seguida por un indulto general de los fascistas del continente. Es como su jefe, Biden, procede con su antecesor, Donald Trump. 
 El fracaso del Mercosur, como un bloque económico con capacidad para negociar acuerdos viables con otros bloques internacionales, fue claro desde su fundación. No hizo el recorrido del Nafta (México, EEUU, Canadá), dominado por dos potencias económicas, que significó, a la vez, la destrucción del agro mexicano, el desplazamiento de fuerza de trabajo, emigración y emergencia del narcotráfico. El mundo sigue firmando acuerdos internacionales – y los deshace a mayor velocidad aún. Lo muestra el Brexit. China firma acuerdos de libre comercio en el sur de Asia, que van acompañados regularmente de conflictos diplomáticos, políticos y hasta militares, como viene ocurriendo por ejemplo con Australia, que acusa a su socio de ciberhackeos. 
 La retórica nacionalista lo quiso describir al Mercosur como un paso hacia la Patria Grande sin temor al ridículo. Se llegó a fantasear con una moneda única, que reduciría los “costos de transacción del comercio” de la región. Hubiera supuesto, además, establecer una nueva divisa de reserva internacional. Un par de derrumbes económicos, en Argentina y Brasil, en especial, dejaron los ‘papers’ del caso en los cajones de la burocracia. Incluso para tener una moneda propia, América Latina debería atravesar una revolución social. 
 El Mercosur fue establecido, fundamentalmente, como un acuerdo automotriz, que convirtió al tráfico de partes y automotores en una transferencia contable entre los capitales en presencia. Nunca arribó al propósito de alcanzar un comercio libre, pues rodados y componentes debían ajustarse a proporciones determinadas para su intercambio. Para Argentina significó un desbalance enorme de comercio, en la medida que el valor de importación de autopartes superaba el del de las exportaciones del producto terminado. Esta significativa “restricción externa” fue impulsada con pasión por los adversarios de ella, el kirchnerismo, lo que sigue ocurriendo. La limitación a la importación de automotores extra Mercosur fue una imposición de las compañías siderúrgicas, necesitadas de un mercado cautivo de chapas, y de las del neumático. 
 Hace pocos días, la versión de que Estados Unidos restablecería los aranceles que gravan la exportación de aluminio y acero de Argentina, más los límites que ya existen al bío-combustible, desmienten la especie de que el Mercorsur o Argentina sería los responsables exclusivos de la falta de acuerdos comerciales de mayor alcance. Cuando Clinton y Bush (padre) promovieron el Alca, el libre comercio continental, se toparon, por sobre todo, con la oposición de Brasil. El Alca no murió en el estadio de Mar del Plata, sino en la reunión que tuvieron enseguida Lula y Bush. Ahora mismo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no lo sabotean los latinoamericanos, que ya dieron el OK para el caso, sino los ‘amigos’ del Viejo Continente, que ponen como condición que Brasil deje de destruir la foresta amazónica. Bolsonaro denuncia esta represalia como un intento de destruir la potencialidad de Brasil, que pasaría por convertir a ese inmenso territorio en un campo gigante de pastoreo y de soja. La deforestación de la Amazonia figura en los objetivos de seguridad de las fuerzas armadas de Brasil. La virulencia de Brasil contra los tratados climáticos es una forma nacionalista de reservar la explotación de la Amazonía a los capitales nacionales. 
 El cable a tierra de las economías del Mercosur lo constituye, en la actualidad, el mercado de cereales y aceites, y de minerales y petróleo de China. Cualquier acuerdo bilateral que los estados del Mercosur pudieran firmar en forma unilateral con Estados Unidos y Europa, significaría una barrera a las inversiones de China y de Rusia. Cuando Bolsonaro hizo un gesto en esta dirección, la burguesía brasileña levantó su oposición, con la exclusión parcial de algunos sectores del capital financiero. El Comando de la IV Flota de EEUU, acaba de subrayar, en un documento, que la eliminación de la injerencia de China era un asunto de “seguridad nacional”. Lacalle Pou conoce al dedillo que el Mercosur se encuentra en un impasse, cuya salida no se encuentra a la vista y cuya desintegración aportaría su cuota a la explosión social que se cierne sobre la región. Por último, pero lo recontra más importante: la pandemia ha roto todos los equilibrios precarios precedentes, y expuesto una crisis social humanitaria que la gestión capitalista ha agravado en extremo. El Mercosur no ha servido para nada en la lucha contra el Covid – a la hora del peligro extremo, en lugar de colaborar económicamente y en la salud y las vacunas, sólo se le ocurrió cerrar las fronteras. Como si el Covid necesitara Pasaporte.
 La unidad latinoamericana está a la orden del día, sin embargo, más que nunca. La convoca el desarrollo de rebeliones populares en todos los países. El fracaso de las burguesías nacionales en este terreno, deja al rojo vivo que ella será resuelta solamente por la unidad de los obreros y campesinos de todo el continente – y con el proletariado internacional. 

 Jorge Altamira 
 28/03/2021

Un informe científico refuta a Trotta y a los protocolos de “presencialidad segura"

Un informe publicado por investigadores de la Universidad de Londres y de Massachusetts (https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/new-cdc-guidelines-to-reopen-schools-could-be-dangerous) advierte claramente sobre los enormes peligros que encierra la reapertura de escuelas a clases presenciales que está teniendo lugar con el gobierno de Joe Biden en EE.UU y en momentos que se esparcen por el mundo nuevas cepas del COVID más contagiosas y mortales. 
 Estas conclusiones valen, como vamos a ver, para el conjunto de los sistemas educativos del mundo o incluso revelan que alguno de ellos está mayormente expuesto a propagar el COVID. Particularmente, vale para refutar las criminales afirmaciones del ministro de educación nacional Trotta referidas a que “menos del 1% de los casos sospechosos en las escuelas terminan siendo casos positivos de Covid-19” y que, a pesar de registrarse un sistemático crecimiento de los contagios en la Argentina y de la inminente segunda ola, las clases continuarían "con todos los protocolos".

 Ausencia de testeos masivos 

Una primera conclusión importante de este informe es que los informes que se han publicado por todo el mundo para difundir un supuesto bajo nivel de contagiosidad del COVID en las escuelas son defectuosos porque están basados exclusivamente en los casos positivos o con síntomas detectados en niños y jóvenes, quienes son los más propensos a tener contagios asintomáticos que las personas de edad mayor. Esto quiere decir que al no realizarse pruebas de detección amplias en las comunidades, todos los menores de edad contagiados quedan fuera de la estadística aunque sean conductores del virus.
 De hecho, los testeos y nuestros a gran escala que se han realizado recientemente en el Reino Unido, Suecia y los EE. UU concluyen en que el COVID-19 se propagó a una tasa más alta para los estudiantes de primaria y secundaria que para los adultos cuando las escuelas estaban abiertas y que esto precedió y alimentó el aumento general de contagios, a través de la propagación de las escuelas a los hogares y de allí a toda la comunidad en general. 
 Esto tiene una importancia mayúscula para la detección de las nuevas variantes del COVID que no son detectadas por los testeos convencionales. También se ha comprobado que para disminuir la propagación de estas cepas fue necesario el cierre completo de las escuelas. La nueva variante B.1.1.7 -británica- es un 50% más transmisible y aproximadamente un 30% más letal que las cepas anteriores. Ahora es la cepa dominante y resurgente en toda Europa y ahora es endémica en los Estados Unidos.

 Consecuencias de “largo plazo” 

El informe señala que los riesgos de infección resultaron ser dos veces mayores para los profesores de clases presenciales en comparación con los que impartían clases virtuales en línea en Suecia y un riesgo de infección aproximadamente 40% mayor en Inglaterra en aquellos en ocupaciones docentes en comparación con aquellos en ocupaciones no docentes, incluso cuando las escuelas solo estaban abiertas parcialmente. En sus declaraciones Trotta ha omitido olímpicamente que luego de decretada la presencialidad en Argentina sobre mediados de febrero del 2020, fallecieron por COVID al menos 8 compañeros docentes. Cientos de cursos y “burbujas” han debido ser aislados. 
 Pero el informe publicado señala además que entre el 12% y el 15% de los niños de la escuela primaria y secundaria tenían uno o más síntomas persistentes 5 semanas después de la infección. Sucede que aún se sabe poco acerca de las implicaciones a largo plazo de los síndromes de "COVID prolongado", que al menos en los adultos se han asociado a menudo con disfunción orgánica. Es por ello que el informe concluye que es importante adoptar el principio de precaución y tener en cuenta los resultados prolongados relacionados con el COVID además de fallecidos.

 Aerosoles

 La ciencia más reciente ha demostrado de manera bastante definitiva que el coronavirus se propaga en gran medida a través del aire, más, de hecho, que a través de gotitas en superficies o contacto directo. Esto tiene una enorme importancia puesto que el distanciamiento de 1,5 metros establecidos para las aulas -suponiendo que se respete- no tendría ninguna incidencia allí donde la ventilación es deficiente. Peor aún, los protocolos de Buenos Aires de hecho no establecen un límite a la asistencia dentro del aula y se limitan a “recomendar” una adecuada ventilación. Tenemos una presencialidad escolar con protocolos completamente deficientes, es por ello que nunca fueron puestos a consideración de la comunidad educativa.
 Con una persona infectada en una habitación cerrada y mal ventilada, el coronavirus impregna todo el espacio, poniendo a todos los que están adentro en un riesgo similar, independientemente de dónde se sienten. La medida de reducción correctiva clave necesaria, según los investigadores que publican este informe, es la mejora total en los sistemas de ventilación, filtrado y HVAC (en español hace referencia a calefacción, ventilación y aire acondicionado). 
 Llegado a este punto, es imposible no pensar en las escuelas bomba que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que asesinaron a Sandra y Ruben en Moreno y en donde directamente no tendríamos la posibilidad de discutir filtros de aire y mejoras en los sistemas de ventilación -especialmente con la llegada del otoño/invierno- pues con suerte contamos con ventanas que abran adecuadamente en las escuelas.

 Una presencialidad “muy imprudente” 

El informe concluye señalando que para proceder a un retorno a la presencialidad escolar es necesario atender todas las variables presentes para anular los riesgos consecuencias para la salud y la vida de la comunidad educativa. Comenzando por aumento de las pruebas para identificar lo suficientemente rápido como para evitar que los brotes se propaguen por las escuelas; atender la adecuada ventilación en las escuelas y, sobre todo, las vacunas. Sobre esto último, incluso en EE.UU no llegará a suficientes personas lo suficientemente rápido como para que la apertura de escuelas previstas para la primavera sea segura. Los autores que señalan que hasta que esto no esté garantizado es necesario evitar “enviar nuevas oleadas de estudiantes, maestros y padres enfermos a hospitales y centros médicos de emergencia ya sobrecargados por el resurgimiento del coronavirus y poner innecesariamente a una generación de estudiantes, maestros y padres en riesgo de sufrir efectos secundarios prolongados de COVID”. 
 Por el contrario, Alberto Fernández, Kicillof, Larreta y compañía montaron el cuento anti-científico y criminal de una “presencialidad segura” con el concurso de la burocracia sindical docente a pedido de las grandes patronales que no quieren seguir cargando con los costos de licencias por la pandemia. Trotta afirma que a pesar de nuevas oleadas de contagios en la Argentina, las escuelas permanecerán abiertas. Es necesario discutir estas conclusiones extendidamente entre la docencia y toda la comunidad educativa para poner en pie un plan de lucha por la suspensión inmediata de la presencialidad en las escuelas, por obras de infraestructura en las escuelas que contemplen todas las recomendaciones científicas, por una vacunación masiva.

 Emiliano Fabris 
 28/03/2021

domingo, marzo 28, 2021

Elecciones en Madrid: “si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia”


Las nefastas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, titular de la Comunidad madrileña.

 La cita del título de esta nota corresponde a las recientes palabras de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a renovar dicho cargo en las elecciones del 4 de mayo que ella misma convocó como producto de la crisis política que se desenvuelve en el Estado Español. 
 “Santa Isabel”, como se la conoce en la derecha española, no está sola en esta nueva cruzada anticomunista. El municipio de la capital encabezado por el vocero nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, aprobó hace unos meses, a propuesta de Vox (formación franquista) y con el apoyo del PP y Ciudadanos (Cs), eliminar las calles, estatuas y placas en honor al expresidente del Consejo de Ministros de la II República Francisco Largo Caballero y del exministro y expresidente del PSOE Indalecio Prieto. La movida se da en el cuadro de las elecciones madrileñas que, por los debates, intentan recrear el clima del 36 para ocultar la crisis que corroe al régimen de conjunto. Díaz Ayuso, por ello, redobla su apuesta y pone su campaña bajo la consigna de “comunismo o libertad”.
 En simultáneo, el Partido Popular presentó una iniciativa en el parlamento para condenar los “totalitarismos nazifacista y comunista”. A los herederos de Francisco Franco les importa poco la «memoria histórica», toda su intervención para igualar los “extremos” sirve a los fines de evitar (seguir evitando) la condena a la dictadura franquista y ocultar su propia historia partidaria originada con el asesino Manuel Fraga, fundador del PP, ministro de Franco y “padre” de la Constitución del 78. La propuesta “popular” naufragó. Pero recoge un debate más extendido, algo que -en otra medida pero también en relación con la “memoria histórica»- sucede en nuestro país. El lunes previo al 24 de marzo fue tendencia “no son 30.000”, con tuits que reivindicaban a Videla, reclamaban el relato de una historia “completa” o retomaban esa fábula alfonsinista de la teoría de los dos demonios, que pretendía disolver la masacre para transformarla en un “enfrentamiento” entre dos bandos. 
 En este cuadro toma la mayor importancia la respuesta de los partidos atacados y que son parte del Frente Popular y del régimen del 78. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, respondió estos ataques para defender la trayectoria histórica del partido que dirige. Arremetió contra Díaz Ayuso y subrayó que el PCE no solo “luchó por la democracia y la libertad” durante el franquismo, sino que en los años sesenta promovió la estrategia que se llamó de “reconciliación nacional” y, tras la muerte de Franco, “impulsó el pacto para esta Constitución que a ustedes [los populares] tanto les costó aceptar”. “A ustedes les hemos perdonado [por el franquismo], pero no tienen ninguna autoridad moral”, afirmó. 
 El cierre de filas fue total también con el PSOE, cuyo diputado Rafael Simancas reconoció el papel en la Transición de comunistas como Santiago Carrillo o los abogados de Atocha. “¡Socialismo es libertad!”, concluyó Simancas.
 La respuesta de los referentes del Frente Popular en el gobierno del Estado español, bien mirado, aborda el punto central del debate. No hay contradicciones entre el PCE, el PSOE y el régimen del 78: son fundadores y parte del mismo. No ponen en cuestión la monarquía, la UE imperialista, la permanencia en la OTAN y se oponen al derecho a la autodeterminación de los pueblos, aplican las leyes represivas y las reformas laborales y fundamentalmente han perdonado a los fascistas. ¿Un perdón en nombre de quiénes: las víctimas, los fusilados, los exiliados? 
 Para que haya Memoria, Verdad y Justicia. Para terminar con los desaparecidos en las cunetas y los niños traficados. Para que haya castigo a los torturadores y asesinos de la dictadura y la democracia. Para que se repare el daño a las víctimas. Para que se libere a los presos políticos y retornen los exiliados. Para terminar con el lado fascista de la historia y alcanzar la libertad. Para todo ello necesitamos de la movilización independiente y unida de los trabajadores, la juventud y los pueblos para obtenerlo.

 Antonio Rosselló

Frontera caliente: Biden continúa las deportaciones de migrantes


La crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México ha dado un salto. 

En el mes de febrero, las detenciones en suelo norteamericano totalizaron un poco más de 100 mil personas, de las cuales 70 mil fueron deportadas por la administración Biden. Las cifras son las más altas desde 2019. En los comienzos de la pandemia, había mermado la circulación de migrantes, pero se volvió a disparar en los últimos meses. Para marzo, se esperaban cifras aún mayores. 
 Biden venía tratando de mostrarse diferente a las políticas de tolerancia cero de su predecesor en el cargo, Donald Trump. A tal efecto, frenó la deportación en caliente de menores que llegan solos al país. Pero dejó bien en claro que la frontera estaba cerrada. Las expulsiones masivas de estas semanas, así como las imágenes que muestran el hacinamiento de menores en los centros del gobierno federal en la frontera (a la espera de alguna familia que los patrocine), muestran el verdadero rostro del imperialismo. 
 Para tratar de apaciguar la crisis, Biden formó un equipo que tiene al frente a la vice Kamala Harris. Una de las claves será presionar a los gobiernos centroamericanos para que detengan la migración. Del mismo modo que Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si el gobierno no controlaba los migrantes, ahora Biden condiciona la entrega de vacunas de AstraZeneca. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que “no somos una colonia”, pero lo cierto es que está cumpliendo con los dictados norteamericanos. Por estos días, volvió a desplegar cientos de militares y miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur (El Financiero, 19/3). Además, hubo miles de detenciones durante febrero en las rutas. Y el canciller Marcelo Ebrard firmó un acuerdo para promover la “migración controlada” con Roberta Jacobson, la funcionaria del Departamento de Estado que está a cargo de la frontera con México. Biden también designó un funcionario, Ricardo Zuñiga, para que realice gestiones frente a los países del llamado triángulo norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), origen de las caravanas migratorias más masivas.
 Trump aprovechó la nueva oleada migratoria para cargar contra Biden, a quien acusó de abandonar sus políticas brutales. Pero lo que muestra la crisis es que no hay represión, amenazas ni llamados a quedarse en casa capaces de detener los flujos migratorios, cuyo origen es la descomposición social que se vive en los países centroamericanos. El imperialismo es el máximo responsable de esta situación, al promover las dictaduras y gobiernos que hundieron la región.
 El salto en la crisis coincide con el comienzo del debate de la reforma migratoria en el Congreso. Presentada con bombos y platillos como una vía para regularizar a los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país, lo cierto es que quedaría restringida a los dreamers (comunidad que representa a jóvenes, la mayoría mexicanos, que llegaron al país de niños), que son cerca de un millón, y a los trabajadores agrícolas. Ambos sectores podrían acceder a la residencia permanente (green card), en caso de que prosperen las negociaciones parlamentarias entre demócratas y republicanos. El objetivo de Biden es aligerar el flujo migratorio y una otorgación de credenciales en dosis homeopáticas, que sirvan también a un sector de la burguesía norteamericana que se vale de la mano de obra migrante. 
El mandatario derogó en febrero una medida de Trump que congelaba las visas de trabajo en industrias de alta tecnología “y una variedad de otras para trabajadores poco calificados” (La Nación, 26/2). Frente a la crisis migratoria, es necesaria la unidad de los migrantes y trabajadores norteamericanos, en una lucha común contra el gran capital y el Estado imperialista. 

 Gustavo Montenegro