jueves, julio 29, 2021

Adónde va el Perú del nuevo gobierno de Pedro Castillo


Por la total independencia de los trabajadores. 

 Finalmente asumió la presidencia nacional Pedro Castillo, quien se impuso electoralmente en segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori.
 Todos los medios de prensa mundiales señalan la incógnita de qué rumbo adoptará el nuevo presidente. La agencia argentina Télam lo señaló así: “se espera que utilice su discurso inaugural para definir los aspectos básicos de lo que será su gobierno”. 
 Recién hace una semana la Junta Electoral reconoció el triunfo. En el ínterin se ejerció una fuerte presión sobre Castillo para que diera garantías de toda clase a las clases dominantes de que no iba a avanzar por ningún camino de medidas radicales. Castillo firmó diversas actas de garantía con la centroizquierda (Juntos por Perú de Verónika Mendoza), con las Iglesias, etc. Castillo pidió que continuara al frente del Banco Central Julio Velarde, un tecnócrata agente del FMI y los fondos financieros. Su vocero económico, Pedro Francke, estableció un fuerte “diálogo” con las cámaras patronales donde se comprometió en declaraciones públicas a garantizar que no se iban a cuestionar los derechos de propiedad, que cualquier modificación impositiva se iba a realizar con acuerdos con esas patronales, etc. La “segunda reforma agraria” fue definida como la disminución de la pobreza mejorando los servicios públicos e impulsando “la productividad”. El sistema privado de jubilaciones (AFP) no sería estatizado, sino que se buscaría incrementar su competencia…
 Sobre la base de este curso adaptacionista de Castillo, el gran capital y el imperialismo dieron el OK a su proclamación y llamaron a la derecha fujimorista a ceder en su oposición, preparándose para ejercer un “control” desde el parlamento donde tiene mayoría y desde el conjunto de las instituciones del Estado burgués.
 Efectivamente, ayer las autoridades elegidas para dirigir la Unicameral parlamentaria fueron impuestas por 69 votos de diversas coaliciones derechistas, contra 10 votos de otra lista ultraderechista que presentó a un diputado ex almirante y… 50 votos en blanco, constituidas por los bloques “oficialistas” que apoyan a Pedro Castillo. La derecha utilizando maniobras leguleyas impidió que se presentara la lista oficialista. Y esta se adaptó por completo aceptando la “mayoría” legislativa y se limitó a una tibia protesta y a votar en blanco, en lugar de retirarse y boicotear la maniobra derechista. Lo más importante es que 3 de los 4 legisladores electos fueron golpistas en noviembre pasado, no solo destituyendo al entonces presidente Martín Vizcarra, sino nombrando en su lugar y sosteniendo al golpista Manuel Merino. La movilización popular enfrentó la represión y provocó la caída de Merino. Ahora estos 3 han vuelto al frente de la Unicameral. En lugar de que se vayan todos, están volviendo todos. 
 Su programa de trabajo es claro. En primer lugar fortalecer todos los organismos colocando a Castillo bajo “vigilancia”. Hace un mes –mientras se estaba discutiendo con el Tribunal Electoral que no quería proclamar el triunfo de Castillo- se intentó que el viejo parlamento que acabó con sus funciones hace 48 horas, eligiera al llamado Tribunal Constitucional, un engendro reaccionario que se adjudica derecho a veto y a acusaciones para destituir al presidente. Se amenazó con un golpe parlamentario (vacancia) contra el presidente provisional Francisco Sagasti por no habilitar este camino. Fracasó esta tentativa por el repudio de la opinión pública. Pero ahora se querrá sancionar esta nueva realidad reaccionaria, pidiendo que se respeten los fueros del Congreso. 

 Reforma o Asamblea Constituyente Soberana 

La inmensa mayoría de la burguesía acepta la “necesidad” de una “reforma constitucional”. Pero pretende que esta sea llevada adelante por vía parlamentaria (donde tiene mayoría) para controlarla. Pero la bandera central de Pedro Castillo y de los sectores que lo apoyaron planteaba la necesidad de una Asamblea Constituyente elegida por el voto popular. 
 Las urgentes reivindicaciones populares serían postergadas hasta la convocatoria de esta Constituyente. Este planteo es levantado por la centroizquierda, estrecha base del nuevo gobierno, que plantea que lo fundamental es darle estabilidad a la acción del gobierno. Perú tiene el 70% de los trabajadores sumergidos en la informalidad (en negro). El 50% de la población en el nivel de pobreza. Casi 200 mil muertos por el desastre sanitario frente a la pandemia (el más alto del mundo por cantidad de infectados). Las patronales han impuesto la llamada “suspensión perfecta” que facilita los despidos masivos, etc., etc. 
 ¿Seguir esperando a la convocatoria de una hipotética Asamblea Constituyente para no desestabilizar al nuevo gobierno? De ninguna manera: hay que pasar a la acción directa para imponer los reclamos de las masas. Plan de lucha de los trabajadores por el salario, contra el desastre sanitario, por la derogación de la “suspensión perfecta”, nacionalización del sistema previsional bajo control obrero, etc. Es necesario avanzar hacia un Congreso de Trabajadores reclamando a los sindicatos y centrales obreras y de masas romper toda subordinación al gobierno y adoptar un curso de independencia obrera. 
 La Unicameral se va a atrincherar en que cualquier reforma constitucional sea desarrollada y controlada por su mayoría. Algunos opinan que para superar este escollo, el gobierno de Pedro Castillo alentaría el camino de juntar centenares de miles de firmas para que se convoque a un referéndum a favor o en contra de convocar a una Asamblea Constituyente. Habrá que ver si esto avanza o no pasa de ser un fuego de artificio adaptándose como viene ocurriendo hasta ahora a las presiones de la clase capitalista.
 Muchos trabajadores ven la dinámica de capitulación y conciliación en que está sumergido Castillo, pero se ilusionan en que la contemporización actual es una “maniobra” del mismo para llegar al poder y luego ejecutar un plan de medidas antiimperialistas y pro trabajadores. 
 Este domingo 25, masas campesinas en Chumbivilcas, en el Cuzco, después de 4 días de huelga con corte de ruta, protestando por la autorización dada al transporte minero que destruye sus caminos comunales fueron fuertemente reprimidas con 15 heridos de gravedad. A pesar de ello, el lunes 26 volvieron a salir al corte de ruta. Uno de sus representantes declaró ante los medios de prensa, que espera que el presidente Castillo atienda sus pedidos, así como ellos apoyaron su candidatura durante la segunda vuelta presidencial. “Se tiene que recordar que el 97% de nosotros lo respaldó”.
 La lucha en curso de los campesinos del Cuzco debe culminar solo con la derogación de la autorización depredatoria a las mineras, no debe aceptarse “promesas” para levantar el movimiento. 
 Independencia obrera y de los explotados. 

 Rafael Santos

Los números del ajuste

En medio de la crisis humanitaria. 

 Los medios internacionales no dejan de destacar la reducción del déficit primario que lleva adelante el Gobierno Nacional y, en particular, por el Ministro de Economía, Martín Guzmán. "En el primer semestre el rojo fiscal fue de 0,5% del PBI, así, el primer semestre acumuló un déficit primario de $208.098 millones (0,5% del PBI) y un déficit financiero de $514.005 millones (1,3% del PBI). La meta anual es del 4,2% y 5,7% del PBI” (Clarín, 21/7). Con independencia del ajuste que impone la inflación sobre un presupuesto devaluado, la reducción del déficit no alcanza a los acreedores internacionales y al FMI, sino solamente a trabajadores y jubilados. 
 Contradictoriamente, el achique del gasto público se da en medio de un crecimiento de la recaudación: "Por el lado de los ingresos, el sector público recaudó en junio $766.680 millones (90,3% interanual), incluyendo unos $100.000 millones del aporte solidario a las grandes fortunas. Los recursos tributarios crecieron 71% respecto a junio del año pasado, impulsados por las retenciones y los precios de la soja, el IVA, Bienes Personales, débitos y créditos bancarios y Ganancias. "Si se compara con el ritmo de la inflación, la partida de egresos volvió a licuarse el mes pasado, como viene ocurriendo desde principio de año. "El gasto primario de junio volvió a mostrar una caída real del 6,7% interanual. El gasto total (incluye intereses) cayó el 6,2% interanual real". 
 Además de "pisar el gasto", la política del Gobierno consiste esencialmente en "pisar salarios y jubilaciones": "Así todo, los haberes en junio crecieron 40% respecto del año pasado, 10 puntos por debajo de la inflación." Los acuerdos de los salarios de los estatales se encuentran incluso por detrás de los ajustes que dicta la nueva ley de movilidad jubilatoria. El otro aspecto que explica la reduccción del “gasto” es la eliminación de la auida IFE, como la gran mayoría de los gastos por Covid, han desaparecido del gasto público, a pesar de que la crisis económica y la informalidad se han agravado.
 Los que no fueron pisados fueron los subsidios energéticos: “sumaron $157.000 millones en junio por la asistencia a CAMMESA (111% interanual) y los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (57%). Esto implicó unos $80.000 millones más que en mayo por mayores importaciones de gas, mayores costos y el congelamiento parcial de tarifas”. Es el costo de la postergación del tarifazo para después de las elecciones legislativas. 
 Por otra parte, como ya hemos explicado en otros artículos, el subsidio a las tarifas es un subsidio directo (insumo de energía) e indirecto al capital, porque a la hora de pagar los salarios los capitalistas se valen de tarifas subsidadas para reducir el “costo” de la mano de obra. En definitiva, los subsidios en las tarifas de servicios son una transferencia del presupuesto del Estado a un sector de la clase capitalista.

 Pablo Busch
 26/07/2021

La variante Delta amenaza la recuperación norteamericana

Crisis laboral y ola de desalojos. 

 La aparición de la variante Delta en EEUU comienza a generar descalabros en la economía. La variante provocó varios días de inestabilidad financiera en Wall Street ante la incertidumbre que genera acerca de la eficacia de las vacunas y la sustentabilidad de la ´nueva normalidad´. 
 El NYT indica que “la nueva variante pone en riesgo el tipo de recuperación rápida que ha estado en marcha durante meses. Así como la mayor parte de la economía estaba averiguando cómo volver a funcionar plenamente, esto puede equivaler a arrojar arena en los engranajes” (28/7). Kathy Bostjancic de Oxford Economics dice: “creo que hay que preocuparse por los riesgos macroeconómicos, y nuestra experiencia durante los últimos 18 meses lo ha demostrado” (ídem). 
 Existen graves interrupciones en cadenas de suministro, especialmente las que dependen de bienes importados de Asia como los microconductores. Éstos vienen de países como Vietnam, Indonesia, Tailandia y Malasia. Se crea un “efecto dominó” en EEUU, ya que la escasez de chips obstaculiza a su vez la producción de automóviles y contribuye a una alta inflación. En muchos casos esto también tiene efectos sobre los alimentos y servicios. Los países que no terminaron de vacunar a su población cierran para tratar de detener la propagación de la variante Delta, que amenaza con empeorar la escasez y los picos de precios (ídem). También queda planteadauna nueva “escasez” de la fuerza de trabajo. 

 Crece la “ansiedad de los trabajadores” 

Así titula el NYT la situación en diferentes lugares de trabajo de EEUU, a medida que la variante avanza. Especialistas “ven una prisa indebida por parte de los empleadores para que los lugares de trabajo vuelvan a la normalidad, ya sea abandonando las precauciones o imponiendo nuevas reglas” (27/7). La “nueva normalidad” choca contra la realidad de la variante Delta. “Algunos trabajadores sienten una creciente sensación de vulnerabilidad con el surgimiento de la variante Delta” (ídem).
 La pandemia y la propagación de esta variante Delta más contagiosa y que requiere de un período de tratamiento más extenso, tiene efectos en el suministro de la fuerza laboral en el país. “Los empresarios se han estado quejando de la escasez de mano de obra, y si el riesgo renovado de enfermedad hace que incluso los adultos vacunados se muestren reacios a ingresar o reingresar a la fuerza laboral, esa escasez podría empeorar. Eso es particularmente cierto si las escuelas regresaran al aprendizaje remoto, incluso por períodos breves, lo que dificultaría aún más el trabajo de los padres” (ídem). Un rebrote de la pandemia no es descartado por nadie, e incluso es asegurado por epidemiólogos. Las autoridades sanitarias analizan aplicar nuevas restricciones, de cara al comienzo de temperaturas más bajas. En algunos estados estas restricciones ya están presentes. 
 “Muchos empleadores de cuello blanco han estado a punto de traer trabajadores de regreso a las oficinas. Si esos planes cambian debido a la variante, las oficinas y las calles del centro corren el riesgo de permanecer vacías” (ídem). El NYT pone en dudas que el sistema de salud, quebrado y desfinanciado, tenga una eficiente reacción frente a un rebrote.
 "Creo que nos apresuramos a volver a la normalidad" (NYT, 27/7), dijo Marc Perrone, presidente de United Food and Commercial Workers, que tiene más de un millón de miembros en alimentación. Mientras Jeff Bezos, el dueño de Amazon hace viajes estelares, “un trabajador de un almacén en Oregón, dijo que había habido una reducción gradual en la seguridad, como la eliminación de barreras físicas para reforzar el distanciamiento social” (ídem). En REI, minorista de ropa, los trabajadores a tiempo parcial que utilicen más días de enfermedad de los asignados están sujetos a medidas disciplinarias y despidos. 

 Crisis habitacional y ola de desalojos 

Según un estudio publicado por el NYT, indica que las deudas de alquileres son astronómicas. El 14,7% de los hogares que alquilan en los Estados Unidos están atrasados ​​en el alquiler. “Este problema es especialmente agudo en 250 condados donde al menos 1 de 5 inquilinos está atrasado. A nivel nacional, la magnitud de la deuda de alquiler es alarmante: se estima que hay u$s 23 mil millones en total pendientes, con alrededor de u$s 3,800 por hogar promedio en mora” (ídem). En algunos estados el promedio no baja del 20% del total de los inquilinos, y en condados de Carolina del Norte, Georgia, Dakota del Sur, llegan a casi el 30%. “Ser negro significa tener aproximadamente el doble de probabilidades de estar atrasado en el pago del alquiler” (NYT, 28/7). 
 En los 84 condados urbanos más grandes, incluidos Filadelfia, St. Louis y Dallas, los inquilinos enfrentan una factura colectiva de $ 13 mil millones. Casi 300,000 inquilinos deben un promedio de u$s 5,300 cada uno en el condado de Los Ángeles. En la ciudad de Nueva York, más de 400.000 inquilinos deben un total de u$s 2 mil millones. Chicago, Dallas, Houston, Miami, Filadelfia, Phoenix y San Diego muestran al menos 55,000 familias en riesgo de desalojo por falta de pago (ídem). 
 “Junto a la perspectiva de un nuevo aumento de las infecciones por coronavirus, se vislumbra otra crisis en el horizonte: una ola de desalojos que amenaza a más de seis millones de familias” (NYT, 28/7). Esto es así porque el próximo sábado expira en EEUU la prohibición oficial de desalojos, lo que permitirá a los propietarios iniciar o continuar los procedimientos de desalojos. 
 El periódico anuncia una “ola de sin techo”, ya que de las ayudas solicitadas sólo se cubre 2 o 5%. Muchos no pueden acceder al beneficio social porque ganan más del tope, lo que indica la profundidad de las deudas y la magnitud de la crisis . 

 Emiliano Monge 
 28/07/2021

miércoles, julio 28, 2021

Mentiras, manipulación y odio como herramientas contra Cuba, hoy en la Mesa Redonda

Los mitos de Milei contra la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas #AS

"Alberto Fernández profundizó el ajuste macrista" // Gabriel Solano en LN+

Brasil: los límites de la jornada nacional de lucha del 24


Dos alternativas abiertamente contrapuestas. 

 El sábado 24 se produjo una nueva jornada nacional de movilización en todo Brasil bajo la consigna central de ¡Fora Bolsonaro! Es la cuarta en menos de dos meses. Aunque en muchos sectores de los manifestantes despertó gran entusiasmo, estaría, sin embargo, evidenciando los límites de este tipo de “passeatas” (marchas). En algunas ciudades, se afirma que creció la cantidad de manifestantes (¡Rio de Janeiro!) pero de conjunto se ha frenado un mayor desarrollo de las mismas. 
 La Central Unica de Trabajadores (CUT), dirigida por Lula y el PT, informó que se movilizaron en todo el país unos 600 mil manifestantes. Pero la misma CUT balancea que el 29/5 salieron a las calles 420 mil; el 19/6 fueron 700 mil y el 13/7 se llegó a los 800 mil. Igualmente la dirección burocrática de la CUT la considera un éxito, porque creció “la capilaridad”: se extendió a más ciudades. 
 La dirección burocrática de la CUT y el frente que tiene constituido con otras burocracias, se esforzaron por darle a la consigna de Fora Bolsonaro un carácter concreto: el apoyo a los proyectos de “impeachment” (juicio político) presentados en el parlamento.
 Hubo por lo tanto dos grandes tendencias que se manifestaron en la jornada del 24/7. Por un lado diferentes corrientes de izquierda y sectores activistas que entienden que el Fora Bolsonaro plantea la lucha consecuente (un plan de lucha continuado y creciente hacia la huelga general) por las reivindicaciones de las masas y el derrocamiento de Bolsonaro, el vice Hamilton Mourao y el régimen corrupto y antiobrero. Una tendencia, sin embargo, desarticulada en diversos referentes y organizaciones. 
 La otra –constituida por las burocracias sindicales y los partidos patronales- considera que hay que “ejercer presión” sobre la mayoría parlamentaria de la derecha, para que inicie el juicio político a Bolsonaro. Y en caso de que no avance, estas marchas irán ayudando a desgastar al gobierno con vistas a “echarlo” con los votos en las elecciones de octubre del 2022. Esta otra tendencia brega abiertamente por la formación de un “Frente Amplio” sin margen a la derecha para incorporar nuevos partidos burgueses con vistas a un frente electoral para el 2022.
 La “estrategia” de presionar y hacer frente con la derecha por el impeachment ha recibido, dos días antes de la jornada nacional del 24/7, una sentencia en contra por parte del Tribunal Superior de Brasil (STF), negando que se habilite esa perspectiva. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, también anunció el bloqueo de esa posibilidad por “falta de pruebas” (hay constituida una Comisión Investigadora Parlamentaria, CPI, que tendría que estudiar expedientes por casi 2.000 denuncias. Terminaría después de las elecciones del 2022). 

 Corrupción y ataque contra las masas

 Bolsonaro y los militares que lo apoyan (hay 6.000 de ellos en diversos puestos dentro de la administración; un número mayor, incluso, que en la época de la dictadura) se han sostenido en el gobierno porque este recibe el apoyo político de la mayoría del parlamento, nucleada en torno al “Centrao”, un frente de diputados provenientes de distintos partidos que se reclaman de “centro” pero que “negocian” y avalan la política entreguista y antiobrera. Gracias a esta alianza entre Bolsonaro, los militares y el Centrao es que fueron aprobadas todas las leyes de privatización de empresas estatales y ataque a los trabajadores (reforma laboral y previsional antiobreras, etc.). Sectores de la burguesía lo apoyan mientras Bolsonaro pueda seguir con su programa de “reformas estructurales” contra el pueblo. 
 Frente a las denuncias de corrupción contra ministros y funcionarios militares que salpican directamente al propio Bolsonaro, el régimen se vio obligado a hacer renunciar de la cartera de Salud al general Eduardo Pazuello, acusado con pruebas abundantes, de negociar fabulosas coimas con los proveedores de vacunas contra el Covid. Y, para fortalecer su relación con el Centrao, ha desplazado al general Luiz Eduardo Ramos, encargado de la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el parlamento, que operaba desde la llamada Casa Civil del gobierno. Fue reemplazado en ese puesto por el diputado Ciro Nogueira, principal referente del Centrao. La relación del gobierno con el Congreso va a estar “coordinada” con el Centrao, colocando para ello a uno de los principales dirigentes de dicho espacio político. 
 En la Jornada Nacional de Lucha, junto a carteles con el Fora Bolsonaro se levantaron la denuncia del régimen sanitario genocida que llevó a una cifra superior al medio millón de víctimas por el Covid; el rechazo a las privatizaciones (Correos, Electrobras, sectores de Petrobras, etc.); y, entre otras muchas, la devolución del subsidio que Bolsonaro derogó a fines del año pasado de 600 reales a los millones que no tienen ingresos. La crisis sanitaria y social es impresionante. Y Bolsonaro amenaza con profundizarla. Ahora quiere poner en marcha la enmienda constitucional (PEC 32/20) que le quita la estabilidad laboral a los trabajadores estatales. No solo para “abaratar costos al Estado”, sino fundamentalmente para incentivar las privatizaciones de empresas estatales, disminuyendo los costos de despidos masivos. 
 La CUT, Lula y el PT han dejado pasar todos estos ataques a las masas trabajadoras con “protestas” con sordina, sin una movilización real de los trabajadores y explotados nucleados en sus centrales, sindicatos y organizaciones de masas. El principio elemental del sindicalismo de clase es la defensa de los derechos del trabajador. Para ello apela a la organización y la lucha: al paro, a la huelga general cuando tiene que enfrentar al Estado que se constituye en el eje de la ofensiva capitalista contra las masas. Pero Lula ni siquiera participó en la jornada del sábado 24, como tampoco lo hizo en las otras tres que le precedieron. El periodista de Página 12 en Brasilia (25/7) caracterizó correctamente estas ausencias de Lula: no son “por motivos de seguridad, sino por motivos políticos. Prefiere adoptar un perfil bajo, por lo pronto”. Quiere dar señales claras a los militares y al gran capital de que él viene a contener, no a incentivar las movilizaciones de masas. 

 Hacer realidad el Fora Bolsonaro

 Para hacer realidad el Fora Bolsonaro es necesario poner en pie de lucha a la clase obrera y los explotados. En primer lugar, encarando la defensa de sus conquistas y condiciones de vida contra la ofensiva de los capitalistas y el régimen de Bolsonaro. Para ello hace falta que las centrales obreras, los sindicatos y organizaciones de masas (estudiantes, etc.) rompan con su subordinación a los políticos burgueses pseudo opositores y recuperen sus organizaciones para la lucha independiente de los trabajadores. Es necesario reclamar que se convoquen a congresos, plenarios y asambleas para cambiar su orientación, votar un pliego de reclamos y un plan de lucha nacional consecuente y continuado hasta la huelga general. 
 Los partidos de izquierda y los sectores activistas combativos tendrán que unir fuerzas, quizás organizando un plenario nacional, para constituir un polo clasista detrás de este objetivo. 

 Rafael Santos

¿Normalización? El acuerdo con Pfizer y los anuncios de Larreta y Kicillof


Los gobiernos fundamentan el ajuste a la salud y la población. 

 Este martes, la ministra de Salud Carla Vizzotti dio a conocer que el Estado nacional firmó un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis a entregar en 2021. Las negociaciones se dieron en medio de diversas polémicas desde diciembre del año pasado, cuando el laboratorio estadounidense fue beneficiado con la ley de vacunas que le brindó un enorme blindaje jurídico ante efectos adversos de las vacunas, a lo que luego le siguió la modificación de la misma a través de un DNU que otorgaba mayor inmunidad. El cierre de la novela Pfizer es la firma de un contrato confidencial, como los firmados con el resto de las empresas. 
 Horas antes, Horario Rodríguez Larreta anunció el nuevo plan “Para la vuelta a la normalidad” en seis etapas de flexibilizaciones; más tarde lo siguió Kicillof, quien confirmó la vuelta a las clases presenciales en toda la provincia de Buenos Aires terminadas las vacaciones de invierno. Los dichos de ambos continúan la línea del gobierno de hacer de cuenta que la pandemia terminó y avanzar en una normalización de la economía y la vida social de cara al proceso electoral. Para el gobierno, la vacunación es clave para cumplir ambos objetivos, aunque ignora que las experiencias de los países con mayor tasa de vacunación advierten que ésta no es suficiente para terminar con las medidas de cuidado y prevención, y menos aún seguir con el ajuste a la salud y los trabajadores. Los países del hemisferio norte están viviendo un importante aumento de casos producto de la variante Delta, acompañado de un incremento de las muertes, aunque la vacunación evite una letalidad más pronunciada. 

 La lista de regalos para Pfizer

 Vale la pena recordar que Pfizer fue el primer laboratorio con el que el gobierno coqueteó, lo que llevó a Alberto Fernández a anunciar erróneamente que Argentina tendría en diciembre de 2020 “10 millones de vacunados”. Sin embargo, los problemas en la fabricación (que llevó al laboratorio a reducir su producción a la mitad) y la demanda creciente de un bien escaso a nivel mundial fueron las excusas perfectas para que Pfizer acomodara sus condiciones con nuevas exigencias “inaceptables” para el gobierno nacional (según el término utilizado por el exministro Ginés González García). Aunque fueron suficientes para detener las negociaciones por gran parte del año, nunca se dieron a conocer debido al secretismo defendido por ambas partes, algo que dejó a la población por fuera del debate de la adquisición de vacunas. 
 Más tarde se conoció que el contrato no se firmó por razones económicas, ya que el gobierno rechazó la posibilidad de recibir ocho millones de dosis a través del mecanismo Covax para “ahorrarse 60 millones de dólares”. La enorme cantidad de casos y muertes durante la segunda ola, producto del ajuste en salud y el bajo porcentaje de la población vacunada, sumado a las presiones de la oposición lobbysta de Pfizer, llevó a que el gobierno reabriera las discusiones con el laboratorio y entregara un DNU que aumenta la inmunidad y hasta se hace cargo de las indemnizaciones por fenómenos adversos.
 Por otro lado, como mencionamos, la firma se da en el marco de la confidencialidad y cediendo a todas las exigencias leoninas, reeditando lo que permitió al resto de los laboratorios incumplir sus cronogramas de entrega y reprogramar sus prioridades a piacere, sin penalización alguna. En el caso de AstraZeneca -que incumplió casi todas las entregas del primer semestre de 2021-, el gobierno acordó la eliminación de la cláusula de penalidad, por lo que la empresa no está obligada a compensar al Estado en caso de retrasos. La reciente carta de Nicolini dirigida a Rusia por la provisión de segundas dosis de Sputnik V expuso también la completa subordinación a las prioridades de las farmacéuticas. Por todo eso, este arreglo sigue sin dar garantías a la población; para los laboratorios, en cambio, se trata de la disputa de un negocio redondo sin pérdidas, y Pfizer -que contó con la oposición derechista pro yanqui como lobbistas local- busca quedarse con el futuro mercado de dosis anuales. 
 Para el gobierno, el discurso de “la campaña de vacunación más grande de la historia” no es solo publicidad electoral para intentar mejorar su imagen, desgastada luego año y medio de ajuste y un manejo de la pandemia plagado de fracasos. Es además el pretexto para sostener la reducción de las partidas destinadas a afrontar la crisis sanitaria y social. Lo demostró la disminución en el Presupuesto 2021 para el sistema de salud, votado apenas finalizó la primera ola y a sabiendas de que llegaría una segunda, producto de lo cual esta fue desastrosa y superamos las 100.000 muertes. Pero también el recorte a la asistencia económica de la población, como sucedió con la eliminación del IFE.
 El levantamiento de las últimas restricciones es a su vez la puntada final para el abandono de la exigencia de normas sanitarias en los lugares de trabajo. En este punto se juegan los protocolos de seguridad e higiene, cuando las patronales ya incumplieron sistemáticamente, al punto de no permitir a los trabajadores aislarse tras haber tenido contacto estrecho con casos confirmados. Se trata de garantizar la producción para mantener las ganancias de las empresas. El “pase sanitario” que aumenta el aforo de personas que pueden estar en lugares cerrados sigue esta orientación, en tanto habilita a convocar a sus puestos de trabajo a todos los trabajadores que tengan una dosis aunque sean grupos de riesgo. Lo mismo vale para una masiva vuelta a clases sin haber acondicionado las escuelas para que al menos cuenten con calefacción. 
 Ni el descenso de los casos ni un avance en la vacunación eximen entonces de la necesidad de luchar por un aumento del presupuesto para salud, asistencia a quienes lo necesiten y el cumplimiento de protocolos obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo para terminar con la desidia patronal que atenta contra la salud pública. Junto con ello, la centralización del sistema sanitario para garantizar el acceso a toda la población. Para poner fin a la postración ante los intereses de las farmacéuticas y los Estados imperialistas, es indispensable la inversión en ciencia y técnica para desarrollar una vacuna estatal bajo control de los trabajadores del sector, el fin de las patentes y el secretismo de los contratos, que permita amplificar la producción en los laboratorios con capacidad y así garantizar la inmunidad de la población de Argentina y Latinoamérica. Los recursos para poner en pie este programa deben salir del no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo y permanente al gran capital. 

 Lucía Cope

Recortan un 80% las “partidas especiales” para la pandemia


En 2020 significó un 6,4% del PIB y en 2021 bajó al 1,4%.

 Según el informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el presupuesto asignado para paliar los efectos económicos y sociales, agravados por la pandemia de Covid-19, pasó de un 6,4% del PIB (Producto Interno Bruto) a solo un 1,4%. Entre los principales recortes se encuentra la asistencia directa a las familias trabajadoras, en un país dominado por el crecimiento de la miseria y la pobreza.
 Lo invertido durante el 2020 alcanzó los $1.763.025 millones, cayendo a $563.000 millones en tiempos de una mayor apertura económica, pero también de un salto exponencial en los contagios y muertes de la segunda ola de la pandemia.
 El grueso de estos fondos fueron recortados a fines del año pasado, cuando el gobierno dio por “superada” la pandemia, habilitando la actividad económica y distendiendo las “restricciones”, con el propósito de acelerar un desentendimiento económico del Estado y poner en marcha el plan de austeridad social que reclama el FMI. 

 Hilando más fino

 El primer gran recorte fue sobre el limitado Ingreso Familiar de Emergencia, que implicó $263.169 millones y alcanzó casi 9 millones de personas. Este programa no tu relevo alguno, ya que el aumento en los programas Potenciar Trabajo –de alrededor de unos 300.000 nuevos beneficiarios- no implicó una respuesta universal a la crisis social y económica del país. 
 Recordemos que el IFE ya había dejado afuera a unos 4,6 millones de solicitantes y que los ingresos al Potenciar Trabajo han sido arrancados por la lucha del movimiento piquetero independiente; sin embargo, implican solo poco más del 2% del total de las necesidades relevadas al inicio de la pandemia.
 Las patronales, por su parte, acumularon beneficios directos por $481.362, en concepto de subsidios (ATP), créditos blandos (Fogar, Fondep) y exenciones impositivas y de contribuciones patronales. Mantienen, en 2021, subsidios y beneficios por $98.000 millones. 
 Para tener en cuenta, estas sumas fueron repartidas entre 307 mil empresas, mientras que el IFE (poco más de la mitad de estos fondos) se distribuyeron entre 9 millones de personas: un tanto desigual. 
 Un dato “curioso” es que el gobierno computa los bonos de trabajadores de la salud, jubilados y pensionados, AUH-AUE y Potenciar Trabajo como parte del “paquete Covid”. La mayor parte de esas sumas son una compensación precaria e insuficiente ante los estragos de la inflación en los ingresos de los trabajadores gracias a la imposición de la pauta oficial en las negociaciones paritarias y del salario mínimo, pasadas y presentes. 
 Para el caso de los jubilados es aún peor, ya que esos montos fueron financiados con la confiscación a los haberes con la suspensión de la movilidad jubilatoria en 2020 (8% de pérdida para la mínima) y la reforma de la fórmula en 2021 (5% de pérdida). 

 Lo del pueblo para la deuda 

Un punto que pone de manifiesto la orientación social de este recorte es que mientras el “gasto Covid” alcanzará un 1,4% del PIB en 2021, los intereses de deuda para el mismo periodo se calculan en un 1,5% del PIB.
 Casi la mitad de los fondos que el gobierno engloba en estos $563.000 millones consisten en recursos corrientes de políticas sociales y asistenciales que, incluso con aumentos, han quedado sobrepasados por la inflación y que aparecen indiscriminadamente como “refuerzos” a la Tarjeta Alimentar, AUH y asignaciones familiares, Progresar y Potenciar Trabajo. El cómputo de estas sumas como “excepcionales” preanuncia nuevos recortes sobre estas precarias medidas cuando den por superada, nuevamente, la pandemia.
 El ajuste sobre los bolsillos obreros y sobre el gasto público, orientado a paliar las necesidades más elementales del pueblo trabajador, está haciendo estragos en la situación social y económica del país, con un empobrecimiento de la clase trabajadora y niveles de indigencia alarmante. 
 Hay que rechazar la orientación ajustadora del Frente de Todos, Cambiemos y el FMI, oponiéndole una salida de los trabajadores, con el no pago de la deuda externa, el rechazo al pacto con el FMI y la utilización de los recursos nacionales para poner en pie la industria y la obra pública, generar puestos de trabajo e imponer las medidas que garanticen un seguro universal al parado (por arriba de la canasta básica), salarios que cubran la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados.

 Marcelo Mache

martes, julio 27, 2021

Juegos Olímpicos: militarizados y bajo el asedio de las protestas


Como los anteriores juegos olímpicos que se realizaron en Río de Janeiro (2016), los de Tokio (2021) también están bajo intensa custodia policial y el asedio de enormes protestas. En lo que la prensa juzga como “algo histórico”, la oposición en Japón es vehemente: entre el 60 y 80% no quiere los juegos (Al Jazeera, 23/7). Varios atletas testeados arrojaron resultado positivo, mostrando la falibilidad de las “burbujas”. Se teme que la variante Delta rápidamente se esparza entre las delegaciones. Los juegos, luego de haberse pospuesto un año por la pandemia, comenzaron con una lúgubre inauguración y con protestas afuera del estadio olímpico. Las presiones del del gobierno de Japón para que se llevaran adelante contrastaban con el rechazo de la mayoría de la población, que no los quiere. 
 El costo de los JJOO de Tokio pasó 7,3 billones de dólares a 30 billones, según una auditoría estatal. Sin embargo, la población trabajadora no recibe ningún tipo de beneficio de esta fortuna. El turismo está paralizado, y el dinero fluye hacia las élites y el capital financiero. Las protestas van a acompañar todas las sedes, aseguran los manifestantes. 

 Inauguración con protestas afuera 

La ceremonia de inauguración fue bastante sombría. El estadio de 68.000 personas estaba vacío, mientras en las afueras había una movilización que hacía ruido para frenar la inauguración. “Los manifestantes se expresaron durante varias partes del himno japonés, y mucho más durante el momento en que se hizo silencio para recordar a las víctimas del Covid-19”, naturalmente, en repudio a la hipocresía de las autoridades por llevar adelante los juego. Los parlantes del estadio retumbaban a todo volumen para tapar la protesta. 
 Los manifestantes comenzaron a marchar hace varios meses, exigiendo la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio mientras el país lidia con una cuarta ola de infecciones por Covid-19. Las pancartas en las diferentes movilizaciones decían “los juegos matan a los pobres”. En mayo una petición contra los juegos recibió 350.000 firmas. 

 Protestas, libre expresión y rebeliones populares 

El Comité Olímpico Internacional tuvo que “flexibilizar” las reglas para permitir protestas de los atletas, que hasta hace poco estaban prohibidas y podían costar la descalificación. Sin embargo, según estas reglas, las protestas no pueden apuntar a “países específicos” ni ser “disruptivas”. En 1975 se creó la regla 50, que prohibía la “propaganda política” a los atletas, cuando los juegos son un enorme espacio de propaganda política y de negocios para los gobiernos que los organizan y numerosos grupos capitalistas. Los deportistas, para el capital, son máquinas que generan dividendos, no sujetos implicados en la realidad política y social que los rodea. 
 La reforma de la reglamentación del artículo 50 del COI, a principios de julio, se realizó luego de las protestas contra el asesinato de George Floyd el año pasado en EEUU, y de las constantes manifestaciones de los atletas, algo que amenazaba con una deserción masiva. Sin embargo, el cambio no incluye que estas manifestaciones se puedan hacer en la entrega de medallas. Las declaraciones políticas durante los eventos, las ceremonias de victoria y en la Villa Olímpica todavía están prohibidas. Sin embargo, en Tokio las manifestaciones de los atletas no se hicieron esperar.
 Las futbolistas británicas se arrodillaron el miércoles en el primer día de competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una protesta contra la discriminación y el racismo que fue rápidamente correspondida por sus oponentes de Chile. Algo repetido en otros partidos y por otras delegaciones. No fue el único caso. 
 Una atleta argelina, la judoca Fethi Nourine, abandonó los juegos luego de conocer su cruce con una luchadora israelí, en protesta a favor de la causa Palestina y denunciando las masacres, ocupación ilegal y genocidio perpetrado por el estado israelí en la TV argelina. Dijo que no se iba a “ensuciar sus manos” y que luchar habría sido avalar el apartheid israelí (SMCP, 23/7). 
 Muchos atletas norteamericanos de origen asiático denunciaron el racismo que se vive en el país e incluso contra ellos mismos, en las calles o en los campos de entrenamiento.
 De reojo mira China, que será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, a realizarse en en febrero próximo. 
 El deporte está completamente enajenado bajo este modo de producción, convertido en una mercancía más. Pero el deporte es un valor de uso, asociado a una de las expresiones físicas y artísticas más creativas que conoce el ser humano. También a la salud física y mental de los pueblos, destruida por las reglas de reproducción de la sociedad capitalista y las condiciones de reproducción de la fuerza laboral. Se trata de transformar el deporte y todas sus expresiones en el libre desarrollo individual en función del libre desarrollo del conjunto de la sociedad.

Emiliano Monge
23/07/2021

Los Fernández prometen un acuerdo con el FMI y una “vuelta a los mercados”

CFK llama a Macri a “resolver el problema de la deuda”

 En un acto junto a Kicillof, en Lomas de Zamora, dos semanas atrás, Cristina Fernández convocó a la oposición a “resolver el problema de la deuda”, “piensen como piensen”. Conocida por su autosuficiencia y denunciada por sus adversarios de querer copar el poder politico, la vice de la Nación convoca al otro lado de la grieta, a sabiendas que la posición del JxC no tiene otra posición que la del FMI. La tarea de reunir a “quienes piensen como piensen”, para “resolver el problema”, le corresponderá al Congreso tras el 10 de diciembre. Si votas a uno de los lados de la grieta, lo estarás haciendo, seguramente sin saberlo, por el FMI. O sea por los salarios y jubilaciones inferiores a la canasta de pobreza e incluso a la canasta de indigencia. 
 El ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, no solamente confirmó que se prepara para firmar un acuerdo con el FMI y los bonistas luego de las legislativas, sino que anunció hasta una “vuelta a los mercados” y al “endeudamiento” (Clarín, 24/7). Del palo de Kicillof, Costa ofrece a los acreedores un nuevo ciclo de endeudamiento, si aceptan alargar los plazos del pago de la deuda, sin quita sobre ella y una menor en materia de tasas de interés. Esto supone acabar con cepos y dirigismo económico, o sea, lo que hizo Macri en 2016. A la luz de los dichos de Costa, el kirchnerismo habría renunciado a su divergencia de mínima con el macrismo: captar inversiones internacionales para inversiones ajustadas a un plan de Estado. Costa no descartó la posibilidad de que tras las elecciones y el acuerdo con el FMI votado en el Congreso, se liberen las restricciones cambiarias. Es lo que reclaman las compañías extranjeras para girar las utilidades al exterior y las nacionales para pagar la deuda que han contratado en los mercados internacionales. Costa, con Kicillof, acaban de consumar esta política con los acreedores de la provincia de Buenos Aires, a quienes reconocieron, sin quita, la totalidad de la deuda, a pagar en cuotas. 
 Martín Guzmán, el ministro de Economía, se ha comprometido a convocar al próximo Congreso a sesiones extraordinarias para votar el acuerdo con el FMI. Además de una reducción del gasto fiscal a costa de salarios y jubilaciones, el acuerdo trae aparejadas reformas “estructurales” en materia laboral y previsional; despido gratis y jubilaciones condicionadas al llamado equilibrio fiscal. El director de Argentina en el FMI Sergio Chodos, que reporta a Cristina Fernández, indicó que “El acuerdo con el FMI se va construyendo en etapas. Como el acuerdo va a necesitar un nivel de debate y revisión interna y externa, va a pasar por el Congreso de la Nación” (iProfesional, 20/7). Ningún pre-candidato de la grieta ha protestado contra esta usurpación de su futuro mandato. Chodos habló por todos ellos. 

 Bancarrota 

Tras el pago atrasado de los vencimientos con el Club de París, el mes que viene, el gobierno proyecta el acuerdo con el FMI para después de noviembre. 
 El total del préstamo otorgado por el FMI -durante la gestión Macri- es de u$s57.000 millones, del cual se utilizaron hasta ahora u$s45.000. La mayor parte, si no la totalidad, financió una masiva fuga de capitales, sin poder evitar la mega devaluación del peso, lo cual ‘perjudicó’ a inversores importantes. Las reservas internacionales liquidas llegan actualmente a unos u$s7.000 millones. El gobierno apela un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a un plazo mayor a 10 años de plazo, lo cual contraviene los estatutos del Fondo; el cristinista Moreau aventuró 20 años. Facilitar el pago de la deuda, estirando los plazos, aumentaría de inmediato la cotización de los nuevos bonos negociados con los acreedores privados, hace cerca de un año. Claro que a condición de que siga la política de ajuste, lo cual significa, para el capital, mostrar un “plan de negocios” capaz de reunir los fondos para pagar los intereses de la deuda y, si fuera el caso, refinanciar en forma permanente el capital. Con este paquete bajo el brazo, Argentina pasaría de “Cristina eterna” a “Deudora eterna”. En lugar del bono a cien años que emitió el nefasto Caputo, por una deuda módica, tendremos uno a treinta o cuarenta años, pero por 400 mil millones de dólares. La precandidata de los Fernández, Tolosa Paz, llamó a todo esto “equilibrar la macro”. Cuando el lector escuche esta expresión, sabrá desde ahora que el significado de ella es eternizar la deuda pública externa e interna. 
 Hay que hacer notar que el capital internacional y el FMI suponen que el mundo ha ingresado en un período de tasas bajas por un tiempo indefinido, lo cual abarata el endeudamiento y quiebra los límites que se consideraban indispensables hasta hace poco. Han armado, de este modo, un “esquema Ponzi” a escala internacional, que consiste en pagar deuda con más deuda. Cuando el ‘esquema’ se venga abajo, porque la economía capitalista funciona siguiendo las líneas del serrucho o, dicho de otro modo, por ciclos, la suba de la tasa de interés provocará un literal derrumbe de la cotización de bonos y el colapso del Ponzi. La inflación norteamericana, que algunos subestiman como ocasional, podría ser un detonante ‘eficaz’. Los Fernández ya no tienen edad para ser calificados como “aprendices de brujos”, pero actúan como brujos diplomados. 

 Pobreza

 El déficit fiscal del primer semestre fue del 0,5% del PBI, lo que significa un recorte brutal -el más importante en años. Esto es la consecuencia de haber eliminado todas las ayudas del año pasado (IFE, ATP) y haber recortado en salud, educación y planes sociales. El Gobierno que planteaba “apalancar el consumo”, redujo el gasto estatal y los salarios, o sea, ese consumo, aunque alargó los plazos para consumir contrayendo deudas. Conseguir el “equilibrio macro” significa destruir el equilibrio micro de los trabajadores.

 Emiliano Monge y Jorge Altamira 
 26/07/2021

🤔 ¿El peronismo enfrenta a los poderosos?

lunes, julio 26, 2021

Hoy en la Mesa Redonda “Fidel habla del Moncada”


La Mesa Redonda retransmitirá este 26 de julio, las valoraciones que en este programa, hace 21 años, hiciera el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sobre el Asalto a los cuarteles “Moncada” y “Carlos Manuel de Céspedes”, en 1953.

Juegos Olímpicos: movilizaciones en Tokio rechazan la realización en medio de la pandemia


El carácter irracional de la organización capitalista, un ataque al medioambiente.

 Las masivas protestas populares de rechazo a la realización de los Juegos Olímpicos, que han movilizado a miles de japoneses en la ciudad de Tokio el día de la fiesta de apertura, son una respuesta de la golpeada población local a la decisión de los organizadores de llevar adelante la competencia en medio de un pico de la pandemia en la ciudad nipona, donde solo el 20% de su población se encuentra vacunada. 
 Fue tal la prioridad colocada por los gobiernos nacional y municipal de Tokio y por el Comité Olímpico Internacional (COI) de llevar adelante las competencias contra toda lógica sanitaria, que, a último momento, tomaron la decisión de que todo el desarrollo de los Juegos se llevará a cabo sin la presencia de público –aunque esto afectaba (y lo lamentaran), los ingresos de todos los que lucran con su realización- justamente por el brote de coronavirus desatado en la ciudad, entre otros puntos del país.
 Mientras los organizadores incluían la realización de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas por el coronavirus, en el estadio vacío donde se realizaba la ceremonia se escuchaban los cánticos de la multitud que lo rodeaba, que cuestionaba a las autoridades que realizaban el recordatorio cuando Tokio tiene los picos más altos de contagio en varios meses. 
 Y cuando, al mismo tiempo, la cantidad de contagiados sigue creciendo entre los deportistas y el personal afectado a los juegos -ayer ya superó los 90-, en algunos casos, como en el de la delegación checa, dejándola afuera de un par de competencias por quedarse sin atletas en condiciones de intervenir.

 Competencia de escándalo 

Los Juegos, además, han sido salpicados en los últimos días, por varios escándalos que terminaron con el despido del director a cargo de la ceremonia de apertura, Kentaro Kobayashi, por hacer comentarios ridiculizando el holocausto y del compositor de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2020, el músico japonés Keigo Oyamada, luego que se enfrentara a una reacción violenta en las redes sociales por rescatar públicamente los abusos que realizara contra compañeros discapacitados. 
 Está claro que las declaraciones de los organizadores sobre la posibilidad de suspenderlos “si crecía la cantidad de casos” fue solo una manifestación que apuntó a prevenirse frente a una catástrofe sanitaria. La decisión de que el negocio de los Juegos no se detenga se mantiene aún con el cuadro de pandemia desatada, adentro y afuera de los estadios. 

 Brutal ataque al medioambiente 

Otro de los aspectos que muestra el gran negocio capitalista en el que se han convertido los Juegos, al igual que la mayoría de los grandes eventos deportivos internacionales, es el del desastre ecológico que suponen, por el carácter irracional de su organización. Esto pese, o tapado por, declaraciones rimbombantes del COI y todos los gobiernos organizadores, donde dicen tomar como prioridad de los Juegos la defensa del medio ambiente.
 Uno de los aspectos que se destacan por las consecuencias medioambientales, pero también de la irracionalidad, es el de la infraestructura que siempre corre por cuenta de los gobiernos y que luego queda en desuso pese a la magnitud de las obras y la dimensión de las inversiones realizadas. Esto porque su construcción solo aporta al negocio de la realización de esa edición de los Juegos y no tiene en cuenta si el lugar donde se instalan requiere o no de ellas. 

 La irracionalidad capitalista

 Una nota de Yahoo (19/7) da cuenta de que luego de la realización de los Juegos Olímpicos en Brasil, en el 2016, donde el gobierno nacional y los locales –que son los que realizan las obras y corren con el costo de las mismas- invirtieron 13.000 millones de dólares, el monumental estadio de Brasilia -entre otros- ha quedado totalmente abandonado, las piletas olímpicas y sus estructuras están, asimismo, sin uso y de los 3.600 departamentos construidos para el alojamiento de los atletas, solo se vendieron 340, mientras que el resto permanece desocupado y abandonado, pese a la terrible situación de la vivienda que sufren las masa populares del país. 
 Esto, destaca la nota, se replica en el caso de Atenas 2004, donde se invirtieron 11.800 millones de dólares en grandes estructuras donde, entre otras, se alojaron las competencias de vóley, natación y de kayak, y que hoy se encuentran totalmente abandonadas. 
 En Sotchi 2014, el gobierno de Putin partió casi de cero para construir (y destruir) toda la estructura necesaria para los Juegos en esa relativamente pequeña ciudad rusa. Se invirtieron 41.600 millones de dólares en obras que incluyeron hasta la construcción de un aeropuerto y, según la Unesco, se produjo un desastre ecológico, con la liquidación de bosques naturales; el cambio del curso de un río y sus consecuencias para la fauna, entre muchas otras cosas y con la obsolescencia por la actual falta de uso de toda la infraestructura construida. 
 En la ceremonia de apertura, el titular del COI, Thomas Bach, alabó el esfuerzo de los atletas y dijo que era un momento de “alegría y alivio” especialmente para ellos porque finalmente había podido llegar allí que era lo que querían.
 La verdadera razón de esa “alegría y alivio” la explicó la atleta negra norteamericana y activista por los derechos de los negros, Gwen Berry, quien forma parte de la delegación de ese país pero en 2019 recibió del Comité Olímpico de los EE.UU. una suspensión condicional por 12 meses por levantar el puño en protesta contra los ataques racistas en su país y, por esa razón, perdió a sus patrocinadores. Eso, dijo, “fue extremadamente devastador porque cortaron todos mis ingresos” como para poder “competir, ir al extranjero, ir a competencias, conseguir premios”.
 De la más antigua competencia deportiva de la humanidad, nacida en la ciudad de Olimpia –se estima- en el año 776 AC solo quedan los emblemas. El capitalismo ha dado cuenta de la misma para convertirla en un gran negocio. 
 Solo la liquidación del capitalismo hará posible que las grandes gestas deportivas vuelvan a convertirse en una gran fiesta y competencia fraternal. 

 Nelson Marinelli

Haití: el injerencismo descarado de los yanquis


Funeral del presidente asesinado Jovenel Moïse. 

Designa al nuevo primer ministro y manda un enviado especial.

 Este viernes 23 se realizó en Cabo Haitiano, la segunda ciudad más importante del país, el funeral del presidente Jovenel Moïse, en medio de un país convulsionado.
 Poco antes de su asesinato, el presidente haitiano designó como nuevo primer ministro a Ariel Henry, en reemplazo de Claude Joseph, como parte de una remodelación de su gabinete. El problema es que al momento del magnicidio el traspaso no se había concretado, por lo que estas dos figuras tuvieron que disputarse el cargo, que ante la acefalía de la presidencia se transformó en el más importante. 
 Pues bien: quien ha laudado en esta controversia, una vez más, ha sido el imperialismo. El llamado “Core Group” (que nuclea a Estados Unidos, Francia, la ONU la OEA -y también a Brasil) expresó el sábado pasado su apoyo a Henry. Cuarenta y ocho horas más tarde, Joseph anunciaba su renuncia y su regreso al ministerio de relaciones exteriores. 
 Para completar la tarea, el Departamento de Estado anticipó el envío al país del diplomático Daniel Foote, quien estará a cargo de “coordinar los esfuerzos para la asistencia en varias áreas, incluidas la humanitaria y la de seguridad” (NotiAmérica, 22/7). En verdad, parece la llegada de un virrey. 
 Henry promete un gobierno de consenso y la realización de elecciones generales, como le reclaman sus mandantes extranjeros. A tal efecto, entregó algunas de las carteras a sectores de la oposición, si bien la mayor parte de esta ha rechazado a la nueva administración como ilegítima.

 Kill the president 

El país aún se encuentra conmocionado por el magnicidio. Los seguidores de Moïse se movilizaron el día 22 y durante el funeral. Desde el partido de gobierno (el PHTK, los “cabezas rapadas”) se denuncia que el asesinato fue urdido por un sector de la clase dominante local que estaba enfrentada a Moïse, él mismo un magnate del sector agrícola. La justicia citó a declarar a los empresarios Réginald Boulos y Dimitri Vorbe, así como a dos exsenadores de la oposición. A la familia Vorbe, que domina el sector eléctrico, Moïse la acusó tácitamente en un reportaje de febrero de querer derrocarlo (El País, 13/2). Hay quienes apuntan, como el director de la revista “Haití Liberté”, Kim Ives (Jacobin, 10/7), que la clase dominante se quiso sacar de encima al presidente porque éste ya no aseguraba la estabilidad del país, desbordado por el accionar de las bandas criminales y los choques de éstas con la Policía Nacional, que dejaron más de cien muertos en las últimas semanas. 
 Por el momento -lo que no es excluyente con la hipótesis anterior- las investigaciones apuntan a un plan orquestado desde Florida por el médico y pastor Christian Sanon para llegar a la presidencia, financiado por dos empresarios de infraestructura y seguridad de origen latino, residentes en Estados Unidos. La recompensa para estos últimos estaría supuestamente en contratos de obras con el futuro gobierno. Un miembro de la firma de seguridad en cuestión (CTU) habría contratado a los mercenarios colombianos que torturaron y abatieron a Moïse en su domicilio, y que habrían contado a su vez con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional haitiana. También está bajo la lupa la guardia de seguridad de Moïse, que al parecer no intervino para defenderlo. Sanon se encuentra actualmente detenido. Walter Veintimilla, dueño de la contratista sospechada, afirma que ayudó a financiar la ambición presidencial de Sanon pero no el magnicidio. 
 La investigación sigue siendo, de todos modos, bastante confusa.

 Perspectivas 

La muerte de Moïse dejó un vacío de poder, dado que el parlamento no funciona hace más de un año y el máximo tribunal judicial ha perdido a varios miembros. La posibilidad de encauzar la crisis por medio de un proceso electoral resulta más que dudosa. A la pulverización de los partidos políticos, se le suma la proliferación de las bandas armadas y las divisiones y choques al interior de la Policía Nacional (en cuanto al Ejército, apenas tiene algunos centenares de miembros). 
 Por todo esto, no se puede descartar la posibilidad de una nueva intervención extranjera. Haití ya tiene experiencias en este sentido, incluyendo la nefasta Minustah, que operó entre 2004 y 2017 y fue responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos y de la introducción del cólera en el país. 
 El empobrecido pueblo haitiano se sublevó contra Moïse en dos ocasiones, debido al recorte de subsidios en el combustible y al desabastecimiento de los mismos. También protagonizó grandes protestas contra el desvío de fondos de Petrocaribe y se movilizó para que el empresario bananero abandonara el cargo, cuando se venció su período en el poder, a comienzos de este año. En ese momento, con el aval norteamericano, el mandatario interpretó que le quedaba un año más de gobierno.
 Frente a la nueva situación, se vuelve necesario el desarrollo de un reagrupamiento independiente de los trabajadores y el repudio a la opresión del imperialismo y a toda intervención extranjera.

 Gustavo Montenegro

Maniobras golpistas en Túnez


El presidente tunecino Kaïs Saied suspendió por 30 días el parlamento y destituyó al primer ministro Hichem Mechichi, además de cambiar los titulares de las carteras de Defensa y Justicia. El Ejército fue desplegado en las puertas del palacio legislativo e impidió el intento de ingreso de los diputados. Frente a las denuncias de golpe de Estado, Said declaró: “advierto a cualquiera que piense en recurrir a las armas… a cualquiera que dispare una bala, las fuerzas armadas le responderán con balas” (El País, 25/7). 
 Saied se ampara en un artículo bastante genérico de la Constitución que le permite tomar medidas excepcionales frente a situaciones “de peligro inminente que atente contra las instituciones de la nación y la seguridad e independencia del país”. Sin embargo, dicho artículo establece también que el parlamento debe seguir funcionando ante tal eventualidad en estado de asamblea permanente. Referentes del islamista Ennahda, el partido que ostenta la presidencia de la cámara y el mayor bloque de legisladores, anunciaron que intentarán seguir sesionando fuera de las instalaciones sitiadas por las fuerzas de seguridad. 
 El presidente tunecino venía arrastrando una larga disputa con su primer ministro, quien en enero designó un gabinete que nunca fue confirmado por su rival. El Tribunal Constitucional, que podía forzar al presidente a aceptarlo, se encuentra sin quórum, con lo cual el país sufría una crisis política. Mechichi había asumido su puesto en agosto del año pasado en reemplazo de Elyes Fakhfakh, destituido por corrupción, y contaba con el soporte legislativo de Ennahda y Qalb Tunis, una fuerza liderada por un empresario de medios de comunicación que fue condenado por lavado de dinero. Saied llegó al poder como un outsider, tras las elecciones de 2019, favorecido por el rechazo popular al régimen político. Es una figura conservadora, que defiende por ejemplo la penalización de la homosexualidad. 

 Una situación crítica 

La maniobra golpista del presidente es un intento de concentrar el poder en un contexto crítico. A nivel sanitario, el país tiene hoy la mayor tasa de mortalidad por coronavirus (1,4 cada 100 mil habitantes) del continente, exceptuando a Namibia (El Mundo, 22/7). La ocupación de las camas de terapia intensiva oscila entre el 90 y el 100%. El personal de salud está exhausto y escasea el oxígeno. Túnez tiene un nivel de vacunación superior al promedio africano, pero aun así es bajo (8% de la población con las dos vacunas). Recientemente cayó un ministro de salud por habilitar la vacunación libre para adultos sin que hubiera la cantidad suficiente de inmunizantes para abastecer la demanda, lo que provocó grandes aglomeraciones. En este marco, Saied puso el control de la pandemia bajo el mando de la Dirección de Sanidad Militar. 
 En el plano económico, el Covid-19 ha afectado enormemente el turismo, una actividad clave de la economía. El desempleo juvenil es del 35% y todas las reivindicaciones sociales de la rebelión de 2010 que derrocó al tirano Ben Ali siguen pendientes. Algunos medios indican que el gobierno ha evaluado la posibilidad de pedir un nuevo préstamo al FMI, lo que obviamente tendría como contrapartida un severo ajuste contra las masas.
 El 25, hubo movilizaciones en distintos puntos del país convocadas por un movimiento (25 de Julio) que afirma no responder a ningún partido político. En el curso de las mismas, fueron atacados locales políticos de Ennahda, blanco del repudio popular porque lleva casi una década en posiciones de poder.

 Repercusiones 

Con su maniobra, Saied busca explotar esta onda de rechazo al régimen político. Por el momento, la reacción internacional ha sido cauta. La Unión Europea hizo un ambiguo llamado a respetar la Constitución “a todos los sectores”. Alemania reclamó “restablecer el orden constitucional tan pronto como sea posible”, pero aclaró que preferían no hablar de un golpe de Estado (Al Jazeera, 26/7). La ONU convocó al diálogo. La Liga Arabe, a “restaurar la estabilidad y la calma”. El único país que denunció un golpe y lo condenó fue Turquía, que se encuentra gobernado por una formación islamista (el AKP de Erdogan, Partido de la Justicia y el Desarrollo). 
 En el plano interno, Saied parece gozar del respaldo de las fuerzas armadas y sumó también un aval matizado de la burocracia de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT). Esta abogó por que las medidas del presidente no se transformen en “permanentes”, que vayan acompañadas por la garantía de los derechos constitucionales y que se evite una centralización excesiva (La Presse, 26/7). En los meses previos, la UGTT había desempolvado el planteo de un “diálogo nacional” frente a la crisis, en la línea de la experiencia de 2013.
 Además de Ennahda, otras formaciones políticas, como la Corriente Democrática y el Partido de los Trabajadores (el viejo Partido Comunista Obrero de Túnez), rechazaron las medidas presidenciales. Esta última las calificó como “el comienzo de un golpe de Estado” (Middle East Eye, 26/7). 
 Las últimas resoluciones de Saied son un nuevo mentís para aquellos que señalan -al analizar la Primavera Árabe- a Túnez como el único ejemplo de transición exitosa a la democracia. 
 Las masas necesitan retomar el hilo de esa primavera para imponer las transformaciones políticas y sociales de fondo que necesitan el país y la región. 

 Gustavo Montenegro

domingo, julio 25, 2021

La Revolución contra el golpe blando

¿Torturas y presos políticos en Cuba? Responde Fidel Castro

Desde Cuba, ¿qué alcance tienen las nuevas medidas de EE.UU.?

Intervención del canciller de Cuba en la XXI Reunión de Cancilleres de la CELAC

Constitucionalidad e inconstitucionalidad de la movilidad de Macri.

En la calesita judicial, los jubilados nunca sacamos la sortija 

 El 17 de diciembre del 2017 numerosas organizaciones obreras, de desocupados y jubilados ganaban las calles frente al Congreso contra el saqueo jubilatorio. En consonancia con los planes del FMI, el macrismo, asociado a los gobernadores peronistas y con la complicidad de una CGT, impuso a fuerza de gases y palos una reforma previsional anti obrera. El objetivo de la misma era manotear 100.000 millones de pesos de los haberes jubilatorios, correspondientes a dos trimestres que quedaban impagos.
 “Esta reforma de la ley de movilidad aprobada el 28 de diciembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri sigue dando vueltas en la justicia. Y con la novedad de que la misma Sala III de la Cámara de la Seguridad Social que la había declarado inconstitucional ahora dice lo contrario. La explicación: cambiaron los jueces que conforman esa sala”, informa Clarín (20/7). 
 En junio del 2018, esta ley -la 27.426-, de carácter retroactivo, fue declarada inconstitucional por dos votos a favor y uno en contra, en la causa del jubilado Fernández Pastor Miguel c/Anses. Es decir que en lugar del aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo del 2018 de acuerdo a esta nueva ley, los camaristas ordenaron que se aplicara la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5% (correspondiente al semestre julio-diciembre 2017). Los camaristas aceptaron la constitucional hacia adelante. 
 Ahora se conoció un nuevo fallo de la misma Sala III que dice lo contrario, esto como consecuencia del cambio de Jueces. 
 “El fundamento es que la movilidad del semestre julio-diciembre de 2017 no había quedado incorporada al patrimonio del jubilado porque recién debía aplicarse en marzo del 2018, y para esa fecha ya estaba vigente la nueva ley. Además la sentencia agrega que ´no está acreditado que la nueva fórmula dispuesta a partir de 2018 con el aumento de junio del mismo año, haya producido una quita en el monto del haber´” (Clarín, ídem). 
 Pero esto no termina acá, ahora por la apelación de la ANSES, el caso de Fernández Pastor fue elevado a la Corte Suprema. 
 El 80% de los jubilados vivimos con haberes de indigencia - ¡$ 23.000! Los que cobran la PUAM reciben $ 18.500 y las pensiones no contributivas, la miseria de $ 16.150. Más del 50% de los trabajadores no podrá acceder a la jubilación como consecuencia de los despidos y suspensiones. El gobierno ha retrasado el alto a nuevos jubilados, para reducir el déficit fiscal. Nos vemos obligados a recorrer los pasillos de Tribunales para litigar por todo aquello que nos confiscan los distintos gobiernos socios del FMI. Pero el Poder Judicial es una rueda auxiliar de esta confiscación.
 Con este panorama nos queda organizarnos y luchar en defensa de nuestros intereses. Por la devolución de todos los millones de pesos confiscados. Por un aumento de emergencia de $ 40.000 a jubilados pensionados y rentas vitalicias. Por la restitución de los aportes patronales. El PAMI y ANSES debe ser dirigido por sus afiliados y trabajadores. Por un haber mínimo igual al 82% móvil de la canasta familiar (hoy en $ 130.000). 

 Charly Petrillo – Jubilados Clasistas
 24/07/2021

Colombia: sesionó la segunda Asamblea Nacional Popular

A pesar de los retenes militares en el ingreso de las delegaciones al Valle del Cauca, sesionó con demora la segunda Asamblea Nacional Popular (ANP) en Cali, centro de la resistencia del país y del paro nacional que llega a los 90 días. Hasta el momento, las protestas del Paro Nacional han causado la muerte de más de 80 personas.
 El objetivo de esta segunda reunión es ampliar las movilizaciones luego del impasse al que llevó la lucha el Comité Nacional de Paro (CNP). El CNP levantó el Paro y la Fecode (Educación) se plegó a esta medida como también a garantizar la “presencialidad” escolar.
 Miles de delegaciones se hicieron presentes en la Universidad del Valle, que fue pacíficamente ocupada. Se denunciaron ataques contra los jóvenes y las organizaciones que acudieron a la reunión, cometidos en predios de Cundinamarca, Boyacá, Medellín, Huila y Popayán. El lugar del encuentro fue militarizado: sobrevolaron helicópteros, mientras camionetas blancas rondaban el campus y desconocidos los apuntan con láseres rojos desde edificios circundantes. Así sesionó durante tres días la Asamblea. 
 En la ANP de entrada se pusieron en evidencia dos estrategias opuestas: la de impulsar consignas que se convirtieran en “proyectos de ley” para ser presentados en el Congreso, en función de la candidatura electoral de alguna variante centroizquierdista, esto es, “votar mejores representantes”; y la estrategia de retomar las movilizaciones masivas bajo la consigna de “Fuera Duque”, impulsar Asambleas Populares, Coordinación de las luchas, Comités de Paro. Se organizaron 10 mesas, DDHH, recursos naturales, mujeres, cuestiones gremiales, antirrepresivas, salud, educación, y otras. 

 Jornada de Protestas

 Embarcado en una estrategia electoral, “hay 2022”, el CNP convocó una jornada de protestas para el 20 de julio, el día de la independencia, presentando proyectos parlamentarios, que incluyen renta básica, matrícula cero, reivindicar el proyecto de Ley 073 de salud pública, reactivación de mipymes, reforma a la Policía, garantías para ejercer el derecho a la protesta social, derogación del Decreto 1174, financiamiento y alivios para el sector agropecuario. El 21 de julio comenzó una nueva legislatura que tratará diferentes proyectos. 
 En Bogotá, marcharon las organizaciones nucleadas en el Comité Nacional de Paro (CUT, CGT, CTC), que se enceuntran de espalada a los luchadores nucleados en la primera línea, que como sucede en todo el país, rechazan la política del CNP y marchan separados. La primera línea bogotana confluyó con la Minga Indígena. Hubo represión y ataques con armas de fuego y por la policía en muchas ciudades del país. 

 La ANP y el balance ausente

 En la ANP también se discutió esta fractura estratégica. Muchas consignas planteadas estaban completamente contrapuestas, como la diferencia entre la disolución del ESMAD (escuadrones policiales) de un lado, y la reforma con educación de la policía y del ejército, por el otro. 
 Los proyectos de ley del CNP instan a la población a tener confianza en el Congreso y a votar mejor. En la Asamblea se planteó tener una mejor “cultura democrática”, cómo defender los votos, cómo organizar la elección, pero en función de una estrategia que lleva a votar a candidatos que se han opuesto al Paro. 

 Emiliano Monge 
 24/07/2021

Proyecto Pegasus: espionaje para todos

En los últimos días, la empresa Israelí NSO Group ha quedado en el centro de la escena mundial, luego de que Amnistía Internacional y Forbidden Stories difuendieran una lista de 50.000 números de teléfonos pertenecientes a periodistas, activistas políticos e incluso políticos de alto rango -incluidos tres presidentes en funciones: el francés Emmanuel Macron, el iraquí Barham Salih y el sudafricano Cyril Ramaphosa- infiltrados por el virus informático espía "Pegasus", desarrollado por la mencionada firma. La información fue compartida y publicada por un consorcio de 17 medios de comunicación bajo el nombre de “Proyecto Pegasus”. 
 Las revelaciones sobre el alcance del uso del software espía Pegasus a nivel internacional están dando lugar a una serie de demandas y crisis políticas en todo el mundo. En Francia, el gobierno exigió una investigación y anunció que todo lo que sea recabado “será arrojado a la luz”. En México, si bien López Obrador ha negado que su gobierno haya echado mano al sistema, existe un manto de sombra sobre la gestión anterior. Los medios y activistas alcanzados por el espionaje ilegal -unos 15 mil afectados- presionan para que el estado mexicano transparente las informaciones y vaya a fondo con la investigación contra Peña Nieto. Entre los infectados se encuentran miembros de todos los partidos políticos, defensores de derechos humanos y periodistas - en un país donde, desde 2010, 86 comunicadores han sido asesinados-, incluso el presidente Lopez Obrador y su esposa. 
 Este ´malware´ -como se conoce a estos programas en informática- es capaz de recopilar toda la información de un Smartphone, sin que el usuario lo sepa. El virus, presentado como una herramienta defensiva “contra el terrorismo” por su desarrollador, es utilizado sencillamente para el espionaje estatal y paraestatal a mansalva. Entre los países que han adquirido el software se encuentran Azerbaiyán, Bahrein, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita, Hungría, India y los Emiratos Árabes Unidos. Un eminente lobbista de este tipo de sistemas es el primer ministro israeli, el fascineroso Naftali Bennet, quien precisamente hizo su fortuna en el sector tecnológico. Bennet defendió al ´floreciente´ desarrollo comercial en materia de armamento y espionaje. “Por cada 100 dólares que se invierten en ciberdefensa en el mundo, 41 se invierten en empresas israelíes”, se jactó. Mientras fue ministro de Defensa, intentó que en el parlamento aprobará el uso de Pegasus, con la excusa de rastrear a las personas contagiadas de Coronavirus. 
 En la mira de los piratas informáticos figuran más de 180 periodistas del Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist , Associated Press y Reuters. Entre los antecedentes, en 2018, Amnistía Internacional había acusado a NSO Group de ayudar al régimen de Arabia Saudita a espiar y de jugar un papel clave en el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. 
 El estado de Israel, en manos de las camarillas belicistas que se reparten el poder político y oprimen al pueblo palestino, han transformado a su país en una plataforma exportadora de instrumentos de represión y guerra. 

Mauri Colón 
 24/07/2021

viernes, julio 23, 2021

Mentiras, manipulación y odio como herramientas contra Cuba

La Revolución contra el golpe blando

Buscamos vida. Los crímenes de Campo de Mayo

El mate del Capitán


Una mañana de julio de 1977, mi padre, el Capitán Soriani, entró a la visita del Penal de Magdalena, donde yo estaba detenido, y se sentó en el taburete del locutorio que los militares habían construido luego del golpe del 76. El vidrio que nos separaba impedía el contacto físico, así que con una sonrisa intentamos disimular la tristeza que la falta de abrazo nos producía. Papá acercó su cabeza al parlante y me preguntó, preocupado, si en la semana habíamos sufrido alguna requisa violenta.
 Un cabo de la gendarmería le había comentado al entrar que debería llevarse algunos efectos personales que ya no estábamos autorizados a seguir teniendo. La angustia de nuestros familiares aumentaba: nos sabían despojados de casi todo, sin libros, sin diarios, sin cuadernos, sin cigarrillos, sin ropa de abrigo, sin comida que no fuera la provista por los militares, casi siempre muy escasa o incomible.
 Hacía casi dos años, además, que tampoco teníamos recreos. El encierro era total, en celdas individuales, y la prohibición de hacer gimnasia nos impedía otros movimientos que no fueran caminar de pared a pared. Cuatro pasos, media vuelta, otros cuatro. Así durante horas para salir de la inmovilidad a la que nos sometía el aislamiento. Tampoco había donde sentarse. En esos meses de invierno el suelo de la celda estaba siempre mojado. La humedad de esa zona de bañados donde se asentaba el Penal de Magdalena chorreaba las paredes y traspasaba las baldosas. Sólo quedaban los elásticos de la cama sin colchón, a los que nos resignábamos cuando las horas de caminata imponían algún descanso. 
 Ese era el panorama en julio de 1977 en esa cárcel de la dictadura. No era el peor, en otras se sacaba a los presos políticos y se los fusilaba sin más. Y en los centros clandestinos de detención se torturaba y se tiraban los cuerpos al mar desde los vuelos de la muerte, tratando de borrar los rastros de los compañeros secuestrados y desaparecidos. 
 El Capitán Soriani intuía la masacre. Celebraba verme vivo y sano, pero en cada visita crecía su angustia. El aumento de las restricciones lo llevaba a los peores presagios y a noches de insomnio o pesadillas. 
 Esa mañana de invierno del 77, mi viejo volvió a nuestra casa de Almagro con una bolsa de objetos que ya no podíamos tener con nosotros. Entre ellos un termo, un mate y una bombilla que en realidad nos habían requisado meses antes pero que recién ese día los gendarmes decidieron devolverles. 
 A la semana siguiente le dije, para tranquilizarlo, que en realidad la prohibición de tomar mate no era grave ni nueva. Llevaba meses y habíamos encontrado una manera de seguir haciéndolo, que no era la mejor pero sí bastante divertida. Mi padre, curioso, acercó su cara al vidrio y levantó sus cejas sorprendido. Decidí contarle, a riesgo que los guardianes me escucharan, y una nueva requisa nos privara también de ese mate sustituto: un tubo vacío de desodorante Odorono, que usábamos como calabaza, con la yerba y el agua que de vez en cuando nos daba alguna guardia más tranquila, o alguno de los presos sociales que se animaban a correr ese riesgo. 
 La cara de mi padre se iluminó con el relato, pero no pudo dejar de preguntar: “¿Y la bombilla, cómo hacen para tomar mate sin bombilla?”
 Muy fácil papá, le respondí: usamos una birome Bic, sin tanque y con el capuchón agujereado con un alfiler al que le calentamos la punta con la llama de una vela, para poder perforarlo.
 Nosotros, los presos políticos, no teníamos velas ni fósforos. Y biromes sólo de vez en cuando. Tampoco los tubos vacíos de desodorante Odorono, pero la solidaridad y el ingenio de los circuitos carcelarios funciona en todos los penales del mundo, y Magdalena no era una excepción. 
 Hace algunas semanas, en casa de mi madre y ordenando con ella algunas viejas carpetas y cajas con fotos y recuerdos, en una bolsa de nylon, junto a medallas ganadas por el Capitán Soriani en competencias deportivas, apareció un tubo de Odorono y una birome Bic amarilla con su capuchón azul completamente agujereado. 
 Mamá, al ver como yo miraba esos objetos mientras los sostenía con mi mano algo temblorosa, me dijo:
 “Ah, ¿viste eso? Fue otra de las locuras de tu padre. No sé por qué, pero durante algún tiempo, mientras vos estabas preso, se le había dado por tomar mate en esa porquería con olor a desodorante. Decía que los mates eran feos, pero que le servían para estar más cerca tuyo. ¿Vos podés creerlo?”
 “Sí, mamá, puedo, claro que puedo”, le dije recordando aquella charla de una mañana fría, en el locutorio de la prisión militar de Magdalena.

Hugo Soriani
17/07/2021

Las causas sociales y políticas detrás del aumento de la mortalidad en EEUU

El informe que difunde el CDC (Centro de control de Enfermedades) en EEUU, indica que la en el último año ha aumentado exponencialmente la mortalidad, afectando especialmente a los habitantes de origen hispano y negro. Se trata del peor aumento desde la segunda guerra mundial. “El año difícil profundizó las disparidades raciales y étnicas en la esperanza de vida” (NYT, 21/7), aumentando la brecha de años de vida entre negros y blancos a 5,8. La esperanza de vida total se desplomó de un año a otro en 1,5 años de vida (niveles de 2003). 
 Este informe presenta estimaciones actualizadas de la esperanza de vida basado en datos provisionales de mortalidad para todo el año, de enero a diciembre, 2020. Se basan en certificados de defunción (https://www.cdc.gov/nchs/data/vsrr/VSRR015-508.pdf). 
 El informe muestra la disparidad racial: “Entre 2019 y 2020 (año completo), la población hispana experimentó una disminución en la esperanza de vida de 3.0 años, seguida por la población negra no hispana (2,9 años) y blanca no hispana (1,2 años)”. 

 Acceso desigual a la salud

 “La reducción de la brecha de esperanza de vida entre las dos poblaciones es un claro indicador del empeoramiento de los resultados de salud y mortalidad” dice el informe de CDC. El NYT da testimonio de trabajadores que se enfrentan a la desigualdad al acceso a la salud. “Si fuera blanco, no habría estado en ese hospital", dijo una de las entrevistadas que perdió a su marido de 35 años (NYT, 21/7).
 Gladys Vega, directora ejecutiva de “La Colaborativa”, dijo que “muchas personas son indocumentadas y temían que ir a un hospital o solicitar el seguro médico podría resultar en la deportación” (ídem). También por miedo a que el “casero” (landlord) echara a muchos por falta de pago o atrasos. El resultado, es que se contagiaba toda la familia –hacinados en su vivienda– porque no se hacían las respectivas cuarentenas. “Eso crea todos estos otros dilemas en sus condiciones de salud que empeoran todo”, agregó Vega. 
 Los habitantes de origen hispano tienen menor acceso al sistema de salud que es controlado por capitales privados. Muchos de ellos murieron porque no se pueden pagar una internación de miles de dólares. Son los más castigados por las normas migratorias endurecidas por Trump y que muchas de ellas continúan bajo Biden. Son lo que hicieron los trabajos “necesarios” durante la pandemia, producción, distribución de alimentos y otros servicios esenciales –que protagonizaron, también, enormes luchas. Son los peor remunerados, que luchan por tener representación sindical y que han realizado paros para conseguir medidas sanitarias adecuadas (carnes, almacenes, comercios, venta de comidas, etc). 

 Sin rebote pospandemia 

En 1918, la pandemia de gripe redujo 11,8 años de la esperanza de vida en EEUU y el número se recuperó al año siguiente. Pero Elizabeth Arias, una de las investigadoras que elaboró el informe, dijo que “no es probable que la esperanza de vida vuelva a los niveles prepandémicos en el corto plazo” (NYT, 21/7). Devolver los números de esperanza de vida a los de 2019 requeriría no tener más muertes en exceso debido a Covid, y eso ya no es posible en 2021, dijo el Dr. Arias. El manejo capitalista de la pandemia ha genera x casos en 2021, y se pronostican nuevo, debido a las nuevas variantes, como la Delta que representa el 80 o 90% de los nuevos casos en el país.
 El coronavirus "descubrió las profundas desigualdades raciales y étnicas en el acceso a la salud, y no creo que las hayamos superado nunca", dijo la Dra. Mary T. Bassett, profesora de Harvard. "Pensar que nos recuperaremos de ellos parece una ilusión" (NYT 21/7).

 Epidemia de muertes por abuso de drogas 

No es la primera vez que EEUU vive una caída en la esperanza de vida: En 2014 hubo una epidemia de opioides “y provocó el tipo de declive que rara vez se ve en los países desarrollados” (ídem). Más de 40 estados han registrado aumentos en las muertes relacionadas con los opioides desde que comenzó la pandemia, según la Asociación Médica Estadounidense, dice NYT. 
 El informe plantea que el aumento de muertes por drogas tuvo el mayor efecto luego del Covid-19, representando un crecimiento del 14,2% (blancos), 11,9% (negros) y 4,2% (hispanos). Este indicador es alarmante, dicen las autoridades, porque Incluso si las muertes por Covid-19 disminuyen, los efectos económicos y sociales persistirán, señalaron los investigadores. 
 Muchas veces con sustancias que se pueden acceder a través de la venta libre. Estamos hablando de derivados de opiáceas que no están regulados y que los gigantes farmacéuticos pujaron por su liberación y venta libre, mediante la cual realizan millonarios beneficios.
 El aumento de este consumo se da entre la población joven trabajadora, por diferentes motivos. Entre ellos la necesidad de soportar largas jornadas diarias de trabajo, y por otro lado de la misma soga capitalista, la falta de empleo y oportunidades. Los jóvenes son los que más han sufrido la desocupación generada por la pandemia en EEUU. 
Muchos acumulan enormes deudas universitarias que no pueden cubrir con los magros salarios que reciben. Otros no pueden acceder a una vivienda propia o a condiciones de vida elementales. 

 Las causas sociales y políticas subyacentes 

Los residentes latinos y afroamericanos de los Estados Unidos tienen tres veces más probabilidades de infectarse que sus vecinos blancos, y casi el doble de probabilidades de morir a causa del virus que las personas blancas. “Las tasas más altas de infección y mortalidad entre los afroamericanos y los hispanoamericanos se han explicado por la exposición en el trabajo y en el hogar, dijeron los expertos” (NYT, ídem). El acceso a las vacunas también es desigual. La “nueva normalidad” del gran capital tuvo como consecuencia más de 600.000 muertos. 
 Una enorme rebelión popular estalló el año pasado contra la violencia racial en el país y el gobierno de Trump, constituyéndose en un enorme condensador de un conjunto de crisis, económicas, sanitarias y raciales, que expresan la descomposición de un régimen histórico acabado. Se trata de un régimen político y social que ha gestionado la pandemia en función de sostener los grandes beneficios de gran capital a costa de la vida de los trabajadores, sobre todo de aquellos más sojuzgados, explotados y oprimidos. Las enormes tensiones sociales y políticas subyacentes van a despertar en el país bajo la forma de nuevas rebeliones.

 Emiliano Monge 
 22/07/2021

Cae la expectativa de vida en Estados Unidos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han reportado un descenso de la esperanza de vida en Estados Unidos de un año y medio en 2020 – de 78 años y 10 meses a 77 años y 4 meses en promedio. Entre hispanos y negros, la caída es mucho mayor: tres años. La esperanza de vida se encontraba en alza hasta 2018/9 y retrocedió a los niveles de 2003. Desde la Segunda Guerra Mundial no se observaba un retroceso tan marcado. Asimismo, los especialistas advierten que no habrá una pronta recuperación. 
 Según los estudios, el retroceso es más marcado entre hispanos y afroamericanos por sus niveles de vida y por ser conchabados en los trabajos peores pagos y más expuestos a la pandemia y menor acceso a los centros de salud. Una porción mayor de blancos estadounidenses tuvieron la posibilidad de acceder al "home office" y se desplazan con sus propios vehículos, evitando los transportes públicos. 
 El problema habitacional también impacta con mayor fuerza a hispanos y afroamericanos.
 La Dra. Mary T. Bassett, ex comisionada de salud de la ciudad de Nueva York y profesora de salud y derechos humanos en la Universidad de Harvard, dijo "el coronavirus descubrió las profundas desigualdades raciales y étnicas en el acceso a la salud, y no creo que alguna vez las hayamos superado." (NYT, 21/07). El daño generado en millones de familias y la pérdida de empleos o ingresos puede afectar durante años, principalmente, claro, a afros e hispanos. 
 El déficit sanitario motivó que otras afecciones fueran descuidadas provocando múltiples decesos que no responden directamente al COVID.
 La pandemia ha acentuado afecciones, como las relacionadas con el consumo de opioides, que había provocado un descenso de la esperanza de vida en 2014/5. Ahora 40 estados reportan un nuevo salto. Ha habido un aumento de la brecha en las esperanzas de vida entre las clases sociales. 

 Joaquín Antúnez 
 22/07/2021

Delta, el vacunatorio no alcanza, la pandemia es una cuestión social

En las últimas semanas ha crecido la incertidumbre mundial por el avance de la variante Delta. La misma ha puesto en entredicho las perspectivas de un retorno a la "normalidad". Los relajamientos de las restricciones, que se justifican por la vacunación, han alentado a la expansión de la variante en el viejo continente.
 La respuesta inmune a la variante Delta, por parte de las vacunas desarrolladas hasta ahora, es una incógnita. Análisis preliminares de la vacuna Sinopharm constatan que presenta una respuesta inmunológica similar a la que se obtiene ante un contagio natural, pero produce una caída acelerada en la generación de anticuerpos. El estudio, de la Universidad de Oxford y de Jayewardenepura (Sri Lanka), señala una respuesta inmunológica altísima - 98,9% de inoculados entre 20 y 49 años producen anticuerpos y el 93,3% de los adultos mayores a 60 años. Esa inmunidad se reduce, sin embargo, luego de dos semanas de haber completado la inoculación: "hay una reducción de 1,38 veces de los anticuerpos contra la variante Delta, en comparación con la variante original de Wuhan. En el caso de Beta, la disminución fue de 10 veces; mientras la reducción frente a Alfa fue de 1,3 veces." (Cronista, 21/07). Otro estudio, en Estados Unidos, publicado por el Journal of the American Medical Association (JAMA, siguiendo el inglés) señala que Sinopharm presenta una efectividad del 78,1% para prevenir casos sintomáticos de la cepa original de Wuhan.
 La variante Delta ha puesto en tela de juicio la efectividad del conjunto de las vacunas. Los estudios en tiempo real, como el de Sri Lanka con Sinopharm, se han replicado con las otras vacunas. Especialistas israelíes, del Ministerio de Salud de dicho país, señalan que la vacuna de Pfizer y Bio n' Tech tiene una caída de efectividad al 64%, aunque sigue evitando internaciones, muertes y cuadros graves en un 93% de los casos. Con esta salvedad, los gobiernos seguirán ‘abriendo’ la economía.
 La revista Public Health England, afirma que la vacuna Oxford-AstraZeneca desciende al 60% de efectividad ante Delta, aunque evita hospitalizaciones en el 92% de los casos. Sobre la Sputnik V se ha asegurado un cuadro similar desde el gobierno ruso. 
 La variante Delta desarrolla una mutación en la proteína Spike, logrando "evadir" los anticuerpos, y aumenta la capacidad de infectar más células que las otras variantes. Esto lo afirma The Genotype to Phenotype Japan Consortium (G2P-Japan) en un reciente estudio. 
 El desarrollo de variantes como Delta, más agresivas, pone de manifiesto la precariedad de las vacunas desarrolladas hasta el momento en modo “emergencial”. El combate a la pandemia sigue siendo una tarea social y política, a saber, cortar la circulación viral mediante el aislamiento obligatorio, el testeo masivo y el seguimiento de los contagios, la ampliación del sistema de salud, incluido un mayor reclutamiento de profesionales, una reducción de la jornada laboral y un aumento de los salarios. La población aislada debe ser apoyada económicamente con una retribución igual al costo de la canasta familiar. Para esto es necesario que los estados dejen de pagar la deuda pública, que asciende a los 300 billones de dólares. Esta reorganización social, todavía parcial, ayudará a financiar la mejora de las vacunas conocidas. La ‘apertura’ económica, así como el acaparamiento de vacunas, es responsable de las mutaciones del virus, que se multiplican en un ambiente receptivo. El retorno a la normalidad por la simple razón de aplicar vacunas aprobadas de emergencia ha constatado no ser suficiente para poner fin a la pandemia. Delta se desarrolló en la India y de allí ha llegado al "primer mundo". El apartheid de vacunas ha sido torpedeado por el internacionalismo del coronavirus. 
 El recrudecimiento de la pandemia (‘tercera ola’) ha vuelto a golpear a los mercados, por la sencilla razón de que genera incertidumbre acerca de nuevas inversiones, incluso las financieras. El capital se pisa la cola. Para la humanidad en su conjunto se trata, sin embargo, de la salud y la vida, no de la plusvalía y el lucro. El antagonismo entre las primeras y la segunda hace al corazón del impasse histórico de la sociedad capitalista. 

 Joaquín Antúnez 
 22/07/2021