jueves, febrero 28, 2019

30 años del Caracazo: la rebelión que dio un golpe de muerte al "puntofijismo"



La realidad venezolana se encuentra marcada por la injerencia de Estados Unidos, que junto a la derecha continental, apoya la avanzada golpista encabezada por Juan Guaidó. Pero este 27 y 28 de febrero se cumplen 30 años de la rebelión en las principales ciudades del país que significó un cambio histórico, que abrió una nueva etapa en la lucha de clases, dando un golpe de muerte al gobierno de Carlos Andrés Pérez y su “paquete” neoliberal, muy similar al plan económico que hoy presenta como salida la oposición golpista.

El siguiente artículo constituye extractos de las tesis programáticas fundacionales de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y se centra en la descripción y definición del Caracazo, en un repaso breve por los hechos de la época y las perspectivas que abrió la revuelta. En otros materiales hemos abordado con detenimiento el otro hecho de relevancia que configuró la época siguiente, el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

La rebelión social contra el paquete neoliberal

Esta histórica y contundente protesta contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) y su “paquete” fondomonetarista, expresó la rabia y el hastío del pueblo contra la pobreza, el hambre y las precarias condiciones de vida a que estaba sometido, mientras la corrupción de los gobernantes era pública y notoria, en un país plagado de enormes desigualdades sociales. Fue una explosión de profundo malestar social de los de abajo con la vida que llevaban bajo un capitalismo dependiente en crisis que, para sostenerse, dejaba caer en picada el nivel de vida del pueblo y conducía a millones a la miseria.
El país padecía el enorme peso de la deuda externa y la crisis económica interna, y para cumplir con los pagos de la deuda Carlos Andrés iniciaba su segunda vez en el gobierno con la firma de ese mecanismo perverso de dominación imperialista que se extendió como una plaga por América Latina en los 80 y 90: una “Carta de Intención” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comprometiéndose a medidas de ajuste a cambio de un préstamo –es decir, ¡más endeudamiento!–. De manera que el 16 de febrero, a pocos días de asumir la presidencia, anuncia el paquete de medidas pactado con el FMI: devaluación del bolívar (liberación del control de cambio), reducción del déficit fiscal, que implicaba aumento de las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, teléfono y transporte), duplicación del precio de la gasolina, liberación de precios (a excepción de 18 rubros de la cesta básica), congelamiento de los cargos en la administración pública, liberación de las tasas de interés; acompañadas de algunos programas sociales que no compensaban en modo alguno el impacto del “paquete” neoliberal.
La especulación con los precios y el acaparamiento de productos de consumo popular exasperaban los ánimos, y el alza desmesurada del pasaje del transporte público detonó la mañana del lunes 27 la explosión de rabia del pueblo trabajador y pobre que se expresó en saqueos, barricadas, quema de vehículos, comercios y módulos policiales, choques con la policía y el ejército en Guarenas, Guatire, Caracas, y una decena más de las principales ciudades del país (La Guaira, Catia La Mar, Valencia, Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, San Félix, Puerto La Cruz, Cumaná, San Juan de los Morros), llegando en Caracas a rebasar la represión policial y controlar partes de la ciudad hasta la mañana del 28.
Quienes desde muy tempranas horas viajan diariamente desde Guarenas a trabajar en Caracas, se vieron ese día conminados a pagar un aumento del pasaje incluso por encima del 30% aprobado por el gobierno, desatando la protesta que rápidamente se extendió, por razones similares, en La Guaira, contagiando rápidamente a Caracas y posteriormente al resto del país. El gobierno, por supuesto, descalificó y condenó las acciones: “Los asaltos y los saqueos, la quema de automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática y el gobierno no está dispuesto a tolerarlos”.
Sin embargo en la calle la apreciación era otra. Desde el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez (enero del 58) no se había visto tal sentimiento colectivo de irreverencia y seguridad en la justeza de ocupar las calles y desafiar en masa la represión estatal. Decenas de miles sintieron en las calles la posibilidad de poder desplegar toda la rabia acumulada con la situación de injusticias y padecimientos sociales, era el sentir legitimada cualquier acción “violenta” y “destructiva”.
“En la Intercomunal de Antímano, la turba invadió los depósitos y la fábrica de Pastas Ronco, mientras los propietarios observaban impotentes un robo que parecía no serlo” (El Nacional, 01/03/89). “No estoy arrepentida. Fue un saqueo honrado. En mi casa hay comida y cuatro bermudas, una franela, un par de zapatos y una correa para mí. ¿Lo volvería a hacer?, no sé” (El Diario de Caracas, 07/03/89)[1].
La prensa burguesa reclamaba la existencia de organizaciones que encausaran el descontento:
“¿Dónde están los sindicatos que organizadamente defienden el salario de los trabajadores? ¿Dónde las organizaciones capaces de orientar a los consumidores en la lucha contra el costo de la vida? ¿Dónde los partidos políticos en condiciones de trazar líneas de acción coherentes y racionales a la ciudadanía acerca de la crisis política? Nada de eso existe. Luego, el caos no puede sorprendernos” (El Diario de Caracas, 02/03/89).
Esta queja que daba cuenta del gran vacío de mediaciones políticas e institucionales capaces de contener el malestar de los de abajo.
Como reconociera más adelante Rafael Caldera, en febrero de 1989 el pueblo enardecido “rompió la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana” que se supone era Venezuela, rompió estruendosamente esa fachada de la “democracia para ricos” (como definiera Lenin a la democracia burguesa) que imperaba en nuestro país.

Una rebelión defensiva con gran poder desestabilizador

El Caracazo no fue propiamente una insurrección, al carecer de objetivos de poder y dirección, sin embargo, fue una contundente rebelión popular, defensiva, ante el ataque en regla a las condiciones de vida de la clase obrera y el pueblo pobre, que constituyó una de las más contundentes expresiones de protesta obrera y popular que contra las políticas neoliberales se dieron desde finales de los 80 en América Latina.
Podríamos decir, en todo caso, tomando la expresión de León Trotsky, que se trató de una “insurrección de fuerzas elementales”: “un movimiento de masas que, ligado por su hostilidad al antiguo régimen, no tiene perspectivas claras ni métodos de lucha elaborados, ni dirección que conduzca conscientemente a la victoria”[2]. En este sentido, la definición como rebelión o revuelta permite comprender los límites de esta gran explosión de malestar social. “El día que los cerros bajaron”, el “Caracazo” o “el sacudón”, entró así en la historia de las numerosas revueltas que los explotados, explotadas y pobres han protagonizado a lo largo de la historia ante situaciones inaguantables, acciones espontáneas, con alto nivel de violencia incluso, pero defensivas, por cuanto no tienen como objetivo reemplazar el orden existente sino mostrar, in extremis, la inconformidad con el mismo.
En nuestro caso, esta revuelta significó la apertura de un período de auge de la lucha de clases e inestabilidad política: fuerte movilización social, enfrentamiento entre los poderes del Estado, fractura en las Fuerzas Armadas, alta abstención electoral, fin del bipartidismo y desprestigio de las instituciones.

La izquierda reformista: del otro lado de la barricada

Los partidos de la izquierda reformista y parlamentaria estaban totalmente desligados de la calle. Ni el Movimiento Al Socialismo (MAS) ni La Causa Radical (LCR) eran parte del movimiento, tampoco tuvieron política para empalmar con él, muy al contrario, se ubicaron claramente del lado del “orden” y la “democracia” para ricos. La Causa R, con importante inserción y ascendencia en el movimiento obrero, así como con tribuna parlamentaria, declaró, en boca de su diputado y secretario general, Pablo Medina: “deploramos todos los sucesos ocurridos y ratifico el repudio a quienes protagonizan hechos de vandalismo y violencia en perjuicio de pequeños comerciantes y consumidores”. El MAS publicó un remitido en la prensa nacional abogando por un “programa de ajustes mas gradualista, equilibrado y equitativo”(¡!), al tiempo que decía “es necesario restablecer el orden político sin suspender las garantías. Es cierto que ha habido graves desbordamientos y se ha creado un clima de zozobra, inseguridad y miedo”[3].
¡Esta era la posición de los dos partidos más importantes de la izquierda, mientras miles acababan de morir a manos de la represión, estaba decretado el Estado de sitio, y continuaba la represión selectiva en los barrios y los cerros de Caracas! No solo demostraron una completa impotencia para enfrentar el paquete de medidas que había llevado a la rebelión de las masas, sino que, en el caso del MAS, tenía acuerdo con la política misma de hacer “ajustes” contra el pueblo –aunque de manera “gradual”–, y de conjunto, a pesar de tibias críticas, avalaron la represión desatada por el Estado de los capitalistas. Al extremo que Teodoro Petkoff, principal dirigente del MAS, declaró que “cuando el Presidente nos llamó para anunciarnos la suspensión de las garantías yo le dije que esa iba a ser la orden para un baño de sangre”[4], es decir, ¡sabían lo que se iba a desatar pero siguieron ubicados en la acera de los que abogaban por el “restablecimiento del orden”!
Estos partidos mostraron nítidamente su carácter completamente adaptado e integrado al régimen burgués, sin ninguna perspectiva para dar al traste de manera revolucionaria con el orden capitalista, limitando su política opositora a ganar cuotas de poder en el mismo sistema de dominio para acometer alguna que otra reforma parcial, o incluso para pasar ellos mismos a aplicar los planes capitalistas, como fue el caso del MAS apoyando luego a Rafael Caldera y brindándole dirigentes para su gobierno neoliberal.

El auge de luchas obreras, populares y estudiantiles tras la revuelta

Luego del Caracazo asistimos a un fuerte incremento de las luchas obreras y populares en el país, haciéndose cotidianas las movilizaciones de calle de diversos sectores de los trabajadores (maestros, obreros, empleados públicos, médicos, profesores, jubilados, etc.), estudiantes de liceos y universitarios, y sectores populares, sin que faltaran los enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado: sólo en el año ’91 se contaron 25 asesinatos estudiantiles a manos de la represión.
La burocracia sindical de la CTV decía: “Aún no nos hemos puesto de acuerdo en el tipo de respuesta, pero todos coincidimos en que hay que darla. De lo contrario seremos rebasados por los propios trabajadores”. Así, el 18 de mayo de aquel 1989, apenas mes y medio después de restituidas las “garantías constitucionales”, se declara el paro nacional, la central de trabajadores más importante del país, aliada de siempre del Estado y las políticas de la burguesía, garante durante décadas de la “paz laboral y social”, se vio obligada a llamar a un paro general de 24 horas, el primero en 31 años de puntofijismo.
El Universal, diario fundamental de la burguesía, entendía a la burocracia sindical: “El movimiento sindical está actuando con grandes signos de madurez y buscando en esta acción recuperar el liderazgo sobre las grandes mayorías trabajadoras del país. Su responsabilidad es muy grande, pues si no saben manejar debidamente la situación perderán definitivamente su liderazgo y el campo quedará despejado para la más perniciosa demagogia y la más disolvente anarquía”.
El paro no sirvió como válvula para descomprimir la rabia social acumulada. En el movimiento obrero se desarrollaban procesos antiburocráticos que minaban el control de la burocracia cetevista, o directamente la desplazaban –algunos procesos venían de antes del ’89, como en el sector siderúrgico, donde en el ’87 habían sido desplazados los burócratas de la CTV que mantenían intervenido el sindicato. Estas tendencias, aunque incipientes, daban cuenta de cómo se expresaba también la crisis del régimen en el seno de los asalariados, que buscaban caminos para sacarse de encima la losa burocrática y avanzar en la construcción de organismos eficaces para la lucha por sus reivindicaciones, es decir, para enfrentar los planes de la burguesía y el imperialismo a través de los métodos de la democracia obrera.

La crisis terminal del “Pacto de Punto Fijo”: golpes, juicio y caída de CAP, fin del bipartidismo

El Caracazo marcó el inicio de la desintegración del régimen puntofijista. A la embarazosa situación en que se encontraba la burocracia de la CTV, pata sindical del régimen, vino a sumarse la crisis al interior de las FF.AA.: fracciones de esta institución represiva, pilar del orden capitalista, rompieron el “consenso” del que venía gozando durante décadas la “democracia” del Pacto de Punto Fijo, lanzándose al golpe de Estado con el objetivo de producir por esa vía un cambio de gobierno (o de régimen). Son los golpes de Estado fallidos del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 –¡dos golpes de Estado en menos de un año!–.
El 4-F y el 2-N no obedecieron a una misma dirección –ni política ni organizativa– sino a movimientos distintos, con signos ideológicos diversos incluso al interior de cada uno, mostrando que la rebelión del ’89 y la gran crisis social y política que le siguió impactaban a tal punto que distintas corrientes ideológicas se movían conspirando al interior de las FFAA.
Al año siguiente, por primera vez en la historia democrática del país un presidente en ejercicio era enjuiciado, destituido y encarcelado: en las calles el “¡Fuera CAP!” era una constante, así que un sector de la clase dominante y sus partidos decidieron sacrificarlo, sacándolo de escena en mayo del ’93, por vía institucional y por los cargos de “corrupción”, antes que fuera sacado desde abajo mediante las movilizaciones o por un nuevo golpe militar.
Hacia las elecciones de finales del 93, la crisis del bipartidismo se expresó en las fuertes disputas internas entre sus corrientes y divisiones, que darán un salto cuando Caldera, experimentado político burgués y padre del puntofijismo, deja en el camino a COPEI y funda Convergencia, ganando las elecciones con una coalición heterogénea –“el chiripero”– que iba desde la centro-derecha a la izquierda reformista y stalinista del MAS y el PCV, respectivamente.
Por primera vez en más de tres décadas de “democracia” en el país, AD o COPEI no ganaban la presidencia y no obtenían cada uno ni una cuarta parte del total de votos nacionales. A lo que hay que agregar las denuncias de fraude –no sin fundamento– por parte de la candidatura de Andrés Velásquez, de La Causa Radical (LCR), con importante inserción y ascendencia en el movimiento obrero y popular: quedó como incógnita histórica si realmente no fue Velásquez quien ganó las elecciones. En todo caso, el bipartidismo, mecanismo clave de décadas de puntofijismo, estaba muerto.

Se abrió una nueva etapa

Era un hecho que la burguesía no podía seguir gobernando con el mismo personal político y los mismos partidos con que había venido gobernando desde el 58. Tampoco podía seguir gobernando de la misma manera que en las décadas precedentes. El chavismo, el nuevo régimen que sucederá al puntofijismo, no puede explicarse sin las jornadas de febrero del 89 –y sin el enorme vacío de referencia por izquierda que había en el país.
Estos dos días en que la rabia popular se adueñó de las calles, cuya osadía debió pagar con 300 muertos según el saldo oficial, 3.000 según las organizaciones de derechos humanos, en que los tanques y fusiles del ejército ocuparon las calles, entradas de los barrios pobres e incluso las casas, demostraron claramente la falsedad de la convivencia pacífica entre explotadores y explotados, la idea de la colaboración de clases… una idea que, sin embargo, sostendrá luego Chávez en nombre de la “revolución bolivariana”.

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

Notas

* Este artículo es una versión resumida del primer capítulo de las "Tesis Programáticas" que sirvieron de base para la fundación de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) en mayo de 2007.

[1] Estas reseñas periodísticas de la época están reflejadas en el libro La insurrección de febrero. Un análisis para la lucha revolucionaria, Elio Colmenarez, Ediciones La Chispa, 1989.
[2] Trotsky, León, Historia de la revolución rusa, capítulo XX, “El arte de la insurrección”.
[3] Ibídem, "La insurrección de febrero".
[4] Ídem.

Feminismo y posmodernismo: qué hay detrás del libro Teoría King Kong



Existe desde hace mucho tiempo en el feminismo y el movimiento de mujeres a nivel mundial una vertiente que defiende la práctica de la prostitución. Esta defensa parte de una caracterización de la prostitución como “trabajo sexual” (ver “Trabajo sexual”: el caso alemán), es decir como una forma de explotación indiferenciada de cualquier otra como por ejemplo, el trabajo en una fábrica textil, en una oficina, o incluso el trabajo doméstico. En Europa en particular, esta defensa no puede ser separada de los procesos de legalización de la prostitución llevados a cabo en varios países y que permitió no sólo el aumento del PBI de los países más pobres de la Unión Europea, sino que también facilitó la movilización de mujeres para explotación sexual de manera legal de un país a otro dentro de la UE. Es decir que esta vertiente representa la cobertura feminista de un enorme negociado capitalista a costa de las mujeres más pobres.
Esta cepa del feminismo forma parte a su vez de un corpus posmoderno más amplio llamado “política de la identidad”, que pone el foco no en las diferencias de clase, sino en las formas políticas basadas en las diferencias de etnia, color, género, etc. Se basa en la consideración de formas de opresión “paralelas” (el patriarcado, el racismo, etc.) negando que sean formas de sometimiento reproducidas y profundizadas por el régimen capitalista. Por lo tanto, estas corrientes son ajenas no sólo a la importancia de forjar la unidad de todos los sectores oprimidos de la sociedad, sino principalmente pasan por alto a la clase obrera como sujeto político. En definitiva, esta política no refleja otra cosa que la desmoralización respecto de poder terminar con el capitalismo y con todas las formas de opresión.
El libro Teoría King Kong, de Virginie Despentes (2007), que ha sido recientemente reeditado con un gran éxito en ventas y al que muchos toman como una referencia, es un claro exponente de esta vertiente posmoderna y defensora de la prostitución dentro del feminismo. El texto relata las vivencias de la autora en su juventud, y describe muy bien varios aspectos acerca de la opresión que sufrimos las mujeres en esta sociedad machista. A partir de una violación sufrida durante su adolescencia – episodio que somete a un polémico análisis –, la autora narra su experiencia como prostituta y desarrolla reflexiones acerca de esta práctica. Finalmente analiza cómo todas estas vivencias fueron cambiando su forma de ser/actuar mujer, cómo ella aprendió a “jugar el juego” en esta sociedad.

Libertad para NO ser violadas

La experiencia personal de Despentes como joven que sufrió una violación, y como mujer que más tarde ejerció la prostitución de forma “placentera y agradable” – según su propia descripción – es el eje que atraviesa el libro. La autora quiere combatir una visión que ella considera condescendiente acerca de cómo son afectadas las mujeres violadas (por ejemplo la manera en que muchas veces el sólo hecho de haber sobrevivido a una violación es presentado como la prueba de que “tan desagradable no fue, si no, hubieras peleado con tu vida para evitarla”), pero se termina pasando al campo de la total banalización de las violaciones, en este sentido cita a la escritora norteamericana Camille Paglia quien sostiene que “la violación es un riesgo inevitable que las mujeres que quieran salir de sus casas deben correr, y si te sucede desempólvate y sigue la vida (give us the freedom to risk rape)” [Danos la libertad de arriesgarnos a ser violadas]. En cuanto a la violación sufrida por la autora, ella la define como el precio que ella pagó por su libertad. Inmediatamente después plantea una respuesta “tecnológica” y punitivista al problema, una especie de dispositivo que las mujeres se podrían colocar en la vulva y que destruiría a los penes que quieran “entrar sin permiso” – como si la penetración vaginal fuera la única forma de agresión sexual. Es importante destacar que no hay ninguna reflexión acerca de qué lleva a los hombres agresores a actuar de esa manera, sus raíces sociales, y por lo tanto, qué se puede hacer para terminar con ello. No plantear otra cosa que salidas individuales a la opresión de las mujeres es una constante en este libro.

Prostitución

Otra cuestión que aborda el libro es la de cómo deberíamos actuar las mujeres en esta sociedad que es machista y patriarcal. “Jugar el juego” es una frase que aparece de forma constante en este libro, lo cual representa una tremenda contradicción: si se critica a esta sociedad por el rol sumiso y dominado que la misma le asigna a las mujeres, ¿cómo es que “jugar el juego” ayudaría a cambiar algo? Nos encontramos siempre con la misma cuestión: este no es un libro que plantee cambiar nada de fondo.
Una forma de “jugar el juego” sería, para esta autora, el ejercicio de la prostitución, en la cual las mujeres tomarían el control de la situación. Sin embargo, ella misma es crítica del hecho de que las mujeres que ocupan los mejores puestos laborales son “aquellas de entre nosotras que saben mejor doblar la rodilla y sonreír bajo la dominación”. No dedica una sola línea a mencionar que la condición de clase es fundamental a la hora de acceder a los mejores puestos laborales. Siguiendo la lógica de Despentes, ¿cómo es posible que esto y la prostitución sean algo diferente?, o mejor dicho, ¿por qué uno estaría bien y lo otro mal? ¿Acaso no serían ambas maneras de “jugar el juego”?
Por otra parte, para Despentes las mujeres que “viven de sus maridos o ex maridos no pueden juzgar a las prostitutas, porque ellas hacen lo mismo pero aceptado socialmente”. Llevado al extremo este argumento, quizá Despentes estaría de acuerdo con un “salario de esposa”. Es decir que frente a la opresión en el seno del hogar, se pregona como salida la mercantilización de la mujer, en la cual la propia mujer decidiría “libremente” a quien vender y comprar su cuerpo-mercancía. Es una apología notable de la degradación y cosificación del cuerpo bajo el capitalismo.
Esta visión apologética se basa en la experiencia personal de Despentes sobre la prostitución: una experiencia de mujer blanca, de clase media, que podía elegir a sus clientes. Pero el sometimiento del cuerpo de la mujer como mercancía es lo contrario de la “libertad”. Este sometimiento sigue todas las tendencias del capitalismo en descomposición. Por eso, su caso de prostitución “agradable” no es representativo de la prostitución como fenómeno social mundial. La trata de personas para explotación sexual involucra a 4.8 millones de personas (en su gran mayoría mujeres y niñas) a nivel mundial, número que crece exponencialmente si se le suma la prostitución que es considerada “voluntaria”. La legalización y la explotación clandestina son dos caras de la moneda de esta explotación capitalista, como lo muestra el caso alemán. La autora, sin embargo, no niega que existan distintos tipos de prostitución, pero ella los quiere ´compartimentar´ de esta manera para terminar defendiendo la práctica en su conjunto. Por el contrario, no exhibe ningún interés en profundizar el análisis del fenómeno y considerar cuáles formas de prostitución tienen más peso, de cuál participan más mujeres, cuáles son los riesgos que existen para estas personas, cuántas mujeres tienen realmente la posibilidad de hacer algo diferente, etc.
En estas condiciones, la apología de la prostitución “agradable” es, para las masas, una utopía pequeño burguesa y reaccionaria.

Feminismo de adaptación al régimen

“La revolución feminista no ha reorganizado el cuidado de los niños ni las tareas domésticas”. Esta es una de las conclusiones de Despentes respecto de la llamada Segunda Ola del Feminismo. Lamentablemente no hay ningún desarrollo o reflexión acerca de por qué eso no ha cambiado, cuáles fueron los límites de aquel movimiento, ni tampoco acerca del mecanismo social por el cual al sistema capitalista le es funcional que dichas tareas sean realizadas por las mujeres. Muchísimo menos una estrategia para terminar con dicho sistema. Esto, sin embargo, es totalmente coherente con las ideas políticas de la autora, quién en diversas entrevistas ha sostenido que no ve ninguna posibilidad de una revolución, si bien confiesa no desarrollar ninguna práctica política cotidiana.
Bajo la forma de una apología de la prostitución como “toma de control” por parte de la mujer, se cuela una apología de todo el régimen, que se basa en la igualdad formal en la producción de mercancías. Por eso omite sistemáticamente cómo la pertenencia a determinada clase social limita muchísimo las formas de actuar con más o menos “libertad”. Los límites teóricos del enfoque que separa una crítica a la opresión de la mujer de una crítica al capitalismo quedan crudamente expuestos. Sus “conclusiones” responden a una mentalidad que tiene a este régimen social como única posibilidad de organización de la humanidad hasta el fin de los tiempos.
¿Por qué entonces este libro es tan exitoso y considerado como una referencia insoslayable en el feminismo? ¿Por qué Virgine Despentes es llamada “una referente indiscutible del feminismo”? Pues porque estamos frente a una variante feminista de adaptación a este régimen social. No es casualidad entonces que Teoría King Kong sea material de lectura de la mesa chica de la Casa Rosada, según Clarín (24/02).
Estamos en un momento en el cual las luchas de las mujeres, o del movimiento LGTB alcanzan una gran masividad, pero conservan enormes ilusiones en salidas que no cuestionen el régimen capitalista en su conjunto. Las teóricas de la pequeña burguesía, como Despentes, empalman con esta subjetividad proponiendo “salidas” individuales en el marco del régimen. Como socialistas, en cambio, llamamos a tomar conciencia de que en un cuadro de bancarrota capitalista, y crisis políticas, el movimiento de la mujer tiene un potencial revolucionario enorme para terminar con el régimen social que está en la base de todas las formas de opresión.

Luciana Layton

La “querella argentina”, una batalla contra la impunidad del franquismo

El documentalista Dietmar Post presenta “La causa contra Franco” en el Centre Cultural Octubre de Valencia

En agosto de 1936 las tropas franquistas bajo el mando del general Yagüe sembraron el terror en la ciudad de Badajoz, con masacres como la ocurrida en la plaza de toros; la cifra de republicanos muertos varía según las fuentes, pero podría acercarse a las 4.000. En febrero de 1937, el crucero italiano Eugenio di Savoia bombardeó Barcelona con un balance de 18 muertos; en esas fechas se produjeron los primeros ataques navales y aéreos del fascismo italiano sobre Valencia, y el uno de abril las bombas de los junkers alemanes causaron cerca de 159 muertes en Jaén.
El 26 de abril la Legión Cóndor nazi y la fuerza área italiana arrojaron toneladas de explosivos sobre Gernika, un mes después del bombardeo de Durango. También fueron víctimas de los ataques por mar y aire los civiles que huían –en la llamada “desbandá”- a través de la carretera Málaga-Almería, en febrero de 1937 (el éxodo de la población civil pudo alcanzar las 300.000 personas y el de muertes por las bombas, un mínimo de 5.000); además, según el historiador Javier Rodrigo, los 180 campos de concentración del franquismo acogieron a cerca de medio millón de internos (el último campo, en Miranda de Ebro, fue clausurado en 1947); las víctimas de desaparición forzada -enterradas en cunetas y fosas- superan las 100.000. Asimismo, según el Ministerio de Justicia, en el territorio español se distribuyen 2.500 fosas comunes del franquismo, la mayor de ellas ubicada en el valle de Cuelgamuros, en Madrid.
“Todos estos lugares fueron silenciados durante décadas”, afirma Dietmar Post, co-director junto a Lucía Palacios del documental de 97 minutos “La causa contra Franco: ¿El Nuremberg español?”, estrenado en septiembre de 2018 en la sala Mirador de Madrid. El antecedente de la película se sitúa en 2010, cuando el Tribunal Supremo español dictó un auto de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo (Garzón fue absuelto en 2012 del presunto delito de prevaricación). Así, la batalla contra la impunidad continuaba. El documental tiene como punto de inicio y desarrollo la denominada “querella argentina”, presentada el 14 de abril de 2010 por asociaciones y familiares de las víctimas para que se investigara el “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad” franquistas y se condenara a los autores.
La instructora de la querella es María Servini, jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires, que ordenó la detención preventiva con fines de extradición –basándose en el principio de jurisdicción universal- de 24 presuntos responsables de los delitos. Las dos resoluciones de Servini –septiembre de 2013 y octubre de 2014- imputaron entre otros a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales el tres de marzo de 1976 cuando la represión policial de una huelga en Vitoria terminó con cinco obreros asesinados y más de 150 heridos; otro de los imputados es el policía Juan Antonio González Pacheco (“Billy el niño”), por presuntas torturas contra 15 detenidos entre 1971 y 1975 (en julio de 1977 el BOE publicó la orden firmada por Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, que otorgaba la Medalla de Plata al Mérito Policial al inspector González Pacheco).
“La justicia y el gobierno españoles se negaron a colaborar con la jueza Servini y le impidieron tomar declaración a los acusados”, explica el documental; dos de los argumentos centrales del Estado español figuran en la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo: la prescripción de los delitos y la Ley de Amnistía aprobada en octubre de 1977, que la sentencia del alto tribunal califica como “un pilar esencial, insustituible y necesario para superar el franquismo” y una medida, entre otras, orientada “hacia la reconciliación nacional, en la que se buscó que no hubiera dos Españas enfrentadas”.
La citada Ley 46/1977 establece la amnistía para “los actos de intencionalidad política” tipificados como delitos y faltas por la dictadura, pero también –en el artículo segundo- para “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. En octubre de 2017, Amnistía Internacional presentó 205.000 firmas ante el Ministerio de Justicia en las que se pedía que la Ley de Amnistía “no sea un mecanismo de impunidad”, y recordó que –desde 2013- cinco organismos de Naciones Unidas han instado a la derogación del texto legal, por su “incompatibilidad” con las obligaciones internacionales del Estado español. Además, el pasado 20 de marzo el Congreso de los Diputados rechazó –con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos- la propuesta para una reforma de la Ley 46/1977 de Amnistía, de modo que pudieran investigarse los crímenes del franquismo; la reforma fue defendida por Unidos-Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu, el PDeCAT y Compromís.
Dietmar Post ha presentado “La causa contra Franco” en el Centre Cultural Octubre de Valencia, en un acto organizado por Associació Ciutadana i Comunicació (ACICOM), Acció Cultural del País Valencià y el grupo municipal de EUPV-IU en Aldaia. Lucía Palacios y Dielmar Post estrenaron en 2013 el documental “Los colonos del caudillo”, que analiza la dictadura a partir de uno de los 300 “asentamientos” – el de Llanos del Caudillo (Ciudad Real)- construidos por el Instituto Nacional de la Colonización adscrito al Ministerio de Agricultura franquista.
Los ejemplos incluidos en “La causa contra Franco” podrían prolongarse hasta hoy. Tres familiares de Enrique Suárez Ferrera presentaron el 13 de febrero una denuncia en el Consulado de Argentina en Madrid por la desaparición de este minero y vecino de La Rina (Asturias), tras ser detenido por la guardia civil en abril de 1948; los allegados piden la exhumación de la fosa de Pozo Funeres, donde supuestamente fue arrojado Enrique Suárez con otros tres capturados el mismo día. El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias de víctimas interpusieron el 31 de enero una querella en los juzgados de la ciudad contra 25 personas –entre ellas siete policías y siete gobernadores militares-, acusados de los delitos de genocidio y lesa humanidad en la guerra de España y la dictadura. La querella se fundamenta en los testimonios de 136 víctimas y sus familiares que, informó el consistorio, serán incorporados a la causa instruida por la jueza Servini.
“Mi padre y otros fueron a misa y, cuando salieron, les esperaba una pareja de la guardia civil y dos chicos jóvenes de 17 años, de aquí de Busturia (Vizcaya), vestidos de falangistas ya. Se llevaron a mi padre y al otro a Bermeo (Vizcaya) y ya no les vimos más”. Es el testimonio de los hermanos Julen y Elisa Kalzada sobre la suerte de su padre, Doroteo Kalzada, recogido en “La causa contra Franco”. Concejal del PNV de Busturia, Doroteo Kalzada fue fusilado por las tropas franquistas en junio de 1937; María Servini tomó declaración a los dos hermanos en los juzgados de Gernika, en 2014.
Otro querellante en la causa argentina es Antonio Narváez, que en septiembre de 2015, con 82 años, declaró en los juzgados de Sevilla por el fusilamiento de su padre y su madre -en julio de 1936- perpetrado por unos falangistas; su voz se incluye en el documental de Dietmar Post y Lucía Palacios, al igual que el testimonio de Elsa Osaba, hija y sobrina de refugiados republicanos españoles en Francia; “Mi tío Francisco, cuando llegan los alemanes, es conducido a unos stalags (campo para prisioneros de guerra) y de ahí llegó en un convoy a Mauthausen, en abril de 1941”, recuerda. “Yo conozco a centenares de personas que han sido torturadas por Muñecas: bañera, electrodos, golpes…”, afirma el antropólogo forense Francisco Etxeberria. El capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, figura entre los acusados por Servini en el auto de 2013, por presuntas torturas a Andoni Arrizabalaga tras su detención -en agosto de 1968- y permanecer 22 días incomunicado. El documental incluye entrevistas con la hija del general Yagüe y con José Utrera Molina, fallecido en 2017; el político de extrema derecha desempeñaba el cargo de ministro-secretario general del Movimiento cuando la dictadura ejecutó al militante libertario Salvador Puig Antich.

Enric Llopis

Un concierto por Colombia



Empecemos por el principio y sin rodeos. Según la Comisión Europea, con ase en su propio índice (elaborado por el Comité Inter-Agencias Permanente del Grupo de Referencia sobre Riesgos, Advertencias Tempranas y Preparación, INFORM), Colombia es el país de Latinoamérica con mayor riesgo de crisis humanitaria, por encima de Guatemala, México, Honduras y, por supuesto, de Venezuela.
Un niño pobre en Colombia tendría que esperar 330 años en promedio para dejar de serlo, según informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se requiere el paso de 11 generaciones.
Uno de cada diez niños en Colombia sufre desnutrición crónica, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indica que entre 2012 y 2016 han muerto 1.562 niños por desnutrición en todo el territorio nacional. Según la misma Unicef, 1 de cada 3 niños viven en condiciones de pobreza multidimensional y la mitad de los niños menores a dos años están en hacinamiento crítico.
Colombia ocupa el tercer puesto, entre 175 países, con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo, según el último informe de la organización internacional no gubernamental Save the Children para los años 2015-2017.
En los últimos 11 meses, fueron asesinados 162 defensores de derechos humanos y líderes sociales en 99 municipios de todo el país, según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Según el último informe de Transparencia Internacional, Colombia ha empeorado su índice de Percepción de Corrupción, que ya está en la posición número 99 de los 180 países analizados. La corrupción en Colombia cuesta anualmente 18.400 millones de dólares, según la propia Contraloría general del Estado; eso supone algo más del 5% del PIB, o el 15% del presupuesto nacional.
En Colombia los ataques contra periodistas se incrementaron en un 89% entre 2015 y 2018, según la Fundación para la Libertad de Prensa. De hecho, Colombia se encuentra (junto a México y Brasil) entre los 14 principales países del mundo donde los asesinos de periodistas no son castigados en los tribunales, según el índice global de impunidad elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas.
Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos en el mundo, con 7,7 millones de personas en 2017, según la investigación publicada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En lo económico, el peso de la actividad industrial en Colombia retrocedió del 25 al 12% del PIB entre 1970 y 2016, según cifras del Banco Central de Colombia. Y, por el contrario, la banca ganó peso en los últimos años y sus activos alcanzaron a representar el 48% del PIB (cuando la cifra era de 23% en 1990). El 55% de los trabajadores gana menos del salario mínimo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alerta de una situación muy problemática en Colombia. En su último reporte señala lo siguiente: “los sistemas y herramientas de supervisión antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo y existen importantes brechas en la supervisión de las actividades”. Dicho informe determina que Colombia ha desconocido la realidad del monto total del dinero que se lava en el país. En un estudio del Banco Mundial, se estimó que el volumen de activos lavados en la economía colombiana asciende al 7,5% del PIB.
Por su parte, en el terreno democrático, Colombia es el país de la región con el nivel más bajo de participación electoral de toda Latinoamérica. Entre años 1994 y 2018, el promedio de abstención electoral para citas presidenciales fue del 54,21%. Dos datos adicionales constatan esta debilidad del sistema democrático colombiano: a) en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, la abstención fue del 62,57%, y b) la consulta popular anticorrupción realizada en 2018 tuvo una abstención del 67,96%.
Por todo ello, y por mucho más, Excelentísimo Presidente de la República de Colombia, Señor Iván Duque Márquez, le propongo que convoque al Grupo De Lima para tratar de obtener ayuda para su país que, por lo visto, lo necesita según los datos de múltiples organismos internacionales. Le sugiero que acuda a Naciones Unidas o, si le gusta más, a la Organización de Estados Americanos (OEA), para encontrar los apoyos pertinentes para su país. Y si nada de esto le apetece, siempre le quedará lo del concierto.

Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

miércoles, febrero 27, 2019

Contra el golpe en Venezuela y por una salida de los trabajadores a la crisis



La izquierda marchó a la Embajada yanqui.

La izquierda se movilizó esta tarde a la Embajada de Estados Unidos, para repudiar la tentativa de un golpe imperialista en Venezuela y la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, que ha recibido el apoyo del gobierno de Donald Trump y sus socios en América Latina.
Impulsada por el Frente de Izquierda, la movilización contó con la participación de las fuerzas que lo componen –Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista-, así como del MAS y el MST.
Dialogaron con Prensa Obrera los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano, Marcelo Ramal y Néstor Pitrola y los referentes Juan Carlos Giordano (IS) y Myriam Bregman (PTS).
Solano señaló que “venimos como parte de una lucha contra la penetración imperialista en toda la región” y destacó que “no vienen a la Embajada los que nos proponen un ‘frente antimacrista’ ni mucho menos el kirchnerismo, que de manera sibilina está apoyando al imperialismo europeo en una política golpista y de penetración imperialista bajo otros intereses. Acá está la izquierda que lucha contra el FMI, contra los pactos políticos que provocan que la crisis la paguen los trabajadores. La política argentina y la política internacional tienen que tener una coherencia. América Latina está en un momento decisivo y rechazamos el golpismo en la región”.
Por su parte, Ramal advirtió que “toda esta intentona golpista está diseñada por el imperialismo y luego por sus socios en América Latina. Queremos denunciar muy particularmente la perfidia y la complicidad del gobierno macrista, que por decreto ha resuelto adherir a la extorsión económica y política sobre Venezuela. Macri no está solo: tiene otros socios locales como [el senador del PJ Miguel Ángel] Pichetto, que ha pedido que el Congreso legalice esta misma extorsión. Y un kirchnerismo que mira para otro lado y pide un diálogo y una paz mentirosa, porque no puede haber diálogo y paz sobre la base del asedio económico y militar. Señalamos a su vez que el nacionalismo capitalista, el nacionalismo que no alteró las relaciones de propiedad en Venezuela y que hoy se encarna en un régimen en descomposición como el de Nicolás Maduro, es el que en definitiva le ha abierto paso a toda esta intentona derechista. Nos movilizamos contra el golpe, por una salida obrera y socialista para los trabajadores y los explotados de Venezuela y de toda América Latina”.
Bregman aseveró que “si el imperialismo yanqui logra salirse con sus planes en Venezuela, se fortalecen los gobiernos como los de Bolsonaro y el de Mauricio Macri” y que la respuesta que hoy da la izquierda “es la que no dan otros que fueron aliados del chavismo y que hoy guardan silencio porque quieren quedar bien con el FMI y la política de Estados Unidos. Por su parte, Giordano repudió a “la derecha de Guaidó y el imperialismo norteamericano” al tiempo que señaló el carácter “hambreador y represivo” del gobierno de Maduro, a quien “queremos echar con la movilización autónoma e independiente, por una salida obrera y popular a la tremenda crisis humanitaria, en camino a un gobierno de trabajadores: por el aumento de salarios, que el petróleo sea 100% venezolano, se nacionalice la banca y el comercio exterior, no se pague la deuda”.
Para Pitrola, que habló en el acto por el PO, la marcha de hoy se ubica “en la ruta histórica de las mejores tradiciones antiimperialista del pueblo argentino y de la izquierda revolucionaria” y que en la lucha contra el golpe de Estado promovido por el imperialismo y los mandatarios latinoamericanos nucleados en el Grupo de Lima “se juega el futuro de América Latina: las bases militares norteamericanas, las tropas en Haití, los pactos militares y la salida por derecha en todo el continente. Estamos en campaña contra todo ello, con un programa antiimperialista. El Partido Obrero destaca el fracaso del operativo del 23F [de entrada del imperialismo con la excusa de la “ayuda humanitaria”] y también la impotencia de Maduro, que no expropia al capital, que no deja de pagar la deuda y que se basa en las Fuerzas Amadas, fracasando en movilizar a la clase obrera y al pueblo de Venezuela que está exhausto y en medio de una catástrofe”.

Prensa Obrera

Cuando ponderamos la democracia israelí celebramos la violencia de la ocupación



Unos palestinos cruzan el punto de control de Belén, para dirigirse a la Mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén durante el Ramadán, el 18 de mayo de 2018.

En los países democráticos las elecciones se describen convencionalmente como "una celebración". Pero en una realidad no democrática de ocupación militar interminable, se convierten en una abierta celebración de la violencia de los poderosos.
“Mientras no posea el derecho a votar firme e irrevocablemente, no soy dueño de mí mismo. No puedo engañar a mi mente, es artificial para mí. No puedo vivir como un ciudadano democrático observando las leyes que he ayudado a promulgar, solo puedo someterme a los dictados de otros".
El Dr. Martin Luther King Jr. pronunció estas palabras en 1957 en su discurso "Danos el voto", como parte de su intento de desafiar la realidad en el sur profundo de Estados Unidos, donde los negros eran ciudadanos y aún así se les negaba con varios trucos el derecho a votar. Para los palestinos que han vivido bajo el Gobierno de Israel desde 1967, el simple derecho a votar no es una opción.
En unos meses el pueblo acudirá a las urnas para otra ronda de elecciones en la que nosotros, los ciudadanos israelíes, votaremos y tomaremos decisiones no solo sobre nuestro propio destino, sino también sobre el destino de millones de personas a quienes se les niegan perpetuamente los derechos políticos. Las regulaciones y órdenes que dictamos continuarán promoviendo nuestros intereses mientras administran sus vidas. Todo lo que pueden hacer es someterse al gobierno de otros.
En los países democráticos, las elecciones se describen convencionalmente como "una celebración de la democracia". Pero en una realidad no democrática las elecciones se convierten tristemente en una celebración abierta de la violencia.
Irreflexivamente, las campañas electorales en Israel se celebran sin pensar en los privilegios de las personas que pueden votar mientras muestran una apatía casi completa acerca de la exclusión de millones de sujetos. Los palestinos, por supuesto, no necesitan que se les recuerde su condición, son muy conscientes de la realidad en la que viven. Pero aún así, una situación en la que cada pocos años los israelíes pasan meses preguntándose exactamente cómo deben continuar controlando las vidas de otros, marca el punto más bajo de la violencia que hemos internalizado.
Tanto si el discurso público durante las elecciones incluye un debate sobre estos temas o si los políticos y el público hacen todo lo posible para evitar mencionar la ocupación, las decisiones políticas que toman los israelíes determinan cómo afianzar el régimen de ocupación. Determinamos desde fuera cómo manejaremos la enorme prisión que es la Franja de Gaza, cuántas casas derribaremos, cuántas comunidades desplazaremos en Cisjordania y cuántas familias palestinas serán privadas de sus hogares en Jerusalén Este.
Mientras tanto, día a día y semana a semana, estamos asistiendo a una campaña electoral en la que los señores de la tierra llevan constantemente a casa su mensaje: nadie toma en cuenta a los súbditos del Gobierno militar. A medida que continuamos poseyendo sus vidas, opiniones y sentimientos, no tenemos ningún problema en continuar participando en nuestros debates políticos sobre sus cabezas. Lo hacemos abiertamente, al tiempo que nos enorgullecemos de nuestro "debate vibrante" y nuestra "celebración de la democracia". Y lo hacemos negando total y casualmente la humanidad de millones de personas cuyo destino también se determinará para los próximos años.
Inmediatamente después de la campaña electoral, y en los años intermedios previos a la siguiente, confiaremos en estas "elecciones democráticas" para justificar lo que hacemos a nuestros súbditos y para promocionar esta realidad como aceptable. De esta manera, la elección en realidad forma un componente vital para legitimar nuestro control continuo de la vida de ellos. Después de todo cada decisión israelí, sin importar cuán arbitraria sea, es vista como el producto de estas elecciones. Esta es una situación inherentemente violenta, ya que es imposible justificar la violencia en curso sin ser parte de la violencia misma.
La violencia se manifiesta no solo cuando un soldado dispara o golpea a un palestino. Está allí cada vez que un abogado en la Oficina del Fiscal del Estado cierra un expediente de un asesinato, cuando un juez de la Corte Suprema aprueba la demolición de otra casa o cuando un funcionario israelí impide que otro estudiante palestino viaje al extranjero para continuar sus estudios. Sus vidas están en nuestras manos y aplicamos esta violencia a través de una burocracia lenta, prolongada y arbitraria. Además, la presencia de “elecciones democráticas” es de gran importancia no solo en términos de imagen y propaganda, sino también como una válvula crucial que impide la acción asertiva de la comunidad internacional que, por fin, expresaría su rechazo a esta realidad.
Por todas estas razones, incluso un renombrado modelo de demócrata como el Vicepresidente de la Knesset MK Bezalel Smotrich se asegura de unirse a la celebración y cantar las alabanzas de la democracia mientras al mismo tiempo presenta su programa para perpetuar la realidad existente: "Incluso a falta de un derecho de voto para un Parlamento totalmente soberano, este no es un régimen de apartheid, a lo sumo carece de un componente en la canasta de libertades, o más bien un déficit en la democracia".
Esto es lo que millones de israelíes harán en los próximos meses. Otra campaña electoral, otra oportunidad para determinar quiénes "tendrán el derecho a votar de manera firme e irrevocable" y quiénes estarán expuestos a nuestra violencia.

Hagai El-Ad, director ejecutivo de B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. Este artículo fue publicado por primera vez en hebreo en Local Call. Léalo aquí.

El Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática

Se cumplen 43 años

Fue un 27 de Febrero de 1976, cuando El Frente Polisario autoproclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Coincidió con la salida del último soldado español de la colonia africana. La proclamación se realizó en Bir Lehlu, aprovechando el vacío jurídico dejado por España. Madrid abandonaba al pueblo saharaui.
La independencia del Sahara, fue planteada por Naciones Unidas a España en 1967, pero la disputa entre Mauritania, Marruecos y España por el territorio, no lo permitió. En 1970, el Sáhara Occidental era la provincia 53 del estado español con capital en El Aaiún. El pueblo saharaui respiraba anhelos de autodeterminación y a partir 1973, empezaron las acciones militares por parte Frente Polisario, creado ese mismo año, contra el colonialismo español. En 1975, y después de un informe de Naciones Unidas, España se comprometió a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, mientras que Marruecos y Mauritania reivindicaban el territorio, con argumentos históricos.
La Carta de Proclamación de la Independencia, hace referencia a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Resolución 1514 de las Naciones Unida, recordando "Que los pueblos del mundo han proclamado que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad". En la Carta se muestra el convencimiento "de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional".
Declaran "la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para el logro del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos militantes". Por último proclaman solemnemente ante el mundo entero, en base a la libre voluntad popular basada sobre los principios y alternativas democráticas, "la constitución de un Estado libre, independiente y soberano, regido por un sistema nacional democrático, ÁRABE de tendencia UNIONISTA, de confesionalidad ISLÁMICA, progresista, que adquiere como forma de régimen el de la República Árabe Saharaui Democrática.
Después de más de cuarenta y tres años de conflicto, la población saharaui continúa viviendo dividida entre el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975, y los campamentos de refugiados en Argelia, donde la ayuda internacional se ha reducido drásticamente, lo que está provocando un éxodo de población en busca de un futuro que en los campamentos no puede tener. El gobierno de la RASD dirige la lucha por la autodeterminación. Hasta 1991 por las armas y desde entonces, tras la firma de un alto el fuego con Marruecos bajo los auspicios de la ONU, por medios políticos.
Hasta la fecha, ochenta y dos Estados del mundo reconocen oficialmente a la RASD y un centenar de países mantienen relaciones políticas con ella a través de su reconocimiento al Frente Polisario. La inmensa mayoría de las formaciones políticas, especialmente europeas, organizaciones sindicales, profesionales y humanitarias de carácter nacional, regional o internacional apoyan a la RASD y mantienen con su Gobierno relaciones de amistad, cooperación y solidaridad, que se expresan a través de multitud de iniciativas.
En el seno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) como en las Naciones Unidas (ONU) y el Movimiento de los Países No Alineados, la RASD está consagrada, en tanto que realidad nacional, que expresa las aspiraciones legítimas del pueblo del Sahara Occidental, con el ejercicio del derecho de autodeterminación. La OUA ha admitido, desde febrero de 1982, a la RASD como miembro pleno de esta máxima instancia que representa a los Estados independientes de África. Hasta ahora, el gobierno de Marruecos no ha mostrado ninguna voluntad de cumplir las decisiones de Naciones Unidas ni de ninguna otra instancia.
La ONU viene reiterando desde 1966, su reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo saharaui a la independencia y a la autodeterminación. El pueblo saharaui, tiene la legitimidad para la proclamación de independencia, desde distintos puntos de vista: se trata de un pueblo; sólo un pueblo es natural y originariamente titular de su soberanía; sólo él posee el derecho inalienable a autodeterminarse; y la independencia es la situación más natural para todo pueblo.
La proclamación de la independencia del Sáhara Occidental responde a la legalidad internacional, en la línea de las decisiones de la comunidad internacional, especialmente las resoluciones de las Naciones Unidas, de la OUA, de la Conferencia de Países No Alineados y otros órganos internacionales. Naciones Unidas, en particular, ha recomendado desde hace años el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, conforme al derecho consagrado por el Tribunal Internacional de Justicia.
La legalidad y la legitimidad han creado, el instrumento necesario para consumar la liberación del territorio nacional: el Frente Polisario y el Gobierno de la RASD. Los éxitos obtenidos por el Frente Polisario, tanto en el interior del Sáhara Occidental como en el plano internacional, constituyen la demostración, no sólo de su representatividad, sino también y sobre todo de la determinación del pueblo, de su cohesión y de su ardor en el combate para recobrar su soberanía y su independencia.
Cuarenta y tres años en campamentos de refugiados son demasiados, Marruecos es culpable y España colaboradora necesaria. Los Recursos Naturales del Sáhara Occidental pertenecen al pueblo, pero están controlados por Marruecos. La escasez de recursos produce desnutrición infantil, altos índices de mortalidad en los partos, la cesta básica disminuye y los jóvenes sin futuro. Los Territorios Ocupados son una gran cárcel a cielo abierto. Hay que seguir exigiendo a la ONU que imponga a Marruecos las Resoluciones internacionales aprobadas y el respeto a los Derechos Humanos. España debería imponer un plazo de 8 días al rey de Marruecos para que cumpla las resoluciones y acuerdos surgidos por la legalidad internacional.
Para forzar la anexión del territorio saharaui a Marruecos, el rey Hassan II, organizó una marcha pacífica, inspirada por los Estados Unidos, financiada con dinero saudí y con el favor de Francia y la Liga Árabe. Franco se moría y Juan Carlos, jefe de Estado en funciones, viajó a El Aaiún, para exponer al ejército que las presiones internacionales obligaban a abandonar el territorio. Ante la cercana entronación y por intereses reales, la suerte del Sáhara había sido decidida sin consulta alguna. Tras el dictamen de la Corte de Justicia de la Haya, contraria a las tesis marroquíes respecto al Sahara, Hassan II, anunció la organización de la Marcha Verde. Un millón de marroquíes penetraría pacíficamente en el Sáhara para exigir su incorporación a Marruecos. El Consejo de Ministros español cedió a la presión marroquí y hasta hoy.
La crisis provocó la guerra que enfrentó a los saharauis del Frente Polisario, estuvo apoyado por Argelia, contra Marruecos y Mauritania. En 1979 Mauritania renunció a la parte de territorio que reclamaba, que se anexionó Marruecos unilateralmente y, a su vez, reconoció al Frente Polisario. Desde entonces, el Sahara Occidental es un territorio administrado de facto (que no de iure) por Marruecos, si bien tal administración no la ejerce sobre la totalidad del territorio, pues el Frente Polisario controla el 35% del mismo al este del muro que Marruecos construyó como defensa ante las eficaces guerrillas del Movimiento de Liberación Nacional Saharaui.
Ahora surge un tercero en la discordia: El Parlamento Europeo y la ratificación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que incluye las Zonas Ocupadas. El Frente Polisario considera que es un auténtico saqueo de los recursos naturales saharauis. El Buró Permanente del Secretariado Nacional, expresó su condena por la aprobación del acuerdo y señaló que constituye una flagrante violación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho europeo, en particular las decisiones sucesivas del Tribunal de Justicia Europeo. El Frente, recurrirá a todos los medios legales para defender la soberanía del pueblo saharaui sobre su territorio.
España traicionó al pueblo del Sáhara. En el punto tercero de los Acuerdos de Madrid de 1975 se declaraba: «Será respetada la opinión de la población saharaui». Nunca se cumplió.

Víctor Arrogante
@caval100

Washington: de fracaso en fracaso

El pasado fin de semana fue terrible para la Casa Blanca y sus impresentables capataces del sur del río Bravo, el apropiadamente llamado “Cartel” de Lima dada la estrecha vinculación que algunos de los gobiernos que lo integran mantienen con el narcotráfico, especialmente el colombiano y, antes del advenimiento de López Obrador, el de Peña Nieto en México. El sábado los estrategas estadounidenses decidieron organizar, para el 23 de febrero, un concierto con algunas de las celebridades consagradas por la industria musical maiamera. El evento atrajo a unas 25.000 personas, la décima parte de lo esperado, divididas jerárquicamente en dos categorías claramente demarcadas. El sector VIP donde fueron a parar presidentes –Duque, Piñera, Abdo Benítez- ministros y jerarcas del Cartel y, doscientos metros más atrás (sic!) el resto del público. (ver: http://www.laiguana.tv/articulos/438246-concierto-aid-live-fotos-tarima-vip-publico-general/ )
El organizador y financista del espectáculo fue el magnate británico Richard Branson, un conocido evasor de impuestos y acosador sexual que contrató a una serie de cantantes y grupos de derecha entre los cuales Reymar Perdomo, "El Puma" Rodríguez, Chino, Ricardo Montaner, Diego Torres, Miguel Bosé, Maluma, Nacho, Luis Fonsi, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Maná y Alejandro Sanz, que compitieron con fiereza para ver quién se llevaba el Oscar el lambiscón mayor del imperio.
Este concierto se suponía que crearía el clima necesario para facilitar el ingreso de la “ayuda humanitaria” preparada en Cúcuta por los estadounidenses y sus sirvientes del gobierno colombiano. Pero no fue así, y por varias razones. Primero, porque tal como lo afirmara la Cruz Roja,sólo puede enviarse ese tipo de ayuda, cuidadosamente fiscalizada (cosa que no se hizo, además) si el gobierno del país que va a recibir cargamento lo solicita. En el mismo sentido se explayó el Secretario General de la ONU, Antonio Gutérrez. Y, segundo, porque el gobierno bolivariano no lo hizo porque sabía muy bien que Estados Unidos utiliza esa “ayuda” para introducir espías, agentes encubiertos disfrazados de médicos y asistentes sociales y para-militares en el territorio de sus enemigos y, por supuesto, no iba a consentir esa movida. Además, si efectivamente la Casa Blanca tuviera un interés genuino en ofrecer una ayuda para aliviar los sufrimientos de la población venezolana tiene en sus manos un recurso mucho más sencillo y efectivo: levantar las sanciones con las cuales ha estado agobiando a la República Bolivariana; o abolir el veto que imponen a las relaciones comerciales internacionales; o devolver los enormes activos de las empresas públicas de ese país confiscados, en un acto que sólo puede calificarse como un robo, por decisión del gobierno de Donald Trump o de autoridades como las del Banco de Inglaterra que se apropió del oro venezolano depositado en su tesoro valuado en algo más de 1.700 millones de dólares.
La rabiosa reacción de la derecha ante el fracaso de la operación “ayuda humanitaria” fue tremenda. El propio narcopresidente Iván Duque saludaba desde las alturas del puente internacional a las bandas de delincuentes contratados para producir desmanes mientras preparaban sus bombas molotov y aceitaban sus armas. Cuando ante la firme resistencia de civiles y militares bolivarianos se consumó el fracaso del operativo norteamericano el lumpenaje, protegido por la Policía Nacional de Colombia, tomó al puente por asalto y procedió a incendiar a los camiones que traían la “ayuda humanitaria”. Como era previsible, la prensa culpó del hecho al gobierno venezolano: ahí están las fotos publicadas por toda la canalla mediática mundial con el correspondiente epígrafe satanizando la barbarie chavista y ocultando a los verdaderos responsables de la barbarie. (ver video sobre el tema en: https://youtu.be/fxTDm11_rmE) Mientras tanto, en perfecta coordinación, los ocupantes de una tanqueta de la policía bolivariana arremete contra las vallas que había en el puente para facilitar la “espontánea” deserción de tres policías buscando asilo en la tranquila y próspera Colombia.
La prensa, empero, nada dijo de los atentos “directores de escena” que, desde el lado colombiano del puente, les indicaban a los desertores cómo debían actuar, por donde entrar, qué decir y les gritaban “¡levanta el arma, levanta el arma!” para que quedara en evidencia que eran policías o militares bolivarianos que huían de la “dictadura” de Maduro. Todo esto está rotundamente documentado en un video que, por supuesto, la “prensa seria” se ha cuidado muy bien de reproducir.
En resumen, un fiasco diplomático descomunal e inocultable que, para desgracia de la tropa comandada por Trump sería apenas el preludio de otro aún peor.
Nos referimos a la tan publicitada reunión del Cartel de Lima en Bogotá, que para su eterno deshonor fue presidida por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cosa de que quede bien establecida la naturaleza patriótica y democrática de la oposición venezolana. El vice de Trump llegó a Bogotá para reunirse, en patética demostración de la vertiginosa declinación del otrora enorme poderío estadounidense en la región, con un grupo de segundones . En otras épocas, la llegada de un emisario de altísimo nivel de la Casa Blanca hubiera desatado un arrollador “efecto manada” y uno tras otros los nefastos presidentes neocoloniales hubieran corrido en tropel para llegar lo antes posible al besamanos oficial. Pero los tiempos han cambiado y Pence sólo pudo estrechar manos con su desprestigiado anfitrión y con el cómico bufón del magnate neoyorkino, el autoproclamado “Presidente Encargado” Juan Guaidó. El resto eran gentes de rango inferior: cancilleres e inclusive vice-cancilleres que con las mejores caras de circunstancias escucharon, con fingida solemnidad, la lectura del acta de defunción del plan golpista estadounidense y, casi con seguridad, del propio Cartel de Lima, habida cuenta de su comprobada inutilidad. El documento, leído con desgano y en medio de un clima deprimente, volvía todo a fojas cero y re-enviaba la cuestión al laberinto sin salida del Consejo de Seguridad de la ONU. Un fracaso gigantesco del gobierno de Estados Unidos en un área que algún troglodita del norte llamó no sólo su “patio trasero” sino su “puerta trasera”. Los plazos para la “salida” de Maduro (primero planteados por Pedro Sánchez, desde Madrid y luego reiterados por Trump, Pompeo, Pence, Bolton y todos los hampones que hoy se cobijan bajo las alas del presidente norteamericano) se disiparon como una vaporosa niebla matinal bajo el ardiente sol del Caribe venezolano.
No sólo eso, ante las evidentes muestras de la declinación del poder imperial los lacayos neocoloniales optaron por ponerse a salvo del desastre y en un gesto inesperado declararon su oposición a una intervención militar en Venezuela. Los bravos guerreros del sur percibieron que en sus propios países una intervención gringa en Venezuela -aún bajo la infructuosa cobertura de una operación de “fuerzas conjuntas” con militares colombianos o de cualquier otro país- sería impopular y les ocasionaría serios costos políticos y optaron por salvar sus expuestos pellejos y dejar que Washington se encargara del asunto.
¡Qué puede hacer ahora Trump? Víctima de su verborragia y la brutalidad de los torvos gangsters que lo asesoran y aconsejan, ¿extraerá ahora a la última carta del mazo, la opción militar, esta que siempre estuvo sobre la mesa? Difícil que un personaje como él admita tan impresionante derrota diplomática y política sin un gesto violento, una puñalada artera. Por lo tanto, no habría que descartar esa posibilidad aunque creo que la probabilidad de una invasión estilo Santo Domingo 1965 o Panamá 1989 es muy baja. El Pentágono sabe que Venezuela no está desarmada y que una incursión en tierras de Bolívar y Chávez no sería lo mismo que la invasión en la inerme Granada de 1983 y ocasionaría numerosas bajas entre los invasores. Escenarios alternativos: (a) provocar escaramuzas o realizar bombardeos tácticos en la larga e incontrolable frontera colombo-venezolana; (b) subir un escalón y atacar objetivos militares dentro del territorio venezolano, desafiando empero una represalia bolivariana que podría ser muy destructiva y alcanzar, inclusive, las bases que EEUU tiene en Colombia o las que la OTAN tiene en Aruba y Curazao; o (c) sacrificar a Juan Guaidó, desecharlo debido a la inutilidad de toda la maniobra, y culpar del magnicidio al gobierno bolivariano.
Con esto se buscaría crear un clima mundial de repudio que justificaría, con la ayuda de la prensa canalla, una operación militar de vasta envergadura. Claro que esta sería una jugada de altísimo costo político porque la credibilidad que tendría el gobierno de Estados Unidos ante un hecho de este tipo es igual a cero. Si Washington hizo estallar al acorazado Maine en la Bahía de La Habana en 1898 (enviando a la muerte de 254 marineros) para justificar la declaración de guerra contra España y quedarse con Cuba; si para entrar en la Segunda Guerra Mundial el presidente Franklin D. Roosevelt consintió en permitir que la Armada Imperial Japonesa atacara “por sorpresa” a Pearl Harbor en diciembre de 1941 ocasionando la muerte a unos 2500 marineros e hiriendo a otros 1300, ¿quién podría creer que si algo malo le sucede a Guaidó, que nadie desea, el culpable podría ser otro que el gobierno de Estados Unidos? Los próximos días comenzará a develarse esta incógnita. Lo cierto, sin embargo, es que por ahora toda la operación golpista pergeñada por los hampones de Washington ha ido de fracaso en fracaso.

Dr. Atilio A. Boron: Coordinador del Ciclo de Complementación Curricular en Historia de América Latina-Facultad de Historia y Artes, UNDAV Director del PLED , Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" Corrientes 1543 – C1042AAB Buenos Aires, Argentina. Blog: www.atilioboron.com.ar Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002 Twitter: http://twitter.com/atilioboron

martes, febrero 26, 2019

Venezuela después del “Día D” que no fue



La reunión del Grupo de Lima en Bogotá, que contó con la presencia del vicepresidente norteamericano Mike Pence y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, fue empleada por los yanquis para anunciar nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y para reclamar a sus socios latinoamericanos que avancen en el congelamiento de activos de Pdvsa en sus países. Pence volvió a insistir en que “todas las opciones están sobre la mesa”, en referencia a una posible intervención militar.
El cónclave golpista se produjo apenas 48 horas después del megaoperativo para el ingreso de la “ayuda humanitaria” a Venezuela a través de los pasos fronterizos con Colombia y Brasil. Este operativo fracasó en su propósito de hacer ingresar la ayuda y de producir un quiebre en las fuerzas armadas venezolanas, al conseguir apenas un puñado de deserciones sin mayor relevancia. De todos modos, la represión contra los convoys y el incendio de dos camionetas con ayuda podrían ser instrumentados a futuro por los golpistas como pretexto de una operación militar.
A la hora de analizar el 23F, que había sido bautizado por algunos medios como un “día D” contra Maduro, El País de Madrid resume que “la postal de una cadena humana que hiciera ingresar el sábado en Venezuela las ayudas solicitadas por Juan Guaidó nunca llegó” (25/2). La derecha y el imperialismo no lograron suscitar una pueblada de la población hambrienta que pusiera en retirada al régimen o justificara una invasión. Debieron contentarse con un festival.
Del otro lado, sin embargo, el régimen de Maduro no mostró ninguna capacidad de movilización popular, sosteniéndose fundamentalmente por la represión de las fuerzas armadas, el aparato policial y según algunas denuncias, de grupos paraestatales. Maduro no parece despertar ningún entusiasmo entre las masas.
La disputa por las Fuerzas Armadas se ha vuelto más intensa que nunca en este áspero escenario. Los yanquis y Guaidó les ofrecen una amnistía y al mismo tiempo esgrimen la amenaza del garrote si no se pliegan a la oferta. De modo nada sutil, un “alto funcionario” estadounidense entrevistado por la agencia EFE amenazó al alto mando militar venezolano al asegurar que saben “dónde tienen su dinero” y que “casi toda la jerarquía militar venezolana tiene sus familiares fuera de Venezuela” (Punto de Corte, 22/2). Las fuerzas armadas juegan un papel enorme en la economía del país: están metidas en el petróleo, la minería, la construcción, la fabricación de armamento, prestan servicio para la distribución de alimentos, comercializan vehículos, poseen una compañía de seguros, etcétera. Maduro acentuó las prerrogativas del sector castrense con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de diciembre de 2017, que excluye a la Contraloría General de la República de la fiscalización de empresas manejadas por militares.

Intervención militar

Tras el gusto amargo del 23F, Guaidó y otros importantes referentes de la derecha venezolana insistieron en la posibilidad de una intervención militar extranjera, aunque el primero matizó después sus declaraciones. La perspectiva de una intervención militar fue rechazada en la reunión del Grupo de Lima por Colombia y Brasil, dos piezas que serían importantes en ese operativo. La Unión Europea también ha expresado su oposición.
El escenario de una intervención militar no sólo despierta un recelo a la luz de las dificultades que ha encontrado el imperialismo en Siria y Afganistán. También lo hace porque incluso en caso de éxito no asegura un control ulterior del país, como lo muestra la desintegración de Libia tras la caída de Khadaffi. Asimismo, puede desencadenar un fuerte repudio popular tanto en Venezuela como en toda América Latina. Un columnista de Clarín (15/2) ha recordado que los bombardeos de la Otan contra Yugoslavia en 1999 despertaron un fuerte rechazo incluso en la población que se oponía a Milosevic.
La “salida ordenada” de Maduro que promueven los europeos, vía una negociación y nuevas elecciones, presenta sus propias dificultades, porque Venezuela se ha transformado en un escenario de disputas de las grandes potencias, que defienden cada una de ellas sus propios intereses. Una salida “ordenada” exigiría una difícil conciliación de intereses encontrados que pujan por los recursos venezolanos y la influencia política en la región.
En paralelo a las diatribas de Trump, delegados del Grupo de Contacto patrocinado por la Unión Europea se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez a los efectos de gestionar el ingreso de asistencia humanitaria, algo que el gobierno venezolano aceptó, mientras persigue simultáneamente el auxilio de ayuda humanitaria rusa. El gobierno de Maduro ha reconocido, finalmente, el calibre de la crisis social en el país.

Pobreza

El fracaso del 23F no debe hacer perder de vista la debilidad del gobierno de Maduro. El gobierno conserva el respaldo del alto mando de las Fuerzas Armadas, no obstante lo cual algunos analistas aseguran que se produce “un goteo que está erosionando la roca” (El País, 22/2), en referencia a la deserción de uniformados. La gigantesca crisis social y la presión imperialista horada al gobierno. Guaidó ha puesto en pie Voluntarios por Venezuela, una red paralela de asistencia social para disputar frente a los Clap, un programa de apoyo alimentario que es vital para el sostenimiento del gobierno en las condiciones de pobreza del país. Desde 2016 se ha producido una “vertiginosa proliferación de asociaciones solidarias” (ídem, 21/2). A esto hay que añadir el aparato de la Iglesia católica, que es opositora a Maduro. El Plan País de Guaidó, que promueve una política de privatizaciones y ataques a las masas, incluye entre sus puntos el traspaso de la asistencia social a ONG’s y fundaciones, una vía para la injerencia del gran capital y del imperialismo.

Abajo el golpe

La jornada del 23F ha mostrado la importancia de un planteo frente a la crisis social. Frente a la extorsión de la derecha y el imperialismo, planteamos una ayuda humanitaria internacional bajo control de las organizaciones obreras y de representantes electos en los lugares de trabajo.
Este es un elemento importante como parte de una campaña antiimperialista continental que denuncie la política golpista, empezando por los Macri, Duque y Bolsonaro que actúan como soportes. Esto debe ser llevado adelante sin ningún aval al régimen chavista que ha enriquecido a una boliburguesía y ha conducido a Venezuela a un callejón sin salida.
Como parte de la lucha contra el golpe, el Frente de Izquierda ha convocado a movilizarse a la embajada norteamericana.

Gustavo Montenegro

“A los abusos los carga el Diablo”



Movilización de víctimas de abusos, en Roma, durante la cumbre

La cumbre sobre abusos del Vaticano concluyó con un vergonzoso discurso de Francisco y nuevos anuncios de impunidad.

"Hoy el papa Francisco ha dado un guantazo a todas las víctimas que hemos venido de los cinco continentes para exigir explicaciones”: así describió el español Miguel Hurtado, vocero de la organización de víctimas de abusos ECA (Terminando con el Abuso Clerical, por sus siglas en inglés), el discurso de cierre a la cumbre de abusos en el Vaticano, en la que el monarca explicó el abuso de menores como manifestación del “espíritu del Mal”, del Diablo, y buscó diluir los miles y miles de casos perpetrados por clérigos por ser parte de un fenómeno global –al punto de que citó las estadísticas mundiales, pero no las de abusos eclesiásticos que están en posesión de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La cumbre, convocada por Francisco ante la ola imparable de denuncias y como respuesta a las acusaciones de encubrimiento, se ha orientado a preservar el tratamiento de los casos en los marcos de la Iglesia –y por tanto, el entramado de impunidad, que incluye en varios casos al propio Bergoglio (como en el del ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta). El plan de “medidas” anunciado por la cúpula del Vaticano – formación de un equipo de expertos en el tema, redacción de un manual de instrucciones para obispos y promulgación de un nuevo motu proprio (documento papal) sobre protección de menores – se enmarca en esa política. Vale recordar que todas las iniciativas papales de “protocolos”, “guías” y “comisiones” de la última década concluyeron sin resultados. Por otra parte, al interior de la Iglesia, las camarillas rivales a Francisco – especialmente las facciones más ultramontanas – han utilizado las denuncias para socavar su liderazgo.
No se contempla ninguno de los principales reclamos de las víctimas, en primer lugar la obligación de trasladar todas las denuncias a la Justicia, pero tampoco la expulsión de cualquier cura que abusa de un menor, la apertura de los archivos del Vaticano (incluso cuando un asesor de Francisco reportó en la cumbre casos de destrucción de documentos) o el resarcimiento económico de quienes sufrieron vejaciones. Francesco Zanardi, presidente de Rete L’Abuso, otra de las organizaciones de víctimas, señaló que “aquí la Iglesia se está declarando víctima ella misma. Y si se considera víctima, pues que se constituya en parte querellante en los juicios contra los curas pedófilos, no que los encubran” –Zanardi sentenció lapidario que “este encuentro no fue ni siquiera un punto de partida”.
Desde las célebres revelaciones del diario Boston Globe en 2002, la creciente organización y la multiplicación de denuncias de las víctimas han puesto de manifiesto la profundidad del entramado de abusos y encubrimientos. Probados abusadores fueron no solo protegidos, sino incluso encumbrados a puestos clave del Vaticano y hasta al propio consejo de asesores de Francisco –en la previa de la cumbre, varias voces de la Iglesia advirtieron el riesgo económico que representaría para esta el desarrollo de los casos en la justicia civil.
El agravio de los abusos no tiene solución posible en los marcos de la Iglesia. El Papa, que arrancó prometiendo “medidas concretas y eficaces”, concluye la cumbre ofreciendo tranquilidad legal a los abusadores y encubridores.

Tomás Eps

Bolsonaro va por la liquidación del sistema jubilatorio

Brasil y Argentina, una misma lucha planteada.

Luego del fracaso de la anterior administración brasileña de Michael Temer de hacer aprobar vía legislativa una reforma similar, Jair Bolsonaro acaba de entregar al Congreso una nueva ley que establece un mínimo de 40 años de aportes para poder acceder a la jubilación completa, monto que va decreciendo hasta un piso de subsistencia si apenas se alcanza un mínimo de 20 años de aportes.
El proyecto supone un tremendo golpe a los trabajadores de ese país y actúa como espejo de las aspiraciones que tiene el gobierno macrista de liquidar el actual régimen jubilatorio, tal como fuera reclamado por el FMI. Por esa razón resulta de importancia para los trabajadores argentinos el destino de la reforma previsional en el país vecino.
La propuesta presentada por Bolsonaro también elimina el subsidio a la vejez para aquellos que no hubieran podido hacer aportes o los hayan realizado durante pocos años, que hoy es automático a los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Con la reforma solo accederían a algún tipo de beneficio aquellos que hayan aportado un mínimo de 20 años.
Como denunciaron varios especialistas y sindicatos, esta medida golpea especialmente a los sectores más humildes y “temen que se exija a las categorías más afectadas por el desempleo, que difícilmente podrán cumplir con sus años de cotizaciones” (Clarín 20/2).
El total de empleados informales en Brasil, alcanza a unos 11 millones, un 25% de los trabajadores ocupados del país, y el de desocupados a algo más de 10 millones. Es decir que, desde ya, más de 20 millones de trabajadores quedarían sin poder acceder a la jubilación.
Un dato que muestra la dureza del golpe que prepara el gobierno de Bolsonaro -y que ha generado una gran euforia en la burguesía brasileña- es que, actualmente, la jubilación promedio en el sector privado de ese país –de donde son 30 de los 34 millones de jubilados actuales- alcanza a los 1300 reales (u$s350 o $14.000). Sobre esta base de haberes de subsistencia es que pretenden quitarles u$s310.000 millones a los jubilados en los próximos 10 años, según dijo el ministro de Economía Paulo Guedes.
En la otra punta de la pirámide de haberes están los legisladores, jueces y militares, cuyas jubilaciones promedio son diez veces mayores (13.700 reales, unos u$s3600) que no serán modificadas, “porque resistieron mucho la eliminación de sus privilegios” (La Nación 20/2).
El proyecto también plantea la fijación de una edad mínima para acceder a la jubilación: 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres. Hasta ahora, el requisito para jubilarse, en el sector privado, es solo la cantidad mínima de años de aportes -35 para los hombres y 30 para las mujeres- sin límite de edad y entre los empleados públicos el mínimo es de 55 años para los primeros y 50 para las mujeres.

AFJP

En el camino de liquidar el actual sistema jubilatorio, el plan del gobierno brasileño plantea la introducción progresiva de un modelo de capitalización, es decir, las ya conocidas AFJP, que suponen un extraordinario negocio para el sector financiero, al mismo tiempo que hace depender la mantención del jubilado de lo que haya podido ahorrar en su vida laboral, quitándole toda responsabilidad al Estado.
“El proyecto responde al reclamo de los bancos de instaurar un sistema de capitalización optativo para cada trabajador, que tuvo el apoyo de Guedes, quien reivindica el modelo en este plano de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, para la cual trabajó”, afirma el portal Minuto1 (11/2).
“El sector privado –dice El Cronista- recibió la noticia con entusiasmo ante la perspectiva de los nuevos negocios que se abren, además del impacto positivo sobre el déficit” (9/1).

La lucha planteada

La burguesía brasileña se esfuerza por mostrar que el peso del gasto previsional limita la posibilidad de crecimiento del país. Pero ocultan, consciente y deliberadamente, que el crecimiento de esa gasto se relaciona directamente con la “recesión de 2014-2015 y el débil crecimiento (de la economía): como consecuencia de ello, “el déficit de las jubilaciones (sectores público y privado), que representaba en 2011 un 2,1% del PIB, llegó al 4,25% en 2018” (Clarín, 20/2).
Es decir que frente a la crisis generada por el agotamiento de un régimen, los capitalistas se despachan con un ataque brutal a los trabajadores, que pone en juego sus posibilidades de subsistir luego de finalizada su vida laboral. Este es el espejo en el que se mira la burguesía argentina y en el que se refleja la presión del FMI.
El 20 de febrero pasado, las centrales sindicales (CUT, Forca Sindical y CSP-Conlutas, entre otras) hicieron una movilización de repudio en San Pablo. Se ha lanzado un calendario de actos y movilizaciones, pero es evidente que la envergadura del ataque exige el desarrollo de un plan de lucha y la huelga general. Los empleados municipales de San Pablo, por ejemplo, han ido a la huelga contra una reforma que eleva las cotizaciones obreras, con un enorme impacto en las escuelas locales. Este planteo huelguístico estuvo ausente en la CUT y el PT durante la discusión de la reforma laboral, lo que contribuyó a que se consumara un fuerte golpe sobre la clase obrera brasileña.
La pelea es por las condiciones de vida del trabajador activo y retirado. Es una pelea de los obreros de Brasil y de la Argentina. Es una pelea para que la crisis la paguen quienes la generaron, los capitalistas.

Nelson Marinelli

Benny Moré...¡Qué bueno baila usted!



¡Así que esta voz vive más que su hombre,
Y que ese hombre es ahora discos, retratos, lágrimas, un sombrero
Con alas voladoras enormes
—y un bastón—!...

Son versos de Roberto Fernández Retamar escuchando un disco del Benny Moré, el Bárbaro del ritmo, una voz y un ser que es Cuba. De tal manera buscándolo nos encontraremos hoy conspirando con La Pupila Asombrada.

Millones validan democracia de Cuba con su voto en referendo constitucional

La Comisión Electoral Nacional ofrecerá en la tarde de hoy los resultados preliminares

Millones de cubanos votaron ayer para fijar postura sobre la nueva Constitución de la República, cita en las urnas que confirmó su respaldo al sistema democrático de la isla. En un ambiente de fiesta, en una jornada calurosa y sin lluvias, los electores se movilizaron en las 15 provincias del país para responder a la pregunta '¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?'.
Según el último parte emitido este domingo por la Comisión Electoral Nacional (CEN), hasta las 17:00 hora local habían ejercido su derecho al voto siete millones 524 mil 318 ciudadanos mayores de 16 años, el 81,53 por ciento de los registrados.
La CEN tiene prevista hoy en la tarde una rueda de prensa para informar los resultados preliminares de un referendo calificado de histórico, por la oportunidad de ratificar una carta magna construida en colectivo, que plasma la irrevocabilidad del proyecto socialista y amplía las garantías y los derechos de los cubanos.
Después del cierre de los más de 24 mil colegios, a las 18:00, los integrantes de las mesas procedieron a la apertura de las urnas para el conteo de las boletas, un proceso que en la isla caribeña es público.
En colegios de esta capital y del país, Prensa Latina y otros medios de comunicación constataron una contundente mayoría de las papeletas reflejando el respaldo a la nueva Constitución, pero habrá que esperar a mañana para conocer detalles del conteo.
Tras ejercer su derecho al voto, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la ley de leyes es un texto para el presente y el futuro de la nación.
Se trata de un documento moderno y de avanzada, que nos permite destrabar procesos y avanzar de una manera más decidida. Ahora viene un amplio ejercicio legislativo, ya lo estamos organizando, y buscamos que en el menor tiempo posible podamos aprobar e implementar las leyes que respalden la carta magna, subrayó.
La jornada electoral permitió además a Cuba reiterar su apoyo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro, en momentos en que Estados Unidos arrecia su cruzada para el cambio de régimen y amenaza con la intervención militar.
El propio Díaz-Canel condenó la injerencia en los asuntos internos del país sudamericano y la complicidad con Washington de algunos gobernantes de América Latina.
Por su parte, el primer vicepresidente, Salvador Valdés, demandó respeto para el derecho de los venezolanos a solucionar de manera soberana sus situaciones y pidió apego al Derecho Internacional y la Carta de la ONU, cuyos propósitos y principios apuestan por la paz, la igualdad de todos los Estados, la solución pacífica de controversias y el no uso ni amenaza del uso de la fuerza.
Después de aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre y tras la ratificación hoy en el referendo -como todo parece indicar- la nueva Constitución de Cuba entrará en vigor, una vez proclamaba, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, lo cual quedó establecido en las Disposiciones finales del texto supremo.

Prensa Latina

Ratificada la nueva Constitución de la República de Cuba



La nueva Constitución de la República de Cuba quedó refrendada tras el voto de este domingo, 24 de febrero. Los datos preliminares ofrecidos por la presidenta de la Comisión Electoral Nacional así lo confirman. Los periodistas del Sistema Informativo de la Televisión cubana, Talia González y Humberto López intercambiaron con Alina Balseiro, luego de la Conferencia de prensa ofrecida en la tarde. #Cuba #HacemosCuba #SomosCuba

'Lo que EEUU está haciendo contra Venezuela es un atropello y crimen a la Humanidad'



Bajo el lema “No al Intento de Golpe de Estado en Venezuela, Viva Venezuela Bolivariana”, se celebró en Madrid un acto con la intervención de Mario Isea, Embajador de La República Bolivariana de Venezuela, que explicó a Cubainformación TV qué hay detrás de la "ayuda humanitaria" de EEUU a Venezuela.

lunes, febrero 25, 2019

La derecha golpista no tuvo su "día D" en Venezuela



A pesar de la alta tensión de este sábado en la frontera con Colombia, y en menor medida Brasil, los objetivos que se había planteado la derecha golpista de Guaidó se vieron frustrados, al menos por ahora.

El show injerencista montado por el imperialismo estadounidense y la derecha regional, que estuvo disfrazado de “ayuda humanitaria” tenía un objetivo bien definido y era quebrar a un sector de las Fuerzas Armadas venezolanas para forzar un golpe contra Maduro y abrir el paso para un gobierno de la derecha títere de Trump.
Para este objetivo Guaidó hizo un llamado claro durante toda la semana que consistía en movilizar una “marea humana” a los cuarteles, para presionar a los militares, al mismo tiempo que concentrar los esfuerzos en la frontera con Colombia para intentar mostrar una imagen internacional de caos y eventualmente lograr que el Ejército y la Guardia Nacional dejaran entrar los camiones con insumos, lo que implicaría una fractura del mando con el gobierno de Maduro.
Sin embargo tanto la derecha golpista como el imperialismo que alentó esta aventura injerencista se inflingieron una autoderrota y no consiguieron ni una movilización masiva a los cuarteles, ni quebrar a un sector significativo del Ejército que muestre insubordinación en la frontera.
A primera hora de la mañana la derecha trató de viralizar un video en el que se mostraba a una tanqueta de la Guardia Nacional con tres efectivos que desertaban rompiendo las vayas fronterizas y cruzando a Colombia en el cruce del puente Simon Bolivar. En ese puente se habían concentrado los principales referentes políticos de la oposición, que en el video aparecen gritando “son de los nuestros” en lo que parece un montaje donde los militares colombianos dejan pasar la situación sin inmutarse.
Este hecho no surtió efecto y la oposición solo pudo mostrar la deserción de seis militares en total a lo largo de la jornada, a pesar del ridículo llamado que lanzó Guaidó desde las redes sociales diciendo ”En mi condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, dadas las circunstancias excepcionales que vive la República, dejo sin efecto la calificación de Traidores a la Patria, para efectivos militares que crucen la frontera”. Un mensaje desesperado de último momento que resultó un fracaso absoluto.
El segundo paso de la operación mediática y política era mostrar el respaldo internacional. Pasado el mediodía Guaidó apareció dando una conferencia de prensa junto Ivan Duque, Sebastian Piñera, Mario Abdo y Luis Almagro, como abanderados de la derecha regional. A esa altura el objetivo fue lanzar un nuevo ultimátum a los militares e intentar que dejen pasar algunos camiones para mostrar al menos un triunfo parcial.
Sin embargo tras la conferencia de prensa y una foto de Guaidó subido a un camión con provisiones, las fronteras permanecieron cerradas, y la derecha solo pudo anotarse el ingreso de un camión en la frontera con Brasil. Algo que Guaidó, ya en un estado de desesperación, consideró “un gran logro”.
Ya cuando Guaidó estaba dando por finalizada la jornada anunció un supuesto ingreso de camiones por el paso de Ureña que en realidad terminó con la Guardia Nacional tirando gases para frenar su paso y con dos camiones quemados, lo que fue aprovechado por los medios de la derecha para decir que era una acción de guerra contra Colombia.
Más allá de la propaganda que pueda hacer la derecha, magnificando su acción de este sábado, la verdad es que se trató de un fracaso de lo que consideraban su “día D” para avanzar en una dinámica golpista que contaba con un injerencismo abierto y desbocado de Estados Unidos, la derecha regional, los principales países de la Unión Europea y que hasta fue bendecido por el Papa Francisco.
Por su parte Maduro convocó a una movilización en Caracas en la que hizo un discurso rechazando el intento golpista y rompió todo tipo de relaciones con Colombia.
Si bien el gobierno de Maduro quiso adjudicarse la derrota golpista como un triunfo propio, esa lectura está lejos de la realidad. La derecha pudo utilizar demagógicamente el ingreso de “ayuda humanitaria” apoyándose en la catástrofe social que vive el país. Por su parte los llamados a los militares se basan en el hecho de que las Fuerzas Armadas son hoy el árbitro de la situación política. Maduro depende de ellas para mantenerse en el gobierno tanto como Guaidó para forzar un golpe y hacerse del poder.
Ante este escenario, que aún no se ha cerrado, es necesario enfrentar en primer lugar estos intento golpistas y la ofensiva imperialista, lo que no implica el más mínimo apoyo político a Maduro.
Es imperioso que los trabajadores y explotados de América latina se movilicen contra este intento de avanzada imperialista en Venezuela que no harán más que fortalecer a las derechas regionales y los ataques que llevan adelante en cada país como Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia o Piñera en Chile.

LID

Kirchnerismo y FMI: ¿es Portugal un ejemplo para salir de la crisis?



El exministro de Economía, Axel Kicillof, se exhibe como interlocutor responsable frente al FMI. ¿Es posible compatibilizar connivencia con el organismo y mejora en las condiciones de vida?

“Había trascendidos, operaciones, diciendo que el próximo gobierno no iba a pagar, que el próximo gobierno va a reestructurar. Son fantasmas que tratan de plantear (…) Primero les dije que yo fui el último ministro de Economía de un gobierno que pagó una deuda gigantesca que no había contraído, sin pedir prestado”, así le explicó Axel Kicillof al periodista Alejandro Bercovich el contenido de su reunión con la delegación del FMI.
El Fondo su mueve en el país como pez en el agua: no sólo monitorea la economía, sino que también testea a políticos, dirigentes empresariales e, incluso, a la repudiada conducción de la CGT. La ubicación de Kicillof de mostrarse como interlocutor del organismo supone que habrá que convivir con las huestes de Christine Lagarde por largos años.
Ese panorama es desesperanzador para la experiencia histórica del pueblo trabajador argentino con las recetas del FMI: las encuestas indican un amplio repudio al organismo. Por eso, el kirchnerismo sacó de la galera el caso de Portugal, bajo el Gobierno del Partido Socialista comenzado en 2015, para mostrar que “otro camino es posible”: convivir con el Fondo y que la economía se recupere. Son espejitos de colores.

Sobre cerdos

Bajo la impronta de la crisis mundial desatada en 2008, a partir de 2011 los medios anglosajones comenzaron a llamar despectivamente PIGS (en inglés significa cerdos) a Portugal, Italia, Grecia y España (Spain en inglés): se trataba de países del sur europeo con graves problemas económicos, principalmente con dificultades para afrontar los pagos de la deuda pública. Los problemas de deuda no surgieron de la nada, sino del salvataje al capital privado, principalmente a los bancos. Ironías de la historia, más tarde se empezó a incluir a Gran Bretaña en ese grupo.
En 2009 el capitalismo mundial exhibió una tasa de negativa de crecimiento por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial: en la Unión Europea (UE) el derrumbe fue cercano al 5 %. Desde 2010 en adelante las tasas de crecimiento se sostuvieron en zona positiva (con excepción de 2012 donde la UE volvió a caer levemente), pero en niveles muy moderados.
Los PIGS, además de acompañar la caída del conjunto de la UE en 2009 y 2012, sufrieron una recesión más prolongada y profunda entre 2011 y 2013 producto de los ajustes brutales sobre la mayoría del pueblo trabajador.
Bajo el comando de la Troika -compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- se buscó salvar el euro y rescatar de la quiebra a los bancos, principalmente a los alemanes y franceses. En contraste, el pueblo perdía sus casas por no poder pagar las hipotecas.
La Troika impuso a la economía griega un declive económico de casi una década: con el récord de -9 % en 2011, exhibió tasas negativas de crecimiento todos los años desde 2008 a 2016, con excepción de 2014 donde creció menos de 1 %. En 2017 y 2018 recuperó el crecimiento. Claro que después de atravesar el desierto un vaso de agua significa la vida misma, pero los números de crecimiento no dejan de ser lastimosos y la desocupación sigue encima del 20 %.
La tragedia griega fue responsabilidad de partidos conservadores y del Partido Socialista (Pasok en griego) hasta que en 2015 accedió al poder Syriza, una coalición de centroizquierda. Alexis Tsipras, el líder de la coalición y actual primer ministro, fue celebrado por el kirchnerismo y otras fuerzas políticas, incluso de la izquierda radical. Basó su campaña electoral en el rechazo a la austeridad para una vez en el gobierno transformarse en un brutal ajustador junto con la Troika. Al extremo que convocó un referéndum donde el pueblo griego votó mayoritariamente contra los planes de austeridad, mandato popular que fue finalmente desconocido por Tsipras.
Hoy nadie es su sano juicio puede defender el “modelo” griego. Tal vez este sea el motivo por el cual el kirchnerismo sacó a relucir el “milagro” portugués. Se trata de un caso que también cuenta con el agrado de Roberto Lavagna, exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. ¿Qué tiene de particular Portugal? Que combina un monitoreo de la economía por parte de la Troika (es decir: nada de andar echando al FMI) con crecimiento económico. El kirchnerismo quiere convencer que este crecimiento está motivado por el supuesto abandono de la austeridad, algo que no es enteramente cierto.
Asumido en noviembre 2015, el primer ministro portugués, Antonio Costa, encabeza el ejecutivo en manos de su partido, el Socialista, que mantiene una coalición parlamentaria junto con el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista. Luego de convivir varios años con la economía monitoreada, en diciembre último el primer ministro, Antonio Costa, anunció que cancelaban la deuda con el FMI: como los kirchneristas, paga por anticipado hasta la última moneda a los saqueadores. Pero el objetivo de esa política no es una ruptura con los organismos internacionales, sino ahorrar intereses de la deuda: Costa aclaró que lo hacía porque creía que "reforzará la credibilidad internacional".
Es cierto que en los dos últimos años Portugal consiguió tasas de crecimiento moderadamente más elevadas que la Unión Europea. Pero el signo común en el viejo continente desde la crisis de 2008 es el crecimiento excesivamente bajo, fenómeno del que no escapan los lusitanos: crecieron 2,7 % en 2017 y 2,8 % en 2018. Con los números en la mano, desde el punto de vista del crecimiento, Portugal no representa ningún milagro económico. Incluso, la inversión (una suerte de medida del estado de salud de la economía) es particularmente baja en Portugal en comparación con la UE.
A decir verdad, el inicio del crecimiento precedió al Gobierno de Costa: comenzó a mediados de 2013 cuando el primer ministro era el conservador Pedro Passos Coelho (ocupó el cargo entre junio de 2011 y noviembre de 2015). El crecimiento se consolidó desde 2014 a tasas crecientes. ¿Por qué se logró el crecimiento desde entonces? Porque en lo esencial el ajuste y el rescate a los bancos ya se había consumado: entre 2011 y 2014, el recorte del gasto público comprometido fue de 4.700 millones de euros.
Pero además, como ya fue mencionado, Portugal se benefició del empuje de la economía europea (de nuevo, a tasas muy moderadas). La estabilización del crecimiento de la UE sigue siendo extremadamente precario y se logró con un costo social que alcanza manifestación en el descontento en los “chalecos amarillos” de Francia, en el Brexit y más en general en la polarización política en el viejo continente.

Digámoslo todo

El “milagro” portugués se logró gracias a una ofensiva enorme de los capitalistas sobre la clase trabajadora. Esa ofensiva se inició bajo la gestión como primer ministro de José Sócrates del Partido Socialista (el mismo partido del actual primer ministro, Costa), quien se vio obligado a dimitir en 2011 en favor del conservador Pedro Passos Coelho cuando el Parlamento le rechazó su cuarto plan de ajuste.
En 2015, cuando asumió Costa en oposición a algunos planteos ajustadores gran parte de la tarea sucia estaba hecha. Pero más importante aún, la "voluntad" de Costa fue forzada por una movilización obrera y popular que rechazaba la austeridad. Aunque la iniciativa gubernamental está en manos de Costa, en tanto primer ministro, en Portugal gracias a la pesada herencia monárquica, también se elige presidente: en la actualidad ese cargo está en manos de Marcelo Rebelo de Sousa, un católico y conservador, perteneciente al Partido Social Demócrata, el líder con más apoyo en las encuestas en este momento. Es decir, que el “milagro” se debe a la intervención divina de todos los partidos del régimen patronal.
El crecimiento argentino posdevaluación duhaldista tiene un punto de coincidencia muy fuerte con Portugal. Aunque no hubo devaluación porque Portugal delegó la soberanía monetaria en el euro (en nuestro país sí hubo y puede haber más), los efectos son parecidos, lo cual permite desentrañar qué buscan los peronistas y su fracción kirchnerista: el 2001/2002 fue devastador para el salario que perdió un 30 % del poder de compra. Ese derrumbe salarial fue facilitado por el efecto disciplinador de la lenta agonía de la convertibilidad que dejó un tendal de desocupación y pobreza. Mientras todo el mundo se hundía, las ganancias empresarias se fortalecieron con el anabólico de los salarios devaluados.
El dejar pasar todo el ajuste sin luchas serias, como hizo el peronismo en aquél entonces y repite hoy, tiene una funcionalidad posterior que alberga la pretensión de presentarse como el gran salvador luego de que la burguesía se lleva tajadas enormes y los trabajadores recuperan apenas unas migajas, cosa que, tiempo después, vuelve a empezar, como ahora, con los trabajadores pagando la crisis otra vez: así funciona el país burgués ya sea "progre" o no "progre". El "modelo" portugués al que se alaba tanto significa dejar que se repita la misma historia del 2001, que condujo a los trabajadores a un desgraciado callejón sin salida.
Haciendo abstracción de otros elementos (crecimiento de la economía mundial, alza de precios de materias primas, etcétera), la destrucción salarial es la que permitió la recomposición de ganancias y el reinicio del ciclo económico argentino. En aquella tarea de destrucción salarial contribuyó Lavagna como ministro de Eduardo Duhalde. Aunque como Edipo, los kirchneristas quisieron matarlo, el padre del “modelo” fue el Cabezón. ¿Vendrá de allí el enamoramiento con el “modelo” portugués de Lavagna y los kirchneristas?
Así, en la medida que los trabajadores no encuentran una salida independiente a la crisis, el régimen capitalista impone su audacia alternando su personal político: la ofensiva sobre las condiciones de vida para recuperar las ganancias empresarias tiene una potencia mayor que la recuperación posterior.
No es que el capitalismo no se recupera nunca: aunque anémico, hasta Grecia está mostrando un reanimamiento, pero tiene lugar luego de una década de ataques sostenidos. Y es probable que el crecimiento no sea duradero en el panorama actual: hasta los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, están perdiendo la esperanza en el crecimiento mundial y proyectan una desaceleración.
Del mismo modo, durante los años de mayor austeridad los trabajadores portugueses sufrieron los efectos de una reforma laboral para abaratar “costos”, los empleados públicos vieron como sus salarios eran recortados un 25 %, los docentes llevan una década de salarios congelados, y los adultos mayores fueron obligados a trabajar más a causa de que se elevó la edad jubilatoria; el regresivo Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió de 21 % a 23 % durante el Gobierno de Sócrates y no volvió a bajar. Excepto por el impulso de la reducción de la jornada laboral del empleo público a 35 horas semanales (tal como era previamente a que los planes de austeridad la elevaran a 40 horas), el “milagro” portugués no devolvió a la clase trabajadora casi nada de lo perdido durante los días de borrasca. ¿Kicillof y Lavagna están dispuestos a revertir la reforma tributaria y el cambio en la movilidad jubilatoria del macrismo? ¿Qué harían con los pagos comprometidos con los fondos buitres?
A pesar del módico crecimiento económico, uno de los fenómenos más notorios de Portugal es la baja de la tasa de desempleo que en 2013, en el pico de la crisis, se ubicó en 16,2 % de la población activa. La reducción del desempleo también comenzó con el gobierno conservador, pero se acentuó en la gestión de Costa hasta reducirse al 7,3 % de 2018. Aun así, se trata de un nivel todavía más elevado que el promedio de período que va desde el 2000 al 2008, que fue de 6,1 %.
Justamente en la creación de empleo se hacen evidentes los efectos duraderos de la ofensiva del capital sobre los trabajadores durante la fase aguda de la austeridad: dos tercios de los nuevos empleos generados son precarios, de tiempo parcial o mediante contrato de obra, sin estabilidad laboral. Un modelo de "modernización" como sueña Macri.
Donde verdaderamente Portugal vive un boom económico es en el sector turismo y en el inmobiliario de manos de capitales extranjeros que llegaron a aprovechar las ventajas impositivas y los bajos salarios en relación a las potencias de la Unión Europea. Así, los trabajadores portugueses pagan el rescate al capital financiero y de la moneda europea con salarios de alrededor de 800 euros contra 1.500 de Francia; con el salario mínimo a menos de la mitad que en Francia y Alemania; y con jubilaciones que rondan los 500 euros.
No sólo eso. El boom del turismo y de los negocios inmobiliarios está generando un proceso de gentrificación que expulsa a los trabajadores y sectores populares desde las áreas centrales de las grandes ciudades del país hacia la periferia.
Portugal no llevó adelante ninguna ruptura con el capital financiero internacional. Tanto que, para elogiarlo, a Mario Centeno, el ministro de Finanzas, se lo llama el “Ronaldo de las finanzas” (en alusión al crack Cristiano Ronaldo). El elogio no surgió de una tribuna de fútbol, sino del ultraortodoxo exministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble. Centeno se benefició de la posibilidad de endeudarse en los “mercados” pagando una tasa de interés más baja que la pagada al FMI (un beneficio reservado a las economías europeas que a Macri le provocaría una sonrisa de oreja a oreja).
La deuda barata y las medidas de impulso del Banco Central Europeo le permitió gestionar el “gradualismo” a la portuguesa, pero implicó construir una deuda enorme, principalmente con el sistema financiero, que equivale al 130 % del PIB, un factor de riesgo latente para la economía lusitana. Es una hipoteca formidable que ante cualquier shock que revierta la situación disparará nuevas rondas de ajuste. Incluso el sistema bancario no está totalmente saneado y limita el crédito a pesar que el gobierno socialista le suministró más de 4 mil millones de euros.

Esperando el milagro

No debería extrañar (aunque vale la pena recordarlo) la responsabilidad del exministro de economía, Axel Kicillof, con los organismos internacionales y el capital imperialista: acordó pagar litigios en el Ciadi (un tribunal que actúa en el seno del Banco Mundial); arregló con el Club de París pagar una deuda con origen en la dictadura y reciclada en la crisis del fin de la convertibilidad; realizó un pacto neocolonial con Chevrón para explotar Vaca Muerta; e indemnizó a Repsol en agradecimiento por el vaciamiento energético.
En ese derrotero, había un fin último que era regresar a los “mercados” de capitales, tarea que quedó inconclusa por la falta de acuerdo con los fondos buitre, a los que en 2014 Kicillof ofreció 300 % de ganancias, pero los carroñeros encabezados por Paul Singer especularon con el cambio de gobierno y cuando llegó el macrismo obtuvieron mucho más por unos bonos que compraron por centavos especulando y empujando al país a la crisis durante el catastrófico principio de siglo.
El regreso a los “mercados” llevó al desbarranque económico del año pasado y al pedido de rescate al FMI. Bajo el impacto de las políticas acordadas por el Gobierno que encabeza Mauricio Macri con el organismo internacional, la economía está atravesando un derrumbe que en muchas cifras es inédito en el nuevo siglo: es lo que se lee de los últimos datos sobre el hundimiento industrial.
No obstante la agresiva política recesiva, implementada a través del ajuste de las cuentas públicas y de las elevadas tasas de interés que paga el Banco Central, la inflación no cede. No podía ser de otra manera: por un lado, porque los tarifazos siguen su curso; por el otro, porque el shock devaluatorio de 2018 impacta en ruedas sucesivas sobre los precios.
Nadie puede afirmar a ciencia cierta que nuevas corridas cambiarias no terminen de quebrar la política oficial conduciendo la economía, no sólo a una zona más catastrófica, sino directamente al caos: default obligado de la deuda pública, espiralización entre suba del dólar y de la inflación, figuran en el combo de diagnósticos que surgen, ya no exclusivamenete de los críticos del oficialismo, sino incluso de personajes que defienden al macrismo, como Carlos Melconian.
Los kircheristas y peronistas se embelesan con las maravillas del “milagro” portugués para instalar la ilusoria idea de que negociando con el FMI, que en palabras de Kicillof es más “flexible” que el propio macrismo, se puede lograr que el ajuste sea socialmente admisible.
Pero la dimensión de la catástrofe económica en curso y la situación internacional en declive no da margen para ninguna salida intermedia o reformista. Como vimos, Portugal no muestra algo distinto. No sólo eso: nuestro país (valga la aclaración, aunque resulte redundante) no es parte de la Unión Europea, sino un país dependiente donde el dominio de las potencias imperialistas brota hasta en el más mínimo detalle.
No se podrán recomponer los salarios, mejorar las condiciones de vida, mejorar los servicios públicos sin tarifazos si no se expulsa al FMI del país, se deja de pagar la deuda a los especuladores y se nacionaliza la banca y los servicios públicos en beneficio de las mayorías. O damos vuelta todo o ganan los sospechosos de siempre.

Pablo Anino
@PabloAnino