jueves, diciembre 31, 2020

Brexit: un acuerdo que preanuncia nuevos conflictos


La UE y el Reino Unido pactaron su nuevo marco de relaciones en el contexto de la agudización de la crisis mundial y la guerra comercial. 

 En un agónico desenlace, las autoridades de la Unión Europea y el Reino Unido arribaron a un acuerdo en las vísperas de Nochebuena sobre cómo serán las relaciones entre ambos luego de formalizado el Brexit. Se trató de una negociación contrarreloj, ya que la fecha límite para establecer las nuevas normas de intercambio era el 31 de diciembre. Si no hubieran llegado a una resolución, desde esa fecha el comercio entre la isla y el continente se hubiera regido por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con los aranceles correspondientes, lo que hubiera significado un drama mayúsculo y pérdidas económicas significativas para ambas partes. La consonancia lograda, con todo, no desdibuja las perspectivas de crisis, tanto políticas como económicas, que se vislumbran en el horizonte. El nuevo marco de transacciones comenzará a regir desde el 1° de enero, aunque reste aún la aprobación del Parlamento británico y del europeo. 

 Un acuerdo que defrauda a todos

 El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció exultante la concreción del acuerdo comercial con la Unión Europea como la consumación de la “recuperación de la soberanía”, la cual habrían buscado los británicos al votar por estrecho margen (52%) la salida del club europeo en 2016. Los nuevos marcos establecidos, sin embargo, distan de la pretensión de Johnson. El acuerdo implica la mantención por parte del Reino Unido de los estándares ambientales y de legislación laboral comunes a los establecidos por la UE, así como el compromiso de no implementar subsidios o dumping so pena de imposición automática (solo 20 días de plazo para que entren en vigor) y unilateral de sanciones económicas y aranceles por parte de Bruselas. 
 Para el continente, el sentido de esta imposición es impedir la competencia desleal por parte de su nuevo vecino. Como contrapartida, el comercio entre ambos y el acceso del Reino Unido -un mercado de 450 millones de habitantes- permanecerá sin arancel alguno. Se trata, en este sentido, del acuerdo de libre comercio más abierto que haya suscrito la Unión Europea. Sin embargo, el hecho de que pase a tratarse de un intercambio entre dos entidades políticas separadas implicará trabas burocráticas inherentes a cualquier acción comercial, lo que aumentará los tiempos y costos operativos. 
 La resolución de la espinosa cuestión de la pesca, con escaso peso económico pero significativa simbólica y políticamente, especialmente en las localidades costeras, ha dejado un sabor amargo a ambos lados. Los pescadores británicos deberán seguir compartiendo la faena con sus pares comunitarios que, sin embargo, estarán obligados a reducir su cuota de capturas en un 25% en un plazo de cinco años, para luego pasar a negociar los nuevos porcentajes de manera anual.
 Uno de los aspectos más gravosos para el Reino Unido es que la libertad para intercambiar mercancías establecida en el pacto no es trasladable a los servicios financieros, la principal actividad económica británica, para los que regirá una frontera en todo sentido. Al día de la fecha, la mayor parte de las empresas que operan en la Unión Europea radican su actividad financiera en la city de Londres, y se espera un traslado masivo de operaciones a otros mercados bursátiles como París o Frankfurt. Solo contemplando los efectos del Brexit se calcula una caída acumulada de 4 puntos porcentuales para el PBI británico en quince años (The New York Times, 24/12), lo que se suma a los efectos de la pandemia y la crisis mundial, que en el Reino Unido se ven reflejados en una caída del PBI del 11,2 en 2020 (Infobae, 1/12). 
 La Unión Europea , por su parte y a pesar de las condiciones del tratado, no podrá evitar tener que lidiar con un competidor en su propio vecindario. Con todo, la idea de una implantación dinámica del Reino Unido en el mercado mundial (“Global Britain”) -que el chauvinismo agita de la mano de la intención de que los británicos vuelvan a jugar un papel internacional protagónico por su propia cuenta-, no pasa de una ilusión en el marco de la agudizada guerra comercial entre los grandes jugadores: Estados Unidos, China y la propia Unión Europea. La deriva con la que Johnson y los conservadores vienen piloteando el Brexit apunta a recostarse en un mayor acercamiento con Estados Unidos, con lo que la perspectiva más segura es que Gran Bretaña termine fungiendo de segundo violín de la potencia norteamericana. 

 Disgregación política 

La economía no es lo único en juego con los acuerdos, sino que se han generado los embriones de importantes choques políticos. La cuestión de la unidad de Irlanda y del lugar de cada país constitutivo del Reino Unido (Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte) se ha reavivado con el Brexit y su culminación. La ministra principal escocesa del nacionalista SNP, Nicola Sturgeon, viene rechazando el Brexit y anunció la necesidad de una Escocia independiente en el marco de la Unión Europea. Una reciente encuesta indica que, de realizarse una nueva compulsa independentista, la secesión se impondría por un margen de 16 puntos (AFP, 27/12). En Escocia se impuso el no a la salida de la Unión Europea por amplio margen (62%) en el plebiscito de 2016. 
 La mayor de las crisis políticas se incuba en Irlanda, ya que en Irlanda del Norte también ganó el No en el plebiscito. El acuerdo con la Unión Europea establece el respeto a los “acuerdos de paz del viernes santo” de 1998, que levantaron la existencia de todo tipo de frontera entre los dos Estados existentes en la isla irlandesa, por lo que la frontera con el mercado común europeo (la República de Irlanda) y el Reino Unido pasará a ser marítima. Con esta resolución se establecerá una suerte de aduana y frontera comercial entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, lo que provoca escozor entre los partidarios de la permanencia norirlandesa dentro del Estado monárquico británico. Para los republicanos (los defensores de la unidad de Irlanda), la lucha por la emancipación del Reino Unido recobra bríos debido al Brexit.

 Por una salida de los trabajadores

 La crisis mundial y sus consecuencias decantaron en el Brexit y mostraron la inviabilidad dentro de los márgenes del capitalismo de cualquier tipo de superación de los marcos nacionales y de la disputa entre cada burguesía nacional como pretendieran los defensores de la Unión Europea. La salida nacionalista británica, así como las tentativas secesionistas dentro del Reino Unido (amén de la justeza del objetivo de una Irlanda republicana unificada), lejos de ofrecer un horizonte auspicioso, como proclamaban sus promotores, amenaza conducir a Gran Bretaña a un mayor retroceso económico -e incluso, a un desmembramiento-, sin dar ninguna satisfacción a las necesidades populares. Por el contrario, harán pagar a los trabajadores los costos de la guerra comercial en la que están embarcadas las respectivas burguesías. En oposición a estas alternativas, cobra aún mayor actualidad la consigna de la unidad socialista de toda Europa.

 Leandro Morgan

La Liga de los Comunistas

La agencia EFE ensalza la primer gran fake new contra Cuba: la Operación Peter Pan

Cuba: devaluación y tarifazos impactan sobre las masas


Las vías de la restauración capitalista. 

 Ha comenzado a trascender la forma que está tomando el curso devaluatorio e inflacionario que ha abierto el proceso de unificación monetaria en Cuba, así como su impacto sobre las condiciones de vida de las masas. La medida, impulsada por el tándem Miguel Díaz Canel-Raúl Castro, comenzará a regir a partir del 1° de enero. Hace perecer al peso convertible por dólar (CUC) para dejar en su lugar únicamente al peso cubano (CUP), con una tasa de cambio de 24 a 1 con la divisa estadounidense.

 Ajustazo 

La primera aproximación al tema concierne al aumento de precios en distintos tipos de medicamentos, entre ellos algunos de gran importancia y muy utilizados por los cubanos como la dipirona (analgésico), cuyo valor aumentará 13 veces, o la amoxicilina (antibiótico), que costará, multiplicación mediante, entre 18 y 33 pesos. El escenario que se viene configurando es turbulento en todos los planos, pues casi el 20 por ciento de la población de la isla supera los 60 años de edad, y la elevación de las pensiones que anunció el gobierno nacional no compensará de ninguna manera la subida de precios. Es justamente por esto que ya se ha desatado una “corrida” de ciertos sectores de la población hacia las farmacias en busca de medicamentos antes de que empiecen a regir los nuevos valores (Radio Televisión Martí, 22/12).
 Lo mismo ocurrirá con los precios de los servicios de electricidad, gas licuado, Internet, transporte público y de los productos de la canasta básica que se entregan a través de la libreta de abastecimiento. Las tarifas del servicio eléctrico, por ejemplo, aumentarán hasta cinco veces: “clientes residenciales que pagaban 1.459 pesos cubanos (60 dólares) por 1.000 Kwh mensuales, ahora tendrán que pagar 7.267 pesos (302 dólares), el equivalente a 3,5 salarios mínimos“ (El Nuevo Herald, 18/12). El nuevo salario mínimo anunciado por el gobierno será de 2.100 pesos cubanos. 
 Esta onda ascendente de los precios cercenará también la posibilidad de obtener documentos legales como certificaciones de nacimiento, matrimonio, entre otros. Quienes deseen trabajar o estudiar en el extranjero, por ejemplo, deberán pagar hasta 260 pesos por la obtención de certificación para notas y títulos.
 Ha encendido alarmas, asimismo, la instalación de un “corralito” para dólares en bancos cubanos.
 Desde el punto de vista de la clase obrera, todo este fenómeno tendrá el agravante de que numerosas empresas extranjeras de las que operan en la isla pasarán a pagar los salarios en pesos cubanos. Esto supone, naturalmente, un beneficio adicional para el capital extranjero, pues desde ahora podrá afrontar el valor de la fuerza de trabajo atesorando una mayor cantidad de divisas. El aumento de salarios dado a conocer por el gobierno, por otro lado, no podrá contrarrestar la escalada inflacionaria y, además, el golpe será más duro si se combina con una posible oleada de despidos, fruto del escenario de quiebras que plantearía la eliminación del régimen especial mediante el cual las empresas públicas accedían a dólares para la importación a una paridad de 1 a 1. Estos ataques contra la clase, asimismo, han sido precedidos por una modificación del Código de Trabajo que dio lugar a despidos sin causa y a la flexibilización de la jornada laboral. 

 Restauración capitalista

 La medida ha surgido como una reacción a la necesidad de obtener divisas en el marco de un descalabro generalizado de la economía del país caribeño, que se encuentra atrapada en un laberinto de contradicciones emergidas desde el aislamiento, el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos y los espasmódicos coletazos de una bancarrota capitalista mundial, que, agudizada por la pandemia, produjeron el derrumbe de la actividad turística. Desde la clique burocrática se estima una caída del PBI que llegaría al 11%, la mayor debacle desde la crisis que produjera la caída de la Unión Soviética en los años noventa. 
 En este marco, la burocracia cubana profundiza, a través de estas reformas, su orientación restauracionista, cuyo sendero ya venía siendo recorrido por ella luego de haber otorgado personalidad jurídica a las pequeñas y medianas empresas privadas, o eliminando el requisito de participación mayoritaria del Estado en empresas mixtas (a excepción de aquellas que operan en la extracción de recursos naturales o que brindan servicios públicos). La mayor apertura económica y el progreso de la restauración del capital desenvuelta en este período vuelven más vulnerable a la economía cubana a los sacudones de la crisis mundial. 
 El imperialismo norteamericano, por su parte, ha metido la cola una vez más en el tablero político cubano, imponiendo nuevas sanciones contra varias empresas nacionales dedicadas al turismo. Entre ellas se encuentra Gaesa, un emporio empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, que contiene en su esfera de capitales desde hoteles y supermercados hasta servicios portuarios y aduaneros. Otras de las empresas penalizadas fueron la financiera Cimex y la cafetera Kave Coffee. 
 La embestida impulsada por Donald Trump ha sido interpretada por algunos analistas como un obstáculo para la futura administración Biden, pues, según ellos, será “más complicado” desmembrar tamaña política de embargo. Lo cierto es que el futuro presidente demócrata viene dejando abierta la posibilidad de un viraje en la política del imperialismo, a la que él consideró en campaña electoral como un “desastre inefectivo” y que responde asimismo a una inquietud que recorre a un sector del capital norteamericano, que ve cómo la influencia china, rusa y europea se acrecienta al fragor del bloqueo.
 La política restauracionista de la burocracia cubana pretende empalmar con la política exterior del nuevo gobierno de Estados Unidos. La reciente designación de Lyanys Torres Rivera como embajadora de Cuba en Washington ha sido caracterizada por varios cubanoamericanos como una señal en ese sentido, dado que ella estuvo en las negociaciones entre Barack Obama y Raúl Castro, con su correlato en un proceso de restauración capitalista más acentuado. 

 Un planteo 

Frente a este cuadro, está planteada para las masas cubanas la tarea de organizarse de manera independiente por sus derechos sindicales y por la construcción de un partido revolucionario de su clase. La burocracia de la isla, cuya matriz política es la utilización de la maquinaria estatal para regimentar a fondo al proletariado cubano y para llevar adelante, en sus términos, una restauración burguesa, debe ser barrida por una acción histórica de los trabajadores que ponga en pie un gobierno propio.

 Nazareno Kotzev

Estados Unidos: una transición turbulenta


Biden al rescate del capital. 

 El nuevo paquete de rescate pandémico, que acaba de aprobar el Congreso, es un adelanto de cuál es la política que va a tener el gobierno de Joe Biden. El paquete contó con el guiño del presidente entrante y el apoyo de la bancada demócrata, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
 Por más que se ha pretendido maquillar el proyecto, lo cierto es que está lejos de satisfacer las necesidades apremiantes de la población, en momentos en que los contagios y muertes por Covid-19 se encuentran en sus niveles más elevados y siguen creciendo; hay 11 millones de desocupados nuevos desde que comenzó la pandemia, millones de familias han visto reducir sensiblemente sus ingresos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión, y se encuentran agobiadas por las deudas y la amenaza de desalojos. 
 El proyecto de ley de alivio aprobado otorga un pago por única vez de 600 dólares a los adultos que ganaron menos de 75.000 en 2019, junto con cheques por cada hijo. Importa señalar que esto es la mitad de los 1.200 dólares incluidos en la ley Cares, aprobada en marzo y cuyo pago se extendió por varios meses. Luego de casi cinco meses sin beneficios, los desocupados de más largo aliento recibirán 300 dólares por semana, lo que se limitará a once semanas, expirando a mediados de marzo. Una suma miserable. 
 La nueva ley prorrogó por apenas un mes la suspensión de desalojos que había sido aprobada a comienzos de año, lo cual coloca a millones de familias en una situación dramática. Los desalojos comenzarían en febrero en lugar de enero. Casi seis millones de estadounidenses tienen previsto ser desalojados o sufrir ejecuciones hipotecarias en los próximos meses. 
 La nueva ley contempla 25 mil millones de dólares en subsidios para al pago de alquileres, una suma superexigua si la comparamos con aproximadamente 12 millones de inquilinos que acumulan una deuda promedio de casi 6.000 dólares por atrasos en alquileres y servicios públicos, que totalizan, según estimaciones, unos 70 mil millones. No hay previsto ninguna condonación de alquileres atrasados ni siquiera por los servicios o impuestos. El subsidio de 600 dólares ni siquiera cubre el alquiler promedio mensual, estimado en 1.000 dólares que, por otra parte, los hogares tienen destinado para subsistir y comprar alimentos y productos de primera necesidad. 
 El carácter de la asistencia a la población trabajadora contrasta con el multimillonario rescate estatal a la clase capitalista. Tanto el Tesoro como la Reserva Federal han destinado sumas sin precedentes en auxilio y respaldo de la banca y de las empresas, empezando por la grandes corporaciones. Un cálculo incluso conservador nos permite hablar de 7 billones de dólares destinados en esta dirección, lo cual habla del abismo con la ayuda asignada a sectores más vulnerables y necesitados. Ha pasado relativamente desapercibido en los medios que el gasto aprobado por el Congreso; en realidad, alcanza a 1,4 billones, por encima de los 900.000 millones que se presenta como monto del paquete y que, por supuesto, es una fuente para nuevos subsidios al capital. En los 900.000 millones, por otra parte, hay partidas que no tienen que ver con la ayuda a los sectores de menores recursos. La legislación de “rescate” asigna fondos en beneficio de los empresarios, comprendiendo 284 mil millones de dólares en préstamos para el mal llamado «Programa de Protección de Salarios» (una caja negra para las corporaciones maquilladas como pequeñas empresas), 20 mil millones en entregas de emergencia para empresas, 15 mil millones para las aerolíneas y otro tanto para las cadenas de cines. 
 Viene al caso señalar que la nueva ley suprime la ayuda a las ciudades y estados con problemas financieros que sí contemplaba el ley anterior. Esto es un golpe, pues los estados cuyas finanzas están seriamente afectadas, estarían forzadas a recortar asistencia, servicios e incluso personal. Los republicanos se opusieron a cualquier ayuda financiera para los gobiernos estatales o locales, que ya ha eliminado 1,3 millones de empleos públicos. Los demócratas abandonaron un auxilio por ese concepto a cambio de una ayuda mínima para las escuelas y los servicios de salud pública. 

 Demócratas junto a Wall Street 

La aprobación por el Congreso del paquete de 900 mil millones de dólares destinado a “ayudas” para enfrentar las consecuencias de la pandemia de Covid-19 pasó por una pequeña, pero significativa crisis política. Trump se negó a apoyarlo y amenazó con vetarlo. Consideró que era una “vergüenza” dar un subsidio de 600 dólares a cada adulto y planteó, en cambio, que se entregara un cheque de 2.000 dólares. Por este planteo crítico fue acusado de “socialista” por sectores derechistas. Según Clarín (29/12), legisladores de la “izquierda” demócrata, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandra Ocasio Cortez, vieron con “beneplácito” esta propuesta de Trump. Se trató de vulgar demagogia de Trump para quedar bien parado ante la población desocupada con vistas a su futuro político, que sobre el límite retiró acatando al Congreso y a las corporaciones. El incidente sirvió, sin embargo, para mostrar que la “lucha contra el populismo” de Trump por parte de Biden, no es democrática, sino claramente antiobrera y ajustadora. 
 Los demócratas debutan, aún antes de asumir, con un paquete absolutamente distanciado de las necesidades populares. La necesidad de buscar un compromiso con los republicanos e incluso el hecho de que Trump sigue todavía al frente del Ejecutivo le vienen como anillo al dedo y excusa para hacer pasar esta ayuda a cuentagotas, mientras se sostiene un rescate sin precedentes al capital en crisis y no tan en crisis. Se trata una política compartida por ambos partidos, pues responde al interés de la burguesía norteamericana, de la cual ambos son tributarios y defensores. 
 Incluso, los demócratas han revelado un celo especial en la materia, yendo más lejos, en ciertos casos, que los republicanos. La bancada demócrata ha jugado un papel determinante para impedir que prosperara un proyecto presentado por los republicanos, que contaban con el aliento del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, del actual gabinete de Trump, dirigido a restringir la operatoria de la Reserva Federal en beneficio de las corporaciones. Las autoridades de la FED venían planteando reparos para avanzar en esta dirección, en medio de un gran lobby empresarial y presiones provenientes de Wall Street. 
 Es necesario tener presente que las empresas estadounidenses han pedido prestado un récord de 2,5 billones de dólares en el mercado de bonos este año. Esto ha significado una fuente no solo para la sobrevivencia de muchas empresas, muchas de las cuales son zombis (que vienen obteniendo beneficios exiguos o pérdidas), sino que ha sido una fuente para la especulación y grandes negociados, apelando a un apalancamiento récord, aprovechando el crédito barato con costos financieros cercanos a cero. La FED ha jugado un rol crucial para lubricar esta operatoria al tomar la decisión sin precedentes de comprar bonos corporativos de alto riesgo, así como de comprar fondos negociados en Bolsa, incluidos los que rastreaban activos basura. A la par de las compras de bonos del Tesoro y de valores respaldados por hipotecas, que constituyen la columna vertebral de la intervención de la FED en el mercado -que actualmente asciende a 120.000 millones de dólares al mes, más de 1,4 billones al año-, la FED comenzó con las adquisiciones de bonos corporativos que para poder efectivizarse necesitó del respaldo del Tesoro de Estados Unidos. El proyecto impulsado por los republicanos apuntó a restringir esta operatoria. 
 Este respaldo conjunto del Tesoro y la FED está en la base del boom operado en Wall Street, tanto en el mercado accionario como de bonos. Y eso que explica la paradoja de un ascenso exponencial de la Bolsa, cuando enfrentamos un retroceso y parate económico brutal que está lejos de haberse revertido. 
 Naturalmente, el hecho de que esta expansión haya alcanzado esta altura, habla al mismo tiempo, de su alcance explosivo, pues tiene bases absolutamente precarias. Un número récord de empresas ha sido calificado este año como triple C, uno de los niveles más bajos, y casi el doble que el año pasado. Una interrupción en el ciclo de préstamos prepara un derrumbe de mayores dimensiones que el vivido con el estallido del coronavirus, que iría de la mano de una cadena de quiebras y despidos. La capacidad de emisión no es ilimitada y una señal ya la tenemos con el debilitamiento del dólar, que ya perdió un 10 por ciento en relación con otras monedas como el euro.

 Independencia política 

El establishment respiró aliviado, pues se venía retrasando la aprobación del paquete en el Congreso y, encima, Trump fue demorando su promulgación. Existía un temor fundado en las filas de la clase capitalista y los círculos de poder que una demora en la llegada de la ayuda pudiera provocar una estallido social. Los ecos de las gigantescas protestas que conmovieron al país desatadas este año están demasiado frescos. La nueva gestión demócrata nace condicionada por el fuego cruzado de la bancarrota capitalista y de la pandemia, que está lejos de ser un capítulo cerrado y, por el otro lado, de la rebelión popular que sigue latente. La gestión de Biden no va a ser una réplica de la de Obama. Las condiciones son muy distintas. Se pondrá a prueba con extrema rapidez si es capaz de pilotear una transición turbulenta como la que se viene, atravesada por tantos frentes de tormenta al mismo tiempo.
 Frente este escenario, es necesario defender e impulsar la independencia política de los trabajadores. La subordinación al nuevo gobierno conduce a una encerrona y una frustración de los reclamos de la población, que han adquirido un carácter apremiante. La experiencia que se acaba de recorrer en relación al comportamiento de la izquierda demócrata respecto del paquete de rescate aprobado por el Congreso es aleccionadora. Bernie Sanders y Elizabeth Warren votaron a favor de la nueva ley en el Senado. Lo mismo ocurrió con la miembro de DSA (Socialistas Demócratas de Estados Unidos). Es necesario romper las ataduras con el Partido Demócrata y avanzar en la estructuración de una fuerza independiente, que sea un portavoz y un motor de las luchas y demandas de los trabajadores y abra paso a un nuevo horizonte político en el país. Por el lugar estratégico que ocupa Estados Unidos, esto significaría un paso adelante crucial en el apuntalamiento de las tendencias revolucionarias a escala internacional. 

 Pablo Heller

La fuga de capitales equivale a un PBI argentino


Así lo estima un informe del Indec, que muestra la falsedad de la premisa oficial acerca de la "falta de dólares".
 La premisa de la política económica del gobierno nacional es que el país padece una escasez de divisas y, por lo tanto, su misión sería crear las condiciones para recaudarlas, de manera de cumplir con el repago a los bonistas y el FMI «con crecimiento». Esta carencia de dólares es, además, el pretexto oficial para explicar la inestabilidad cambiaria. Sin embargo, un reciente informe del propio Indec permite demostrar que esta premisa es falsa y que solo sirve a los fines de justificar la postración ante el imperialismo y el gran capital extranjero, mientras se fugan los capitales delante de sus narices. En otras palabras, es la excusa para descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. 
 El informe del Indec sobre la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del tercer trimestre de 2020 estima en más de 336.200 de dólares lo que residentes privados del país tienen declarado en el exterior o fuera del sistema financiero local. Esto es equivalente al Producto Bruto Interno (PBI), es decir a toda la circulación económica anual del país. La fuga de capitales se multiplicó en la última década, lo que es otro síntoma de la decadencia del capitalismo argentino. 
 El centro de estadística oficial calcula que de esos activos que se encuentran en el extranjero o fuera del sistema la mayor parte (más de 231.500 millones de dólares) corresponde a depósitos en bancos en otros países y moneda atesorada en cajas de seguridad o «abajo del colchón», una cifra que desde la asunción de Alberto Fernández creció cerca de 5.000 millones de dólares. Luego, cuenta más de 66.000 millones invertidos en activos financieros en el exterior y 39.000 millones en inversión directa como propiedades en otros países. Esto, no hay que olvidar, es lo que tienen declarado los residentes de Argentina, pero, por supuesto, los montos reales son bastante mayores. 
 La cifra total es unas ocho veces y media las reservas internacionales brutas del Banco Central y equivalente a toda la deuda pública. Un país con semejante nivel de fuga de activos difícilmente pueda evitar las sucesivas devaluaciones de su moneda y el default, pero,como se ve, el problema no es ninguna «restricción externa» (como denominan los economistas oficialistas a la falta de dólares). De hecho, estos relevamientos evidencian que, en esencia, Argentina es acreedora neta y no deudora. 
 La paradoja de un país acreedor en quiebra se explica porque los capitalistas no reinvierten sus ganancias sino que las sacan del país o incluso las colocan en títulos de deuda que los convierten en acreedores de la propia nación. Es esta clase social parasitaria la responsable de los sucesivos defaults de Argentina y de las recurrentes crisis cambiarias, y, por supuesto, entonces del empobrecimiento general de los trabajadores. 
 No es un problema de «modelos», como gusta presentar el kirchnerismo. La fuga de capitales durante el gobierno de Macri superó los 86.000 millones de dólares, es cierto, pero en los tres mandatos de Néstor y Cristina Kirchner fue de más de 102.000 millones. Como vimos, este saqueo continúa con Alberto Fernández en la presidencia. Esto, y el religioso pago de los vencimientos de deuda externa al FMI y otros organismos internacionales explican el agotamiento de las reservas del Banco Central que, conforme el Indec, perdió en el tercer trimestre del año más de 3.000 millones de dólares por el flujo de la balanza de pagos. A su vez, mientras se pagaron entre julio y septiembre 2.125 millones de dólares de deuda externa, el stock de la misma aumentó en 1.147 millones de dólares. 
 Según los economistas burgueses, la solución a esta encerrona sería bajar el costo laboral mediante una reforma flexibilizadora y reducir los impuestos que gravan a los capitalistas para incentivar la inversión. Sin embargo, la devaluación del peso de los últimos años implicó un abaratamiento fenomenal de los salarios argentinos, mientras se sucedieron los beneficios tributarios a las patronales, pero la estampida se agravó. Es decir, que la presión de los empresarios por incrementar la tasa de ganancia no redunda en una mayor reinversión, sino en una mayor fuga. Un aspecto central de este asunto es que en las ramas estratégicas de la economía nacional predominan los pulpos extranjeros, que giran sus utilidades al exterior hacia sus casas matrices. 
 Esto nos lleva al punto nodal, que es la postración colonial de la burguesía nacional y de su Estado. El pacto que Martín Guzmán intenta cerrar con el Fondo Monetario agravará esta situación, y de ningún modo la resolverá, porque pone al organismo del imperialismo a monitorear la política económica del país. Una expresión de ello la vemos ya ahora, cuando la irresolución de la cuestión cambiaria se ha convertido en una traba para avanzar en las negociaciones. La devaluación que se abre camino a pesar de la resistencia del gobierno -por sus potenciales efectos hiperinflacionarios- es una muestra de la incapacidad para dotar a la economía nacional de un rumbo diferente. 
 La reversión de este saqueo solo puede ser obra de la clase obrera, derrotando el pacto con el FMI y repudiando la deuda externa usuraria, nacionalizando la banca y el comercio exterior, de manera de poner un punto final a la incesante fuga de capitales. La reinversión de la riqueza en un desarrollo nacional requiere de la ruptura con el capital imperialista y la expropiación del gran capital parasitario.

Iván Hirsch

miércoles, diciembre 30, 2020

Miseria moral del “periodismo independiente”


El autocalificado “periodismo independiente” no es otra cosa que una organización criminal porque, como lo recordara Gilbert K. Chesterton en tiempos de la Primera Guerra Mundial, “los periódicos comenzaron para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad sea dicha.” 
 Revisando algunos viejos apuntes acumulados en el disco duro de mi computadora encontré una serie de declaraciones de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina manifestando su preocupación por la libertad de expresión y el ataque a “periodistas” como Luis Majul y Daniel Santoro. La institución de marras la preside Joaquín Morales Solá, un señor que finge ignorar la diferencia entre informar y -sobre la base de información confiable y chequeada opinar- y utilizar los medios de comunicación en los que se desempeña para operaciones propagandísticas presentadas ante su indefensa audiencia como si fueran “periodismo independiente”.
 En una reciente emisión de su programa Desde El Llano el presidente de la ANP “entrevistó” a la señora Elisa Carrió quien se despachó con una serie interminable de disparates ¡sin que el supuesto periodista atinara a balbucear una sola repregunta! No fue una entrevista periodística sino un caso de propaganda política subliminal, probablemente remunerada. Es decir, una estafa a la teleaudiencia. Lo mismo había hecho unos días antes Carlos Pagni, otro representante del “periodismo serio” en la Argentina, cuando “entrevistó” durante poco más de media hora a Juan Guaidó que, como lo haría Carrió después con Morales Solá, derramó enormes cantidades de “bullshit” ante un impasible Pagni, que no hizo el menor comentario o formuló pregunta alguna para poner a prueba los dichos de Guaidó. El objetivo, claro está, era brindarle al esperpento venezolano una plataforma para difundir su proyecto político. En ambos casos un espacio supuestamente periodístico parecería haber sido alquilado para promover la agenda política de una autoproclamada candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, retornada a las lides políticas pocos meses después de haber anunciado su definitivo retiro; o la de un pelele orgulloso de haber sido designado “presidente encargado” de su país por Donald Trump. Todo esto, repito, ante la actitud complaciente de los aquiescentes “entrevistadores.” En resumen, gran parte de eso que llaman “periodismo independiente” no es otra cosa que una tapadera para que algunos mercaderes trafiquen con su espacio comunicacional y lo subasten (ellos o sus patronos) al mejor postor. ¡Y encima se dan el lujo de pontificar sobre la libertad de expresión, la república y la democracia! 
 En fin, esta es la dura realidad del periodismo que en nuestro tiempo se autocalifica como “serio y profesional”, y no sólo en la Argentina y Latinoamérica. Europa o Estados Unidos tampoco están a salvo de este flagelo que es una de las mayores amenazas que acecha a la democracia en el mundo moderno. La ANP salió en defensa de dos personajes de la cloaca mediática como Luis Majul y Daniel Santoro cuyo “periodismo de investigación” es producido por un singular equipo cuyos puntales son los servicios de inteligencia y un manojo de jueces y fiscales corruptos, unos y otros en abierta violación a las leyes de este país. Esta operación no tiene nada que ver con el periodismo. Su objetivo es obtener instrumentos y supuestas pruebas para perseguir, acosar y eventualmente extorsionar a rivales políticos y sectores ligados en este caso al oficialismo.
 Lo de la ANP no es una excepción; tampoco lo son los grandes conglomerados mediáticos argentinos (que incluyen prensa gráfica, radio AM y FM, televisión abierta y por cable, granja de bots, etc.) como Clarín, La Nación o Infobae. Pero por su gravitación mundial el diario El País de España se lleva los laureles en lo que hace a la prostitución del periodismo convertido en un nauseabundo house organ al servicio de los ricos y poderosos de todo el mundo. Por eso no sorprendió que a mediados del año pasado Antonio Caño, exdirector de aquel diario entre 2014 y 2018, publicara una nota titulada nada menos que “El error de llamar a Assange periodista.”[1] En ella arguye que el fundador de Wikileaks es un “impostor” porque, según él, “los periodistas no roban información legalmente protegida, no violan las leyes de los Estados democráticos, no distribuyen los documentos que les facilitan los servicios secretos sin haberlos verificado” tarea que Caño confía, corporativamente, al buen saber y entender de periodistas profesionales. ¿Periodistas profesionales, como quiénes? Puede ser, en algunos poquísimos casos, pero ¿por qué no confiar en gente con mayor formación específica para evaluar los datos divulgados por Assange como politólogos, sociólogos, internacionalistas, historiadores, semiólogos y expertos en materias militares o en inteligencia? Pero además, muchos de los amigos y colegas latinoamericanos de Caño lo que hacen es justamente eso: roban información que “debería” estar legalmente protegida, violan a destajo las leyes de los estados democráticos, y distribuyen los documentos que les facilitan los servicios secretos o funcionarios corruptos del poder judicial para acosar y/o destruir a sus adversarios políticos. En su angelical candor, o diabólico cinismo (cuestión que las y los lectores deberán discernir), el ex director de El País dice que los periodistas profesionales “cuidan de no causar daños innecesarios con su trabajo, les dan a las personas aludidas la ocasión de defenderse, buscan la opinión contraria a la que sostiene la fuente principal de una información, no actúan con motivación política para perjudicar a un Gobierno, un partido o un individuo. Los periodistas no defienden más causa en una sociedad democrática que la del ejercicio de su trabajo en libertad.”
 Releo estas líneas de Caño y me rectifico: no creo que sea el suyo un caso de infantil ingenuidad. Digámoslo con todas las letras: es la sutil estratagema discursiva de un impostor de alta gama que sabe que en el ejercicio del periodismo hegemónico, ese que él llama “profesional”, aquellas reglas tan prístinas que él enunciara son violadas con premeditación y alevosía; que los autodenominados “periodistas independientes” causan intencionalmente daños a las personas o instituciones víctimas de su persecución; que no les dan ocasión de defenderse; que jamás buscan una opinión contraria a la línea que les bajan sus jefes o patronos y nunca aceptan debatir con quienes sostienen puntos de vista contrarios; y siempre actúan con motivación política para perjudicar a un gobierno, partido o individuo. El caso de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio de Chile es una muestra paradigmática de lo que hacen los periodistas defendidos por Antonio Caño y por el presidente de la ANP, Joaquín Morales Solá. Por eso después más de cincuenta años de prostitución periodística en buena hora el Colegio de Periodistas de Chile lo expulsó de sus filas, precisamente por haber hecho exactamente eso que Caño dice que los periodistas profesionales no hacen.[2] Si en la Argentina existiera una institución con los mismos valores y valentía de sus colegas chilenos la cantidad de operadores políticos disfrazados de periodistas que serían expulsados de sus filas llegaría fácilmente a medio centenar.
 Justamente a causa de esta degradación moral es que no sorprende el estruendoso silencio de la ANP ante caso de Julian Assange, injustamente encarcelado por haber informado al público sobre los crímenes de guerra, la corrupción y el espionaje global del gobierno de Estados Unidos. Ni una palabra en defensa de un verdadero campeón de la lucha por la libertad de expresión, que mentirosamente la ANP dice defender; ni un gesto de solidaridad ante un periodista retenido en una cárcel de máxima seguridad, en confinamiento absoluto, sin contacto con nadie, sin ver sino por unos minutos la luz del sol una vez a la semana, sometido a maltratos físicos y psicológicos de todo orden pese a la precaria condición de su salud. Pero al haber revelado los secretos del imperio y sus mandantes -que el sicariato mediático oculta bajo siete llaves- para la ANP Assange es un traidor, un “impostor” como dice Caño, que no merece solidaridad alguna. El próximo 4 de enero la jueza Vanessa Baraitser dará a conocer su sentencia en el juicio por la extradición del australiano a Estados Unidos. Pese a la debilidad de las pruebas aportadas por el querellante el acusado fue privado de su libertad y enviado a la cárcel. Cunde la indignación entre los periodistas de verdad de todo el mundo, advierte el laureado cineasta y periodista británico John Pilger, quien asegura jamás haber visto una farsa tan grotesca como el juicio celebrado en Londres. El lawfare se extiende como una mancha de aceite, y de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador ya arribó a Europa y Estados Unidos. Pero la ANP no cree que exista tal cosa porque, según sus dirigentes, el lawfare es una maligna invención de una izquierda totalitaria, populista, chavista, castrista, y por lo tanto desestima olímpicamente la denuncia de Pilger.[3] La inmoralidad de esa institución no tiene límites.
 Este negacionismo también se revela en relación a la situación de los periodistas en Estados Unidos. Desde el estallido de las protestas del Black Lives Matters con motivo del asesinato a sangre fría de George Floyd por la policía de Minneapolis, 322 periodistas fueron agredidos (salvo contadas excepciones, por las “fuerzas del orden”); 121 fueron detenidos, a 76 les destruyeron sus equipos (cámaras fotográficas o de video, teléfonos celulares) o instalaciones (salas de prensa) y 13 fueron querellados y sometidos a proceso judicial.[4] La misma fuente informa que en 2018 cinco periodistas fueron muertos a balazos en Estados Unidos. Pero esto no fue ni jamás será noticia en los medios hegemónicos, apropiadamente caracterizados por sus críticos como la Bullshit News Corporation porque la mayoría de la información que difunden es eso, basura; mucho menos será motivo de preocupación o denuncia para la ANP, obediente hasta la ignominia antes los menores deseos del amo imperial. La institución defiende a sus mercachifles de la comunicación, no a estos pobres diablos acosados por el poder en Estados Unidos que pagan con sus vidas su lealtad a la profesión que eligieran. En cambio si un periodista, ¡aunque sea sólo uno!, hubiera sido detenido en Venezuela o sufrido la destrucción de su equipo de trabajo la gritería del sicariato mediático mundial habría sido ensordecedora. Su doble estándar moral los convierte en sujetos despreciables.
 Conclusión: el autocalificado “periodismo independiente” no es otra cosa que una organización criminal porque, como lo recordara Gilbert K. Chesterton en tiempos de la Primera Guerra Mundial, “los periódicos comenzaron para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad sea dicha.” Para ello cuentan con cuatro armas principales: promover la “posverdad”; mentir y usar las fake news a destajo; utilizar el blindaje informativo (por ejemplo, no decir jamás nada sobre la interminable matanza que a diario desangra Colombia o sobre las revelaciones de los Panamá Papers que involucran al ex presidente argentino Mauricio Macri) para proteger a socios y/o amigos; y el linchamiento mediático de líderes “molestos” a las cuales es preciso satanizar para que luego jueces y fiscales culminen el proceso enviándolos a la cárcel o inhabilitándolos para competir por cargos públicos. Por eso hoy esa prensa, así de corrupta, constituye una de las principales amenazas a la democracia, y si la sociedad no reacciona a tiempo probablemente acabe no sólo con lo poco que resta de libertad de expresión sino que acentúe aún más la asimetría entre una prensa hegemónica que domina sin contrapesos el espacio mediático y el periodismo verdaderamente independiente, que sobrevive a duras penas ante tan desigual competencia. Pero lo que está en juego no sólo es la libertad de expresión; también el derecho de los pueblos a acceder a información verídica y comprobable, legalmente obtenida. Y por supuesto, la democracia también está en peligro porque para sobrevivir requiere que el espacio mediático sobre el que reposa sea efectivamente democrático y plural y no esté amordazado por la dictadura del pensamiento único. La democracia se vacía de contenidos, se degrada y finalmente sucumbe cuando el sustrato comunicacional sobre el que se apoya es una tiranía informativa. Evitar que esto suceda será una de las grandes e impostergables batallas que deberemos librar una vez derrotada la pandemia.

Atilio A. Boron | 30/12/2020

 Notas: 

 [1] Su nota se puede encontrar en: https://elpais.com/elpais/2019/05/15/eps/1557937168_850658.html 
 [2] Toda le info puede verse en https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/04/21/el-fin-de-un-intocable-colegio-de-periodistas-decide-expulsar-a-agustin-edwards/
 [3] https://independentaustralia.net/life/life-display/john-pilger-eyewitness-to-the-agony-of-julian-assange,14374 [4] Datos de la U.S. Press Freedom Tracker, en https://pressfreedomtracker.us/ y también en https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28908/more-journalists-are-being-assaulted-in-the-u-s-tarnishing-america-s-image

#Aborto2020 Entrevista a Nora Cortinas

Histórico triunfo: el aborto es legal // ¡Separación de las iglesias del Estado!

Derecho al aborto: una victoria histórica que abre nuevos surcos

Las conquistas o reclamos populares suelen arrancarse de un modo tortuoso y hasta contradictorio. La conquista del derecho al aborto es el fruto de una lucha de cuatro de décadas de la mujer, con el apoyo del movimiento obrero combativo. La conquista de la legalidad del aborto, con todas las limitaciones que ha impuesto el gobierno del FdT y de sus compinches de la oposición, en la madrugada de este miércoles 30, es inseparable de la nueva transición política, inaugurada en forma conjunta por el agotamiento del anterior gobierno K y por el derrumbe veloz de la tentativa macrista, o sea de una crisis de régimen político, en el marco de una lucha popular incesante. La victoria de las mujeres de Argentina abre un fuerte horizonte revolucionario a la mujer de América Latina.
 La “ola verde” integra al ciclo de movilizaciones que acompañaron al ascenso y al colapso político del macrismo – su bancarrota económica y financiera. Esa saga estuvo integrada por las ocupaciones de fábricas de 2017, la gigantesca -absolutamente gigantesca- movilización contra el 2x1 a los genocidas; la rebelión diurna y nocturna del 18 de diciembre contra la reforma previsional y, finalmente, las jornadas por el aborto legal. 
 A comienzos de 2018, ya acosado por los cimbronazos financieros y por la reacción popular, el macrismo echó mano de la cuestión del aborto, sin medir el alcance de su maniobra, ni tampoco sus contradicciones. Los pañuelazos, cada vez más masivos y recurrentes, aceleraron su tratamiento parlamentario. Una verdadera rebelión de las mujeres recorría al sistema educativo, e incluso en los colegios confesionales los uniformes comenzaban a adornarse de pañuelos verdes. 
La cuestión del aborto penetró en las fábricas y en las organizaciones obreras, en sus debates y controversias. La reivindicación ganó también a las barriadas. Argentina asistió a un levantamiento no declarado contra uno de los grandes bastiones del orden social dominante, la Iglesia Vaticana y las corporaciones religiosas, en especial las evangélicas. Las movilizaciones que tuvieron lugar frente al Congreso tampoco registraron antecedentes. Al votar contra el aborto legal en 2018, el Senado reveló la catadura reaccionaria de las camarillas históricas de los partidos capitalistas de Argentina. Pero el régimen opresor y clerical había recibido una herida furibunda, alcanzando a su propia base popular. Quienes hoy formamos el PO (Tendencia) caracterizamos a ese golpe como “definitivo” - contra quienes, entre ellos los apóstoles del aparato partidario, se apresuraron a anunciar la “derrota” del movimiento por el aborto legal. Ea un argumento más que sumaba a la tesis del “planchazo” popular mundial, para justificar la política de la rutina electoral. 

 Los Fernández y el aborto

 En un reportaje reciente, Alberto Fernández se jactó de impulsar el aborto legal como “promesa de campaña” - una “promesa de campaña” que no hubiera existido sin aquella movilización inmensa. El aborto legal es una concesión -tal vez la única- del gobierno FF al movimiento de luchas que precedió al derrumbe del macrismo. El mismo día en que el Senado votaba el aborto legal, el gobierno le asestaba un nuevo zarpazo a la movilidad de los haberes jubilatorios, y también en ese día el sindicalismo de las empresas exportadoras imponía su reivindicación de salario mínimo, 90 mil pesos, igual al costo de la canasta familiar. La maniobra de un gobierno en crisis fue el resultado, primero, de la ola verde, e históricamente de una acción consecuente de años y décadas del puñado de compañeras que, en conexión con el socialismo y con la izquierda, batallaron por el aborto legal.
 El carácter manipulador y reaccionario de la aproximación oficial al aborto legal se aprecia en las modificaciones introducidas al proyecto original, en primer lugar, la objeción de conciencia personal e institucional, que legaliza la coacción de las instituciones privadas y clericales sobre sus profesionales. La reglamentación de la ley restringirá, a su vez, las posibilidades de aborto, luego de la semana catorce, aunque se encuentre amenazada la salud de la mujer. En el hospital materno infantil de Salta -ver en esta misma web- el 95% de los médicos se han declarado “objetores”, lo que constituye un baldón al derecho al aborto legal en esa provincia. 

 Senado

 En efecto, el Senado de la Nación, el gobierno abrió la puerta para nuevas y graves concesiones al clero y la reacción política. El rionegrino Wretilneck y senadores del macrismo justificaron su voto favorable en nombre de la reglamentación futura de la ley, con la promesa de que eliminará la interrupción con una gestación superior de 14 semanas por razones de “salud integral”. En este caso, se eliminaría el concepto de “integral”, que alude a la salud psíquica de la mujer que lleva un embarazo no deseado – una cuestión decisiva.
 En el debate del Senado abundaron las alusiones a “una nueva realidad” o “un reclamo del electorado”. El ala “pro-abortista” del kirchnerismo recurrió al argumento de que la ley “no obliga a nadie a abortar” – que sólo provee “los instrumentos legales a quien decida hacerlo”. Pero además se necesitan ´los instrumentos´ de salud pública, que es una obligación del Estado, y cuya falta o ausencia podría reducir a la nada el ´instrumento legal´.Todo apunta a convertir al aborto legal en un nicho reservado a (ciertos) hospitales públicos, rodeado de trabas para su concreción.
 El derecho, bajo la sociedad capitalista, está siempre condicionado al poder político de la clase dominante. Mientras se discutía el aborto, la mismísima Cristina Kirchner y las principales cúpulas sindicales salían a pregonar una ´reforma del sistema de salud´, dirigida a recortar las prestaciones básicas y reforzar la subordinación del sistema público y de obras sociales, desfinanciados, a la salud privada. La interrupción legal del embarazo, ¿ingresará en el nuevo PMO? ¿Qué dirá la ´reglamentación´? 
 Finalmente, la hostilidad del poder político al aborto legal se puso de manifiesto en la exposición final de José Mayans, nada menos que el jefe de bloque oficialista. Mayans destacó que el aborto legal es contradictorio con “la vida desde la concepción”, según su interpretación de la Constitución nacional y el Código Civil. Con ello declaró abierto un período de impugnaciones judiciales, que siempre han sido acompañadas de movilizaciones fascistoides. La cláusula que invoca Mayans fue introducida por la reforma constitucional ´progresista´ de 1994, un producto incestuoso del ´pacto de Olivos´ entre Menem y Alfonsín. Una de las reformadoras fue Cristina Fernández de Kirchner, acompañada de Zaffaroni. La sanción del aborto legal es un clavo molesto incrustado en la coalición ´nacional y popular´. Por eso, el movimiento popular tiene una enorme lucha por delante para hacer valer al aborto legal de un modo efectivo. Esa lucha volverá a enfrentarlo con los partidos que ayer votaron forzados esta ley. 

 F y F sueñan con serpientes 

Pero la especulación de que la sanción del aborto legal podría aportarle un respiro al gobierno acosado por el derrumbe social, la pandemia y el hipotecamiento económico, no duró siquiera la noche misma del Senado. Como le ocurrió al torturado poema de Silvio Rodriguez, “Sueño con serpientes” - “la mato y aparece una mayor”. 
 En esa misma tarde, una virtual huelga general de 20 días en el cordón agroindustrial de Santa Fe -el corazón económico del país- arrancaba un salario igual a la canasta familiar, junto con otras reivindicaciones. Detrás de ellos, los portuarios, marítimos y otros gremios de la zona avanzan ahora por las mismas conquistas. Es un golpe concreto al acuerdo que el gobierno quiere firmar con el FMI, y una lección de cómo se lucha contra el FMI – por medio de la lucha de clases, no del palabrerío nacionalista; por medio de la acción directa, no de los discursos parlamentarios.
 Los pañuelazos integran una lucha de alcance histórico de los obreros y trabajadores de Argentina y de la mujer y del movimiento obrero internacional. Con esta comprensión, hemos participado de la movilización y la vigilia que, entre el 29 y el 30, concentró a miles de compañeras y compañeros frente al congreso nacional. 

 Marcelo Ramal
 30/12/2020

martes, diciembre 29, 2020

Cristina Kirchner y la reforma del sistema de salud

La lectura de la “letra chica” del último discurso de la vicepresidenta dejó entrever varias otras cosas más allá de sus reclamos de blindaje judicial. Lo más jugoso se relaciona con el llamado “a repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos". Cristina volvió sobre la cuestión de los tres subsistemas´ -hospitales públicos, obras sociales y prepagas-, para plantear unsistema nacional integrado`. La jefa del kirchnerismo asoció esa mención del sistema sanitario a la pandemia, anticipando que “no será la última”. Pero la conclusión elemental que dejó el Covid 19 es el pavoroso vaciamiento del sistema de salud, y la necesidad de un reforzamiento decisivo de los recursos, comenzando por el salario y el nombramiento de trabajadores, los cuales fueron exprimidos hasta el límite de sus fuerzas.
 Por el contrario, la conclusión de CFK empalmó con la línea estratégica que los Estados capitalistas y el Banco Mundial promueven en materia sanitaria. La vice señaló que “Argentina es el país de América Latina que más invierte en salud” –se gasta “demasiado”, no demasiado poco. Sin decirlo, apuntó a lo que todos los gobiernos capitalistas vienen promoviendo - la supuesta racionalización del gasto sanitario, que tiene dos líneas maestras: por un lado, el recorte de prestaciones; por el otro, la “integración” del sistema en términos de la subordinación del” d hospital pùblico a las necesidades del capital privado.
 En lo que tiene que ver con el ajuste de las prestaciones, el plan oficial tiene un socio estratégico en la burocracia sindical, que quiere enjugar la quiebra de las obras sociales a costa de la salud de los afiliados. Por eso, y según relata la misma fuente, la cùpula de la CGT propondría una “canasta prestacional” que reemplace al Programa Médico Obligatorio (PMO), al cual los dirigentes acusan de generar un déficit de 1500 millones de pesos mensuales (La Nación, ). Para enjugar esas pérdidas, la nueva “canasta” debería incluir menos prestaciones que el actual PMO. 
 La burocracia sindical ha reforzado una asociación de intereses con los dueños de las prepagas, en la medida que muchas obras sociales han tercerizado en éstas últimas los servicios a sus afiliados. Ahora, ambas estarían reclamando que las prestaciones por discapacidad –que se financian con un fondo especial constituido con aportes de las obras sociales- pasen a ser costeados por el Tesoro Nacional. Con seguridad, este traspaso implicará también recortes.
 El planteo de la “canasta prestacional” y el sistema sanitario “integral” promovido por Cristina, se parecen demasiado al plan pergeñado por el macrismo en 2017, para imponer una Cobertura Universal de Salud (CUS). El corazón de este planteo es limitar las prestaciones en el hospital público, que quedarían acotadas a un cierto número de consultas y prestaciones anuales. Cada persona sin cobertura de salud recibiría una chequera o voucher equivalente a las atenciones médicas previstas por la CUS, la cual se igualaría a las prestaciones sin cargo de las obras sociales o prepagas en sus planes o coberturas mínimas. La “integración” del sistema habilitará a los hospitales a recibir a pacientes de obras sociales con su respectiva chequera, algo que actualmente se encuentra restringido a las emergencias. El sistema “integrado” convierte al hospital pùblico en un apéndice de la salud privada. A su turno, se plantearía una competencia entre hospitales por la captura de la demanda, con sus consecuencias en términos de concentración general de la salud, de un lado, y sobre el régimen laboral, del otro. La “autogestión hospitalaria” ha sido promovida por las administraciones seudoprogresistas de todo el continente –no sorprende que Cristina Kirchner apunte ahora para el mismo lado. Ni qué decir que una “canasta” degradada y limitada de prestaciones es un ataque al derecho al aborto legal.

 Los K y una tendencia mundial 

La instalación, en la postpandemia, de un planteo general de recorte sanitario, es reveladora de las tendencias mundiales en la materia. Mientras los expertos en salud recomiendan un salto sustantivo en el esfuerzo sanitario de los Estados, la tendencia que la OMS y el Banco Mundial propugnan es la de la “reasignación del gasto”, es decir, el financiamiento de los gastos pandémicos (vacunas por ejemplo) a costa de recortes en otras áreas. La medicina prepaga, que es a esta altura una derivación del capital financiero, ya se sirvió de la pandemia para avanzar en recortes sustanciales, por caso, el reemplazo de las consultas médicas presenciales por un régimen de consultas on line, que multiplica el “rendimiento” los profesionales de la salud. 
 Es revelador que Cristina Kirchner se haya encargado de tomar esta posta en la Argentina.Ciertamente, la cuestión de sus salvoconductos judiciales sigue siendo prioritaria en sus cartas y discursos. Pero esta referencia a la reforma del sistema sanitario pone de manifiesto sobre qué bases sociales está dispuesta a tramitar aquel salvoconducto. Es decir, multiplicando los compromisos con el capital financiero. 
 Que el capital privado invertido en salud exija el rescate del Estado por múltiples vías, muestra su inocultable parasitismo. La única integración que cabe es la que resulta de la nacionalización del sistema de salud, bajo un plan y una dirección común de sus trabajadores.

 Marcelo Ramal 
 28/12/2020

Roberto Lavagna, la decadencia argentina y la falsa alternativa a la grieta


El líder de Consenso Federal publicó una carta en la que pretende trazar una vía superadora de al "fracaso de las políticas populistas o de ajuste". 
 El excandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, ganó algo de protagonismo en los medios de comunicación con la publicación de una carta abierta de fin de año en la que postula una vía de salida a la «acumulación de 10 años de estancamiento, incluso retroceso económico», que consistiría en una superación al «fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro», los «dos modelos que definimos -por consenso- como partes de ‘la grieta'». Sin embargo, insiste en viejas recetas e ignora en qué consiste la incapacidad para terminar con la tendencia decadente del capitalismo argentino. 
 En su texto, Lavagna sostiene que el objetivo central debe ser la creación de trabajo privado, «incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo». Es decir que brega por una reforma laboral que legalice la precarización, bajo el eufemismo de considerar la flexibilidad como una forma «moderna» de contratación.
 También destaca la necesidad de «dar equidad al sistema jubilatorio (…) de modo de reducir las abismales diferencias que hoy existen entre la mínima y los sistemas de privilegio», incluyendo «inevitables cambios en sistemas provinciales, ampliamente deficitarios y cargados de privilegios». Esta forma de plantearlo no puede interpretarse si no como una igualación hacia abajo y un achatamiento de la escala de haberes, en base a barrer con las conquistas previsionales de importantes colectivos de trabajadores y a la llamada armonización de las cajas provinciales con Anses. En suma, sería una reforma previsional como la que se encuentra ejecutando el gobierno de Alberto Fernández, robando la movilidad a los jubilados. 
 Otro punto de su propuesta es empezar con un proceso de «bajar los costos de funcionamiento del sistema político», con reformas de las cámaras legislativas en los tres niveles del Estado, y sobre todo «desarmar progresivamente el sistema de subsidios». Es un programa bastante clásico de ajuste fiscal en base a reducir la planta de trabajadores estatales -y flexibilizar las condiciones del resto- y encarar un camino de crecientes tarifazos en los servicios públicos, todo con la mira puesta en reducir los impuestos a los capitalistas. 
 Hay poco de innovador en este punteo. De hecho, es intencionalmente acorde a las exigencias del Fondo Monetario para firmar un nuevo acuerdo, porque significa que se candidatea como carta de recambio en caso de un naufragio del gobierno de Alberto Fernández. Pero la cuestión es que este rosario de reclamos del gran capital no garantiza ningún proceso de expansión económica, ni siquiera un crecimiento de la inversión y de la búsqueda de productividad, que según Lavagna deben ocupar «un papel central en la solución al estancamiento y empobrecimiento de los argentinos».
 Resulta que el énfasis que se pone sobre el costo laboral y la cuestión fiscal retrata el anhelo de los empresarios por incrementar el margen de ganancias a costa de las condiciones de vida del pueblo trabajador, por lo cual los mayores beneficios no resolverán si no que agravarán la pobreza. La declinación de la inversión es consecuencia de la predilección de los capitalistas por la colocación de sus ganancias fuera del país, en colocaciones financieras o incluso «abajo del colchón» para quitarla del sistema y evadir impuestos. Gran parte de esta fuga de capitales se opera mediante el pago de la deuda externa fraudulenta, y Lavagna carece de receta para revertirlo. 
 Es por ese motivo que asigna el estancamiento del país exclusivamente a la última década, para autoexculparse de su gestión como ministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando negoció el canje de deuda externa con los bonistas y terminaron pagando el efectivo al FMI. Ese presunto modelo, basado en precios de la soja récord y un «dólar recontraalto», terminó con el proceso inflacionario que padecemos hasta hoy, una extraordinaria fuga de divisas y un endeudamiento mayor al recibido. En conclusión, quien hoy se presenta como una superación de la grieta, con un programa típicamente fondomonetarista, es parte de los responsables que deben ser sentados en el banquillo de los acusados por el empobrecimiento de los trabajadores de nuestro país. 
 La decadencia del capitalismo argentino fue caracterizada en el XXVII Congreso del Partido Obrero como una tendencia secular, que se agrava con cada variante capitalista de salida a la crisis que no hace más que exacerbar las contradicciones de la estructura colonial del país. La verdadera salida alternativa pasa por romper con el FMI, repudiar la deuda externa usuraria y fraudulenta, y nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero. Esa es la vía para invertir la riqueza en un desarrollo nacional sobre nuevas bases sociales, es decir descargando el costo de la crisis sobre los que la generaron. 

 Iván Hirsch

lunes, diciembre 28, 2020

¿Qué está pasando con la nueva mutación del corona virus?


¿Qué está pasando con la nueva mutación del coronavirus? 
En los últimos días, se detectó un aumento significativo en el número de casos de Covid-19 en Londres y el sudeste de Inglaterra que sugería la existencia de una nueva cepa del virus con mayor tasa de transmisión, es decir, que se contagiaba más rápido. Al analizar el genoma (ARN) de muestras de pacientes, se confirmó que el virus circulante presentaba mutaciones respecto al virus que venía circulando en esa zona.
 ¿Qué implica esta mutación?
 Si bien todos los datos son preliminares (y en ese sentido hay que evaluarlos con cautela), la variante detectada en Reino Unido, llamada B117, presentaría un R0 o tasa de reproducción superior. El R0 estima la cantidad media de personas que se contagiarían a partir de una persona infectada y da idea del potencial de transmisión de una enfermedad. Es decir, que la nueva cepa se transmitiría más fácilmente que otras anteriores. Sin embargo, al no haber aún estudios moleculares no se conoce el mecanismo por el cual esto ocurre. No se puede descartar, sin embargo, que haya también otras variables epidemiológicas que hayan aumentado el número de contagios. En principio, no parecería que la nueva cepa provoque síntomas más graves o mayor mortalidad.
 ¿Es la primera mutación del virus causante de Covid-19 que se conoce? 
No. Ya se detectaron más de 4.000 mutaciones en cepas circulantes de SARS-CoV-2, el virus causante de Covid-19. Lo que ocurre es que no todas las mutaciones tienen consecuencias directas en la capacidad de transmisión u otras variables epidemiológicas. Muchas mutaciones no tienen ningún efecto sobre la performance del virus, lo que se conoce como mutaciones neutras. 
 ¿Por qué tiene tantas mutaciones este virus?
 El SARS-CoV-2 es un virus formado por ARN, uno de los dos tipos de material genético existentes (el otro es el ADN). La enzima encargada de copiar ese material genético para reproducirse es la ARN polimerasa que, a diferencia de la que copia el ADN, tiene una tasa de error muy alta. Es decir, cuando va copiando el material genético se equivoca pero no tiene un mecanismo de corrección como sí ocurre con los virus formados por ADN. Las mutaciones que van apareciendo son los errores que va cometiendo la ARN polimerasa. 
 ¿Podría ocurrir que las vacunas disponibles no protejan contra esta cepa?
 Se cree que no pero se sabrá con certeza cuando se completen los estudios a nivel molecular que nos muestren qué modificaciones concretas en la partícula viral presenta esta nueva cepa respecto de las anteriores. Las vacunas contra Covid-19 están diseñadas para generar anticuerpos contra la proteína viral S (spike) que es la que interactúa con el receptor celular ACE-2 para ingresar las células del sistema respiratorio. Al vacunarse, la persona desarrolla anticuerpos y células de memoria del sistema inmune que logran unirse a esta proteína viral, neutralizándola e impidiendo que infecte a las células. La clave estará en ver si las mutaciones afectan esta proteína y si esas potenciales modificaciones implicarían que los anticuerpos desarrollados contra ella dejan de ser efectivos. Por ahora, no parece un escenario probable. 

 Lucía Maffey Bióloga.

«La cotización del agua de California en Wall Street ha sido un ensayo publicitario»

Entrevista al ecologista Antonio Brailovsky 

 Sobre la cotización del agua en Wall Street y otros temas ecológicos nacionales e internacionales.

 M.H.: El agua ahora cotiza en Wall Street. 
 A.B.: Esto ha sido sobreactuado en los medios como una manera de ver si alguien más se engancha con todo este modelo neoliberal. Porque en última instancia lo que está cotizando es el precio del agua para riego en California. Que es completamente distinto que el petróleo que cotiza en todo el mundo. Aquí es el riego en California y nada más. De modo que la pregunta no es por qué cotiza el agua, sino para qué han hecho todo este ruido. Yo creo que es para convencernos de que las cosas funcionan mejor cuando se mete el mercado. Y ya sabemos que generalmente funcionan peor, cuando el mercado se hace cargo de asignar los recursos. Yo creo que tenemos que plantear que el agua para consumo humano es un derecho humano y que primero hay que asegurar el agua para los usos humanos inmediatos y el resto pasa a ser un recurso natural y hay que discutir cómo asignar el agua que queda. No toda el agua, sino la que no se usa para los seres humanos. En ese punto hay dos ideas, unos piensan que el mercado es un buen asignador de recursos, yo creo que un recurso escaso no se puede dejar en manos de los especuladores, sino que es mejor que el Estado asigne prioridades. Pero esto ha sido más que darle un valor de mercado al agua, ha sido un ensayo publicitario para que la gente empiece a acostumbrarse a la idea de que van a seguir intentándolo. Mucho más peligroso es lo que ha ocurrido en Chile con Pinochet y todavía no se ha corregido, que han privatizado los ríos. Los ríos corresponden a cierta empresa que hace plata como quiere con esos ríos. Eso es mucho más escandaloso por supuesto. 
 M.H.: La idea que tenía era que de pronto la cotización del agua californiana podía ser un paso hacia esto que usted comenta respecto de Chile en torno a la privatización del agua. 
 A.B.: Por supuesto, es un intento, a ver quién se prende, a ver qué dicen los medios, si es una buena idea o si es horrible. Yo pienso que es horrible. Pero ha habido mucha movilización pública en rechazo. Así que supongo que se quedarán con el agua de California y no mucho más. 
 M.H.: Este mes tuvo lugar una cumbre virtual convocada por la ONU, Reino Unido y Francia en alianza con Chile e Italia, en el 5° aniversario del acuerdo de París cuyo propósito es la adopción de medidas para combatir la crisis climática global, cinco años después parecería que sus compromisos no vinculantes no han tenido mayores efectos ¿Qué nos puede comentar al respecto? 
 A.B.: Que el acuerdo de París es el resultado de una de las reuniones por el cambio climático veintitantas, cada dos años se reúnen para decir que tienen que hacer algo para frenar el cambio climático, firman cosas y no las cumplen. Entonces vuelven a hacer otra reunión, firman nuevas cosas, se sacan la foto, no las cumplen, vuelven a hacer otra reunión y así sucesivamente. Después de muchos años de esta dinámica, después de muchas reuniones por el cambio climático, decidieron hacer un anuncio escandaloso, firmaron una vez más, nadie piensa cumplir eso y efectivamente no lo cumplirán. Pero esto es lo habitual en ONU, la foto, los discursos grandilocuentes y poca realidad. Mucho más cuando hay intereses en juego. Aquí hay que tocar a las petroleras, cerrar pozos de petróleo, restringir el uso del gas y la nafta. Hasta aquí el único país que se lo tomó en serio es Dinamarca que para el 2050 va a eliminar la producción de petróleo. Pero países como Argentina están expandiendo la producción de petróleo y gas, inclusive están subsidiando a las multinacionales. Una cosa con la que obviamente uno está de acuerdo, que es el impuesto a las grandes fortunas, una parte de ese dinero va a ir a subsidiar a las petroleras en Vaca Muerta. Con lo cual, así no vamos a mejorar la situación del cambio climático, mientras se sigan tirando gases a la atmósfera. 
 M.H.: En esta reunión el gobierno argentino presentó lo que considera un compromiso más ambicioso de cara al 2030 revisando sus contribuciones a nivel internacional a través del gabinete de cambio climático que integran contradictoriamente los mismos responsables de planes extractivistas y el impulso a los combustibles fósiles y al fracking a través de Vaca Muerta. ¿Cómo se entiende esto?
 A.B.: Yo creo que tiene la misma lógica que tiene la ONU. La gente quiere una foto y un discurso. La gente se lo cree. A la gente le encanta que se aprueben leyes, aunque después nadie las cumpla. Un ejemplo son las Leyes de Bosques y Glaciares, mucho entusiasmo y después nadie intentó cumplirlas. 
 M.H.: O con la Ley de humedales que parece que estuviera cajoneada. 
 A.B.: Con lo cual yo no tengo ningún entusiasmo en que se apruebe una ley más que no quieran cumplir. Yo creo que pasa algo parecido, hay intereses concretos que impiden que esto avance y si no puede avanzar en el mundo real que avance en el discurso. La Ciudad de Buenos Aires está haciendo un plan de acción climática muy sofisticado, con mucho apoyo de los científicos, pero al mismo tiempo está urbanizando la costa del Río de la Plata que se va a inundar con el cambio climático. Me refiero a Costa Salguero. Entonces, por un lado, hay grandes compromisos internacionales, unos libros preciosos que están por editar y, al mismo tiempo, se hace un desarrollo inmobiliario irresponsable en la costa del río. 
 M.H.: Quiero retomar un tema, el etiquetado a los alimentos envasados. He leído que el nutricionista Sergio Britos señala que si el Proyecto de ley se sancionara tal como está un 92% de los alimentos que consumimos aparecerían desalentados, con un sello negro o varios. Y no es cierto que el 92% de los alimentos envasados en nuestros comercios sean poco saludables.
 A.B.: Eso puede obligar a la industria a envasar alimentos más saludables. El hecho de que todos o la mayor parte de los envasados tenga demasiada sal, azúcar o grasa es cierto. Tendrán que empezar a producir más sano. Eso es lo que les preocupa. Y, por otro lado, ya se sabe que cuanto menos envasado coma la gente mejor, más sano va a ser. 
 M.H.: He leído últimamente algunas notas sobre la llegada de Bill Gates a nuestro sistema agroalimentario. 
 A.B.: Yo creo que Bill Gates no importa, solo se menciona porque es una persona conocida. Lo que importa es un modelo productivo que satura el campo de productos químicos, que tiene una contaminación no solo química sino biológica porque han aprobado el trigo transgénico, inclusive en contra de los que venden cereales. El trigo transgénico puede contaminar genéticamente al trigo tradicional por insectos que polinicen. Con lo cual el trigo tradicional pasa a ser trigo transgénico o por lo menos contaminado y hay muchos mercados que no aceptan transgénicos o trigo tradicional contaminado con transgénicos. Con lo cual se da la paradoja que se introduce una tecnología nociva y contaminante y que además es antieconómica. Es perjudicial desde lo económico para el país, no solo desde lo ambiental. De modo que hay que parar con esta ilusión de que todo lo que ofrece la tecnología es lo mejor que hay. Ya hay un colectivo importante de científicos que rechaza este “trigo limpio”. Búsquenlo en internet que están rechazando con argumentos científicos diciendo que esto no hace falta.
 M.H.: Esta va a ser nuestra última comunicación de 2020 me gustaría que les dé un mensaje a nuestros oyentes. 
 A.B.: No soy muy bueno dando mensajes, pero quiero recordar que va a haber una presión muy fuerte utilizando como pretexto la pandemia para aprobar o impulsar proyectos que significan daño ambiental. Tanto el fracking como la megaminería que en este momento están impulsando la gran minería contaminante en Chubut, como proyectos de construcción en la costa de CABA, como las megagranjas criadoras de animales, como más transgénicos y demás con la idea de que hay que salvar la economía. Hay que estar alertas ante esto porque una vez que estén hechas las granjas para cerdos y el compromiso con una potencia importante como China va a ser muy complicado dar marcha atrás cuando se vea el daño que producen. 

 Mario Hernandez | 28/12/2020

Cerremos el año conquistando el aborto legal y rechazando el robo a los jubilados


La recta final de la IVE en el Senado, el ajuste "a lo Cristina" y la segunda ola del Covid-19. 

 Panorama político semanal. 

 La última semana del año va a condensar en buena medida las grandes tensiones que cruzaron a este 2020. 
 La legalización del aborto entra en su recta final en el Senado, donde se redoblan las presiones del clero, que tiene sus agentes en todos los bloques políticos. Cobra fuerza el planteo del aliado del oficialismo, el exmandatario rionegrino Alberto Weretilnek, de incorporar nuevas modificaciones regresivas que obliguen a una vuelta a Diputados, los cuales violentan a las mujeres y niñas víctimas de una violación. El requisito de contar con una denuncia penal previa apunta a exponerlas al desprecio en las comisarías y el sistema judicial para desalentarlas, y el reemplazo del concepto de «salud integral» por el de «salud física» tiende a restringir el acceso a este derecho.
 Es decir que está en crisis la apuesta del gobierno de dar sanción al proyecto de ley antes de fin de año. Esto se debe, sencillamente, a su alianza con las iglesias como herramienta de contención en medio de una aguda crisis social. La clave para conquistar el aborto legal y su implementación efectiva estará en las calles, como siempre, en la potencia de la ola verde. 
 En Diputados el oficialismo replicará la maniobra de aprovechar la ocasión para concretar un robo a los jubilados, imponiendo una movilidad «desindexada» en medio de una aceleración inflacionaria. Solo el Frente de Izquierda levantó una tribuna política para denunciar esta confiscación, que es una ofrenda en la mesa de negociación con el FMI.
 Es por ese camino que lograron recortar el déficit fiscal de este año por debajo de las proyecciones, y prometen un ajuste mayor al presupuestado para el año próximo. Pero como explica en su editorial Eduardo Salas, con eso no alcanza para cerrar un acuerdo. El gobierno demuestra a cada paso su improvisación y desorientación, que son a su vez expresión de las contradicciones que enfrenta su bonapartismo de default. 
 Cristina Kirchner reclamó en el acto «unitario» del Frente de Todos un ajuste a su manera, lo cual no implica un cuestionamiento al rumbo fondomonetarista ni a la ofensiva sobre salarios y jubilaciones, sino lubricarla mediante la postergación de los tarifazos. Como eso requiere mayores subsidios la ecuación no termina de cerrar, más en medio de la persistencia de las presiones devaluacionistas y de la sequía de las reservas del Banco Central. Las preocupaciones de la vice son esencialmente dos: la viabilidad del ajuste, y su situación judicial. La confirmación de la sentencia a Julio De Vido por la masacre ferroviaria de Once refuerza el apriete de la segunda. Por lo demás, la «sintonía fina» de la última época kirchnerista culminó en un vaciamiento energético fenomenal que obligaba a importar miles de millones de dólares en energía… y un tarifazo también descomunal.
 Otro retrato de fin de año es la aceleración de las tratativas para poner en marcha el acuerdo porcino con China. Esta política sería desastrosa no solo en términos ambientales y sanitarios, sino que expresa un rumbo de reprimarización económica al servicio de la penetración de capitales extranjeros. Es, sin embargo, lo que hasta el momento no pudieron imponer en Chubut, donde Arcioni -a pesar de las coimas– no logró sancionar la zonificación para habilitar el desembarco de los pulpos mineros. 
 Mientras tanto, se recrudece la crisis sanitaria. Subieron súbitamente los contagios de coronavirus en Capital y el Gran Buenos Aires, cuando el gobierno no puede ocultar que no tiene garantizada la llegada de la vacuna. La persistencia de las luchas de los trabajadores de la salud evidencia la impostura de los gobiernos bonaerense, porteño y nacional de cargar las tintas sobre las reuniones de fin de año para encubrir su ruinosa política sanitaria. Esto sucede cuando no se avizora aún el pico de la segunda ola en Europa. 
 El cuadro es por lo tanto bastante sombrío, más cuando se completa la sanción de los presupuestos 2021 de ajuste en las provincias, como el que Juntos por el Cambio le votó a Kicillof. Se trata de una «ley de leyes» al servicio de los bonistas, con los cuales tiene pendiente el canje por más de 7.000 millones de dólares -un agujero que no solo preocupa al gobernador bonaerense. 
 A la par, en la Ciudad de Buenos Aires, un fallo del Tribunal Superior de Justicia reinterpretó capciosamente la Constitución porteña para concluir que el Estado “no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquel que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado”, colocando al sistema público como receptor exclusivo de quienes puedan presentar un certificado de pobreza y convirtiendo al sistema privado en el ámbito natural de los menores de tres años. Es un fallo a medida del recorte presupuestario del gobierno de Larreta, incompatible con la satisfacción del cupo de vacantes en las escuelas porteñas. La reacción fue inmediata, y un amplio sector de la comunidad educativa salió a reclamar el juicio político al TSJ. 
 Esta reacción ante la ofensiva contra una vapuleada educación pública, así como la de los trabajadores de la salud, muestran en escena al movimiento obrero, a pesar de la integración de las distintas alas de la burocracia sindical al gobierno de Alberto Fernández. Este aspecto es parte importante de la situación que domina este fin de año, que termina con el 80% de los trabajadores con ingresos de pobreza, y uno de cada cinco por debajo del misérrimo salario mínimo fijado por el Estado. La impresionante huelga de los aceiteros, el paro de los obreros del Sutna en Bridgestone que impuso la conciliación obligatoria con los dos despedidos adentro, los metalúrgicos de Gri Calviño que frustraron el acuerdo inconsulto firmado por la conducción de la UOM, o la tenaz resistencia de los trabajadores del Parque de la Costa, son expresiones contundentes. Hay que jugarse por entero a su triunfo, como al de la ola verde, para comenzar un 2021 de grandes batallas. 
 Buen último domingo del 2020. 

Iván Hirsch, Editor de Prensa Obrera.

domingo, diciembre 27, 2020

Ken Loach en el tiempo de “la gran derrota”


Tengo claro que sí alguna vez me encuentro con Ken Loach tendré que darle las gracias por todo lo que significó para tipos como yo en los amargos años noventa. Desde mi perspectiva, Ken representó de una manera especialmente visible la resistencia contra el neoliberalismo en un tiempo en el que la mayoría llegó a creer que cualquier oposición era poco menos que inútil. En esta coyuntura depresiva en la que la letra de La Internacional, según la cual del pasado había que hacer tabla rasa, parecía cumplirse aunque en dirección inversa a la prevista por Eugène Poittier en sus estrofas de “La Internacional”, la conexión con el cine de Loach tuvo algo de providencial. 
En este contexto pasé a ser uno de los escasos testigos que escribiría aquí y allá sobre el declive de los cines de barriada o de los pueblos, aquellos de los programas dobles que fueron como una “universidad” para muchos, reflexión que me acompañaba en los debates cine-clubistas de los que seguía siendo adictos y que no parecía importar demasiado a aquellos para los que la caligrafía cinematográfica estaba por encima de todo. 
Entre 1979 y 1990 mi escenario fue el barrio de Sants, uno de los más activos social y culturalmente de aquella Barcelona en la que, a principios de la década, todavía era posible asistir a aquellas sesiones masivas para ver películas excelentes, pero que al final de la misma la decrepitud de las salas era cada vez más evidente. Lo pude comprobar en el Liceo, que se consideraba de estreno aunque fuese de segunda, la pantalla estaba ya tan oscura que apenas sí logramos ver algo de “Cristal oscuro” (The Dark Cristal, USA, 1982); más allá, en la misma calle Cruz Cubierta, descubrí que la sala del Bohemio se hallaba literalmente tomada por las ratas que devoraban toda la basura del suelo y mordisqueaban los cordones de los zapatos de los asistentes; en cuanto a su vecino, el Arenas, que hasta entonces había figurado como de estrenos, ahora proyectaba títulos “S” en clave “gai” como pude comprobar un día en que inocentemente pagué mi entrada para ver Querelle (RFA, 1982), una adaptación de Jean Genet desnaturalizado por el peor Fassbinder. En el intermedio descubrí estupefacto que en los lavabos se escenificaba una verdadera orgía, de tal forma que hasta tuve que pedir excusas para llegar al lugar donde poder vaciar la vejiga. Mi estupor no fue muy diferente al que escuchaba tantas veces, entre el público tradicional, entre aquellas parejas de toda la vida que no se había enterado que ya no se pasaban “películas como las de antes”. Ahora ya no se iba “al cine” en grupo o individualmente, ahora se iba a ver episódicamente a ver tal o cual película, normalmente algún título apabullante. En su agonía, los cines de barriada pasaron de proyectar buen cine para dar paso a productos eróticos de diferente calibre, un cambio que en mi opinión traslucía un verdadero desastre ya que de esta manera acababa un espacio en el que había tenido lugar el mayor encuentro conocido entre la cultura y las masas. Asistir ahora a aquellas salas que poco tiempo atrás para contemplar películas con mentalidad de prostíbulos, programas del anagrama “S” en las que los títulos de valor eran excepciones –por lo demás no reconocidas-, pero que la casi totalidad resultaban totalmente impresentables aparte de rotundamente machista onanista, en no pocos casos bajo la dirección de directores que habían colaborado con el franquismo. Paradójicamente, ahora se veían más películas que nunca pero desde la canalización del comedor de casa, emitidas o alquiladas en los videoclubes. Por el contrario, sí se te ocurría escoger un clásico en blanco y negro podías tener por seguro que el dependiente te advirtiera no fuera que luego protestara porque no te lo habían dicho. Que el panorama había cambiado lo evidenciaba la presencia ostensible de un apartado con “pornos”, a veces confundidos con títulaciones equívocas del tipo “Alicia en el país de las pornomaravillas” (1976), por lo que en más de una ocasión eran alquilada para disfrute de los niños.
 Allá lo que prevalecía eran las de “las multinacionales”, sobre todo entre la gente menuda Eran aquellos títulos que luego se emitían en la televisiones en las horas punta, el sábado por la noche. Era la época del cine de la “era Reagan”, aquel tipo que llamaba a la “contra” nicaragüense “combatientes por la libertad”. Un cine plagado de policías por encima de la ley, de advertencias moralistas como la expresa en Atracción fatal, por las epopeyas reaccionarias protagonizadas por Silvestre Stallone, Arnold Schwarzenegger y otros tantos “héroes americanos”, en las que el mensaje político –la supremacía norteamericana y capitalista- no era otro que la vieja ley del más fuerte, eso sí revestida por una palabrería sobre la libertad. La hegemonía neoconservadora se manifestaba de una manera tan agobiante que hasta en una revista como Fotograma que había cómplice de la izquierda en los años setenta, ahora Dedicaba sus páginas centrales a declaraciones estos tipos (recuerdo también al novelista Tom Clancy) contra los impuestos a los ricos con argumentos como el esgrimido por Sandra Bullock, que presumía de merecer lo que ganaba, dólares que puestos en una balanza podrían pesar más que de miles de trabajadores juntos. Pero lo peor era que este tipo de cine raramente era criticado por sus contenidos. 
Fue una contrarrevolución en toda regla, la más profunda y quizás la más inteligente e integradora jamás conocida, quizás eso explique que un artista tan emblemático como Bernardo Bertolucci, que en 1976 había realizado “Novecento”, un canto a la conciencia social del pueblo militante, acabó siendo multipremiado diez años más tarde por El último emperador, una gran producción que enfocaba el final de la última dinastía china como un problema individual; Berlanga que había realizado los más ingeniosos alegatos contra el franquismo como Placido y El verdugo, llevaba a cabo un viejo proyecto, La vaquilla (1985), que explicaba la guerra como una “chorrada” que enfrentaba a “progres” y “carcas”; por la misma senda, el cine italiano que antaño nos había deslumbrado era premiado en Hollywood por Mediterráneo (1991), de hecho, otra vaquilla, Lejos quedaban los tiempos en que en el barrio o en el pueblo se podían ver películas como novecento o el verdugo, ahora el cine “que decía algo había que verlo en las salas que bajo el franquismo se habían llamado “de arte y ensayo”, por lo que tuvo lugar un pequeño fenómeno a contracorriente y casi militante que se manifestó convirtiendo en éxitos películas “comprometidas” al estilo de “Un lugar en el mundo” (Argentina-España, 1992), de Adolfo Aristaráin o La estrategia del caracol (Colombia, 1993) de Sergio Cabrera, que nos evocaban otros lugares en los que la resistencia popular no había desaparecido. Era un cine situado en otro meridiano mientras que ni la izquierda ni el cine nacional parecían tener pulso. 
Dentro de este cine a contracorriente, ningún cineasta se mostró tan constante ni tan representativo como Ken Loach el que adquirió mayor influencia hasta el punto de convertirse en símbolo del rechazo desde el cine al thatcherismo que nos invadía con su filosofía según la cual la sociedad no existía, solo los individuos (los mejor colocados en la lucha de todos contra todos) y There is no alternative, o sea la TINA: no había más alternativa fuera de la jungla de los mercados. Una nueva forma de dominación y de liquidación moral contra la que Loach había combatido desde el primer momento, tomando parte en la célebre y determinante huelga de los mineros, una batalla crucial que, más que ganada por Thatcher, fue perdida por los laboristas y la burocracia sindical. 
Una derrota que se reproducirá en mayor o menor grado en todas partes, que se estaba viviendo aquí en un momento en que personajes más o menos reputados de la izquierda institucional proclamaban que la lucha de clases se había acabado. Lo que de verdad sucedía era que la estábamos perdiendo y, en no poca medida, las películas de Loach eran variaciones penetrantes sobre dicha derrota. Pero sobre todo y ante todo eran una respuesta, una muestra de que el rechazo no solamente era necesario; también era posible.

 Pepe Gutiérrez-Álvarez

August Blanqui o la intransigencia revolucionaria


En el extraordinario Partenón de la historia del movimiento obrero y del socialismo, la potente figura de Louis Auguste Blanqui (Puget-Théniers, 1805-París, 1881, brilla todavía; sigue siendo un referente, alguien al que Daniel Bensaïd entre otros, citaba constantemente. En Blanqui el aspecto mili­tante socialista sobresale netamente sobre el teórico. Sus pocos es­critos son por lo general, redactados en la cárcel (su sobrenombre fue «El Encerrado») que fue su «hogar» la mayor parte de su vida, conociendo numerosas prisiones, incluso en las colonias. Hijo de un revolucionario que pasaría a servir con la Gironda, para acabar sien­do subprefecto de Napoleón; y de una mujer de gran ca­rácter, Blanqui es enviado desde su ciudad natal a París. Allí a los 16 años ingresa en una de las sociedades secretas de la época, en concreto en la de los carbonarios. Es muy joven todavía cuando entra en contacto con Buonarrotti, que le detalló la historia de la «conspiración de los iguales», y le marcó en su ulterior evolución política, en gran medida «babeuvista». Cruzó indomable todo el siglo XIX, partici­pando en las jornadas de julio del año 30, en la revolución del 48, así como, indirectamente, en la Comuna de París. Blanqui y el «blanquismo», debe de comprenderse como una de las primeras manifestaciones de la lucha del proleta­riado francés, todavía muy disperso y sin cohesión ideoló­gica, y como una toma de conciencia clara del carácter antirrevolucionario de la burguesía liberal. 
 Ya en 1829, participa en la sublevación del arrabal de Saint Antoine, uno de los centros de la vieja «sans culotte­rie». En julio de 1830 se encuentra de nuevo en la calle y se enfrenta desde el primer día contra la «Monarquía bur­guesa», resultando ser uno de los inculpados en el «proceso de los doce» revolucionarios. En 1836 constituye el grupo llamado «Sociedad de las Estaciones», hecha a imagen y semejanza de las sociedades radicales que se mueven en las «ultratumbas», tendencia ésta que se explica tanto por la represión como por el espíritu romántico de la época. Tres años después, junto con Harbés -otro gran conspi­rador, aunque políticamente más moderado que Blanqui-, prepara una insurrección aislada y minoritaria que fracasa. Detenido, es condenado a perpetuidad. Liberado por la revolución de febrero de 1848, su posi­ción la explica así el historiador británico Cole: «En 1848, Blanqui estaba dispuesto a apoyar al Gobierno Provisional, metiéndole a la vez una presión constante de las socieda­des de izquierda y de los obreros. Pero esto no quiere decir que ha renunciado a la idea de la revolución ulterior, sino que deseaba aguantar por el momento, seguía pensando ha­cerse dueño del Poder mediante un golpe de Estado organi­zado por una minoría de revolucionarios disciplinados, adiestrados en las armas y dispuestos a hacer uso de ellas. En las Sociedades sucesivas se negó a admitir a todos los recién llegados; pues aspiraba a crear, no un partido de masas, sino una élite revolucionaria relativamente pequeña, de hombres escogidos. Éstos, elegido el momento adecuado, cuando el descontento llegase a su punto podrían asumir la dirección efectiva de los trabajádores, para seguir gracias a ellos ya otras organizaciones obreras por el verdadero ca­mino revolucionario, y poco a poco, mediante una dictadura, poner los cimientos de una nueva sociedad».
 La experiencia de viejo león, le lleva a no tener ninguna confianza en los discursos floridos de Lamartine, ni siquiera en los proyectos reformistas de Hlanc en el palacio de Lu­xembourg. Adivina a Cavaignac detrás de todo. Como escri­be Abendroth: «¿No parecía en efecto, justificada la espe­ranza de Louis Blanc de llegar sin lucha de clases a una sociedad auténticamente democrática, en un compromiso pacífico con los demócratas burgueses y capitalistas indus­triales, representados en el Gobierno Provisional? ¿y no era Hlanqui, que criticó eba concordia, un revoltoso amargado por su reclusión? Los obreros tuvieron que aprender con sus propias y amargas experiencias después de la revolución de febrero que Blanqui había comprendido sus intereses con más claridad que ellos mismos». En mayo del mismo año el Gobierno Provisional le con­dena a las mazmorras por diez años. En 1869, reaparece para animar -desde fuera- a sus seguidores en la AIT, y la lu­cha contra Napoleón III. En el momento de la guerra fran­co-prusiana escribe un llamamiento con el título de «¡La Patria en peligro!», en el que preconiza un frente nacional interclasista, pero luego rectifica e intenta, otra vez sin éxito, una nueva insurrección junto con Flourens, que sería uno de los líderes de la Comuna. Ésta le coge en manos de los «versalleses», entonces los «communards» intentan can­jearlo a cambio del obispo de París, pero Thiers no cede. En 1879, sale de la cárcel al ser elegido diputado por los republicanos de Hurdeos y vuelve a ser hasta su muerte el militante de hierro que siempre fue.
 La obra escrita de Blanqui no es precisamente muy am­plia, aunque al margen de ello, Blanqui consiguió aglutinar un importante grupo de seguidores que jugaron un desta­cado papel en la AIT, en la Comuna y en los primeros años del socialismo galo. Su ideario se puede sintetizar así: a) Se apoya en el proletariado, .pero para él no hay distin­ción entre éste y el resto de los sectores populares.b) El medio revolucionario que privilegia es el del partido de los revolucionarios, o sea, de la élite conspiradora que desconfía de las masas; c) La revolución sólo la concibe a través de una insurrec­ción perpetrada por.el partido o sociedad, después pro­pugna una dictadura que impondría entre otras cosas, la escuela laica y gratuita, cooperativas, una legislación socialista…Para Blanqui, «el comunismo no puede implantarse por decreto», ni «cambia por sí mismo ni a los hombres ni a las cosas»; no sueña con ninguna utopía futura e indeterminada, el «comunismo, dice contra Cabet, no es un huevo empollado en un rincón del género humano, sino un pájaro con dos piernas, sin alas ni plumas». En 1879, salió de la cárcel y fue elegido diputado por Burdeos, a pesar de que legalmente no podía serlo.
 Ahí quedan sus palabras ante los tribunales: El presidente al acusado: -Decidme vuestro nombre, edad, lugar de nacimiento y domicilio. 
 Blanqui: -Louis-Auguste Blanqui, de veintiseis años de edad, nacido en Niza, con domicilio en París, calle de Monteruil, número 96, faubourg Saint-Antoine. 
El presidente: -¿Cuál es vuestra profesión? 
 Blanqui: -Proletario. 
El presidente: -Esa no es una profesión. 
Blanqui: -¿Cómo que no es una profesión? Es precisamente la profesión de treinta millones de franceses, que viven del trabajo y que están privados de derechos. 
El presidente: -Bueno; ya está bien… 
Tras la defensa de Gervais, Louis-Auguste Blanqui toma la palabra, y se expresa en los siguientes términos: Señores del jurado: Se me acusa de haber dicho a treinta millones de franceses, proletarios como yo, que tenían el derecho de vivir. Si esto es un delito creo que, cuando menos, debería responder de él ante hombres que no fueran a la vez jueces y parte en la causa. Más, señores, aquí se ha observado que el ministerio público no ha vuelto en absoluto los ojos hacia vuestro espíritu de equidad ni hacia vuestra razón, sino que los ha vuelto del lado de vuestras pasiones, del lado de vuestros intereses. No invoca, ese ministerio, vuestro rigor refiriéndose a un acto contrario a la moral y a las leyes; no quiere sino desencadenar vuestro espíritu de venganza contra lo que él describe como una amenaza para vuestra existencia y para vuestras propiedades. No me hallo, por consiguiente, ante unos jueces, sino ante unos enemigos: sería, por tanto, inútil el defenderme.
 En la última etapa de su vida dirigió un diario de extrema izquierda, Ni Dieu ni maître, que luego sería un slogan anarquista. Fue el primero que consideró la idea del revolucionario como profesional, y contribuyó a formar el partido blanquista, que primero se llamó la «Comuna revoluciona­ria» y más tarde, «Comité Central Revolucionario» bajo la dirección de Émile Eudes. Luego, su discípulo más desta­cado, Eduard Vaillant construye el Partido Revolucionario Socialista que se integrará más tarde en la socialdemocracia francesa. sus ensayos sobre problemas teóricosd fueron reunidos después dee su muerte con el título de La crítica social. El artista A. Maillol le dedicó una de sus mejores esculturas, la Acción encadenada, emplazada en su ciudad natal.
 Su biografía más exhaustiva es la de Samuel Bernstein Blan­qui y el blanquismo (Siglo XXI, Madrid, 1975), la más clásica es Blanqui, de Maurice Dommaguet, (Espartacus. París). Al margen de los diversos estractos, parece que existe una sola edición de escritos de Blanqui en castellano.

 Pepe Gutiérrez-Álvarez