“La salud es una responsabilidad de las provincias (..) no tiene sentido que la Nación tenga un hospital”, dijo el jefe de gabinete Guillermo Francos en una entrevista con Radio Mitre que tuvo importante repercusión durante este fin de semana. En los días previos había trascendido desde el Ministerio de Salud el propósito de desprenderse por completo de las instituciones que están bajo su órbita. Naturalmente nadie desmintió tales especies, porque es la orientación política abierta de este gobierno criminal. El cierre del Bonaparte solo fue evitado por la acción decidida de sus trabajadores y trabajadoras; por eso los privatizadores que responden a Lugones están buscando otros caminos, mediante “una reestructuración”.
Como todo lo que plantean Milei y su séquito de energúmenos, sus “propuestas” están lejos de constituir novedad. Son, en realidad, la versión brutal y extrema de una vieja tendencia: la dictadura militar inició un proceso de descentralización sanitaria y educativa que ningún gobierno posterior revirtió. El sueño húmedo del capital financiero es que la administración central se desentienda de toda obligación presupuestaria más allá del pago de intereses sobre intereses de deuda fraudulenta; en ese camino, las responsabilidades de salud pasaron a provincias y hasta municipios quebrados. Por eso, la cantidad de instituciones que dependen hoy de Nación se cuentan con los dedos.
Sin embargo, este señalamiento en ningún modo implica restar gravedad al propósito actual. Es que ese proceso descentralizador no pudo completarse en gran parte por la resistencia cabal del personal de salud, que protagonizó luchas denodadas durante las últimas décadas. A pesar de tanto maltrato y castigo, es indudable que el Garrahan o el Posadas, por nombrar solo dos ejemplos, son tesoros muy preciados para el pueblo argentino. El gobierno de Milei, lejos de mejorar o “hacer eficientes” estas instituciones fundamentales, solo pretende liquidarlas, “que mueran quienes deban morir”, y que la provisión de salud se reduzca exclusivamente a circular como una mercancía más, que consumirán quienes tengan capacidad de pago.
La barbarie de este gobierno se está enfrentando con el más poderoso obstáculo que pueda oponérsele: la organización y movilización popular. Las amenazas de Lugones y compañía no surgen de un fortalecimiento de su posición; esta semana llegaron al rídiculo de proclamar que el Hospital Garrahan “funcionaba con total normalidad”, el mismo día que concluía un paro de 48 horas que había sido enorme.
No es casual que un conflicto cuyo motor principal fue el reclamo salarial vaya adquiriendo en forma simultáneo características generales, pues crece la conciencia entre los trabajadores y trabajadoras de todos los oficios y profesiones que nos estamos jugando mucho en esta pelea. El “recalculando” del gobierno tras la acción decidida en el Bonaparte o el bono de $500.000 en el Garrahan son testimonios de que están lejos de ser un poder afianzado. Si reforzamos y extendemos la lucha por abajo, podemos derrotar este intento reaccionario.
Los hospitales de Nación no se tocan: abajo cualquier cierre o “reestructuración”.
Por la defensa de la salud pública y la satisfacción de los reclamos de su personal.
Por la unidad de todas las luchas de salud en un movimiento único hasta arrancar los reclamos al gobierno de Milei.
Alejandro Lipcovich
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