Se viene implementando en el país una práctica de exterminio a los militantes de LIBRE que trae a la memoria el Plan “Baile Rojo” ejecutado en Colombia en los ´80 para exterminar a la Unión Patriótica. La represión y los “falsos positivos”, a la orden del día.
Esta estrategia para desmantelar a la disidencia política, mediante la represión y la criminalización, iniciada tras el golpe de Estado de junio de 2009, continúa y se profundiza bajo el actual gobierno de Juan Orlando Hernández.
Otra de las acciones es crear una campaña de desprestigio contra defensores y defensoras de derechos humanos, al estilo Colombia, a través de los denominados falsos positivos. Hace unas semanas, se echó a andar una campaña de descrédito contra José Guadalupe Ruelas, Director de Casa Alianza en Honduras, una organización que ha denunciado que sólo en el mes de marzo más de 90 jóvenes han sido asesinados. Además, ha emitido comunicados contra “Los guardianes de la Patria”, un programa de las Fuerzas Armadas para adoctrinar a niños y niñas en los batallones en técnicas de guerra y penetrar sus mentes a favor del militarismo.
LIBRE nació desde el seno del Frente Nacional de Resistencia Popular formado tras el golpe de Estado de 2009 y en las elecciones de noviembre de 2013, a pesar del fraude, logró 37 diputados, alcaldes y regidores en diferentes partes del país, posicionándose como la segunda fuerza política del país. Eso trae con fuertes dolores de cabeza a la oligarquía que ha intensificado la represión.
El “Baile Rojo” a los militantes de LIBRE en los últimos días ha sido despiadado. El 25 de mayo, después de una asamblea indígena del pueblo lenca en San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá, Irene Meza y Plutarco Bonilla -ambos comprometidos dirigentes indígenas y militantes de LIBRE- fueron atacados a balazos. Allí, el pueblo lenca no se ha dejado imponer el fraude electoral y no permitió que un alcalde ilegal se sentara en la silla de la alcaldía de esa zona. Irene murió producto de los balazos cuando fue rematada camino al hospital.
Este sangriento escenario continuó la tarde del miércoles 28 de mayo y tiñó de rojo otro departamento, el de Copán. Hernán Cruz Barnica, también militante de LIBRE, fue asesinado. Era comunicador y participaba en la radio comunitaria “Opoa”.
La lista suma y sigue. Decenas de militantes de LIBRE han sido asesinados y sus crímenes continúan en la impunidad sin ser investigados.
Los falsos positivos a defensores y defensoras de DDHH
La otra práctica represiva importada de Colombia es la de los “falsos positivos”.
José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, fue brutalmente golpeado por la Policía Militar el 8 de mayo, a la salida de una reunión de Plan Internacional. Los medios de comunicación mantuvieron el tema por más de una semana sacando videos editados a los que les quitaron las escenas de represión policial.
Bertha Cáceres, Coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ya había sido objeto de otra acción el año pasado cuando regresaba de una protesta pacífica en defensa del Río Gualcarque, en la comunidad lenca de Río Blanco, en el occidente del país. En el trayecto fue detenida por policías que le colocaron un arma en su vehículo, la detuvieron y llevaron a una posta policial en Santa Bárbara. Fue mantenida en condiciones precarias y acusada de tráfico de armas. Después se sumó otro proceso contra ella por la defensa de los territorios. Sólo la solidaridad nacional e internacional logró que no fuera llevada por muchos años a prisión.
La instalación del miedo y la criminalización está por todas partes. Porfirio Lobo Sosa la continuó después de Roberto Micheletti, que llegó al poder con el golpe de Estado. Han creado cuerpos represivos como los TIGRES y la Policía Militar, además de operaciones militares como la Xatruch, la Libertad, entre otras, que se practican en zonas donde hay resistencia en defensa de los territorios por la instalación de mineras o hidroeléctricas.
La región de El Aguán es escenario de estas estrategias también. La dirigencia campesina es perseguida y criminalizada, el Ministerio Público les inicia procesos legales constantemente por “usurpación de tierras”, tierras de las cuales son sus legítimos dueños.
Protección internacional
Ese escenario y la denuncia internacional dio como resultado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas cautelares para unos 123 líderes y liderezas de los diferentes movimientos campesinos del Aguán, entre ellos el MUCA, MARCA y MOCRA.
La CIDH demandó protección para estas personas e investigación por parte del Estado sobre las amenazas de las que son víctimas. La respuesta del gobierno llegó días más tarde: en horas de la madrugada, un contingente conformado por 315 miembros del ejército y de la policía y 40 agentes de seguridad privada, participaron del desalojo violento de las fincas Trinidad y El Despertar, utilizando bombas lacrimógenas, spray de pimienta y disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas.
En la finca El Despertar, las acciones violentas produjeron dos heridos y 14 personas detenidas, entre las que se encontraban cinco menores, cuatro mujeres -una de ellas embarazada-, que quedaron por varios días en prisión.
Entre los detenidos estaban Jaime Adaly Cabrera Del Cid, presidente de la Plataforma Regional Agraria, y Walter Ernesto Cárcamo Lezama, titular del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes gozan de las medidas cautelares emitidas por la CIDH.
Un cerco militar y policial se instaló después de los desalojos, impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias personales. Todo esto es señalado en un pronunciamiento de varias organizaciones internacionales que han demandado al Estado de Honduras investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos y que cese de inmediato la represión, el hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.
Sobre la actual situación, Jhony Rivas, dirigente campesino del MUCA, resumió que “la militarización ha sido salvaje, estamos bajo ataque constante, sólo nos queda que la comunidad internacional presione para que no siga este sangriento escenario”.
Dina Meza, desde Honduras.
Periodista hondureña y defensora de DDHH
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