El recorte anunciado exime del pago del impuesto a 1,2 millón de trabajadores activos y pasivos, y reduce su impacto en otros 100.000 que ganan entre 150 y 174.000 pesos brutos. Según el informe oficial, el “impuesto al salario” continuaría impactando sólo sobre el 10% de los asalariados de mayor ingreso. En el transcurso de los últimos días se ha agregado la deducción por concubinato, una equiparación de derechos conquistada hace años en el fuero civil y postergada para la AFIP.
El proyecto oficial no es retroactivo, y tiene lugar cuando la carga del impuesto al salario alcanza niveles de confiscación altísimos. El impuesto comprende al 25% de la fuerza laboral, o sea, 2.3 millones de trabajadores. Actualmente, lo paga el trabajador soltero con un sueldo neto de 75.000 pesos, y el casado con dos hijos que perciba 99.000 pesos, pero hoy la canasta familiar alcanza los 120.000 pesos. Esto significa que trabajadores que no cubren las necesidades de esa canasta son gravados con el impuesto; u otros que, precisamente como consecuencia del impuesto al salario, quedan por debajo de la canasta familiar. Cómo el Impuesto a las Ganancias es coparticipable con las provincias, los gobernadores han sido defensores acérrimos de este saqueo del salario.
La actualización del Mínimo no imponible seguirá siendo anual, lo cual, con una inflación del 4% mensual y con el conjunto de las paritarias acordadas en cómodas cuotas, conducirá a una enorme distorsión: una parte sustancial de los que hoy han sido eximidos podría volver a estar gravado, apenas perciba una o dos cuotas de sus aumentos. El impuesto a las ganancias debe ser el único cálculo anualizado de toda la economía. El número inicial de trabajadores que lo pagaba a comienzos del 2020 terminó multiplicado al final del año. Esto, además de insostenible, hace imposible que los trabajadores conozcan por anticipado cuánto van a pagar de Ganancias cada mes.
“Aliviar pero rescatar”
El operativo político del Gobierno intenta mitigar, aunque sea por un tiempo, la distorsión entre el salario que pagan las patronales y el que perciben los trabajadores. Está distorsión llevó a que muchos trabajadores dejaran de hacer horas extras, porque gran parte de lo ganado se lo lleva el impuesto. Las patronales tienen interés en rescatar el régimen de horas extras, para evitar nuevas contrataciones.
Cómo ya pasó con la suba del Mínimo no imponible de 2014, el operativo del Gobierno alivia la carga de Ganancias pero para rescatar a este impuesto confiscatorio en su conjunto. Es muy claro que una franja muy importante de los trabajadores supuestamente eximidos volverán a ser gravados, al superar el nuevo mínimo no imponible de 150.000 pesos. Por caso, todos los que hoy ganan al menos 110.000 pesos volverían a estar gravados después de las paritarias. Se trata de más de la mitad de los futuros exentos –o sea más de medio millón de trabajadores. Además, como lo que se actualiza es el Mínimo no imponible y no las escalas, los trabajadores que reingresen al impuesto lo harán pagando la tasa más alta, del 31%.
Esta concesión a 1.200.000 trabajadores procurará serle transferida al capital en la próxima negociación paritaria: las patronales buscarán descontar de los aumentos futuros el incremento salarial indirecto recibido por la suba del Mínimo. En ese caso, el costo fiscal de la medida terminará siendo un nuevo subsidio del Estado a las patronales.
El clasismo tiene una estrecha vinculación con la lucha contra el impuesto a las Ganancias. Es necesario discutir esta situación en los sindicatos y lugares de trabajo, y enfrentarla con un programa claro: paritarias libres y con representantes electos; indexación mensual de los salarios y del mínimos no imponibles; eliminación del impuesto al salario y de los impuestos al consumo del trabajador; Salario mínimo de 100.000 pesos, equivalente a la canasta familiar.
Pablo Busch
27/03/2021
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