Biden: ¿una despedida criminal?

De acuerdo con diversos medios informativos de Estados Unidos, el presidente saliente de ese país, Joe Biden, habría autorizado al régimen ucranio emplear los misiles ATACMS que le ha proporcionado contra objetivos situados en territorio ruso, pese a la advertencia formulada en septiembre pasado por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el sentido de que esa medida sería considerada como un ataque directo de Washington y de la OTAN contra Rusia; a decir de Putin, el personal militar ucraniano carece de las capacidades y condiciones técnicas para operar los ATACMS, los cuales sólo podrían ser dirigidos por especialistas castrenses de Estados Unidos o de otros países de la alianza atlántica. 

 El pretexto de tal decisión sería la versión –que esos mismos medios presentan como un hecho comprobado– de que hay tropas de Corea del Norte reforzando a las rusas, particularmente en la zona de Kursk, por más que esa circunstancia bien podría ser una de las fabricaciones habituales de Estados Unidos para emprender nuevas guerras, como lo fue en 2003 la pretendida posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak, algo que sólo existió en la mente de los fabricantes de propaganda de Washington. 

 De confirmarse la autorización referida, el mundo estaría en las puertas de una confrontación entre las mayores potencias nucleares, un escenario obligadamente catastrófico no sólo para Ucrania, Estados Unidos y la Federación Rusa, sino para todo el continente europeo y para la humanidad en su conjunto. 

 Debe tenerse en cuenta que el próximo ocupante de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, se ha referido en diversas ocasiones a su determinación de procurar un final rápido para el conflicto entre Kiev y Moscú. En tal circunstancia, resultaría insólito y perverso que a menos de dos meses de dejar el poder, Biden adoptara un decisión que heredaría a su sucesor un escenario bélico mucho más violento, complicado y peligroso que el actual. 

 El bombardeo de objetivos rusos con esa clase de armamento –que tiene un alcance de 300 kilómetros– podría dar lugar a una respuesta devastadora contra la propia Ucrania. Desde la perspectiva de Occidente, el seguir azuzando la escalada militar entre ambas naciones eslavas ha dejado de tener sentido, si es que alguna vez lo tuvo, y se presenta más bien como una ruta disparatada. Así han empezado a reconocerlo a regañadientes diversos gobiernos europeos y sus diplomacias se lo han hecho saber al propio Volodymir Zelensky. 

 Resulta obligado preguntarse, entonces, si la información comentada es un simple globo sonda –práctica habitual entre los hacedores de política exterior estadounidense– y, en caso de ser cierta, qué propósitos podría tener, fuera de incrementar el riesgo, de suyo elevado, de iniciar una tercera guerra mundial. La respuesta bien podría provenir de donde han provenido casi siempre las iniciativas belicistas de Estados Unidos: de su propio complejo militar industrial, siempre ávido de crear y de expandir mercados para sus productos de destrucción y muerte. 

 Si Biden ha decidido complacer la avidez de ganancias de ese sector, estaría rubricando su despedida de la presidencia con un crimen de escala global. Cabe esperar, por el bien de toda la comunidad internacional, que se trate de una información falsa.

 Editorial de "La Jornada" | 19/11/2024

Uruguay: El Frente Amplio entre la indiferencia y la recuperación activa

Con despliegue, constancia, esfuerzo y paciencia, la militancia frentista uruguaya abandona los comités y se despliega casa por casa, en ferias y eventos, como un ejército de hormigas cuyo trasiego no transporta las hojas hurtadas al verdor, sino las de votación. El territorio percibe el impulso de miles de fervores que se extienden capilarmente por calles y pasajes, entre gazebos y banderazos. Sin embargo, este ardor no siempre recibe una devolución de igual intensidad. Evaluar el ánimo o humor social y las expectativas que la jornada electoral suscita se torna difícil, especialmente desde la distancia. Las conclusiones recibidas son diametralmente opuestas, dependiendo de quién refleje sus vivencias. Este ejército de voluntades transformadoras carece de los recursos en armamento publicitario y municiones de marketing, de los que dispone el actual oficialismo, pero se impone en presencia organizada en cualquier esfera de la vida social e institucional, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil. Quizás el verdadero obstáculo a sortear no sea el votante de la coalición, sino la conjunción de indiferencia y desencanto en un segmento decisivo de la ciudadanía. En una coyuntura mundial plagada de sorpresas y desconciertos, herederos de insatisfacciones profundas con diversas y hasta opuestas gestiones políticas, se impone la prudencia de moderar el optimismo y, a la vez, redoblar los esfuerzos por multiplicar la militancia en las bases. Es crucial que estos esfuerzos no solo pidan adhesión, sino que aprovechen el contacto para reconstruir una hospitalidad deteriorada y tiendan algún puente que supere la simple inducción al voto quinquenal. 

 La explicación de la apatía política de vastos sectores sociales no debería reducirse a las frustraciones materiales o las expectativas de futuro, sino incluir también el componente institucional. La democracia representativa, concebida para excluir a los representados de las decisiones que los afectan, más que inducir la participación, la desalienta, enclaustrándola entre los márgenes de las meras formalidades. Las reiteradas tentativas de participación y sus resultados estériles producen frustración y pasividad en la sociedad civil. Las movilizaciones sociales nunca logran trascender la protesta o presión, pues el régimen político les niega cualquier intervención decisional institucionalizada, confinándolas a la queja, cuyo primer (aunque no único) indicador es el espectro donde convergen abstencionismo, votos nulos y en blanco. Excepción hecha de los dos plebiscitos simultáneos con la elección nacional, a los que el Frente Amplio (FA) le dio lamentablemente la espalda. En el artículo de la semana pasada llamaba la atención sobre los 118.725 electores que resultan de la sumatoria de los votos, nulos, en blanco y los sobres con exclusivas papeletas plebiscitarias. Representan nada menos que un 11.21% del caudal total de votos frentistas o el 5.26% del total de votos emitidos.

 No se trata, desde luego, de un conjunto homogéneo, aunque sin duda más sensible a la rebeldía que al mero electoralismo continuista de los partidos tradicionales y sus satélites minoritarios. Los partidos tradicionales proponen un vínculo estrictamente electoralista, cimentado en la seducción marketinera, con representantes tan profesionalizados como autonomizados. Mientras tanto, el FA bascula entre un continuismo representativo puro y un mayor énfasis en la ejecución rigurosa de un programa detallado, además de la organización y consulta regular de sus bases militantes. Cuanto más conservador en su adhesión al régimen se presente, menores serán sus posibilidades de diálogo con segmentos significativos de una ciudadanía descorazonada.

 La derecha comprendió con agudeza en la década del ’90 que la diversidad de actores, cubriendo un amplio arco ideológico mediante la ley de lemas, la seducción caudillezca y el marketing electoral, no detenía el arrollador crecimiento de un FA que se implantaba en los territorios y organizaciones de la sociedad civil proponiendo mediaciones participativas e incluyentes, no meramente electorales, además de un programa crítico y transformador del statu quo. Fue por esto que se impulsó el actual sistema cuyo desenlace es el balotaje, y no se equivocaron.

 De las 6 experiencias electorales nacionales desde entonces, el FA ha ganado todas, incluyendo su peor votación en 2019. La tabla muestra que siempre se impuso frente a la primera y segunda minoría, representadas por los partidos tradicionales, los únicos con posibilidades de acceder a la segunda instancia. A simple vista, esta afirmación podría parecer incorrecta, pero es preciso recordar que en el cálculo de 1999 no incluí los 97.943 votos obtenidos por el “Nuevo Espacio” liderado por Rafael Michelini, el cual luego se integró orgánicamente al FA (ningún fugitivo frentista logró sobrevivir por fuera aún). Esto contrasta con las coaliciones de 1999 y 2019, lideradas por los partidos Colorado y Nacional respectivamente, que en ambos casos tejieron un apurado y tardío tapiz de lemas independientes con el único fin de frenar al FA, replicando la estrategia de cambio de reglas de tres décadas atrás. Una alfombrita bajo la cual continuar barriendo sus suciedades. Esta trayectoria se perfila con más nitidez en la curva electoral que deriva de la tabla, dibujando la historia de cada lema y su relevancia en el devenir electoral del país. 

 Resulta interesante observar, sin que esto desaliente el más mínimo esfuerzo militante por la conquista de cada voto, el trasiego de sufragios entre la primera y segunda vuelta en las experiencias pasadas. Solo podemos analizar cuatro casos, ya que en 2004 el FA arrasó en la primera vuelta, y la elección actual aún se encuentra en curso. A tal efecto, elaboré un cuadro considerando los movimientos de votos en las siguientes categorías electorales entre ambas vueltas: 

 1.El FA 

2.Los votos de las coaliciones derechistas efectivas que fueron confrontando al FA, medidos por el total al candidato de la segunda minoría (Colorada y Blanca, en cada caso)

 3.La sumatoria de los votos blancos y anulados 

4.La deserción 

5.El valor hipotético de una suerte de coalición ideal que suponga la sumatoria absoluta de los votos de cada lema 

Los tres primeros, que representan la totalidad de los votos positivos crecieron en la segunda instancia. Inversamente, disminuye la deserción. Esto indica que, en términos generales, aumenta el interés por el momento decisivo del poder ejecutivo (salvo en la elección anterior, 2019, curiosamente la peor para el FA). Sin embargo, lo más llamativo es que las coaliciones sucesivas, pierden votos respecto a la teórica adhesión de sus bases constitutivas hacia su forzoso candidato. Detengámonos un momento. Las coaliciones siempre crecieron en un volumen considerable frente al FA, con valores que oscilan entre 2 y hasta cisi 4 veces más, pero decrecen respecto a su potencialidad. Mientras el FA ha crecido en promedio en torno a 130.000 votos, es probable que la coalición haya cedido buena parte de los 100.000 votos que ha perdido promedialmente en el camino.

 Es necesario realizar una aclaración metodológica sobre los cuadros elaborados. Con los datos disponibles en la página de la Corte Electoral resulta imposible construirlos, ya que, al menos en el acceso público, no se encuentra toda la serie analizada ni las precisiones necesarias para su confección. Para ello, recurrí a Wikipedia, que ha normalizado la información general, a medios de prensa -que probablemente se basen en datos proporcionados de manera discriminatoria por la Corte, al igual que a partidos políticos- y a mis propios artículos y documentos escritos en elecciones pasadas. Por ejemplo, los datos sobre los resultados electorales en Montevideo de la semana anterior fueron extraídos de la copiosa e interactiva infografía del diario El Observador, basada en datos de la Corte Electoral a los que el público no puede acceder. Sería deseable que en el futuro se garantice pleno acceso a la información pública y se organicen todos los datos retrospectivamente, conforme a parámetros y estándares regularizados e internacionalmente aceptados.

 Las coaliciones segundovueltistas, centradas siempre en los dos partidos históricos del conservadurismo, exhiben una debilidad estructural en la fidelización de votantes en momentos decisivos. Quizás advertir esta fragilidad les haya impedido constituir un único lema, que solo hipotéticamente, desde una perspectiva algebraica, les hubiera permitido mayor influencia en los poderes del Estado, como expuse en el artículo pasado. Esta dificultad para fidelizar votantes termina redundando en una ganancia para el FA, más allá de que otra parte de estos votos acabe nutriendo el crecimiento de los votos en blanco y anulados. En cambio, es casi imposible concebir que electores frentistas de primera vuelta aporten algo a la coalición. En el próximo balotaje, es probable que el FA capitalice una fracción indeterminada de los votantes de Asamblea Popular y Peri, quienes, a pesar de su sectarismo simplista, reconocen en el FA un ideario de izquierda. No es improbable, además, que algunos electores de la reciente Identidad Soberana hayan encontrado refugio entre frentistas desencantados, atraídos por un discurso extravagante y multicrítico, no exento de una agresividad “a la mode”. Al mismo tiempo, la reducción en la deserción promedio refleja un creciente interés por el poder ejecutivo en particular, como ya sostuve, tal vez más motivado por el espanto que por la conciencia cívica. 

 Si bien las convocatorias a las urnas son momentos determinantes para configurar los poderes y cuestionar la relación entre representantes y representados, el FA carga con la responsabilidad de reavivar ese vínculo con la máxima regularidad, no empujado por plazos electorales ni por relajaciones delegativas. Al contrario, debe convocar a una vigilia movilizada y participativa, dedicada a la conquista y defensa de nuevos derechos y libertades. Sin ese lazo activo y atento, solo pueden esperarse las sombras del desencanto y la abulia de la frustración. Los esfuerzos actuales por pelear cada voto deben ser algo más que la disputa de una silla en la torre ejecutiva: un acto de resistencia y de recuperación de una memoria que recupere la caligrafía emancipatoria en el raído cuaderno de la historia. 

 Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires).

CFK de gira: “parole, parole, parole”

En Santiago del Estero, Cristina Kirchner, luego de acusar a Milei de hablar “solamente (sic) ante grandes empresarios”, advirtió al liberticida que “Al mercado lo rescató el Estado”.

 La ex presidenta parece vivir en otro país, porque hoy mismo, delante de sus ojos y de todo el país, Milei está rescatando al mercado por medio del Estado. El propósito de asegurar un superávit fiscal no tiene otro objetivo que utilizar ese excedente para pagar los intereses de la deuda pública en manos de “los grandes empresarios”. Lo mismo ha ocurrido con la transferencia de la deuda del Banco Central al Tesoro, por el equivalente a 50 mil millones de dólares, o incluso el blanqueo, que libera de impuestos a los lavadores. El señalamiento de CFK revela que ella comparte la caracterización que Milei tiene de su plan económico, como un plan de impulso a la economía que solamente deberá ser rescatado cuando haya fracasado. No, el rescate es ahora y tampoco lo paga el Estado, sino una gigantesca transferencia de ingresos de los trabajadores activos y pasivos a los fondos financieros y grandes empresas. Es precisamente por esta razón que el Congreso nunca reúne los votos para desbaratar la política de Milei.

 La ex presidenta no advierte su error, o lo disimula para la tribuna, porque el kirchnerismo protagonizó uno de los mayores rescates de las últimas décadas cuando refinanció la deuda de Argentina en 2005. El descuento o quita de capital que alegó haber obtenido en esa transa ha sido un fraude. Uno, porque se refiere a la mitad de la deuda, la contraída con acreedores privados, no con el FMI ni organismos internacionales, que no admiten quitas de ningún tipo. Dos, porque esta deuda ‘oficial’ fue inflada por el megacanje realizado por Cavallo, bajo el gobierno de De la Rúa a tasas de interés excepcionalmente altas. Tres, porque añadió el pago de un cupón asociado al PBI, casi equivalente a toda la quita. Años más tarde, CFK admitió haber pagado 174 mil millones de dólares por esa deuda, por medio del uso del FGS de ANSES y otros fondos de carácter público. Otro rescate fue el reconocimiento del financiamiento con emisión realizado por Duhalde para rescatar a los bancos que decían no poder devolver los depósitos a los ahorristas –un rescate avalado por el Poder Judicial. Después de nacionalizar los fondos de pensión privados, el kirchnerismo hizo de la jubilación pública una gran “AFJP” estatal, donde los ingresos de los jubilados fueron recortados para asegurar el excedente que iba al pago de la deuda. Ya más cerca en el tiempo, el gobierno de los Fernández financió, con emisión monetaria, a las grandes empresas en la pandemia, condenando a ese gobierno a la inflación permanente y a la victoria de Milei. 

 Para Cristina Fernández , “el peronismo siempre llega para sanar los desastres económicos que nos hacen en nombre del libre comercio y la libre empresa”. Es el bombero del capitalismo; hay que cuidar que no desaparezca. Se ha convertido, de este modo, en la garantía de pago del aumento de la deuda pública de estos once meses de libertarianismo, y del préstamo “Repo” que está negociando Caputo. La ex presidenta batió el parche con la crítica al “modelo agroexportador” que impulsa Milei, pero fue su gobierno el que inauguró ese modelo con el acuerdo secreto que firmó con Chevron en 2014, para desarrollar Vaca Muerta, o los acuerdos con Barrick Gold por la minería. 

 El kirchnerismo carece de un programa que confronte con el de Caputo, como lo demuestra la aceptación de la Reforma Laboral, por parte de la CGT, de Kicillof y de ella misma. CFK se empeña en ofrecer un ‘discurso’, a diferencia del resto de los ‘opositores’, para poder competir en las elecciones de 2025 y evitar que se conviertan en su tumba política. Como dice la canción italiana: “Parole, parole, parole” . El mensaje de Cristina deja establecido que las “conquistas” de los liberticidas contra las masas no serán revertidas. Las actividades y giras de la ex presidenta, en ese sentido, son la pantalla de un gigantesco inmovilismo.

 Marcelo Ramal

 19/11/2024

El G20, entre la crisis mundial, guerras y hambrunas

Entre el 17 y el 19 de noviembre, en Brasil, se concretó la cumbre anual de denominado G20, en el que participaron jefes de Estado de 55 países. 

 El presidente brasileño Lula Da Silva resumió: “Me he propuesto no traer la guerra al G20 porque, si no, no discutiríamos otras cosas importantes para los pueblos que no están en guerra. Los invisibles del mundo”. 

 Toda la cumbre estuvo llena de discursos llenos de hipocresía, donde se hablaba de la paz, destacando que se acogía “con satisfacción todas las iniciativas pertinentes y constructivas que apoyen una paz global, justa y duradera”, mientras EE.UU. y la Unión Europea daban el visto bueno a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance contra el territorio ruso, y Putin, por su parte, anunciaba nuevas disposiciones para el uso de armas nucleares a modo de respuesta. 

 De la misma manera se invocó “la urgente necesidad de ampliar el flujo de ayuda humanitaria y reforzar la protección de los civiles y exigimos que se levanten todas las barreras a la prestación de ayuda humanitaria a escala”, en el caso de Gaza, mientras el gobierno sionista se ha ensañado en atacar a los convoyes encargados de trasladar esa ayuda y bombardear los campamentos de refugiados. Los mandatarios se escandalizaron por la creciente desigualdad social y por el hecho de que 700 millones de personas vivan subnutridas, mientras se producen 6.000 millones de toneladas de alimentos 

 Ante una propuesta de Lula, el G20 estableció su apoyo a la “tributación progresiva” para que los ricos paguen impuestos de forma más efectiva y se comprometieron a proseguir sus discusiones en torno a la propuesta brasileña para la posible creación de un impuesto global a los superricos. Según la iniciativa brasileña, si los 3.300 multimillonarios que habitan el mundo pagaran un impuesto global equivalente al 2% de sus riquezas en cualquier país donde estén asentados, es posible recaudar anualmente entre 200.000 y 250.000 millones de dólares para financiar proyectos de combate a la pobreza, el hambre y el cambio climático. Mientras tanto, los gobiernos -sean derechistas o ´nacionales y populares´- no vacilan, en el marco de la creciente crisis capitalista, en imponer una política de ajuste de los salarios, precarizando las relaciones laborales, hundiendo las jubilaciones y las ayudas alimentarias Se resolvió -a iniciativa del gobierno de Brasil- poner en pie “la alianza contra el hambre y la pobreza”. Se presume que Donald Trump podría retirarse del grupo cuando asuma el 20 de enero próximo. 

 Milei en el G20 

El presidente argentino firmó el documento final, pero hizo una serie de salvedades.

 Milei reiteró en Brasil que respalda a Israel frente al grupo terrorista Hamas, condenó la invasión de Rusia a Ucrania y rechazó la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a los denominados “super ricos”, la limitación de la libertad de expresión en redes sociales -especialmente en X, propiedad de Elon Musk-, el esquema de imposición y vulneración de la soberanía de las instituciones de gobernanza global, el trato desigual ante la ley y especialmente, contra “la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre”.

 Milei destacó que, con la asunción de Trump, se darían la condiciones para avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Argentina y EE.UU. no tienen antecedentes de negociaciones para un acuerdo comercial desde la IV Cumbre de las Américas de 2005, realizada en Mar del Plata, cuando EE.UU. intentó impulsar, sin éxito, la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En un sentido contrario, bajo el primer gobierno de Trump, (2017-2021), se aumentaron los aranceles a las exportaciones argentinas de biodiésel a EE.UU. Macron, sin pelos en la lengua, ha señalo que Francia hará todo lo posible para bloquear el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. En enero de este año, los agricultores franceses organizaron protestas masivas con tractores que cortaron calles, rutas y autopistas en París, en rechazo a las políticas de Macrón y de la U.E. Estas protestas han recomenzado en repudio al posible TLC con el Mercosur. 

Macrón reconoció que el preacuerdo puede concretarse sin el respaldo de Francia, pero ejercerá presión para bloquearlo en la segunda etapa, cuando se deba aprobar la parte institucional y necesite la ratificación de los 27 parlamentos de los países de la Unión Europea. 

 El G20 fue la oportunidad para que Argentina firmara un Memorando de Entendimiento (MOU) con Brasil para que el gas natural de Vaca Muerta pueda llegar al país vecino a través del desarrollo de la infraestructura de gasoductos. Los envíos comenzarán en 2025, con 2 millones de metros cúbicos diarios y se prevé alcanzar los 30 millones diarios de exportación en cinco años. De este modo, Argentina reemplazará a Bolivia -cuyas reservas se agotaron- como el principal proveedor de energía de Brasil. 

 Pero para conseguir llegar a ese objetivo no alcanza con la primera etapa de Reversión del Gasoducto Norte, inaugurada hace unas semanas. Es necesario encarar una segunda etapa con loops (ducto paralelo) y plantas compresoras para conseguir un excedente mínimo de 15 millones de metros cúbicos que tardaría hasta 2026, por lo menos. Como se ve, en lo inmediato, el gobierno no ha podido conseguir una vía que le permita obtener fondos imprescindibles para el 2025, cuando se avecina vencimiento por 25 mil millones de dólares. 

 Esto mismo, lo obligó a mantener las relaciones financieras -o sea mantener el swap chino depositado en el Banco Central y comerciales con China- y como contrapartida relanzar la construcción de las represas en el sur y las centrales nucleares en Buenos Aires, o sea una política que colisiona con la política internacional de Trump. 

 Milei está metido en un verdadero Zugzwang.

 Daniel Blanco

19/11/2024

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Las auditorías ideológicas son típicas del fascismo

La persecución político-ideológica que ha llevado adelante el gobierno liberticida desde el primer día de gobierno contra opositores, activistas, trabajadores y un largo etc. se trasladó, desde un comienzo, hacia adentro de las estructuras del Estado. El gobierno de Milei emprende ahora una purga de personal de carrera en reemplazo de tropa propia que responda a las órdenes directas de su camarilla. 

 En la primera semana de noviembre se conoció la renuncia Manuel García Solá a su puesto en el CONICET. Representante de los intereses del agronegocio en el organismo, ocupaba su cargo desde el 2022, cuando fue propuesto por la Sociedad Rural Argentina (SRA). García Solá afirmó “me pidieron la renuncia por objetar persecución ideológica a los becarios e investigadores”. En una misiva que tuvo como destinatario a Nicolás Pino, presidente de la SRA, le manifestó que no iban a acallar su voz “cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas o religiosas”. (Página 12, 9/11). La burguesía liberal cuenta con una ultraminoría que adhiere al “estado de derecho”.

 Respaldando a García Solá, investigadores, autoridades de institutos de ciencia y gremios, salieron a rubricar los dichos del renunciante, alegando que aquellos investigadores del CONICET que investigan temas que están por fuera de la agenda del gobierno -como cambio climático y género- son discriminados por las autoridades puestas por el gobierno liberticida. 

 Fue el propio Pino el que le pidió a García Solá que presentase la renuncia a su cargo. Si bien no se conocen los motivos de Pino, todo apunta a Daniel Salamone, presidente del ente, designado por Milei y experto en clonación, como mentor de su salida. Las rispideces surgieron cuando García Solá le advirtió a Salamone que estaba por cometer un acto de “discriminación política” sobre un caso particular. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, había advertido que los proyectos presentados por los investigadores y becarios, iban a ser sometidos a una “segunda evaluación de corte político”. Una nueva forma de auditoría –la ideológica. Es lo que ha ocurrido en la Cancillería. Por órdenes directas de Milei, se ha lanzado una redada para "identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad". Para llevar adelante este proceso persecutorio, Milei se vale de los “grupos de tareas”, bancados con los fondos reservados de la SIDE, que operan, sobre todo, en la red social X. 

 Uno de los patoteros virtuales preferidos por la presidencia, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, desde su programa de streaming -La Misa- afirmó que se debe llevar adelante una selección ideológica del personal. “Tenés en el Estado sobrevivientes del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, que literalmente son comunistas (sic). Hay que poner a los propios. Amigos, conocidos, que están con la ideología adecuada”. 

 Las fuerzas de seguridad no escapan de la persecución ideológica. Milei hizo referencia a la infiltración de personal contrario a los ideales de la “libertad” en la celebración de los 203 años de la Policía Federal: "Debido a la penetración de la izquierda en las instituciones -dijo- las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre”.

 La diputada Lilia Lemoine, durante una entrevista en TN, afirmó que “McCarthy tenía razón. A mí no me ofende que digan que estamos siendo macartistas, porque si algo que vio McCarthy fue que la infiltración comunista en su gobierno era algo real, que después con el tiempo se probó, y no podemos permitirlo.”

 Las sanciones ideológicas son una característica del fascismo. Milei le da un perfil especial a una tendencia que tiene una reiterada historia en Argentina. 

 Lucas Giannetti 

 19/11/2024

El canto del cisne del G-20

La reunión del G-20 que se ha desarrollado entre el domingo y el martes en Río de Janeiro será recordada como una ficción delirante. Para evitar cualquier sospecha de senilidad, el anfitrión del evento, Lula Da Silva, se refirió “al mayor número de conflictos desde la segunda guerra mundial”, con el único propósito de poder hablar enseguida de cualquier otra cosa que no fuera, precisamente, la guerra europea entre la OTAN y Rusia, ni de la masacre que prosigue implacable contra palestinos y árabes en Gaza, Beirut y Damasco. La agenda del evento, “la cooperación para la lucha contra el hambre, la gobernabilidad mundial y el desarrollo verde”, simplemente ignoró la guerra comercial, geopolítica y militar entre los estados asistentes al cónclave, incluso el impasse en que se encuentra la reunión paralela que tiene lugar en Azerbaiyan relativa a la crisis climática. En territorio brasileño (Manaos) en ruta a Río, Joseph Biden ordenó el uso de misiles de largo alcance contra Rusia, que Putin, representado en el cónclave por Serguei Lavrov, respondió con la declaración de que la OTAN había entrado en guerra contra su país en forma directa. 

 El G-20 cierra, con enorme de demora, el ciclo de la llamada globalización, en el que justificó este pretendido directorio de la economía mundial, que incluye a los países emergentes. Al momento de promoción de la iniciativa, la crisis había arrasado a los países del sudeste de Asia, para trasladarse a Rusia, Brasil, Estados Unidos y Argentina (2001). Lo singular de esta crisis es que no obedeció a un estallido fiscal, porque todos los involucrados gozaban de robustos superávits, sino a la bancarrota de un gigantesco endeudamiento privado. Lo mismo habría de ocurrir una década más tarde, cuando estalló la crisis hipotecaria “subprime”. Los superávits del Tesoro desaparecieron enseguida después debido al gasto fiscal que generó el rescate del capital privado. La situación se habría de agravar, también diez después, con la irrupción de la pandemia. El mundo capitalista atraviesa, en consecuencia, una crisis fiscal sin paralelo desde la segunda guerra mundial. Las ‘motosierras’ que impulsan Trump y un sector muy amplio de la patronal europea equivalen a una demolición del orden social en una escala superior al de la famosa década del 30 del siglo pasado. La gobernabilidad capitalista mundial, que es una contradicción en si misma, ha estallado por los aires. 

 De la reunión del G-20 no salió nada, fue circunstancial. No solamente Biden se ha convertido en un jubilado político, lo mismo ocurre con el alemán Olaf Scholz y también con Macron, y por lo tanto con la cúpula de la Unión Europea. Las transiciones entre gobiernos que todavía no se han ido y los que todavía tienen que entrar, podrían convertirse en explosivas. El punto de “la gobernabilidad global” no lo va a resolver la agenda de Río, sino al margen de esta cumbre como de cualquier otra. La financiación de la “transición climática”, el otro punto, no solamente choca con la crisis fiscal de los estados – choca, además, con un endeudamiento privado muy elevado, en términos generales y de tasas de interés. El problema principal que enfrenta la propuesta de un impuesto a los muy pero muy ricos es que cualquier pinchazo a la burbuja financiera acumulada en las Bolsas simplemente liquidaría un capital de títulos, bonos, papeles, coberturas y derivados, cuyo valor no guarda relación con el de los capitales efectivamente en producción, que sufren a su vez los coletazos del desarme o de las quiebras de las cadenas de producción y de valor en que se encuentran insertados. 

 Los asistentes a la Cumbre han descontado todas estas contradicciones sin salida, para poder actuar como diplomáticos bien comportados, por sobre todo Milei, quien rechazó la propuesta de declaración que presentó Brasil, aunque en forma verbal. Después de todo se fue de Río con una “carta de intención” para la venta de gas al vecino que saldrá del fracking de Vaca Muerta, un monumento a la fragilización de la corteza terrestre (sismos) y a la contaminación ambiental (combustión). Otro amigo de Lula, Xi Jinping, ha construido un puerto gigante en Changai, Perú, para sacar la producción de soja brasileña por medio de una ruta interoceánica al Pacífico, que redundará en una mayor deforestación de la Amazonía. De otro lado, el agronegocio argentino se queja por los aranceles que promete erigir Trump a la importación del extranjero, cerrando el ingreso a los bíocombustibles en general y al etanol en particular, a los que califican como contribuyentes a contrarrestar el cambio climático mediante la captura de la huella de carbono. Los ruralistas vernáculos temen, con fundamento, que el freno a los combustibles vegetales hundan el precio de la soja, el maíz y el azúcar. Pero la carestía de los alimentos (incluido el forraje para el ganado o el pollo) es una de las razones del “hambreamiento” (starvation) mundial, que el G-20 se proponía atenuar. Las contradicciones de ese esperpento que es el G-20 son cada vez más violentas.

 Para América Latina, le G-20 representa también un canto del cisne. Con Trump en la Presidencia y el ‘gusano’ Marco Rubio en la Secretaría de Estado, los observadores (Martín Oppenheimer) prevén una ofensiva del bloque liberticida (Bukele, el paraguayo Peña, Boluarte, el ecuatoriano Noboa, Milei), contra el kirchnerismo latinoamericano (Brasil, México), con el apadrinamiento de Bolsonaro y el colombiano Uribe. 

 Cuando Lula puso toda la carne en el asador para financiar los Juegos Olímpicos de Río, en 2016, no advirtió que el gasto se convertiría en una inflación que llevaría al golpe de estado que derribó a Dilma Roussef. Las perspectivas son ahora más siniestras, con una guerra mundial en desarrollo, que sólo pueden ser derrotadas por una acción histórica independiente de la clase obrera de todos los países. 

 Jorge Altamira

 19/11/2024

Los fantasmas de Milei

Un discurso fantasioso en la cumbre trumpista de Florida. 

 En un evento organizado por Donald Trump, el presidente argentino Javier Milei pronunció un discurso ante inversores y miembros del futuro gobierno republicano en el que, tras referirse al Manifiesto Comunista de Carlos Marx, señaló que “hoy un fantasma distinto recorre al mundo, el fantasma de la libertad”. Esa idea, sin embargo, no tiene anclaje en la realidad; solo existe en la imaginación del pequeño déspota libertario. Más bien, lo que prima en el mundo es la negación de la libertad: la guerra en Ucrania continúa su curso, Medio Oriente es un gran campo de exterminio, se recalientan las tensiones por el control del Mar de China meridional, y hay una tendencia cada vez más creciente a la instauración de gobiernos capitalistas de ofensiva directa contra las masas. 

 Milei buscó emparentar la futura llegada de Trump a la Casa Blanca al advenimiento de una supuesta prosperidad y libertad para la humanidad. Ni siquiera el más fervoroso apologista del magnate republicano y del capitalismo estadounidense se atrevería a decir semejante disparate. Trump quiere ir hacia una guerra abierta contra China, seguirá bancando la guerra que impulsa el Estado de Israel contra el pueblo palestino y otros países de Medio Oriente, pretende aplicar un plan de deportación masiva de migrantes, es un enemigo declarado de la sindicalización y los derechos de los trabajadores, y se apresta a erigir un régimen político cuasi dictatorial valiéndose del control que tendrá de las dos cámaras del Congreso, de la Corte Suprema y de los aparatos policiacos y de inteligencia del Estado norteamericano. 

 El mundo, en el contexto de la decadencia capitalista, va hacia mayores crisis, guerras y estallidos sociales. El auge de personajes como Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia, los filonazis de AfD en Alemania, los “Fratelli” fanáticos de Mussolini en Italia o los ultraderechistas holandeses y austriacos es un producto de la bancarrota capitalista, bajo cuyo contexto los gobiernos “democráticos” y “progresistas” fracasaron en sacar a los países de la crisis y atender las necesidades de los trabajadores. El capital pretende encontrar una salida a su crisis, que se intensificó tras el crack financiero de 2008; los rescates estatales a bancos y empresas y los planes de ajuste draconianos que se llevaron adelante contra los trabajadores se han demostrado impotentes.

 La guerra comercial impulsada por los burgueses y sus gobiernos tampoco ha servido para sacar al régimen capitalista de su agonía. En este último tiempo han quebrado bancos en Estados Unidos; el mundo se vio sacudido por el lunes negro nipón; en China, país que hace dos décadas ofició como locomotora de la economía mundial, estalló una burbuja inmobiliaria; cada vez más empresas se declaran en quiebra o se convierten en “zombis” (sobreviven endeudándose); y la deuda total supera con creces el PBI mundial. Lo que subyace detrás de la crisis capitalista es la caída de la tasa de ganancia, que se expresa en la enorme sobreproducción de capitales y mercancías existente. 

La guerra le sirve a los burgueses para ir hacia una destrucción masiva de fuerzas productivas (depuración del capital sobrante) y recomponer la tasa de beneficio. Más tarde, por las propias contradicciones del régimen capitalista, se vuelven a recrear las tendencias al desarrollo de una conflagración a gran escala pero de consecuencias más catastróficas. La Segunda Guerra Mundial fue más barbárica que la primera. Y ahora, en los focos bélicos abiertos, intervienen potencias nucleares que tienen la capacidad de transformar buena parte del planeta en un Hiroshima y Nagasaki. Que el mundo se dirige hacia una guerra mundial de magnitudes impredecibles, y no hacia la libertad como dice Milei, lo demuestran no solo los conflictos mencionados sino el aumento del armamentismo.

 Estados Unidos promueve el rearme japonés, cerró un acuerdo militar con Filipinas y tejió alianzas militares como el Aukus (EE.UU., Inglaterra, Australia) y el Quad (EE.UU., Japón, Australia e India). Las potencias capitalistas de la Unión Europea han incrementado sus presupuestos militares. Y se van sumando más jugadores al ajedrez de la guerra imperialista; Corea del Norte, que está enfrentado al régimen surcoreano bancado por los yanquis, ha reforzado al Ejército de Putin con el envío de miles de soldados. El imperialismo impulsa la guerra en Ucrania porque quiere colonizar política y económicamente a Rusia y China; la guerra del Estado de Israel contra Gaza, Líbano, Yemen, Siria, Irak e Irán tiene como telón de fondo el intento del imperialismo norteamericano de ir hacia una reconfiguración política en Medio Oriente mediante la colocación de gobiernos títeres y con la mira puesta en acaparar una mayor parte de la renta petrolera.

 El cercenamiento de la libertad de los pueblos también se ve en la agudización de las desigualdades sociales. Casi la mitad de la población mundial vive con menos de 7 dólares por día y más de dos mil millones de personas se enfrentaron en 2022 a lo que se conoce como “inseguridad alimentaria”. Asimismo, la desigualdad entre ricos y pobres ha crecido. Incluso en Estados Unidos, la principal potencia capitalista, los índices de desigualdad vienen tendiendo al alza y la expectativa de vida ha disminuido. Bajo el capitalismo imperialista, como se ve, prima una tendencia a la dominación y no a la libertad de los pueblos.

 La crisis capitalista, por todo esto, es también un detonante de rebeliones populares como las que han acontecido en América Latina, en Sri Lanka y en África; y de grandes huelgas como las que se vieron en Estados Unidos y Europa. Los trabajadores tenemos el desafío de convertirlas en el preámbulo de la revolución socialista, para liberar a la humanidad de la explotación y la opresión. El fantasma que sigue sobrevolando el planeta (y la cabeza de Milei) es el del comunismo. 

 Nazareno Suozzi

Un gobierno insalubre: los medicamentos de los jubilados hasta cuadruplicaron sus precios

Las políticas oficiales fomentan un enorme negocio para los laboratorios.

 Los medicamentos que más consumen los jubilados aumentaron 206,7%.

 El incremento de los precios de los medicamentos por encima de la inflación y el ajuste fiscal del gobierno, que pulveriza los haberes previsionales y recorta la cobertura del PAMI, no hace más que continuar socavando las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, mientras enriquece a los laboratorios. 

 Según un informe de CEPA, los medicamentos que más consumen los adultos mayores se incrementaron incluso por encima de la inflación. “Desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 206,7%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período: 195,0%” 

 En paralelo, los precios de los medicamentos con cobertura PAMI desde noviembre de 2023 hasta octubre del 2024, registraron una inflación acumulada del 322,0%, muy por encima del aumento promedio de 206,7% de los precios de venta al público.

 Esto demuestra la estafa a la que son sometidos nuestros jubilados, quienes tienen que afrontar aumentos usurarios por parte de los laboratorios con haberes derruidos, poniendo en juego su propia vida. Vale destacar que un adulto mayor consume en promedio 5 medicamentos por mes, por lo que el incremento de estos tiene una fuerte injerencia dentro de la canasta básica. Significa que es cada vez mayor el porcentaje de ingresos que un jubilado le tiene que destinar a la compra de medicamentos. 

 En paralelo, el gobierno permanece licuando significativamente los haberes previsionales, que se ubican por debajo de la línea de indigencia, con incrementos arbitrarios por debajo de la inflación y el congelamiento del bono desde marzo. “Desde la asunción de Javier Milei, la jubilación mínima con bonos sufre una caída de 38,6 puntos porcentuales entre diciembre 2023 y octubre 2024. En el caso de la jubilación mínima sin bonos la caída para el mismo período es de 22,0 puntos porcentuales”. Sucede que gran parte del ajuste fiscal que aplica el gobierno recae sobre nuestros jubilados. 

 Los que hacen un negoción con esto son los laboratorios, a los que el gobierno beneficia con la liberalización de precios. “En relación con los balances o estados contables de las empresas, en el segundo trimestre de 2024, se observa un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 326,7% respecto al segundo trimestre de 2023, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (298,7%) y en la reventa local de importados (398,3%)”, sostiene el informe. 

 Se trata de un negocio que se monta sobre gastos que difícilmente una persona pueda postergar y/o reducir, más cuando se trata de adultos mayores con distintas convalecencias, lo que constituye casi una extorsión. Los capitalistas se valen de la desesperante situación que atraviesan los jubilados para engordar sus bolsillos a costa de incrementos usurarios permanentes, a sabiendas de que los adultos mayores dependen de eso para sobrevivir.

 Además, vale destacar que el mercado de medicamentos está fuertemente monopolizado por los principales laboratorios, como es el caso de Roemmers, Elea o Bagó, manteniendo de rehenes a los consumidores e impidiendo cualquier tipo de competencia. 

 La situación hace que los jubilados dependan cada vez más de las coberturas gratuitas de medicamentos o los descuentos otorgados por el PAMI. Sin embargo, el gobierno nacional, en el marco del brutal ajuste fiscal, a mediados de agosto de 2024, redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura 100% en su vademécum. En junio se habían reducido otras 11 moléculas. Esto significa que ahora se ofrece un tercio menos de medicamentos en comparación con los que se distribuían de manera gratuita. 

 Esto no solo tiene que ver con el aumento del precio de los fármacos, sino también con la política de destrucción de los salarios y las jubilaciones y de promoción del trabajo en negro que impulsa el gobierno de Milei. Es que el Pami se financia con los aportes que se descuentan del haber básico, que tiende a ser cada vez más bajo. Todo esto, asimismo, tiene lugar en medio de un aumento de las cuotas de las prepagas y en momentos en los que el gobierno se niega a avanzar en una política de prevención de enfermedades. 

 Esta política prolaboratorios se plasma también en el DNU 70/2023, el cual habilitó que los médicos puedan incluir una sugerencia comercial junto al nombre del fármaco que recetan (las grandes empresas cuentan con la espalda financiera suficiente como para contratar planteles de visitadores médicos afines), suprimió una ley que promovía el abastecimiento del sistema público de salud con medicamentos y vacunas a bajo costo, y recortó los fondos destinados a subvencionar la producción pública de medicamentos. 

 Un gobierno que arremete contra la salud de la población y contra las condiciones de vida de los jubilados, es un gobierno que se tiene que ir. Los trabajadores debemos irrumpir en el escenario político con un programa propio. Para defender la salud de la mayoría de la población hay que expropiar y poner bajo control obrero toda la industria farmacéutica (esto permitiría ver los costos reales y comercializar los productos en función de las necesidades sociales de la clase trabajadora y no del lucro privado capitalista) y nacionalizar el sistema de salud, triplicando su presupuesto sobre la base de impuestos extraordinarios al capital y del desconocimiento de la deuda externa.

 A su vez, es fundamental apoyar la lucha de los jubilados, los reclamos por un aumento de emergencia de las jubilaciones, la incorporación de los bonos discrecionales al haber básico, el 82% vital y móvil, y por una Anses y Pami bajo control de los trabajadores activos y retirados. 

 Camila García

Una puesta en escena fascista para rapiñar candidaturas en la interna “libertaria”

Un grupo de referentes tuiteros de La Libertad Avanza lanzó el “brazo armado” de Milei. 

 Un sector de La Libertad Avanza liderado por el consejero presidencial Santiago Caputo protagonizó un acto “ambientado” con la estética fascista de Mussolini, donde lanzaron “el brazo armado” del gobierno, en medio de las disputas y realineamientos internos de cara al armado de listas para las elecciones del 2025. La puesta en escena de este grupo alerta nuevamente sobre el carácter reaccionario y antiobrero del gobierno, en un acto donde lo bizarro puso de manifiesto la reivindicación de los métodos fascistas contra la clase obrera y sus organizaciones. 

 El hecho tuvo lugar en el distrito bonaerense de San Miguel, a puertas cerradas en un teatro perteneciente a la Sociedad Italiana de San Miguel, donde ante la presencia pobre de unos 100 asistentes (casi en su totalidad varones) se presentó la agrupación “Fuerzas del Cielo”. Del evento participaron “referentes libertarios” de las redes sociales, como El Gordo Dan (Daniel Parisini), Agustín Romo y Agustín Laje, entre otros, con un salón en cuyo escenario se destacaba la bandera con el lema “Argentina será el faro que ilumina el mundo”, acompañada por otros estandartes con las palabras “propiedad”, “libertad”, “vida”, “dios”, “patria” y “familia”. 

 No solo la estética del acto fue deliberadamente fascista –al punto del absurdo y el ridículo- sino que lo mismo ocurrió con los discursos. Entre ellos el del twittero Gordo Dan manifestó que “la agrupación Fuerzas del Cielo que se está formando hoy aquí es el brazo armado de La Libertad Avanza, es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei” para, entre otras cosas, mantener “bien alejados a los zurdos degenerados de nuestras familias y nuestros hijos”.

 Las intenciones de este rejunte de referentes libertarios de las redes sociales quedaron al descubierto en otro tramo de la intervención de Dan, al señalar que “con las redes no alcanza, hay que ocupar todos los espacios, hay que meterse en la política, tenemos que construir nuestros propios candidatos para llenar las listas, construir nuestros propios dirigentes, nuestros defensores en la gestión como en la batalla cultural”, reconociendo que todo el asunto responde a una puja interna por la listas del 2025. 

 Los twitteros del gobierno ahora quieren un lugar en casta política, para lo cual intenta mostrarse como el sector más “leal” a la presidencia, la “guardia pretoriana” de Javier Milei que, en la actualidad, acecha en las redes sociales a los enemigos y opositores del gobierno. 

 Más allá de lo teatral y bizarro de la puesta en escena, la reivindicación de la Italia fascista de Mussolini da cuenta de la naturaleza reaccionaria de la fuerza que detenta el gobierno, y su vocación de avanzar sobre las libertades democráticas y derechos de las mayorías trabajadoras, como se ve en las prácticas represivas y persecutorias del gobierno contra las organizaciones piqueteras y los trabajadores y jubilados. 

 Cabe destacar que varios de los discursos del evento constituyen una violación manifiesta de diversos artículos del Código Penal, como el de incitación a la violencia, asociación ilícita, apología del delito, atentado contra el orden público, etc; sin que esto haya despertado el interés de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ni de ningún fiscal o juez que actúe de oficio.

 Más allá del contraste entre un grupo de twitteros que alienta al odio y la violencia dese las redes sociales y la constitución de un grupo de choque fascista no hay que descartar que “otros” o propios sigan el ejemplo de la proclama fascista del grupo de Santiago Caputo, lo que reclama un reforzamiento de las organizaciones obreras y populares para enfrentar esta eventual amenaza con los métodos históricos de la clase obrera. 

 Marcelo Mache

⭕¿Qué es el movimiento 4B?| El Círculo Rojo

La verdad del Comunismo || Ariane Díaz

El Congreso le da un guiño al mayor negociado financiero de Milei-Caputo

Si, como ocurriera en la frustrada sesión de este martes 12, el Congreso deja en pie al decretazo que libera las manos del gobierno en relación a una futura renegociación de la deuda pública, los liberticidas se habrán anotado una significativa victoria política. El DNU 846 deroga la ley de administración financiera en un punto crucial – el que establecía que, en caso de emprender un canje de deuda, el gobierno estaba obligado a mejorar dos de estas tres condiciones: la tasa de interés, el monto o los plazos de vencimiento de los compromisos. El decreto libera a Caputo de esas restricciones para ofrecer una carnada a los acreedores extranjeros para atraerlos a un canje de deuda con mayores tasas de interés o valor técnico más alto de los bonos. Sería una repetición agravada del megacanje que, con esas características, realizaron Cavallo y Sturzenegger en 2001, para precipitar a Argentina a un default y a una renegociación de deuda mucho más elevada. Argentina tiene vencimientos de deuda por 17.000 millones en 2025 – el 55% con acreedores privados y el 45% con organismos de crédito, y 8 mil millones de intereses. 

 Las posibilidades de cancelar estos vencimientos son más que inciertas, más aún cuando la apreciación cambiaria anticipa una fuerte salida de dólares del país y un menor caudal de exportaciones. Pero los fondos acreedores sólo aceptarán correr el horizonte de vencimientos si el gobierno les ofrece un interés superior. El canje, por lo tanto, implicará un nuevo y jugoso operativo financiero para los bancos emisores y una operación especulativa igualmente redituable para los acreedores, pues los altos intereses permitirán que los nuevos títulos suban de precio rápidamente. A cambio de liberar el panorama de vencimientos de 2025-26, el canje caputiano llevará al endeudamiento público externo a condiciones todavía más abultadas y explosivas. La garantía de esta operación, una vez más, será el brutal ajuste sobre salarios estatales, gastos sociales y jubilaciones.

 Pero el decreto en cuestión no se limita a habilitar este cheque en blanco. Además, prevé una amplia “flexibilidad” para reemplazar deuda en una moneda por otra -por caso, la deuda pública en pesos por otra en dólares. La convergencia cambiaria hacia el dólar a 1.000 pesos pavimenta el camino para este otro negociado, que permitirá que los bancos -antiguos acreedores del Banco Central y actuales de títulos en pesos del Tesoro- reemplacen esos compromisos por deuda en moneda “dura”. Finalmente, el decretazo amplía del 50 al 70% el límite para que el Fondo de Garantía del ANSES integre títulos de deuda pública. Por decreto, Caputo fabrica una demanda “intraestatal” garantizada para las nuevas operaciones de deuda, en este caso, con los recursos de los jubilados. 

 Según los diarios, la discusión con la oposición por este DNU en el Congreso aparece condicionada al tratamiento del Presupuesto 2025, pero sólo en parte. Los gobernadores, que orientan el voto de numerosos diputados y de casi todos los senadores, tienen también sus propias deudas a “reestructurar”. El canje de Caputo actuaría como una referencia para eventuales canjes de esas hipotecas provinciales. La tendencia del voto del Congreso es muy clara: no solamente los radicales tienen su subloque mileísta. El peronismo saca del clóset, todos los días, más diputados colonizados por el gobierno liberticida. Por esta vía, el Congreso, que ya es un avalista de hierro del gobierno de decretazos y vetos, se prepara a remachar el último clavo que acomoda a la Argentina en el ataúd del endeudamiento a perpetuidad. 

 En la campaña electoral, Milei anticipó que su previsible precariedad política tendría como contrapeso la imparable desintegración de los grandes bloques que fungirían como su oposición parlamentaria, algo que no pasó desapercibido en estas páginas. Pero la base social de este bloque de fuerzas es el compromiso de toda la clase capitalista con una política de “golpe de estado” económico, que estaba presente en los planteos de Bullrich, Massa o Schiaretti. Los liberticidas y la casta concertan así un negociado financiero y un hipotecamiento nacional sin precedentes, que conducirá a una nueva cesación de pagos más temprano que tarde. La confiscación salarial y previsional que exigirá la nueva “cadena al cuello” será la premisa de una acción obrera de características históricas. 

 Marcelo Ramal

 15/11/2024

Aerolíneas Argentinas: el acuerdo a la baja no detiene el propósito de descuartizar la empresa

Finalmente, el gobierno logró que la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) aprobaran en sus respectivas asambleas el acuerdo al que llegaron con las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Las crónicas solamente reseñan que el apoyo a lo acordado fue “unánime”. A cambio de un aumento salarial del 16 % por los últimos tres meses, los sindicatos cedieron varios puntos de su convenio colectivo. Entre otros, modificaciones en materia de tiempos de descanso, traslados, polifuncionalidad -en el caso del personal técnico- y bonificaciones por ´productividad´. El gobierno había amenazado con recurrir a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que por ahora quedó en standby. El PPC permite, entre otros, aplicar suspensiones y despidos, pagando indemnizaciones menores –el gobierno logró, hasta ahora, reducir el plantel de empleados 13 % mediante retiros voluntarios-. 

 Los otros dos sindicatos con presencia en Aerolíneas son la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que ya habían firmado un aumento del 11 %. El jefe de APTA es Ricardo Cirielli, identificado con el moyanismo. Cirielli se puso a la cabeza de las presiones para que los sindicatos capitularan, aportando su cuota de ´realismo´ -“Los paros no sirven para nada porque este gobierno no negocia, ya lo demostró con los jubilados y las universidades”-, dijo en Radio Rivadavia. Por su parte, Atepsa, el sindicato que nuclea a los controladores aéreos, dejó sin efecto el paro previsto para el sábado y lunes próximos -que hubiera afectado a todos los aeropuertos y la operación de todas las compañías aéreas- mientras continúa negociando con la Secretaría de Transporte.

 La CGT, comprometida a colaborar con la pandilla liberticida, ha hecho mutis por el foro. La ´resistencia´ de la burocracia nunca fue más allá de algunas acciones aisladas y espaciadas. El abismo, no sólo con los trabajadores de Aerolíneas sino con el movimiento obrero en general, no deja de ensancharse. Lo mismo vale para el peronismo y para todas las expresiones nacionaloides, que no han movido un dedo en defensa de “la línea de bandera”. 

 El gobierno se ha anotado una nueva victoria política, habida cuenta de que el ´ahorro´ que implica el acuerdo es insignificante: apenas 10 millones de dólares anuales, contra una facturación estimada en más de 2.000 millones, y un incremento de horas de vuelo de entre 3 y 5 %. Como señala Clarín (15/11), se trata de “un ahorro exiguo frente al déficit, pero que facilita la privatización”. El gobierno asegura que, en los últimos meses, logró reducir el déficit de la empresa en más del 75 % en comparación con 2023, cuando registró pérdidas por 390 millones de dólares. 

 Desguace y privatización 

Aerolíneas tiene una participación en el mercado de cabotaje del 64 % y vuela a 39 destinos nacionales, y es la única empresa que opera en la mitad de ellos. Actualmente posee una planta de 11.920 trabajadores en relación de dependencia, en su mayoría altamente calificados, y tiene una flota de 81 aviones y una importante infraestructura de mantenimiento. 

 El gobierno se debate entre la declaración de quiebra y desguace de la empresa, su privatización completa o una variante combinada. 

 El ´think tank´ Fundar supone que una declaración de quiebra de Aerolíneas sería equivalente a la pérdida del aporte anual de la empresa al “producto bruto aeronáutico, turismo y conectividad”, que estima en US$ 6.017 millones. Sumados pasajes ya emitidos, deudas con el Banco Nación y las indemnizaciones, que pasarían a pérdida, totalizaría USS 7.614 millones. Concluye que “se debe terminar con los aportes de capital destinados a financiar el déficit operativo e instrumentar nuevas formas de financiamiento público de los objetivos no comerciales de la empresa” y “un rediseño en su esquema actual de gobernanza” para “avanzar hacia una visión pragmática” (Perfil, 13/11). Pone como ejemplo, para preservar el carácter de “empresa pública”, el rol de YPF en Vaca Muerta, y su asociación con los pulpos petroleros para la explotación de sus reservas. 

 Como hemos señalado en estas páginas, el gobierno mantiene bajo estudio el caso de Alitalia, que fue liquidada y reemplazada por una nueva línea de bandera, la ITA (Italia Transporto Aéreo), tras haber logrado quebrar a una fuerza laboral “de alto costo y muy movilizada” (La Nación, 15/11). Actualmente, el 41 % de las acciones de la empresa pertenecen a la alemana Lufthansa y el resto se encuentra en manos del Estado italiano. 

 Jacyn

 15/11/2024

Donald Trump arma a toda velocidad un régimen político de excepción

Donald Trump inaugura su nuevo mandato en el punto en el que cerró el anterior -por un acaparamiento de los tres poderes constitucionales y por una purga de la burocracia de carrera que le permita establecer un régimen de poder personal-. Las elecciones del 5 de noviembre pasado, cuando ganó las dos cámaras del Congreso y la mayor parte de los estados, han servido para legitimar el golpe de estado que intentó consumar el 6 de enero de 2021. Ya tenía a la Corte Suprema en el bolsillo cuando estableció, en el mandato anterior, una mayoría ultraderechista de 6 a 3 con acuerdo del Senado. 

 Los funcionarios que ha anunciado para su próximo gabinete no sólo han sido reclutados de la cohorte ultraderechista. Para decirlo con palabras del New York Times, son “figuras marginales, teóricos de la conspiración y aduladores”. Excluye o relega a burócratas de carrera, para ampliar el margen de arbitrariedad personal sobre arribistas designados a dedo. A pesar de la mayoría oficialista que tiene en el Congreso, ha dejado en claro el propósito de saltar el control parlamentario en cuanto a decisiones que se lo impiden las normas constitucionales. Ha advertido que pretende convertirse en “dictador por un día”, cuando, ya en la primera jornada de gestión, dará a conocer un torrente de “órdenes ejecutivas”, como se designa en Estados Unidos a los decretos presidenciales. Pretende valerse de los períodos de recesión del Congreso para efectuar nombramientos o tomar decisiones que requieren la autorización calificada del Senado, e incluso reclamar al presidente de esa Cámara la declaración de recesos parciales (información de CNN). 

 De entrada, Donald Trump se propone realizar una purga en los altos mandos de las Fuerzas Armadas: con esa finalidad, anunció el establecimiento por decreto de un Consejo Guerrero, compuesto por generales retirados. que le permita eludir el régimen de promoción militar. El blanco de esta purga, de acuerdo al derechista Wall Street Journal (12/11), sería el brigadier (general de aviación) CQ Brown (h), que es en la actualidad el Jefe del Estado Mayor, que cuenta en su legajo con una valoración positiva del movimiento contra la violencia policial contra los negros (Black Lives Matter). Durante su mandato anterior, Trump acabó despidiendo a jefes importantes del Pentágono, como John Mattis, John Kelly, que lo acusó de fascista, y Mark Milley, que se opuso a la tentativa de golpe. Trump quiere derogar la cláusula que compromete a los militares norteamericanos a no acatar órdenes ilegales, lo cual eliminaría la responsabilidad de los comitentes de esos delitos y facilitaría el indulto presidencial. La finalidad última de todo esto es autorizar la intervención de las FFAA en los llamados conflictos internos, cuando Trump se apresta a deportar a diez millones de inmigrantes ‘irregulares’, que deberán pasar antes por los campos de concentración que se construirán a ese fin. Trump ‘ajusta’ el régimen político de Estados Unidos a las condiciones de guerra geopolíticas y militares que no cesarán de reforzarse en el período próximo. 

 Para la Secretaría de Estado, Trump tiene listado a Marco Rubio, un legislador “gusano’ del estado de Florida. El pergamino ultraderechista de este descendiente de cubanos exiliados, es larguísimo. De este personaje, hay tres puntos insoslayables: es partidario de una guerra ‘geopolítica’ sin concesiones contra China. Cuestiona, por de pronto, la soberanía de China sobre Hong Kong, establecida hace más de cuarenta años. Fanático sostenedor del régimen de Taiwán, enfrenta el contratiempo de que Trump le ha declarado la guerra a TSMC, la empresa taiwanesa número uno en la provisión de chips a las norteamericanas Nvidia y Apple, para que se instale en Estados Unidos. Rubio es un ‘halcón’ en cuanto a una guerra contra Irán, una extorsión que Trump pretende usar para obligar a ese país a un cambio completo de política y en última instancia de régimen estatal. Rubio ha propiciado un asalto militar contra Venezuela, cuando EEUU quiso imponer a Juan Guaido como presidente títere de Venezuela. Rubio es un perro de presa contra Cuba y, como es obvio, contra el avance de China en América Latina. Las divergencias que aún lo separan de Trump han llevado a los medios a destacar que el nombramiento del “gusano” todavía no ha adquirido un carácter ‘oficial’. 

 Otros nombramientos son incluso más representativos de los objetivos políticos y de los métodos de gobierno de Trunp. Peter Hegseth, como Secretario de Defensa, es un ultraderechista que promueve a los “Veteranos Concientes de América”, ligada al grupo empresario militarista de los hermanos Koch. La prensa le cuestiona su ignorancia en asunto militares, porque no ha pasado de la condición de Mayor. De jefe de pelotón, pasará a dirigir el Pentágono, la mayor fuerza militar del mundo, que terceriza con 650 mil contratistas. Integró las fuerzas de contrainsurgencia (espionaje y torturas) en Afganistán. Respalda el Consejo de Guerreros, para indultar a los criminales de guerra de Estados Unidos, acusados de disparar primero y preguntar después.

 Mark Gaetz, nominado para Secretario de Justicia, es un asociado de Steve Bannon, el promotor de la internacional fascista, que ha pasado ocho años preso por delitos comunes. Gaetz es el individuo más asociado al golpe de enero 2021, cuando Trump intentó impedir la certificación por el Congreso de la victoria de Biden. Está acusado de abuso sexual de niñas y de tráfico sexual. Absuelto en sede judicial, una comisión del Congreso continúa investigando esos crímenes. Gaetz tipifica al desclasado social que revista como recluta de Trump. Otra designación siniestra es la de Mike Huckabee como embajador en Israel. Huckabee ha declarado que “Palestina no existe”, para justificar las masacres sionistas. El personaje deberá modificar en alguna poca medida ese principio, porque Trump se propone revitalizar el reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita, cuyas autoridades solicitan el pseudo reconocimiento de un mini estado que sólo tendrá de palestino el membrete. 

 El nombramiento más relevante es, por supuesto, el del magnate Elon Musk, para una secretaría de estado paralela, el Departamento de Desregulación del Estado. Las acciones de Tesla, la empresa de Musk, subieron un 15 % con la noticia de los resultados electorales. X, la red social de Musk, desempeñó un rol decisivo en la victoria de Trump. El Financial Times señala que Musk “inyectó información sesgada en el algoritmo de la plataforma (X) y amplificó la narrativa de la extrema derecha” (12/11). La compra de Twitter por Musk marcó un punto de inflexión en la comunicación social. El propósito de Musk es abrir el Pentágono y los servicios de Inteligencia a las compañías de Silicon Valley. “Un marco regulatorio más amistoso con sus empresas”, señala el NYT. Musk reclama una purga de envergadura en el servicio civil del Estado. Pero las empresas de inteligencia satelital y espionaje de Musk no solamente gozan de subsidios y contratos preponderantes del Estado – son estratégicamente decisivas en el escenario de una guerra mundial. Musk se ha convertido en el principal agente de la burguesía norteamericana y del estado para la tarea de reorganizar la OTAN y forzar a sus socios a financiar la campaña armamentista que reclama esta guerra. Desde fuera del organigrama del Estado, Musk se ha convertido en el director de la guerra económica, geopolítica y militar del imperialismo norteamericano. El conglomerado de Musk y sus asociados de la tecnología de la información han ganado la delantera de la burguesía norteamericana que tiene por referencia a la Bolsa de Nueva York. En este cuadro se ubican los deseos de “éxitos” que Biden y los dirigentes del partido Demócrata han enviado a Trump. "

"Trump ganó un mandato para dejar de lado las limitaciones constitucionales que lo inhibieron para cumplir su programa durante su primer término de gobierno”, seńala un analista de Estados Unidos. Pero esto significa también la ruptura del sistema constitucional mismo. En este caso, Estados Unidos estaría atravesando la transición a un régimen político diferente, de naturaleza bonapartista y de dictadura personal. En el caso de Estados Unidos, la potencia imperialista hegemónica, sería la transición a un régimen político imperial, porque no tendría sustento dentro de las fronteras nacionales. La afirmación de un régimen político de poder personal rompe los restos del equilibrio internacional de fuerzas que ha sobrevivido a varias crisis mundiales y a la guerra en desarrollo. El escenario que emerge es todo lo contrario al relato ‘pacifista’ de Trump.

 El bonapartismo, en la época de la decadencia capitalista, constituye un puente hacia el fascismo. Abre una crisis entre el sufragio universal, por un lado, y las libertades democráticas, por el otro. Esta contradicción sólo puede ser resuelta por medio de la acción directa –revolucionaria o contrarrevolucionaria-. Las consecuencias de la elección de Estados Unidos se trasladarán a Europa, que volverá a convertirse en el epicentro de la crisis política internacional.

 Jorge Altamira

 15/11/2024

Milei pretende privatizar el régimen electoral y los partidos

El anuncio del vocero Adorni acerca del régimen de comicios y de partidos políticos apunta a una privatización del sistema electoral argentino. Plantea la desaparición de los aportes estatales para campañas electorales y también de los espacios cedidos en los medios de comunicación. 

 En los dos puntos, hay que decirlo, Milei sólo se encarga de colocarle el último clavo al cajón. Por el lado de los espacios en los medios, el sistema electoral inmediatamente posterior a la dictadura otorgaba hasta media hora continua en horarios nocturnos -esto es, un programa televisivo completo a cada lista-. En cambio, las últimas campañas los redujeron a spots de 10 segundos. El mismo retaceo tuvo lugar con los fondos de campaña. 

 En contrapartida, el proyecto anunciado por el gobierno liberticida levanta toda restricción al financiamiento empresario a los partidos. Es, en cierto modo, un acto de transparencia: el dinero de las corporaciones capitalistas, que antes llegaba a sus partidos por medio de subterfugios -fundaciones, aportes “personales”- ahora podrá ser aportado sin ningún tipo de disimulos. Adorni anunció también que el piso de votos para preservar la personería política partidaria se eleva del 2 al 3 %. De su propia cosecha, agregó que de esa manera se terminarían los “sellos de goma”. El más grosero de estos sellos, sin embargo, es la propia “Libertad Avanza”, que en 2023 no logró constituirse como partido nacional. Los partidos distritales de LLA están comandados por gavillas de aventureros y arribistas, siempre dispuestos al portazo o a la pelea de rapiña por los recursos electorales. Un partido que se precie es una construcción histórica, no un caudal electoral circunstancial. 

 Pero el anuncio que más ha llamado la atención es la intención de suprimir a las primarias abiertas y obligatorias. Como ocurre con las demás cuestiones, los liberticidas venden el buzón de que están “haciendo historia”. Las PASO habían surgido como un recurso para afrontar la disgregación de los partidos históricos de la burguesía, luego de la bancarrota financiera y política de 2001. Las internas abiertas apuntaban a reagrupar a las fracciones de esos partidos en un régimen de votaciones sucesivas. Naturalmente, ese expediente administrativo no contuvo la fragmentación política, apenas la trasladó al ámbito del Congreso. Quienes llegaban en listas comunes, armonizadas por las PASO, terminaban armando bloques y subloques diferenciados. 

 Ahora, Milei va por el rumbo opuesto: apuesta a obtener un beneficio de la descomposición de los partidos históricos. Después de todo, él está sosteniendo su régimen de vetos y decretazos apoyado en esa desintegración. Una derogación de las PASO les impediría a las sucesivas fracciones del peronismo, el radicalismo o el macrismo ordenar sus disputas por medio del voto. Los desacuerdos, en ese caso, pueden abrirles paso a sucesivas rupturas. Del lado de Milei, no parece dispuesto a coaliciones o alianzas -ni siquiera con Macri-. Para los desprendimientos de los partidos opositores, el liberticida no ofrece otra salida que la de encolumnarse en la lista única libertaria. Con el dinero de Blackrock y Techint, y un sistema electoral a su medida, Milei espera asegurarse el medio término electoral. 

 Pero las manipulaciones y proscripciones pueden terminar como un tiro por la culata. El respaldo de los sponsors capitalistas está condicionado al éxito del negociado financiero que Caputo espera prolongar. Pero los negociados, por definición, terminan en una quiebra.

 En cuestión de horas y días, los dueños provisorios del mango y de la sartén, terminarán reducidos a un “sello de goma”, cómo ha ocurrido con el PRO y ocurre con el kirchnerismo. 

 De nuestra parte, en el plano de los derechos electorales, convocamos a vencer esa proscripción sumando miles de avalistas y afiliados. 

 Marcelo Ramal 

 16/11/2024

Un argentino suelto en Palm Beach

El presidente Milei arribó a Florida flanqueado por su hermana y por el canciller argentino, el sionista Gerardo Werthein, convirtiéndose en el primer mandatario en reunirse con Donald Trump luego de su triunfo electoral. El mitin desarrollado en la mansión de Trump en Palm Beach, fue organizado por el America First Policy Institute, un *think tank *conservador, usina de las principales propuestas de campaña. No faltó la foto con el oligarca financiero Elon Musk, con el que se ha reunido cuatro veces en menos de un año, quien encabezará el Departamento de Desregulación del Estado, el Sturzenegger yanqui. La velada ofició como una conferencia no oficial en la que predominó la agenda que pretende llevar adelante una reorganización social reaccionaria a escala planetaria.

 El fascistoide Trump calificó como un honor tener a Milei entre los concurrentes del mitin y desde el escenario felicitó al mandatario argentino “por el trabajo que has hecho, de hacer la Argentina grande de nuevo. Es increíble cómo la estás arreglando.” Los dichos de Trump, que sin bien no abreva de los postulados de la escuela austriaca, son la manifestación de la afinidad política estratégica entre ambos y coloca al gobierno argentino, salvando las contradicciones particulares de cada país, como un modelo a seguir.

 Mientras Milei ha gobernado estos once meses a base de un régimen por decreto y camarilla, con un fuerte soporte represivo, Trump se apresta a instaurar un régimen de excepción. Al igual que el liberticida argentino, Trump ha anunciado una depuración de la burocracia estatal de carrera, que será reemplazada por funcionarios advenedizos y personajes siniestros acusados de todo tipo de delitos, que responda sin objeciones a las iniciativas presidenciales, permitiéndole instaurar un régimen de poder personal. El gabinete elegido por Trump, un rejunte ultra reaccionario y oscurantista, debe ser confirmado por el Senado. Trump ha dicho que pondrá en funciones a los designados, en comisión, para convertirlos en un hecho consumado. 

 Milei fue uno de los oradores de la cumbre de inversores de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Antes de ser bajado de apuro del escenario cuando Trump se hizo presente, lanzó diatribas de todo tipo: “En 1848, [Karl] Marx comenzó aquel panfleto siniestro, que fue su Manifiesto Comunista, diciendo que un fantasma recorría Europa: el del comunismo. Hoy, uno distinto recorre el mundo: el de la libertad. Un fantasma que viene a terminar con el modelo de servidumbre que reina en el mundo libre". Autopercibiéndose como uno de los líderes de la internacional derechista convocó a los presentes a la conformación de “una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos”, que en principio estaría integrada por EE. UU, Italia, Israel y la Argentina. Milei pone a la Argentina al servicio de las guerras imperialistas. 

 Antes de su viaje a Estados Unidos, Milei celebró el fallo condenatorio sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner como una muestra del buen funcionamiento de las instituciones argentinas. Esto no privó a Milei de juntarse con Trump, quien fue declarado culpable de 34 cargos, la mayoría de ellos por falsificación de registros comerciales y mercantiles, convirtiéndose en el primer reo en ganar una elección presidencial en EE. UU, y que recibirá sentencia el próximo 26 de noviembre en uno de los juicios. 

 El “republicano” Milei tampoco ha repudiado el intento de golpe de Estado llevado adelante por Trump el 6 de enero de 2021. Mas de 1500 personas, considerados como “patriotas” y “presos políticos” por Trump, han sido acusadas del asalto del Capitolio con el objetivo de impedir la ratificación de la victoria electoral de Biden. El propio Trump fue acusado por el fiscal especial, Jack Smith, de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020. Durante la campaña electoral Trump ha manifestado que indultará a la mayoría de los presos. 

 Lucas Giannetti

 16/11/2024

Universidad, de la Reforma del '18 al Argentinazo

El atentado en Brasil y las provocaciones de la ultraderecha

En la noche del miércoles 13, un simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro llevó a cabo un ataque en las puertas del Supremo Tribunal Federal (en ese momento se encontraban dentro del edificio varios jueces) ubicado en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. El ataque no dejó otras víctimas fatales ni heridos, debido a que el agresor (quien murió al activar uno de sus explosivos) no consiguió ingresar al edificio en cuestión. 

 Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, también conocido como “TiuFrança”, había sido candidato a concejal del Partido Liberal –fuerza política del clan Bolsonaro- en 2020 en Santa Catarina, Rio Grande do Sul. En sus redes sociales, replicaba posiciones ultraderechistas y poco antes del atentado escribió en Facebook: “¿Vamos a jugar??? Policía Federal tienes 72 horas para desactivar la bomba en la casa de los comunistas de mierda”. 

 El objetivo elegido por el atacante estaría relacionado con la investigación que lleva a cabo el máximo tribunal judicial brasileño acerca de la tentativa golpista del bolsonarismo en 2023. La fuerza política del expresidente presentó un proyecto en el parlamento para reclamar una amnistía. El mes pasado, Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados (y líder del “Centrao”) creó una comisión especial para estudiar dicho proyecto. Pero esta ha aletargado su funcionamiento, considerándose que no tendrá propuesta sino con el nuevo período parlamentario, después de febrero 2025. Algunos de los participantes más implicados de este intento de golpe se refugiaron en la Argentina, con el visto bueno de Milei. El Supremo Tribunal ha dictado condenas para más de 200 acusados. Estas implican el pago de multas por un total “colectivo” de 30 millones de reales (alrededor de 6 millones de dólares), por los daños causados en la ocupación de los edificios públicos. También se firmaron más de 450 “probations” con la intervención de la Procuraduría judicial, por las cuales cesa el proceso judicial, pagando una pequeña multa y realizando cursos sobre “democracia”. 

 Tras los hechos del miércoles, Bolsonaro emitió un mensaje en redes sociales en que se apresuró a calificar el ataque como un hecho “aislado”, obra de un desequilibrado mental. Sin embargo, las provocaciones ultraderechistas nunca se disiparon desde el intento de golpe. A su vez, el expresidente insistió en el reclamo velado de una amnistía, bajo el manto de una “pacificación nacional”. Pretende que en la misma se reconsidere y anule la sentencia por la cual se le han quitado los derechos a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales del 2026. Funcionarios de la Policía Federal, en tanto, aseguran que el ataque contó con una larga preparación.

 Las presiones en favor de una amnistía y las provocaciones ultraderechistas tienen que ser enfrentadas con la movilización y la organización popular, la que deberá desarrollarse sobre carriles de independencia política, frente al gobierno de Lula, que actúa como portavoz del gran capital, negando los derechos de los trabajadores. La orientación política del gobierno de Lula, quien sumó a varios exponentes de la derecha al gobierno e hizo acuerdos electorales con el propio Partido de Bolsonaro (PL) en 85 ciudades en los recientes comicios municipales, solo sirve para envalentonar a estos sectores. 

 Prensa Obrera

El Gobierno avanza contra el Correo Argentino

Una desregulación a pedido de Galperin.

El gobierno nacional acaba de anunciar la desregulación completa del servicio de correo postal a través del decreto 1005/2024. De este modo se elimina la exclusividad que tenían el Correo Argentino y otras empresas postales privadas como Urbano, Ocasa, OCA y Andreani para distribuir paquetería liviana de hasta 50 kilos y servicios especializados de línea postal, cartas documentos y telegramas, para que puedan ser realizadas por cualquier particular que se inscriba en la Autoridad de Aplicación, ENACOM.

 Esta medida se enmarca en el proceso de privatización de todas las empresas públicas, a través del área de planificación y desregulación que dirige Federico Stuzennegger. En ese sentido se inscribieron el achicamiento del plantel de Correo Argentino en un 43,5% que lo llevo a su mínima expresión. Queda sin cubrir, en principio, la unión postal de los puntos más remotos del país.

 La misma política con un nuevo disfraz

 Así como en los 90 el gobierno de Carlos Menem promulgó el decreto 660/90 privatizó Correo Argentino, para cederle el negocio postal a los Macri y Yabrán, en esta ocasión el gobierno de Milei promulga este decreto a la medida de la estructura de distribución montada por Galperin para su empresa, Mercado Libre. Esto queda explícito cuando el decreto habilita que "Cuando se trate de envíos postales de hasta CINCUENTA (50) kilogramos, “el transporte y entrega de dichos envíos podrá ser realizado por sujetos no inscriptos como tales con la condición de que el prestador de servicios postales inscripto garantice la adecuada y constante trazabilidad del envío hasta su efectiva entrega” (Decreto 1005/2024). 

 Tanto Correo Argentino como los correos privados han ido reduciendo su plantilla para precarizar. Esto ocurre a través de la tercerización o la contratación de monotributistas que le facturan por su servicio. Este nuevo tipo de relación laboral permite desvincular el trabajo del convenio colectivo. Es decir: los ajustes salariales por paritarias, licencias por vacaciones, enfermedad, así como también el pago de aguinaldos. En síntesis, es una limpieza descomunal de derechos laborales y conquistas. En ese sentido, la cesión del negocio a manos privadas acrecienta tasa de ganancia del capital. 

 Para los trabajadores de Correo está planteada la defensa de su derecho laboral. Este es el contenido de clase de la oposición a las privatizaciones. 

 Pedro Bravo 

 13/11/2024

Cristina Fernández: una condena política sujeta a negociación

La Cámara de Casación Penal confirmó lo que se daba por descontado, la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios en la causa conocida como “Vialidad”. Asimismo, los jueces ratificaron las absoluciones, entre ellas, la de Julio De Vido, ministro de Planificación durante los tres gobiernos K. Un solo voto, el del juez Gustavo Hornos, insistió en la pena contra CFK como jefa de una “asociación ilícita”. Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Milei celebró el fallo como prueba fehaciente de que “las instituciones funcionan”. No ha abierto la boca, sin embargo, acerca de la dilación del juicio por la causa Cuadernos, que compromete al 80% de la clase capitalista local, ni menos aún de la estafa que él mismo está preparando junto a Caputo, para proceder a un megacanje de la deuda pública, sea la de pesos o dólares, que es la razón por la que ha dictado un decreto que deroga los puntos vitales de la ley de Administración Financiera. Los tribunales de Argentina están plagados de absoluciones por estafas o por aplicación de la prescripción de causas. Macri mismo camina sin molestias por la calle, a pesar de varias estafas personales y familiares, incluida la de Correo Argentino. 

 Este cuadro general, acredita que la condena de CFK es por sobre todo política, con la vista puesta en la privación del derecho a ocupar cargos públicos. No pasa día sin que los diarios criollos no pongan en boca de algún financista el temor de que Cristina K ‘disrupte’ el plan de ajuste de Milei, o exprese la confianza de que el kirchnerismo es un ‘asunto terminado’. Todas estas confianzas o temores apuntan a una dirigente política que nunca sacó los pies del plato. Le hizo el ‘aguante’ a Macri, entre 2016 y 2020, y bancó luego a Alberto F, Guzmán y Massa, para concluir con la promesa de otro ‘aguante’, esta vez a Milei, hasta 2027, con el cuento del ‘respeto a las instituciones’. Como moneda de cambio, Milei le sigue ofreciendo una negociación para la designación de los miembros de la Corte Suprema, sabiendo que su interlocutora buscará funcionarios que dilaten, o cajoneen hasta que las velas no ardan, el trámite de la apelación que hará enseguida después de esta condena. Como alternativa a un derrumbe traumático del gobierno de Milei, CFK sigue siendo la dueña de la red de seguridad institucional. Mientras Casación ratifica la condena y Milei y Wiñazki aplauden, el gobierno la invita a negociarla.

 La Justicia ha juntado el crecimiento patrimonial de los Kirchner, los lazos con Lázaro Baez, el acaparamiento del negocio de la construcción en Santa Cruz por parte de Austral Construcciones y el monopolio de las licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz, para arribar a sus conclusiones. Pero la coartada del kirchnerismo no es menos eficaz: los fondos de las licitaciones fueron establecidos en partidas presupuestarias votadas por el Congreso; sobre 51 licitaciones se han probado sobreprecios sólo en tres; el salto de Báez, de empleado del Banco Provincia a empresario multimillonario, sólo prueba que inventó los “Unicornios” mucho antes que los creativos libertarios. 

 Las deducciones de la fiscalía como prueba de un delito, han sido denunciadas por la defensa como amalgamas que pretenden disimular la ausencia de elementos probatorios materiales. Aunque el “el derecho” admite ambos enfoques judiciales (si ladra como un perro es un perro, aunque sea alguien imitando al perro; si el perro no ha sido exhibido es porque no hay un perro), los encargados de interpretarlo han tomado partido político previo. Es lo que fue dirimido antes en el Consejo de la Magistratura, o después con el uso de subrogantes u otro medios. Estamos ante dos versiones perfectamente interesadas. Aunque el periodismo patronal no hace una ligazón expresa del caso, la estafa en los seguros por parte de Alberto Fernández es instrumentada para reforzar las acusaciones contra los kirchneristas imputados. Sin solución de continuidad, ambos bandos, sin embargo, se encuentran negociando la composición próxima de la Corte y el destino judicial de la expresi y exvice, y flamante presi del PJ – el partido de la gran cueva de Ali Babá. La misma cueva de la que se sirvió Massa para que LLA pudiera presentarse en los distritos electorales principales. Los Milei y los Caputo no pueden ni quieren aceptar ningún acuerdo con nadie -solo desgastar y prevalecer- porque su subsistencia depende de que impongan un régimen de poder personal.

 Para los magistrados que intervinieron, la ´constatación´ del circuito del dinero consiste en los alquileres que Báez pagaba a los hoteles que son propiedad de los Kirchner, aunque por un monto irrisorio en comparación a los 85 mil millones de pesos que los jueces ´estiman´ habrían ido a parar a la fortuna de los expresidentes. “La fortuna de los Kirchner. Ahí está, a la vista de todos, el caño del revólver humeante”, resume un editorialista de Clarín (13/11). Pero no se ha sustentado una causa por enriquecimiento ilícito. De hecho, CFK fue sobreseída por el juez Casanello en la causa Hotesur-Los Sauces, aunque luego resultó imputada nuevamente por orden del tribunal de alzada.

 La defensa cristinista recusó a los jueces que integran la sala de Cámara que ratificó la condena a CFK en los siguientes términos: “Mariano Borinsky por haber estado 18 veces con Mauricio Macri, en algunas oportunidades jugando al tenis en Olivos. Gustavo Hornos porque fue seis veces a la Casa Rosada, siempre en vísperas de fallos importantes, y se encontró en esas visitas también con Macri. Barroetaveña porque ya había opinado contra Cristina en otra causa igualmente deplorable -la llamada Ruta del Dinero, donde no apareció nunca una cuenta o sociedad de los Kirchner- y, además, encabezó listas de magistrados alineadas con el macrismo (Raún Kollman, Página/12, 13/11). El cargo de “inhabilitación perpetua” es una atribución inconstitucional que se han tomado los jueces. Conocedores de este defecto de origen, los adversarios de la dos veces expresidenta impulsan un proyecto de “ficha limpia”, similar al que rige en Brasil, para bloquear la candidatura de políticos condenados por corrupción en segunda instancia – aunque no se haya expedido la Corte Suprema.

 La Cámara de Casación Penal tiene por función verificar que lo resuelto por el tribunal inferior se ajuste a la ley. Tiene la facultad también de revisar la valoración tanto de la prueba como de los hechos, pero no produce nueva prueba. El Presidente/a de la Nación delega la administración del Estado en su Jefe de Gabinete, pero ninguno de los que ocuparon esa función ha sido imputado. Julio de Vido, ministro de Obras Públicas, fue absuelto con el argumento de que no participó de esas licitaciones. Los jueces nunca lograron demostrar el direccionamiento de la obras de Vialidad a manos de la constructora de Lázaro Báez ni que Santa Cruz hubiera sido privilegiada. En todo caso, consigna la defensa de CFK, fueron aprobadas por el Congreso como parte del Presupuesto anual. Los auditores designados por el gobierno Macri no encontraron irregularidades significativas, como consignaron en sus informes. El proceso judicial se llevó adelante sin pericias, nunca se demostraron sobreprecios, subejecuciones ni se halló un sólo elemento que conectara directamente a CFK con el manejo o la distribución de la obra pública en la provincia patagónica. 

 El escenario es de una manifiesta descomposición política, que se verifica por lo que sigue – la designación de dos miembros de la Corte por decreto, durante las vacaciones del Congreso. El apuro por asegurar un Megacanje que meta algunos esteroides a la deuda pública, precipita al gobierno a una acción inconstitucional, que los empresarios que aman la ‘seguridad jurídica’ van a aplaudir a rabiar. Billetera mata Constitución. Pero la contratación de dos jueces postizos debilita políticamente una ratificación ‘suprema’ de la condena a Cristina Kirchner – incluso la potencia políticamente. Confirmar el fallo de Casación luego de la presentación de los candidatos a las PASO 2025, convertiría a la prohibición para ejercer cargos públicos en una proscripción. Hacerlo cuando sea electa diputada bonaerense, sería una provocación. Visto el escenario en su conjunto tenemos un amplio conchabo político o simplemente una farsa judicial. 

 Comité Editorial

 13/11/2024