domingo, noviembre 23, 2025

¿Por qué los banqueros de Wall Street no quieren prestarle a Milei?


La proximidad de vencimientos de deuda expone la precariedad económica del gobierno y el paquete de rescate de Bessent. 

 El vencimiento de deuda externa de enero por 4.300 millones de dólares volvió a poner de manifiesto la precariedad económica del gobierno. Como no tiene con qué pagar, porque quemó los dólares financiando la corrida y el riesgo país arriba de los 600 puntos (a pesar que haya bajado desde los mil preelectorales) significa que Argentina sigue excluida del mercado de crédito internacional, la única variante es el paquete acordado con Bessent. Era el momento para que se cerrara el prometido megapréstamo de 20.000 millones de los banqueros de Wall Street, pero estos ratificaron su reticencia. Si fuera cierto lo que dicen Milei y Caputo que todo es una cuestión de confianza, parece que sus rescatistas no confían mucho en ellos. 
 Ni bien el secretario del Tesoro yanqui anunció esa posibilidad, el consorcio encabezado por el JP Morgan le exigió a Bessent que oficie de garante, sin ningún éxito. Por eso el CEO de ese gigante bancario, recibido por Milei en la Casa Rosada, declaraba que "no iban a necesitarlo". Ahora, que a medida que se acerca el vencimiento el rojo del balance cambiario del Banco Central sigue empeorando, los bancos dejaron trascender que accedieron a concederle una operación por estrictamente lo necesario para ese pago de deuda y a cambio de que el gobierno argentino ponga activos como garantía.
 Son operaciones que se conocen como Repo. Con esta modalidad el gobierno ya nos endeudó este año por 3.000 millones a tasas usurarias del 8,8%. Pero claro, el hecho de que haya que entregar un activo como garantía hace que este recurso sea limitado. Por lo demás, tomar nueva deuda para pagar vieja en condiciones más costosas y precarias es claramente inviable. 
 La fragilidad de la política económica está entonces sobre la mesa. Finalmente el JP Morgan, que es el empleador del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería argentina, es el mismo banco que mide el riesgo país que indica que no hay que prestarle plata al Estado argentino.
 Lo mismo sabe el propio Bessent, hombre de los fondos de inversión. Antes de intervenir comprando pesos para que Milei pudiera llegar a las elecciones sin un estallido devaluatorio, impuso las condiciones para un swap de manera de asegurarse que iba a poder cobrar el retorno por ese rescate. Y efectivamente ese swap (cuyas tasas y términos desconocemos) se activó en 2.500 millones de dólares para cobrar esa "redituable inversión", y ahora quedó ese monto como deuda del Banco Central con el Tesoro yanqui.
 Esto se expresa igualmente en la condición que puso el fondo Pimco acerca de una "liberación cambiaria" como requisito antes de invertir en bonos argentinos. Tiene todavía fresco lo que le pasó en 2019, cuando tras haber facturado a lo grande especulando en el país terminó "atrapado" cuando la corrida se llevó puesta la bicicleta financiera y Macri cerró su mandato reponiendo el cepo cambiario y con un default de los bonos. Quiere libertad para poder saltar del barco a tiempo. 
 De hecho, todo el negocio consiste en especulaciones de corto plazo. Una columna del Financial Times titulada "Wall Street celebra por Argentina: los fondos ganan con el rescate de Estados Unidos" repasa las ganancias que embolsaron en octubre los que apostaron a que la extorsión de Bessent y Trump daría resultados, y recoge la siguiente declaración: “No teníamos ninguna exposición a Argentina antes de las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, así que evitamos el impacto negativo de eso. Tras esa disrupción, tomamos una pequeña posición larga en crédito argentino y nos beneficiamos del resultado”. 
 Es curioso que, como este rescate financiero fue la llave para imponer todo un esquema de concesiones al capital norteamericano y a los intereses estratégicos del imperialismo yanqui, el Fondo Monetario haya quedado relegado al papel de un simple prestamista más. Su directora Kristalina Georgieva salió a quejarse del desplazamiento del FMI de su lugar de acreedor privilegiado y supervisor de la política económica. Ahora las cosas se definen simplemente en el despacho de Bessent.
 Con este panorama, volviendo a nuestro punto de partida, vale tomar nota de la reticencia de los gigantes de Wall Street a prestarle plata a Milei y Caputo. Son señales que no hay que ignorar. Recordemos que en junio el JP Morgan recomendó a sus clientes desarmar sus colocaciones en el carry trade con la deuda en pesos, apenas unos días antes que el gobierno decidiera no renovar las Lefi y desatara una corrida que duró tres meses de constante depreciación del peso y tasas de interés insólitas (que terminaron de hundir la actividad económica). Una de dos: o sabían lo que venía o precipitaron el desarme.
 Nos gobierna una camarilla vasalla del capital financiero internacional, que cuenta con el apoyo de toda la burguesía argentina para que avance con sus reformas contra los trabajadores. Por eso, solo la clase obrera puede quebrar el saqueo y la timba con el país, porque la defensa de sus conquistas y sus demandas chocan de frente con la ofensiva de Milei y Trump.

 Iván Hirsch

El Consejo de Seguridad de la ONU da su aval al plan colonial de Trump


El 29, movilicémonos en todo el mundo por una Palestina libre, del río al mar. 

 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes 17 una infame resolución que adopta enteramente el plan colonial de Donald Trump para la Franja de Gaza y, en consecuencia, establece una fuerza internacional de ocupación en el territorio costero (“Fuerza Internacional de Estabilización”, según el pérfido lenguaje de la norma) y una junta de gobierno (“Junta de Paz”) –con poderes hasta fines de 2027- que tendrá al frente al magnate estadounidense, según detalla el anexo del documento, que es nada menos que el mismísimo plan de 20 puntos diseñado por la Casa Blanca.
 El texto recibió el voto afirmativo de 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, Corea del Sur y Argelia. Pero también cuenta con el aval de importantes Estados que no lo integran, como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Arabes, es decir, las burguesías árabes, y hasta de la Autoridad Palestina, que corona con este aval un largo proceso de cooperación con las autoridades sionistas. Rusia y China se abstuvieron en la votación, pero no ejercieron su poder de veto, que hubiese hecho naufragar la resolución. Esta postura es congruente con el apoyo que ya habían dado al plan Trump y con sus vínculos comerciales y diplomáticos de todo tipo con Israel. 
 La resolución legitima la presencia de las tropas sionistas en Gaza (que actualmente ocupan más de la mitad del territorio) hasta su reemplazo por la fuerza internacional, e incluso, admite posteriormente “una presencia perimetral de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista (sic)” (punto 7). Y asigna a la fuerza de ocupación la potestad de garantizar “el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, lo que incluye destruir e impedir que se reconstruyan las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, así como retirar permanentemente del servicio las armas de los grupos armados no estatales” (ídem). Esto va en sintonía con los deseos de Trump y Netanyahu de destruir a Hamas y el resto de las organizaciones de la resistencia palestina. Mientras se insiste en desarmar a estos grupos, se tolera el asedio constante del Estado genocida. 
 En cuanto a la junta de gobierno, se estipula que tendrá el apoyo de un “comité palestino tecnocrático y apolítico” (punto 4), hasta tanto la Autoridad Palestina “haya completado satisfactoriamente el programa de reformas” que le exige el imperialismo “y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y efectiva” (punto 2). Aquí, la intromisión resulta descarada, puesto que se priva al pueblo de Gaza del derecho elemental de elegir a sus propios gobernantes, y se deja el poder en manos de figuras del imperialismo (en el anexo sobresale el nombre del exprimer ministro británico Tony Blair, uno de los responsables de la invasión de Irak, en 2003) y, a la postre, de una Autoridad Palestina remodelada a conveniencia. 
 Este celo por mantener el poder en manos seguras se explica, en parte, porque la llamada “Junta de Paz” tendrá a su cargo la coordinación de la reconstrucción de Gaza, que ha sido reducida a escombros, y hay grandes grupos capitalistas que buscan tallar en ese proceso, empezando por los intereses inmobiliarios de Trump y su famoso proyecto turístico, pero que se extiende también a las burguesías árabes que, a través de Egipto, presentaron en marzo una propuesta de remodelación que movería más de 50 mil millones de dólares. El imperialismo yanqui no solo proporcionó a Israel las bombas que reventaron la mayor parte de los hogares del sufrido pueblo gazatí, sino que busca sacar provecho de las ruinas. 
 Para justificar su apoyo a semejante texto, la Autoridad Palestina alude al presunto reconocimiento de un Estado palestino, pero se trata de una referencia completamente incierta, que, además, está atada a la legitimación del plan colonial. La resolución dice: “Una vez que se haya llevado a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina y haya avanzado la reurbanización de Gaza, se podrán dar por fin las condiciones necesarias para una vía factible (?) hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina” (cursivas nuestras). 
 Esta formulación muestra a qué punto ha quedado reducida la llamada “solución de dos Estados”, en el marco del avance sostenido de la colonización sionista en la región. 

 El genocidio continúa 

Mientras el imperialismo diseña su fuerza de ocupación (aún no está claro qué países la integrarán, ni se habla de un número específico de tropas), la Franja de Gaza sigue padeciendo la ocupación de las tropas sionistas y la violación constante del cese al fuego. Más de 1.500 edificios fueron destruidos desde entonces, y más de 200 gazatíes fueron asesinados. A su vez, la ayuda humanitaria ingresa a cuentagotas, por lo que el bloqueo y sus dramáticos efectos (hambruna, enfermedades) siguen apabullando a la población. A esto hay que sumar el salto que prepara Israel en la colonización de Cisjordania (con el asentamiento E1 como proyecto estelar) y el ataque de bandas de colonos armados en dicho territorio. 
 La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue rechazada por las organizaciones de la resistencia palestina, entre ellas Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que en un comunicado propio declaró que “nuestro pueblo, que ha hecho sacrificios continuos, no aceptará ninguna fórmula que disminuya su soberanía y continuará su lucha hasta lograr la completa libertad en su tierra”.
 Francesca Albanese, experta independiente de la ONU, autora de un informe revelador sobre los intereses económicos que operan detrás del genocidio del pueblo palestino, denunció, por su parte, que el plan votado "es un descarado intento de imponer, mediante la amenaza de fuerza continuada contra una población virtualmente indefensa, los intereses de Estados Unidos e Israel, lisa y llanamente". La resolución, según la funcionaria, “se centra casi exclusivamente en desarmar a los grupos armados palestinos mientras no hace nada para acabar con la causa principal de la violencia: el asedio ilegal continuo de Israel, la ocupación, la segregación racial y el apartheid, y la limpieza étnica”.

 Jornada internacional 

El 29 de noviembre se desarrollarán movilizaciones en apoyo al pueblo palestino en distintas partes del mundo. En el caso de Italia, estarán precedidas por un nuevo paro general de solidaridad. 
 En Buenos Aires, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino se movilizará de Congreso a Plaza de Mayo, y también habrá convocatorias en el interior del país. 
 No al genocidio. No al plan de Trump y el Consejo de Seguridad de la ONU. Fuera las tropas sionistas de Palestina, Siria y Líbano. Por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente. 

 Gustavo Montenegro

sábado, noviembre 22, 2025

Guerra OTAN-Rusia: los 28 puntos de Trump ensanchan la grieta con el imperialismo europeo


Un “borrador” para colonizar a Ucrania y a Rusia por parte del imperialismo norteamericano. 

 Estados Unidos presentó una nueva propuesta a Kiev para entablar negociaciones con Rusia. “El plan Trump” es un extenso borrador de 28 puntos, que muchos comentaristas asemejan al de Gaza, tanto por la estructura y el lenguaje. Por sobre todo, por su carácter bilateral, que deja afuera a la tercera parte; Hamas en un caso y Ucrania en la presente. “Trump aprobó un nuevo plan para poner fin a la guerra. Ucrania no participó en su elaboración” titula NBC. 
 Ha sido confeccionado discretamente por miembros de los equipos de Vladímir Putin y Donald Trump, aunque es éste el que asume la autoría. Dimitri Peskov, el secretario de prensa del Kremlin sostuvo: “No tenemos nada nuevo que añadir a lo sucedido en Anchorage (Alaska). No tenemos nada que decir”. 
 Resumiendo, todas las publicaciones que han aparecido sobre este tema, podemos identificar lo siguiente: Ucrania debe ceder la región oriental del Donbass, reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas (a la mitad, según el Financial Times), (y a dos veces y media, según The Economist). Debe limitar el armamento de largo alcance de Kiev, que sea capaz de alcanzar zonas profundas de Rusia. Ucrania tendrá vedado el ingreso a la OTAN. Estados Unidos "y otros países" (que no menciona) reconocerán a Crimea y al Donbass como territorios rusos, pero esto no así Ucrania. (que podrá reclamarlos como propios). “La propuesta exige a Kiev ceder a Rusia la totalidad de la fuertemente fortificada región de Donetsk”, advierte el Washington Post. El plan obliga a Ucrania a reconocer el ruso como idioma oficial del país y otorgar estatus oficial a la Iglesia ortodoxa rusa. Además, estipula la prohibición del despliegue de tropas extranjeras en Ucrania (como reclama la Comisión Europea). A cambio de estas concesiones, Estados Unidos promete brindar garantías de seguridad a Ucrania. La publicación Rusia Today asegura que “incluiría una garantía de seguridad basada en el Artículo 5 del tratado de la OTAN.” Este artículo obliga a Estados Unidos y a sus aliados europeos a considerar un ataque contra Ucrania como un ataque contra toda la "comunidad transatlántica", una curiosa admisión de Ucrania en la OTAN. 
 Por otra parte, se levantan las sanciones económicas a Rusia: “Los fondos rusos congelados en Europa serán desbloqueados”, confirma el Kommersant (21/11). Luego se invitaría a Rusia a reincorporarse al G8. Estados Unidos firmaría un acuerdo con Moscú que abarcaría energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos y extracción de metales de tierras raras en el Ártico. Putin se queda con una parte del territorio ucraniano y Trump con la totalidad de los recursos, incluidos los de la zona rusa. 
 Estas condiciones habían sido catalogadas en el pasado por los aliados europeos como una capitulación de parte de Trump; lo ha vuelto a decir. La Casa Blanca cree que Ucrania probablemente perderá más territorio en el Donbás si la guerra continúa, "por lo que lo que más le conviene a Ucrania es llegar a un acuerdo ahora", declaró un funcionario estadounidense a Axios. Rusia, en efecto, avanza militarmente hacia la provincia de Kherson y hacia la ciudad de Jarkov, la segunda en importancia de Ucrania, a pocos kilómetros de la frontera noroeste con Rusia. Putin, de todos modos, capitula a su manera, porque renuncia a un cambio de régimen en Kiev, el objetivo clave de la invasión de febrero de 2022. Tampoco obtiene el cese del rearme de Alemania, que se ha incrementado en forma exponencial con el pretexto de la guerra en Ucrania. El largo texto de Trump no rechaza la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la causa del golpe de febrero de 2014. 
 Muchos de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas el jueves, afirmaron haberse enterado de los detalles de la propuesta únicamente a través de los medios de comunicación, “a pesar de que las naciones europeas se han convertido en los principales proveedores de ayuda financiera y militar a Ucrania desde que la administración Trump redujo el apoyo estadounidense” (Washington Post 20/11). El imperialismo europeo levanta la amenaza de una fractura de la OTAN, pero todavía se tomará su tiempo para ver cómo puede sacar tajada del borrador de Trump – que nada dice de esa “ayuda financiera y militar”. Los europeos responsabilizan el enviado especial de Trump, Steve Witkof, quien ha estado impulsando “discretamente” un plan con disposiciones a las que Ucrania se ha opuesto durante mucho tiempo, incluyendo obligarla a ceder territorio estratégico que Rusia aún no ha tomado militarmente. «No nos importan los europeos. Lo importante es que Ucrania lo acepte», dijo una fuente estadounidense a un reportero del medio Político. Pero Ucrania comulga con Europa, salvo que Trump orqueste un golpe de estado en Kiev, que permita un triángulo entre EEUU-Rusia-Ucrania, y la ruina del “drang nach oesten” (colonización del este) del imperialismo germano. 
 Trump anuncia el borrador cuando Zelenski se encuentra acosado por casos de corrupción alrededor de fondos destinados a reforzar la defensa de la infraestructura energética contra los misiles y drones rusos. Lo salpica directamente, porque involucra a su entorno inmediato. Esta semana, miembros del propio partido del presidente han reclamado la expulsión de Andrey Yermak, la “eminencia gris” del poder en Ucrania. La suerte de Yermak, el influyente jefe de gabinete, podría precipitar la implosión de la frágil alianza entre las fuerzas armadas, los oligarcas, la policía secreta y el parlamento que mantiene a Zelenski en el poder. 
 El escándalo de desvíos de fondos fue destapado por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). Zelenski había intentado copar este organismo y su agencia hermana, la SAP (fiscalía anti corrupción), hace apenas cuatro meses, poniéndola bajo control directo del gobierno por medio de una legislación redactada a toda prisa. Estas maniobras provocaron las protestas y movilizaciones más importantes en Kiev desde el inicio de la guerra. Se trata del segundo choque en pocos meses entre esas agencias, que son respaldadas por Estados Unidos, y el círculo íntimo del presidente. El Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania, más conocido como SBU, es leal a Zelenski. Controla el sistema judicial y las cárceles. Por otro lado, la NABU y la SAP cuentan con un fuerte apoyo político, financiero y de inteligencia de Bruselas y Washington. Ucrania se está convirtiendo en una «colonia marginada que está perdiendo su soberanía», se quejó la ex primera ministra Yulia Timoshenko en agosto, tras respaldar los intentos de eliminar la independencia de la NABU. Timur Mindich, apodado “la billetera de Zelenski”, un magnate muy cercano al poder, huyó del país pocas horas antes de que la oficina anti corrupción registrara uno de sus apartamentos, en el marco de una operación bautizada “Midas”. En ese registro encontraron, entre otras cosas, un inodoro de oro en uno de los baños. Cuando la opinión pública entendió que el dinero que debía destinarse a salvaguardar la infraestructura crítica en pleno invierno se malversaba en esta forma, la popularidad de la cúpula política ya estaba severamente golpeada. En las últimas horas, la Rada (parlamento) votó la destitución de los ministros de Energía y Justicia. 
 La corrupción es profunda y generalizada: “Se han planteado interrogantes sobre cómo Fire Point, una agencia de casting para las películas de Zelenski antes de la guerra, obtuvo contratos gubernamentales multimillonarios para producir drones para el ejército ucraniano. Fire Point también produce el misil de crucero de largo alcance Flamingo, de reciente desarrollo” (The Spectator 12/11). 
 Estados Unidos se encuentra detrás de todos los movimientos actuales que jaquean al régimen ucraniano, presumiblemente para neutralizar a Zelenski y presionarlo a aceptar un acuerdo con Putin, a partir de disposiciones que fueron rechazadas en el pasado reciente. Se trata del cuarto intento de la Casa Blanca, por forzar una resolución que la mayoría de los implicados ve distante. Según el Wall Street Journal, los aliados europeos estarían elaborando un borrador “más justo” para Ucrania. La discordia real es que Merz, Macron y Stramer, la “coalición de los ofendidos”, reclaman un poder de veto sobre el contenido. Adelantándose a los intentos de aplazar una resolución por medio de dilaciones, “Estados Unidos presiona a Ucrania para que firme un acuerdo de paz antes del Día de Acción de Gracias o perderá su apoyo” titula el Post (21/11). Por “apoyo” se refiere a la información de inteligencia satelital que EE.UU. continúa compartiendo con Kiev, que resulta crucial para su supervivencia en el campo de batalla. Los servicios norteamericanos acaban de capturar a dos alemanes acusados de haber puesto las bombas en el NordStream 2, el gasoducto que debía llevar el gas ruso a Alemania y Europa. Erdogan, el presidente de Turquía, canceló una reunión con Zelenski, cuyo propósito era reactivar “el modelo Estambul’ para negociar con Rusia, para poder adherir al borrador de Trump 
 La situación en el frente es muy complicada. Hay al menos siete ciudades que están cayendo o que están destinadas a caer en los próximos meses. La reintegración de Rusia en la economía global y el uso parcial de sus fondos congelados para financiar proyectos conjuntos con Estados Unidos podría entrar en conflicto con los lazos económicos tejidos entre Putín y Xi Jinping. Las relaciones de Washington y Pekín atraviesan un momento crucial en tres frentes: uno es la irrupción de Japón en el plan de guerra contra China; dos es la inminencia del estallido de una burbuja tri-millonaria en la industria norteamericana ligada a la Inteligencia Artificial; tres, la presión del capital tecnológico a Trump para incrementar las ventas de chips a China. El capital estadounidense busca deliberadamente evitar que Rusia se vuelva un apéndice de China en lo referido al suministro creciente de materias primas y energía. El éxito del acuerdo permitiría a Estados Unidos “girar hacia Asia”, esto es contener de manera más sólida a China, con métodos de presión económica y geopolítica. 

 Camilo Márquez 
 21/11/2025

Aumentan los casos de Coronavirus


Escasos testeos, falta de vacunas y caída en la tasa de vacunación. 

 El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido este lunes, en base a una pequeña muestra de testeos, informa que el Covid es ahora a nivel nacional el virus respiratorio de mayor circulación, por sobre el de Influenza y el VSR (Virus sincitial respiratorio). De acuerdo al BEN, durante las semanas 44 y 45 se estudiaron apenas 154 muestras de gente que se acercó a las guardias y 37 dieron positivas para Covid. Es decir, una positividad del 24 por ciento.
 El aumento de casos se vincula con la propagación de la nueva variante Frankenstein, el último linaje conocido de Ómicron. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cepa actualmente ya representa más del 73 por ciento de todos los casos de Covid en el mundo. A nivel nacional, el último BEN da cuenta de que dicha variante representa un 29,59 por ciento, aunque estos datos son cuestionados por algunos especialistas por no mostrar diferencia en su variación respecto al informe publicado en el mes de octubre (Clarín, 15/11/2025). 
 En este contexto, varias provincias denunciaron que se encuentran a la espera de la entrega de un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer sea distribuido por el gobierno nacional. Este reclamo fue iniciado por la provincia de Formosa, al cual se sumó Mendoza. Desde el programa de vacunación de la provincia de Mendoza declaran que quedan pocas dosis, pero que además las que quedan tienen fecha de vencimiento para el 21 de noviembre. En Misiones quedan algunas dosis del laboratorio Moderna y que están a la espera de la entrega del nuevo lote de Pfizer. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, quedan pocas dosis, y denunciaron que “Nación no está entregando". Se supone que tiene una compra en curso, pero no nos confirman cuándo entran”, denunciaron (Clarín, 20/11/2025). Desde el Ministerio de Salud refirieron que hay una demora administrativa en la liberación de un lote de vacunas que ya se encuentra en el país y que están trabajando con los organismos competentes para agilizar su distribución. 
 Los casos de coronavirus en la provincia de Formosa en particular están en aumento crecientemente. En la última semana, de los 1.422 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados, 341 de ellos arrojaron resultados positivos. Este número implica una fuerte alza frente al 7,9% de confirmados de hace un mes. A su vez, las autoridades provinciales reportaron 408 casos activos y 164 altas médicas, no habiendo pacientes internados cursando esta enfermedad en la actualidad. Como medidas de prevención, desde la cartera de salud de Formosa hicieron hincapié en medidas de autocuidado.
 La vacunación contra el Covid ha disminuido en forma superlativa, aumentando la potencialidad de padecer la enfermedad de forma grave. La caída en picada de la tasa de vacunación no sólo impacta en la prevención del Coronavirus, sino que se refleja en el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas como el Sarampión y la tos convulsa. A nivel mundial se detecta un resurgimiento de brotes de las mismas producto de la baja tasa de vacunación. 
 No estamos ante un fenómeno de índole personal, sino frente a una tendencia mundial. Programas y áreas destinados a la prevención de la salud son desmantelados, con despidos de personal y recortes. Es lo que se observa en la crisis ocasionada por el gobierno de Trump y Kennedy en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos y en el vaciamiento de áreas enteras en el Ministerio de Salud y hospitales en nuestro país.
 En oposición a la privatización del sistema de salud bajo el argumento de “eficiencia estatal” y de cuestionamiento a la efectividad de las vacunas, se hace necesario debatir un programa: nacionalización del sistema de salud bajo control de trabajadores y usuarios que permita el acceso a la prevención y el cuidado de la salud de forma gratuita para la clase obrera. 

Daniela Magoc 
 22/11/2025 

Fuentes:

 El conteo de los casos COVID-19 en el cierre de semana reflejó un nuevo ascenso, 17/11/2025. 
 La variante "Frankenstein" del Covid avanza con fuerza y datos insólitos sorprenden en un informe argentino 
 En pleno rebrote de casos de Covid hay un problema con la vacuna de Pfizer y ya falta stock en algunas provincias 
 Una provincia que aún testea contra el Covid registra un rebrote de casos y vuelve a medidas de la pandemiaben782se_45.pdf
 “Enorme peligro”: la comunidad científica pide suspender el evento antivacunas en el Congreso – Página12

Rescate financiero “no more”


Caputo entre las cuerdas y los trabajadores ante un gran desafío.

 Ha pasado apenas una semana desde que Trump y Milei firmaron el Acuerdo Marco que debe preceder a un tratado comercial y el Wall Street Journal advirtió que los “bancos norteamericanos han archivado el plan de rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina”. Al plan en cuestión se le había adjudicado el objetivo de financiar el pago de los vencimientos de la abultada deuda externa de Argentina, hasta diciembre de 2027. Con esta promesa de asistencia financiera se procuraba reducir el llamado ‘riesgo país’ y habilitar al Tesoro de Argentina a renovar los vencimientos mediante emisiones de nueva deuda en el mercado internacional. En octubre pasado, ese riesgo había alcanzado los 1500 puntos, o sea una sobre tasa de once unidades por encima del rendimiento a diez años del Tesoro estadounidense. Luis Caputo, un mesadinerista ansioso, había prometido usar el rescate para recomprar deuda antes de su vencimiento, para poder hacer él ‘la gran Bessent’, o sea pagarla por debajo de su valor nominal e inscribir un beneficio en las cuentas del Tesoro argentina. “No more”. Los tres bancos más grandes del mundo no consiguieron las garantías, en Estados Unidos, para respaldar ese rescate. Bessent les dijo que no podía comprometer el dinero de los contribuyentes y la Reserva Federal de Nueva York tampoco consiguió avales para la operación. En esta entidad los bancos mencionados poseen el 12% del capital. El fracaso es una señal contundente de que el plan financiero de Milei y Caputo, elogiado hasta en la China, no goza de la confianza del capital internacional. 
 Aunque sobrevive, en apariencia, el famoso “swap” de monedas por (también) 20.000 millones de dólares, las evidencias no lo confirman. Se atribuye a ese ‘swap’ la compra del equivalente en pesos de 2.8 mil millones de dólares, por parte del Tesoro norteamericano, que sostuvo el valor de la moneda argentina en la previa de las elecciones recientes. Pero todo indica que fue una operación puntual, ejecutada a través de bancos locales, aunque acaba de aparecer el asiento contable en el Banco Central. En calidad de ‘swap’, el gobierno norteamericano tiene anotados 900 millones de dólares en otra moneda, los “derechos especiales de giro”, que no forman parte del tráfico normal de divisas. De modo que este famoso “swap” está en la vitrina, “para que se mire, pero no se toque”, o sea que no forma parte de ninguna clase de rescate, como bien insiste Scott Bessent. Lo que este secretario comprobó para su disgusto, es que el sostén que brindó a la moneda argentina ha servido para el crecimiento de las importaciones desde China, su archirrival, que rompen el mercado con mercancías baratas. 
 Pero Luis Caputo está obstinado en defender el dólar bajo para abaratar el valor de la deuda externa en término de pesos y financiar su pago mediante los recursos del Tesoro argentino, o sea de un ajuste cada vez más agudo. En la misma línea, crear un mercado para el ingreso de dólares que buscan realizar una diferencia entre la elevada tasa de interés local y la tasa internacional. Al revés causado por el retiro del rescate de los grandes bancos, ha vuelto a la maniobra de pedir préstamos “repo”, que ofrecen activos internos como garantía, una tasa de interés jugosa y un plazo de repago de algunos meses. Parece convencido de que sin un riesgo electoral hasta dentro de dos años, puede manejar el desequilibrio macroeconómico que genera su política en connivencia con los bancos internacionales – sus ex patrones. Confía en el viento a favor del llamado “efecto riqueza” que causa la enorme valorización en bolsa de las acciones de las grandes empresas tecnológicas, mantenga en funcionamiento el circuito financiero internacional. Gita Gopinah, la ex número dos del FMI, ha calculado lo contrario, en un artículo para The Economist, en octubre - el mayor estallido financiero en ciernes de toda la historia moderna, por la magnitud de la destrucción de riqueza que se llevaría puesta. La clase media que redondea sus ingresos con la especulación bursátil quedaría en ruinas. La renuencia del mercado financiero en apoyar a bancos y sus “fondos fuera de balance” para una operación de rescate, pone en evidencia que una devaluación del peso es irresistible. Empobrecería brutalmente al empobrecido trabajador de Argentina, pero incentivaría, eventualmente, mayores ingresos por exportaciones e inversiones extranjeras y pondría un torniquete a la sangría causada por las importaciones y el turismo exterior. 
 La clase obrera debe tomar conciencia de esta situación para encarar el desafío de luchas grandísimas. 

 Jorge Altamira 
 21/11/2025

viernes, noviembre 21, 2025

Historia y degeneración de la IV Internacional - David Rey

Los cuadernos de Calvete


Casi al mismo tiempo que la Cámara Federal de Casación confirmaba el procesamiento de Alberto Fernández por sus chanchullos con las aseguradoras y pedía mayor celeridad al tribunal oral que juzga el primer tramo de la causa de los “Cuadernos de Centeno”, se conocían las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre la estafa $Libra -que involucra a los hermanos Milei- y el empresario farmacéutico Miguel Ángel Calvete era citado a declarar en el marco de la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). 
 Calvete es una figura clave en el esquema de sobornos que se negociaban en la Andis y sacaron a la luz los audios del abogado de Javier Milei, Diego Spagnuolo, su exdirector. Ocurre que como titular de Indecomm, una empresa suya que es proveedora del Ministerio de Salud, se organizaba la cartelización de las compras a las empresas del sector. La maniobra delictiva, dice La Nación (19/11), “se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno 'regular' donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de 'compulsas reducidas' donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta”. Su rol es parangonable al de Carlos Wagner en la “causa de los cuadernos”. El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción durante los gobiernos K tuvo a su cargo el funcionamiento de “la camarita”, también llamado “el club de la obra pública”, el ámbito donde un grupo selecto de capitalistas se repartían los negocios más jugosos con el Estado. En el juicio que se desarrolla actualmente por los “cuadernos de Centeno” hay 80 acusados, entre ellos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 63 empresarios que representan la flor y nata de la ´patria contratista´, en la cual revistan tanto ´kirchneristas´ como ´macristas´. Actualmente, Wagner colabora con la Justicia en calidad de ´arrepentido´. Su capitulación fue clave para que se iniciaran delaciones en cadena entre los empresarios y funcionarios involucrados. Hay otra analogía posible: así como el chofer Centeno apuntaba prolijamente día, hora y monto de los bolsos de dinero que recogía, Calvete llevaba una planilla donde apuntaba puntillosamente discriminados los “costos” y la “diferencia” que quedaba para los involucrados en la maniobra, junto a iniciales como KM (¿Karina Milei?) y SC (¿Santiago Caputo?). La primera fue apuntada por Diego Spagnuolo como la receptora del 3 % de la recaudación paralela, mientras que el segundo es el responsable político tras bambalinas de todo lo que ocurre en el Ministerio de Salud. El fiscal que sigue la causa del robo en la ANDis se llama Franco Picardi. “La trama, de acuerdo con lo investigado por Picardi, se remonta a mucho tiempo antes del arribo de los libertarios al poder” (Clarín, 19/11). Todo el mundo recuerda que Spagnuolo, en una de las grabaciones, menciona precisamente que la ´mordida´ aumentó del 5 al 8 % -” más chorros que los K”- y afirma también que esa diferencia llegaba directamente a Karina Milei. Hoy Spagnuolo se presentó a declarar y dijo que los audios “fueron manipulados” – en la Cámara Federal, en cambio, sus abogados dijeron que los audios eran ciertos, pero que violaban su intimidad (Página/12, 19/11)-. La ruta del dinero recaudado por Spagnuolo y Calvete condujo a una financiera, Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, un personaje cercano a “Chiqui” Tapia y muy vinculado al negocio del fútbol. A través suyo se habría blanqueado el dinero. Sin embargo, Vallejo no está imputado en esta causa sino en otra, por lavado de dinero. Hay más conexiones: la hija de Calvete y su esposo son funcionarios del Ministerio de Economía y también participaban de ´la rosca´: les encontraron 700.000 dólares en su departamento y mensajes entre padre e hija preparando la coartada en caso de que se produjera el allanamiento. En uno de los cuadernos encontrados en el domicilio de Calvete también aparece Gustavo Balabanian, expareja de Karen Reichardt, la exvedette que secundaba a José Luis Espert en las listas electorales de provincia de Buenos Aires. Balabanian es apuntado por Calvete como “exmarido de Karen, relación con Fred Machado”. 
 (Curiosidad: Calvete se encuentra detenido, pero por otra causa, donde está acusado de proxenetismo.) 
 Hay un tercer elemento análogo, se podría decir, entre las causas de los cuadernos de Centeno y los de Calvete. “La corrupción en la obra pública” fue ventilada ampliamente desde el Departamento de Estado norteamericano. Washington incluso había advertido que tomaría cartas directamente en el asunto si la investigación local no avanzaba. Antes, había dado un impulso fundamental al “caso Odebrecht”, porque la gigantesca contratista brasileña había penetrado en todos los países del continente -desde Cuba hasta Argentina- repartiendo sobornos a presidentes y funcionarios, impidiendo de hecho el ingreso de empresas norteamericanas al negocio. Ahora, el caso de Calvete y la corrupción en la compra de medicamentos tocan otro negocio sensible, el de los laboratorios. No es casual que el “acuerdo marco” que firmaron Trump y Milei haga mención específica a este rubro y a la protección de patentes. En su editorial de Odisea (17/11), el periodista Carlos Pagni se refiere a “las quejas” de los laboratorios extranjeros por este tema -el de las patentes-, pero agrega otras, sobre todo aquellas que formulan por “otra forma de protección que tienen los laboratorios nacionales respecto a los extranjeros: las ventas al Estado”. Se refiere a “una especie de colonización del Estado por parte de determinados laboratorios nacionales que venden a través de droguerías”, y cita como ejemplo los contratos del PAMI, “que consume el 40 % de los medicamentos del país y, por lo tanto, fija precios”. “Estas son protecciones paraarancelarias, que no tienen que ver con el arancel ni con las patentes, sino con la captura del Estado por determinados sectores económicos”, concluye. 
Lo que exponen los cuadernos de uno y otro es el entrelazamiento de los grupos capitalistas con el Estado, su carácter parasitario y las mafias que se conforman en torno al presupuesto público. En muchos casos el negocio se completa a través de la compra de deuda pública. En el marco de una nueva transición política y económica, agitada por los preparativos de guerra internacional, estos negocios han ingresado en una fuerte zona de disputa. 

 Jacyn 
 19/11/2025

Milei acelera por el default de toda la oposición


Abajo el pacto con Trump, abajo la reforma laboral. 

 Milei, en la sede de su hogar de infancia política, la Corporación América de Eduardo Eurnekian, llamó a los empresarios a “ajustarse los cinturones porque habrá muchas más reformas”. El facholibertario acelera por dos motivos; el default del total de la oposición, incluido especialmente el peronismo, y como una manera de ganarle tiempo a los explosivos factores de choque, crisis y convulsiones que tiene en todos los frentes: la crisis financiera y de deuda, la crisis de reservas y las presiones devaluatorias, las contradicciones y guerras comerciales que desata el acuerdo comercial con Estados Unidos, el recrudecimiento inflacionario, las tendencias recesivas profundas y las imprevisibles causas de corrupción. La victoria electoral de medio término tiene demasiados límites para semejante ofensiva contra las masas y de sometimiento nacional. Por eso el apuro. En este cuadro se entiende el peligro “comunista” que agita Caputo, que bien leído es el fantasma de la irrupción de los trabajadores que, en determinadas condiciones, no pueda contener la burocracia sindical y el cascoteado asistencialismo. 

 Un “Estatuto de Indias” con Trump que desatará choques múltiples 

Según el insospechable Financial Times, la carta de intención del acuerdo comercial con Estados Unidos, cuya letra definitiva no se conoce y tal vez vayamos conociendo por tramos según los ritmos de la extorsión imperialista, tiene 12 condiciones a favor de los norteamericanos, tres a favor de ambos países y una a favor de Argentina. La que es a favor de Argentina ya está afectando, porque es un aumento de la cuota de exportación de carnes de 20 mil a 80 mil toneladas, solo un 6% del total de envíos de carne al exterior, que sin embargo ya se sumó a los factores de aumento en el precio de la carne: en noviembre aumentó un 15% en los mostradores argentinos y un 25% en el ganado en pie. Jugoso negocio para la oligarquía y algunos frigoríficos, más castigo al bolsillo popular. Pero las “a favor de Estados Unidos” son aplastantes: preferencia de ingreso de productos norteamericanos desde autos, medicamentos sin aprobación de Anmat, químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, productos agrícolas, aves de corral, hasta ganado bovino (aunque ellos son importadores y no exportadores) y otros que podrán agregarse. En cambio, solo tendrán ingreso preferencial a Estados Unidos los que ellos no produzcan. Veremos el aluminio y el acero, que por ahora siguen con los mismos aranceles. 
 Todavía conoceremos cláusulas más leoninas de esta contraparte del rescate de Bessent. Pero veamos un aspecto crítico central. Todo esto y la cuestión de inversiones en minería y áreas estratégicas está relacionado directamente con la disputa con China. Y, por ahora, todo viene al revés. China en septiembre se transformó en el principal socio comercial argentino; sus exportaciones a Argentina fueron de U$S 13.091 millones, un salto del 66% en los primeros nueve meses de 2025 respecto del mismo período de 2024 (La Política Online). Fue noticia esta semana la importación de galpones para armar y hasta cabañas para el turismo en Salta y Catamarca (El Cronista, 19/11). La cuestión escala al punto que el zar del acero argentino, Paolo Rocca, puso el grito en el cielo porque están entrando 87.000 lavarropas importados por mes contra los 5.000 que entraban en el pasado y otro tanto de heladeras. La denuncia de Rocca -que sería uno de los beneficiados con la entrada de acero a Estados Unidos- es indicativa de reclamos “regulacionistas” de lo más concentrado de la UIA. En el extremo del desastre industrial argentino en marcha está la industria textil, con 11.000 despidos y 12.000 suspensiones; una catástrofe que, según las obreras de Textilana, no se debe solo a las importaciones sino también a la brutal caída del mercado interno. Ya conocemos la dramática realidad en el neumático. Y la noticia de la semana la tenemos con los cierres de varias plantas del mayor gigante avícola, Tres Arroyos. La crisis industrial hace metástasis a toda velocidad, en todos los rubros. 
 En definitiva, todo parece indicar que el dólar que Caputo y Milei sostienen con los salvatajes a repetición del FMI y de Bessent está siendo funcional a una penetración comercial china sin precedentes. Esto requeriría aranceles diferenciados contra China, a favor de Estados Unidos, pero justamente contra nuestro principal comprador de soja, derivados y carnes. La ofensiva de Trump hacia el patio trasero latinoamericano, que tiene desplegados portaviones en el Caribe, pone a Argentina como cabeza de playa central de la batalla geopolítica. Y Argentina tiene mucho para perder; no somos Guatemala, El Salvador o Ecuador, que suscribieron acuerdos similares; Argentina es, por ejemplo, uno de los 22 países en el mundo con industria automotriz. En definitiva, somos un terreno de sometimiento colonial donde perdemos en cualquier variante, también frente a la penetración china. La inversión extranjera directa (IED) es negativa hoy, lo cual demuestra la naturaleza del extractivismo y la primarización en marcha de la mano de la dependencia financiera extrema. Solo los trabajadores podemos patear este tablero y abrir una salida soberana en el marco de la presente crisis mundial y sus enfrentamientos comerciales y bélicos entre potencias imperialistas o protoimperialistas como China.

 Deuda, reservas, inflación: nada resuelto 

Caputo y Milei son cuestionados por sus exsocios como Arriazu, Giacomini o el “mejor ministro de economía de la historia”, Domingo Cavallo, por tipos de la burguesía como Redrado y podríamos decir por toda la “profesión” por no acumular reservas, lo que para todos ellos implica dejar flotar el dólar, terminar con las bandas y devaluar. El FMI pide lo mismo, aunque el poder de Trump lo silencia. El fondo de inversión Pimco, recordemos, dijo “no ponemos un dólar” si la moneda local está sobrevaluada. Estamos ante una cuestión de fondo. No lo piden por razones dogmáticas; lo reclaman porque Argentina tiene un vencimiento en enero de U$S 4.500 millones y unos U$S 32.000 en 2026/27.
 Con las reservas en divisas netas negativas en U$S 12.000 millones, los pagos no se pueden afrontar. Apuntemos que operan con los encajes de los ahorristas. El gobierno es rehén de Bessent y sus alquimias, que como mínimo nos endeudan mucho más aún. El lance del gobierno es rollear (renovar) el vencimiento de enero y los que siguen, capitalizando los intereses, o sea, mediante un aumento exponencial de la deuda. Pero con el riesgo país en 600 puntos, eso es demencial; depende de bajarlo con las compras de bonos de Bessent y sus amigos. El meneado crédito de U$S 20.000 millones de un trío de bancos con garantías norteamericanas no llegó nunca; solo aspiran a uno de 5.000 millones al ¡9%! Si esto es rienda corta del Tesoro o límites que no se podrán trasponer lo dirá el tiempo, pero lo que es claro es que el gobierno vive al día y deberá hipotecarnos hasta lo que no tenemos. 
 En este cuadro, la devaluación está a la vuelta de la esquina de cualquier barquinazo. El arbitraje norteamericano en el mercado de cambios y de deuda, en estos términos, agravará la recesión económica y la avalancha importadora. En tanto, la inflación de noviembre escalaría al 2,5% por transporte y carne, elevando una velocidad crucero que tiene por contrapartida paritarias al 1 o 1,3% en el mejor de los casos, cuando no al cero. Reservas, deuda e inflación se vinculan. La olla a presión salarial no explota porque los trabajadores están debilitados por falta de producción y cuesta superar a la burocracia entreguista. No obstante, puede haber un paro del transporte porque quieren pagar el aguinaldo en seis cuotas; hubo paros en Fate y en la universidad esta semana. Hay que impulsar la lucha salarial. 

 Competencia entre políticos capitalistas por ver cuál es más corrupto 

Los medios y redes de uno y otro bando abruman con esta competencia, hasta aburrir. Ganaron la plana las explosivas revelaciones a partir del empresario Miguel Ángel Calvete, con una trama millonaria de coimas, retornos y descomunales sobreprecios en la Andis, contra la discapacidad, que abarca a cantidad de laboratorios y que ya produjo la eyección de su hija Ornella, quien no pudo ocultar un “vuelto” de U$S 700.000 en su casa. Pero también cayeron otros funcionarios, como el macrista Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo; todo lo cual recién empieza y debería conducir de cabeza al núcleo presidencial a partir del 3% de KM, mencionado en escuchas de la causa. Claro, el poder cuenta con las habilidades de Casanello, el juez capaz de mandar quirúrgicamente a juicio oral en tiempo récord a los dirigentes del Polo Obrero por denuncia y operación de inteligencia de Patricia Bullrich. En este andarivel político, las conclusiones de la Comisión Investigadora del caso $Libra son demoledoras, y en ella hay sectores de la oposición “dialoguista”. Pero en el andarivel peronista las cosas no van mejor, con el juicio de los cuadernos, cuya condición de fotocopias o no ya carece de importancia porque abarca a 61 empresarios con el macrista Calcaterra a la cabeza, además del pelotón de funcionarios de los gobiernos kirchneristas. La disputa por la aceleración del juicio oral de los cuadernos de Centeno parece responder a la necesidad del mileísmo de disponer de esa arma en los tormentosos tiempos que se avecinan. La cuestión de la cárcel de De Vido ha partido más aguas en el kirchnerismo, si esto era posible, porque un sector pide la libertad y otro le recuerda las víctimas de Once. En conclusión, la cuestión de la corrupción, que suele pasar a segundo plano cuando las cosas económicamente caminan, puede ser un factor que potencie las crisis latentes. 

 Abajo la reforma laboral y las otras 

De la mano del default opositor, LLA está pretendiendo ser la primera minoría en Diputados, donde ya tendría 91 bancas con el pasaje de los últimos tres radicales con peluca. Por otro lado, el peronismo bajaría a 92 cuando rompan los de Jalil y quedaría a expensas de los siete de Zamora de Santiago del Estero que, aún quedándose adentro, pueden ir para cualquier lado al compás de las transas de los gobernadores que se están tejiendo. Se discute a espaldas del pueblo el presupuesto, donde serán víctimas propiciatorias todas las causas populares como Universidad, Discapacidad, Salud, etc. El atropello de Milei y su forro Santilli es tal que el canje por alguna obra o ATN a la provincia respectiva implica comprometer el voto a la reforma laboral a libro cerrado. Tal vez Gerardo Martínez sepa más de la reforma antiobrera que los diputados que tendrán que votarla después del presupuesto. 
 La crisis del peronismo no se restringe a la derrota electoral. Sus gobernadores están desesperados por seguir el rumbo de endeudamiento de Milei. Kicillof pide autorización para U$S 3.000 millones de nueva deuda en la misma línea de Jorge Macri, Llaryora o Pullaro. Sus diputados elaboran una reforma laboral propia, entrando como caballos en un debate en el que solo podemos perder los trabajadores. Y la CGT, con el seguidismo de las CTAs, es la columna vertebral del colaboracionismo con la reforma laboral de Milei. Toda su iniciativa ha sido reunirse con los diputados sindicales (cinco) para decirles que alguna reforma hay que hacer. El entreguismo de la burocracia tiene un alcance histórico, porque cualquiera sea el discurso que tengan, el momento requiere convocar asambleas generales en todos los sindicatos, poner en pie de guerra a todos los gremios uniendo el reclamo salarial ante el derrumbe del poder adquisitivo, el planteo de ocupar cada planta que despida masivamente o cierre, con el rechazo de plano a la reforma laboral, previsional e impositiva. 
 La CGT nos lleva de cabeza a una derrota, cuando las conquistas obreras no deberían discutirse siquiera en el parlamento, sino en las calles y lugares de trabajo, allí donde se arrancaron con lucha y con sangre. En esa línea, realizaremos asambleas partidarias el 13 de diciembre en todo el país y somos impulsores de toda la agenda de luchas y del sindicalismo combativo, los piqueteros y jubilados que culminará el 19-20 de diciembre con una movilización central. Un gran plenario obrero en Córdoba tomó esta agenda también. El Frente de Izquierda no puede simplemente debatir con sus diputados, que lo haremos; se tiene que involucrar de lleno en el impulso político a la lucha de los trabajadores. 

 Néstor Pitrola

jueves, noviembre 20, 2025

Japón prepara la guerra contra China


Es un ‘proxy’ de Trump. 

 Los estiletazos entre China y Estados Unidos en torno de la isla de Taiwán se han agravado, a partir del protagonismo alcanzado por el principal aliado yanqui en la región – el gobierno de Japón. La primera ministra nipona Sanae Takaishi, perteneciente al derechista partido Liberal Democrático, revolvió el avispero al declarar su intención de enviar tropas en apoyo de Taiwán y de su gobierno “separatista”, en caso de un conflicto abierto entre China Popular y Taiwán. Takaishi argumentó que un ataque y ocupación de Taiwán, por parte de China, comprometería la seguridad de Japón. 
 En respuesta a sus dichos, China denunció a Japón en el Consejo de Seguridad de la ONU y “desaconsejó” las visitas turísticas de sus ciudadanos a Japón. La cancelación de 500.000 pasajes ha generado una crisis en la industria turística y en el comercio nipones, porque casi el 30% del turismo receptivo de Japón depende de China. Xi Jinping ordenó, también, cancelar importaciones de productos pesqueros y “bienes culturales” desde Japón, en lo que se prefigura como una declaración de guerra comercial. Takaichi respondió a estas acciones con la movilización de aviones de combate, con la excusa de haber detectado drones de origen chino en el espacio aéreo cercano al canal de Taiwán. 

 Historia y presente

 Varios observadores han situado estas escaramuzas dentro de la “histórica conflictividad” entre China y Japón, de un lado, y entre la China Popular y Taiwán, del otro. Las “viejas” cuestiones, sin embargo, cobran otro significado bajo el escenario de la guerra internacional en desarrollo, que tiene su norte estratégico en el antagonismo entre China y Estados Unidos. Taiwán, la isla donde se confinó la burguesía china después de la revolución de 1949, ha sido reclamada desde entonces como territorio propio por el régimen de China Popular. Desde comienzos de los 90, el planteo de “un país y dos sistemas” fue la oferta del régimen “comunista” a Taiwán. Detrás de las promesas de respetar a las relaciones capitalistas en la Isla, el slogan adelantaba la transición a “un solo sistema”, o sea, un salto cualitativo en la restauración capitalista de China continental. Pero esa restauración acentuó la disputa por inversiones y mercados por parte de las dos Chinas, o sea, la guerra de intereses capitalistas. Taiwán detenta el liderazgo mundial en la producción de semiconductores. La disputa en curso -“soberanía” o anexión a China- es sencillamente la forma que reviste la guerra en ciernes entre Estados Unidos y China por el dominio de la tecnología asociada al capital digital. En los últimos años, la presencia política y militar del imperialismo yanqui en Taiwán se ha incrementado decisivamente, al igual que en la región marítima aledaña. 
 Donald Trump visitó la región recientemente. Por un lado, celebró una distensión comercial con China, en medio de fotos y sonrisas. Por el otro, se reunió con la primera ministra nipona, anunciando acuerdos para la explotación de minerales críticos y tierras raras, y prometiendo una “nueva edad de oro” en las relaciones entre Japón y Estados Unidos. De ese modo, envalentonó a Takaishi a rechinar los dientes contra Xi Jinping. La “Milei” japonesa se ha convertido en un ariete de Trump en la preparación de un choque de alcance general entre Estados Unidos y China. 

 Rearme de Japón

 En la denuncia que formuló contra Japón en el Consejo de Seguridad, el representante de China acusó a Takaishi de haber roto el histórico “compromiso de su país con el desarrollo pacífico”. El vocero chino aludía a las restricciones que se le impusieron a Japón en la segunda posguerra, contra cualquier tentativa de rearme o intervención militar. En realidad, aquel desarme compulsivo ya ha sido largamente abandonado por Japón, bajo el incentivo de los mismos que se lo impusieron ochenta años atrás. En 2015, una enmienda constitucional habilitó a Japón a la “autodefensa” en caso de “peligro a la seguridad nacional” – es lo que ahora invoca Takaishi para una eventual intervención en Taiwán. Desde 2022, Japón experimentó una fantástica aceleración del gasto militar. Takaishi asumió su mandato prometiendo llevar ese gasto al 2% del PBI, algo así como 80.000 millones de dólares por año. Donald Trump, sin embargo, le reclamó a Takaishi escalarlo al 3,5% en un lapso breve. Como parte de ello, Japón se ha convertido en un proveedor sistemático de material bélico a Australia, el otro gran pilar del imperialismo norteamericano en la región. En agosto pasado, Japón anunció la venta a aquel país de once modernas fragatas de defensa, lo que marcó el regreso de la emblemática corporación Mitsubishi a la producción de naves con fines bélicos. El frenético rearme de los dos grandes derrotados de la última guerra mundial -Alemania y Japón- es un rasgo marcado de la guerra global en desarrollo. 

 De las escaramuzas a la guerra 

La intervención de Japón, por ahora en grado de tentativa, en la disputa por Taiwán, y en el enfrentamiento estratégico entre Estados Unidos y China, es otro episodio de una guerra internacional que multiplica sus frentes de batalla. Recientemente, y en la propia Asia, estos choques por “procuración” o por encargo enfrentaron, por caso, a Tailandia con Camboya. Un poco antes, a la India con Pakistán. Naturalmente, Japón no es cualquier “mandadero”: su involucramiento en la disputa por Taiwán es un salto cualitativo en la tendencia a la guerra. Japón paga ahora el precio de una fractura con uno de sus principales socios comerciales (China). Pero por el otro lado, la burguesía nipona se sube al carro de un “complejo industrial militar” propio, en la expectativa de remontar por esa vía una declinación económica de décadas.
 La diplomacia “trumpista” recluta aliados en cada frente de batalla de la guerra internacional. Es una confesión de los límites de una potencia declinante -el imperialismo yanqui- para intervenir en una guerra general a partir de sus propias fuerzas. Pero a la vez, es la confesión de que necesita imperiosamente de esa guerra para remontar su propia declinación histórica.

 Marcelo Ramal 
 20/11/2025

La salud mental de la población, entre la estigmatización y el negocio de la medicalización


La semana pasada una ciudadana brasileña de 69 años fue asesinada a golpes por un joven que contaba con antecedentes de padecimiento mental. La ciudadana brasileña caminaba por la avenida Corrientes en la zona del Abasto, uno de los barrios capitalinos donde la inseguridad y las personas en situación de calle están a la orden del día. El hecho, trágico, expuso la crisis que atraviesa la salud mental en nuestro país. 
 Esta situación pone en evidencia una serie de contradicciones al vincular a las personas que se encuentran en situación de calle -producto de la política económica de los últimos años- con el delito, asignando de este modo a las personas con sufrimiento psíquico, a las que están en situación de calle el mote de peligrosos.
 Por otro lado, deja en evidencia el rol de “control” de las instituciones especializadas en Salud Mental que con el encierro “no normaliza los cuerpos, sino que destruye las almas”, aislando también al distinto, a lo desconocido. Existe en los hospitales generales de agudos, aunque no solo, una tendencia a solicitar “consignas policiales” que ejerzan el rol de control de la internación, privilegiando la seguridad de la sociedad y no el tratamiento de quienes lo necesitan, violando los derechos de las personas con padecimiento mental. La obligación de los gobiernos es aplicar el protocolo de Caracas de atención primaria en Salud, Educación, Promoción y Prevención. Si el Estado cumpliera con estas obligaciones, no se generarían incertidumbres, miedos, rechazos hacia el sufrimiento mental. La realidad es que los ataques callejeros o las situaciones de violencia producidas por personas con padecimiento mental representa menos del 3 por ciento de estos ataques. Pero resulta un engaño colocarlos en el lugar del delincuente. En la mayoría de los casos, se trata de personas que no tienen conciencia de la situación y son abandonadas a su suerte por el gobierno y, en muchas situaciones, también por su propia familia.
 Detrás de este modelo, las organizaciones médicas y la industria farmacéutica que ven en la internación y la medicalización un negocio redondo. 
 Son precisamente estas mismas organizaciones las que estimulan a las familias a exigir la derogación de la ley nacional 26.657, también llamada “ley de salud mental”, que restringe la internación involuntaria y por largos periodos y propone en cambio el tratamiento ambulatorio y las ´casas de medio camino´. Producto de una interpretación subjetiva de la ley, la idea generalizada y fogoneada de que “no sirve”, porque no se puede garantizar los tratamientos involuntarios, invisibilizando que lo que falta son recursos materiales y humanos para la atención adecuada a nivel estatal. Esta falta es producto del incumplimiento de la ley ya que el 10% del presupuesto anual debe de ser destinado a la Salud Mental, por un lado, pero por otro porque los fondos son destinados a la tercerización de los tratamientos y estadías en ´casas de medio camino´, ya que el Estado no concretó ninguna, a más de una década de aprobada la ley. 
 Corporaciones como Facoep facturan al Estado millones de pesos intermediando la atención en instituciones privadas y sobrevalorando la medicalización sobre otras estrategias de intervención. 
 Cabe señalar que esto se da en un contexto, además, de reducción de las políticas públicas, falta de personal para la atención en los espacios de salud, precarización laboral, desempleo. La crisis socioeconómica incide en las diferentes respuestas. 
 Desde Política Obrera denunciamos que la salud mental de los trabajadores no sólo es producto del modelo capitalista que nos oprime y genera malestares, sino sobre todo de un modelo que prioriza la mercantilización y medicalización como respuesta a ese malestar que él mismo genera. 

 Silvia Allocati 
 20/11/2025

Comisión $Libra: “Misión cumplida”


Al cabo de tres meses de labor, la comisión investigadora del caso $Libra presentó un informe de más de 200 páginas con sus conclusiones. La comisión logró establecer con notable rapidez la trazabilidad de fondos que fueron y vinieron de billeteras virtuales a cajas de seguridad y transferencias de miles de dólares en momentos clave entre los involucrados. Ninguno de los funcionarios citados aceptó comparecer ante la comisión. En paralelo, la causa judicial, a cargo del juez Marcelo Di Giorgi, arrastra los pies y no ha arrojado mayores resultados. El monto de la maniobra -que dejó un tendal de más de 1.300 damnificados y a un puñado de ganadores- alcanzaría entre 100 y 120 millones de dólares. 
 La conclusión de los diputados opositores que integran la comisión investigadora es, sin embargo, benévola con los principales implicados, Javier y Karina Milei. Ambos son señalados como “engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho” (Clarín, 19/11). Para los legisladores, el presidente con su posteo en la red social X “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”. Allí Milei, además de promover la inversión en la ´memecoin´ como un fondeo destinado a PyMES, publicó un número de contrato que, a diferencia de lo que dijo en los medios, no era de acceso público y sigue sin explicar cómo lo obtuvo. 
 Entre las conclusiones del informe final se apuntan “vínculos económicos entre los principales actores involucrados en la presunta estafa” y se afirma que “la promoción de $LIBRA por parte del Presidente comprometió su investidura, desdibujando los límites entre lo público y lo privado”. Se da por acreditada la realización de “reuniones no registradas oficialmente” entre el Presidente y los involucrados, facilitadas por Karina Milei, y concluye que el Presidente “podría haber violado la ley de ética pública y haber incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público”. Por tal motivo, recomiendan al Congreso que evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. “En la comisión señalan que ellos no pueden impulsar el juicio político, pero agregan que hubo negligencia, ausencia de controles y por eso sugieren que se evalúe el mal desempeño. Algo que difícilmente avance, sobre todo con la composición que tendrá la Cámara y las comisiones a partir del mes que viene” (Clarín, ídem). 
 El despacho de la comisión contó con el aval del interbloque de la “izquierda nacional y popular” y lleva la firma de Christian Castillo, del PTS, que lo reivindicó públicamente. “He señalado algunas disidencias en el informe sobre el carácter del Estado y del régimen político, pero que no hacen al cuerpo de la investigación que suscribo en su totalidad y que demuestran que acá hubo una estafa" (LID, 18/11).
 La “comisión investigadora” ha dado su veredicto y nada ocurrirá en el Congreso. Misión cumplida. 

 Jacyn 
 19/11/2025

miércoles, noviembre 19, 2025

La precarización laboral mata: según la Anses los trabajadores sin derechos viven menos


Las conquistas salariales y en seguridad social influyen en una menor tasa de mortalidad entre los trabajadores. 
La reforma laboral va a agravar la situación 

 Un estudio de la Anses llegó a la conclusión de que los trabajadores informales, que carecen de derechos laborales, seguridad social y aportes previsionales, tienen una tasa de mortalidad considerablemente superior a los trabajadores registrados en relación de dependencia, estos últimos con una tasa de mortalidad 62% inferior a los primeros. La reforma laboral que pretende imponer el gobierno profundizaría esta situación, en la medida en que apunta precisamente a barrer con los aportes a la seguridad social y a flexibilizar las condiciones laborales; es por eso que es antiobrera. 
 Esta conclusión se desprende de los números calculados por la Anses, donde la tasa de mortalidad para los trabajadores informales asciende a 4,5 por mil, mientras que para quienes se encuentran registrados y en relación de dependencia, con aportes previsionales y a la seguridad social, se encuentran el 1,7 por mil. 
 “Entre los hallazgos principales del estudio, la condición de aportante previsional funciona como un factor protector ante el riesgo de muerte”, señala el trabajo de la Anses, considerando que los trabajadores bajo esta condición acceden a mejores prestaciones de salud y a un poder adquisitivo superior que les permite mejorar su calidad de vida. Un mayor ingreso aumenta la esperanza de vida, debido a mejores condiciones de salud, alimentación y vivienda. 
 Según datos oficiales del Indec de un total de 22.536.000 puestos de trabajo, los asalariados públicos y privados registrados suman 11.122.000, los asalariados no registrados 5.566.000 y los por cuenta propia 5.848.000. Mientras que al considerarlos según la informalidad laboral, tanto en relación de dependencia como por cuenta propia, este universo supera los 9 millones de trabajadores, que carecen de derechos laborales. 
 El estudio de la Anses determina que con cada duplicación de ingresos el riesgo relativo de mortalidad baja un 17% para los trabajadores registrados en relación de dependencia, dando cuenta de que el trabajo formal, con derechos reconocidos y acceso a salud y un mayor poder adquisitivo, es la vía para tener una mejor calidad de vida. 
 A pesar de esta evidencia científica, emanada de los propios organismos del Estado, el gobierno nacional avanza con una reforma laboral antiobrera que plantea destruir los derechos laborales y formalizar la explotación del trabajo bajo las condiciones más precarias. Esto cuando casi el 40% de la población ya se encuentra trabajando en la informalidad laboral y carece de la mayor parte de los derechos laborales.
 La generalización de esta precarización laboral plantea una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y la imposición de condiciones de trabajo extenuantes y dañinas para la calidad de vida y la salud de las y los trabajadores, repercutiendo en nunca afectación generalizada de la población que extienda la tasa de mortalidad entre los trabajadores sometidos a estas condiciones. 
 Los trabajadores informales –o los “formales” sin derechos- mueren más rápido porque sobre ellos recaen procesos productivos sin control alguno, devastadores para los cuerpos y la salud, a cambio de un ingreso económico insuficiente que siquiera alcanza para revertir o atender médicamente las consecuencias directas de dicha explotación. Además de implicar una peor calidad de vida para las familias de estos trabajadores, con una peor alimentación y condiciones de vida, que afectan de conjunto a la población. 
 La lucha contra la reforma laboral de Milei y las patronales es una pelea por la vida de las y los trabajadores, para evitar un retroceso civilizatorio que destruya las condiciones de vida actuales, que siquiera alcanzan los las metas y necesidades de la población trabajadora. 

 Marcelo Mache

Milei le regala nuestros datos personales a las empresas tecnológicas norteamericanas


El acuerdo comercial anunciado entre Estados Unidos y Argentina incluye transferencia de información para que diversas compañías hagan negocios.
 Un acuerdo que viola la privacidad de las personas.

 Entre los puntos del acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos figura la “transferencia transfronteriza de datos”: datos web e información sensible como datos médicos, financieros, corporativos y personales en general. Se trata de un intento por beneficiar a grandes tecnológicas como Amazon, Google, Meta y Microsoft. 
 Los pormenores del tópico relacionado con la transferencia de datos no se conocen; lo mismo ocurre con el resto de los aspectos del acuerdo, que también permitirían un mayor dominio del capital norteamericano en la economía nacional. Aún así, se sabe que el objetivo sería “favorecer el tráfico comercial” y permitir “la circulación sin trabas regulatorias de bases de datos de clientes, operaciones comerciales y datos personales” (Clarín, 7/11).
 El movimiento de datos (cookies, historiales de búsqueda, algoritmos) beneficiaría a grandes tecnológicas como Amazon, Meta, Google y Microsoft. Argentina, además, reconocería como “válidas bajo su ley” a aquellas compañías que son válidas bajo la ley de Estados Unidos. El gobierno de Milei se comprometió a “abstenerse de discriminar” los servicios o productos digitales estadounidenses. 
 Valiéndose de los datos, las empresas pueden confeccionar el perfil online de una persona y perfeccionar su red de publicidad y negocios varios con anuncios segmentados. Las tecnológicas generan ingresos principalmente a través de la venta de productos (Amazon, Microsoft) y de la publicidad (Meta, Google), dos rubros relacionados. Por ejemplo, gracias a la publicidad, Google facturó 307.394 millones de dólares, un 9% más que en 2022; y Meta, 134.908 millones, un 16% más (Infobae, 1/2/2024). 
 Muchas veces, los ingresos son obtenidos en un contexto de vulneración de la privacidad. En 2021, los reguladores europeos impusieron una multa récord de 746 millones de euros a Amazon por violaciones a la protección de datos personales. La empresa de Jeff Bezos habría utilizado, con el objetivo de obtener ventajas, su acceso a datos de compañías que venden productos en su plataforma.
 En Francia, además de Amazon, Google enfrentó multas de 100 millones de euros por colocar cookies publicitarias sin el consentimiento de las personas. En 2018, Facebook traficó datos de sus usuarios con más de 150 empresas, entre ellas Apple, Amazon, Microsoft, Netflix y Spotify, a cambio de información más detallada sobre sus usuarios (en base a su interacción con esas plataformas). 
 A esto se suman las movidas turbias que habilitaría dicha política. Estados Unidos no tiene una norma federal regulatoria de datos, por lo que estos pueden ser robados con mayor facilidad. Esto involucra datos personales (nombres, direcciones, números de teléfono, etcétera), datos financieros (información bancaria, números de tarjetas de crédito, historial de transacciones, etcétera), datos de salud (expedientes médicos, resultados de pruebas, información de seguros de salud, etcétera), entre otros –como los vinculados a las corporaciones. 
 Se trata de un fenómeno que en Argentina adquirió dimensiones importantes. En 2023, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) recibió 35.447 reportes; inició 353 investigaciones preliminares y llevó adelante más de 800 asistencias a fiscalías en casos de estafas con billeteras virtuales, usurpación de identidad y fraude en línea, entre otras (Clarín, 2/8/2024). 
 En general, los datos son comercializados por brókers. Se introducen en foros y sitios de la dark web, o en Telegram; y se utilizan para hacer fraude, phishing (estafas mediante correos electrónicos apócrifos) y distintas movidas espurias (por ejemplo, realizar compras no autorizadas mediante tarjetas de crédito). Las credenciales de acceso a información financiera suelen ser utilizadas por grupos criminales. 
 Relevamientos privados detectaron que se filtraron 4,2 millones de credenciales en la deep web. En 2024, un cibercriminal publicó millones de licencias de conducir en un foro e incluso las puso en venta en Telegram, siendo una de las mayores filtraciones producidas en Argentina; en el foro, llamado Breach Forums, había carpetas con bases de datos de personas, incluso de extranjeros que residen en Argentina y de personal de la Armada. 
 También suelen filtrarse datos de filiación política, en momentos en que recrudece la persecución contra activistas y opositores tanto en Argentina como en Estados Unidos. En el primer caso puede verse en la arremetida judicial de Milei y Bullrich contra las organizaciones piqueteras y en el segundo en la deportación y los ataques de Trump contra los activistas pro Palestina. 
 Tanto la transferencia de datos a Estados Unidos y sus empresas como el resto de los puntos incluidos en el acuerdo anunciado implicarían una profundización del sometimiento del país a la mayor potencia imperialista del mundo, con el agravante de una violación a la privacidad de las personas cuyos datos podrían ser puestos al servicio de la obtención de ganancias de importantes grupos capitalistas y hasta de clanes criminales. 
 El Partido Obrero luchará contra la entrega del país en todos los terrenos. 

 Nazareno Suozzi

Otra “socialista” del Partido Demócrata triunfa en Seattle


“La fe estadounidense en el capitalismo está disminuyendo”, escribió un periodista del Seattle Times (13/9), unas semanas antes de las elecciones para alcalde de la ciudad capital del estado de Washington. El título del artículo se preguntaba: “¿Será este el año en que Seattle se vuelva socialista? Todo apunta a que sí”. 
 Dos meses después se desarrollaron las elecciones, y tras un largo escrutinio se confirmó el triunfo de la candidata Katie Wilson, del partido Demócrata, uno de los dos del imperialismo norteamericano, que se define como “socialista”. Según la legislación del estado, los candidatos se presentan primero a una “interna no partidista” en la que van todos los nombres propuestos sin identificación partidaria, y los dos más votados pasan a la elección general. En la primaria de agosto, el más votado fue el actual alcalde Bruce Harrell con el 52% de los votos, y la segunda más votada fue la activista Katie Wilson que obtuvo alrededor del 28%. Tanto Harrell como Wilson están inscriptos como Demócratas. 
 La elección, el 4 de noviembre, fue muy reñida. Esa noche Harrell lideraba el recuento por más de 10.000 votos, pero restaba procesar las boletas tardías y los votos por correo, mayoritariamente de electores jóvenes y progresistas. El resultado final: Katie Wilson superó a Harrell, obteniendo el 50% de los votos, en una votación con elevada participación para una elección municipal (55% de los electores).
 Tanto la candidata desafiante como el propio proceso electoral han sido comparados con el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York. Harrell era el favorito y contaba con gran apoyo financiero, mientras que Katie Wilson carecía de trayectoria en cualquier cargo político y era una candidata contraria al aparato Demócrata. 
 Seattle es la ciudad más importante de la región Noroeste del Pacífico, con cerca de 800.000 habitantes, pero su relevancia va más allá de su tamaño, porque es un centro tecnológico de primer orden. Allí está la sede de Microsoft y de Amazon, así como grandes infraestructuras de Google, Meta, Apple, Nvidia, así como Boeing, etc. No es Nueva York, pero en ella están ubicadas gigantes de las Tecnológicas que superan los 3 billones de dólares según su valor de mercado. Por otra parte, es una de las ciudades más izquierdistas de EE.UU., junto con San Francisco y Portland. 
 La lucha de clases ha tenido una importante alza en Seattle luego de la pandemia, con grandes huelgas en la construcción, la educación, Amazon, Starbucks, hotelería, aeropuertos -muchas de ellas con importantes triunfos salariales y crecimiento de la sindicalización. También fue un epicentro de las movilizaciones contra la represión y brutalidad policial, como el movimiento Black Lives Matter y campañas para “desfinanciar” a la policía. Seattle también ha sido campo de batalla acerca de los impuestos a las grandes empresas (“Amazon Tax”) y en 2014 fue la primera gran ciudad en aprobar el salario mínimo de $ 15/hora. Bernie Sanders ganó en el condado de King (donde está Seattle) las primarias demócratas de 2016 y 2020, por un gran margen. 
 En varios de esos movimientos -como el del salario mínimo y el “impuesto Amazon”- jugó un papel una exconcejala trotskista (CWP) llamada Kshama Sawant, que ocupó un cargo en el Consejo Municipal entre 2014 y 2024, y ahora está realizando una campaña para representante nacional en oposición al actual representante demócrata Adam Smith. 
 El eje de la campaña de Wilson fueron reformas sociales super elementales, como la vivienda asequible (impuestos progresivos a los ricos para financiar vivienda social), crear refugios para las personas sin hogar y detener desalojos forzados, acceso gratuito y universal al cuidado infantil, reformas en el transporte y en su costo, entre otros; lo mismo que Mamdani. Respecto a la represión policial, Wilson ha apoyado la campaña “defund the police” (quitar presupuesto a la represión) luego del asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, pero en la campaña realizó propuestas moderadas. También similares a la de Mamdani, en cuanto a crear distintos servicios de “seguridad civil”, programas no policiales (salud mental, atención a adictos, etc.). 
 A diferencia de Mamdani, Katie Wilson no integra el agrupamiento DSA (“Demócratas Socialistas”). Por otra parte, si bien los integrantes de DSA de Seattle la votaron, no la apoyaban oficialmente, cuestionando que no integraba ni apoyaba la plataforma del grupo, sino que tampoco impulsaba la campaña BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) contra Israel, ni los planteos de recorte presupuestal a la policía. Según el DSA de Seattle, Wilson los acusaba de “automarginarse”. De todas formas, la posición del DSA aspiraba a “trabajar juntos” cuando Wilson fuera electa.
 Los Demócratas Socialistas, además de formar parte del Partido Demócrata -un partido de Wall Street, imperialista- son un grupo muy heterogéneo, con numerosos agrupamientos internos.
 Katie Wilson se diferencia de Kshama Sawant. En el artículo mencionado más arriba, el periodista resume así las diferencias: “Wilson sostiene que Sawant estaba empeñada en debilitar al Partido Demócrata, mientras que Wilson, también demócrata, deseaba colaborar con los demócratas tradicionales e impulsarlos hacia la izquierda” (Seattle Times, 13/9). La recién electa alcaldesa afirmó: “Como concejal, Kshama intentaba desmantelar el sistema”. “Pero la alcaldía es un cargo ejecutivo. No se puede postular a la alcaldía y decir que se quiere desmantelar el sistema. Se está pidiendo dirigir el sistema”. 
 El giro a la izquierda de parte del electorado demócrata alcanzó a votantes trumpistas, según se pudo apreciar en NYC, que también se expresó en otras elecciones, como en Minneapolis. Allí se presentó otro candidato “demócrata socialista”, Omar Fateh, quien desafiaba la reelección del demócrata sin aditamentos, Jacob Frey. Finalmente, el alcalde fue reelecto con 50% de los votos, pero Fathe (un inmigrante somalí, autodeclarado “socialista”) superó el 44%. Frey era apoyado por ambos partidos (Demócrata y Republicano), así como por el gobernador “progre” Tim Walz y la senadora Amy Klobuchar (del establishment Demócrata). 
 El triunfo de Katie Wilson se inscribe dentro de las derrotas de Trump y la elite dirigente Demócrata. Wilson esgrime el slogan de un Seattle “a prueba de Trump”. Las elecciones a la alcaldía fueron un reflejo del creciente repudio a la creciente desigualdad social y a la preponderancia política de los megarricos –una oligarquía concentrada en Seattle, además de Wall Street. Con independencia de las limitaciones insalvables de los candidatos “demócratas y socialistas”, en la mayor metrópoli antisocialista y anticomunista, o, más importante, de la confusión que difunde, es manifiesta la inquietud de las nuevas generaciones de trabajadores por una salida que acabe con la dominación de la oligarquía financiera (o, como se decía antaño, “las 400 familias”, hoy reducida en número en la cúpula billonaria. Es un punto de apoyo poderoso para luchar con la guerra imperialista y el fascismo. 

 Rafael Fernández 
 18/11/2025

martes, noviembre 18, 2025

Volver a Lenin - Con Atilio Borón

En la Mesa Redonda: Fidel y los estudiantes

Ecuador: el gobierno de Noboa sale derrotado en todos los puntos de un referendo nacional


Los ecuatorianos rechazan la instalación de un base militar de Trump. El gobierno del ultraderechista Daniel Noboa ha salido ampliamente derrotado del referéndum y consulta popular impulsado y capitaneado por él mismo; el Presidente pidió incluso licencia para encabezar la campaña. El punto central era derogar la disposición constitucional que prohíbe la instalación de bases extranjeras en el territorio. Noboa ha pactado con Trump la ex base norteamericana de Manta, en la frontera con Colombia y a un paso de Venezuela. Los otros puntos a plebiscitar eran reducir la Asamblea Nacional a 73 miembros, dejar de financiar con recursos públicos a los partidos políticos y discutir una nueva Constitución Nacional. 
 La expectativa del gobierno de ganar el referendo era alta, pues hace siete meses se había impuesto cómodamente en el balotaje presidencial ante la candidata Luisa González, apoyada - del partido Revolución Ciudadana. Las encuestas, publicadas solo al comienzo de la campaña electoral por disposición legal, daban un margen positivo al gobierno y anticipaban un escenario de 55% a 45%, similar al balotaje. Con su involucramiento personal. Mientras Noboa, un ricachón bananero, buscaba apuntalar este escenario, la oposición realizó una tímida campaña por el “No”. El correísmo incluso especulaba con poder intervenir en una subsiguiente reforma de la Constitución. Pero el rechazo fundamental vino de la CONAIE (Confederación Nacional Indígena) que hace solo semanas encabezó una amplia movilización contra el gobierno nacional contra la reducción de subsidios a la gasolina y el kerosén. 
 Finalmente, los resultados resultaron en un rechazo a las cuatro propuestas oficiales, que se votaban por separado. El mayor rechazo (60%) se centró en la instalación de bases militares norteamericanas en suelo ecuatoriano, a pesar de que ya habían sido autorizadas por el Parlamento. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Trump, incluso había viajado a Ecuador para inspeccionar los distintos lugares propuestos por Noboa para su instalación. Este acuerdo, encuadrado en la lucha contra las organizaciones “narcoterroristas”, incluía la aceptación por parte de Ecuador a recibir compatriotas deportados de manera regular. Cerca de 4 millones de ecuatorianos viven en el exterior; 30% de ellos, en suelo estadounidense. Además, el 57,31% de los ecuatorianos se negaron a que los partidos políticos se queden sin fondos públicos y el 52,74%, a que se reduzca su número de representantes en el Parlamento.
 La confianza de Noboa estaba situada en un supuesto apoyo popular a la lucha contra el crimen organizado. Ecuador, desde antes de la asunción de Noboa, se encuentra en una situación límite en cuanto las garantías constitucionales. El resultado ha sido una profundización de la violencia, abuso de autoridad por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, así como una violencia callejera sin precedentes en las barriadas obreras, con epicentro en Guayaquil. 
 El gobierno, en la breve campaña de dos semanas que consumió el plebiscito, esbozó muy pocas propuestas concretas sobre su interés en reformar la Constitución. El discurso se centraba en recortar aún más libertades individuales, ejercer mayor presencia de las Fuerzas Armadas – incluidas las norteamericanas. Por los márgenes, se fueron colando otras propuestas de diversas carteras ministeriales, como la de Trabajo. El ahora ex ministro, Ivonne Núñez, sugirió “que, en caso de una constituyente, se debe evaluar el trabajo por horas -una propuesta que ya ha perdido en plebiscitos anteriores- así como rever la entrega de décimos (aguinaldo) a los trabajadores en relación de dependencia.” (Infobae, 18/11) 
 El presidente ha solicitado la renuncia a todos los gobernadores y ministros del gabinete. El primero en abandonar su cargo fue Núñez, seguido de Danilo Palacios, de Agricultura. Otra renuncia esperada es la de Zaida Rovira, ministra de Gobierno, quien violó la Ley al participar de la campaña siendo funcionaria pública en ejercicio y recibió fuertes críticas. Para coronar, Edgar Lama, actual presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sería otra salida obligada tras destaparse una red de pagos privilegiados a empresas asociadas a su familia, dejando deudas millonarias del Estado con otros proveedores de la seguridad social. 
 El triunfo del “No” ha sido visto, por un lado, como un rechazo al rumbo autoritario del gobierno y a la escalada de la violencia callejera. Por el otro, ha sido visto como un rechazo al conjunto de los partidos políticos. Aunque Correa haya declarado que el “no” se impuso como resultado de la rebelión popular, su partido no ha movido un dedo por dicho triunfo. Incluso, en los momentos claves, el propio Correa acompañó el giro represivo del gobierno. Noboa fue derrotado en el terreno que buscaba imponer un régimen de autoridad personal: las votaciones plebiscitarias. El “Sí” solo logró imponerse en una provincia, Tungurahua ubicada en el centro del país. Aunque con un claro contraste entre las ciudades y los pueblos indígenas de la sierra, donde el “No” alcanzó el 80% de los votos (La hora, 17/11). 
 Esta derrota debe ser leída como un golpe al imperialismo, no solo por la pretendida instalación de bases militares, sino porque ellas representan un aval a una guerra por el cambio de régimen en Venezuela. 

 Joaquín Antúnez 
 18/11/2025