El operativo ‘Lanza del Sur’ cierra el espacio aéreo de Venezuela

Las Fuerzas Armadas de Milei se aprestan a intervenir en la guerra de Donald Trump y Marcos Rubio.

 Donald Trump ha advertido que el espacio aéreo sobre y cerca de Venezuela debe considerarse “completamente cerrado”, aumentando la amenaza sobre el país sudamericano. Esto se suma al fuerte despliegue militar del Comando Sur, al ataque a las barcazas —con un saldo de más de 80 víctimas fatales en el Caribe— y al anuncio de una inminente intervención terrestre, que Trump reiteró el pasado jueves al afirmar que comenzaría a perseguir a los narcotraficantes por tierra, utilizando un lenguaje calcado del que empleó Bush padre previo a la invasión a Panamá en 1989.

 A la vez, el Comando Sur lleva a cabo maniobras militares con Trinidad y Tobago y Panamá, reactiva la base en Puerto Rico, y República Dominicana cede al Pentágono el uso del aeropuerto internacional de Santo Domingo. 

 El anuncio del “cierre” del espacio aéreo, además de escalar la amenaza, provoca un grave perjuicio al país. Seis aerolíneas -entre ellas Iberia, TAP y Turkish Airlines- ya habían suspendido sus vuelos a Venezuela durante esta semana por la amenaza estadounidense, que primero se presentó de manera solapada como una advertencia de seguridad y ahora es una amenaza explícita de Trump. El gobierno de Nicolás Maduro respondió con la revocación de sus licencias para operar en Venezuela. 

 El argumento de Maduro es que las compañías no han suspendido los vuelos hacia los países limítrofes que comparten el espacio aéreo con Venezuela. Los aeropuertos, este fin de semana, continuaron operando, principalmente con líneas locales. Incluso siguieron llegando vuelos desde los “aliados” de Estados Unidos, como Trinidad y Tobago y Panamá, aunque con retrasos. 

 Maduro ha declarado el estado de alerta para la Fuerza Aérea del país y denunció que tales afirmaciones “representan una amenaza explícita de uso de fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca” por la Carta de las Naciones Unidas. 

 Estas amenazas de Trump se dan al mismo tiempo que el New York Times revelara una conversación telefónica que el fascista tuvo con Maduro la semana previa, acompañado por Marco Rubio —el principal promotor de una invasión a Venezuela—. El NYT ya había publicado los generosos ofrecimientos de riquezas minerales de Maduro, que fueron rechazados por Trump porque ninguno incluía su dimisión como presidente. 

 En el Miami Herald se revelaron las propuestas de Delcy Rodríguez —vicepresidenta de Venezuela— a Estados Unidos a través de la mediación de Qatar, en las que ofrecía la dimisión de Maduro y un gobierno de transición encabezado por la vicepresidenta. Estas propuestas habían sido rechazadas por Trump en abril. 

 Trump busca un cambio de régimen, La verborragia belicosa también le sirve para sus planes fascistas hacia dentro de Estados Unidos, a pesar de que esto genera tensiones con su base MAGA, a la que le había prometido dejar de gastar el presupuesto en guerras “inútiles”. 

 Las presiones para impulsar un ataque militar a Venezuela se multiplican. A tono con María Corina Machado, la jefa de la oposición ‘mileísta’ en Venezuela, el diputado Armando Armas, desde el exilio, planteó que la única salida es una invasión estadounidense, para impulsar cambios de régimen también en Cuba y Nicaragua. 

 Para Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial para Venezuela durante la primera administración de Trump, “ya pasó el punto de no retorno: el juego está en marcha, y o gana él o gana Maduro”. Abrams escribió que “no sería prudente ni necesario desplegar fuerzas terrestres en Venezuela”, pero derribar a Maduro “requerirá atacar algo más que lanchas narcotraficantes en aguas internacionales”. Por ello propone que el Pentágono amplíe su “lista de objetivos” y destruya “los sistemas de defensa aérea de Venezuela, los aviones F-16 en la base aérea de Palo Negro y los jets Sukhoi en la base aérea ubicada en La Orchila, una isla a unos 160 kilómetros de la costa”. También deberían atacar “las bases en el occidente venezolano usadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, la guerrilla colombiana a la que se adjudica la condición de aliada de Maduro. 

 Según análisis publicados por la revista Estrategia, el Pentágono evalúa reclutar migrantes —particularmente venezolanos— bajo la promesa de regularizar su estatus migratorio a cambio de servir en operaciones de “seguridad hemisférica”. Hay antecedentes: la CIA armó ejércitos irregulares con migrantes y refugiados en Afganistán, Irak y Siria. La diáspora venezolana, según la ONU, es de más de siete millones de personas desde 2014. 

 La región 

Sin embargo, la ofensiva no se limita a Venezuela. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum denuncia la intromisión directa de Estados Unidos en la política interna, mediante financiamiento a sectores opositores, operaciones mediáticas masivas —las convocatorias a las movilizaciones contra el gobierno fueron impulsadas por ocho millones de bots— y el uso del narcotráfico como herramienta para justificar intervenciones en materia de seguridad, mientras su policía y su ejército realizan tareas conjuntas con las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. 

 En Honduras, Trump ha amenazado con cortar el financiamiento si gana la oficialista Rixi Moncada y no el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, como finalmente ha ocurrido, en las elecciones presidenciales del pasado fin de semana. 

 Sin miedo a la alevosía, Trump anunció un inminente indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado el año pasado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico. Hernández está acusado de usar el aparato del Estado para traficar cocaína hacia Estados Unidos y de recibir un millón de dólares del Chapo Guzmán. Lo mismo ha intentado con Bolsonaro en Brasil y ahora con Netanyahu en Israel, incluso antes de que le dicten la condena. Trump es un amnistiador de criminales 

 Colombia es uno de los países blanco de los ataques de Trump, donde hay una presencia activa de más de 20 grupos armados ilegales, según la ONU. La advertencia del presidente Gustavo Petro de que Colombia no será plataforma de ataques contra Venezuela, ha provocado la cancelación de visas a todo su gabinete por parte de Washington y la suspensión de ayuda militar. 

 Mientras tanto, la Armada argentina avanza en un nuevo proceso de modernización tecnológica para sus destructores y corbetas clase MEKO 360 y MEKO 140; los pilotos argentinos ya están recibiendo entrenamiento en Estados Unidos y en Dinamarca; y la Casa Rosada continúa evaluando el momento oportuno para sumarse al operativo de Estados Unidos en el Caribe, ponderando la necesidad de una capacitación previa. La Argentina inmersa en la guerra mundial: la letra chica del acuerdo Milei–Trump. 

 Aldana González

 02/12/2025

Milei coopta tránsfugas para conseguir una primera minoría en el Congreso

Una corruptela indigesta que ha reducido a la nada a la ‘oposición’. 

 A pocas horas de la jura de los nuevos diputados y de la conformación de las autoridades de la Cámara, el gobierno de Milei se encuentra cerca de arrebatarle la primera minoría al kirchnerismo. En el actual conteo en Diputados, los liberticidas han sumado 92 bancas frente a las 94 que todavía detentan quienes siguen “Unidos por la Patria”. Ese número del gobierno supera a los que cosechó como resultado de las elecciones de octubre. La diferencia se conforma principalmente con los emigrados del radicalismo y del PRO, que han quedado reducidos a la mínima expresión. Ahora, las expectativas de LLA pasa por recortar bancas al peronismo. Cuatro diputados del gobernador catamarqueño Jalil podrían abandonar la UP y pasarse, si no al gobierno, sí a un interbloque “intermedio” que constituyó el gobernador salteño Sáenz. Aquí revistan los tucumanos y misioneros de Jaldo y Passalaqua, junto a los mileistas emigrados del MID y los de Marcela Pagano. De este modo, Sáenz le presta un servicio invalorable a Milei – al sustraerle diputados a los K. 

 Detrás de este apoyo a Milei, están los intereses mineros. La moneda de cambio para que Jalil y sus diputados abandonen a la UP es devolverle al gobernador el control del YMAD, la empresa que lucra con las concesiones mineras privadas a cuenta del estado catamarqueño y de la Universidad de Tucumán. Las autoridades de la UNT soportan un juicio por malversación de los fondos del YMAD – es probable que el pacto del Congreso contemple también garantías de impunidad en este plano. Naturalmente, los acuerdos de Diputados tendrán su repercusión en el Senado: Milei se ha asegurado veinte bancas propias, incluyendo a la sospechada narcotraficante Lorena Villaverde. Pero el peronismo se ha desangrado: un “bloque de gobernadores” está negociando el apoyo a las iniciativas libertarias a cambio de prebendas presupuestarias y del aval para endeudarse. 

 Flojo de papeles 

El gobierno conseguiría un dominio del Congreso que supera significativamente al que hubiera resultado de los cómputos electorales. “Se está violando la soberanía popular”, brama un diputado kirchnerista, como si los contubernios y cooptaciones no se hubieran repetido bajo todos los regímenes y partidos en presencia, y en especial bajo los K. Los cooptados, sin embargo, se han subido al carro de un gobierno ultrahipotecado. Milei y Caputo llegan a fin de año sin haber firmado los papeles de nuevos préstamos con los bancos internacionales para pagar los vencimientos de deuda del año que viene, mientras vacía al Banco Central de sus escasas reservas. El “megapréstamo” de bancos privados anunciado durante la campaña electoral ha desaparecido en apariencia. El “swap” de Bessent y Trump todavía tiene que pasar la prueba, pues el propio Bessent le negó al gobierno argentino los avales que reclamaba la banca privada para refinanciar los vencimientos de deuda. En esas condiciones, Caputo y Milei dependen de créditos de monto menor y alto costo (REPO), que levantan una hipoteca explosiva. Los cierres de grandes empresas han agudizado la crisis industrial y movido el tablero de sus capitanes. Domingo Cavallo ha vuelto a la calle para urgir una liberación del mercado cambios (la devaluación). 

 Los gobernadores apuestan a resolver sus crisis presupuestarias sobre la base de un mayor endeudamiento. En este club que aboga por la “baja del riesgo país”, ocupa un lugar privilegiado el ´renovado´ Axel Kicillof, que está enredado en una pelea con La Cámpora y CFK, para conseguir que voten un endeudamiento de 3.000 millones de dólares para la Provincia. Esto ha dado lugar a una siniestra repartija de puestos en el poderoso Bapro, a cambio de los votos. 

 Milei está trabajando en la composición de una nueva Corte – algo que también se dirimirá en negociaciones. Un alfil del sionismo, el abogado Miguel Licht, se ha anotado en la partida. 

 Milei termina su segundo año del mismo modo que Macri lo hizo en 2017: celebrando una elección victoriosa y anunciando que redoblará su plan de guerra contra los trabajadores. A Macri, un soplo del mercado financiero internacional bastó para patearle el rancho e iniciar una declinación imparable. Las condiciones que Milei enfrenta hoy son significativamente más precarias: los observadores advierten del estallido de una nueva burbuja global, que anticipa en estas horas el derrumbe del criptomercado. En el plano interno, el impasse del régimen financiero de Milei-Caputo es evidente. Con ese telón de fondo, el súbito reforzamiento del gobierno libertario no hará sino potenciar el estallido de sus contradicciones. 

 Marcelo Ramal 

 02/12/2025

Buenos Aires: La Cámpora y los libertarios amenazan a Kicillof con el ‘default’

La provincia de Buenos Aires atraviesa un cuadro de quiebra financiera que se ha puesto de manifiesto a partir de la sanción del presupuesto provincial de 2026 y, por, sobre todo, de las frenéticas negociaciones para aprobar una Ley de Financiamiento y habilitar un nuevo endeudamiento financiero.

 El presupuesto aprobado supone gastos totales por unos $43 billones, mientras que los recursos totales alcanzan los $41,5 billones –de ahí la necesidad perentoria de poder acceder a financiamiento externo. Se establece la declaración de la emergencia económica en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2026 y prorrogable por un año. Los fundamentos de la ley plantean que la situación deficitaria “es causada por la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que corresponden a la provincia”. No señala, sin embargo, los subsidios y exenciones impositivas al gran capital, ni el congelamiento de los valores del impuesto inmobiliario al capital agrario. El establecimiento de una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación, significa un aumento de recursos del 20,2% y del 17,7% de los gastos totales. Se empeorará la ruinosa infraestructura urbana, los salarios y la educación y salud pública. No está previsto gasto alguno para la reactivación del Astillero Rio Santiago. 

 Kicillof se apresta a gobernar mediante un fuerte ajuste de los gastos sociales, reforzando la subvención impositiva a las grandes riquezas. Los legisladores ‘libertarios’ y los resabios del PRO han votado en contra del proyecto y denunciado que los ‘impuestos que asfixian a los bonaerenses’. El FITU denunció que se trata de un ‘presupuesto de ajuste’.

 El acuerdo mayoritario para aprobar presupuesto reunió a todas las facciones del peronismo; Kicillof tuvo que condonar deudas de los municipios provenientes de la pandemia. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la solicitud de endeudamiento - US$ 3.035 millones que exige los dos tercios de los votos. El punto fundamental de discordia es cómo se repartirán los ingresos del endeudamiento. Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes, encabeza una campaña que denuncia a Kicillof por asfixia presupuestaria del municipio. En cualquier caso, los US$ 3.035 millones estarán destinados mayoritariamente a pagar intereses y representan solo el 30% del total de la deuda externa actual de la provincia que pegó un salto enorme durante el gobierno de Vidal y continuó siendo ‘honrada’ luego por Kicillof. 

 El otro punto del ‘toma y daca’ establecido para conseguir la autorización para contraer deuda, son las bancas en el directorio del Banco Provincia ($ 80 millones de sueldo por mes). Según Clarín, solo luego de aprobarse estos pliegos que requiere la modificación de la Carta Orgánica del Banco, vendrían los votos para el endeudamiento. Antes de esto, Kicillof ya había tenido que ceder asientos en organismos de control, en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de la Provincia. 

 En medio de estas negociaciones, voceros de Kicillof deslizaron que “podría tener dificultades para pagar aguinaldos de 550.000 empleados públicos que tiene la provincia”. Esta extorsión fue recibida por parte de los Baradel con una campaña en apoyo al gobernador. Cuando se votó el presupuesto provincial, una nutrida columna de docentes principalmente de La Plata, Ensenada y Berisso convocados por la Multicolor, se movilizó para rechazar los ajustes salariales y educativos. 

 Emiliano Fabris 

 02/12/2025

CON FILO | O Caracas o Washington

El nuevo gobierno de Japón amenazó a China con enviar tropas a Taiwán

¿Por qué Takaichi refuerza los rasgos guerreristas del régimen japonés? 

 La nueva premier japonesa Sanae Takaichi amenazó con enviar tropas a Taiwán si es que China incurre en un conflicto contra el gobierno de la isla. Xi Jinping, el mandamás chino, respondió con maniobras militares y sanciones económicas; mientras que el gobierno nipón movilizó aviones de guerra y sacó a relucir sus misiles. Tokio es un aliado de Estados Unidos en su cruzada contra el gigante asiático, en un escenario político internacional signado por el recrudecimiento de los choques comerciales y de las tendencias a la guerra.

 La posición que tomó Takaichi no cayó para nada bien en los círculos de poder del régimen chino. Pekín considera a Taiwán, que está a poco más de 100 kilómetros del territorio japonés y se encuentra situada en rutas marítimas vitales para Japón, como parte de su territorio. Xi Jinping impulsó la realización de maniobras con fuego real en el mar Amarillo y desplegó patrullas de guardacostas cerca de islas en disputa –Senkaku y Diaoyu– administradas por Tokio. 

 Además, suspendió las importaciones de productos marítimos japoneses e instó a la población a cancelar viajes a Japón –golpeando su industria turística. 

 El gobierno japonés, por su parte, movilizó aviones de combate tras haber detectado supuestamente un dron chino volando muy cerca de su isla Yonaguni –la más próxima a Taiwán–, desplegó misiles y anunció que movilizará nuevos sistemas antimisiles. El presidente norteamericano Donald Trump, aliado del régimen nipón, aconsejó a Takaichi no provocar a Pekín. 

 La lideresa del Partido Liberal Democrático (PLD) viene intensificando los rasgos guerreristas del régimen nipón. Comanda un gobierno nacionalista militarista de choque contra los trabajadores y se ha alineado a Estados Unidos tanto en el terreno económico como en el bélico. La premier quiere reformar la Constitución para darle un mayor protagonismo al Ejército y prepararlo para la guerra imperialista, y anunció que llevará el gasto en defensa al 2% del PBI. 

 El artículo 9 de la Constitución japonesa, que rige desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, coloca límites al gobierno para librar una guerra en el extranjero. En 2015, el gobierno de Shinzo Abe, de quien Takaichi se dice heredera, impuso una legislación que permite al país del sol naciente librar una guerra siempre y cuando impere una “situación que ponga en peligro la supervivencia” (ataques contra un país que mantenga una relación estrecha con Tokio, por ejemplo). 

 No obstante, los gobernantes que precedieron a Takaichi en el poder han avanzado de alguna u otra forma en el reforzamiento de las Fuerzas de Autodefensa, el Ejército (JSDF). Japón adquirió armamento ofensivo que incluye cazas F-35, vehículos anfibios y dos portaviones (EnOrsai, 12/1). Está en un proceso de rearme, con su presupuesto militar ininterrumpidamente en ascenso hace años, con vistas a transformarse en la tercera potencia militar más poderosa del mundo a fines de esta década. 

 Tokio adquiriría más misiles de largo alcance y está barajando la posibilidad de comprar submarinos de propulsión nuclear. El régimen nipón almacena suficiente plutonio como para fabricar hasta mil ojivas nucleares y tiene un sistema de misiles capaces de portarlas. Y, en el país de Hiroshima-Nagasaki y el desastre de Fukushima, Takaichi ya dejó en claro que está a favor de hacerse de pertrechos atómicos.

 Japón flexibilizó en 2024 los controles a la exportación de armas, que está restringida por la Constitución. Como parte del mayor acuerdo de exportación en materia de defensa de Tokio, Australia le compró 11 fragatas construidas por Mitsubishi (Fortune, 5/8). Canberra también se está rearmando e integra Quad, la OTAN asiática de la que también son parte Japón, India y Estados Unidos. 

 Estados Unidos tiene establecidas miles de tropas y bases militares en Japón. Se calcula que la isla de Okinawa alberga el 70% de las bases, con unos 80.000 estadounidenses –de los cuales 30.000 son militares uniformados–, aunque hace tiempo se viene procesando una retirada. El imperialismo también posee miles de tropas en Corea del Sur, aliado en su lucha contra Corea del Norte. A esto hay que sumar las maniobras militares en el Mar de China Meridional, zona cuya disputa tensiona constantemente las relaciones entre Washington y Pekín. 

 El 97% de las armas que importa Japón proviene de Estados Unidos. Tokio fue el principal comprador de pertrechos en Asia y Oceanía, región que absorbió el 28% de las exportaciones armamentísticas estadounidenses entre 2020 y 2024. 

 Takaichi viene de refrendar el compromiso de Japón de invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, a cambio de que los aranceles contra su país se mantengan en un 15% –por debajo del 25% que anunció Trump en el “Día de la Liberación”. Ambos países han cerrado, asimismo, acuerdos vinculados a minerales críticos y tierras raras, sector en el que China mantiene una primacía; así como Japón se comprometió a comprar camiones Ford. Se ha dejado trascender que avanzarían en la construcción conjunta de reactores nucleares, de la que se beneficiarían empresas como Toshiba y Mitsubishi (El País, 28/10). Tras el cónclave Trump-Takaichi, que tuvo lugar hace poco, se anunció una “nueva era dorada” en las relaciones bilaterales. 

 Panorama japonés

 Takaichi llegó al poder a fines de octubre pasado, con el apoyo del opositor Partido de Innovación (Ishin), una formación derechista. Con todo, tras las elecciones, la oposición terminó quedándose con una mayor cantidad de escaños. Este escenario se configuró luego de que el entonces primer ministro Shigeru Ishiba dimitiera por la derrota que sufrió en otro proceso electoral, que terminó con el oficialismo perdiendo la mayoría en las dos cámaras de la Dieta Nacional –el parlamento nipón. El PLD también se quedó sin el apoyo de su socio tradicional, el partido Komeito. La primera ministra nipona se define como admiradora de Thatcher y dijo que su objetivo es ser la “dama de hierro”. 

 Durante sus años en el poder, el PLD ajustó fuertemente el gasto público en atención sanitaria y en seguridad social. A la par, en los últimos 30 años, se redujo el impuesto sobre las ganancias corporativas de un 50 a un 15%. La economía japonesa está estancada hace años. El salario real promedio por hora de todos los trabajadores, que sufren una explotación extremadamente intensa, bajó un 10% desde su máximo en 1997. El ratio deuda/PBI es superior al 200%. Los precios se encuentran elevados. Hay una tendencia de los capitalistas a invertir en bonos gubernamentales y en el mercado de valores (Michael Roberts en The Next Recession, 19/7). En este marco, la inversión no repunta. Y los vientos de la crisis capitalista mundial soplan en contra de la economía japonesa. 

 Nazareno Suozzi

Encuentro antivacunas en el Congreso

En el marco de un descenso histórico de las tasas de vacunación y del resurgimiento de enfermedades como Sarampión y Coqueluche. 

 El jueves 27 de noviembre se realizó un polémico evento llamado “¿Qué contienen realmente las vacunas?” en uno de los anexos de la Cámara de Diputados. El mismo estuvo encabezado por la diputada chaqueña del Pro Marilú Quiroz. La jornada contempló charlas como “Vacunas de calendario y autismo” y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”. Durante el evento, médicos e invitados expresaron de manera abierta una postura antivacunas como única línea de opinión. Por ejemplo, se exhibió una performance en donde se colocaron objetos metálicos sobre el pecho semidesnudo a un hombre para demostrar una supuesta magnetización luego de la aplicación de dos dosis de la vacuna AstraZeneca. En otro panel se vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral para prevenir el Sarampión. También se afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”, como si la salida frente a las corruptelas y las grandes ganancias que acumulan farmacéuticas y laboratorios viniese de la mano de restringir el acceso de la población a las mismas. 

 La advertencia de los profesionales de la salud, desoída

 La realización de este evento fue advertida previamente por distintos profesionales de la salud. Desde el Colegio de Médicos, dirigieron una carta al ministro de Salud Mario Lugones solicitando levantarlo debido a que “puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o generar dudas respecto al valor de las vacunas”. Resaltaron, además, que representaría “un enorme peligro, sobre todo en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, enfermedades que, habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, están re-emergiendo como problemas sanitarios de peso”. En la misma línea se expresaron la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Virología, la Sociedad Argentina de Microbiología y la Sociedad Argentina de Medicina quiénes rechazaron la realización del encuentro antivacunas dirigiendo una carta a Martin Menem “considerando que dicha actividad atenta contra la salud pública”. También rechazaron el encuentro Ángela Gentile, Presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaln)y Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Estos reclamos no tuvieron respuesta. 

 Los pronunciamientos tardíos del PRO y el Ministerio de Salud

 El Pro y el Ministerio de Salud se pronunciaron luego de los hechos consumados. En sus redes sociales, el Pro publicó “creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos”. El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, difundió un comunicado firmado por todas las provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, excepto la provincia de Buenos Aires y Formosa. El mismo expresa, entre otras cosas, que la vacunación es una política sanitaria indispensable y “reafirman el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda de manera gratuita y oportuna a todas las vacunas del calendario” (Argentina.gob.ar, 29/11/2025) . Para el ministerio y las provincias firmantes, “proteger a nuestros niños es la prioridad” (ídem), mientras desmantelan al hospital Nacional de pediatría Garrahan y castigan con sumarios administrativos a los trabajadores que luchan para defenderlo. Kreplak, ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, se quejó en las redes sociales por haber sido “excluido” del comunicado, solicitando un lugar entre los liberticidas y sus aliados. 

 La caída histórica de la tasa de vacunación

 Lo cierto es que asistimos a la proliferación de enfermedades que se consideraban erradicadas en el contexto de cierre y desmantelamiento de programas, despidos de profesionales de la salud y de la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país se volvió a emitir una alerta epidemiológica (26/11/2025) tras confirmar que cuatro ciudadanos uruguayos con sarampión ingresaron al país desde Bolivia y viajaron por territorio argentino entre el 14 y el 16 de noviembre. A su vez, este año murieron siete niños por tos convulsa (Coqueluche). Ninguno tenía esquema completo ni hubo inmunización en el embarazo.

 La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente. De acuerdo a un informe publicado en su portal (15/11/2025), en el año 2024, ninguna de las vacunas analizadas alcanzó la meta programática del 95 % establecida para asegurar la inmunidad colectiva. Siguiendo este informe, la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46 % en 2024 y más de 115.000 lactantes no completaron esquemas fundamentales para prevenir enfermedades como la difteria, la hepatitis B, la poliomielitis y la tos convulsa. Por su parte, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN, 25/11/2025) afirma que la situación en cuanto a la vacunación contra Coqueluche (Triple bacteriana acelular) muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. 

 Una política privatista alineada con Estados Unidos 

El cuestionamiento a las vacunas atenta contra la obligatoriedad de las mismas y, por ende, contra la distribución gratuita de todas aquellas que están incluidas dentro del Calendario de vacunación, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27491. La realización del encuentro antivacunas en el congreso es la continuidad de una política privatizadora de la salud, por ese motivo funcionarios liberticidas y sus aliados, pese a las advertencias, sólo se prestaron a emitir comunicados con recomendaciones luego de consumado el encuentro. Pretenden imprimir al país la misma política de destrucción y desmantelamiento del sistema de salud público que están desarrollando en los Estados Unidos Trump y el Secretario de Salud “antivacunas” Mr. Kennedy.

 Daniela Magoc 

 30/11/2025 

Fuentes: 

 https://sap.org.ar/comunicaciones 

 La tensión detrás del comunicado por el acto antivacunas: las acusaciones cruzadas entre la Provincia y Nación - LA NACION

 El comunicado de los ministerios de Salud del país tras el acto antivacunas en el Congreso - LA NACION 

 Ley simple: Vacunación | Argentina.gob.ar 

 Actualización del Boletín Epidemiológico Nacional de la SE N° 46 | Argentina.gob.ar 

 Las vacunas son seguras y salvan vidas | Argentina.gob.ar

Milei y los gobernadores quieren destruir la Ley de Glaciares, movilicemos en todo el país para impedirlo

Masifiquemos la jornada de lucha del 4 de diciembre que convocan asambleas y coordinadoras socioambientales. 

 El gobierno del presidente Javier Milei, como parte de todas las reformas antiobreras que pretende imponer en el próximo período, va también por una modificación de la Ley de Glaciares.

 Todavía no está muy claro si intentará contrabandear los cambios en la Ley de Presupuesto o si lo haría a través de un proyecto independiente, con una ley complementaria, o la derogación directa de la norma. Pero lo que está claro es que busca que la determinación de las áreas periglaciares quede en manos de las provincias, a sabiendas que estas lo harán de acuerdo a la conveniencia de las empresas mineras y no de la preservación de los glaciares y las necesidades vitales de la población. 

 El presidente ya cuenta con el apoyo de gobernadores de provincias mineras como San Juan, Salta, Jujuy, Mendoza y Catamarca, quienes además han conformado la “mesa del cobre”. 

 La que expresó con total claridad cuál es el objeto y el apuro de avanzar con esto es la recientemente asumida senadora nacional por Salta, Flavia Royón, quien fue funcionaria del gobernador Gustavo Sáenz, de Alberto Fernández y de Javier Milei. En el programa "Ahora Energía" del streaming Ahora Play Royón dijo que el 80% de los proyectos de cobre están afectados por la Ley de Glaciares y habla de un “sentido de urgencia” porque el Rigi vence en julio del 2026. 

 La reforma no solo es exigida por las empresas mineras. También el imperialismo yanqui y sus representantes en el país, como Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), quien en una conferencia mencionó la Ley de Glaciares como una de las siete reformas que le piden a Milei. 

 Que las empresas mineras se quieran llevar puesta la Ley de Glaciares no es ninguna novedad. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner vetó la primera ley sancionada, luego de un encuentro en Canadá con el presidente de la Barrick Gold al que fue acompañada de varios gobernadores de provincias cordilleranas. 

 Recordemos también que Barrick Gold y Argentina Gold, junto a la provincia de San Juan, hicieron un planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia, que consideró que no se había demostrado que la ley les produjera algún daño, y que la protección del ambiente debe ser una tarea conjunta de la Nación y las provincias. 

 De modificarse la ley se estaría violando el principio de no regresión ambiental que establece que las modificaciones o derogaciones de las normas no se pueden hacer si implican una disminución en los niveles de protección. Esto está mencionado en el Acuerdo de Escazú, al cual nuestro país está adherido por ley. 

 Para el próximo 4 de diciembre asambleas y coordinadoras socioambientales convocan a una jornada de lucha en defensa de los glaciares. Vamos a impulsarla, con la perspectiva de que sea el puntapié de una masiva movilización para derrotar esta reforma, defender los glaciares y el agua, como parte de la lucha general de los trabajadores para derrotar la avanzada antiobrera de Milei. 

 Pablo López

Antivacunas en el Congreso, para encubrir el ajuste y la responsabilidad política en la crisis sanitaria

Por la caída de las vacunaciones regresan enfermedades que se tenían virtualmente erradicadas. 

 Un evento organizado por una diputada "liberal" del Pro. 

La diputada del Pro, Marilú Quiroz, organizó un evento antivacunas en el Congreso de la Nación, dejando imágenes desopilantes como la del “hombre imán”, en medio de un rebrote de diversas enfermedades y patologías como resultado de una caída histórica de los índices de vacunación y del ajuste sobre la salud pública y las campañas sanitarias. Los discursos antivacuna funcionan como un marco teórico de las políticas de ajuste sobre la salud, invitando a la población a “desafiar los establecido” infligiéndose un daño, con una conducta peligrosa para la sociedad y la salud comunitaria y beneficiosa para los ajustadores como Milei.

 El evento fue convocado bajo la consigna “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, alimentando de entrada intrigas y sospechas infundadas sobre las vacunaciones, y tuvo lugar en el auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados, donde participaron distintos expositores en paneles sobre “Vacunas calendario y autismo” y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”. El trasfondo de todo este circo es el reclamo de la diputada –que se reconoce liberal- de eliminar la obligatoriedad del Calendario Oficial de vacunas, lo que solo sirve al interés del ajuste oficial. 

 Esta actividad de propaganda contra las vacunas y el combate de epidemias sanitarias e infecciosas se da a mismo tiempo que las autoridades nacionales y los organismos especializados detectan un reaparecimiento de enfermedades casi erradicadas, como producto de una abrupta caída de la vacunación justamente por culpa de la desinformación y las tendencias anticientíficas contra las vacunas y por responsabilidad del Estado y el ajuste en las campañas sanitarias de información y vacunación de la población.

 Según Florencia Cahn, directora de vacunas de la Fundación Huésped, “estamos cursando un brote de sarampión. La teníamos controlada. Necesitamos vacunarnos para protegernos”. Mientras aparece latente la amenaza del rebrote de otras enfermedades y patologías donde la vacunación ha caído a niveles alarmantes, por debajo de la mitad de la población indicada. 

 La imagen más destacada del evento fue quizás el momento donde fue presentado el “hombre imán”, quien supuestamente exhibió las “secuelas” de la aplicación de dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, abonando la tesis infundada de una supuesta magnetización como efectos secundario de las vacunas. O la llamativa vinculación de la vacunación de la Triple Viral con un supuesto aumento de los casos de autismo. Y otros desbarranques como la supuesta presencia de aluminio en sangre como resultado de la aplicación de vacunas. 

 Todo el evento estuvo dominado por el espíritu que rodea las convocatorias de este tipo, donde un puñado de personas, con profesiones diversas –alguno que otro con título universitario- realiza afirmaciones infundadas y categóricas sobre el sistema sanitario y las vacunas, sin evidencia científica alguna y/o respaldo académico con un mínimo nivel de validación y constatación entre pares, apelando a supuestas pruebas sin chequeo alguno y datos de dudosa procedencia. Un discurso que solo puede ganar terreno y encajar debido al desprestigio y la desconfianza de las instituciones del poder, en el que anidan todo tipo de teorías conspiranoides las cuales, en su mayoría, son funcionales al mismo poder. 

 Esta desconfianza también surge del caracter oligopólico de la producción de vacunas en manos de un puñado de farmacéuticas y capitalistas internacionales, cuyo interés privado ha dado lugar a diversos problemas sanitarios, incluidos casos de medicamentos con efectos secundarios y adversos y/o contaminados por procesos productivos defectuosos y controles laxos. Esto demanda la necesidad de promover la producción pública e independiente de las patronales, con propósitos sanitarios y los controles en manos de los trabajadores y profesionales.

 Estas políticas negacionistas se inscriben en una lógica de atentado directo contra la salud pública, justificando las políticas de ajuste del gobierno nacional y la restricción de vacunas y límites al acceso a la salud en nombre de la “libertad”. No solo afectan a la exposición directa de quienes no se vacunan sino también a la afectación de aquellos grupos vulnerables que no pueden vacunarse y que son expuestos al contagio de diferentes enfermedades que se creían controladas. 

 Hay que terminar con estos discursos anticientíficos y negacionistas, develando su verdadero trasfondo que intenta justificar el ajuste en Salud, y poner en pie una fuerte campaña sanitaria y de vacunación para revertir el cuadro crítico actual y la emergencia de viejas epidemias y enfermedades. Una idea que choca contra el Presupuesto de ajuste del Milei y que requiere de más fondos para la salud pública y las políticas sanitarias. 

 Marcelo Mache

Chihuido de la Sierra Negra

Otra muestra de la ingeniería cartográfica del negocio petrolero. 

Al inicio de los años 70 el área Chihuido de la Sierra Negra junto a su cercana Puesto Hernández son dos áreas de la zona norte de Neuquén y que dieron lugar, a partir de un asentamiento de YPF, al nacimiento de lo que luego fue la localidad de Rincón de los Sauces. Al inicio de los 90 según datos del IAPG (citado en LMN del 27/10/2018) Puesto Hernández producía 9000 m3/día (56.250 barriles diarios) y Chihuido de la Sierra Negra 2265 m3/d (14.150 barriles por día). 

 Para tener una referencia hoy la tercera área que más barriles diarios produce es Bandurria Sur con 58.300. Lo cual da una idea de la magnitud de la producción convencional de aquella época.

 Hoy en una producción Convencional que es apenas una sombra de aquella de hace 35 años atrás, Chihuido de la Sierra Negra y Puesto Hernández son noticia porque el CEO de YPF S.A. anunció que serán devueltas como áreas maduras en las cuales la empresa ya no tiene interés… pero no aclara que antes de llegar a este punto, ocurrieron “cosas”. 

 La ingeniería cartográfica y contractual 

YPF S.A. no devuelve todo el área Chihuido de la Sierra Negra, se quedó con uno de sus bloques, el denominado Narambuena que abarca un tercio (220 kilómetros cuadrados del área del cual se separó), donde comparte la titularidad con Compañía de Desarrollo No Convencional SRL (CDNC) y en la cual el año pasado solicitó una concesión no convencional. 

 Como ya se dijo en otro artículo respecto al desguace de Los Toldos, en este caso YPF S.A. y CDNC se quedaron con la parte del león y devuelven el resto.

 Este tipo de operatorias copia la ejecutada a través de la empresa Compañía Hidrocarburos No Convencional SRL (CHNC) la que formó parte de la siniestra trama por la cual YPF S.A. a través de un pacto secreto terminó entregando a Chevron parte de Loma Campana. Esto se inició con la cesión del 50% de Loma Campana a… CHNC SRL, creada días antes y que es propiedad de la propia YPF S.A. pero no la controla directamente sino a través de las off-shore y II radicadas en el paraíso fiscal del estado de Delaware en EEUU. 

 Por su parte Chevron preparó lo suyo creando en otro paraíso fiscal (Bermudas) la controlada Chevron Overseas Finance. Es mediante un acuerdo entre YPF Shale Oil Investment I (que controla CHNC SRL) y Chevron Overseas Finance que CHNC SRL se hace del 50% de Loma Campana. 

 Una madeja de pasamanos, pactos secretos y todo tipo de maniobras nada transparentes. La provincia de Neuquén trató de darle un velo de “legalidad” a esa trama, emitiendo el Decreto 2420/13 por el cual se autoriza esa cesión, donde se aclara, para mayor enredo aún que CHNC SRL pone su 50% en Loma Campana como garantía a favor de YPF Shale Oil Investment I. Bueno, CHNC SRL sentó el oscuro antecedente, en los sótanos de los paraísos fiscales del mundo, para la operación en el área Narambuena escindida de Chihuidos de la Sierra Negra. 

 Así otra área de la zona norte de Neuquén, con el aliento del nuevo oleoducto Vaca Muerta Norte se anota al negocio de la exportación. 

 “La Neuquinidad” ya tiene su propio pacto Chevron 

En un alarde de creatividad YPF S.A. tuvo otro acuerdo con Chevron, en este caso para el área Narambuena. Por lo que poco tiempo después de lo de Loma Campana, YPF S.A. creó otras dos empresas, homónimas de las dos primeras, en el estado de Delaware, y creó en nuestro país, en otro alarde de ingeniosidad, la empresa Compañía de Desarrollo No Convencional SRL (CDNC) bajo control de las nuevas empresas creadas por YPF S.A. y le transfirió el 50% del área Narambuena.

 La última novedad sobre el área Narambuena es que el pasado mes de marzo el boletín de prensa oficial del gobierno neuquino anunció que la provincia otorgó cuatro nuevas concesiones no convencionales, una de ellas es el área Narambuena. Y aunque se dice que se adjudica esas concesiones a YPF S.A., el 50% lo tiene CDNC SRL una subsidiaria que la estatal no controla ni ejerce ningún dominio. 

 Tanto en el caso Loma Campana como en el caso Narambuena en Argentina se crean Sociedades de Responsabilidad Limitada, tipo de sociedades donde los socios no responden personalmente por las deudas de la sociedad, sino que su responsabilidad queda limitada al capital social que hayan aportado. Estamos ante otro caso de desguace de áreas primigenias, a partir de data previamente recogida, que se hacen de concesiones no convencionales por 35 años con vistas a la exportación. “

La Neuquinidad” ni se sonroja de otorgar estas concesiones a empresas creadas al efecto bajo el dominio de empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, las que tendrán el dominio de los hidrocarburos extraídos hasta el año 2060 (varias generaciones por venir). El Ministerio Público Fiscal ni se sonroja, pero tampoco investiga a pesar de su declarado objetivo de lograr transparencia con los recursos del Estado. 

 Norberto E. Calducci

Prensa Obrera

El PRT-ERP. La guerrilla marxista: Charla a cargo de Pablo Pozzi.

Probado compañerismo

En 1973 Fidel es recibido en Hanói por el primer ministro vietnamita, Phan Van Dong.

Cuba y Vietnam tienen una hermandad fuera de serie. He aquí algunos hitos 

 Los desastres naturales se ensañaron con Vietnam en 2025: la VNA informa sobre la muerte o desaparición de 409 personas y pérdidas económicas de 3.27 000 millones de dólares. Además, cientos de miles de viviendas, hectáreas de arrozales y otros cultivos fueron destruidos o quedaron bajo las aguas. 

 A pesar de dichos estragos, la nación vietnamita apela a ese espíritu de resiliencia tan suyo y se levanta. También las muestras de apoyo a nivel internacional no se han hecho esperar. En ese sentido las máximas autoridades de Cuba manifestaron sus condolencias, y reiteraron toda la solidaridad al Partido, gobierno y pueblo de Vietnam por las pérdidas en varias de sus provincias. 

 Así debe ser, porque entre nosotros hay lazos muy fuertes, los cuales se expresan vívidamente en acciones concretas: ante el huracán Melissa por el oriente cubano, Vietnam volvió a decir: “¡Aquí estoy!”. 

 Siguiendo la estela de nuestra hermandad es preciso referirnos a que Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con la tierra de los anamitas. Eso sucedió el 2 de diciembre de 1960, cuando el joven gobierno revolucionario estimó la pertinencia de mantener vínculos estrechos con la nación asiática; los lazos bilaterales fueron promovidos por Fidel, el Che y otros altos dirigentes cubanos. 

 Debe destacarse la gran admiración hacia Vietnam del Comandante en Jefe, quien había leído sobre la épica batalla de Dien Bien Phu, en 1954, en la que fue derrotado el colonialismo francés. Luego vendrían nuevos sucesos y luchas contra el invasor estadounidense, cuyo final tuvo lugar en 1975, cuando se logra reunificar el país indochino. 

 En cada una de esas circunstancias la mayor de las Antillas siempre estuvo del lado de Vietnam, en un acompañamiento en diversos escenarios. Por ejemplo, en 1961 llega a La Habana la primera delegación oficial vietnamita para participar en las festividades del 1⁰ de Mayo. Al año siguiente recibimos en Cuba a un grupo de jóvenes para estudiar español; se dinamizó así la cooperación educativa, sostenida en el tiempo en disimiles carreras universitarias. Otro hito fueron nuestras donaciones de azúcar en miles de toneladas métricas. 

 En 1963 se crea el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, antecesor de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, cuya primera presidenta fue la Heroína del Moncada Melba Hernández. Tres años después, Fidel haría una declaración memorable en el marco de la Conferencia Tricontinental: “porque al pueblo de Vietnam estamos dispuestos a darle no ya nuestro azúcar, sino nuestra sangre, ¡que vale mucho más que el azúcar! Y eso lo sabe perfectamente bien el pueblo de Vietnam y la dirección del heroico Partido Comunista de Vietnam”. 

 Y cómo olvidar el encuentro entre el general de Ejército Raúl Castro y el líder Ho Chi Minh, o a los profesionales de la salud cubanos, quienes incluso desafiaron los bombardeos yanquis. Tampoco escapa de nuestra memoria la histórica visita de Fidel, en 1973. Entonces tuvo múltiples contactos con el pueblo, conversaciones oficiales, recorrido por la casa y el sitio de trabajo de Ho Chi Minh (fallecido en 1969), y su sumamente recordado intercambio en los territorios liberados del sur, aún objetivos de bombardeos estadounidenses.

 En esa estela, Vietnam nos profesa un especial cariño, materializado en la cooperación bilateral y en un firme pronunciamiento contra del bloqueo de los Estados Unidos. El compañerismo es de parte y parte. 

 María Victoria Valdés Rodda

 noviembre 28, 2025

A falta de dólares, tarifazos y despidos.

El gobierno intentó edulcorar el anuncio de la quita de subsidios a la luz y al gas con el argumento de que sólo serán excluidas las familias que estén por arriba de las tres canastas básicas mensuales -unos 3,6 millones de pesos. Supuestamente, el 80% de los hogares retendría el subsidio. Con excepción de algún barrio privado, son más o menos las mismos que lo recibían hasta ahora. Pero a poco de andar, queda claro cuál es la verdadera novedad del nuevo régimen: el despojo progresivo del subsidio a quienes venían percibiéndolo hasta ahora. 

 En electricidad, el subsidio equivaldrá al 50% de la tarifa; pero en invierno y verano, sólo para consumos hasta 300 KWH mensuales; y en el resto del año, hasta 150 KWH. En el caso de los llamados “ingresos medios” -que en realidad no llegan a la actual canasta familiar- el tope del actual consumo subsidiado era de 250 KWH mensuales, o sea, un 60% más alto que el nivel dispuesto por el nuevo régimen. Como resultado de este recorte, las estimaciones de especialistas dicen que 140.000 familias perderían el subsidio. 

 En el caso del gas natural, el subsidio queda reducido al lapso abril-setiembre, y queda eliminado para el resto del año. Por otra parte, el subsidio a garrafas -cuyo precio ya fue liberado este año- será “reformulado” a través de un complicado sistema de reintegros, con la “cooperación” de las compañías de billeteras virtuales y sus desinteresadas comisiones. 

 Sobre la quita dispuesta, el gobierno dispondrá un subsidio “paliativo” del 25% de la tarifa, pero con carácter descendente mes a mes y hasta desaparecer en diciembre de 2026. 

 De acuerdo a lo informado oficialmente, el nuevo régimen implicará que unos 1000 millones de dólares anuales del costo anual del servicio eléctrico y gasífero pase a ser costeado directamente por los usuarios. Pero la tarifa para éstos se acrecentará todavía más, porque una mayor tarifa “pura” representa una carga más elevada en el pago de impuestos provinciales y municipales. Al cabo de 2026, el tarifazo promedio se estima entre el 30 y 40% sobre lo que paga actualmente cada familia usuaria. 

 El anuncio con bombos y platillos de la quita de subsidios tiene un claro destinatario: el Fondo Monetario Internacional. Se produce a pocas semanas de la “evaluación” del Fondo sobre la marcha de acuerdo firmado a comienzos del año. A nadie escapa que el gobierno no podrá cumplir con el compromiso de acumulación de reservas, que continúan negativas y en unos 9.000 millones de dólares por debajo de lo prometido al Fondo. En compensación por la falta de dólares, el anuncio de una “motosierra” redoblada (quita de subsidios) le sirve al gobierno de pretexto para reclamar una “dispensa” (waiver) en relación al incumplimiento del acuerdo. Y al FMI, para otorgarlo. En la misma línea, acaban de anunciar una nueva tanda de despidos en el Estado nacional, hasta recortar el 10% de la planta actual. 

 La quita de subsidios es también una señal a los monopolios energéticos, que vienen recibiendo las compensaciones del fisco con retrasos e incluso con bonos del Estado, como ya hizo Caputo con las generadoras de energía. En definitiva, el superávit fiscal -que Milei le va a “vender” al Fondo en las próximas semanas- es también un dibujo. 

 El tarifazo en puertas se suma al fuerte aumento en el transporte, y refuerza la necesidad de una campaña y una lucha por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones.

 Marcelo Ramal 

 29/11/2025

Huelga general en Italia contra el presupuesto de guerra de Meloni, el ajuste y el apoyo a Israel

“Si al gasto social, no al rearme”

 El viernes 28 una potente huelga general en toda Italia inmovilizó durante 24 horas al transporte, con paros en trenes, autobuses, metro y aviones, sanidad, escuela y prensa. Se cancelaron decenas de vuelos y el servicio ferroviario fue interrumpido en todo el país. 

 Los periodistas sumaron a los reclamos la exigencia de la renovación del convenio colectivo nacional, que expiró en 2016. Es la primera huelga de toda la categoría en más de diez años. Las agencias mantenían sus flujos de noticias cerrados y en los portales digitales de grandes medios como La Repubblica, La Stampa o Il Corriere della Sera aparecían congeladas las noticias del día anterior, junto a un aviso de que la página volvería a actualizarse a primera hora de este sábado. 

 La huelga, convocada por los sindicatos de base Cobas, Usb, Sgb y Cub se pronuncia contra el apoyo del gobierno de Giorgia Meloni a Israel y contra el ajuste y el aumento del gasto militar. 

 La huelga une la solidaridad con Palestina a la lucha contra el gobierno de Meloni, que eleva el presupuesto militar a 32.000 millones de euros a costa de recortes sociales. 

 La jornada nacional contra el «presupuesto de guerra» denuncia que el proyecto de ley financiera para 2026 favorece el gasto militar y profundiza el ajuste en salud, educación y las políticas sociales en general. 

 Los italianos se han estado empobreciendo durante dos décadas. Los salarios crecen a la mitad del promedio europeo, y en 2024, por primera vez, el salario medio español ha superado al italiano (diario-red) 

 “Queremos al menos 2000 euros de salario base, jubilarnos como máximo a los 62 años, basta con el sistema de subcontratación, reducir la jornada laboral manteniendo el salario, garantía del derecho a la vivienda, contrataciones en la administración pública, sanidad pública gratuita y universal", escribe la USB en un comunicado. 

 En sanidad, los sindicatos reclaman presupuesto para infraestructuras y mayor estabilidad laboral. Escuelas, universidades y la administración pública también se suma al paro, con interrupciones en diferentes servicios locales y estatales. 

 La ley de presupuestos de Meloni está en línea con el aumento del presupuesto militar que exige la OTAN, impulsa exclusivamente el rearme, con grandes empresas estatales o mixtas como Leonardo (una de las más grandes fabricantes de armas del mundo) presionando para que se produzcan más armas. 

 La USB “espera replicar el éxito de las huelgas generales por Gaza de hace un mes, cuando dos millones de personas ocuparon las calles italianas”. El comunicado de la USB: "[pedimos] el fin de toda complicidad con Israel y del genocidio en Palestina: recordamos cómo Italia se encuentra entre los principales proveedores de armas del estado israelí, mientras el genocidio continúa", escriben los representantes de los trabajadores.

 El aeropuerto de Malpensa, en Milán, canceló al menos 27 vuelos, mientras que el de Bolonia canceló al menos 17. Otros aeropuertos afectados son el de Linate, en Milán, el de Nápoles y el de Venecia. La aerolínea insignia de Italia, ITA Airways, dijo que había cancelado 26 vuelos nacionales debido a las huelgas.

 Los trenes fueron cancelados en las principales estaciones de Roma, Turín, Milán y Génova. Los servicios de transporte público urbano se vieron interrumpidos en Roma y en otras ciudades. 

 En Venecia, antes de ser dispersados por la policía con cañones de agua. los activistas bloquearon el acceso a las oficinas del grupo armamentístico italiano Leonardo -uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, en el que el Estado tiene el 30 % de las acciones. 

 En una entrevista del Socialist Workers a dos trabajadores de la USB, ambos explicaron que muchas empresas que cierran se reconvierten a la producción de armas. Por ejemplo, en la Toscana, Leonardo pretende hacerse cargo con ese fin de una fábrica de electrodomésticos que ha cerrado. En Puglia, en el sur de Italia, trabajadores de Leonardo motorizan una petición para impedir la producción de armas para Israel. 

 Miles de manifestantes marcharon en Roma y Turín, entre otras ciudades, muchos de ellos ondeando banderas palestinas, y otra marcha en Génova contó con la presencia de la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los palestinos, Francesca Albanese, y el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. La activista sueca Greta Thunberg, que participó de dos flotillas antiisraelíes que intentaron llegar a Gaza a principios de este año, también participó en las protestas. 

 Los manifestantes portaban pancartas en las que se pedía la liberación de Mohammed Shahin, un imán que será deportado de Italia tras calificar el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 como un “acto de resistencia” en una manifestación conmemorativa del aniversario de la masacre. 

 La huelga general del viernes fue convocada por el sindicato autonomista USB junto con otras organizaciones de trabajadores más pequeñas. La Unione Sindacale di Base, fundado en 2010, es un sindicato alternativo a las grandes centrales burocraticas italianas (como CGIL, CISL y UIL). Tiene presencia es el sector público y también en la industria, en comités de vivienda y en agrupaciones de migrantes y desocupados. 

 En los últimos años el USB “está desafiando el dominio tradicional de las tres principales confederaciones, la CGIL de izquierda y las centristas CISL y UIL” (Times of Israel 29/11). 

 Esta es la tercera huelga general en solidaridad con Palestina y contra el ajuste aunque la burocracia sindical esta vez no convoca ni a un paro de 2 horas, como en octubre, y la CGIL, el sindicato más grande de Italia, del Partido Comunista, dividió a la clase obrera anunciado una huelga nacional contra el presupuesto recién para el 12 de diciembre. En la huelga del 22 de septiembre los estibadores autoconvocados pararon los puertos de Génova y algunos otros impidiendo la salido de barcos con armas hacia Israel. 

 Este enorme impulso acorraló a la burocracia del CGIL y la obligó a sumarse parcialmente -con paros de dos horas- a la huelga general del 3 de octubre, que puso de pie a la clase obrera de Italia y logró repercusiones en Bélgica, Alemania, Grecia y otros países europeos. 

 La clase obrera italiana marca el camino. 

 Olga Cristóbal 

 29/11/2025

Las Fuerzas Armadas como garantes de los negocios mineros

La política militar del gobierno de Milei: represión al servicio de los capitalistas. 

 Como complemento de un programa económico en beneficio del gran capital, el gobierno de Javier Milei impulsa una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas mediante reformas legales que amplían su participación en la protección de “objetivos estratégicos”. Estos objetivos incluyen represas, infraestructuras críticas y, potencialmente, dada la amplitud jurídica de la formulación del decreto, los grandes proyectos mineros que el Ejecutivo busca atraer a través del Rigi (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). 

 El gobierno impulsó los decretos 1107/2024 y 1112/2024, que habilitan una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Por un lado, el 1107 define el concepto de “Objetivos de Valor Estratégico” (OVE): según este decreto, puede ser “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas… de vital importancia para el Estado nacional” cuya afectación generaría “graves perjuicios a la vida, la economía, el ambiente o la seguridad de la Nación”. La calificación de esos OVE, sobre los que podría actuar el Ejército, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. 

 El modelo extractivista impulsado por el gobierno de Milei y acompañado por todo el arco político patronal va de la mano de una reconfiguración del Ejército. La intromisión de empresas extranjeras en los negocios sobre territorios ricos en litio, cobre, tierras raras y recursos energéticos podría reactivar disputas territoriales ya conocidas en Argentina: resistencia de comunidades originarias muy arraigadas a su tierra natal, tensiones por el agua de esas tierras, conflictos laborales en las urbes periféricas, protestas socio-ambientales y reclamos contra posibles impactos ecológicos. Si ese nuevo mapa de conflictividad se encuentra con un aparato de seguridad fortalecido y con Fuerzas Armadas desplegadas sobre el territorio bajo la figura de “custodia estratégica”, cualquier manifestación o acción de lucha popular podrá ser reprimida. Ya hubo precedentes en este sentido: el asesinato de Santiago Maldonado, que luchaba por los derechos del pueblo mapuche, bajo el gobierno de Macri. 

 Los recientes ejercicios militares de gran escala (Ejercicio Libertador) que pusieron a prueba la FDR (Fuerza de Despliegue Rápido) en Chaco y Formosa -sumado al incremento del presupuesto de Defensa-, por ejemplo, se inscriben en el intento de garantizar condiciones de seguridad para las inversiones extractivistas que comenzarían a profundizarse en los próximos años. La FDR es una unidad operativa del Ejército dedicada a la movilidad estratégica y la capacidad de desplegar rápidamente fuerzas en distintas partes del territorio nacional. Esta fuerza fue creada en 2011 por el gobierno de Cristina Kirchner. 

 Su conformación incluyó unidades como la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales (AFOE). En sus primeros años, el comando de la FDR se instaló en Campo de Mayo, entre 2011 y 2012, antes de su traslado a Córdoba. Su diseño operativo la define como una unidad de alta disponibilidad: modular, con gran flexibilidad orgánica, preparada para responder rápidamente ante crisis o contingencias. Durante la gestión de Luis Petri, esta fuerza experimentó un desarrollo armamentístico y mecánico mediante adquisiciones de vehículos terrestres y aéreos provenientes de Estados Unidos y Dinamarca.

 Por otro lado, el 1112 actualiza la “visión de amenazas”: no solo habla de agresiones externas (otros Estados), sino también de “organismos paraestatales”, “organizaciones terroristas” u “otras organizaciones trasnacionales” como posibles amenazas que justifican el uso de las FFAA. Permite que las FFAA vigilen/controlen “espacios terrestres, marítimos, fluviales, aeroespaciales, ciberespacio y el espectro electromagnético (radio frecuencias)”. Cabe mencionar, además que se autoriza en sus disposiciones a que las FFAA realicen “aprehensiones transitorias” de personas que cometan delitos bajo ciertas condiciones. Esto es impulsado por un gobierno que llegó a calificar de terroristas a personas que se manifestaron contra la Ley Bases. 

 En este marco, el gobierno viene aumentando el presupuesto de defensa. Si registramos el presupuesto publicado en 2025 veremos una cifra de 2.200 millones de dólares, lo que según InfoGate representa aproximadamente el 0,31% del PBI. Esta política se vio en el ejercicio Libertador, un entrenamiento militar que alista al FDR y otras fuerzas articulando logística y mecánica, poniendo a prueba toda la capacidad del Ejército en lo que se puede definir como un simulacro de invasión en la frontera norte del país. Nunca antes se había realizado un ejercicio tan grande y ambicioso. El ejercicio que el ejército se propone sostener como rutina anual tiene una duración de 35 días, y en él participan alrededor de 3 mil efectivos. 

 Por otro lado, el gobierno se propuso a adquirir 209 vehículos blindados a ruedas 8x8 de diferentes variantes para su FDR, y 24 “F-16” (Caza de combate de cuarta generación).

 El aumento del presupuesto y las maniobras militares mencionadas muestran los intereses de clase que el gobierno defiende. Milei busca introducir completamente a las Fuerzas Armadas en la represión interna, para usarlas contra los trabajadores que lleven adelante piquetes o luchas en sus lugares de trabajo o movilizaciones en general. Se trata de un plan de represión al servicio de hacer pasar el plan de reformas estructurales que reclama la clase capitalista. Cabe destacar que la oposición patronal es cómplice de esta orientación, toda vez que dejó pasar los decretos mencionados. 

 En este contexto, por otra parte, acaba de asumir al frente de Defensa el general Carlos Alberto Presti. Será el primer militar en ejercer como ministro de Defensa desde 1983. Presti, un impulsor de la campaña por la "memoria completa" del gobierno, fue uno de los impulsores del entrenamiento intensivo de las FDR. Se trata de un hombre con una gran trayectoria, que además viene de una familia militar; su padre fue un genocida de la dictadura de Videla y murió impune gracias a la ley de Obediencia Debida alfonsinista. Derrotemos al gobierno represor con la movilización popular. 

 Ángel Damián

Se multiplican los cierres y despidos: las patronales reconvierten sus negocios a costa de los trabajadores

La reforma laboral de Milei viene a gravar esta crisis, sin nuevos empleos y con menos derechos. 

 220 despidos en Whirlpool

 En las últimas semanas se han acumulado cientos de despidos en la industria y en el comercio, con el cierre de la multinacional Whirlpool y la cesantía de 220 trabajadores entre los casos más destacados, como resultado del agravamiento de la crisis económica de la mano de las medidas aperturistas del gobierno y las tratativas ruinosas para profundizar esta línea con el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno apunta a imponer una reforma laboral que liquide derechos y conquistas laborales y que, está probado, no traerá consigo ningún puesto de trabajo.

 Es moneda frecuente en estos días escuchas del cierre de una u otra planta o lugar de trabajo ante el desplome de la economía y la caída de las ventas, tanto por la disminución de poder adquisitivo de los trabajadores, como resultado de las políticas de ajuste gubernamental y el ataque contra los salarios, como de la ampliación de la competencia capitalista con la apertura indiscriminada de importaciones que está haciendo estragos. 

 Uno de los anuncios más resonantes es el del reciente cierre de la fábrica de lavarropas Whirlpool, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, con el despido intempestivo de 220 trabajadores, en medio de una caída de la producción y de las ventas, lo que dio lugar a una reestructuración patronal para seguir haciendo negocios pero convirtiendo la empresa en un centro de acopio y distribución. Mientras cientos de familias se quedan sin su sustento las patronales siguen haciendo negocios por otras vías. 

 Algo similar está ocurriendo en la reconocida fábrica de ollas y sartenes Essen, desde donde confirmaron un recorte en la producción que afectaría a 29 trabajadores, cuando se habla de que la empresa podría pasar a importar su producción directamente de China u otros países. 

 Otra de las implicadas es la fueguina NewSan, con más de 150 despidos luego de que el presidente Javier Milei recorriera la planta haciendo propaganda con una supuesta reactivación económica. Se trata de un sector particularmente afectado por la eliminación de aranceles en la importación de productos electrónicos. Aunque los despidos se dan luego de un primer trimestre de la empresa con ganancias superiores a los $26.000 millones. 

 También debemos sumar la amenaza de 140 despidos en Lácteos Conosur SA, controladora de La Suipachense, donde la Justicia acaba de resolver la quiebra de la empresa; las decenas de despidos con cierres de distintas sedes del país de la cadena de supermercados Cencosud, con 55 cesantías solo en la provincia de Tucumán; mismo tenor que el empleado por la cadena mayorista Yaguar, con su cierre en Bahía Blanca y el despido de 60 trabajadores. En La Rioja el cierre de dos empresas de la industria textil y del calzado, Lexo y Vulcalar, dejaron un tendal de 120 despidos. La cuenta sigue y se multiplica por todo el país. 

 Las políticas económicas del gobierno de Milei están acrecentando los despidos y la recesión industrial, con la caída de la actividad industrial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, junto al encarecimiento del crédito y la financiación y una huelga de inversiones de las patronales que no se modifica siquiera por las reformas antiobreras y garantías excepcionales que le brinda el gobierno a los capitalistas. 

 En este marco, la reforma laboral antiobrera que presenta Milei y que reclaman los capitalistas y sus voceros lejos de revertir esta tendencia agravaría las consecuencias contra los trabajadores, eliminando derechos y recortando salarios a quienes puedan conservar el empleo, en medio de un recrudecimiento de la caída de la actividad económica y una recesión mayor provocada por las medidas gubernamentales. 

 La “falta de competitividad” no es un producto de altos “costos laborales” sino del parasitismo de los capitalistas que hacen sus negocios en la timba financiera y que ante los cambios económicos reestructura sus negocios industriales a meros depósitos de acopio y reventa de importaciones, mientras son los trabajadores los que pagan los platos rotos, con despidos, suspensiones, ajuste y reformas antiobreras. 

 Rechacemos los despidos y suspensiones organizando asambleas y la lucha obrera contra el ajuste. La reforma laboral viene a agravar la crisis, por lo que tenemos que derrotarla con la acción independiente de los trabajadores, para imponer un programa de salida a la crisis, de defensa de la industria, el trabajo y los derechos laborales, partiendo de una recomposición general de los salarios. 

 Marcelo Mache

Presti en Defensa: el gobierno se pone las botas

La designación del jefe del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa significa el primer ingreso al gabinete de un militar desde 1981, todavía bajo la dictadura. Su padre fue jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y tuvo bajo su órbita la represión en distintos partidos del conurbano. Presti ha anunciado además su decisión de no pedir su pase a retiro, sino pasar a disponibilidad mientras dure en el cargo ministerial. El llamado “pase a disponibilidad” generalmente se aplica por razones de salud y contempla una duración de un año. La incorporación de Presti aún en carrera miliar significa la integración de las Fuerzas Armadas al gabinete, una situación inédita en el régimen político que ha gobernado la Argentina durante los últimos 42 años. Según las crónicas, luego del breve acto de asunción, Presti se reunió con el “monotributista” Santiago Caputo, quien representa al ala fascista del gobierno. 

 Las críticas y defensas han cruzado a todos los bloques políticos. Por un lado, Estela de Carlotto, Agustín Rossi y Jorge Taiana criticaron la designación, en cambio el exjefe del Ejército de CFK, César Milani, defendió que un militar ocupara un cargo político... precisamente a lo que él mismo aspiraba. Por otra parte, Oscar Aguad, radical y exministro de Defensa de Macri, apoyó la designación, pero criticó su continuidad dentro de la estructura castrense (La Nación 25/11). 

 Presti fue designado en 2024 como jefe del Ejército, luego de lo que fue el mayor retiro de militares de alto rango desde 1983: para su ascenso se retiraron 23 generales de un total de 35. Ahora se espera otra tanda de retiros, empezando por el actual Jefe del Estado Conjunto de las FFAA, el brigadier Xavier Isaac. Isaac estuvo al frente de la Fuerza Aérea durante el gobierno de los Fernández-Massa y mantuvo las conexiones con el Pentágono durante la compra de los aviones F-16. Ferviente “malvinero” y piloto militar de Mirage, sus posiciones públicas con respecto a las Islas del Atlántico Sur chocan con la posición del gobierno (Infobae, 2/4).

 Otro retiro que se espera es el del Jefe de la Armada, el contralmirante Carlos María Allievi, que viene de quedar envuelto en una polémica con el gobierno por negarse a enviar una embarcación militar para sumarse a la flota de Trump en el Caribe (La Política Online, 6/11). Además, también viene de hacer declaraciones públicas sobre la obra social de las FFAA, planteando la necesidad de que se deje de atender a las Fuerzas de Seguridad y presionando un rescate por parte del ministerio de Economía (La Nueva, 24/11). Presti heredará una fuerte crisis en las Fuerzas Armadas. “Además de enfrentar la crisis cada vez más profunda de la obra social de los militares, que mantiene una deuda de $200.000 millones, Presti asumirá los desafíos de la recuperación salarial –hoy la mayoría de los oficiales y suboficiales están bajo la línea de pobreza– y la búsqueda de fórmulas para reducir las 18.000 bajas pedidas en las Fuerzas Armadas durante los dos años de la gestión de Javier Milei. Aunque en el gobierno libertario alegan que las deserciones eran más en el período kirchnerista, se atribuyen las razones a los bajos sueldos, la falta de incentivos y la desmotivación profesional” (La Nación, 26/11). 

 El ascenso de Presti al gabinete tiene que ver con un propósito fundamental del gobierno, a saber: devolverles protagonismo político a los militares y que las fuerzas armadas cumplan un rol en la represión interna y el blindaje del régimen liberticida, con la excusa de la lucha contra el "terrorismo" y el narcotráfico. 

 La designación de Presti tiene lugar en el marco del protectorado sobre el gobierno argentino que ha establecido la Casa Blanca. La nueva generación de militares que ascendió con Milei coincide en haber pasado largos periodos de trabajo en consulados y agregadurías en países imperialistas, sobre todo en Estados Unidos. Presti mismo participó de la MINUSTAH, la delegación militar de cascos azules que ocupó Haití bajo conducción de los militares brasileros. 

 Sergio Yeti 

 26/11/2025

“Las pibas libertarias”

Una “salida de mercado” a la opresión de la mujer. 

 Las contradicciones de clase del feminismo no han demorado en aparecer luego del fracaso del kirchnerismo y de sus seguidores de izquierda para resolver o atemperar el deterioro social, la desigualdad, la discriminación y la violencia que afectan a la mujer trabajadora. El feminismo ‘nacional y popular’ ha sido incapaz de establecer una organización de masas de la mujer, el arma fundamental para luchar contra la opresión. No ha podido ni sabido salir de la jaula de los ‘coloquios’ de cúpula. La organización de masas de la mujer trabajadora, por su lado, requiere un programa vigoroso de reivindicaciones que es incompatible con el Estado burgués, él mismo basado en la explotación social, la discriminación y la violencia. El ajuste populista, mediante la inflación, y el de la motosierra libertaria, que se vale de la expropiación de derechos y conquistas que han valorizado a la fuerza de trabajo, han agravado la miseria social de las familias trabajadoras, de sus mujeres y de sus niños. Los mismos factores que han llevado a la victoria de Milei (la bancarrota capitalista, de un lado, y la confusión sembrada por el nacional-izquierdismo, del otro) se han conjugado para desenvolver un “feminismo de derecha” que vuelve a dejar en evidencia que el feminismo como categoría social identitaria (homogénea) esconde contradicciones insuperables. Históricamente, la organización de masas de la mujer se ha desarrollado por la iniciativa de las mujeres de partidos socialistas y comunistas de masas. La ausencia de partidos obreros poderosos no invalida, sin embargo, la necesidad de la organización independiente de la mujer trabajadora, solamente modifica los métodos que deben formar parte de la lucha por la construcción de partidos obreros revolucionarios mismos. 

 El desplazamiento político del kirchnerismo por LLA ha tomado su correlato en el movimiento feminista. A diferencia de Milei, sin embargo, que ha descalificado al feminismo, esta derecha pretende imponer su agenda en el movimiento de mujeres. El feminismo de derecha es descripto mediante numerosas entrevistas en un libro de reciente aparición (Sin padre, sin marido, sin Estado) que la revista Nueva Sociedad resume mediante una entrevista a sus autoras (Melina Vázquez y Carolina Spataro) en su edición de septiembre último. Las libertarias en cuestión están repartidas en varias tiendas: Mujeres Liberales Argentinas, Mujeres por la Patria, Pibas libertarias, Las Pibas Progresan y el capítulo argentino de Ladies of Liberty Alliance. 

 Las libertarias redefinen la lucha contra “el patriarcado”. Mientras que el feminismo convencional lo describe como una cuestión de género que deriva en la lucha contra el “machismo” o la “masculinidad tóxica”, las libertarias lo centran en el Estado. De lo que se trata es de “emancipar” a la mujer del Estado mediante la “autonomía económica” y el “empoderamiento” personal. En la mayor parte de los países, sin embargo, el patriarcado ha sido abolido como figura legal, lo cual ha servido para mostrar, debido a la persistencia de opresión de la mujer, incluso su agravamiento, que esa opresión radica en el sistema económico, o sea, en el modo de producción capitalista. La presencia de la mujer en el trabajo productivo la prepara políticamente para una emancipación social ligada a la lucha de clases.

 Aunque este modo de producción se encuentra en un estado agonizante, las burbujas financieras han servido para hablar de un “empoderamiento” de mercado; es lo que justifica procurar la “educación financiera” para ganar una autonomía ‘real’, que ha cobrado difusión desde hace un tiempo. Las bolsas internacionales han crecido en varios cientos por cientos, habilitando la fantasía de la autonomía financiera individual. La liberación de padre, marido y Estado pasa por el bolsillo y no por derechos políticos conquistados mediante una lucha contra el capital y el Estado. De esto se trata el feminismo libertario, que ha salido a disputar al feminismo una hegemonía política, luego de dos victorias electorales de LLA. A diferencia del movimiento clerical Pro-Vida, defienden el derecho al aborto y a la educación sexual integral. Pero con dos salvedades: la primera no debe ser gratuita, salvo en los hospitales públicos, hasta que se consuma la privatización de la Salud. La educación sexual no debe ser privativa de la familia, a diferencia de lo que sostiene el clericalismo, pero la escuela debe abordarla desde un ángulo ‘biológico’, sin la influencia ideologizante del género o el marxismo. Esta distinción entre el clericalismo y el feminismo libertario expresa el ascenso de una minoría de mujeres en la cúpula de la administración de los Estados capitalistas. Es una vía para la cooptación de un sector del feminismo ‘populista’ que ha ascendido social y políticamente; por eso participan de las movilizaciones del 8 de Marzo. Parte de esta derecha reivindica el movimiento sufragista de los siglos XIX y XX, en un intento de distanciamiento de las dictaduras militares. Apoyará, ciertamente, una intervención militar norteamericana contra Venezuela, en nombre de la elección invalidada por Maduro el año pasado.; es, además, bolsonarista. En cuanto a Palestina, apoya al sionismo, con la aclaración de que el kirchnerismo saboteó todo lo que pudo las movilizaciones en defensa del pueblo palestino. Bajo la demagogia libertaría intenta atraer a las ‘rapis’ y ‘uberistas’ que, impedidas de encontrar un trabajo y por rechazo a la precariedad laboral, procuran salidas individuales y ‘autonomías financieras’. Apoya abiertamente la política de Milei, ajustadora y represiva, y toma como ‘modelo’ a Patricia Bullrich y Diana Mondino, aunque no (parece) a Karina Milei.

 La derecha fascistizante busca abrirse un espacio en el movimiento de la mujer. Pone en la agenda el tiempo de las tareas de cuidado, desarrollando capacidad para contratar trabajo doméstico y aborda el acoso sexual reivindicando la “libre portación de armas” y la práctica de tiro. El propósito es construir un espacio dentro del espacio libertario, como vía de ascenso social y promoción política, diferenciándose del discurso homofóbico de LLA, que asimila la homosexualidad a la pedofilia. Le costará, de todos modos, ‘liberarse’ de Jeffrey Esptein y de las milicias bolsonaristas.

 El cuadro clasista que ha tomado cuenta del feminismo (diferenciación social y política) augura una desintegración del feminismo policlasista de los últimos años. La organización socialista de masas de la mujer trabajadora está más que nunca en la agenda revolucionaria. 

 Jorge Altamira

 24/11/2025

Alerta: se vienen las reformas

CON FILO | Los enemigos de Fidel

La aviación de Trump sobrevuela Venezuela

Estados Unidos declaró formalmente a Nicolás Maduro como miembro de un grupo terrorista extranjero.

 Hasta ahora, las acusaciones que Estados Unidos esgrimía contra Maduro eran por “narcotráfico” y por integrar el “Cartel de los Soles”, cuya existencia muchos analistas ponen en duda. 

 A partir del lunes pasado, para el gobierno de Trump, el Cartel de los Soles pasa a ser un grupo terrorista y la cúpula del régimen venezolano, “terroristas”. 

 Si bien a principios de año Trump ya había declarado a toda organización narcotraficante como “terrorista”, aquello había quedado en el plano discursivo, sin implicancias legales.

 El domingo de la semana pasada, el Departamento de Estado emitió un comunicado anunciando la designación formal y daba siete días al Congreso para revisar la medida después de ser notificado. “En ausencia de acción del Congreso para bloquear la designación”, esta entra en vigor, algo que sucedió este lunes (Clarín, 24/11). 

 También quedaron incluidos en la designación el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, con lo que se abre una ventana de peligro para México. 

 La inclusión en esta categoría autoriza al presidente Trump a imponer nuevas sanciones contra los activos de Maduro, algo que Estados Unidos ya había implementado desde que desconoció su gobierno en 2019. Desde antes, distintos gobiernos estadounidenses venían imponiendo sanciones individuales a personas vinculadas a alguno de los tres poderes de Venezuela. Incluso empresas europeas ya habían sido sancionadas por comerciar con la petrolera PDVSA. La única empresa con permiso para hacerlo es Chevron, y solo puede pagarle a Venezuela con crudo; las divisas están prohibidas. 

 La confiscación de bienes, empresas o fondos supuestamente relacionados con la actividad del cartel es algo que Estados Unidos ya había hecho con activos venezolanos de propiedad estatal. En 2019, 7.000 millones de dólares fueron bloqueados en Estados Unidos y 1.200 millones de dólares en oro venezolano fueron retenidos en el Banco de Inglaterra. Algunos informes estiman que la suma total de los fondos venezolanos bloqueados o confiscados en el exterior asciende a 24.000 millones de dólares.

 La designación legaliza acciones encubiertas que Trump ya había anunciado previamente, así como procesos penales en Estados Unidos: cargos formales por terrorismo con órdenes de arresto internacional. Establece, además, la prohibición de visados, la expulsión de personas vinculadas al cartel y presión sobre terceros países para que tomen medidas similares. 

 No autoriza explícitamente el uso de la fuerza letal, pero Trump interpreta que sí y así lo ha declarado. De hecho, es lo que viene implementando desde hace semanas, hundiendo barcazas en el Caribe y en el Pacífico. La diferencia sería que la amenaza ahora se extiende sobre el territorio continental venezolano. Recientemente, obtuvo el apoyo del Congreso, que votó en contra de una resolución que cuestionaba los ataques a las barcazas, y el propio Trump declaró que no necesita autorización para un ataque terrestre. 

 Lo que sí tuvo consecuencias inmediatas fue la amenaza solapada sobre los aviones que circulan por el cielo venezolano. 

 La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) emitió alertas a varias aerolíneas comerciales sobre “un aumento de la actividad militar” en el espacio aéreo venezolano, lo que generó la suspensión de rutas por parte de compañías como Iberia, TAP, Avianca, GOL y LATAM. De esta manera, incomunicados por mar y por aire, los venezolanos han quedado virtualmente cercados, mientras que la frontera con Brasil también se encuentra fuertemente militarizada.

 Al mismo tiempo, Estados Unidos reactivó su base militar en Puerto Rico, que se encontraba inactiva desde 2004, y que fue utilizada como enclave militar para bloquear a Cuba y para invadir a Santo Domingo en 1965, a Granada en 1983 y a Panamá en 1989.

 Según Reuters, altos cargos estadounidenses señalaron el domingo que el comienzo de la segunda fase de la operación militar “Lanza del Sur” es inminente, y que el jefe del Ejército se hará presente en la zona. Hay que tener en cuenta que el jefe del Comando Sur ya había presentado su renuncia —según trascendidos, por su oposición a las operaciones ordenadas por Trump y también por su política racista hacia el interior de las fuerzas— para retirarse en diciembre, por lo que se espera una nueva designación. 

 El Comando Sur ha matado ya a más de 80 personas en ataques a barcos que supuestamente llevaban droga por el Caribe y el Pacífico, sin presentar ninguna prueba y mucho menos un riesgo para la marina estadounidense. 

 Trascendió que Maduro ofreció un final de su gobierno negociado a dos años, propuesta que fue rechazada por la Casa Blanca. 

 Rusia brindó pertrechos militares a Venezuela y, al igual que China, acaba de respaldar a Maduro y de pronunciarse contra la injerencia militar estadounidense. Sin embargo, es probable que Venezuela termine como moneda de cambio en un eventual acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania entre Trump y Putin. 

 El despliegue militar en el Caribe es el mayor en la región desde la crisis de los misiles en 1962 y el mayor del mundo desde la guerra de Irak, por la cantidad de pertrechos implicados. Para una invasión terrestre, Trump necesitaría movilizar más tropas, pero no puede mantener indefinidamente semejante despliegue armamentístico, que cuesta millones de dólares por día, sin llegar a una definición. 

 Si lo que buscaba era generar una crisis que favoreciera un levantamiento interno y provocara un cambio de régimen, el tiro le estaría saliendo por la culata, porque la oposición a Maduro está más dividida que nunca y buena parte de ella es contraria a las acciones bélicas contra Venezuela. Esto deja a María Corina Machado en un cipayismo aislado, por más premios Nobel que le otorguen. 

 La misma inercia de Trump y el desarrollo de los hechos lo van a obligar a tomar una decisión. 

 Un ataque a Venezuela es una amenaza para toda América Latina; la movilización en todo el continente es lo único que puede detener a Trump y a su imperialismo en decadencia. 

 Aldana González 

 25/11/2025