Palos si pagas, palos si no pagas

La destrucción de las jubilaciones

Existe un consenso generalizado de que se ha producido una poda de las jubilaciones del orden de los $100 mil millones, respecto al devengado que debería cobrarse en marzo de acuerdo al régimen vigente con anterioridad a la derogación de la movilidad. No lo desmienten siquiera los tuits del Presidente, que evaden el asunto. Martín Guzmán, el imprevisto ministro de Economía, ya había dicho que “el sistema previsional es inflacionario” (A Dos Voces); ahora le hace compañía el ‘trabajador de la educación’ Hugo Yasky, que extendió esa infección a los precios a la cláusula gatillo para los salarios. Lo único que no es inflacionario para los que agarraron el gobierno en diciembre, es la deuda externa.
El ‘ajuste’ contra las jubilaciones es, sin embargo, mayor, si se lo computa de acuerdo a la inflación calculada hasta marzo, porque la movilidad preexistente se aplica con seis meses de retraso. Es lo que efectivamente importa, porque el asunto es cuánta plata el estado deja de pagar, no solamente cuánto se pierde con el nuevo sistema respecto al precedente. Del mismo modo, el índice del ajuste previo incorporaba el movimiento de los salarios, que fueron muy inferiores a la inflación de precios. Todo sumado, el despojo a los jubilados, en la variante nacional y popular, se aproxima a los $150 mil millones. Los Fernández han plagiado al difunto Macri, porque el asalto de éste a las jubilaciones, en diciembre de 2017, siguió el mismo procedimiento de confiscar uno o dos trimestres, para seguir con borrón y cuenta nueva.
La coincidencia de que asistimos a un ajuste brutal ha registrado una novedad no menor. El despojo a los jubilados y el que se prepara para las paritarias, se ha explicado, como todo el mundo sabe, por la necesidad de pagar la deuda externa, al mismo tiempo que se negocian alargamiento de plazos y quitas diversas con el argumento de que se necesita dinero pagar a los jubilados. Después de la derogación de la movilidad y de la aplicación del ajuste que estamos comentando, es claro que si se obtienen mayores plazos y reducciones de deuda esto no redundará en beneficio de los jubilados ni de las paritarias. El domingo reciente, en C5N, Julián Guarino, tiró otra novedad, en su calidad de periodista (informado) y economista (con conocimientos) – a saber, que la confiscación a los jubilados obedecería al propósito oficial de hacer caja fiscal para enfrentar la decisión de entrar en default. Es decir que los trabajadores serán sacrificados, tanto para poder pagar la deuda, para pagarla a medias y no enseguida, o para no pagarla del todo, al menos en el período de gobierno nacional y popular 2019/23.
Los diversos abordajes de pago de la deuda, incluido el mismo default, apuntan a la misma conclusión: hacer recaer la crisis sobre los trabajadores. ¿No resulta claro, entonces, que enfrentamos un problema político de mayor alcance, que es quién debe gobernar el país? Desligar el repudio a la deuda externa de la lucha de la clase obrera por el poder político lleva a un callejón sin salida. La crisis de deuda, que no es más que la incapacidad de la clase capitalista para financiar a su estado y a ella misma, plantea objetivamente una cuestión de poder.
Este método de análisis nos lleva a un terreno más explosivo. El garrote contra las jubilaciones responde a una crisis fiscal y a una crisis capitalista más amplia. Los Fernández van por la liquidación del sistema previsional - en una ruta que inició, como en otras tantas cosas, Martínez de Hoz, o sea la dictadura. A nuestro modo, en Argentina ocurre lo de Chile- la dictadura no ha sido liquidada. O, dicho mejor, los demócratas que supimos conseguir no la han liquidado. El sistema previsional ha dejado de financiarse con recursos propios (aportes), los aportes han dejado de determinar las jubilaciones, el excedente de ingresos en el Fondo de Garantía ha sido pillado. La renegociación de la deuda no tiene en cuenta la deuda con Anses. El impago a Anses deja mayores recursos para pagar a los fondos internacionales. El tenue hilo que conserva al sistema es la discutible posibilidad de apelar a la Justicia y a la Corte por vulneración de derechos adquiridos. Para eso hay que seguir con vida a la hora de la sentencia y gozar de buena salud para disfrutarla. En la práctica se encuentra vigente un régimen de facto, que pisotea la ley mientras se parlotea acerca del estado de derecho, hasta que alguna otra, probablemente de orden público, declare el default de las obligaciones sociales del estado.
Es que hay algo que no se puede soslayar, aunque los medios de comunicación lo hagan, sin excepciones: los Fernández siguen a sus antecesores (incluidos ellos mismos en mandatos anteriores) en la tarea de otorgar a las patronales moratorias previsionales o exenciones de contribuciones. No se ve aquí un interés de rescatar la previsión social sino de hundirla. Las patronales gritan contra el ‘costo laboral’, como si, bajo el capitalismo, el salario diferido de los trabajadores fuera responsabilidad de Ceferino Namuncurá o la virgen de los milagros, patrona de los salteños. Una clase capitalista que no puede pagar los salarios ha dejado de cumplir su única función social. Nada muestra más claramente el agotamiento del capitalismo que la crisis previsional.
La “preocupación fingida por los pobres” anticipa que se pretende ir a un sistema de pensión de la vejez, en que el estado se encarga de contar hasta los comprimidos del medicamento que debe consumir un jubilado. Se serrucha la jubilación y se mantiene un subsidio para medicamentos, o se dicta una rebaja selectiva de impuestos al consumo. Los nacionales y populares son los Federer de la denuncia a la exclusión social, sólo para proponer como alternativa un régimen de gestión de esa exclusión. El achatamiento de la pirámide jubilatoria, no mediante el aumento mayor a la escala inferior sino degradando a las superiores, apunta a meter la jubilación complementaria para estos últimos, en beneficio de compañías de seguros. Estas compañías engordarán, a su turno, comprando deuda pública.
El ajuste fiscal va más allá de las cuentas públicas de 2020 –es un ataque sin retorno a las conquistas que más costaron arrancar a la clase capitalista y al estado.

Jorge Altamira
17/02/2020