Con más de dos tercios de los votos, el Senado aprobó la “Ley de Financiamiento Universitario”, dándole sanción definitiva a la norma que “encomienda” al Poder Ejecutivo a establecer una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, cuyo impacto presupuestario apenas asciende al 0,14 % del PBI.
La ley plantea actualizar el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades por la inflación acumulada de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, y luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. Este proyecto cobró estado parlamentario en el marco del paro de 72 horas que se concretó en la segunda semana de agosto. Fue un paro cumplido masivamente, con asociaciones que los extendieron a toda la semana, con ocupación y movilizaciones. Si se piensa en el cuadro de asfixia presupuestaria en que viene desenvolviéndose la universidad en los últimos años, el proyecto apenas “congela” esa penuria en los términos de diciembre de 2023.
El proyecto de Ley de Financiamiento vino a cumplir una función política contraria al proceso huelguístico. Todo el arco burocrático que conduce a las diferentes Federaciones docentes y no docentes y la Federación que agrupa a los estudiantes (FUA), todos ellos, a su vez, agrupados en el Frente Sindical Universitario, salieron a proclamar el apoyo al proyecto de ley y, en función de ello, a clausurar la continuidad del proceso huelguístico y dejar en el limbo la convocatoria a una nueva marcha educativa. Esta maniobra contó con el apoyo activo de la izquierda agrupada en el FITU.
Una expresión del cuadro de desmovilización se pudo percibir en la propia jornada convocada para apoyar la ley que iba a ser tratada en el Congreso, que resultó reducida a unos pocos miles de manifestantes.
Milei ha reafirmado que el proyecto va a ser vetado. El gobierno, como lo demostró con el veto a ley de movilidad jubilatoria, está decidido a aplastar cualquier medida que altere su curso de ajuste contra salarios, jubilaciones, educación, salud y obra pública, incluso con el carácter difuso de esta ley.
Aunque los vetos acentúan el abismo entre el gobierno y la población trabajadora, Milei espera con ello refrendar una adhesión y apoyo del FMI, de los fondos internacionales y la gran patronal.
Desde el Frente Sindical y el CIN han saludado la aprobación de la ley y han señalado que se van a oponer al veto, en cuyo caso se convocaría a un paro y a una movilización. Apuntan a presionar al Congreso para lograr los dos tercios para rechazar el veto.
“Bloque del veto”
Lo que no se puede ocultar, sin embargo, es que el gobierno ya ha constituido un “bloque del veto” en el Congreso. Ese bloque se manifestó en la sesión que en la Cámara de Diputados trató el tema de los jubilados. Los diputados volcados a aceptar el veto lo hicieron en nombre de rescatar la política oficial-o sea que actuaron como un bloque político. El apoyo al veto jubilatorio, por lo tanto, no constituyó una cuestión circunstancial, y deberá manifestarse también en relación al financiamiento universitario.
Lo que está planteado es una lucha para derrotar a Milei-Caputo, teniendo en claro que el Congreso ya ha encontrado la ruta para blindar al gobierno. Una marcha y la huelga universitaria deben partir de esa cuestión.
Los diarios han informado de conciliábulos entre el gobierno y el ala del radicalismo que dirige la UBA y que motorizó la ley, en la previa a la sesión del Senado. Allí, a sabiendas del veto por venir, se discutieron variantes alternativas, por caso, la promesa de un reajuste presupuestario para las universidades en el presupuesto 2025. Los rectores no renuncian a salvar su caja, aunque vuelvan a archivarse las reivindicaciones docentes y no docentes.
A la luz de esta realidad, la lucha por esas reivindicaciones no puede estar confinada a una cuestión parlamentaria. Es necesario preparar una movilización universitaria y una acción huelguística capaz de derrotar al ajuste de Milei-Caputo.
Esa tarea no puede quedar en manos de las burocracias sindicales o estudiantiles. Muchos menos de la casta rectoral de las 62 universidades, que como demuestra la experiencia, siempre están presta a negociar y colaborar con el poder de turno.
Impulsemos autoconvocatorias y coordinadoras, sumando a los sindicatos y centros estudiantiles combativos, impulsemos asambleas que pongan en marcha una campaña nacional para enfrentar el veto, explicitar la lucha por un aumento salarial inmediato del 50 % y, sobre esa base, trabajemos por reeditar un nuevo 23 de abril.
Solo por esta vía se lograrán los reclamos de la lucha.
Anahí Rodríguez y Daniel Blanco
13/09/2024
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