El segundo día de huelga tendrá lugar cuando, en principio, el Senado trate la ley de “financiamiento universitario”. ¿Cuál es el marco político de estas jornadas?
El segundo cuatrimestre en la universidad arrancó con un paro masivo de 72 horas, que en algunas universidades se extendió a una semana; en San Luis, una autoconvocatoria interclaustro decidió parar ocupando la universidad, mientras que en otras se concretaron importantes movilizaciones.
Contrariando las tendencias que se expresaron en esas jornadas, en muchos casos con resoluciones de asambleas que se pronunciaban por plan de lucha de huelgas crecientes y volver a replicar una Marcha como la del 23 de abril, el Frente Sindical Universitario, que agrupa a todas las federaciones docentes, y de trabajadores no docentes, incluida la FUA (Federación Universitaria Argentina) resolvió dar continuar con una acción decreciente, un paro de 48 horas, para luego levantar toda acción huelguística. En ese ínterin, los bloques parlamentarios del radicalismo, el peronismo y el FITU, impulsaron y lograron la media sanción de un proyecto de ley de “financiamiento universitario”.
Ley de financiamiento universitario
Ese proyecto se limita a ´encomendar´ al poder ejecutivo el aumento del presupuesto destinado a la universidad y la actualización de los salarios de los trabajadores de la universidad desde el 1° de diciembre de 2023 hasta finales del 2024 de acuerdo a la inflación. En el caso de los salarios, condicionado al avance de las negociaciones paritarias. A pesar de los límites colosales de su texto “enunciativo”, “ley de Financiamiento” ha sido un recurso de las burocracias de todas las federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles, para sortear la huelga activa y la concreción de una nueva Marcha educativa. La repuesta del gobierno, por su parte, fue proclamar que no homologará ningún acuerdo paritario por encima del 2% mensual ni va a viabilizar ninguna erogación que afecte al supuesto “equilibrio” fiscal de las cuentas públicas.
El Frente Sindical ató el porvenir de la lucha universitaria al trámite parlamentario o, lo que es lo mismo, a la política de los rectores que responden al pejota y a la UCR. Esta política se vio reforzada a partir del encuentro del CIN realizado el 30 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. Allí, junto a las autoridades de las 61 universidades se hicieron presentes las organizaciones que integran el Frente Sindical Universitario. Se ratificó el apoyo a la ley de financiamiento, se volcaron numerosos discursos sobre la importancia de la universidad y denuncias sobre el proceso de vaciamiento, pero no se resolvió ninguna acción.
Días después, las federaciones, en especial Conadu H y Conadu, resolvieron un paro de 24 horas en apoyo a la ley para el 5 de setiembre, día que estaba previsto su tratamiento en el Senado. Las federaciones vinculadas a la CGT como la FEDUN o la FATUN desertaron de esta acción. Finalmente, la sesión del jueves 5 fue levantada. La sesión se trasladó al jueves 12, cuando se trataría junto al proyecto de boleta única y el decreto de los fondos reservados a la SIDE.
Frente a esas circunstancias las dos Conadu convocaron al mencionado paro de 48 horas. La estrategia de seguimiento a los vaivenes parlamentarios acentúa el camino de las acciones aisladas, que promueven la desmoralización y desgranamiento de los paros.
La amenaza del veto
El gobierno ya adelantó que, si se sanciona la ley, la va a vetar. Como ocurre con la ley jubilatoria, el veto tiene un carácter político: es la reafirmación de una línea de guerra contra la universidad y las instituciones de investigación y ciencia, como es el caso del Conicet.
Algunas federaciones y rectores han señalado que, si se produce el veto, la respuesta sería una nueva marcha universitaria nacional. Según las autoridades universitarias, la falta de recursos pone en riesgo la continuidad del cuatrimestre. Del lado de los docentes y nodocentes, los niveles salariales se siguen reduciendo frente a la inflación y hoy son los más bajos considerando todos los niveles de la educación. El 30% del plantel docente es retribuido con salarios que están por debajo de la canasta de indigencia y otro 50-60% no llega a cubrir la canasta de pobreza. Las becas estudiantiles son irrisorias. De conjunto la situación es explosiva.
En el citado plenario de secretarios generales de este lunes, se trató también la eventualidad del veto en caso que el Senado complete la sanción del proyecto de ley. Hubo un debate acerca de oncretar acciones antes de que el gobierno decrete el veto o, o por el contrario, esperar la os hechos consumados, o sea el veto , para luego actuar.
Toda esta disquisición culminó con la declaración de un difuso estado de alerta. En Córdoba, la asociación de base realizó una encuesta cuya respuesta fue que había que parar por una semana; sin embargo, su dirigencia llevó como mandato parar 24.
En Tucumán, Adiunt ha sido la única asociación de base docente del país que emitió un pronunciamiento votado en asamblea general denunciando el contenido y el propósito político del proyecto de ley de financiamiento y la necesidad de retomar y profundizar el proceso huelguístico y una movilización nacional masiva.
Los sindicatos universitarios, con excepción de Adiunt, han colocado a la lucha universitaria bajo la batuta de los rectores y la oposición parlamentaria, que ha votado un texto deliberadamente difuso y exhortativo sobre el “financiamiento”. Los rectores y sus mandantes políticos ya mostraron sus cartas en el primer cuatrimestre: arreglar su caja por cuerda separada, dejando librados a su suerte a los salaros docentes y no docentes.
No podemos dejar nuestra lucha en manos de los cómplices de Milei y de quienes votaron la Ley Bases. Esta es la cuestión central a discutir y resolver en los plenarios y asambleas de estos días.
Anahí Rodríguez y Daniel Blanco
09/09/2024
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