Nada menos que Eduardo Feinmann, en su programa de LN+, reveló una manipulación flagrante del Ministerio de Seguridad, que tenía el propósito de absolver a la Policía Federal por haber gaseado a una niña de diez años durante la represión del miércoles pasado en Congreso.
Varios medios habían recogido la denuncia de la nena y de su mamá, porque en la desconcentración de la marcha -entre gases y balas de goma- habían sido rociadas deliberadamente con gas pimienta por un uniformado -de apellido Rivaldi- cuando trataban de resguardarse de la represión, abrazadas sobre el asfalto de la Avenida Rivadavia. Amnistía Internacional -crítica del protocolo represivo de Bullrich- condenó inmediatamente este atropello a través de sus redes sociales, lo que fue respondido por Bullrich con imputaciones a la madre de la nena. Por la tarde, la plana mayor del Ministerio de Seguridad difundió el video fraguado, que pretendía responsabilizar a una manifestante por el gas que afectó a la nena. Ese video llegó a manos de Feinmann, según dijo luego, durante un cruce con la ministra, a través del jefe de la PFA, Alejandro Rollé. La número dos de Bullrich en el Ministerio, Alejandra Monteoliva, desfiló por los medios para deslindar a la policía y atribuir el ataque a “infiltrados” que supuestamente responden a “organizaciones de derechos humanos”. Nuevos videos y fotografías demolieron la versión. Confrontada con la verdad, Bullrich salió en vivo en el programa de Feinmann, en un intento penoso pero agresivo de aminorar daños. Negó que la versión hubiera sido sostenida por referentes de su cartera, lo cual a esa altura ya era innegable; defendió a la policía y atacó a la mamá de la chica.
No estamos en presencia de un exabrupto. La desinformación se ha convertido en el instrumento de lucha política predilecto del gobierno liberticida. Ha montado un enorme aparato de manipulación en las redes sociales, valiéndose de todos los recursos del Estado. Su propósito es denigrar a los críticos, mantener a raya a los opositores bajo la amenaza del ´carpetazo´ y exacerbar a sus seguidores más acérrimos. Es un recurso de características fascistas, aunque todavía preliminar. En una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, la periodista Romina Manguel -entre otros periodistas que concurrieron a dar testimonio de cómo fueron agredidos por el gobierno en los últimos meses- destacó haber vivido “situaciones complicadas” en la vía pública luego de los ataques de las usinas oficialistas. El reclutamiento de verdaderos malhechores informáticos por parte del gobierno de Milei es público y notorio, como ocurre en los casos del inefable pseudoperiodista español Javier Negre, repudiado por sus excompañeros del diario El Mundo por sus manipulaciones, o de Fernando Cerimedo, acusado en Brasil por participar de los planes golpistas de Jair Bolsonaro. Los “gastos reservados” de la SIDE tienen por destino alimentar a esta cría, no hallar a Loan Peña y desmantelar el tráfico de personas.
El hecho de que el video haya sido distribuido por la cúpula del Ministerio de Seguridad alcanza para definir a ésta como un peligro público. En la burguesía ha encendido una luz de alerta -lo cual explica la airada intervención de Feinmann, un partidario de toda la vida de la represión a los piquetes y él mismo un formador de fake news, como cuando reprodujo, amplificadas, las infames acusaciones de Aníbal Fernández contra el Partido Obrero por la quema de trenes en Castelar-. Si el gobierno no ´encauza´ la represión por determinados andariveles, advierte, se expone a una crisis política mayor aún que la que transita Bullrich por estas horas. Por ese motivo en el Congreso se han reunido los votos para derogar el decreto que aumenta el presupuesto de la SIDE pero no para derrotar el veto a la ley que repartía miserables 15 mil pesos a cinco millones de jubilados que cobran la mínima.
El protocolo represivo de Bullrich, una carrerista todoterreno, asimila la protesta y la movilización al delito. Bullrich ha dispuesto la militarización de grandes empresas y centros industriales para enfrentar huelgas y piquetes. Todo esto por medio de resoluciones administrativas, no ya de menor rango que una ley del Congreso, sino sencillamente incompatibles con la Constitución argentina misma. Con el mismo propósito reaccionario el gobierno pretende modificar la ley de seguridad interior para habilitar la intervención del Ejército en la represión interna, bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico” y “el terrorismo”. Estos aprestos represivos son la confesión temprana de que el rumbo del gobierno conduce a un choque de proporciones con los trabajadores.
El gobierno de los Milei y los Bullrich es incompatible con las libertades y aspiraciones más elementales de los trabajadores. Impulsemos una lucha y una movilización política para terminar con Bullrich-Milei y su protocolo criminal.
Jacyn
13/09/2024
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